Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante por medio de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, solicitó la cesación de su detención preventiva misma que fue rechazada por Auto Interlocutorio de 10 de noviembre de 2021 contra el cual formuló recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de su acción de libertad, el Vocal demandado, no señaló audiencia para su consideración. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer nada por encontrarse señalada la audiencia para resolver el recurso de apelación incidental que motivó la interposición de esta acción constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, imprimir mayor cuidado y celeridad, en aquellos casos vinculados a personas privadas de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2023-S2 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44264-2022-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Alejandro Echalar Lora en representación sin mandato de Víctor Hugo Camargo Hoyos contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante de fs. 16 a 19, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, se le impuso medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; cuya cesación solicitó -con base en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-. Su petición fue rechazada por Auto Interlocutorio de 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, presentó recurso de apelación incidental, sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de igual departamento, habiéndose remitido los antecedentes el 16 del mismo mes y año. Acusó que, pese a haber transcurrido el plazo establecido por el art. 406 del CPP, hasta el día de presentación de su acción de libertad, no se señaló audiencia para considerar su impugnación; por lo cual, se va dilatando su privación de libertad.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad y el principio de celeridad, citando al efecto el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando que la autoridad judicial demandada resuelva su recurso de apelación incidental presentada el 10 de noviembre de 2021 con celeridad, al estar relacionada con su derecho a la libertad.
La audiencia pública fue celebrada el 24 de noviembre de 2021, tal cual consta del acta cursante a fs. 49 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, comprende la carga procesal que tienen los juzgados en general y en especial las Salas Penales; no obstante, en su propio caso existen otros antecedentes sobre dilación provocada por la misma Sala que dirige el Vocal demandado. En tal sentido, hizo referencia a una anterior apelación incidental que fue resuelta luego de más de tres meses pese a encontrarse privado de libertad. Consecuentemente, resultaba urgente la presentación de esta acción tutelar para acelerar el trámite judicial, al estar su situación jurídica vinculada al goce de su derecho a la libertad.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 22.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18 de 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: a) En el caso de análisis, se presentó la acción tutelar en razón a que el cuaderno procesal no fue diligenciado. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes remitidos por la autoridad judicial demandada, se evidenció que se emitió un decreto el 19 de septiembre del mismo año, señalando audiencia para el día viernes 26 de similar mes y año a horas 11:20; y, b) Consecuentemente, se evidenció que no se lesionó el derecho del accionante y si bien existió una demora en el señalamiento de audiencia, resultaba comprensible por la carga laboral.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 10 de noviembre de 2021, impetrada por Víctor Hugo Camargo Hoyos -hoy accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, en la que se determinó su rechazo. Por lo que, en observancia del art. 251 del CPP y en el mismo acto procesal, planteó el recurso de apelación incidental. En tal mérito el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada (fs. 31 a 40 vta.). II.2. Mediante Oficio 1108/2021 de 11 de noviembre, el precitado Juez remitió los antecedentes de la referida impugnación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 45 y vta.). II.3. Por decreto de 19 de noviembre de 2021, se señaló audiencia para resolver el recurso de apelación incidental, previsto para el 26 del mismo mes y año a horas 11:20 (fs. 46).
El accionante por medio de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y otros, solicitó la cesación de su detención preventiva misma que fue rechazada por Auto Interlocutorio de 10 de noviembre de 2021 contra el cual formuló recurso de apelación incidental; empero, hasta la fecha de presentación de su acción de libertad, el Vocal demandado, no señaló audiencia para su consideración. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, vigente desde el 4 de noviembre de igual año, con relación a la apelación incidental, prevé lo siguiente: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras). Bajo tales razonamientos, respecto al trámite procesal que debe imprimirse al recurso objeto de nuestro estudio; y, el breve plazo establecido para tal efecto, existe amplia y reiterada línea jurisprudencial, como la SCP 0397/2015-S2 de 8 de abril, (por citar alguna), que haciendo alusión a la SC 0612/2004-R de 22 de abril, puntualizó: “…si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP)” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, refiriéndose a los presupuestos sobre el trámite de la apelación incidental, estableció lo siguiente: “iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación” (las negrillas nos corresponden). De lo precedentemente señalado se colige que, cuando se provoca una dilación injustificada en la tramitación del recurso de apelación presentado contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, corresponde otorgar la tutela solicitada mediante la presente acción, por cuanto ello repercute en el derecho a la libertad física del agraviado; en el mismo sentido, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, indicó que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). Bajo este razonamiento, se tiene que las solicitudes que se vinculen con el derecho a la libertad, entre ellas, el recurso de apelación incidental; deben tramitarse oportunamente y con la debida celeridad, pues cuando exista una demora o dilación injustificada en su tramitación y consideración, se da lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido; oportunidad en la cual se abre la protección que brinda la presente acción tutelar ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado; sin embargo, debe dejarse claramente establecido que este razonamiento es aplicable únicamente a los casos en los que la dilación indebida no ha sido originada en actos u omisiones ocasionados por el beneficiario.
Al respecto la SC 0478/2011-R de 18 de abril, estableció que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: 'Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: '…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso'; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 0020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que: '…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley…’” (énfasis añadido).
La doctrina constitucional desarrolló los tipos de acción de libertad (antes hábeas corpus), entre los cuales señaló que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad…” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, dentro de la tipología de la acción de libertad, se encuentra la innovativa, cuya naturaleza principal, según la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre: “…radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional…”. Siguiendo tales razonamientos, tras un análisis sistemático de la jurisprudencia constitucional desarrollada (en torno a este tipo de acción de libertad y la posibilidad de tutela de los derechos amparados, inclusive luego de cesar el acto o amenaza); la SCP 0027/2015-S2 de 16 de enero, concluyó: “Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas son nuestras). De lo referido se colige que en virtud a la acción de libertad innovativa, aun cuando la vulneración o restricción hubiere cesado o desaparecido, corresponde pronunciarse sobre el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados; además, en razón a que el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente establece tal posibilidad, al señalar que: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Del análisis de los antecedentes que informan del caso, se tiene que el accionante a través de su representante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica -y otros- solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada en la audiencia de consideración dictándose el respectivo Auto Interlocutorio. El 10 de noviembre de 2021, en observancia del art. 251 del CPP y en el mismo acto, planteó recurso de apelación incidental. En tal mérito el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1), cumpliéndose la orden al día siguiente (Conclusión II.2). Sin embargo, acusa que hasta la fecha de presentación de su acción tutelar (23 de igual mes y año), no se señaló audiencia pese a haber vencido el plazo legalmente establecido al efecto. Consecuentemente, se dilató su privación de libertad. Estos aspectos no fueron desvirtuados por la autoridad judicial demandada; al contrario, no presentó informe escrito, ni se apersonó en audiencia; no obstante, a encontrarse legalmente emplazado; por lo que, en virtud a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, concierne presumir la veracidad de los extremos denunciados a través de la acción de libertad. Cabe aclarar que si bien de la revisión exhaustiva de los antecedentes del caso, conforme a la Conclusión II.3; se tiene que se señaló audiencia de consideración de la apelación, para el 26 del mismo mes y año a horas 11:20 -no cursa notificación a las partes con dicho señalamiento-. Sin embargo, no se advierte que la apelación (pese a la presunta fijación de audiencia) se hubiera resuelto dentro de los tres días normativamente previstos al efecto y al no haberse pronunciado el Vocal demandado no se encuentra causa legal o evidencia objetiva sobre un justificativo suficiente respecto a la dilación; además, correspondiendo presumir la veracidad de lo denunciado según se ha fundamentado precedentemente. Adicionalmente en mérito a lo determinado por el Tribunal de garantías, corresponde aclarar -en observancia a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.3-, que incluso si aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectoras de la acción de libertad; el propósito fundamental de esta acción tutelar no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional. En tal mérito, corresponde pronunciarse sobre el fondo de la problemática; considerando también que el propio art. 49.6 del CPCo, expresamente establece tal posibilidad, al señalar que: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Ahora bien, de conformidad a la jurisprudencia constitucional desarrollada y desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que habiéndose planteado la apelación de forma oral, en la propia audiencia de medidas cautelares, correspondía que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia (como ocurrió) y que el vocal de turno de la sala penal a la cual se sortee la impugnación, resuelva bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Sin embargo, pese a que en el caso de análisis se remitieron los antecedentes de la apelación el 11 de noviembre de 2021, no existió pronunciamiento alguno por parte de la autoridad judicial demandada en el plazo legalmente establecido. Consecuentemente, no actuó dentro de los marcos legales y causó una dilación injustificada en el trámite de la apelación incidental; retardación que, no encuentra justificativo alguno ni prueba objetiva que permita tenerla por justificada; por lo que, se produjo un retraso en un trámite que involucraba de forma directa el derecho a la libertad del impetrante de tutela, al estar en tela de juicio la solicitud de cesación de la detención preventiva en la vía de impugnación. Por lo hasta aquí señalado, se tiene que la falta de resolución del recurso de apelación dentro del plazo legalmente establecido, constituye un acto indebido, por el cual el Vocal demandado prolongó la detención preventiva en cuestión, sin que haya justificado su inacción; evidenciándose por ende, que no actuó de manera oportuna prolongando indebidamente la incertidumbre sobre la situación jurídica del accionante detenido preventivamente; lo que, afectó negativamente su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Consecuentemente, al advertirse las transgresiones señaladas, corresponderá otorgar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 24 de noviembre de 2021, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer nada por encontrarse señalada la audiencia para resolver el recurso de apelación incidental que motivó la interposición de esta acción constitucional; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, imprimir mayor cuidado y celeridad, en aquellos casos vinculados a personas privadas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0058_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ccabd36db4d893f118ea2aed0dc66396ccdd67339fa8da73f10a9f82c1172fe1
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