Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 5 de octubre de 2023
Roberto Efraín del Barco Escobar, en representación de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., plantea queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4, dado que, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de 12 de julio de 2023, que resolvió la queja por incumplimiento planteado por la accionante, determinó que el pago de salarios devengados y beneficios sociales alcanza a Bs131 208,89.-; siendo que a su criterio únicamente debe cancelar la suma de Bs91 968.-. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de declarar ha lugar o no ha lugar a la denuncia de sobrecumplimiento.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional; resuelve, declarar: HA LUGAR a la queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre, formulada por Roberto Efraín Del Barco Escobar, representante legal y Director de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Limitada (Ltda.); en consecuencia, 1º REVOCAR los Autos de 12 y 27 de julio de 2023, emitidas por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, 2º Disponer que la referida Sala Constitucional Segunda, efectúe un nuevo cálculo de los salarios devengados y beneficios sociales en favor de la accionante, conforme dispone la SCP 1191/2022-S4, de conformidad a los requerimientos realizados en el presente fallo constitucional.
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AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2023-O Sucre, 5 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 44097-2021-89-AAC Departamento: Oruro En conocimiento la queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre, presentada por Roberto Efraín Del Barco Escobar, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Evelin Gonzales Mendoza contra el representante legal y Director de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Limitada (Ltda.).
Por memorial presentado el 2 de agosto de 2023, cursante de fs. 282 a 284, Roberto Efraín Del Barco Escobar en representación de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., impugnó el Auto de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 276 a 278, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la cual declaró no ha lugar la queja de sobrecumplimiento planteada por éste contra la SCP 1191/2022-S4; y, el Auto de 12 de julio de 2023, emitida por la referida Sala Constitucional, esta última que, en interpretación del citado fallo constitucional determinó ha lugar la queja por incumplimiento parcial de la SCP 1191/2022-S4, planteada por Carla Evelin Gonzales Mendoza; en virtud de que, en entendimiento de los Vocales Constitucionales, el cumplimiento total de la Instructiva de Reincorporación 004/2020 de 15 de diciembre, estableciendo que: a) La reincorporación laboral de la accionante al mismo puesto laboral; y, b) El pago total de los sueldos y beneficios devengados, computables durante el tiempo de la suspensión laboral de la misma; respecto a este último punto, sostuvo que el monto total a cancelarse según pre-finiquito elaborado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, correspondía a Bs131 208,89.- (ciento treinta y un mil doscientos ocho 89/100 bolivianos), y los demandados, solo pagaron Bs91 968.-(noventa y un mil novecientos sesenta y ocho bolivianos), restando cumplir la diferencia; por lo cual, advirtiendo un incumplimiento parcial, ordenaron el pago la diferencia que no fue cancelada, además del pago de multas progresivas por el incumplimiento total. Empero, el activante de la presente queja de sobrecumplimiento, considera que lo dispuesto en la SCP 1191/2022-S4, fue cumplida de manera integral, dado que: 1) Se cumplió con la restitución laboral a la impetrante de tutela; y, 2) Se canceló a la accionante la suma de Bs91 968.-, que corresponde al pago de salarios devengados; subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia; y, beneficios laborales, “…correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2020 (fecha de conclusión del contrato y desvinculación) al 19 de enero de 2022 (fecha de cumplimiento del año del hijo de la accionante)” (sic). Por lo cual, la determinación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro de que se deba pagar a la accionante el monto de Bs131 208,89.-, bajo el fundamento de la existencia de un pre-finiquito firmado por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, que ni siquiera contempla los beneficios laborales que le corresponde a la impetrante de tutela, resulta una decisión de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4.
Solicitó dejar sin efecto los Autos de 12 y 27 de julio de 2023, emitidas por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 276 a 278, declaró no ha lugar la queja interpuesta por Roberto Efraín del Barco Escobar, quien considerando que la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., a la cual representa, cumplió con lo dispuesto por la SCP 1191/2022-S4, cuestiona que, ante la queja de incumplimiento presentada por la accionante –Carla Evelin Gonzales Mendoza– contra esta Resolución Constitucional, los Vocales de la señalada Sala Constitucional emitieron el Auto de 12 de julio de 2023; mediante la cual, determinaron que el pago por salarios devengados y beneficios sociales en favor de la impetrante de tutela era insuficiente y no acorde a lo dispuesto por la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, ordenó el pago de Bs131 208,89.-basado en un pre-finiquito presentado como prueba, aspecto que motiva su queja considerando un sobrecumplimiento de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Se tiene Instructiva de Reincorporación 004/2020 de 15 de diciembre, emitida por la Jefa Departamental de Trabajo de Oruro, mediante el cual: “INSTRUYE al Sr. ROBERTO DEL BARCO ESCOBAR – Director del Colegio Americano a la inmediata REINCORPORACIÓN de la trabajadora Sra. CARLA EVELIN GONZALES MENDOZA quien goza de inamovilidad laboral, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, improrrogables a partir de su legal notificación, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y TODOS SUS DERECHOS SOCIALES que correspondan por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (sic [fs. 3 a 5 vta.]). II.2. Cursa memorial de 29 de octubre de 2021 de acción de amparo constitucional presentado por Carla Evelin Gonzales Mendoza; por el cual, solicitó se dé cumplimiento a la Instructiva de Reincorporación 004/2020, expresando que: “Durante la gestión 2020 mi persona desempeño las funciones características de mi cargo (auxiliar de aula) de manera ininterrumpida de enero a julio por más de tres meses” (sic [fs. 9 a 11 vta.]). II.3. A través de informe tutelar presentado el 11 de noviembre de 2021 por Juana Corina del Barco Escobar, Presidenta del Consejo de Administración del Colegio Americano de Oruro, señaló que: “…la hoy accionante, así como todo el personal docente y administrativo del Colegio Americano, desempeñaron funciones hasta el 31 de julio de 2020, resolviéndose sus contratos a plazo fijo a partir de dicha fecha en virtud de la conclusión del año escolar dispuesto por el Gobierno Nacional a partir del 01 agosto de 2020” (sic [fs. 28 a 31]). II.4. Por Memorándum de 17 de noviembre de 2021, firmado por Juana Corina del Barco Escobar, Presidenta del Consejo de Administración del citado Colegio Americano, se dispuso en cumplimiento de la Resolución 102/2021 de 12 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la reincorporación de Carla Evelin Gonzales Mendoza, al cargo de Auxiliar en el referido Centro Educativo; sin embargo, no cursa ninguna fecha o firma de recepción por parte de la precitada (fs. 64); mediante Memorándum de 3 de diciembre de 2021, firmado por Juana Corina del Barco Escobar, Presidenta del Consejo de Administración del Colegio Americano de Oruro, se dispuso la desvinculación laboral de Carla Evelin Gonzales Mendoza, ante el incumplimiento de ésta del citado Memorándum de 17 de noviembre de 2021 (fs. 69); y, a través de memorial presentado el 12 de enero de igual año, dirigido a la indicada Sala Constitucional Segunda, se puso en conocimiento de ambos Memorándums –de reincorporación y desvinculación laboral– (fs. 76 y vta.). II.5. Por Auto 3/2022 de 24 de enero, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en conocimiento de los antes mencionados Memorándums, y el reclamo de la accionante, conminó a:
“…LA COOPERATIVA COMUNIDAD EDUCATIVA ORURO LTDA. AMERICANO” (sic) cumplir con la Resolución 102/2021, en consecuencia, la reincorporación laboral de la accionante, remitiendo prueba idónea de la notificación del acto (fs. 87 y vta.); lo que mereció, Memorándum de Reincorporación de 31 de enero de 2022, recepcionado por Carla Evelin Gonzales Mendoza a las 16:00 del mismo día (fs. 90). II.6. Por Memorándum de 1 de febrero de 2022, firmado por Juana Corina del Barco Escobar, Presidenta del Consejo de Administración del Colegio Americano de Oruro, cesó en sus funciones a Carla Evelin Gonzales Mendoza, ante la conclusión de su inamovilidad laboral, dado que su hijo hubiere cumplido el 19 de enero del mismo año un año de edad (fs. 95). II.7. Mediante Auto 7/2022 de 4 de marzo, emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se ordenó a la parte demandada que, en el plazo de tres días, de su legal notificación pague a la accionante los salarios devengados y beneficios sociales que le corresponde (fs. 107 y vta.); Por Auto 10/2022 de 14 de marzo, la Sala Constitucional Segunda conminó a la parte demandada el pago en veinticuatro horas, de los salarios devengados y beneficios sociales en favor de la accionante (fs. 111 y vta.); mediante Auto 11/2022 de 1 de abril, la Sala Constitucional Segunda, en vista del cumplimiento parcial del pago de los salarios devengados y beneficios sociales en favor de la accionante, impuso a la parte demandada una multa progresiva de Bs200.- (fs. 129 a 130 vta.); y a través de Auto 14/2022 de 14 de abril, la precitada Sala Constitucional Segunda ante el incumplimiento total del pago de deudas laborales, impuso a la parte demandada una multa semanal de Bs400.- (fs. 135 y vta.). II.8. Cursa SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre, emitida por la Sala Cuarta Especializada de este Tribunal, misma que en revisión de la Resolución 102/2021 de 12 de noviembre, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro que resolviendo la acción de amparo constitucional planteada por Carla Evelin Gonzales Mendoza contra Roberto Efraín del Barco Escobar, representante legal y Director de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., confirmando la misma, concedió en todo la tutela impetrada, “…por vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, cuya restitución a su fuente de trabajo deberá ser inmediata; en mismos los términos dispuestos por la Instructiva de Reincorporación 004/2020 de 15 de diciembre, en la que se instruyó a Roberto Del Barco Escobar, Director del Colegio Americano de Oruro, a la inmediata reincorporación de la hoy accionante por gozar de la inamovilidad laboral, en el plazo máximo de cinco días hábiles, improrrogables a partir de su notificación, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y todos sus derechos laborales que le correspondan por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (sic [47 a 59]); Resolución Constitucional que le fue notificada a la parte demandada el 28 de marzo de 2023 (fs. 61). II.9. Por Auto de 12 de julio de 2023, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolviendo la queja por incumplimiento formulada por Carla Evelin Gonzales Mendoza, dispuso que la parte demandada, en cumplimiento de la SCP 1191/2022-S4, deban pagar a la accionante la suma de Bs131 208,89.-, por concepto de salarios devengados y beneficios sociales, monto estimado conforme Pre-finiquito presentado por la impetrante de tutela; cabe señalar que los demandados, presentaron cheque de 20 de junio de 2023 de cumplimiento de pago restante, que acredita que éstos hubieren pagado un monto total de Bs91 968.-; empero, que dicho cheque aun no fue cobrado (fs. 257 a 258 vta.). II.10. Cursa Pre-finiquito sin fecha de emisión, firmado por Luis Mercado Felipez, Inspector del Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, por el cual, en conocimiento de la denuncia efectuada por Carla Evelin Gonzales Mendoza, efectuó el cálculo de finiquito por un monto de Bs131 208,89.-, tomando en cuenta: i) Pagos de salarios devengados desde el 1 de mayo de 2020 al 2 de febrero de 2022; ii) Subsidio y Lactancia; iii) Aguinaldo de las gestiones 2020 y 2021 más multa por incumplimiento; y, iv) Desahucio (fs. 97). II.11. Estado de Ahorra Previsional del Fondo de Ahorro Previsión de la AFP Futuro de Bolivia, de Carla Evelin Gonzales Mendoza (fs. 6 a 7 vta.).
Roberto Efraín del Barco Escobar, en representación de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., plantea queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4, dado que, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de 12 de julio de 2023, que resolvió la queja por incumplimiento planteado por la accionante, determinó que el pago de salarios devengados y beneficios sociales alcanza a Bs131 208,89.-; siendo que a su criterio únicamente debe cancelar la suma de Bs91 968.-. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de declarar ha lugar o no ha lugar a la denuncia de sobrecumplimiento.
Al respecto, el ACP 0009/2018-O de 12 de marzo, estableció: “De lo desarrollado precedentemente, se puede establecer que el art. 16 del CPCo dispone que la ejecución de una resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, le corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; y que el conocimiento y resolución de las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida, le concierne al Tribunal Constitucional Plurinacional. En cuanto al procedimiento establecido por el precitado Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia para asegurar el cumplimiento de los fallos emitidos por su especialidad así como para evitar su sobrecumplimiento, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, al momento de analizar la denuncia de la inobservancia a las determinaciones emitidas por la justicia constitucional sostuvo lo siguiente: ‘…la resolución que defina una problemática en la vía constitucional, en atención al derecho de tutela judicial efectiva y al debido proceso que hace al proceso constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que el resultado de su cumplimiento sea inferior a lo determinado por la justicia constitucional pero que tampoco se produzca un sobrecumplimiento de lo ordenado, ello en atención a que la autoridad judicial está obligada a resolver el cumplimiento respecto a lo debatido y dispuesto por la justicia constitucional. De lo expuesto y siendo que una sentencia constitucional plurinacional resuelve sobre la existencia de una relación jurídica en la cual existen dos partes una accionante y otra demandada, con la consiguiente posibilidad de declararse la titularidad de un derecho y correlativamente de un deber jurídico, se tiene entonces que la solicitud para pedir la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de la sentencia no corresponde a las dos partes procesales; en este sentido, la parte victoriosa puede denunciar el incumplimiento de una sentencia constitucional plurinacional mientras que la parte demandada puede denunciar su sobrecumplimiento. Entonces, cuando un juez o tribunal de garantías emite una resolución en la cual determina el cumplimiento o incumplimiento de un fallo constitucional y en atención al art. 16.II del CPCo, que señala: «Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…» alcanza tanto a la parte accionante en lo referente a la tutela que obtuvo pero también a la parte demandada cuando se exija un sobrecumplimiento de la sentencia’. Vale decir que, conforme a lo establecido por el art. 16.II del CPCo, la queja por demora o incumplimiento de la ejecución de un fallo constitucional, constituye una herramienta jurídica para los accionantes que obtuvieron tutela en los fallos constitucionales, otorgada a efectos de que dichos sujetos procesales tengan a su alcance un mecanismo para exigir el cumplimiento efectivo de las determinaciones asumidas tanto en la ratio decidendi como en el decisum; en cambio, conforme se desarrolló e interpretó la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, los demandados que no alcanzaron a desvirtuar los argumentos de la contraparte, y por tanto, no obtuvieron prerrogativa de resguardo alguna, pueden hacer uso de la queja por sobrecumplimiento, con la finalidad de impedir la consecución excesiva e impertinente de un fallo constitucional, al considerar que a tiempo de la ejecución del fallo constitucional con calidad de cosa juzgada, las autoridades constitucionales asumieron determinaciones que sobrepasan a lo concretamente establecido en dicho fallo, ocasionando nuevas lesiones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, pero esta vez, en los sujetos pasivos del mecanismo de defensa constitucional activado... Para completar el entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto al efecto que debe aplicarse en la tramitación de las quejas, respecto al trámite principal de ejecución del fallo constitucional, el ACP 0019/2016-O de 21 de julio, razonó de la siguiente manera: ‘Así los razonamientos jurisprudenciales expuestos, y principalmente el relativo a la facultad de denunciar en queja sobre la ejecución de sentencia tanto la mora o incumplimiento de una Sentencia emanada de este Tribunal, como un eventual sobrecumplimiento, en el marco de los principios del derecho procesal constitucional desarrollados por la jurisprudencia constitucional a tiempo de instituir el trámite de queja aludido (AC 0006/2012-O), se entenderá en este caso último, que la queja elevada ante este Tribunal por parte de la persona o autoridad demandada sobre un alegado sobrecumplimiento debe tramitarse en el efecto suspensivo, es decir, que la orden dispuesta por el Tribunal de garantías, cuestionada de exceder lo dispuesto en Sentencia Constitucional Plurinacional e impugnada por ello mismo de sobrecumplimiento, deberá diferir sus efectos hasta el pronunciamiento de este Tribunal al respecto, pues lo contrario implicaría dar lugar a una revisión formal alejada de la eficaz ejecución de la Sentencia en cuestión, o incluso dar lugar a disfunciones procesales proscritas por el ordenamiento jurídico constitucionalʹ” (las negrillas son nuestras).
En análisis de lo denunciado, –sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre–, la parte demandada, alega que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, habiendo emitido el Auto de 12 de julio de 2023, dispuso que dicha parte, pague una suma de dinero por concepto de salarios devengados y beneficios sociales en favor de la accionante, que no es la correcta y supera el monto a pagarse, según su propia estimación; en tal sentido, corresponde verificar si dicha afirmación cuenta con sustento o no, a fin de determinar la existencia de un sobrecumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional.
En ese entendido, de las Conclusiones II.1., II.2. y II.3. del presente fallo constitucional, se tiene que, ante la emisión de la Instructiva de Reincorporación 004/2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro –notificada el 13 de mayo de 2021–, la cual instruyó a la Unidad Educativa demandada “…la inmediata REINCORPORACIÓN de la trabajadora Sra. CARLA EVELIN GONZALES MENDOZA quien goza de inamovilidad laboral, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, improrrogables a partir de su legal notificación, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y TODOS SUS DERECHOS SOCIALES que correspondan por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (sic), y ante el incumplimiento de la misma; Carla Evelin Gonzales Mendoza mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2021, interpuso acción de amparo constitucional, alegando el cumplimiento de la referida Instructiva, ya que según señaló habiendo desempeñado funciones como Auxiliar de aula de enero a julio de 2020, fue cesada de manera injustificada y sin considerar su estado de gestación; Por otro lado, en el informe de la instancia demandada, la Presidenta del Consejo de Administración del Colegio Americano de Oruro, por memorial de 11 de noviembre de 2021, refirió que la impetrante de tutela presentó sus servicios hasta el 31 de julio de 2020, siendo cesada ella y otras personas debido a la clausura del año escolar dispuesta por el Ministerio de Educación. En ese escenario y verificado que, la citada Instructiva de Reincorporación no fue cumplida por la parte demandada, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a través de Resolución 102/2021, concedió parcialmente la tutela impetrada; decisión que en revisión fue concedida en su totalidad, mediante SCP 1191/2022-S4, misma que determinó en favor de la accionante, “…la inmediata reincorporación de la hoy accionante por gozar de la inamovilidad laboral, en el plazo máximo de cinco días hábiles, improrrogables a partir de su notificación, al mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios devengados y todos sus derechos laborales que le correspondan por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (sic [Conclusión II.8.]). En interpretación del fallo constitucional –SCP 1191/2022-S4– la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, concediendo la tutela dispuso: a) La reincorporación inmediata de la accionante; y, b) El pago de salarios devengados y todos los derechos laborales que le corresponden a la impetrante de tutela por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. Conforme a ello, de las Conclusiones II.4. y II.5. del presente Auto Constitucional Plurinacional, se tiene que, mediante Memorándum de 17 de noviembre de 2021, la Presidenta del Consejo de Administración del Colegio Americano de Oruro, dispuso la reincorporación laboral de la solicitante de tutela; empero, ante la inasistencia de ésta –según argumentos de los demandados– por Memorándum de 3 de diciembre de 2021, se dispuso su desvinculación laboral, hechos y documentación que fueron puestos en conocimiento de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. No obstante, los Vocales de dicha Sala, advirtiendo que el Memorándum de reincorporación de 17 de noviembre de 2021, no fue puesto en conocimiento de la accionante; por Auto 3/2022 de 24 de enero, conminaron a los demandados, a emitir un nuevo memorándum de reincorporación y que el mismo sea puesto en conocimiento de la impetrante de tutela, por lo cual, el 31 del mismo mes y año, los demandados emitieron nuevo Memorándum de reincorporación, que fue notificado a Carla Evelin Gonzales Mendoza a las 16:00 del mismo día. En ese marco, aunque con algunas dificultades de interpretación y omisiones de notificación, el 31 de enero de 2022, se cumplió en parte con lo dispuesto por la SCP 1191/2022-S4; es decir, la reincorporación laboral; y si bien se advierte un nuevo Memorándum de desvinculación de 1 de febrero del mismo año (Conclusión II.6.), de existir alguna observación contra éste Memorándum, deberá ser inicialmente reclamado a la jurisdicción administrativa laboral; en tal sentido, este Tribunal advierte el cumplimiento de la reincorporación laboral conforme lo dispuesto en la Instructiva de Reincorporación 004/2020 de 15 de diciembre; la Resolución 102/2021 de 12 de noviembre; y, la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre. Disposición, sobre la cual no existe ninguna reclamación o denuncia por incumplimiento o sobrecumplimiento según alegaciones de las partes del proceso de acción de amparo constitucional. Ahora bien, tanto la queja de incumplimiento como de sobrecumplimiento, se sustentan en la falta de cumplimiento cabal de la SCP 1191/2022-S4, concretamente en el pago de salarios devengados y beneficios sociales; Por un lado, ante reclamaciones de la accionante, de que el monto por dichos conceptos no fueron pagados, mediante Autos 7/2022; 10/2022; 11/2022; y, 14/2022, la Sala Constitucional Segunda del citado Tribunal Departamental, conminó a la parte demandada cumplir con el pago de salarios devengados y beneficios sociales, aplicando ante el constante incumplimiento, multas progresivas semanales de Bs200.- y Bs400.-(Conclusión II.7.). En ese marco, persistiendo el incumplimiento del pago de salarios devengados y beneficios sociales, la accionante plantea queja de incumplimiento la cual es resuelta por la indicada Sala Constitucional Segunda, emitiendo al respecto el Auto de 12 de julio de 2023, mediante el cual conminó a los demandados, el pago por los conceptos de los antes señalados en un monto de Bs131 208,89.-, teniendo como referencia un pre-finiquito emitido por el Inspector del Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro (Conclusión II.9.); por lo cual, considerando esta determinación una decisión de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4, los demandados interpusieron queja de sobrecumplimiento, la cual fue declarada no ha lugar por Auto de 27 de julio de 2023 (Antecedente I.2.), ante ese escenario los demandados activaron la impugnación que es objeto del presente análisis. En esa línea de entendimiento, del Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional se tiene que, la Resolución que defina una problemática en la jurisdicción constitucional, en atención al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, debe ser cumplida a cabalidad; lo que implica que, dicha decisión, expresada por ejemplo en una Resolución Constitucional o en revisión en una Sentencia Constitucional Plurinacional, deben cumplirse en los mismos términos dispuestos, sin que el cumplimiento sea inferior a lo establecido, pero tampoco que produzca un sobrecumplimiento, habilitando por tanto a la parte que hubiere perdido, la posibilidad de reclamar, por un sobrecumplimiento de la decisión asumida; ello, con la finalidad, de no generar lesión de derechos, por ordenar el cumplimiento de una determinación más allá de lo definido. En el presente caso, Roberto Efraín Del Barco Escobar en representación de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Ltda., impugnando el Auto de 27 de julio de 2023, emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, considera que la decisión de esta Sala expresada en la Resolución 102/2021 de 12 de noviembre, de que pague a la accionante la suma de Bs131 208,89.- por salarios devengados y beneficios sociales, excede lo dispuesto por la SCP 1191/2022-S4, en ese contexto, y en análisis del presente fallo constitucional, se advierte que la misma, estableció el pago de salarios devengados y beneficios sociales, “…por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (sic), decisión concordante con la Instructiva de Reincorporación 004/2020; ahora bien si se considera que, por argumento de la propia impetrante de tutela (Conclusión II.2.); así como en la versión de los demandados (Conclusión II.3.), la relación laboral de la accionante con la Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano Ltda., se disolvió el 31 de julio de 2020, momento en el cual, comienza a correr el tiempo de su suspensión laboral; la misma que fue reanudada por Memorándum de Reincorporación de 31 de enero de 2022, comunicado a la accionante el mismo, justamente el periodo de suspensión de la relación laboral debe ser considerada desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de enero de 2022. Sin embargo, el Auto de 12 de julio de 2023, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, determinó el pago total de Bs131 208,89.-, decisión con base al Pre-finiquito emitido por el Inspector del Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro; en dicho documento se hace evidente que el cálculo de los salarios devengados y beneficios sociales son considerados desde el 1 de mayo de 2020 al 2 de febrero de 2022; fecha inicial no coincidente con la suspensión de la relación laboral –31 de julio de 2020‒, por lo cual, existiría un sobrecumplimiento en cuanto a los salarios devengados, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2020, circunstancia coincidente con el Estado de Ahorro Previsional de la accionante, donde se advierte el pago de los meses mayo, junio, julio, y una parte del mes de agosto de 2020 (Conclusiones II.10. y II.11.). Por todo lo señalado, si bien por los elementos compulsados corresponde determinar HA LUGAR la queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre; no obstante, ante la manifiesta incongruencia advertida entre el monto establecido por la Sala Constitucional y los descargos presentados por la parte demandada en la presente queja; se ordena a la misma Sala efectuar un nuevo cálculo de los sueldos devengados conforme a lo dispuesto por la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, que a la letra señala, “…el pago de los salarios devengados y todos sus derechos laborales que le correspondan por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral” (énfasis añadido); para lo cual la indicada Sala deberá requerir a la Jefatura de Trabajo Departamental correspondiente, una liquidación actualizada en la que se compulse los descargos presentados por la institución demandada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional; resuelve, declarar: HA LUGAR a la queja de sobrecumplimiento de la SCP 1191/2022-S4 de 19 de septiembre, formulada por Roberto Efraín Del Barco Escobar, representante legal y Director de la Cooperativa “Comunidad Educativa Oruro Colegio Americano” Limitada (Ltda.); en consecuencia, 1º REVOCAR los Autos de 12 y 27 de julio de 2023, emitidas por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, 2º Disponer que la referida Sala Constitucional Segunda, efectúe un nuevo cálculo de los salarios devengados y beneficios sociales en favor de la accionante, conforme dispone la SCP 1191/2022-S4, de conformidad a los requerimientos realizados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía
MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0058_2023-O.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): d78de0a2615dc72bcb8eeaefe4a2caebec1bdb0cbf578ff63c32714a6bdf5296
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