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SCP 0057/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57813-2023-116-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Vocal demandado al emitir el Auto Vista 298/2023 no respondió a los argumentos planteados en el tercer motivo de su recurso de apelación incidental en el cual pidió se considere su condición de adulto mayor, su estado de salud, su domicilio en la ciudad de Sucre que sería distante del domicilio de la supuesta víctima y el hecho de que cumple detención preventiva por más de cuatro años por lo que debió efectuarse un juicio de proporcionalidad. Ante ello, la autoridad demandada, señaló que a través del Auto de Vista 298/2023 aplicó criterios de protección reforzada y enfoque de género y si bien revocó el riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP por falta de fundamentación del Tribunal a quo, mantuvo la detención preventiva al persistir el riesgo del art. 234.7 del CPP. Además, consideró que la edad, salud, tiempo de detención y domicilio del acusado hoy impetrante de tutela, no justifican una medida sustitutiva, dado que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente restringe alternativas en delitos sexuales contra menores de edad y el certificado médico no acredita una enfermedad grave, por lo que solicitó denegar la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 436/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 166 a 168, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El régimen de la detención preventiva con la Ley 1443
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57813-2023-116-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 436/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 166 a 168, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Salinas Julio en representación sin mandato de David Tarqui Salgado contra Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 136 a 143, el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el Ministerio Público presentó imputación formal y solicitó su detención preventiva; por lo que, mediante Auto Interlocutorio -43/2018- de 10 de agosto, el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina del departamento de Chuquisaca, dispuso su detención preventiva, por la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 233.I del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los riesgos procesales dispuestos en los arts. 234 y 235 del citado Código. Posteriormente, en varias oportunidades solicitó la cesación de su detención preventiva (2019, 2020 y 2023) y los jueces de instancia desvirtuaron solo algunos riesgos procesales, manteniendo su detención. Las resoluciones fueron apeladas y los Tribunales de alzada, en distintas ocasiones, confirmaron parcialmente o declararon improcedentes sus recursos, manteniendo vigentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, encontrándose privado de libertad más de cuatro años y diez meses. Señala que, a través del Auto de Vista 298/2023 de 7 de julio, Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandado-, declaró parcialmente procedente su recurso de apelación incidental, teniendo por desvirtuado el riesgo de obstaculización de peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, dejando latente el del art. 234.7 del citado Código en su vertiente de peligro efectivo para la víctima y la sociedad. En ese entendido, considera que el Vocal demandado -a pesar de haber desvirtuado el riesgo procesal de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, quedando el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del citado Código-, no realizó un juicio de proporcionalidad, excepcionalidad, idoneidad y necesidad, en transgresión de los arts. 7, 221 y 222 del adjetivo penal, utilizando como fundamento a su tercer agravio, la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente. Asimismo, no se valoró adecuadamente su estado de salud, pues se descartó que padezca una enfermedad grave; en consecuencia, considera que se vulneró la garantía del debido proceso por fundamentación arbitraria, por inobservancia de los principios de favorabilidad, proporcionalidad y razonabilidad. Finalmente advierte que, no se dio respuesta a los argumentos expuestos en el tercer motivo del recurso de apelación incidental, vulnerando el art. 398 del CPP y el principio de congruencia, por cuanto la autoridad demandada, se limitó a la cita del art. 239.2 del señalado Código, modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, con fundamentos retóricos, sin abordar los aspectos específicamente cuestionados como ser su condición de adulto mayor, su domicilio en la ciudad de Sucre -distante del domicilio de la víctima- y el hecho de que cumple detención preventiva por más de cuatro años, y que bajo ese contexto, solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.1 del adjetivo penal, no así el 239.2 del referido Código.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 23.I y III, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, la restitución de los derechos invocados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 165 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito cursante de fs. 152 a 157 sostuvo que: a) El Auto de Vista 298/2023 declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto por el hoy accionante y confirmó su detención preventiva, aplicando criterios de protección reforzada, enfoque de género e interés superior de la niña, niño y adolescente en un caso de violación a menor de edad; b) Observó que el Juez a quo incurrió nuevamente en citra petita al no fundamentar el riesgo del art. 235.2 del CPP, pero, al no poder anular obrados en caso de recursos de apelación de medidas cautelares, revocó únicamente ese riesgo procesal, y llamó la atención al a quo por su reiterada omisión; y, c) Consideró que la edad, salud, tiempo de detención y domicilio del acusado ahora impetrante de tutela no justifican sustituir la detención preventiva, pues la víctima es más vulnerable y la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, limita medidas alternativas; además, el certificado médico no acredita una enfermedad grave. Por lo que mantuvo la detención preventiva.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Johannes Cuiza Cortez, en representación del Ministerio Público, indicó que la acción de libertad es improcedente porque la víctima es una menor de edad en situación de especial vulnerabilidad, lo que justifica mantener la detención preventiva del acusado conforme a la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP. Afirma que se realizó una correcta fundamentación, que la distancia del domicilio del acusado no garantiza protección a la víctima y que un proceso paralelo por hechos similares refuerza la gravedad del caso. Considera que la defensa busca obtener la libertad de forma desesperada en una etapa avanzada del juicio, sin desvirtuar el riesgo procesal acreditado, por lo que solicita declarar “improcedente” la acción tutelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 436/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 166 a 168, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 298/2023, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo, cumpliendo lo que se tiene extrañado; ello con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista impugnado no realizó el necesario juicio de proporcionalidad. Aunque mencionó la imposibilidad de aplicar medidas menos gravosas por efecto de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, no analizó la solicitud de cesación, conforme al art. 239.1 del CPP, que fue la base de la petición del accionante; y, 2) La autoridad accionada debió fundamentar su decisión aplicando proporcionalidad y razonabilidad, lo cual no ocurrió, generando una resolución incongruente y carente de motivación suficiente. En cuanto a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “10/2018” y “67/2018” invocadas por el impetrante de tutela no resultan aplicables al caso de autos, al referirse a delitos distintos, concluyendo que el Vocal demandado debió responder específicamente a los argumentos del caso conforme al principio de congruencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 173), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 177); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 43/2018 de 10 de agosto pronunciado por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Culpina del departamento de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Aurelia Herrera Flores contra David Tarqui Salgado -ahora accionante-por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, mediante el cual se dispuso la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario San Roque del citado departamento (fs. 62 a 65). II.2. Por memorial presentado el 20 de junio de 2023 el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva, al amparo del art. 239.I del CPP, la cual fue resuelta por el Juez de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Ejecución Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, a través del Auto Interlocutorio 32/2023 de 22 de junio, declarando la improcedencia de la cesación de la detención preventiva, al mantenerse vigentes los riesgos procesales contemplados en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 94 a 98 vta. y 102 a 105). II.3. Cursa acta de audiencia pública de consideración de recurso de apelación incidental y Auto de Vista 298/2023 ambos de 7 de julio, emitido por Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandado-, mediante el cual declaró parcialmente procedente el recurso de apelación formulado por el accionante, revocando el riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, manteniendo latente el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del citado Código en su vertiente de peligro para la víctima y la sociedad (fs. 117 a 135 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho a la libertad y la garantía del debido proceso, en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Vocal demandado al emitir el Auto Vista 298/2023 no respondió a los argumentos planteados en el tercer motivo de su recurso de apelación incidental en el cual pidió se considere su condición de adulto mayor, su estado de salud, su domicilio en la ciudad de Sucre que sería distante del domicilio de la supuesta víctima y el hecho de que cumple detención preventiva por más de cuatro años por lo que debió efectuarse un juicio de proporcionalidad. Ante ello, la autoridad demandada, señaló que a través del Auto de Vista 298/2023 aplicó criterios de protección reforzada y enfoque de género y si bien revocó el riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP por falta de fundamentación del Tribunal a quo, mantuvo la detención preventiva al persistir el riesgo del art. 234.7 del CPP. Además, consideró que la edad, salud, tiempo de detención y domicilio del acusado hoy impetrante de tutela, no justifican una medida sustitutiva, dado que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente restringe alternativas en delitos sexuales contra menores de edad y el certificado médico no acredita una enfermedad grave, por lo que solicitó denegar la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El régimen de la detención preventiva con la Ley 1443

Conforme a la SCP 0048/2025-S2 de 25 de febrero: “…la Ley 1443 modificó el régimen de la detención preventiva en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente. En este sentido, el art. 231.II bis del CPP, estableció lo siguiente: ‘Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente, excepto para las personas procesadas por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente’. Esto significa que, para los delitos mencionados, se restableció la obligación, prevista en la Ley 1970, de aplicar la detención preventiva cuando concurran dos presupuestos: 1) La existencia de elementos de convicción respecto a la autoría o participación del imputado; y, 2) La presencia de riesgos procesales. No obstante, si no se cumplen ambos presupuestos de manera simultánea, no debe entenderse que procede la libertad pura y simple. En lugar de ello, y en atención a los derechos de las víctimas de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se habilita la aplicación de alguna de las medidas establecidas en los numerales 1 al 9 del art. 231.I bis del CPP. Por otro lado, conforme al art. 233 del CPP penúltimo párrafo, modificado por la Ley 1443, se establece lo siguiente: ‘En los procesos sustanciados por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del presente Artículo, únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo’. Esto implica que estos delitos se rigen por un plazo ‘tácito’; ya que, de acuerdo con la literalidad del texto, se excluye la necesidad de fundamentar dicho plazo. Es decir, al igual que sucedía antes de la reforma introducida por la Ley 1173, el plazo de la detención preventiva se determina en función de cuando el imputado o acusado logre desvirtuar los presupuestos que la justifican”.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Aurelia Herrera Flores contra el accionante, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, por Auto Interlocutorio 43/2018 de 10 de agosto, se dispuso su detención preventiva (Conclusión II.1), posteriormente el 20 de junio de 2023, solicitó la cesación de la detención preventiva, la cual fue rechazada por Auto Interlocutorio 32/2023 de 22 de junio, manteniéndose vigentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.2), recurrida en apelación esa determinación, por Auto de Vista 298/2023 de 7 de julio, se declaró parcialmente procedente dicho recurso, revocando el riesgo procesal de peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del adjetivo penal, manteniendo el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código (Conclusión II.3). De la revisión de los antecedentes se establece que el impetrante de tutela, al plantear su recurso de apelación incidental invocó como tercer motivo que es el que ahora reclama como no resuelto para desvirtuar el riesgo del art. 234.7 del CPP su edad de sesenta y cuatro años, su condición médica ya que padece de osteoporosis, la inexistencia de antecedentes penales, su domicilio distante al de la víctima y el tiempo de detención preventiva cumplido, que supera al previsto en el art. 133 del CPP datos desde los cuales debió efectuarse un test de proporcionalidad. Al respecto, el Vocal demandado a través del Auto de Vista impugnado, se limitó a señalar que no correspondía acoger el mencionado agravio en razón a que tras la modificación del art. 239.2 del CPP por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, la cesación de la detención preventiva no es aplicable en delitos de feminicidio, infanticidio o violación de niña, niño o adolescente, por cuanto dicha norma -aunque criticada- es de aplicación obligatoria, pues protege prioritariamente a víctimas especialmente vulnerables; situación que se contrapone al sentido literal de la referida norma y que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional pues si bien el régimen especial introducido por la citada Ley de Protección excluye la cesación de la detención preventiva y restringe la aplicación de medidas alternativas en delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, se da cuando concurren los presupuestos legales en este sentido debió resolverse que si la edad, la situación de salud, inexistencia de antecedentes penales, su domicilio distante al de la víctima y el tiempo de detención preventiva cumplido desvirtuaban el riesgo del art. 234.7 del citado Código. Adicionalmente, se debe tener presente que estos aspectos fueron formulados al amparo del art. 239.1 del CPP como se advierte en la solicitud de cesación de detención preventiva, es decir: “1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”; sin embargo, el análisis efectuado por el Vocal demandado; en el Auto de Vista impugnado, se habría efectuado con base al art. 239.2 del citado Código, resultando evidente las denuncias efectuadas por el impetrante de tutela sobre la incongruencia de la decisión. En ese marco, el Auto de Vista 298/2023 incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia, en vulneración de la garantía del debido proceso, en infracción del art. 398 del CPP, por lo que esta Sala se ve obligada a conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 436/2023 de 8 de septiembre, cursante de fs. 166 a 168, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0057_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8b2db57d518757ded7090903c0f97b19f72014b4cd43ec34de38ef53facc2210

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