B.IA.LEGAL

SCP 0057/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53090-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a la seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; ello en mérito a que se le suspendió de manera ilegal por un lapso de treinta días en la asamblea general de socios de la Cooperativa realizada el 10 de octubre de 2020, a raíz de un problema familiar con su ex pareja, debiendo presentar después de dicho plazo un acta de conciliación; dicha determinación se le aplicó sin que se le haya seguido un proceso previo, conforme lo establecido por el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Cooperativa; añade que desde marzo de 2021 se le prohibió el ingreso al campamento y a las oficinas administrativas, lugar en el que desarrollaba sus actividades, lo cual impide al accionante percibir excedentes por percepciones de la actividad minera; además de que prácticamente fue desvinculado o expulsado definitivamente, ya que lo sacaron del grupo de WhatsApp, siendo este su único medio de comunicación para trabajar dentro de la misma; y su nombre ya no figura en la lista de asociados para acceder a su seguro médico; afirma también, que por varias notas presentadas ante el ahora demandado, pidió que se aclare cuál era su situación dentro de dicha cooperativa, sin que haya tenido respuesta hasta que presentó una acción de amparo constitucional y en cumplimiento a dicho fallo Constitucional, recién el 2 de marzo de 2022, se le informó que no había sido suspendido de su calidad societaria, sino que solamente se le concedió un permiso especial y que a su tér…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 259/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo, acceso a la seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica y la presunción de inocencia, disponiendo:

a) La reincorporación inmediata de Juliano Apaza Fuentes a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” con todos los derechos que le asisten como asociado, previstos por el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la referida Cooperativa, incluyendo que se le agregue al grupo de WhatsApp o alguna otra forma de comunicación interna; b) El pago de los excedentes de percepción que le adeudan por el periodo que comprende la realización de las medidas de hecho y en cumplimiento al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, debiendo el área administrativa de la Cooperativa realizar el cálculo correspondiente conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la imposición de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  2. III.2. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho
  3. III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  4. III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53090-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 259/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Juliano Apaza Fuentes, contra Gregorio Cocarico Gutiérrez, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 de junio y 22 de julio de 2022, cursantes de fs. 112 a 117 vta. y 133 a 137, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refiere que su persona es asociado a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, y que cuenta con registro correspondiente ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Minas (AFCOOP); afirmó que cumplió con todos sus deberes como asociado, como el haber asistido a todas las asambleas ordinarias y extraordinarias que fueron convocadas, con el pago de todos sus aportes, sin cometer falta, ni contravención alguna contra el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la referida Cooperativa; además no fue procesado disciplinariamente. El mes de octubre de 2020, los directivos de la indicada Cooperativa se molestaron con el ahora accionante, debido a que su expareja (Verónica Cahuasiquita) les hubiera efectuado reclamos, emergentes de un conflicto familiar en contra de su persona; ello, ocasionó que la Cooperativa tome en su contra medidas de hecho, dejando de cancelarle sus excedentes de percepción o también denominados haberes o dividendos; también, le impidieron el ingreso al campamento para poder trabajar personalmente o a través de un representante desde el mes de marzo de 2021; además, que fue excluido del grupo de -WhatsApp- que se constituye en el único medio de comunicación interno de la Cooperativa, medio por el cual se les informa de los trabajos a realizarse. Presentó varias cartas dirigidas a los presidentes (de distintas gestiones) del Consejo de Administración de la indicada Cooperativa, solicitando se dejen sin efecto las referidas medidas de hecho, ya que las sanciones ejecutadas en su contra no se justificaban de ninguna manera, además de no estar contempladas dentro de su normativa interna. Al no tener respuesta a ninguna de sus cartas, interpuso una acción de amparo constitucional, por vulnerar su derecho a la petición, siendo concedida la tutela impetrada por Resolución 43/2022 de 23 de febrero, por la que se ordenó en consecuencia a la indicada Cooperativa que responda de manera formal a sus peticiones. En cumplimiento a la resolución del Tribunal de garantías, se le dio respuesta a sus notas el 2 de marzo de 2022, por Gregorio Cocarico Gutiérrez (Presidente del Consejo de Administración) en el que adjuntó otras notas de respuesta de fechas de 5 de diciembre de 2020, 28 de agosto de 2021, 8 de octubre de 2021, además del Acta de la Asamblea General de 10 de octubre de 2020 y dos boletas de pago de los meses de octubre y noviembre de 2020; señalando que su persona no estaba suspendido y que en realidad, debido al indicado conflicto familiar, se le había otorgado un permiso de treinta días, a partir del 10 de octubre, para que pudiera solucionar sus problemas familiares y presente un acuerdo conciliatorio, incumpliendo el impetrante de tutela ese último punto; por tal motivo, se le hubiera pagado hasta el 31 de noviembre de 2020, y como este no trabajó por más de dieciséis meses, no le correspondía excedentes de percepción. Asimismo, manifestó que respecto a la papeletas de pago señaladas, estas no pueden ser confundidas con el libro de actas, en el que consta la planilla del pago de excedentes, y que debe contar con la firma del Consejo de Administración y del asociado en concordancia con el art. 46 del Reglamento Interno, ya que por actividades administrativas, se elaboran esas papeletas haciendo figurar ingresos mensuales para los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y para el Seguro Social a corto plazo, pero al ser cooperativistas, no se cancela sueldo alguno, se dan excedentes de percepción que son calculados después del alza quincenal o mensual de la producción minera de la cooperativa, se descuenta los aportes al seguro médico, a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN) y los gastos operativos, siendo el restante dividido entre todos los socios en partes iguales, no siendo el mismo monto cada mes, teniendo variaciones de acuerdo a la producción.

También señala que el 11 de febrero de 2022, se actualizaron las listas de asociados de la indicada Cooperativa, para fines de atención del seguro médico, en la que el accionante no figuró, lo cual generó que este no pueda acceder al mencionado seguro, estando delicado de salud con un diagnóstico de pielonefritis aguda y secuelas de Covid 19. Tales actos vulneraron sus derechos y garantías constitucionales de manera sistemática de parte de la indicada Cooperativa, que se aprovecharon de sus problemas familiares para alejarlo de la misma, en razón de que la actividad minera genera bastantes utilidades.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión a sus derechos al trabajo, acceso a la seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica, presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 45, 46.I. 1. y 2., 115.II, 116. I y II y 117. I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Su reincorporación a la Cooperativa de manera inmediata, con todos sus derechos que le asisten como asociado; b) La Cooperativa demandada asuma el pago de daños y perjuicios ocasionados, debiendo cancelar todos los excedentes o dividendos de percepción que le corresponden por el tiempo de suspensión, desde el mes de octubre de 2020 hasta la fecha de su reincorporación efectiva a la misma, previa constatación de la producción minera que se realice en ejecución de sentencia; y, c) Se le incluya nuevamente en el grupo de WhatsApp oficial o se le garantice un medio de comunicación para conocer las convocatorias de la Cooperativa a actividades o trabajos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 18 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 235 a 241, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, en el desarrollo de la audiencia, por medio de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo en audiencia: 1) La presente acción de defensa se interpone a consecuencia de medidas de hecho cometidas en su contra por la indicada Cooperativa, que inició con la suspensión del pago de sus excedentes, determinación que fue asumida a través de la Asamblea de socios realizada el 10 de octubre de 2020, en la que se le impuso la otorgación de un permiso de treinta días, para solucionar un conflicto familiar y presentar un acta o acuerdo de conciliación, caso contrario sería suspendido; 2) No se le permitió ingresar al campamento ni a las oficinas administrativas de la indicada Cooperativa, ya sea de manera personal o por un intermediario, indicando además que trabajó los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020; y, enero, febrero y marzo de 2021, de los cuales no se le cancelaron los excedentes de percepción; y, 3) Sostiene además que los actos denunciados también vulneraron su derecho a la libertad de reunión y asociación establecido en el art. 21.4 de la Constitución Política del Estado, al privarlo de permanecer en la asociación en las condiciones pactadas, mismas que se encuentran contempladas en el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la mencionada Cooperativa, alejándolo de manera injustificada, arbitraria y sin contemplar el debido proceso.

I.2.2. Informe del demandado

Gregorio Cocarico Gutiérrez; presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L., por memorial, presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 232 a 234, y lo expresado en el desarrollo de la audiencia, manifestó lo siguiente: i) El accionante no agotó la vía administrativa al interior de la “Cooperativa Minera Cruz del Sur”, que en el art. 82 de su Estatuto Orgánico establece la conformación de la Junta de Conciliación, para la solución de controversias al interior de la misma; mientras que en el art. 83 de la misma normativa se determina claramente la aceptación y sometimiento de los asociados al procedimiento de solución de controversias a cargo de la junta de conciliación; además que el art. 84 refiere que los mecanismos de la resolución de conflictos están contemplados en reglamento especial aprobados por la asamblea de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), por lo que al no agotarse todas las instancias para la solución de controversias, conforme lo regulado por la Ley General de Cooperativas -Ley 356-, no se cumplió con el principio de la subsidiariedad, por lo que aplicando la jurisprudencia constitucional, corresponde su improcedencia; ii) Respecto de los derechos supuestamente vulnerados, sostienen que los hechos relatados por el accionante no resultan ser reales, que conforme a la normativa interna de la cooperativa, el impetrante de tutela tiene derechos y obligaciones que no se cumplieron, por lo que sus solicitudes fueron respondidas, y que al ser de conocimiento del mismo, este no presentó recurso alguno hasta el presente; iii) El mismo accionante sostiene que el acto vulnerador de sus derechos se hubiera tomado por la Asamblea dentro de la Cooperativa, sin embargo no dirige esta acción tutelar en contra de la misma, por lo que existe un falta de identificación de los demandados (falta de legitimación pasiva); iv) En audiencia manifestó que la acción presentada tampoco cumplió con el principio de la inmediatez, ya que el acto que presuntamente hubiese vulnerado los derechos del accionante se hubieran cometido el 10 de octubre de 2020, por parte de la Asamblea de asociados, y el accionante, a pesar de tener conocimiento de ello, dejó pasar más de dos años para interponer esta acción tutelar; y, v) No identificó claramente a las persona que hubieran vulnerado sus derechos, existe además poca claridad en su acción.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Jaime Mollinedo Marzana, expresidente de la Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelas, pese a su notificación cursante a fs. 146.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 259/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 242 a 246 vta., concedió en parte la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso y el derecho a la defensa y se deniega respecto a los demás derechos enunciados por el accionante; disponiendo en consecuencia: Que el actual Presidente del Consejo de Administración, observando los parámetros establecidos en el Reglamento Interno y el Estatuto Orgánico de la Cooperativa someta la situación del ahora accionante a un debido proceso, en el plazo máximo de quince días hábiles siguientes a partir de esta fecha (18 de octubre), para que se determine sobre su permanencia, suspensión, expulsión o reingreso; garantizando que este sea comunicado con las decisiones a adoptarse; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos: a) La parte demandada, mediante nota emitida el 2 de marzo de 2022 recién hizo conocer al accionante que no se encontraba suspendido, sino que simplemente este hubiera dejado de asistir a trabajar, luego de los treinta días de permiso especial que se le otorgó, por lo que los argumentos de descargo del demandado, pretendiendo que se deniegue la tutela por no cumplir con el presupuesto subsidiariedad vinculado al de inmediatez no pueden ser acogidos, en especial cuando lo que se demanda es la comisión de una medida de hecho; b) Existe controversia respecto a la situación del accionante, ya que este refiere que fue expulsado de dicha cooperativa mediante medidas de hecho, y que no tomó conocimiento de determinación alguna hasta la nota de 2 de marzo de 2022; el demandado por su parte afirma que el solicitante de tutela en ningún momento fue expulsado y que no existe determinación alguna al respecto, más de lo obrado en asambleas o audiencia del mes de octubre de la gestión 2020 y de marzo de 2021; sin embargo, de todo lo referido por ambas partes, es que el accionante no fue sometido a un debido proceso vinculado a la toma de alguna decisión de carácter sancionatorio; c) En ese contexto, en torno a lo determinado el mes de marzo de 2021, se entiende que a partir de ese acto existe un impedimento para que el ahora peticionante pudiera acudir a dicha cooperativa, extremo que no ha sido controvertido por ninguna de las partes, tal acto se traduce en una vía de hecho, vinculado a la restricción de que el accionante estuviera privado de acceder a los excedentes que este percibía de la actividad minera, por lo que corresponde conceder la tutela respecto a la vulneración del debido proceso y su derecho a la defensa; ya que tal decisión no ha respetado el estatuto y reglamento interno de dicha cooperativa, en los que existe un procedimiento para la aplicación de sanciones, establecido en sus arts. 49, 50, 48 y 51 del Reglamento interno; en el que todo asociado puede y debe ser objeto de un debido proceso, en virtud a la falta leve o grave; en ese sentido, respecto específicamente al tema de la inmediatez, los efectos de una medida de hecho perduran en el tiempo; por lo que, el demandado no puede pretender que en este caso no se haya observado el presupuesto de la inmediatez; d) La parte demandada no puede pretender que el accionante quede en una situación de incertidumbre de manera indefinida, cuando este acudió en cuatro ocasiones ante ellos a través de distintas notas, por lo que de entenderse que el impetrante de tutela hubiera cometido alguna falta; entonces, aplicando el art. 58 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa Aurífera Minera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, debe someter la situación del solicitante de tutela a un debido proceso; tal accionar debe de darse dentro de un plazo determinado; y, e) En cuanto a los demás derechos acusados como vulnerados, como ser el derecho al trabajo, a acceder a la seguridad social; presunción de inocencia, del derecho a participar en la toma de decisiones de la cooperativa, a la redistribución justa que le corresponde; no se ha advertido, menos evidenciado de manera objetiva como es que tales aspectos hubiesen sido asumidos por el demandado, atribuyendo la toma de esas decisiones únicamente al hoy presidente del Consejo de Administración de dicha cooperativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Acta de la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, realizada el 10 de octubre de 2020, por la cual, entre otros puntos, refiere que, respecto a Juliano Apaza Fuentes, por su asunto familiar, dicha asamblea decide dar un plazo de un mes para que este solucione su problema familiar, caso contrario será suspendido (fs. 38 a 42). II.2. Nota de 2 de marzo de 2022, emitida por Gregorio Cocarico Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” misma se da en cumplimiento a una resolución emergente de un amparo constitucional, a efecto de responder las cartas del accionante, en la que se advierte que si bien las respuestas fueron de manera oportuna, no se las hizo conocer al peticionante por no conocer su domicilio real; dentro de dicha nota se le hizo saber que: Que en ningún momento el accionante fue suspendido de su calidad societaria, tan solo se le concedió un permiso de un mes para que su persona pueda arreglar su problema familiar, y presentar un acuerdo conciliatorio y el compromiso de que ya no existiría problemas ni intromisiones por parte de su pareja; que dicho compromiso no fue cumplido cometiendo abandono de trabajo por dieciséis meses, y en aplicación de su Estatuto Orgánico, es un motivo para perder su calidad societaria (fs. 34 a 35) II.3. Certificación expedida por Edwin Cruz Quilla, Analista de Registro y Archivo de la AFCOOP, de 16 de mayo de 2022, en el que se advierte que el accionante se encuentra registrado en la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, con personalidad jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa (RA) 147/11 de 28 de febrero y 011/2012 de 6 de enero (fs. 3).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a la seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica y a la presunción de inocencia; ello en mérito a que se le suspendió de manera ilegal por un lapso de treinta días en la asamblea general de socios de la Cooperativa realizada el 10 de octubre de 2020, a raíz de un problema familiar con su ex pareja, debiendo presentar después de dicho plazo un acta de conciliación; dicha determinación se le aplicó sin que se le haya seguido un proceso previo, conforme lo establecido por el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Cooperativa; añade que desde marzo de 2021 se le prohibió el ingreso al campamento y a las oficinas administrativas, lugar en el que desarrollaba sus actividades, lo cual impide al accionante percibir excedentes por percepciones de la actividad minera; además de que prácticamente fue desvinculado o expulsado definitivamente, ya que lo sacaron del grupo de WhatsApp, siendo este su único medio de comunicación para trabajar dentro de la misma; y su nombre ya no figura en la lista de asociados para acceder a su seguro médico; afirma también, que por varias notas presentadas ante el ahora demandado, pidió que se aclare cuál era su situación dentro de dicha cooperativa, sin que haya tenido respuesta hasta que presentó una acción de amparo constitucional y en cumplimiento a dicho fallo Constitucional, recién el 2 de marzo de 2022, se le informó que no había sido suspendido de su calidad societaria, sino que solamente se le concedió un permiso especial y que a su término el impetrante de tutela no volvió a trabajar por más de dieciséis meses, por lo que aplicando lo establecido en su estatuto interno, pierde su calidad de asociado; por tales motivos interpone esta acción tutelar solicitando: 1) Su reincorporación a la Cooperativa de manera inmediata, con todos sus derechos que le asisten como asociado; 2) La Cooperativa asuma el pago de daños y perjuicios ocasionados, debiendo cancelar todos los excedentes o dividendos de percepción que le corresponden por el tiempo de suspensión, desde el mes de octubre de 2020 hasta la fecha de su reincorporación efectiva a la misma, previa constatación de la producción minera que se realizará en ejecución de sentencia; y, 3) Se le incluya nuevamente en el grupo de WhatsApp oficial de la Cooperativa o se le garantice un medio de comunicación para conocer las convocatorias de las actividades o trabajos.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

[S]in ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto 1El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 2El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

…i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.) ;

3La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”.

Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras.

4La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 5La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”.

Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras.

y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.2. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos de la existencia de mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece:

[E]l derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.

En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: 1) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; 2) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, 3) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: i) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; ii) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, iii) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas).

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril-que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.

En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.

En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: i) Preventiva y/o ii) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, con relación al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Así, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero, no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en Derechos Reales (DD.RR.) o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.4. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la lesión o la amenaza a los derechosaclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.

En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 12La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 13La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 14La aclaración de la aplicación de los precedentes constitucionales, se encuentra en nuestra tradición jurisprudencial, como en la SCP 0042/2013 de 3 de abril, que aclaró la aplicación de la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, sobre las notificaciones procesales; precisamente, porque el Tribunal Constitucional evidenció su utilización distorsionada.

circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica o legalidad y a la presunción de inocencia; ello en mérito a que el demandado determinó su suspensión como asociado de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, y de recibir sus excedentes de percepción por las ganancias mensuales, así como al acceso al campamento para realizar sus actividades laborales y excluirlo de poder gozar del seguro médico FECOMAN L.P.; tales determinaciones se asumieron sin que su persona haya cometido falta alguna y sin que se le siga proceso alguno, lo que se constituye en una arbitrariedad ya que la normativa interna de dicha cooperativa establece la necesidad de seguir un proceso previo ante la comisión de faltas, sean estas graves o leves, por lo que tales sanciones se constituyen en vías o medidas de hecho ya que fueron impuestas de manera directa sin opción a que pueda defenderse en un proceso previo.

III.5.1. Respecto al supuesto incumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez dentro del presente caso

Con carácter previo, es necesario el dar respuesta a los argumentos de los demandados es que dentro de la presente causa, el accionante no hubiera cumplido con la subsidiariedad ni la inmediatez, ya que pretendería impugnar lo determinado, determinación que se dio en una asamblea el 10 de octubre de 2010, por lo que ya habrían transcurrido el lapso de dos años, sobrepasando el plazo de los seis meses establecidos para poder interponer esta acción tutelar; además que el impetrante de tutela no agotó las vías internas de reclamo para conocer su caso; sin embargo el demandado omitió advertir que el accionante recién tomó conocimiento del porque no se le permitía acceder a tus labores como socio por la nota de 2 de marzo de 2022, emitida por el Presidente del Consejo de Administración de dicha Cooperativa, respuesta que se emitió en cumplimiento de lo determinado en una acción de amparo constitucional, que ordenó a la parte ahora demandada dar respuesta a las múltiples cartas y notas presentadas por el impetrante de tutela, ante el desconocimiento real de su situación en la referida cooperativa. De lo anteriormente detallado, es necesario el advertir que los actos denunciados, al tratarse de la denuncia de medidas de hecho, es decir, sanciones impuestas en contra del accionante de manera directa, sin seguirle un proceso previo, la misma jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4 claramente determinó que ante tales extremos la acción de amparo puede presentarse de manera directa, por lo que no resulta necesario el agotamiento de otras vías, por lo que existe una excepción al principio de la subsidiariedad; en cuanto al principio de la inmediatez, dentro del mismo Fundamento Jurídico de esta Resolución Constitucional, se aclara que se podrá interponer esta acción tutelar mientras subsista la lesión a los derechos del impetrante de tutela, extremo que se cumple dentro de este caso en particular, por lo que los argumentos presentados por el demandante exigiendo la denegatoria de la tutela carecen de base constitucional.

III.5.2. Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso por acciones de hecho

Antes de ingresar a considerar el fondo es necesario el advertir que, de la revisión de la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene un caso que tiene características similares al acaso ahora en análisis, con identidad parcial de partes (el accionante en este caso fue Francisco Quispe Salcedo, en contra de los mismos demandados), que fue resuelto por la SCP 0568/2024-S3 de 25 de julio, mismo en el que se analizó la vulneración del derecho al debido proceso en el que se estableció lo siguiente:

[E]n el ámbito de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de dicha Cooperativa, contienen los presupuestos procesales mínimos para su estructura orgánica y funcionamiento, los niveles de deliberación y decisión, control y fiscalización, y ejecución, las atribuciones y deberes de sus autoridades, las obligaciones y derechos de los asociados, la definición de las faltas y sanciones en el ámbito disciplinario, los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria interna. En ese entendido, entre los aspectos que resaltan en el art. 20 Estatuto Orgánico, están el establecimiento de un proceso sancionador de exclusión y expulsión de los asociados previo proceso sumario ante el Tribunal de Honor y etapas procesales muy bien definidas, la remisión al Reglamento Interno para la definición de las infracciones y sanciones a los asociados (art. 26 del Estatuto Orgánico); asimismo, define a la Asamblea General como soberana cuyas resoluciones tendrán carácter obligatorio para todos los asociación presenten y ausentes (art. 41 del referido Estatuto), instancia de apelación respecto a la resoluciones sancionatorias emitidas por el Tribunal de Honor, con atribución para aprobar la exclusión, expulsión de los asociados cuanto corresponda (art. 46.2. incs. f) y g) de ese Estatuto) y, entre las atribuciones del Consejo de Administración se encuentra la de hacer cumplir las sanciones de los asociados y remitir a la Asamblea General los procesos de exclusión y expulsión de asociados conforme establece el art. 56 incs. o) y r) del citado Estatuto.”

Tomando en cuenta tal precedente, en el presente caso se advierte que el impetrante de tutela, al percatarse que se le impedía el ingreso a dicha cooperativa, como también que fue expulsado del grupo de WhatsApp, mediante varias notas presentadas ante el ex Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y al actual presidente ahora demandado respectivamente, reclamó que se le informara cuál era su situación jurídica como asociado de dicha cooperativa, es así que se tiene: i) Nota de 19 de enero de 2021; ii) Nota de 6 de abril de 2021; iii) Nota de 7 de septiembre de 2021; y, iv) Nota de 29 de noviembre del mismo año, por las que cuestionó las acciones de la citada Cooperativa vinculadas a retención de dividendos o percepción de excedentes, suspensión indebida, reincorporación, información de actas, resoluciones y actas de pago de haberes o excedentes de percepción; notas que no obtuvieron respuesta, lo que motivó que el accionante presentara una acción de amparo constitucional, denunciando la vulneración de su derecho a la petición. Dicha acción de amparo fue resuelta mediante Resolución 43/2022 de 23 de febrero, misma que concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada responda a las notas en el plazo de setenta y dos horas; notas presentadas por el ahora accionante (dicha resolución fue ratificada por la SCP 0360/2023-S1 de 2 de mayo). En cumplimiento de dicha resolución, se emitió la nota de 2 de marzo de 2022, por la cual se le informó que solamente se le hubiera concedido permiso de un mes para que su persona pudiera arreglar su problema familiar, presentar un acuerdo conciliatorio y el compromiso de que ya no existiría problemas e intromisiones de su expareja; sin embargo este no cumplió con lo determinado en la Asamblea de Asociados que se llevó a cabo el 10 de octubre de 2020, cometiendo abandono de trabajo por más de dieciséis meses, por lo que en cumplimiento de sus normas, se pierde la calidad de asociado si no se presenta a trabajar cada primero de mes, habiendo incumplido con sus obligaciones (Conclusión II.2) Se debe tomar en cuenta que previamente a dicha nota, en la Asamblea Ordinaria de dicha Cooperativa, de 10 de octubre de 2020 (conclusión II.1) entre otros asuntos, se trató el tema vinculado al accionante y los problemas familiares que este tenía con su expareja, por lo que se decidió conceder al accionante un mes para que solucione su problema familiar, con la advertencia expresa de que será suspendido en caso contrario, expresado en los siguientes términos “…la asamblea decide dar un plazo de 1 mes para que solucione su caso familiar; caso contrario será suspendido” (sic), extremo corroborado por el presidente ahora accionado al referir que “…le ha concedido permiso de un mes para que su persona pueda arreglar su problema familiar y presentar un acuerdo conciliatorio…”.

Es necesario resaltar que la decisión asumida en dicha asamblea de otorgar un permiso especial de un mes, destinado a solucionar sus problemas familiares, bajo la advertencia expresa de ser suspendido, fue tomada por la referida cooperativa mediante la Asamblea de Asociados realizada el 10 de octubre de 2020, ya que no se evidencia ninguna solicitud de permiso del accionante en ese sentido, por lo que tal decisión se dio de manera oficiosa, actuando de manera unilateral y arbitraria al respecto; ya que tal acto no se basa en ninguna disposición interna ni proceso previo, lo que implica que en el presente caso se dio una aplicación directa de la suspensión del ahora impetrante de tutela, lo que supone además la supresión de sus derechos como asociado. En ese marco, es necesario el reiterar lo advertido en la SCP 0568/2024-S3, respecto a que el art. 20 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa, establece el proceso sancionador de exclusión o expulsión de un asociado, en los siguientes términos: “La exclusión y expulsión de asociados será realizada previo proceso sumario ante el Tribunal de Honor…” (las negrillas y el subrayado son nuestras), estableciendo las etapas procesales para la imposición de una sanción de pérdida de la calidad de asociado de la Cooperativa, garantía establecida en el Estatuto Orgánico que precisamente no se cumplió en el caso que nos ocupa, conclusión que queda respaldada por la afirmación del presidente ahora demandado cuando en la nota de respuesta de 2 de marzo de 2022, reconoce que el accionante no fue suspendido; aspecto que fue corroborado también en su informe presentado por el ahora demandado en esta acción tutelar, cuando responde negativamente a la consulta que, si contra el accionante existe alguna resolución de expulsión, retiro o alejamiento, a lo cual se dijo expresamente “No en ningún momento al compañero se le ha expulsado recién después de dos 2 años se pone a reclamar” (sic). Consiguientemente, tomando en cuenta los razonamientos desplegados en líneas precedentes, no puede considerarse abandono de trabajo del accionante, como alega el presidente hoy demandado en su informe; puesto que, hasta para ese supuesto de “abandono injustificado”, el art. 15 de Reglamento Interno de la Cooperativa establece los requisitos y el procedimiento para su consideración y resolución, es decir, que se instaure un proceso previo para su consideración. En ese sentido, se tiene que la imposición de una sanción, sin que se hubiese cumplido los presupuestos procesales mínimos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Cooperativa y su Reglamento Interno, que establece la definición de las faltas y sanciones en el ámbito disciplinario como los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria interna, implica la comisión de medidas de hecho en contra del ahora accionante. En cuanto a los excedentes por percepción, es importante señalar que como lógica consecuencia de las medidas de hecho realizadas en contra del accionante, el mismo se ha visto privado indebidamente de poder recibir las mismas, lo cual ha causado grave perjuicio en este, motivo por el cual y evidenciándose la vulneración de sus derechos, corresponde que se realice el pago de los excedentes por percepción, debiendo ser la instancia administrativa de la Cooperativa, la que deba realizar el cálculo correspondiente del monto de los excedentes por percepción de los meses señalados por el accionante, esto de acuerdo a su manejo interno, debiendo ser el mismo en un plazo razonable. En cuanto a la solicitud de los daños y perjuicios, no se concede tal extremo al considerar que los actos cometidos por la parte demandada no fueron de carácter doloso.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 259/2022 de 18 de octubre, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al trabajo, acceso a la seguridad social, defensa, debido proceso, seguridad jurídica y la presunción de inocencia, disponiendo:

a) La reincorporación inmediata de Juliano Apaza Fuentes a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” con todos los derechos que le asisten como asociado, previstos por el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la referida Cooperativa, incluyendo que se le agregue al grupo de WhatsApp o alguna otra forma de comunicación interna; b) El pago de los excedentes de percepción que le adeudan por el periodo que comprende la realización de las medidas de hecho y en cumplimiento al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, debiendo el área administrativa de la Cooperativa realizar el cálculo correspondiente conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo Constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la imposición de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

6 Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

7 El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

8 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”. 9La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

10 La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 11La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer

15 SCP 0998/2012, FJ III.4.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0057_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6e1b375729f81d7cf0a5ac6106e8bbb767800aa317e2f213fa182b1358f0ad68

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