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SCP 0057/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
49758-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, la Secretaria ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró el informe ordenado por la autoridad judicial referente al cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 174 de la LEPS, siendo el único requisito faltante para que se programe día y hora de audiencia para la resolución del incidente de libertad condicional planteado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 177/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, con la finalidad de que esa conducta dilatoria no vuelva a repetirse en el futuro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2025-S1 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 49758-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 177/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Marcelino Chipana Quispe contra Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el fenecido proceso penal seguido contra su persona por la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), fue condenado a una pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; bajo ese antecedente, el 7 de abril de 2022, presentó el incidente de libertad condicional, tomando en cuenta que cumple con los requisitos previstos por los arts. 174 y 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), estando admitido tal incidente por decreto de 10 de mayo de 2022, se dispuso el cumplimiento de requisitos establecidos por el art. 174 de la indicada Ley, entre ellos, el informe por Secretaría del Juzgado. El 7 de julio de 2022, solicitó el señalamiento de día y hora de audiencia para la consideración del incidente interpuesto; no obstante, el referido informe no fue elaborado por la Secretaria ahora accionada; por lo que, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, reiteró la orden de elaboración del informe extrañado. Posteriormente, ante la insistencia, por decreto de 8 de agosto de igual año, se conminó a la Secretaria hoy accionada que elabore en un plazo no mayor a tres días el respectivo informe, siendo éste el único requisito faltante para la programación de día y hora de audiencia y se resuelva el incidente planteado. Desde el 4 de agosto de 2024, hasta la interposición de esta acción de libertad y no obstante a la búsqueda exhaustiva del cuaderno del control jurisdiccional por parte del personal del Juzgado, no se le prestó el mismo a efectos de que pueda evidenciar el cumplimiento de lo dispuesto por el decreto de 8 de agosto de 2024; tampoco se le notificó con el señalamiento de día y hora de audiencia, siendo que su abogada defensora cumplió con todos los recaudos respectivos requeridos por la Secretaria hoy accionada, causándole indefensión y dilatando el proceso vulnerando sus garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, I, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se llame la atención a la Secretaria ahora accionada -conforme pidió en audiencia de consideración de esta acción de defensa-.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El 7 de abril de 2022, se interpuso el incidente de libertad condicional, que fue observado por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; ya que, no se cumplió con las notificaciones, lo cual se subsanó en el transcurso de un mes por la excesiva carga procesal de la Secretaria hoy accionada; posteriormente, el 9 de mayo de igual año, nuevamente se presentó el incidente de libertad condicional, siendo el mismo aceptado, la citada autoridad judicial que ordenó el cumplimiento de requisitos a tal efecto para señalar día y hora de audiencia y resolver dicho incidente; entre los requisitos a cumplir se solicitó el respectivo cómputo a ser realizado por la Secretaria ahora accionada; b) El 7 de julio -de 2022-, la autoridad judicial mediante decreto nuevamente ordenó que se emita el informe “…porque se han realizado actuados que no están…” (sic [fs. 20]), se esperó hasta finales de “julio” a objeto de que el informe sea remitido y las notificaciones estén devueltas; sin embargo, lo mencionado no se encontró en el cuaderno de control jurisdiccional, motivo por el que “…trato de hablar con la secretaria y ella no único que atina a decirme es que hable con los pasantes, los pasantes recepcionan rodo lo que voy a notifican, lo que se va a informar y después los pasantes dicen no he podido pasar, se pierde el cuaderno y nunca llega a manos de la secretaria y ella se desliga nuevamente…” (sic [fs. 20]); c) El 4 de agosto -de 2022-, presentó un memorial solicitando que se conmine a la Secretaria ahora accionada a objeto que se pueda efectuar el cómputo de la pena y esto sea informado ante el Juez de la causa para que se pueda señalar día y hora de audiencia para la consideración del incidente planteado; sin embargo, el libro diario no se encontraba descargado; por lo que, “…tuve que hablar en persona con el juez Marco Antonio Jauregui a objeto de no accionarlo primero al juez porque no salía de despacho y todos se descargaban diciendo que el cuaderno se encuentra en despacho (…) y me dice señora abogada mi persona ha remitido el cuaderno en fecha 9 de agosto al juzgado (…) y me refiere, hemos conminado que en el lapso de tres días la secretaria se pueda adjuntar este cómputo de la pena y este informe de todos los requisitos cumplidos para que pueda dar día y hora de audiencia…” (sic [fs. 20 vta.]); y, d) Desde el 9 de agosto -de 2022- hasta esta mañana -se entiende 17 de agosto de 2022-, no le prestaron el cuaderno de control jurisdiccional y no obstante a que esperó pacientemente comprendiendo la carga procesal que se tiene, le mencionaron que ‘“vuelva porque no lo vamos a encontrar, estamos en otra situación”’ (sic [fs. 20 vta.]); sin embargo, el accionante se encuentra desde el 7 de abril -2022- esperando a que se resuelva el incidente de libertad condicional vulnerando sus derechos y garantías del debido proceso y a la libertad; puesto que, cumple con todos los requisitos para que proceda la libertad condicional; por lo que, se solicita que se llame la atención a la Secretaria ahora accionada.

I.2.2. Informe de la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionada

Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 11 y vta., manifestó que: 1) Ante la presentación del incidente de libertad condicional, el cual fue admitido, se ordenó como uno de los puntos el cómputo -del cumplimiento de la pena- por Secretaría del Juzgado; en consecuencia, se elaboró dicho cómputo; asimismo, por decreto de 18 de julio del citado año, en atención a lo previsto por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de igual año-, se dispuso que se notifique con las piezas procesales pertinentes; por lo que, al ser procesos que son tramitados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), el 12 de agosto de dicho año, se remitió de oficio la notificación a la Oficina Gestora de Procesos Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que “a la fecha” devuelvan dicha notificación; 2) Se extraña que la abogada del SEPDEP interponga acciones de defensa sin previa revisión del respectivo cuaderno de control jurisdiccional, ni solicitar audiencia y menos estar a lo dispuesto por el decreto de 18 de julio de 2022 y mucho menos a lo previsto por la indicada Ley; 3) Su persona cumplió con la elaboración del cómputo respectivo y con la remisión de las notificaciones correspondientes; asimismo, es deber de los abogados del SEPDEP colaborar en la revisión de expedientes; además, que es necesario considerar que toda denuncia debe prevalecer en la verdad y bajo el principio de lealtad procesal; y, 4) El Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, es el único que atiende para efectos de control de la pena a todos los juzgados y tribunales en materia penal de la ciudad de El Alto y provincias del departamento de La Paz, siendo de conocimiento público la alta carga procesal y que durante tres meses su persona atendió las áreas de Secretaría, Auxiliatura y también generó las notificaciones, lo cual también es de conocimiento del SEPDEP; no obstante, realiza todo lo posible para atender a todos los casos que se encuentran en ese Juzgado, siendo que este tipo de acciones de libertad solo causan perjuicio al Órgano Judicial al activar los mecanismos de defensa sin previa revisión de actuados. Por todo lo mencionado, pide que se “rechace” la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 177/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En el presente caso se interpuso una acción de libertad en la modalidad de pronto despacho; no obstante que la Secretaria ahora accionada realizó el informe del respectivo cómputo conforme a lo previsto por el art. 174 de la LEPS; ahora bien, se debe tener presente en cuanto a la legitimación pasiva de la nombrada, tomando en cuenta que la SCP 0521/2021-S3 de 18 de agosto, respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos y de apoyo jurisdiccional carecen de esta para ser accionados en acciones tutelares; puesto que, no asumen determinaciones de orden jurisdiccional; sin embargo, existen excepciones; ii) En la presente acción de libertad se sostuvo que a la fecha de su interposición no cursaría el cómputo -del cumplimiento de la pena- ordenado por la autoridad judicial; por lo que, al reiterar el incidente de libertad condicional, mediante decreto de 10 de mayo de 2022, se dispuso diferentes oficios al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz para que emita los informes correspondientes, a “trabajo social”; además, ordenó la notificación a la víctima y al Ministerio Público, así como la elaboración del respectivo informe a la Secretaria ahora accionada; informe que fue cumplido el 15 de julio de 2022; iii) La accionante, refiere que el mencionado informe no se encontraba; así también, indicó que no tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional; empero, incluso de la revisión del sistema el informe extrañado se encuentra cargado como acto procesal; además, se remitieron fotocopias del libro diario donde se encuentra registrado el cómputo de libertad condicional; en consecuencia, teniendo presente que en esta acción de defensa se denunció que dicho cómputo no se realizó hasta su interposición y que existe una conminatoria de 8 de agosto -de 2022-; no obstante, ese informe se encontraba ya elaborado, si bien no condice con la verdad se puede interponer el recurso de reposición o incluso lo dispuesto por el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, iv) En cuanto al reclamo que la Secretaria ahora accionada no atendería al encontrarse todo el tiempo en audiencias, que tampoco pondría el expediente a la vista, se debe tener presente que el proceso penal cuenta con una autoridad judicial de control jurisdiccional a quien se le debe poner en conocimiento tales extremos para que en caso de que corresponda solicitar la remisión de antecedentes a régimen disciplinario; en consecuencia, si bien puede existir una carga procesal excesiva, es deber de los funcionarios tratar con calidad y calidez al mundo litigante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Marcelino Chipana Quispe -accionante-, planteó incidente de libertad condicional (fs. 14 y vta.), mereciendo en respuesta el decreto de 11 de igual mes y año; por el cual, se refirió que revisados los obrados se evidencia que cursa la Resolución “248/2021”; por la que, se concede en beneficio de redención, instruyéndose en su parte dispositiva de dicha Resolución la notificación al Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte víctima, diligencias que se encuentran aún pendientes y eventualmente son susceptibles de impugnación, lo cual eventualmente podría afectar el tiempo de redención que se estaría computando en la solicitud del beneficio de libertad condicional; por lo que, previamente ordenó que se cumpla con la notificación dispuesta (fs. 15). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante cumpliendo la observación efectuada a través del decreto de 11 de abril de mismo año, reiteró el incidente de libertad condicional (fs. 17 a 18), mereciendo en respuesta el decreto de 10 de mayo de igual año; por el que, se admitió la solicitud de beneficio de libertad condicional, disponiendo que se oficie al Director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz para que remita los informes correspondientes; ordenando que por Secretaría del Juzgado informe si el accionante cumple con los requisitos exigidos por el art. 174 de la LEPS; que por Trabajo Social se proceda a la verificación domiciliaria del accionante; y, se practique la notificación a la parte víctima y al Ministerio Público con los antecedentes pertinentes de la referida solicitud y el presente decreto (fs. 18 vta.).

II.3. Por memorial presentado el 7 de julio de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante solicitó día y hora de audiencia de consideración de incidente de libertad condicional (fs. 19); obteniendo en respuesta el decreto de 8 de igual mes y año, por el que se ordenó que por Secretaría del referido Juzgado que elabore a la brevedad posible el informe requerido en la instrucción segunda del decreto de 10 de mayo del mismo año, a efectos de que se disponga lo que en derecho corresponda (fs. 19 vta.). II.4. Cursa Informe de cómputo de pena para libertad condicional de 15 de julio de 2022, suscrito por Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada-, por el cual se estableció que el accionante cumplió siete años y un día de su condena (fs. 16); mereciendo en respuesta el decreto de 18 del mismo mes y año, por el cual se tuvo presente el Informe; que dispone se ponga en conocimiento a las partes procesales con la finalidad de garantizar la participación del Ministerio Público y la víctima; asimismo, se pronuncien respecto a la solicitud de libertad condicional en el término de cinco días hábiles a efectos de señalar día y hora de audiencia (fs. 16 vta.). De la misma manera, consta fotocopia del registro del Libro Diario, en el que señala que el 15 de julio igual año, el indicado informe fue ingresado a despacho del Juez de la causa y fue decretado el 18 de mismo mes y año (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, la Secretaria ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró el informe ordenado por la autoridad judicial referente al cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 174 de la LEPS, siendo el único requisito faltante para que se programe día y hora de audiencia para la resolución del incidente de libertad condicional planteado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., estableció que: «“…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ” » (las negrillas son nuestras).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, la Secretaria ahora accionada hasta la interposición de esta acción de defensa no elaboró el informe ordenado por la autoridad judicial referente al cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 174 de la LEPS, siendo el único requisito faltante para que se programe día y hora de audiencia para la resolución del incidente de libertad condicional planteado. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que a través de memorial presentado el 7 de abril de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, Marcelino Chipana Quispe -accionante-, planteó incidente de libertad condicional, mereciendo en respuesta el decreto de 11 de igual mes y año; por el cual, se refirió que revisados los obrados se evidencia que cursa la Resolución “248/2021”; por la que, se concede en beneficio de redención, instruyéndose en su parte dispositiva de dicha Resolución la notificación al Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la parte víctima, diligencias que se encuentran aún pendientes y eventualmente son susceptibles de impugnación, lo cual eventualmente podría afectar el tiempo de redención que se estaría computando en la solicitud del beneficio de libertad condicional; por lo que, previamente ordenó que se cumpla con la notificación dispuesta (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante cumpliendo la observación efectuada a través del decreto de 11 de abril de mismo año, reiteró el incidente de libertad condicional, mereciendo en respuesta el decreto de 10 de mayo de igual año; por el que, se admitió la solicitud de beneficio de libertad condicional, disponiendo que se oficie al Director del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz para que remita los informes correspondientes; ordenando que por Secretaría del Juzgado informe si el accionante cumple con los requisitos exigidos por el art. 174 de la LEPS; que por Trabajo Social se proceda a la verificación domiciliaria del accionante; y, se practique la notificación a la parte víctima y al Ministerio Público con los antecedentes pertinentes de la referida solicitud y el presente decreto (Conclusión II.2.). Asimismo, por memorial presentado el 7 de julio de 2022, ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante solicitó día y hora de audiencia de consideración de incidente de libertad condicional; obteniendo en respuesta el decreto de 8 de igual mes y año, por el que se ordenó que por Secretaría del referido Juzgado que elabore a la brevedad posible el informe requerido en la instrucción segunda del decreto de 10 de mayo del mismo año, a efectos de que se disponga lo que en derecho corresponda (Conclusión II.3.). Finalmente, cursa Informe de cómputo de pena para libertad condicional de 15 de julio de 2022, suscrito por Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada-, por el cual se estableció que el accionante cumplió siete años y un día de su condena; mereciendo en respuesta el decreto de 18 del mismo mes y año, por el cual se tuvo presente el Informe; que dispone se ponga en conocimiento a las partes procesales con la finalidad de garantizar la participación del Ministerio Público y la víctima; asimismo, se pronuncien respecto a la solicitud de libertad condicional en el término de cinco días hábiles a efectos de señalar día y hora de audiencia. De la misma manera, consta fotocopia del registro del Libro Diario, en el que señala que el 15 de julio igual año, el indicado informe fue ingresado a despacho del Juez de la causa y fue decretado el 18 de mismo mes y año (Conclusión II.4.). Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada al ser la accionada la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, es necesario aclarar que si bien por regla los funcionarios de apoyo jurisdiccional no cuentan con legitimación pasiva para que una acción de libertad sea interpuesta en su contra, considerando que son las autoridades judiciales quienes asumen determinaciones dentro de la tramitación de un proceso; sin embargo, conforme con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se presenta una excepción a dicha legitimación cuando: “…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado…” (SCP 0043/2018-S1); por consiguiente, bajo ese contexto jurisprudencial, se analizará si la Secretaria ahora accionada adecuó su conducta a las causales mencionadas. Ahora bien, de los antecedentes que cursan en obrados se advierte que el accionante al tener concedido el beneficio de redención, el 7 de abril de 2022, presentó solicitud de libertad condicional que fue observada por decreto de 11 de igual mes y año; posteriormente, encontrándose subsanadas las observaciones el 9 de mayo de igual año, por decreto de 10 de ese mes y año, se admitió tal solicitud disponiendo, entre otros puntos, que por Secretaría del Juzgado se informe si el accionante cumple con los requisitos exigidos por el art.

174 de la LEPS; sin embargo, esa orden no fue cumplida; en consecuencia, por decreto de 8 de julio de ese año, nuevamente se ordenó la elaboración del informe extrañado a la brevedad posible; por consiguiente, la Secretaria ahora accionada recién presentó el Informe el 15 de julio de 2022, incurriendo de esa manera en la causal de excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional prevista en el inc. c) de la jurisprudencia citada; es decir, que las vulneraciones de los derechos tutelados emerjan del incumplimiento de las órdenes efectuadas por el inmediato superior, en este caso, incumplió la primera orden de la autoridad judicial para la emisión del respectivo informe que permita tramitar la solicitud de libertad condicional del accionante, esperando una segunda orden para recién cumplir con lo dispuesto. En ese contexto, y establecida la legitimación pasiva de la Secretaria ahora accionada, es necesario mencionar que conforme a la jurisprudencia prevista en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. Bajo ese entendimiento jurisprudencial, de los antecedentes descritos previamente, se tiene que la Secretaria hoy accionada, produjo una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de libertad condicional del accionante, siendo que el informe ordenado para que sea elaborado por su persona tardó más de dos meses en ser realizado, vulnerando de esta manera los derechos del accionante, más aun considerando que el el beneficio de la redención de penas por trabajo y estudio, previsto por el art. 138 de la LEPS, se encuentra directamente vinculado al derecho a la libertad; no obstante, para su acceso es necesario que se cumplan los requisitos establecidos por ley, que implican trámites a cargo de los funcionarios de apoyo jurisdiccional o de Directores de los establecimientos penitenciarios; por lo que, los aspectos relativos a su consideración y tramitación deben ser atendidos con la mayor celeridad posible. Pese a lo señalado, es preciso mencionar que el reclamo principal de la presente acción de defensa radica en la falta de emisión del Informe por parte de la Secretaria ahora accionada; no obstante, de antecedentes se tiene que dicho Informe fue presentado el 15 de julio de 2022 (fs. 16); asimismo, consta fotocopia del registro del Libro Diario, en el que se advierte que el 15 de julio del referido año, el indicado informe fue ingresado a Despacho de la autoridad judicial y fue decretado el 18 de igual mes y año (fs. 16 vta.); es decir, que dichos actuados se produjeron antes de la interposición de esta acción de defensa de 17 de agosto de 2022 (fs. 5), lo cual conllevaría a entender que se hubiese cumplido con la pretensión reclamada en esta acción tutelar y que el objeto de la misma desapareció; sin embargo, dicha presentación no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la elaboración del informe extrañado; en consecuencia, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad. Finalmente, respecto al reclamo de la negativa de préstamo del cuaderno de control jurisdiccional, la parte accionante puede acudir ante la autoridad judicial quien es la encargada de velar por el correcto funcionamiento de su despacho y el cumplimiento de funciones y obligaciones de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, o en caso acudir a la unidad disciplinaria que corresponda a efectos de hacer valer sus derechos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 177/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad innovativa, con la finalidad de que esa conducta dilatoria no vuelva a repetirse en el futuro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0057_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5b87916e4d6d8d86ae7089c2ed5400417a303501ba56a2a884072156496be89f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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