Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Segunda · 30 de septiembre de 2025
Define la competencia
Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de la Paz, promovieron conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, ante Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi, respecto a los hechos concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP; en este sentido, hacen notar que la jurisdicción ordinaria rechazó la denuncia por intento de violación.
En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1º Declarar COMPETENTE a la JIOC ejercida por Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, para el conocimiento y resolución de los hechos concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP, signado con CUD 212102242100258.
2° Disponer que el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, se aparte del conocimiento del indicado proceso y remita los antecedentes ante las autoridades de la JIOC.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0057/2025 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 57778-2023-116-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes y Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de junio de 2023, cursante de fs. 169 a 174 vta., los representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, interpusieron ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del referido departamento, conflicto de competencias respecto a los hechos del proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 212102242100258, iniciado a instancias de Flavio Francisco Segales Viscarra, quien refiere que en horas de la mañana del 15 de diciembre de 2022, salió de su vivienda en busca de sus gallinas desaparecidas y que mientras buscaba en su sembradío de “alfa alfa”, se percató que el cerco de alambre de púas estaba dañado, cuando de repente apareció Brasilia Alanoca Chuquimia, misma que habitualmente caminaba por ahí sin considerar su sembradío y empezó a destrozar su cerco para ingresar a su propiedad; ante su reclamo, vociferó palabras irreproducibles en su contra, apedreando su casa familiar, rompiendo vidrios y causando susto en sus hijas menores, quienes habían salido alarmadas del interior de la casa. Por su parte, Brasilia Alanoca Chuquimia alegó que la referida fecha estaba circulando por el lugar -que antes era camino- y que fue cercado tres o cuatro días antes; en ese contexto, apareció Flavio Francisco Segales Viscarra y la agarró, insultándola con palabras soeces e intentando violarla, hecho que quedó en grado de tentativa y que “…habría sido desvirtuado por el ministerio público quedando solo la demanda por el supuesto delito de lesiones graves y leves” (sic). En ese entendido solicitaron la declinatoria de competencia en favor de sus autoridades, puesto que se cumplen los ámbitos de competencia territorial, personal y material, ya que los mencionados hechos, no se encuentran proscritos para el conocimiento de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC).
Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, mediante Resolución 140/2023 de 15 de julio, cursante de fs. 175 a 176 vta., determinó rechazar el conflicto de competencias jurisdiccionales planteado y en consecuencia se remitan antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, con base en los siguientes fundamentos: a) El 17 de mayo de 2023, el Ministerio Publico presentó acusación fiscal contra Flavio Francisco Segales Viscarra por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto en el art. 271 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a Brasilia Alanoca Chuquimia; proceso que se encuentra en actos preparatorios de juicio oral por Auto de 26 de igual mes y año; b) Este tipo penal no se encuentra previsto en la prohibición del art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-; sin embargo, la víctima es una mujer, razón por la cual se debe considerar los alcances de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- cuyo art. 41.II dispone que todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la jurisdicción ordinaria conforme a la ley de deslinde, más cuando en sus arts. 1 y 2 busca garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien; y, c) El delito de lesiones graves y leves del caso en análisis se encuentra vinculado al juzgamiento con perspectiva de género y aplicación de la normativa especial, siendo competente para el conocimiento y resolución del caso el juez ordinario, puesto que no cumple con el amito de vigencia material para la JIOC.
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de Auto Constitucional (AC) 0412/2023-CA de 25 de septiembre, cursante de fs. 183 a 187, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes y Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi, todos del departamento de La Paz; disponiendo, la suspensión de la tramitación del proceso de referencia hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente; asimismo, se dispuso las respectivas notificaciones y posterior sorteo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Rechazo de Denuncia HJM PUC 23/2022 de 17 de febrero, emitida por Harold Jarandilla Mey, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, signado con CUD 212102242100258, en favor de este último, por la presunta comisión del delito de violación en el grado de tentativa (fs. 137 a 139); asimismo, Resolución de Imputación Formal HJM PUC 9/2022 de 18 del citado mes, suscrita por el prenombrado Fiscal de Materia, emitida en el mismo proceso, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del Código Penal (CP), dado que, el 15 de diciembre de 2021 a horas 8:00 aproximadamente, en el sendero de la parcela del imputado, ubicado en el lugar denominado Patapata de la comunidad Cota Cota, provincia Los Andes del departamento de La Paz, la víctima fue presuntamente agredida con un tubo metálico de agua, en las extremidades, la espalda y el pecho, sin poder ejercer actos de defensa debido al dolor producido por los golpes (fs. 133 a 136 vta.). II.2. Consta Requerimiento Fiscal de Acusación Formal PFGP 11/2023 de 16 de mayo, emitido por Pedro Fernando Gutiérrez Pinto, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal referido en la Conclusión II.1, contra Flavio Francisco Segales Viscarra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP (fs. 129 a 131).
Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de la Paz, promovieron conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, ante Oscar Pablo Pérez Coarite, Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi, respecto a los hechos concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP; en este sentido, hacen notar que la jurisdicción ordinaria rechazó la denuncia por intento de violación.
En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
La Norma Suprema establece en su art. 178.I que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano…”, en coherencia con esta disposición, su art. 179.I prescribe que: “La función judicial es única…”; además, esta última norma establece que la función judicial la ejercen: 1) La jurisdicción ordinaria, a través del Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de justicia, tribunales de sentencia y jueces; 2) La jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales; 3) La jurisdicción indígena originaria campesina, por sus propias autoridades; y, 4) Las jurisdicciones especializadas, reguladas por ley; enfatizando que el ejercicio por todas y cada una las jurisdicciones, gozan de igual jerarquía. En ese entendido, una de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional previstas en el art. 202.11 de la CPE, es conocer y resolver: “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. En el caso particular de la jurisdicción indígena originaria campesina, por disposición del art. 190 de la CPE, se ejerce a través de sus propias autoridades, según sus principios y valores culturales, normas y procedimientos propios; y, tiene como límite constitucional el respeto del derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías constitucionales; además, por mandato del art. 191 de la Norma Suprema, se fundamenta en un vínculo particular de las personas como miembros de una Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC); y con la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.
Jurisdiccional La Constitución Política del Estado en su art. 15.II, establece que: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. Del texto constitucional pueden extraerse diferentes tipos de violencia que se pretenden superar; por ejemplo, la violencia política la cual puede deducirse cuando el art. 11.I de la CPE, reconoce: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”; laboral cuando el art. 48.VI, establece: “…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”; sexual cuando el art. 66 de la CPE: “…garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”; entre otros tipos de violencia contra la mujer. En este mismo sentido, el art. 1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, reconoce diferentes tipos de violencia contra la mujer al establecer que: “La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad”. Ahora bien, el texto constitucional reconoce que la administración de la JIOC se realiza conforme los propios usos y costumbres; en ese entendido, la SCP 0055/2016 de 13 de abril, señala que: “…las autoridades indígena originario campesinas ejercerán funciones jurisdiccionales y de competencias para conocer y solucionar, conflictos o controversias que afecten su convivencia comunitaria, de acuerdo a los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, que en conjunto se denominan el procedimiento jurídico indígena originario campesino. La naturaleza de este procedimiento es de carácter oral, vigente en un contexto, pero que se fundamenta en la ancestralidad y en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”. Pese a lo referido, la propia Norma Suprema le impone límites respecto a la situación de las mujeres en dichas comunidades; así por ejemplo, el art. 395.I de la CPE, sobre la dotación de tierras, establece que: “…La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal”; disposición concordante con el art. 402.2 de la CPE, que establece como obligación del Estado: “Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra”. En este contexto, respecto a la competencia material de la JIOC, el art. 191.II.2 de la CPE dispone claramente: “Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”; en este sentido, el art. 10.II de la LDJ prevé las restricciones específicas y expresas al ejercicio de la JIOC en materias como: i) Penal; ii) Civil; iii) Laboral, de la Seguridad Social, Tributario, Administrativo, Minero, de Hidrocarburos, Forestal, Informático, Internacional público y privado, Agrario -excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas-; y, iv) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. En particular, en materia penal, es necesario enfatizar la restricción impuesta a la JIOC en delitos cometidos contra la integridad corporal de niñas, niños y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio. Por su parte, el art. 41.II de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece: “Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional”; es decir, si bien hace referencia a que lo dispuesto sería de conformidad a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en los hechos está modificando esta última, en la medida en la que amplía los hechos de violencia sexual a la jurisdicción ordinaria. Finalmente, considerando que el art. 7 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece la definición de una serie de tipos de violencia entre ellos en su numeral 7 la violencia sexual entendida por dicha Ley como: “…toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer”, corresponde entender que, en caso del derecho penal, dicha violencia es competencia de la jurisdicción ordinaria, pero no el resto de violencias, ello en atención a lo siguiente: a) La norma es expresa respecto a que solo los hechos de violencia sexual y delitos análogos pasen a la jurisdicción ordinaria; por lo que, los otros tipos de violencia deben ser considerados de acuerdo a las costumbres y cosmovisión de cada comunidad. b) Como se puede observar, tanto la Constitución como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, establecen diferentes tipos de violencia, si se hiciere una interpretación amplia que exceda la violencia sexual, no solo se contravendría a la norma, sino, se vaciaría de contenido a la JIOC.
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, signado con CUD 212102242100258, de conocimiento del Juez del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, el Ministerio Público presentó Resolución de Imputación Formal HJM PUC 9/2022 de 18 de febrero y Requerimiento Fiscal de Acusación Formal PFGP 11/2023 de 16 de mayo (Conclusiones II.1 y II.2) por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP, describiendo los hechos que habrían acaecido el 15 de diciembre de 2021 a horas 8:00 aproximadamente, en el sendero de la parcela del imputado, ubicado en el lugar denominado Patapata de la comunidad Cotacota, provincia Los Andes del señalado departamento, donde presuntamente la víctima fue agredida con un tubo metálico de agua, en las extremidades, la espalda y el pecho; además; en el mismo proceso cursa Resolución de Rechazo de Denuncia HJM PUC 23/2022 de 17 de febrero, emitida por el Fiscal de Materia, como parte de la jurisdicción ordinaria, por la presunta comisión del delito de violación en el grado de tentativa (Conclusión II.1). Al respecto, se tiene que el ámbito de vigencia personal tiene relación con la calidad de miembro de la NPIOC, en este caso, de la comunidad Cota Cota, municipio de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz; en ese entendido, de los antecedentes adjuntos concernientes al imputado Flavio Francisco Segales Viscarra, se tiene la cedula de identidad con número 4254968 correspondiente al prenombrado (fs. 36), Resolución de Imputación Formal HJM PUC 9/2022, Requerimiento Fiscal de Acusación Formal PFGP 11/2023 y Resolución de Rechazo de Denuncia HJM PUC 23/2022 (Conclusiones II.1 y II.2); certificado y acta de verificación domiciliaria de 26 de octubre de 2022 emitido por la “…JEFATURA PROVICNIAL Y FRONTERIZA DE LA POLICÍA DE PUCARANI 1RA. SECCION, PROVINCIA LOS ANDES, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ…” (sic [fs. 29 a 36]), que indican que el antes nombrado reside en la referida comunidad; datos que quedan corroborados por la actividad que desarrolla en calidad de socio de la Asociación de Productores Lecheros Modulo ASOPROLEC -COTA COTA del municipio, provincia y departamento señalados, cumpliendo funciones de Secretario de Ganadería, según la certificación de 23 de octubre de 2022 (fs. 56); y, por los datos de su entorno familiar -esposa Sonia Alanoca Paredes e hijas Sarai, Rebeca y Olivia, todas de apellidos Segales Alanoca-, cuyas cedulas de identidad señalan como residencia la misma comunidad (fs. 40 a 44); datos que permiten establecer que el imputado es miembro de la misma. En lo que respecta a la víctima Brasilia Alanoca Chuquimia, de los antecedentes adjuntos consistentes en cedula de identidad con número 6003052 de la prenombrada (fs. 70), Resolución de Imputación Formal HJM PUC 9/2022, Requerimiento Fiscal de Acusación Formal PFGP 11/2023 y Resolución de Rechazo de Denuncia HJM PUC 23/2022 (Conclusiones II.1 y II.2), se evidencia que tiene como residencia la Comunicad Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de la Paz; en ese entendido, tanto el imputado como la supuesta víctima, residen en dicha comunidad y tienen vínculos con la misma, aspecto no desvirtuado por ninguna de las personas referidas; por lo tanto, se tiene cumplido el ámbito de vigencia personal por la JIOC. En lo que atañe al ámbito de vigencia territorial, este elemento se encuentra vinculado con que las relaciones y hechos jurídicos realizados o sus efectos, se produzcan dentro de la jurisdicción de una NPIOC; en el caso en análisis, en la Comunicad Cota Cota, municipio de Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz. En ese entendido, los hechos descritos tanto en la imputación formal como en la acusación, ocurrieron el 15 de diciembre de 2021 a horas 8:00 aproximadamente en el camino o sendero -sobre la parcela de propiedad del imputado-ubicado en el lugar denominado Patapata de la comunidad, municipio, provincia y departamento señalados, involucrando este incidente a las partes del proceso penal y del que finalmente Brasilia Alanoca Chuquimia resultó con lesiones graves y leves; consiguientemente, estos datos permiten concluir que se tiene cumplido el ámbito de vigencia territorial de la JIOC. En lo concerniente al ámbito de vigencia material; la función jurisdiccional de la NPIOC se ejerce para conocer y solucionar asuntos, conflictos o controversias que afectan en la convivencia de la comunidad, que histórica y tradicionalmente conocieron conforme a sus saberes, normas y procedimientos propios, salvo en los temas o materias que en forma expresa se encuentra restringidos o prohibidos por la Ley de Deslinde Jurisdiccional. En esa comprensión, los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2021 a horas 8:00 aproximadamente, en el sendero -sobre la parcela de propiedad del imputado- del lugar denominado Patapata, de la comunidad Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, entre Flavio Francisco Segales Viscarra y Brasilia Alanoca Chuquimia, derivando en las lesiones de ésta última, calificados en el proceso penal como lesiones graves y leves, no se encuentran restringidos para el conocimiento y resolución de la JIOC conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, ejercida en el presente caso por los demandantes del presente conflicto de competencias jurisdiccionales, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio, provincia y departamento referidos. De las consideraciones efectuadas, se concluye que se cumplieron de manera simultánea los tres ámbitos de vigencia para el ejercicio de la JIOC, como se tiene analizado en líneas precedentes, correspondiendo resolver en favor de la JIOC para que conozca y resuelva los hechos concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, signado con CUD 212102242100258.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1º Declarar COMPETENTE a la JIOC ejercida por Bernabé Espino Segales, Lucio Valencia Mamani, Félix Calcina Choque, Edwin Huampu Espinoza y Rey Santos Merlo Maydana, representantes del Consejo Amawtico de Justicia de la Sub Central Agraria Cota Cota del municipio de Pucarani de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, para el conocimiento y resolución de los hechos concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Brasilia Alanoca Chuquimia contra Flavio Francisco Segales Viscarra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto en el art. 271 del CP, signado con CUD 212102242100258.
2° Disponer que el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz, se aparte del conocimiento del indicado proceso y remita los antecedentes ante las autoridades de la JIOC. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, René Yván Espada Navía y MSc. Isidora Jiménez Castro por ser de Voto Disidente; asimismo, la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0057_2025.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75508115993c9251672fffc0e0605c48de3080de275e196a9e07e15d55318212
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