B.IA.LEGAL

SCP 0056/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58134-2023-117-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, el Auto de Vista 242/2023-SP2, emitido por la Vocal demandada, confirmó su detención preventiva de manera genérica, incurriendo en los siguientes actos lesivos: a) Sobre la probabilidad autoría, determinó la existencia del grupo de WhatsApp “MISION 007” sin haber contrastado los teléfonos; b) Convalidó la activación oficiosa del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- señalando que esta estuviera acreditada por el trabajo de delivery que realiza; y, c) De manera general sostiene que no se dio respuesta específica a los agravios ni adecuada individualización de su conducta. Ante ello, la Vocal demandada refirió que la presente acción tutelar es improcedente por subsidiariedad e inexistencia de persecución ilegal o procesamiento indebido atribuible a la Sala Penal a su cargo; además, el Auto de Vista cuestionado se encuentra debidamente motivado conforme a derecho, ya que se identificaron indicios suficientes propios de la fase cautelar; finalmente, de estimar insuficiencias formales, el impetrante de tutela debió activar la explicación, complementación y enmienda conforme al art. 125 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, disponiendo mantener incólume y vigente el Auto de Vista 242/2023-SP2 de 24 de agosto, salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante se hubiese visto modificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis de caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58134-2023-117-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elvis Renee Carrillo Quispe contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 2 y 38 a 47 vta., el accionante manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de secuestro, ante una supuesta situación de flagrancia, la Fiscal de Materia de turno presentó imputación formal el 18 de agosto de 2023, llevándose a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares el 19 de igual mes y año, donde el Ministerio Público fundamentó “…UNICAMENTE EN CUANTO A LA PROBALBILIDAD DE AUTORIA DE TODOS LOS IMPUTADOS…” (sic); y, a su turno, la presunta víctima manifestó que presentó memorial ampliando riesgos procesales y el tipo penal al de asociación delictuosa; no obstante, dicho memorial no cursaba en el expediente a momento de dicha audiencia. En ese contexto, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija emitió el Auto Interlocutorio 209/2023 de 19 de agosto, en el que dio por acreditada la probabilidad de autoría para el delito de secuestro, basando su decisión en el argumento de que su persona formaba parte de un grupo de WhatsApp denominado “MISION 007”, y que, por cultura general, y con base en la sana crítica, se podía inferir que pertenecer a un grupo con esa denominación daba cuenta de las acciones de peligro que pudo realizar; empero, no cursa documentación que acredite aquello. Por otro lado, el referido Juez, de manera unilateral declaró la probabilidad de autoría respecto al delito de asociación delictuosa, sin que el mismo fuera requerido de forma escrita por la presunta víctima, privándole, en este caso, de su derecho a la defensa; de igual manera, determinó la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. “134.7” -siendo lo correcto 234.7- del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que, por la actividad de delivery que desempeña, representaría un peligro -efectivo- para la sociedad sin justificación alguna. Ante estas fundamentaciones arbitrarias, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 242/2023-SP2 de 24 de agosto, por el cual Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada-, confirmó el Auto Interlocutorio 209/2023; y, más allá de brindar una respuesta coherente y fundada a los cuestionamientos realizados, la prenombrada autoridad se limitó a señalar que fue evidente que se detalló la probabilidad de autoría tanto de su persona como de los coimputados, y que por ello se encontraría debidamente fundamentada la misma; de igual manera, respecto al riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, otorgó respuestas genéricas; no obstante, advirtió una incongruencia en la activación de dicho riesgo procesal; finalmente, señaló que el Juez a quo no realizó una correcta aplicación del test de proporcionalidad, y resolvió declarando con lugar a su recurso de apelación, pero sin modificar su medida cautelar.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

El accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga anular “…TODAS LAS RESOLUCIONES JUDICIALES…” (sic), entre ellas el Auto de Vista 242/2023-SP2.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El art. 302.1 del CPP establece que debe realizarse la individualización precisa de los imputados, incluso en caso de multiplicidad de los mismos, debiendo identificarse con la mayor claridad posible los aspectos negativos y positivos de cada uno de ellos; b) El Auto de Vista hoy objetado y resuelto en alzada por la Vocal demandada, no cuenta con una correcta fundamentación y motivación, puesto que la prenombrada autoridad se limitó a dar lectura al Auto Interlocutorio de la medida cautelar, validándolo sin justificar el hecho concreto ni individualizar de manera específica la participación de cada uno de los imputados, tal como aconteció con su persona que fue imputado y su probable autoría fue declarada con base en conjeturas que están prohibidas de acuerdo a los arts. 234, 235 y 302 del CPP; c) No participó en el supuesto grupo “007” y no fue aprehendido en el lugar del hecho, habiéndose dispuesto su aprehensión por conjeturas contrarias a la ley y la Constitución Política del Estado debido a que estaba incorporado en el referido grupo de WhatsApp; d) La Vocal demandada se limitó a señalar que no existió vulneración del derecho a la motivación por parte del Juez a quo, sin dar mayores razones, ni atender todos los reclamos que indicaron las partes en audiencia de apelación; y, e) La mayor incongruencia es que la autoridad judicial demandada determinó con lugar en parte el recurso de apelación, señalando que el a quo no realizó un adecuado test de proporcionalidad; empero, decidió mantener la medida cautelar impuesta sin dar razón alguna.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 51 a 52, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) La acción de libertad es improcedente, pues no se evidencia riesgo a la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido ni privación de libertad atribuible a la Sala Penal a su cargo; además, rige la subsidiariedad al existir vías idóneas y eficaces en sede ordinaria; 2) El Auto de Vista 242/2023-SP2 se halla debidamente motivado y fundamentado, ya que contrastó los agravios expuestos en audiencia y confirmó la activación de la probabilidad de autoría y de los riesgos procesales conforme a la SCP 0167/2022-S1 de 3 de mayo, puesto que identificó elementos objetivos respecto de los coimputados -actuación organizada para el retiro de dinero, creación del grupo de WhatsApp “Misión 007”, retiro sin placas de circulación, entre otros- suficientes para la fase cautelar, sin prejuzgar su culpabilidad; y, 3) De estimar insuficiente la motivación, el accionante debió pedir explicación, complementación y enmienda en mérito al art. 125 CPP.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución 04/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la notificación con dicha Resolución, la Vocal demandada emita un nuevo Auto de Vista, sin determinar la libertad del accionante; con base en los siguientes fundamentos: i) Se advirtió la activación oficiosa del riesgo procesal de fuga del art. 234.7 del CPP, sin requerimiento ni fundamentación en audiencia por el Ministerio Público ni la víctima; ii) El Auto Interlocutorio 209/2023 tuvo por acreditada la probabilidad de autoría apoyándose esencialmente en la creación del grupo de WhatsApp “‘MISIÓN 007’” y en conjeturas sobre su denominación; iii) El Auto de Vista 242/2023-SP2 contiene una motivación genérica, sin dar respuesta específica a los agravios relativos a la probabilidad de autoría ni a la activación del riesgo de fuga; iv) Tal déficit de fundamentación y motivación vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, con incidencia directa en el derecho a la libertad; v) Los tribunales de alzada deben motivar las resoluciones que dispongan, mantengan o modifiquen medidas cautelares, conforme al art. 124 CPP y la jurisprudencia constitucional, tal como la SCP 0271/2018-S2 de 25 de junio, entre otras; y, vi) Si bien la jurisdicción constitucional no revalora prueba, sí tutela al respecto cuando la decisión carece de razonabilidad o incurre en omisiones arbitrarias, como ocurrió en el presente caso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 67), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 71); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 209/2023 de 19 de agosto, emitido por Vladimir Gustavo Taboada Suárez, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, por el cual, dispone la detención preventiva por dos meses de Elvis Renee Carrillo Quispe -hoy accionante- y otros coimputados (fs. 23 a 32). II.2. Por Auto de Vista 242/2023-SP2 de 24 de agosto, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada- declaró “...CON LUGAR EN PARTE el recurso de apelación incidental interpuesto por los coimputados, únicamente en lo que respecto al test de proporcionalidad que no se evidencia en el mismo, sin embargo, se ha determinado y fundamentado en este Auto de Vista la necesidad de determinar en primera instancia la detención preventiva de los imputados, no siendo evidente los demás agravios, pudiéndose advertir el cumplimiento fiel de lo que exige el art. 124 y 136 del CPP, en cuanto a la fundamentación y motivación que exige el CPP” (sic), manteniendo la medida de la detención preventiva para el accionante (fs. 33 a 37 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones; toda vez que, el Auto de Vista 242/2023-SP2, emitido por la Vocal demandada, confirmó su detención preventiva de manera genérica, incurriendo en los siguientes actos lesivos: a) Sobre la probabilidad autoría, determinó la existencia del grupo de WhatsApp “MISION 007” sin haber contrastado los teléfonos; b) Convalidó la activación oficiosa del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- señalando que esta estuviera acreditada por el trabajo de delivery que realiza; y, c) De manera general sostiene que no se dio respuesta específica a los agravios ni adecuada individualización de su conducta. Ante ello, la Vocal demandada refirió que la presente acción tutelar es improcedente por subsidiariedad e inexistencia de persecución ilegal o procesamiento indebido atribuible a la Sala Penal a su cargo; además, el Auto de Vista cuestionado se encuentra debidamente motivado conforme a derecho, ya que se identificaron indicios suficientes propios de la fase cautelar; finalmente, de estimar insuficiencias formales, el impetrante de tutela debió activar la explicación, complementación y enmienda conforme al art. 125 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación en las resoluciones que resuelven medidas cautelares se extiende al Tribunal de apelación: Alcance de la previsión contenida en el art. 398 del CPP

Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) …los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Asimismo, la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, respecto a los elementos necesarios a ser considerados por los jueces y tribunales penales en la definición de los pedidos de cesación de detención preventiva, estableció los siguientes de necesaria concurrencia: “…a) Debida ponderación respecto a cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y cuáles los nuevos elementos de convicción aportados a objeto de demostrar que ya no concurren o denoten la conveniencia que la medida sea sustituida por otra; b) Fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones dictadas, por cuanto al estar vinculadas a la libertad de los imputados, la exigencia en dicho sentido, es aún mayor; c) Valoración integral de los medios probatorios en el marco de las reglas del debido proceso; no siendo viable apartarse de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni omitirla arbitrariamente; d) Efectuar una evaluación integral sobre los parámetros y criterios objetivos a fin de determinar la persistencia o no de los peligros procesales, realizando un test sobre los aspectos favorables o desfavorables, que informen al caso, no siendo viable sustentarse en cuestiones subjetivas y sin respaldo alguno; y, e) Todas las exigencias anotadas, deben ser cumplidas tanto en primera instancia, como en segunda, por los Tribunales de alzada” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis de caso concreto

Elvis Renee Carrillo Quispe -hoy accionante-, alude como lesionada su garantía al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, señalando que, mediante Auto de Vista 242/2023-SP2 de 24 de agosto, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandada- confirmó su detención preventiva sosteniéndose en consideraciones genéricas, entre ellas: 1) El fundamento respecto a la existencia del grupo de WhatsApp denominado “MISION 007” que acreditaría la probabilidad de autoría; 2) La convalidación de la activación oficiosa del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, pues el a quo argumentó que la actividad de delivery representaría un peligro efectivo para la sociedad; y, 3) La falta de respuesta específica a los agravios y la inadecuada individualización de su conducta. En el caso concreto se tiene que el Juez a quo, a través del Auto Interlocutorio 209/2023 de 19 de agosto (Conclusión II.1), en relación a los presupuestos procesales señaló lo siguiente: i) En relación a la probabilidad de autoría del delito de secuestro, los coimputados -incluyendo el ahora accionante-, estaban organizados en un grupo de WhatsApp denominado “misión 007” que hace referencia a una situación de peligro, además que aceptaron el pedido de la coimputada Rose Gareca respecto a ir sin sus placas de circulación a realizar el servicio de delivery, por lo que, al ser todos mayores de edad, debieron de haber advertido lo irregular de la situación; ii) En cuanto al delito de asociación delictuosa invocado por la víctima, se tiene a cinco imputados -incluyendo al ahora accionante- que están siendo investigados por la presunta comisión del delito de secuestro, por lo que, existe un nexo específico entre estas cinco personas, consecuentemente, está acreditado este tipo penal; y, iii) Sobre el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP, no basta con verificar si los imputados tienen antecedentes penales, sino que, de acuerdo a la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo, para asumir la determinación de que una persona constituye un peligro efectivo para la sociedad, debe evidenciarse un peligro materialmente verificable; en ese entendido, en el caso se está hablando de la supuesta autoría del ilícito de secuestro, donde se puso en riesgo a una menor de edad, además que, la constitución de un grupo ya articulado que está sujeto a investigación y que además tiene la denominación de “misión 007”, en el cual se pudo facilitar cobros de dinero producto de una demanda de secuestro, razonablemente puede considerarse como un peligro efectivo para la sociedad, siendo que incluso este grupo está conformado por personas que se dedican a la actividad de delivery que es un servicio público en el cual están en constante contacto con la población, en consecuencia, declaró ese riesgo procesal como vigente. El abogado del accionante, en audiencia de apelación de medidas cautelares, apeló los siguientes puntos: a) La presunta víctima refiere que la imputación habría sido ampliada por el delito de asociación delictuosa, no obstante, no cursa el memorial en el que se hubiese realizado dicha ampliación, situación que no fue valorada por la autoridad jurisdiccional; b) El Juez a quo vulneró el debido proceso por falta de motivación y fundamentación porque señaló de forma retórica que el imputado -ahora accionante- debió de haber actuado de otra manera ante el pedido de la coimputada; c) El nexo de la causalidad debe adecuarse al art. 20 del Código Penal (CP) en cuanto a la probabilidad de autoría, sin embargo, el Juez a quo concluyó la existencia del delito debido a la creación de un grupo de WhatsApp sin haber contrastado los teléfonos; d) Se activó el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- pero no se demostró que el impetrante de tutela realizaría la actividad de delivery como modus vivendi; por lo que, se contrarió la determinación del art. 234 del CPP que establece la prohibición de basarse en subjetividades a momento de activar los riesgos procesales; y, e) Respecto a la aplicación de las medidas cautelares, señalo que estas son excesivas y no fueron requeridas por el Ministerio Público. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que la Vocal demandada, mediante Auto de Vista 242/2023-SP2, en relación a lo apelado: 1) Identificó el presupuesto material del art. 233 del CPP, describiendo de forma diferenciada el cuadro fáctico atribuido al impetrante de tutela -actuación concertada para el retiro de dinero, pertenencia y coordinación a través del grupo de WhatsApp denominado “misión 007”, desplazamientos sin placas de circulación-; y, explicó por qué esos indicios, valorados en su conjunto, son coherentes con la fase cautelar -probabilidad de autoría y participación- sin que sea exigible prueba de cargo propia del juicio, puesto que, en relación al Juez a quo, señaló que éste identificó a las personas que ejecutaron el cobro -incluido el accionante- teniendo en cuenta la creación del señalado grupo donde detalló la participación de cada uno de estos y su mayoría de edad, estableciendo que podían advertir la ilegalidad del acto al haberse solicitado que se realice dicho cobro sin las placas de circulación de las motocicletas; en consecuencia, la Vocal demandada, respondió el agravio en relación a la probabilidad de autoría; 2) Examinó la vertiente del peligro efectivo para la sociedad prevista en el art. 234.7 del CPP, descartando inferencias meramente subjetivas y basando su razonamiento en factores objetivos del caso en concreto -en particular, la condición de menor de edad de la víctima y la modalidad organizada del hecho-, lo que conecta la decisión con fines cautelares legítimos y evita la arbitrariedad, señalando que la acreditación de peligro efectivo es para la sociedad y no así para la víctima, por lo que, determinó que el referido riesgo procesal está vigente para cuatro coimputados -incluido el accionante-; y, 3) Mantuvo la congruencia en la decisión al declarar “…con lugar en parte…” (sic) únicamente para corregir la ausencia del test de proporcionalidad en primera instancia, mas fundamentando de modo autónomo la conservación de la detención preventiva a partir de los elementos antes descritos. De lo anterior se concluye que, la estructura del Auto de Vista cuestionado es coherente con el deber de motivación reforzada, tratándose de restricciones a la libertad; asimismo, se enmarca en la competencia de revisión prevista por el art. 398 del CPP, entendido de manera integral con los arts. 233 y 236 del mismo cuerpo adjetivo. En ese entendido, no se evidencia el vicio de motivación que el accionante atribuye al Auto de Vista 242/2023-SP2, tampoco se desvirtuó en apelación respecto a la probabilidad de autoría ni al riesgo procesal vigente de peligro efectivo para la sociedad. Antes bien, la resolución de alzada: i) Respondió al agravio sobre la probabilidad de autoría desde un razonamiento que individualiza y conecta hechos-indicios-conclusión; ii) Justificó la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad con razones verificables y pertinentes al tipo de riesgo invocado, sin apoyarse en conjeturas ajenas al caso y específicamente para los coimputados donde está inmerso el ahora accionante; y, iii) Determinó una decisión coherente con su parte considerativa, estableciendo la necesidad de mantener la medida cautelar en atención a la gravedad del hecho y a la protección reforzada de la víctima menor de edad; por lo tanto, no se evidencia ausencia de motivación y fundamentación, debiendo denegarse la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 57 a 63, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, disponiendo mantener incólume y vigente el Auto de Vista 242/2023-SP2 de 24 de agosto, salvo que por el transcurso del tiempo la situación de la parte accionante se hubiese visto modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0056_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 228fbbc239b100cb9af308e5049c7722a36c5782d5bc5ffb834174e41aa6e471

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →