Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física o personal y de libre locomoción, a la defensa, al debido proceso, a la igualdad de las partes, al derecho a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, a los principios de celeridad, legalidad, seguridad jurídica y “protector” en razón a que, dentro del proceso social seguido contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Fábrica de Cintas y Trenzados DAYZI S.R.L.”, de la cual era representante legal: i) Las Resoluciones 229/2022, de conminatoria al pago de beneficios social; y, 247/2022, 294/2022 y 487/2022, que ordenaron su apremio, fueron notificadas de forma irregular, que impidieron su conocimiento efectivo, conllevando la aplicación y ejecución desmedida del uso de los medios coercitivos que establece la legislación aplicable como el apremio, generando un estado de indefensión; además de desigualdad al otorgarse al demandante a través de providencia de 1 de junio de 2023, un plazo adicional para la contestación al incidente de nulidad que formuló contra tales irregularidades; ii) Ante la remoción de su condición de representante legal de la referida Sociedad Comercial y consecuente designación de uno nuevo, cuyo apersonamiento fue admitido; a través del memorial presentado el 17 de agosto de 2023, puso a conocimiento de la Jueza -ahora accionada- la ilegalidad de su apremio, solicitando expresamente su liberación; no obstante, transcurrieron más de tres meses y quince días sin que emita resolución expresa; y, por el contrario se limitó a correr tra…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 020/2023 de 22 de diciembre, cursante de fs. 398 a 400 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por pronto despacho respecto a la falta de definición de la situación jurídico-procesal del accionante dentro del proceso social, ante la constatada vulneración del derecho al debido proceso y al principio de celeridad vinculados con la libertad física y de libre locomoción del nombrado, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente;
2° Disponer que la autoridad judicial accionada de forma inmediata y expresa resuelva el fondo de la solicitud realizada a través de memorial presentado el 17 de agosto de 2023 por el impetrante de tutela; o, en caso de existir una limitación competencial derivada de las vacaciones judiciales, dinamizar el extrañado pronunciamiento, salvo que ello ya hubiese sido absuelto por el transcurso del tiempo y/o por el alcance dispositivo asumido por el Juez de garantías; y,
3° DENEGAR la tutela solicita, respecto a las denuncias de irregularidades procesales y jurisdiccionales en las comunicaciones procesales observadas y efectos emergentes de emisión y ejecución del mandamiento de apremio contra el accionante, relacionados con la alegada lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad física o personal y de libre locomoción; y, a la igualdad de las partes, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; a la pretensión de que se ordene su inmediata libertad; y, a la alegación de presunta vulneración de los derechos a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, al principio “protector” invocados respecto a la esposa -representante sin mandato- del impetrante de tutela, de acuerdo a lo expuesto precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 60815-2024-122-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 020/2023 de 22 de diciembre, cursante de fs. 398 a 400 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eliana Sandra Ríos de Dabdoub en representación sin mandato de Issa Jean Maurice Dabdoub Schmiedl contra Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2023, cursante a fs. 1; y, 3 a 22 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En enero de 2020, Francisco Savino Rodríguez Poma -ahora tercero interviniente-interpuso proceso social por concepto de pago de beneficios sociales, en su contra, como representante legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gira bajo la denominación “Fábrica de Cintas y Trenzados DAYZI S.R.L.”, en mérito al Poder 363/2010 de 7 de mayo, proceso que fue llevado a cabo en rebeldía, no habiendo la referida Sociedad Comercial demandada tenido conocimiento del mismo sino hasta la emisión y ejecutoria de la Sentencia -42/2021 de 9 de julio-, siendo la razón de ese desconocimiento que “...gran parte del proceso...” (sic), se notificó a través de comunicaciones procesales sentadas en Secretaría del Juzgado, tales como: a) La Resolución 229/2022 de 9 de junio, de conminatoria de pago, que fue notificada de forma irregular, cuando debió practicarse personalmente o mediante cédula en el domicilio real, impidiendo que pueda conocer efectivamente ese acto -procesal-y asumir los mecanismos de defensa que le asisten; y, b) Las Resoluciones 247/2022 de 22 de junio y 294/2022 de 28 de julio, que ordenaron su apremio, incurrieron en errores similares en la aplicación de los mecanismos de comunicación procesal, impidiendo su conocimiento efectivo. Como consecuencia de ello, la Resolución 487/2022 de 24 de noviembre, que ordenó librar mandamiento de apremio con facultades de allanamiento y habilitación de horas extraordinarias y ruptura de candados, fue emitida sin agotar el mecanismo de la conminatoria y actuaciones sucedáneas, constituyendo una aplicación desmedida y excesiva del uso de los medios coercitivos que establece la legislación aplicable, sin cumplir con el debido proceso, puesto que, la notificación en Secretaría no garantiza el conocimiento de dichos actos, generando un estado de indefensión de la Sociedad Comercial demandada, siendo todos estos hechos oportunamente puestos a conocimiento de la “denunciada” y reiterados los pedidos para que se suspendan las órdenes de “aprehensión” -apremio- en tanto se resolviesen los incidentes y recursos presentados para remediar las irregularidades cometidas, respecto a uno de las cuales por providencia de 1 de junio de 2023 se otorgó un plazo adicional al demandante para la presentación de su respuesta, violando flagrantemente los plazos procesales y el principio de igualdad; por lo que, existen actos procesales sucesivos y persistentes que constituyen vías de hecho, que importan la existencia de abusos contrarios al orden constitucional vigente.
Refiere que el 6 de julio de 2023, fue intervenido por dos oficiales quienes utilizando facultades de allanamiento ingresaron de forma inadvertida a su domicilio para “aprenderle” -apremiarle-, encontrándose en ese momento su esposa quien está en situación de discapacidad, y se conmocionó, por lo que, a fin de no agravar su condición accedió al ilegal procedimiento.
Sostiene que el 19 de junio de 2023 fue removido como representante legal de la Sociedad Comercial antes referida, revocándosele -conforme a Poder 1312/2023 de 10 de julio- el Poder Notarial que le fuera otorgado, siendo el nuevo representante legal -Juan- José Antonio Arteaga Alba, por lo que, desde la indicada fecha no se encuentra facultado para disponer de ningún bien de la misma; ante ello, el 12 de igual mes y año el señalado nuevo representante presentó memorial apersonándose en tal calidad, la cual fue admitida a través de providencia de 13 del mismo mes y año, emitida por Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, continuando el nombrado con las actuaciones -procesales- en el estado de la causa social y además de manifestar la intención de pago.
En ese sentido el 17 de agosto de 2023, puso a conocimiento de la autoridad judicial -ahora accionada- la ilegalidad de su detención -apremio-, solicitando expresamente su liberación, en atención al cese de su condición de representante legal que la habría originado, adjuntando las pruebas necesarias para la consideración de la misma; empero, hasta el momento de interposición de esta acción de libertad transcurrieron más de tres meses y quince días sin que la referida Jueza emita resolución expresa, sino por el contrario mediante providencia de 21 de agosto del mismo año, dispuso traslado a tal solicitud; y, posteriormente, el 15 de septiembre del referido año, requirió al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) informe si su persona es representante de la Sociedad Comercial demandada, el cual siendo remitido -el 18 de octubre del mismo año- demuestra lo afirmado en su petición de libertad.
Así tampoco la señalada Jueza tuvo presente que la deuda que pretende -sea pagada- no es de su persona, como una responsabilidad intuito personae, sino que debe ser satisfecha a través del representante legalmente constituido de la mencionada Sociedad Comercial; por lo que, resulta evidente la existencia de una dilación injustificada y excesiva respecto a la consideración de su situación de injustamente detenido -apremiado- en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, y, si bien no existe un plazo previsto por el Código Procesal del Trabajo, para que emita un pronunciamiento sobre la mencionada solicitud de libertad, se debe considerar la SCP 0429/2023-S4 de 5 de junio, que estableció que debe ser considera con la mayor celeridad posible.
Por otra parte, señala que, se constituye en cuidador principal de su esposa Eliana Sandra Ríos de Dabdoub -ahora representante sin mandato-, quien se encuentra calificada con grado de discapacidad, ante el impedimento en su movilidad, requiriendo asistencia para desarrollar sus actividades habituales, considerando además que sus hijos mantienen sus propios núcleos familiares y vidas independientes; en consecuencia, la aplicación desmedida e injusta de su detención -apremio- arbitraria como la propiciada por la Jueza accionada, tiene incidencia también en la privación de los derechos especiales de protección que la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- le confiere a la referida, derivando en la violación del principio protector que establece el Estado en favor de persona en esa situación vulnerable y los derechos de la persona con discapacidad a vivir dignamente.
Finaliza alegando la existencia de criterios de excepción en la aplicación de subsidiariedad -excepcional- en mérito a la dilación excesiva a su petición de libertad, constituyendo una omisión deliberada como consecuencia de la cual, la vía ordinaria se constituye en un mecanismo carente de idoneidad para conocer y resolver su situación apremiante; así también ante la existencia de personas en situación de vulnerabilidad afectadas por el agravio, concretamente la condición de discapacidad de su esposa -hoy representante sin mandato-, siendo indispensable la habilitación de forma directa de la justicia constitucional.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad física o personal y de libre locomoción, a la defensa, al debido proceso, a la igualdad de las partes, al derecho a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, a los principios de celeridad, legalidad, seguridad jurídica y “protector”; citando al efecto los arts. 14.V y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se emita orden de libertad -a su favor-. En audiencia, impetró se dejen sin efecto los actos realizados por la Jueza accionada y en mérito al carácter protector de esta acción de defensa, reponga su derecho a la libertad personal; y, como consecuencia, se ordene su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 395 a 397 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través su abogado, ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar; y, ampliando en audiencia señaló que: 1) La autoridad judicial estaba compelida a aplicar el principio de celeridad, pero no se pronunció “...y entendemos que no se pronunciará hasta la vuelta de la vacación que tiene ocasión ahora...” (sic); y, 2) Solicitó se dejen sin efecto los actos realizados por la Jueza accionada y en mérito al carácter protector de esta acción de defensa, reponga su derecho a la libertad personal; y, como consecuencia, se ordene su inmediata libertad.
Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito -no consta firma- cursante de fs. 393 a 394 vta., efectuando una relación extensa de antecedentes correspondientes al proceso social -del cual emerge esta acción tutelar-sostuvo que: i) Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, el ahora accionante solicitó mandamiento de libertad, el cual fue puesto a conocimiento de la parte contraria; y, por decreto de “fs. 322” se ordenó al SEPREC informe respecto a quién sería el nuevo representante legal y desde qué fecha tendría esa calidad, oficio que fue devuelto el “27” de octubre de igual año, que también fue puesto a conocimiento de partes; ii) En cumplimiento de las funciones -atribuciones- específicas establecidas en el Código Procesal del Trabajo se limitó a dar cumplimiento a los arts. 213 y 216 del citado cuerpo normativo, cuidando que no se vulnere el derecho al debido proceso; iii) Los argumentos expuestos por el peticionante de tutela no son evidentes, siendo que en todo momento se notificó a la Sociedad Comercial demandada conforme mandan los arts. 124 y 141 del citado Código; iv) Previamente a la emisión del mandamiento de apremio se conminó al pago de la obligación de acuerdo con el art. “113” del adjetivo laboral; v) A momento de la “apre[he]nsión” -apremio- el ahora impetrante de tutela señaló ser Gerente General y representante legal de la mencionada Sociedad Comercial, siendo posterior el apersonamiento del nuevo representante; vi) Respecto a la liberación del nombrado, se tiene que la Sociedad Comercial “...cayo en su propia negligencia...”, puesto que, en la etapa en la que se encuentra el proceso social, el nuevo representante legal hasta la fecha -se comprende de presentación del informe- no cumplió con el pago del monto adeudado al demandante -ahora tercero interviniente-, debiéndose considerar que, el cambio de representante legal de una persona jurídica no debe afectar al trabajador, quien tiene una sentencia ejecutoriada de cumplimiento obligatorio; vii) Tratándose de un proceso con privado de libertad, el mismo se encuentra radicando en Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, viii) Solicitó se declare “IMPROCEDENTE” esta acción de defensa, “...mientras no se haga efectivo el pago de la obligación debida por la empresa demandada, dado que no se tiene otra garantía y/o medida precautoria que viabilice el pago debido” (sic).
Francisco Savino Rodríguez Poma, demandante dentro de la causa social de la cual deviene esta acción de defensa, si bien no tuvo actuación en la fase inicial del proceso constitucional; empero, habiendo presentado memorial el 17 de abril de 2024, ante este Tribunal con la suma “SOLICITA REVOQUE RESOLUCIÓN N° 20/2023 EN MERITO A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS” (sic), cursante de fs. 549 a 551, que mereció decreto constitucional de 25 de igual mes y año, que, sosteniendo el ejercicio de su intereses legítimo, lo tuvo por apersonado en resguardo y protección de sus derechos (fs. 552); y, posteriormente, solicitado el adelanto de sorteo de esta causa constitucional (fs. 571 a 572 vta.), que fue resuelto ha lugar; es pertinente conocer los argumentos expuestos por el nombrado: a) El Juez de garantías se limitó a mencionar fallos constitucionales, sin considerar los fundamentos de derecho ni tampoco la resolución de los mismos; b) El ahora accionante asumió defensa en el proceso social y habiéndose hecho el cambio de representante -legal- después de su detención -apremio- no puede sustraerse de la obligación que adquirió como empleador, ya que lo que se busca es burlar el pago de sus beneficios sociales; por lo que, el Juez de garantías incurrió en error; c) Debió considerarse la SCP 0182/2012 de 18 de mayo, dado que, conforme el Informe del SEPREC el impetrante de tutela es el mayor accionista de la Sociedad Comercial demandada; d) Como consecuencia de la Resolución 020/2023 -ahora venida en revisión- el accionante fue liberado sin haber cumplido con el pago de los beneficios sociales, cuando se procedió a la modificación del representante legal de manera posterior a la detención -apremio-, generando un funesto precedente, “...ya que bastaría la modificación de la representación legal de parte del empleador para que en caso de su detención este salga (...) y de esta manera el trabajador nu[n]ca podrá materializar el pago de sus beneficios sociales” (sic); y, e) Solicitó se deniegue la tutela impetrada-; y, se sancione al Juez de garantías por haber emitido un fallo atentatorio a los derechos de los trabajadores, protegidos por el art. 48 de la CPE.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 020/2023 de 22 de diciembre, cursante de fs. 398 a 400 vta., concedió la tutela impetrada, “...disponiendo que de manera inmediata por este juzgado se emita el mandamiento de libertad a favor de Issa Maurice Dadboud con la mención de esta acción de libertad a los efectos de su cumplimiento sin perjuicio una vez que se retorne a la continuidad laboral la autoridad judicial determine las responsabilidades de la continuidad de representación respecto de otra persona del cual se halla claramente identificado a través de los poderes ampliamente citados exhortándose a la Empresa Sociedad Fabrica de Cintas y Trenzas S.R.L., a cumplir con la obligación establecida a través de una sentencia firme determinada por la autoridad judicial ahora demandad[a], al tenerse como protección el derecho laboral” (sic).
Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme a la línea jurisprudencial desarrollada el -mandamiento de- apremio debe ser emitido contra el o los representantes legales que asumieron defensa, salvo que en ejecución de sentencia se presente otro personero, que será aceptado por el juez de la causa, pues ante esta nueva representación, es lógico suponer que se debe dejar sin efecto el mandamiento emitido en contra del anterior representante legal y debe expedirse uno nuevo contra el actual; 2) El hoy accionante por determinación legal y bajo la autonomía de voluntad expresada en un documento de Poder -Notarial- habría perdido todas las facultades legales para disponer sobre los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Fabrica de Cintas y Trenzados Daysi S.R.L. demandada dentro del proceso social, extremo corroborado por el Informe del SEPREC de 12 de octubre de 2023, que de manera clara y contundente señala que, el representante legal de la Sociedad comercial demandada es -Juan- José Antonio Arteaga “Álvarez” -siendo lo correcto Alba-; 3) Evidentemente la Norma Suprema establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones que deben ser cumplidas por los empleadores; sin embargo, se debe considerar el principio de legalidad, en ese sentido, la Jueza accionada al haber extremado formalismos y providencias, cuando ya tenía conocimiento del -Informe del-SEPREC, “...debió dar curso inmediatamente al tenerse en cuenta de que se trata de un detenido y con el fin de proteger los derechos del trabajador no debió ingresar solo a esa protección” (sic); 4) Siendo que se habría determinado que el hoy impetrante de tutela ya no sería más representante legal de la antes referida Sociedad Comercial, corresponde determinar la ilegalidad de su detención -apremio-; y, si bien existe sentencia ejecutoriada la misma esta dirigida a la persona jurídica y no así a la persona natural, en este sentido, al no ser representante legal la privación de libertad ya no tendría eficacia para el cumplimiento -del pago- de los beneficios sociales, por lo que, se estarían vulnerando derechos y garantías constitucionales; y, 5) Al estar gozando la autoridad judicial de la vacación judicial ello le impediría determinar o cumplir con los aspectos que hacen a su competencia, como atender la solicitud de la libertad del ahora peticionante de tutela, por lo que, de acuerdo a lo establecido por el art. 125 de la CPE, corresponde dar curso de manera inmediata conforme determina el procedimiento.
Mediante Auto Constitucional (AC) 175/2024-CA/S de 8 de julio, cursante de fs. 573 a 576, ante la solicitud efectuada por Francisco Savino Rodríguez Poma -hoy tercero interviniente- de adelanto de sorteo (fs. 571 a 572 vta.), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso social por concepto de pago de beneficios sociales, seguido por Francisco Savino Rodríguez Poma -ahora tercero interviniente-contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gira bajo la denominación “Fábrica de Cintas y Trenzados DAYZI S.R.L.”, por Resolución 229/2022 de 9 de junio, Aleida Betty Sanabria Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexta de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, dispuso: “...SE CONMINA POR UNICA VEZ a la parte demandada (...), representado legalmente por Issa Jean Maurice Dabdoub Schmiedl, a cancelar a la parte actora, la suma de Bs.-333.936,62 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 62/100 BOLIVIANOS) ordenado mediante planilla de actualización de fecha 29 de abril de 2022 (...), el mismo sea dentro del tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse el Mandamiento de Apremio, sea con las formalidades de ley” (sic [fs. 175]).
II.1.1. Por Resolución 247/2022 de 22 de junio, la Jueza accionada, de conformidad con el art. 216 del Código Procesal del Trabajo (CPT) ordenó se expida mandamiento de apremio contra Issa Jean Maurice Dabdoub Schmiedl -ahora impetrante de tutela-(fs. 181).
II.1.2. A través de Resolución 294/2022 de 28 de julio, la autoridad judicial accionada dispuso que se libre mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias contra el ahora accionante (fs. 189).
II.1.3. Mediante Resolución 487/2022 de 24 de noviembre, la Jueza accionada, ordenó se expida mandamiento de apremio con facultad de allanamiento, habilitación de días y horas extraordinarias contra el impetrante de tutela (fs. 223), el cual fue librado el 30 de marzo de 2023, siendo ejecutado el 6 de julio de igual año (fs. 35 y vta.).
II.2. Por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, el accionante, en lo central, dio a conocer a la autoridad judicial -accionada- la remoción como representante legal de la Sociedad Comercial demandada y consecuente revocatoria del Poder 363/2010 de 7 de mayo, a través de Poder 1312/2023 del 10 de julio, habiéndose el nuevo representante legal apersonado al proceso social, por lo que, el ahora impetrante de tutela, solicitó que ante la ausencia de vinculo jurídico con la misma, “...se me aparte del conocimiento del presente proceso y emita inmediatamente y sin ningún trámite, orden de libertad a mi favor” (sic [fs. 371 a 372 vta.]).
II.2.1. Por providencia de 21 de agosto de 2023, la Jueza accionada tuvo presente lo manifestado en el memorial referido precedentemente y puso a conocimiento de la parte contraria (fs. 374)
II.2.2. Por escrito presentado el 13 de septiembre de 2023, el demandante del proceso social -hoy tercero interviniente-, impetró: “...[SE] RECHACE EL PEDIDO DE LIBERTAD SIN HABER CANCELADO EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, a través de infundado y dilatorio memorial., en consecuencia, SE MANTENGA FIRME Y SUBSISTENTE EL MANDAMIENTO DE APREMIO CORPORAL YA EJECUTADO DE FORMA POR DEMAS LEGAL...” (sic [fs. 375 a 377]); ante lo cual, mediante providencia de 15 de septiembre de 2023, la autoridad judicial accionada ordenó: “Por secretaría de despacho extiéndase oficio al SEPREC para que informe a este despacho judicial el señor ISSA JEAN MAURICE DABDOUB SCHMIEDL, es representante legal de la EMPRESA DAYZI FABRICA DE CINTAS Y TRENZADOS y de no ser se señale el nombre del nuevo representante legal y la fecha en la que se realizó el cambio de representante” (sic [fs. 379]).
II.2.3. Consta Nota Cite SEPREC/DRC/PE 04460/2023 de 12 de octubre, presentado en el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Sexto de la Capital del departamento de La Paz, el 18 del mismo mes y año, informando que, el representante legal de la Sociedad Comercial antes señalada es -Juan- José Antonio Arteaga Alba, con fecha de registro el 12 de julio del mismo año y acto registrado “REVOCATORIA DEL PODER No. 0363/2010, Y OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL, EN FAVOR DE JUAN JOSÉ ANTONIO ARTEAGA ALBA” (sic); informe que, por providencia de 20 de octubre del citado año, fue puesto a conocimiento de la parte interesada (fs. 384 y vta.).
II.2.4. Cursa memorial presentado el 27 de octubre de 2023, por el ahora tercero interviniente, con la suma “EN BASE AL CERTIFICADO DEL SEPREC SOLICITA A SU AUTORIDAD SE RECHACE CUALQUIER SOLICITUD DE MANDAMIENTO DE LIBERTAD DEL DEMANDADO” (sic [fs. 385 a 386 vta.); que mereció providencia de 31 del mismo mes y año, por la que la Jueza accionada señaló: “Lo manifestado en el memorial que antecede se tiene presente, el mismo sea a conocimiento de la parte contraria” (sic [fs. 387]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física o personal y de libre locomoción, a la defensa, al debido proceso, a la igualdad de las partes, al derecho a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, a los principios de celeridad, legalidad, seguridad jurídica y “protector” en razón a que, dentro del proceso social seguido contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada “Fábrica de Cintas y Trenzados DAYZI S.R.L.”, de la cual era representante legal: i) Las Resoluciones 229/2022, de conminatoria al pago de beneficios social; y, 247/2022, 294/2022 y 487/2022, que ordenaron su apremio, fueron notificadas de forma irregular, que impidieron su conocimiento efectivo, conllevando la aplicación y ejecución desmedida del uso de los medios coercitivos que establece la legislación aplicable como el apremio, generando un estado de indefensión; además de desigualdad al otorgarse al demandante a través de providencia de 1 de junio de 2023, un plazo adicional para la contestación al incidente de nulidad que formuló contra tales irregularidades; ii) Ante la remoción de su condición de representante legal de la referida Sociedad Comercial y consecuente designación de uno nuevo, cuyo apersonamiento fue admitido; a través del memorial presentado el 17 de agosto de 2023, puso a conocimiento de la Jueza -ahora accionada- la ilegalidad de su apremio, solicitando expresamente su liberación; no obstante, transcurrieron más de tres meses y quince días sin que emita resolución expresa; y, por el contrario se limitó a correr traslado de la misma y pedir informe al SEPREC, incidiendo de esta manera en una dilación injustificada respecto a la consideración de su situación jurídica; y, iii) Siendo el cuidador de su esposa -hoy representante sin mandato- quien se encuentra calificada con grado discapacidad, la aplicación desmedida e injusta de su apremio arbitrario, tiene incidencia también en la privación de los derechos especiales -de su esposa- de protección que le confiere la ley.
La Jueza accionada rebatió los argumentos de esta acción de defensa, observando en lo esencial que: a) En cumplimiento de las funciones -atribuciones- específicas establecidas en la norma, se limitó a dar cumplimiento a los arts. 213 y 216 del CPT; b) En todo momento se notificó a la Sociedad Comercial demandada conforme mandan los arts. 124 y 141 del citado Código; y, c) Respecto a la liberación del peticionante de tutela, se tiene que la Sociedad Comercial “...cayo en su propia negligencia...” (sic), puesto que, en la etapa en la que se encuentra el proceso social, el nuevo representante legal no cumplió con el pago del monto adeudado, debiéndose considerar que el cambio de representante legal de una persona jurídica no debe afectar al trabajador, quien tiene una sentencia ejecutoriada de cumplimiento obligatorio, no teniéndose otra garantía y/o medida precautoria que viabilice el pago.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.
En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas corresponden al texto original).
En cuanto esta modalidad de la acción de libertad, la SCP 0273/2019-S1 de 22 de mayo, citando a la SCP 0770/2014 de 21 de abril, sostuvo que: «El extinto Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó en cuanto al recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- que: "…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida". (…) Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad". Siguiendo con el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la citada Sentencia Constitucional, en su Fundamento Jurídico III.4, señaló: "Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales". En ese sentido, en el mismo Fundamento Jurídico citado en el párrafo anterior agregó a la tipología, el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: "…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (…)» (énfasis perteneciente a la cita jurisprudencial).
Identificadas como se tiene ut supra las problemáticas respecto a las cuales se tiene formulada esta acción de defensa, corresponde ingresar a resolverlas en los alcances que les corresponda. Sobre el punto i) de objeto procesal El accionante alega que, las Resoluciones 229/2022 de 9 de junio, 247/2022 de 22 de junio, 294/2022 de 28 de julio y 487/2022 de 24 de noviembre, fueron notificadas de forma irregular aplicando mecanismos de comunicación procesal, que impidieron su conocimiento efectivo, conllevando en la aplicación y ejecución desmedida del uso de los medios coercitivos que establece la legislación aplicable como el apremio, generando un estado de indefensión; además de desigualdad al otorgarse al demandante un plazo adicional para la contestación al incidente de nulidad que formuló contra tales irregularidades. Al respecto y a fin de conocer el contexto procesal y jurisdiccional sobre el cual se formula la identificada denuncia constitucional, cabe precisar que, de antecedentes se tiene que, dentro del proceso social por concepto de pago de beneficios sociales, seguido por Francisco Savino Rodríguez Poma -ahora tercero interviniente- contra la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gira bajo la denominación “Fábrica de Cintas y Trenzados DAYZI S.R.L.”, por Resolución 229/2022, la Jueza hoy accionada, dispuso: “...SE CONMINA POR UNICA VEZ a la parte demandada (...), representado legalmente por Issa Jean Maurice Dabdoub Schmiedl, a cancelar a la parte actora, la suma de Bs.- 333.936,62 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 62/100 BOLIVIANOS) ordenado mediante planilla de actualización de fecha 29 de abril de 2022 (...), el mismo sea dentro del tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse el Mandamiento de Apremio, sea con las formalidades de ley” (sic [Conclusión II.1]); posteriormente y bajo esta inicial actuación judicial, por Resolución 247/2022, la antes referida autoridad judicial de conformidad con el art. 216 del CPT ordenó se expida mandamiento de apremio contra el hoy impetrante de tutela (Conclusión II.1.1); seguidamente, a través de Resolución 294/2022, dispuso que se libre mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias contra el prenombrado (Conclusión II.1.2); y, mediante Resolución 487/2022, ordenó se expida mandamiento de apremio con facultad de allanamiento, habilitación de días y horas extraordinarias el cual fue librado el 30 de marzo de 2023, siendo ejecutado el 6 de julio de igual año (Conclusión II.1.3). Ahora bien, a partir de los antecedentes descritos y siendo que la denuncia constitucional versa, en lo esencial, en presuntas irregularidades procesales y jurisdiccionales en las que se hubiese incurrido en la esfera de las comunicaciones procesales efectuadas con los actuados relacionados con la fase de ejecución del fallo dictado en el proceso social -del cual emerge esta acción tutelar-; es decir, con la conminatoria al pago, las órdenes de emitir el mandamiento de apremio contra el hoy accionante y la consecuente ejecución del mismo con los observados defectos de procedimiento, además de la especificada actuación de considerada desigualdad; resulta de importancia traer a colación el contenido jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual resalta la aplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, en caso de existir mecanismos intraprocesales específicos de defensa que tengan la condición de idoneidad, eficiencia y oportunidad para restituir el derecho a la libertad y/o procesamiento indebido -cuando corresponda-, los cuales deben ser utilizados previamente por la parte afectada, y solo agotados en caso de subsistir la afectación de derechos recién opera la activación de esta vía de protección constitucional. En este contexto jurisprudencial, en el caso de análisis se puede establecer que, las observaciones de índole procesal relacionadas con las consideradas defectuosas notificaciones con las determinaciones jurisdiccionales dictadas en fase de ejecución del proceso laboral que derivaron en la emisión y subsecuente apremio del hoy impetrante de tutela, no pueden ser analizadas de forma directa por esta jurisdicción constitucional, sino que la misma dentro de la amplitud de activación de mecanismos intra procesales, pueden ser reclamadas a los fines de su subsanación -en caso de ser pertinente- en sede ordinaria, al ser precisamente de donde emergieron los actos/omisiones reclamados, lo cual en los hechos aconteció; puesto que, de la propia manifestación del nombrado dentro de la demanda tutelar y de la verificación de actuados cursantes en el expediente constitucional, se advierte que, interpuso incidente de nulidad, observando precisamente las comunicaciones procesales y efectos emergentes (fs. 248 a 258); que son traídos también en la motivación constitucional que respalda la activación de esta acción tutelar sobre este punto de presunta lesividad. En efecto, la dinámica procesal de dicho medio recursivo derivó en la Resolución 156/2023 de 20 de junio, por la que, la Jueza de la causa -ahora accionada- rechazó dicho incidente (fs. 268 y vta.); y, siendo proseguida por Juan José Antonio Arteaga Alba, apersonado como nuevo representante legal de la Sociedad Comercial demandada, fue objeto del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, en el que, es importante resaltar, también se cuestionó el trámite que se le hubiese otorgado al referido incidente de nulidad, en cuanto a la hoy cuestionada providencia de 1 de junio de 2023, que conforme sostiene el ahora accionante resultaría contraria al derecho a la igualdad de las partes (fs. 337 a 350 vta.), que conllevó a la emisión de la Resolución 191/2023 de 18 de agosto, que rechazó la reposición formulada (fs. 360 a 361) y ante la dualidad de la promoción impugnaticia, por Auto de Vista 017-2024-SSA-II de 18 de enero dictado por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se confirmaron las determinaciones emitidas en primera instancia inherentes al incidente de nulidad planteado (fs. 561 a 564); es decir que, como correspondía se activó el mecanismo procesal idóneo para reclamar las actuaciones consideradas lesivas, mismo que transitó todas las etapas procesales que desencadenaron en una resolución definitiva, lo cual evidentemente inhibe aún más cualquier posibilidad de análisis de fondo de la problemática planteada, dado que al margen de tener una connotación subsidiaria -de alcance excepcional-, tampoco dentro de un enfoque estrictamente procesal se cumple con la legitimación pasiva, entendiendo que la misma constituye la capacidad procesal que se adquiere cuando existe coincidencia entre la autoridad y/o particular que presuntamente causa la lesión de derechos y aquella contra quien se dirija la acción de libertad, en razón a que, se cuestionan aspectos de procesales vinculados a notificaciones que a partir de la estrategia procesal asumida derivaron en una secuencia de actos jurisdiccionales, que concluyeron en una instancia superior de revisión -alzada-, por ende, cualquier componente de presunta lesividad que podría involucrar la actuación de la Jueza accionada, ya fue analizada por los Vocales de la antes referida Sala. Por lo expuesto, se puede concluir en la aplicación de la subsidiariedad excepcional, toda vez que, como se tiene razonado la intencionalidad de verificación y pretendido reproche constitucional por este Tribunal sobre las actuaciones que se hubiesen generado por la Jueza accionada en la tramitación de la causa social relacionadas con las comunicaciones procesales; el defecto jurisdiccional denunciado; y el efecto emergente de emisión y ejecución del mandamiento de apremio contra el ahora accionante, no pueden ser examinadas de forma directa ante la permisibilidad procesal de activación de los medios de defensa idóneos, tal como se advierte además fue efectivamente activado y tramitado en todas sus instancias a través del incidente de nulidad promovido; en consecuencia corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al examen de fondo del problema jurídico-constitucional planteado.
Como aditamento argumentativo y ante la alusión efectuada por el peticionante de tutela en sentido de que, los denunciados actos procesales sucesivos y persistentes constituyen vías de hecho, que importarían la existencia de abusos contrarios al orden constitucional vigente, se debe recordar que, los actos desarrollados o el despliegue procesal dentro de un proceso judicial, de ninguna manera pueden ser considerados por su solo desarrollo y por ser contrarios a los intereses o pretensiones de las partes procesales como medidas o vías de hecho, por cuanto a prima facie se entiende el sometimiento a las normas legales y constitucionales que respaldan su tramitación, y los consecuentes efectos fácticos y procesales, a lo que se suma en una dimensión de encaje procesal constitucional que, las medidas de hecho en sentido estricto no pueden ser conocidas ni analizadas a través de la acción de libertad, al no encontrarse dentro de su configuración protectiva tutelar. Respecto al acápite ii) del objeto procesal
El impetrante de tutela, denuncia que, ante la remoción de su condición de representante legal de la tantas veces señalada Sociedad Comercial demandada y consecuente designación de uno nuevo, cuyo apersonamiento fue admitido; a través del memorial presentado el 17 de agosto de 2023, puso a conocimiento de la Jueza accionada la ilegalidad de su apremio, solicitando expresamente su liberación; no obstante, hasta el momento de interposición de esta acción de defensa transcurrieron más de tres meses y quince días sin que emita resolución expresa; y, por el contrario se limitó a correr traslado de la misma y pedir informe al SEPREC, incidiendo de esta manera en una dilación injustificada respecto a la consideración de su situación jurídica, cuando debió considerar tal petición con la mayor celeridad considerando además que, la obligación que se pretende sea pagada, debe ser satisfecha a través del representante legalmente constituido. De la necesaria precisión del componente de reclamación planteado en esta acción tutelar y que será objeto de examen constitucional, es pertinente conocer los antecedentes de índole procesal y jurisdiccional que fueron desarrollados al respecto en sede ordinaria. Así, se tiene que, por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, el hoy accionante, en lo central, dio a conocer a la autoridad judicial -accionada- la remoción como representante legal de la Sociedad Comercial demandada y consecuente revocatoria del Poder 363/2010 de 7 de mayo, a través de Poder 1312/2023 de 10 de julio, habiéndose el nuevo representante legal apersonado al proceso social, por lo que, solicitó que ante la ausencia de vinculo jurídico con la misma, “...se me aparte del conocimiento del presente proceso y emita inmediatamente y sin ningún trámite, orden de libertad a mi favor” (sic [Conclusión II.2]); ante lo cual, la referida Jueza mediante providencia de 21 de igual mes y año, tuvo presente lo manifestado y puso a conocimiento de la parte contraria (II.2.1); que fue respondido por el ahora tercero interviniente el 13 de septiembre del indicado año, quien impetró: “...[SE] RECHACE EL PEDIDO DE LIBERTAD SIN HABER CANCELADO EL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, a través de infundado y dilatorio memorial, en consecuencia, SE MANTENGA FIRME Y SUBSISTENTE EL MANDAMIENTO DE APREMIO CORPORAL YA EJECUTADO DE FORMA POR DEMAS LEGAL...” (sic); mereciendo providencia de 15 del referido mes y año, que ordenó: “Por secretaría de despacho extiéndase oficio al SEPREC para que informe a este despacho judicial el señor ISSA JEAN MAURICE DABDOUB SCHMIEDL, es representante legal de la EMPRESA DAYZI FABRICA DE CINTAS Y TRENZADOS y de no ser se señale el nombre del nuevo representante legal y la fecha en la que se realizó el cambio de representante” (sic [Conclusión II.2.2]); constando a este efecto, la nota Cite SEPREC/DRC/PE 04460/2023 de 12 de octubre, presentado en el Juzgado de la causa social el 18 del mismo mes y año, informando que, el representante legal de la Sociedad Comercial antes señalada es -Juan- José Antonio Arteaga Alba, con fecha de registro el 12 de julio del mismo año y acto registrado “REVOCATORIA DEL PODER No. 0363/2010, Y OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL, EN FAVOR DE JUAN JOSÉ ANTONIO ARTEAGA ALBA” (sic); informe que, por providencia de 20 de octubre del citado año, fue puesto a conocimiento de la parte interesada (Conclusión II.2.3.); y, finalmente cursa memorial presentado el 27 del mismo mes y año, por el ya mencionado ahora tercero interviniente, con la suma “EN BASE AL CERTIFICADO DEL SEPREC SOLICITA A SU AUTORIDAD SE RECHACE CUALQUIER SOLICITUD DE MANDAMIENTO DE LIBERTAD DEL DEMANDADO” (sic); que fue providenciado el 31 del indicado mes y año, en sentido de que: “Lo manifestado en el memorial que antecede se tiene presente, el mismo sea en conocimiento de la parte contraria” (sic [Conclusión II.2.4]). Bajo este contexto fáctico, como constancia evidenciable inicial se tiene acreditado que por memorial presentado el 17 de agosto de 2023, el hoy accionante solicitó a la Jueza accionada su apartamiento del proceso social y la inmediata libertad, considerando su remoción como representante legal de la Sociedad Comercial demandada, considerando además que, el nuevo representante legal ya contaría con apersonamiento admitido dentro de la misma; sin embargo, no se evidencia que efectivamente ante tal requerimiento procesal con incidencia material en la libertad, la mencionada autoridad judicial accionada con la necesaria celeridad y prontitud hubiese considerado y resuelto la situación jurídica del nombrado; toda vez que, a contrario y de la relación de actuados antes precisada, se puede denotar una secuencia de acciones y determinaciones, pero de connotación que irradia en meros trámites, al correr reiterativos traslados a las partes procesales, ahondando aún más la dilación, cuando en ese propósito tampoco concentró sus requerimientos, puesto que, esperó se manifieste la respuesta del demandante dentro del proceso social -ahora tercero interviniente- para recién solicitar el informe correspondiente al SEPREC, mismo que de considerar importante y hasta determinante para emitir la resolución que corresponda en derecho, debió ser pedido a momento del conocimiento de la solicitud de libertad y apartamiento formulada. Ello permite concluir a su vez que, trascurrieron más de cuatro meses -hasta la interposición de esta acción de defensa- sin que se hubiese resuelto y definido la situación jurídico-procesal del accionante dentro del proceso social -del cual se originó esta acción tutelar- vinculado a su solicitud de libertad ante la existencia de un nuevo representante legal de la Sociedad Comercial demandada y subsecuente apartamiento de la causa, lo cual conlleva a activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que como se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, tiene como propósito acelerar las solicitudes y/o trámites judiciales o administrativas cuando existan dilaciones indebidas, que retarden o eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; lo cual, como se tiene constatado en el caso de análisis no aconteció ante la actuación displicente y dilatoria de la autoridad judicial accionada, defecto de actuación que a contrario de lo afirmado en el informe presentado por la autoridad judicial accionada dentro de esta acción tutelar no condice con la exigencia de debida y efectiva atención de las cuestiones puestas a su conocimiento en el marco de sus atribuciones específicas. Bajo tales razonamientos, se puede afirmar que la autoridad judicial accionada lesionó el derecho al debido proceso y al principio de celeridad vinculado con la libertad física o personal y de libre locomoción del peticionante de tutela, ante el limbo jurídico generado en su situación procesal, emergente de la dilación en la que incurrió en la consideración y resolución expresa la solicitud efectuada por memorial de 17 de agosto de 2023, lo que posibilita abrir el campo de protección de esta acción de defensa, debiéndose conceder la tutela impetrada, a fin de que, de forma inmediata se pronuncie y dilucide la situación jurídica del nombrado; o, en caso de existir una limitación competencial derivada de las vacaciones judiciales, dinamice la extrañada resolución demorada por su actuación, ante la autoridad judicial donde estuviesen radicando los antecedentes del proceso social, aspecto que se extrae del propio informe de descargo, que de forma expresa da cuenta que, al contemplar a un privado de libertad, los mismos se encuentran en Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se entiende remitido por vacación judicial.
Al respecto, es necesario precisar a partir del alcance de la protección tutelar asumida y su connotación de activación bajo la modalidad traslativa o pronto despacho que conlleve a la definición de la situación jurídico laboral del impetrante de tutela por la autoridad judicial accionada, con la salvedad que precede, que no se puede acoger en el alcance intentado el petitorio deducido dentro de esta acción tutelar de que el efecto de la concesión de la tutela solicitada sea la orden de inmediata libertad a su favor, en razón a que, ello encuentra estricta relación y efecto vinculado al fondo del proceso social y el desarrollo de la fase de ejecución de la Sentencia 42/2021 de 9 de julio dictada dentro del mismo, por lo que, la definición de la libertad concatenada a la condición procesal de la representación legal de la parte demandada y la prosecución de las actuaciones respectivas, deben ser dilucidadas por la autoridad judicial en conocimiento del mismo, quien bajo sus atribuciones legalmente reconocidas concretará lo que en derecho corresponda respecto al apartamiento o no del nombrado y sus efectos intra proceso; por lo que, no corresponde viabilizar tal pretensión.
Con relación al punto iii) del objeto procesal El accionante alega que, siendo el cuidador de su esposa -hoy representante sin mandato- quien se encuentra calificada con grado discapacidad, la aplicación desmedida e injusta de su apremio arbitrario, tiene incidencia también en la privación de los derechos especiales de protección que le confiere la Ley. Al respecto, es necesario precisar que, si bien es evidente que, dada su vulnerabilidad las personas con discapacidad se encuentran dentro del campo de atención y protección reforzada no solo en la labor de resguardo que brinda la jurisdicción constitucional a tiempo de ejercer el control de constitucionalidad en su faceta tutelar sino también de todas las autoridades judiciales y administrativas, ello no es factible sea extendido per se a una indirecta lesión de sus derechos y/o garantías constitucionales derivados de la ejecución de actos procesales y jurisdiccionales generados dentro de un proceso sea judicial o administrativo inherentes a otras personas y/o terceros. A partir de ello y no obstante que dentro de esta acción de defensa se tiene constancia de la condición especial de discapacidad de la esposa del peticionante de tutela (fs. 38), este aspecto por sí mismo no podría serle exigible, en una dimensión de imperatividad ineludible, a la autoridad judicial accionada en la tramitación y prosecución del proceso social -tantas veces mencionado- y concretamente en la alegada aplicación desmedida e injusta del apremio dispuesto contra el hoy impetrante de tutela, en razón a que, el actuado jurisdiccional observado responde a una secuencia que involucra en sus orígenes, efectos y consecuencias directas a los sujetos procesales intervinientes y respecto a quienes se tiene trabada la relación procesal, por ende, razonar -como se plantea en este punto de reclamación- en sentido de una afectación o perjuicio indirecto derivado precisamente de esa dinámica procesal, decanta en la existencia de una imposibilidad material procesal propia del acto reclamado, que impide sea examinado bajo la enunciada lesión de los derechos a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, al principio “protector”, correspondiente en su efecto denegar la tutela impetrada al respecto.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 020/2023 de 22 de diciembre, cursante de fs. 398 a 400 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por pronto despacho respecto a la falta de definición de la situación jurídico-procesal del accionante dentro del proceso social, ante la constatada vulneración del derecho al debido proceso y al principio de celeridad vinculados con la libertad física y de libre locomoción del nombrado, conforme a los razonamientos desarrollados precedentemente;
2° Disponer que la autoridad judicial accionada de forma inmediata y expresa resuelva el fondo de la solicitud realizada a través de memorial presentado el 17 de agosto de 2023 por el impetrante de tutela; o, en caso de existir una limitación competencial derivada de las vacaciones judiciales, dinamizar el extrañado pronunciamiento, salvo que ello ya hubiese sido absuelto por el transcurso del tiempo y/o por el alcance dispositivo asumido por el Juez de garantías; y,
3° DENEGAR la tutela solicita, respecto a las denuncias de irregularidades procesales y jurisdiccionales en las comunicaciones procesales observadas y efectos emergentes de emisión y ejecución del mandamiento de apremio contra el accionante, relacionados con la alegada lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad física o personal y de libre locomoción; y, a la igualdad de las partes, así como a los principios de legalidad y seguridad jurídica; a la pretensión de que se ordene su inmediata libertad; y, a la alegación de presunta vulneración de los derechos a las personas con discapacidad a vivir dignamente; y, al principio “protector” invocados respecto a la esposa -representante sin mandato- del impetrante de tutela, de acuerdo a lo expuesto precedentemente.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0056_2025-S2.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0bf12db077b7e33eac0ccd110b47841fbfbb1d8402d96f80c95083174b64dc74
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