Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 5 de abril de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a ser oído, a la libertad y a la tutela judicial efectiva como elemento del debido proceso, ya que la autoridad ahora demandada “…no [le] hizo comparecer…” (sic) a la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva en dos oportunidades, las que debido a su inasistencia tuvieron que suspenderse, incurriendo en una dilación indebida; por lo que, se encuentra privado de su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03 de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme lo descrito en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2024-S3 Sucre, 5 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47716-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03 de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque y Reynaldo Zegarra Uslar en representación sin mandato de Hostin Enrique Limpias Ribera contra Christian Mario García Peñaranda, Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”.
Por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante a fs. 5 y vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” -dentro del proceso penal por homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa de vehículo que le sigue el Ministerio Público-; no obstante, estando notificado para asistir a la audiencia de cesación a su detención preventiva a llevarse a cabo el 14 de abril de 2022, en el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz -donde se sustancia la causa penal-, no pudo hacerlo debido a que Christian Mario García Peñaranda -hoy demandado- no permitió su salida; por lo cual, la misma fue suspendida, fijándose una nueva para el 22 de igual mes y año, a horas 9:00. Habiendo sido notificado el 19 de abril de 2022, para la audiencia reprogramada, no pudo asistir a la misma, debido a que nuevamente no se permitió su salida del recinto penitenciario, incumpliendo de esa manera la autoridad accionada sus deberes, conforme a los arts. 160, 165 y 177 del Código Penal (CP), vulnerando sus derechos a ser oído y a la libertad, además de dilatar indebidamente su situación jurídica.
Señaló como lesionados sus derechos a ser oído y a la libertad, citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 108 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: a) Al Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, su traslado al Juzgado donde se llevará a cabo la audiencia de cesación a su detención preventiva sin excusas ni cobros irregulares; y, b) Poner en conocimiento de la Dirección de Régimen Penitenciario y de los jueces de ejecución penal, el cumplimiento de los arts. 237 y 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), conforme la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, respetando los principios, valores y garantías que le asisten al justiciable.
Celebrada la audiencia pública el 22 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando la misma manifestó que también se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva como elemento del debido proceso, conforme los arts. 117 y 119, con relación a los arts. 110, 256 y 410, todos de la CPE, añadiendo que se conminó al demandado a informar por qué motivo no se remitió a su persona a las audiencias respectivas, suspendiéndose otra vez el actuado procesal para el “29” -se entiende de abril de 2022-.
Christian Mario García Peñaranda, Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, en audiencia a través de su abogado solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Conforme los Oficios “421/22 y 422/22” -no señala fechas- se debió trasladar al ahora accionante a las audiencias programadas; no obstante el mismo conocía que debía presentarse en la puerta del “PC3, PC2” de acuerdo a la lista efectuada por el encargado de llevar a los internos en el bus, que se realiza un día antes de sus audiencias, sin embargo, no se presentó, siendo llamado en reiteradas oportunidades; 2) Según informó el Jefe de Seguridad Externa a la Secretaría de dicho Centro de Rehabilitación, el imputado, hoy impetrante de tutela, no se constituía en la puerta al momento de la salida del bus que transportaba a los internos a sus respectivas audiencias, lo cual era de su conocimiento, pues día antes se hace conocer la lista de los mismos para que tomen previsiones; además, se le llamó en repetidas ocasiones; 3) En virtud a la “S.C.P. 0659/2020”, el demandante de tutela debe acudir ante la autoridad que emitió una respectiva orden para que ésta requiera lo necesario y ante la negativa, recién acudir a la instancia constitucional; y, 4) El peticionante de tutela tenía la posibilidad de plantear recurso de queja conforme dispone el art. 40 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), pero no lo hizo de forma escrita ni oral; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pretendida.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03 de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No fue responsabilidad del Director del Centro Penitenciario el traslado del detenido, sino de los efectivos policiales que se encargan de dicha labor; y, ii) Ante las denuncias de cobros irregulares para el traslado del hoy peticionante de tutela, es el Régimen Penitenciario el encargado de cubrir los costos para el mismo; no obstante, corresponde a la autoridad judicial a cargo del proceso penal, conminar bajo responsabilidad al Director demandado para que cumpla con el traslado del detenido a su audiencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 421/2022 de 12 de abril, emitido por Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, dirigido al Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, instruyendo la conducción del detenido Hostin Enrique Limpias Ribera -accionante-, a la audiencia de cesación a su detención preventiva, dentro del proceso por homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa de vehículo, a realizarse el jueves 14 de abril de 2022, a horas 15:30, al ser una audiencia presencial, debiendo proporcionar los respectivos escoltas para el imputado, constando el sello de recepción el 13 de igual mes y año (fs. 3). II.2. Consta Oficio 422/2022 de 18 de abril, emitido por la Jueza citada supra, solicitando al Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, la conducción del hoy accionante a la audiencia presencial de consideración de cesación a su detención preventiva, el 22 de abril de 2022, a horas 9:00; recibido en dicho Centro el 19 de ese mes y año (fs. 4).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a ser oído, a la libertad y a la tutela judicial efectiva como elemento del debido proceso, ya que la autoridad ahora demandada “…no [le] hizo comparecer…” (sic) a la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva en dos oportunidades, las que debido a su inasistencia tuvieron que suspenderse, incurriendo en una dilación indebida; por lo que, se encuentra privado de su libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La jurisprudencia emitida por este órgano de constitucionalidad, fijó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, “…tomando en cuenta que en búsqueda de un equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, provocando una confrontación jurídica entre ambas; razón por la que, lo que debe evitarse es que se convierta en un medio alternativo o paralelo a la segunda de las nombradas. Aspecto que, de modo alguno, implica una restricción de sus alcances, menos aún desconocimiento del principio de favorabilidad, toda vez que lo que se busca es que no pierda precisamente, su esencia de ser un recurso heroico...” (SCP 2494/2012 de 3 de diciembre). En ese orden, para que proceda esta garantía constitucional, el o la impetrante de tutela, se hallan compelidos en causa propia, a activar previamente a su formulación, los medios ordinarios de defensa eficaces y oportunos existentes para proteger su derecho a la libertad presuntamente vulnerado; exigiendo la subsidiariedad excepcional que, ante la concurrencia de mecanismos intraprocesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para reparar la lesión cometida, éstos sean utilizados por el agraviado, antes de plantear la acción de libertad, siendo viable la misma, únicamente si no se reparan los derechos afectados pese al agotamiento de dichas vías específicas. En dicho mérito, concierne precisar que cuando los impetrantes de tutela demandan actos presuntamente ilegales cometidos dentro de la investigación hasta la culminación de la etapa preparatoria, este Tribunal estableció que los mismos deben ser denunciados previamente ante el juez de instrucción penal en el marco de lo previsto en los arts. 54.1 y 279 del CPP; autoridad que se constituye, conforme al ordenamiento jurídico vigente, en la encargada de defender los derechos e intereses de las personas sujetas a una investigación o proceso penal. Por su parte, en el caso de condenados y privados de libertad, al estar dentro del régimen penitenciario, si se considera la lesión de sus derechos, el art. 18 de la LEPS, establece que el control jurisdiccional es asumido por el Juez de Ejecución Penal y, en su caso, el Juez de la causa. En ese orden, la jurisdicción constitucional únicamente se abre al persistir la restricción aludida, por no repararse lo denunciado; por lo que, en el supuesto de denunciarse actos ilegales u omisiones indebidas emergentes de un proceso penal, éstos deben ser previamente impugnados ante el juez de instrucción penal o ante el juez de ejecución penal, quienes ejercen el control jurisdiccional, según sea el caso.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sobre estos aspectos sostiene que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…”’ (las negrillas son nuestras).
En la presente acción de defensa, el accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a ser oído, a la libertad y a la tutela judicial efectiva como elemento del debido proceso, por parte del Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, al no permitir su salida a las audiencias programadas para la consideración de la cesación a su detención preventiva conforme dispuso la autoridad competente dentro del proceso sustanciado en su contra. Conforme se puede advertir de la problemática en exégesis, y las documentales adjuntas al expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducción peligrosa de vehículo, se fijó la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del mismo, habiéndose emitido el Oficio 421/2022 de 12 de abril, que fue de conocimiento del Director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, ahora demandado, instruyendo su conducción a la misma (Conclusión II.1); no obstante, aquello no ocurrió, y en consecuencia se suspendió ese acto procesal para el 22 del mismo mes y año, conforme se infiere del Oficio 422/2022 de 18 de abril (Conclusión II.2), al cual tampoco asistió, debido a que, según se denuncia en la acción tutelar, el Director ahora demandado no realizó los procedimientos necesarios al interior de referido Centro con la correspondiente celeridad para efectivizar el mismo dentro del plazo que exige la ley. Sobre el particular, en relación a la denuncia de lesión del derecho a la libertad, vinculado al principio de celeridad; de las documentales descritas en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, Lilian Moreno Cuellar, Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitó la conducción del detenido a la audiencia de cesación a la detención preventiva en dos oportunidades, el 14 y el 22 de abril de 2022; denunciando el peticionante de tutela mediante la presente garantía constitucional que, la autoridad policial accionada no atendió lo impetrado; cuando lo que correspondía era que el mencionado, encontrándose el proceso penal instaurado en su contra bajo el control jurisdiccional de la Jueza precitada, quien fue precisamente la que emitió las órdenes de conducción para su asistencia a las audiencias que fijó a objeto de la consideración de su pedido de cesación a su detención preventiva, acuda previamente a dicha autoridad judicial denunciando las ilegalidades directamente impugnadas en la presente acción de libertad; operando, por ende, en el caso, la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa, motivando que no pueda ingresarse a realizar el estudio de fondo sobre el caso de examen, ante la necesidad ineludible de acudir de forma previa ante la Jueza que ejercía, se reitera, el control jurisdiccional de proceso (Fundamento Jurídico III.1); y, solo ante la persistencia de las ilegalidades denunciadas, interponer esta acción de defensa. En ese sentido, se pronunció la SCP 0289/2015-S3 de 19 de marzo, estableciendo que: “…el accionante, al no haber acudido previamente ante el Juez encargado del control jurisdiccional, en procura de hacer cumplir la orden de traslado emitida, no utilizó un medio idóneo y eficaz previsto ante la jurisdicción ordinaria penal, precipitándose a acudir directamente a esta vía, sin antes haber agotado un mecanismo procesal específico en procura de la protección de sus derechos, reclamados como vulnerados”. De igual manera, la SCP 0227/2022-S3 de 11 de abril, refirió que dicho razonamiento es: “…extensible a cualquier actuación administrativa que involucre los derechos del procesado en dicha etapa, como lo es precisamente su conducción del recinto penitenciario donde se encuentra detenido a juzgados para la celebración de una audiencia, y/u otras salidas judiciales, o en su caso acciones tendientes a que se concreten actos procesales, como por ejemplo, garantizar acceso a medios telemáticos e informáticos para la celebración de audiencias virtuales, máxime cuando se trate de actuaciones procesales cuya ejecución o concreción esté a cargo de la autoridad judicial que las dispuso, y por ende cualquier incidencia o impedimento en su cumplimiento o materialización debe ser conocida y resuelta por autoridad competente, a objeto que la misma -se reitera-, en ejercicio del control jurisdiccional asuma, si así corresponde, las medidas correctivas o restitutivas que sean pertinentes e idóneas a la situación fáctica que se presente y tendiente a materializar lo dispuesto por la autoridad judicial; contexto procesal que no fue tomado en cuenta por el accionante… En ese entendido, el impetrante de tutela al evidenciar que la orden de conducción no podía ser materializada (…), debió presentar el reclamo correspondiente ante la Jueza (…), para que vía control jurisdiccional y tomando en cuenta que supuestamente se incumplió una orden que emitió o que la misma no podía cumplirse por razones externas, asuma las acciones correctivas correspondientes, encaminadas a materializar su participación en la audiencia señalada, (…), para que dicha autoridad ante el reclamo y circunstancias presentadas, asuma y ejecute las acciones correspondientes para la instalación de la audiencia -ya sea de forma presencial o virtual-, y la resolución de su petición de cesación de la detención preventiva…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Ahora bien, en relación a la supuesta transgresión de los derechos a ser oído y a la tutela judicial efectiva como elementos del debido proceso, resulta aplicable la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no presentándose los presupuestos establecidos para el análisis del debido proceso vía acción de libertad, pues los actos ilegales denunciados no son la causa de la restricción del derecho a la libertad del procesado, quien se encuentra cumpliendo la medida de detención preventiva por disposición de una autoridad judicial, dependiendo su libertad en todo caso de la valoración a ser efectuada como motivo de la consideración de su situación jurídica; asimismo, tampoco concurre un absoluto estado de indefensión. Por todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03 de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme lo descrito en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0056_2024-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3b1c11977d828f9fc8e8c8d007bf70e0e36cd6138157e889595adf25cab9a761
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