Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 7 de marzo de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia que el GAM de La Paz vulneró sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, “derecho a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”, “vida de calidad”, “trato digno”, “respeto a la integridad psíquica y física”, “seguridad y apoyo jurídico” y “protección contra toda forma de discriminación”; en virtud a que, no obstante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, ordenando la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, no cumplió con dicha determinación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 128 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral y seguridad social; “derecho a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”, “vida de calidad”, “trato digno”, “respeto a la integridad psíquica y física”, “seguridad y apoyo jurídico” y “protección contra toda forma de discriminación”; con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada, en el marco de los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Marquéz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en los arts. 31 y 56 del Código Procesal Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0056/2024-S2 Sucre, 7 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53971-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 002/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 128 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leonardo Tapia contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 27 a 36, el accionante, manifiesta lo siguiente:
Desempeñó en el GAM de La Paz, el cargo de analista tributario dependiente de la Unidad de Planificación y Control Fiscal de la Administración Tributaria Municipal; no obstante, luego del 31 de diciembre de 2021, se prescindió de sus servicios, haciendo alusión a una supuesta conclusión de plazo consignado en el contrato laboral y en consecuencia al cambio de personal, pese a que, suscribió de manera continua e ininterrumpida, al menos diez contratos desde el 2012 y que desempeñaba tareas propias y permanentes en dicha entidad. Comunicó esta situación a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante memoriales de 25 y 31 de enero de 2022, instancia en la que, luego de la audiencia programada para considerar esta denuncia, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 de 4 de marzo, notificada al GAM de La Paz, el “14” -lo correcto es 15- de marzo del mismo año, conminando a esta institución a la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo por estabilidad laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación; siendo esta determinación, dispuesta por el art. 10.III del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, de ineludible cumplimiento en su integridad, a partir de su notificación. No obstante, el GAM de La Paz, se rehusó a cumplir esta determinación -deduce- por su condición de adulto mayor; por ello, dicha entidad interpuso recurso de revocatoria que fue resuelto mediante Resolución Administrativa (RA) 295-22 de 27 de abril de 2022, por la cual, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz confirmó la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; y posteriormente, un recurso jerárquico, que mereció la Resolución Ministerial (RM) 1060/22 de 12 de septiembre de 2022, pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que confirmó la RA 295-22 y fue notificada al GAM de La Paz, el 16 de septiembre del mismo año. Posteriormente, realizó “gestiones” a fin de lograr su reincorporación laboral; tales como la presentación de documentos solicitados por el GAM de La Paz, a través de una servidora pública municipal que lo contactó para concretar el retorno a su fuente de trabajo, quien con este fin le pidió que se apersonará a dicha entidad el 10 de octubre de 2022; por lo que, en esa oportunidad luego de apersonarse a la Unidad de Planificación y Control Fiscal de la Administración Tributaria Municipal de esa institución, lo recibieron como servidor público, le asignaron un lugar de trabajo, refiriendo que la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.), se encontraba elaborando su contrato de trabajo. Así, el 11 de octubre de 2022, acudió a la oficina de RR.HH., a fin de suscribir su contrato laboral; para ello, solicitó sacar una foto antes de la firma del mismo, con el fin de que su abogada verifique si se adecuaba a lo ordenado por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz; empero, le negaron este requerimiento comunicándole en un tono molesto que efectuarían un informe indicando que se rehusó a firmar el contrato; aspecto que no resulta evidente. El 12 de octubre de 2022, se apersonó nuevamente a la referida entidad, a fin de dar continuidad a su trabajo y “zanjar” lo relativo a la suscripción de su contrato; sin embargo, le comunicaron que al no tener un contrato firmado, debía retirarse de la entidad edil de manera inmediata. En consecuencia, el 13 de igual mes y año, presentó una nota ante el Director de Gestión de RR.HH. del GAM de La Paz, a fin de que se cumpla la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 y se fije día y hora de lectura y firma de contrato; no obstante, mediante Nota ATM/DESP. 485/2022 de 3 de noviembre, se le respondió que esta Conminatoria fue cumplida y que se rehusó a firmar el contrato elaborado, aunque la sola elaboración de un contrato no representa su cumplimiento.
Por tal motivo, el 14 de octubre de 2022, pidió a dicha Jefatura Departamental de Trabajo, la verificación del cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, dado el frustrado retorno a su cargo; elaborándose en consecuencia el Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR 346/2022 de 28 de octubre, que concluyó que no se dio cumplimiento a esta determinación. Finalmente, tomó conocimiento que el GAM de La Paz, presentó una nota ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, por la cual, manifiesta que se niega a firmar el contrato laboral, aspecto que mereció respuesta de dicha instancia, mediante Informe MTEPS-JDT LP-JLRM-852-INF/22 de 28 de noviembre de 2022, que confirmó lo ordenado en la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 y la RM 1060/22.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral y a la seguridad social; “derecho a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”, “vida de calidad”, “trato digno”, “respeto a la integridad psíquica y física”, “seguridad y apoyo jurídico” y “protección contra toda forma de discriminación”; citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 109 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2, 7, 10 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene al Alcalde accionado a que dé cumplimiento inmediato a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, ratificada mediante RA 295-22 y RM 1060/22; y, en esa línea: a) Se proceda a la reincorporación inmediata a su fuente laboral en el GAM de La Paz, al mismo puesto que ocupaba antes de su despido injustificado; y, b) Se efectúe la liquidación y el pago inmediato de los salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que le correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación laboral.
Por AC 0046/2023-RCA de 28 de marzo, cursante de fs. 54 a 65, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 27 de enero de 2023, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de enero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 123 a 127, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia los términos del mismo manifestó que: 1) Luego que el 11 de octubre de 2022 se le negara la lectura del contrato laboral, al día siguiente se le hizo desocupar las instalaciones, a pesar que ese día ya atendió ciertos trámites dentro de la unidad organizacional -se entiende Unidad de Planificación y Control Fiscal de la Administración Tributaria Municipal-; 2) Siendo que el GAM de La Paz tiene conocimiento pleno de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se niega maliciosa y deliberadamente a dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022. Asimismo, la referida Resolución, asumió la decisión de aplicar el más alto estándar de protección a los derechos de los trabajadores, más aún cuando se trata de una persona de la “tercera edad” -siendo lo correcto, adulto mayor-; y, 3) El GAM de La Paz, está vulnerando por más de setecientos cuarenta y cinco días sus derechos laborales. Asimismo, en respuesta a la consulta efectuada por la Vocal de la Sala Constitucional, con respecto a cuál es el acto lesivo u omisión indebida atribuida al accionado, expresó que el mismo converge en que “hasta la fecha” no se le reincorporó ni pagó los sueldos devengados. Por otro lado, con referencia a la consulta de si efectuó el reclamo en la vía administrativa ante el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 refirió que, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, entidad que pronunció dicha Conminatoria, que fue ratificada mediante RA 295-22 y posteriormente por la RM 1060/22; en ese sentido “…no es posible la aplicación de la ley 1469…” (sic). En respuesta a la consulta sobre la aseveración del GAM de La Paz, referida a que ya fueron rechazados seis contratos -se infiere refiriéndose a la suscripción de las copias de un solo contrato laboral- y la veracidad de esas alegaciones señaló que, el 10 de octubre de 2022 acudió de manera voluntaria al llamado de la entidad; no obstante, al día siguiente ante la negativa de las autoridades de suscribir el contrato, fue retirado del lugar como un delincuente; posteriormente, solicitó al GAM de La Paz la suscripción del contrato, a lo que la esta entidad le respondió: “...esta actividad no se la realizará en atención a una conminatoria, sino en atención a las necesidades que tenía el GAMLP…” (sic), y luego de denunciar este hecho ante la citada Jefatura Departamental de Trabajo, emitió el Informe MTEPS-JDT LP-JLRM-852-INF/22, el cual respalda que no se está dando cumplimiento a la reincorporación laboral y a la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022. Finalmente, con respecto al precedente administrativo, por el cual, se tutelaron los derechos vulnerados y lo relacionado al cumplimiento de conminatoria -se entiende luego de transcurridos seis meses desde su emisión- aludió a las “resoluciones constitucionales 323/2022”.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 115 a 121 vta. y en audiencia a través de sus representantes con mandato, refirió que: i) El accionante prestó servicios como consultor desde el 2008 a 2011 y otras contrataciones eventuales sujeta a la planilla 121, durante el 2014, 2015, 2018 y 2019, siendo el objeto de la presente acción tutelar la siguiente y última contratación, materializada en un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo DTC-138 de “21” de diciembre de 2020, con vigencia del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el cargo de asistente administrativo tributario, dependiente de la Administración Tributaria del GAM de La Paz; de ahí que, finalizado el mismo y ante el reclamo del impetrante de tutela, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, que fue confirmada en instancias superiores, a través de la RA 295-22 y RM 1060/22; ii) Con relación a los puntos 1 al 7 referente al trámite administrativo señalado por el peticionante de tutela, se tiene que el procedimiento de reincorporación laboral, establecido en el art. 10.II y III del DS 28699; así como el Artículo Único del DS 0495; de igual modo, este último artículo incluye los párrafos IV y V en el art. 10 del DS 28699, que señalan que la conminatoria es de cumplimiento obligatorio a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial sin suspender su ejecución; sin perjuicio de ello, podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan en procura de una pronta protección a la estabilidad laboral; por cuanto, una vez emitida la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; y notificada a los mismos el “14” -lo correcto es 15- de marzo de 2022 debió interponerse esta acción tutelar en el plazo de seis meses; es decir, hasta el 14 de agosto de igual año; por lo que, se torna improcedente la consideración de esta acción de defensa que fue presentada el 26 de enero de 2023, por incumplimiento del plazo previsto en el art. 129 de la CPE; iii) La parte accionante tenía como segunda opción el iniciar la demanda judicial de reincorporación ante el juez laboral en el plazo de tres meses, computables a partir de la notificación con la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; vale decir, hasta el 4 de junio de igual año, conforme lo establece el art. 73.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- y la SCP 0135/2013-L de 20 de marzo; empero, no obró de ese modo, dejando que su demanda caduque; de la misma forma, el Auto Supremo (AS) 468 de 15 de agosto de 2022, fundado en este fallo constitucional, concluyó que el Tribunal Constitucional Plurinacional consideró prudente fijar el plazo de tres meses para que el trabajador acuda a la citada instancia laboral a denunciar su retiro intempestivo e injustificado, debido a que, en el ámbito laboral se estableció similar plazo a través del preaviso o desahucio; por otro lado, supuestos fácticos análogos se presentaron con una ex servidora pública del GAM de La Paz, en el caso Oblitas Quispe Ida Doris contra dicho ente municipal, en el que se emitió el Auto de Vista 110/2022 de 10 de mayo, que evidenció el transcurso de más de un año y seis meses para interponer una demanda de reincorporación laboral, incumpliendo el plazo de inmediatez establecido en la SCP 0966/2017-S3 de 20 de septiembre; iv) El último Contrato de Trabajo a Plazo Fijo DTC-138 de 31 de diciembre de 2020, se regía por las disposiciones del Decreto Municipal (DM) 007 de 17 de junio de 2013, Reglamento para la contratación de personal eventual en el GAM de La Paz; art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- concordante con el art. 60 de los DDSS “26115”, “23318-A” y el “R.I.P.” del GAM de La Paz, dando lugar el incumplimiento del mismo a las responsabilidades establecidas en la “Ley 1178”; asimismo, al ejercer un puesto eventual en una unidad dependiente de la “Secretaría de Educación” -siendo lo correcto Administración Tributaria Municipal-, se sujeta al art. 233 de la CPE; y, la normativa interna representada en el DM 007 “del año 2013”, que aprueba el Reglamento para la contratación de personal que, en su art. 5 reconoce al empleado municipal eventual, quien es aquel que tiene una relación laboral con base a la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, cuya asignación presupuestaria corresponde a la partida 12100 del presupuesto institucional y no se constituye de manera automática en persona permanente; asimismo, los arts. 7 y 11 del mismo Reglamento, señalan que es de plazo cierto, determinado y se extinguen al vencimiento del plazo estipulado, no siendo válida la tácita reconducción del mismo; v) Con respecto a los puntos 8 al 10 descritos en el memorial de interposición de esta acción de defensa, no es evidente que no se haya dejado suscribir su contrato al accionante; por cuanto es de conocimiento público que a la suscripción de éste se recibe un copia del contrato; empero, no se puede permitir que se lleve tales copias a su abogado, sin antes firmar dicho documento, toda vez que son documentos propios de la Administración Tributaria Municipal; de igual manera, mediante Nota D.G.R.H. AL. Of. 415/2022 de 18 de octubre, dieron a conocer tales hechos a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, no siendo así evidente que se negaron a cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; vi) Se cumplió con lo establecido por la jurisprudencia constitucional sobre contratos eventuales, concretamente en la SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, que la razón jurídica del fallo señala que no opera la tácita reconducción del contrato, ni la conversión del mismo a tiempo indefinido, en los contratos eventuales o a plazo fijo o cuando se suscriban más de dos contratos sucesivos con base en la normativa que regula el sector público, ya que, la validez de los mismos se sujeta a las estipulaciones especiales del contrato; vii) La SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, sostiene que la jurisdicción constitucional no tiene facultades para establecer el pago de sueldos devengados, pues con ello provocaría daño económico al Estado, debiéndose observar en última instancia lo dispuesto por el art. 73.8 de la LOJ; viii) En el marco de sus disposiciones transitorias, no se puede invocar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales por no encontrarse vigente al momento de la conclusión del proceso administrativo; pues el trámite del impetrante de tutela concluyó definitivamente con la RM 1060/22; es decir, antes de la promulgación de la misma y no tiene efecto retroactivo, de acuerdo a lo previsto en el art. 123 de la CPE; expresó en audiencia que la Ley 1468, se encuentra en vigencia desde octubre de 2022, por lo que “…es esta normativa que debe ser aplicada al caso concreto…” (sic); en tal sentido, a partir de octubre de 2022 la jurisdicción constitucional, ya no tiene competencia para resolver estas controversias, pues la acción constitucional fue presentada el 26 de enero de 2023; asimismo, el art. 6 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, establece que las personas que consideren que tienen lesión a sus derechos laborales tienen tres meses para presentar demanda judicial; ix) Solicitaron se “declare improcedente” la acción de amparo constitucional por incumplimiento del principio de inmediatez; y, x) En caso de ingresar al fondo del análisis, se deniegue la tutela, ante la negativa del accionante de suscribir el contrato laboral y por una actitud incomprensible de abandonar funciones, perjudicando a la administración tributaria municipal a que cumpla con la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022.
Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por memorial, cursante a fs. 82 y vta., y en audiencia por intermedio de su representante legal, señaló que: a) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no puede constituirse como tercero interesado en acciones tutelares, ya que es un tercero imparcial que interviene en la causa en el ejercicio de facultades y atribuciones específicas; es decir, que si hubiera interés se desnaturalizaría su función administrativa comprometiendo su imparcialidad y objetividad; b) La SCP 0314/2016-S2 de 1 de abril, habilita al trabajador a acudir a la jurisdicción constitucional y la judicatura laboral, la cual en todo caso, esta expedita para la parte empleadora a fin de impugnar la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, sin que su interposición suspenda la ejecución de la misma; y, c) Con respecto a la aplicación de la Ley 1468, se debe advertir que la RM 1060/22 se sustentó en los DDSS 28699 y 0495, así como, la SCP 0314/2016-S2 “…la ley 1468 hace menciones de tipo de casos en el artículo 32 de la resolución ministerial 377/2022 que establece criterios de la reincorporación de trabajadores, la cual puede ser en este sentido que se puede acudir a la vía constitucional, como podrán dilucidar sus autoridades…” (sic); con base en ello, solicitó que se actúe conforme a ley y cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, confirmada por la RM 1060/22.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 002/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 128 a 131 vta., denegó la tutela impetrada, por inobservancia del principio de inmediatez, sin costas, costos procesales ni multas, con base en los siguientes fundamentos: 1) El presente caso, emerge de un procedimiento administrativo ya concluido en todas sus fases recursivas, con el pronunciamiento de la RM 1060/22 y contra la misma, ya no existe recurso ulterior ordinario o administrativo para revisar la vulneración de derecho, por lo que, se observó el principio de subsidiariedad; 2) Con relación al principio de inmediatez, la SCP 0443/2016-S2 de 9 de mayo, así como el AC “079/2016” de 31 de marzo, precisaron que ante la negativa de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral puede activarse de manera inmediata la acción de amparo constitucional y que el plazo de los seis meses de inmediatez comenzará a correr a partir de que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria; dicho de otro modo, desde la notificación en la entidad empleadora se abre la posibilidad de acudir a la vía constitucional; 3) El trámite administrativo de reincorporación laboral fue desarrollado de acuerdo a lo previsto en los DDSS 28699 y 0495; en tal sentido, basta tener una resolución favorable al trabajador para proceder, ante su incumplimiento, a la activación inmediata de la acción de amparo constitucional, de tal manera que, tomando en cuenta que la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 fue emitida el 4 de marzo de 2022 y notificada al empleador el 4 de mayo de igual año, el accionante tenía seis meses para activar esta acción de defensa, debido a que, todo el trámite de reincorporación se sujetó y concluyó con la anterior normativa, puesto que, la Ley 1468 y su protocolo “ya no es factible”; y no esperar que esta resolución cause “estado”; por otro lado, hubiera existido una excepción si hubiera una resolución de enmienda, complementación y aclaración o cuando la resolución de revocatoria revocaría dicha conminatoria y estaría pendiente el recurso jerárquico interpuesto por el accionante que defina una determinación; 4) La norma jurídica no cierra las puertas al impetrante de tutela para acudir ante la autoridad judicial, a fin de que se verifique si correspondía convertir su contrato a uno de plazo indefinido y conforme lo previsto en el art. 46 de la CPE y siguientes, la protección reforzada a la actividad laboral, si esta era la pretensión del peticionante de tutela, quien por el simple hecho de que tal contrato no era indefinido procedió a retirarse; y, 5) No se puede dejar el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 al arbitrio o a la conducta pasiva del accionante, cuando la misma le es favorable; por tales motivos, no pueden considerar los elementos fácticos y jurídicos de su pretensión, sin perjuicio de que la misma se la haga valer ante el juez de partido de seguridad social.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 de 4 de marzo, por la que, Ninoska Tania Loza Flores, Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó al GAM de La Paz a reincorporar a Leonardo Tapia -ahora accionante- al mismo puesto que ocupaba en dicha entidad municipal, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, en resguardo de su derecho a la estabilidad laboral (fs. 91 a 93); acto administrativo que fue notificado a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos (RR.HH.) del referido Gobierno Autónomo Municipal, el 15 de marzo de 2022 (fs. 91). II.2. A través de la RA 295-22 de 27 de abril de 2022, el Jefe Departamental de Trabajo a.i. de La Paz, confirmó lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 (fs. 10 a 11 vta.). De igual manera, se tiene formulario que acredita la notificación del peticionante de tutela con esta Resolución el 4 de mayo del citado año (fs. 9). II.3. Por RM 1060/22 de 12 de septiembre de 2022, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social: i) Confirmó en su totalidad la RA 295-22 y consecuentemente la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; y, ii) Conforme a lo previsto en el art. 69 inc. a) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, queda agotada la vía administrativa (fs. 74 a 78 vta.); notificándose al accionante con esta Resolución, el 16 de septiembre de 2022 (fs. 12). II.4. Cursa nota presentada el 13 de octubre de 2022 -no consta en su integridad; en consecuencia, se asume el remitente es el ahora impetrante de tutela- dirigida al Director de Gestión de RR.HH. del GAM de La Paz, con la referencia: Solicita se fije día y hora de lectura y firma de contrato de trabajo, según la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, habiendo agotado la vía administrativa y de acuerdo a antecedentes que expresa (fs. 18). Del mismo modo, cursa Nota ATM/DESP. 485/2022 de 3 de noviembre, a través de la cual, la Directora de Administración Tributaria Municipal de la referida entidad respondió esencialmente que: a) El contrato eventual, una vez suscrito da conformidad a los términos del mismo y corresponde la entrega de un ejemplar; y, b) La Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, establece su reincorporación laboral al mismo puesto que ocupaba; es decir, de asistente administrativo tributario; por ello, se elaboró el Contrato Eventual a Plazo Fijo ITEM DTC-290 con vigencia desde el 10 de octubre al 31 de diciembre de 2021, que el accionante se rehusó a firmar (fs. 23 y vta.). II.5. Consta Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR 346/2022 de 28 de octubre, elaborado por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, refiriendo que el 28 de octubre de 2022, se presentó en instalaciones al área de Administración Tributaria Municipal del GAM de La Paz, a fin de verificar el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, concluyendo que luego de la entrevista con la Responsable de la Unidad de RR.HH., ésta indicó que se realizó el contrato con Leonardo Tapia -hoy accionante- “…a la presentación del contrato el mismo indicaba anulado y sin la firma del trabajador, acerca de salarios devengados y otros derechos sociales, no se mostro documentación sobre el cumplimiento…” (sic), por lo que, la entidad municipal no dio cumplimiento a la citada Conminatoria, con respecto a la restitución a su fuente laboral, sueldos devengados y demás derechos sociales (fs. 22 y vta.). II.6. Mediante Informe MTEPS-JDT LP-JLRM-852-INF/22 de 28 de noviembre de 2022, el Responsable de Inspección de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, se dirigió a la Jefa a.i. de dicha entidad, para señalar que en atención al apersonamiento del GAM de La Paz, que hizo conocer que el impetrante de tutela se negó a suscribir contrato; conforme a los antecedentes adjuntos, así como la documentación proporcionada por el mismo se advierte que, la vía administrativa ya concluyó con el pronunciamiento de la RM 1060/22, por lo cual, el denunciante deberá acudir a la vía judicial para hacer prevalecer sus derechos (fs. 25).
El accionante denuncia que el GAM de La Paz vulneró sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral, a la seguridad social, “derecho a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”, “vida de calidad”, “trato digno”, “respeto a la integridad psíquica y física”, “seguridad y apoyo jurídico” y “protección contra toda forma de discriminación”; en virtud a que, no obstante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, ordenando la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, no cumplió con dicha determinación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0052/2022-S3 de 9 de marzo, señaló que: «“El principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, se encuentra establecido en el art. 129.II de la CPE, que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.
Por su parte el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
En ese marco, el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, opera: i) Desde la comisión de los actos denunciados; y, ii) A partir de la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía (considerando que ese es el último actuado idóneo, que supuestamente vulnera los derechos alegados).
La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, reiterada en la SCP 1265/2013-L de 9 de diciembre, estableció que: “…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela (…) en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” » (las negrillas son nuestras).
Identificado el objeto procesal, se puede establecer, con base en la documental descrita en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que a través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 de 4 de marzo, la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ordenó a la entidad pública ahora accionada a reincorporar al peticionante de tutela al mismo puesto que ocupaba en esa institución, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación laboral (Conclusión II.1). Posteriormente, con base en el recurso de revocatoria planteado por el GAM de La Paz -que no consta en el expediente- a través de la RA 295-22 de 27 de abril de 2022, el Jefe Departamental de Trabajo a.i. de La Paz, confirmó lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 (Conclusión II.2). Finalmente, por RM 1060/22 de 12 de septiembre de 2022, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social: 1) Confirmó en su totalidad la RA 295-22 y consecuentemente la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022; y, 2) Conforme a lo previsto en el art. 69 inc. a) de la LPA queda agotada la vía administrativa; notificándose al impetrante de tutela con este fallo, el 16 de septiembre de 2022 (Conclusión II.3).
Pues bien, hasta aquí contextualizados los antecedentes fácticos relevantes a la resolución del caso concreto, corresponde, con carácter previo al análisis del fondo del problema jurídico planteado, determinar si la presente acción tutelar supera la causal de improcedencia reglada, esgrimida por la Sala Constitucional como un argumento de denegatoria, referida a la inobservancia del principio de inmediatez, el cual implica que la acción de amparo constitucional debe ser indefectiblemente planteada en el plazo de seis meses -plazo de caducidad-, computable desde la comisión de la vulneración alegada o a partir de la notificación con la última decisión administrativa o judicial (Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional). En ese orden de ideas, a fin de llegar a una conclusión sobre la concurrencia o no de la causal de improcedencia por caducidad de la acción de defensa en análisis, resulta imprescindible efectuar las siguientes puntualizaciones: i) En lo relativo al acto u omisión lesiva de derechos a considerar para el cómputo del plazo de caducidad se debe aclarar que, la Comisión de Admisión de este Tribunal, a través del AC 0046/2023-RCA de 28 de marzo (Antecedente I.2.1), confrontó los razonamientos asumidos por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -Resolución de 27 de enero de 2023-, que en una primera oportunidad declaró la improcedencia de la presente acción tutelar, determinando revocar esta decisión, con el argumento de que no era evidente la causal de improcedencia por subsidiariedad, en razón a que en la Conminatoria alegada de incumplida data de 4 de marzo de 2022 y el trámite administrativo concluyó con el pronunciamiento de la RM 1060/22, la cual confirmó la citada Conminatoria; es decir, antes de la emisión de la Ley 1468; consiguientemente, en aplicación del principio de favorabilidad corresponde viabilizar la tramitación de la acción tutelar en el marco de la normativa y jurisprudencia vigentes al momento de la emisión del acto denunciado de incumplido, tales como el DS 0495 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, siendo ésta su postulación esencial.
Sin embargo, el mismo Auto Constitucional realizó una breve y somera consideración sobre el principio de inmediatez, arribando a la conclusión de que se cumplió el mismo, debido a que, desde la emisión de la RM 1060/22, hasta la interposición de la presente acción de defensa el 16 de enero de 2023, el plazo legal de seis meses “no fue excedido” teniéndose por cumplido el principio de inmediatez, razonamiento que no es compartido por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, en razón a que no está basado en un detenido análisis de los antecedentes de hecho, que sí debe hacerse en esta oportunidad. Así, se tiene que, de la verificación minuciosa y detallada de los antecedentes de hecho que dieron lugar a la presentación de esta acción de defensa, se concluye que, en lo relativo la normativa aplicable para definir el momento del inicio del cómputo del plazo de caducidad, la SCP 0835/2023-S3 de 1 de agosto, modulando el entendimiento asumido en la SCP 0090/2023-S4 de 6 de abril, referente a la fecha de vigencia de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, asumió que: “…corresponde modular el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0090/2023-S4 y asumidos en otros fallos posteriores, simplemente en lo que respecta a la determinación de la fecha de vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que corresponde al 3 de noviembre de 2022. En con consecuencia, el entendimiento asumido por el citado fallo constitucional, en lo relativo a que la citada Ley no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias que ya fueron emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, queda subsistente; por lo que, las acciones de amparo constitucional en las que se denuncie el incumplimiento de esas conminatorias y que fueren presentadas antes de su vigencia -3 de noviembre de 2022- y dentro del plazo de la inmediatez deberán resolverse conforme lo establecido por el DS 28699 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021” (las negrillas nos corresponden). Con base a dichos razonamientos -coincidentes con el razonamiento asumido respecto al principio de subsidiariedad en el AC 0046/2023-RCA; es posible afirmar que, al haberse emitido la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 el 4 de marzo de 2022; esto es, antes de la puesta en vigencia de la Ley 1468 el 3 de noviembre de igual año, resulta aplicable al caso concreto, lo establecido en el DS 28699 con las modificaciones e incorporaciones efectuadas en el DS 0495, así como la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, que con base en dicha normativa definió como precedente la posibilidad de presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral -inciso i) de esta Resolución-; y, ii) En lo concerniente a que el cómputo de plazo de caducidad, debió efectuarse a partir de la notificación con la RM 1060/22 -conforme pretende el accionante- se tiene que el art. 10.IV y V del DS 28699 modificado por el Artículo Único del DS 0495 -aplicables al caso en análisis-, establece que la impugnación del acto administrativo de conminatoria de reincorporación laboral, en el caso concreto la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, no implica la suspensión de su ejecución y ante el incumplimiento del mismo, la trabajadora o el trabajador puede interponer las acciones constitucionales que correspondan.
En consecuencia, los mecanismos de impugnación planteados por la parte empleadora contra la referida determinación administrativa, de modo alguno pueden constituirse en el parámetro a efecto del cómputo del plazo de caducidad que rige a la acción de amparo constitucional, como pretende el impetrante de tutela; por cuanto, al ser la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022, de cumplimiento inmediato sin que las impugnaciones presentadas por la parte contraria impliquen suspensión de plazos, correspondía que el ahora peticionante de tutela, ante el incumplimiento de la parte empleadora acuda con prontitud a la jurisdicción constitucional a efectos de la restitución de sus derechos, observando el plazo de inmediatez. Con similares razonamientos, es preciso citar lo asumido en la SCP 0889/2023-S3 de 10 de agosto, en la que de modo análogo estableció que: “…corresponde considerar y aplicar los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y que fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, mismos que establecen que el cómputo del plazo de inmediatez, en el caso de reincorporación laboral emergente de una conminatoria emitida en la vía administrativa, comienza a correr a partir del momento en que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria, luego de su legal notificación, ello en razón a que el art. 10.IV y V del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 modificado por el artículo único del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, establece que la impugnación a ese acto administrativo no implica suspensión de su ejecución y que ante el incumplimiento del mismo, la trabajadora o el trabajador puede interponer las acciones constitucionales que corresponda” (las negrillas fueron agregadas). En ese sentido, se evidencia que al haberse efectivizado la notificación con la Conminatoria J.D.T.-L.P./NTLF/102/2022 del GAM de La Paz, el 15 de marzo de 2022 (Conclusión II.1); el accionante dejó transcurrir más de los seis meses establecidos como plazo de caducidad para interponer la presente acción de amparo constitucional; ya que, planteó la presente acción tutelar recién el 26 de enero de 2023; es decir, aproximadamente diez meses después desde la vulneración a sus derechos que se denuncia; por lo que, se evidencia que el peticionante de tutela no actuó de forma diligente en la activación de este mecanismo constitucional, cuyo accionar demostró falta de prontitud en acudir en busca de protección de sus derechos y encuadrar la presentación de esta acción de defensa dentro de plazo. Por lo expuesto, subsumiendo este supuesto fáctico al precedente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el presente caso, sí concurre la causal de improcedencia reglada de la acción de amparo constitucional, por incumplimiento del principio de inmediatez; puesto que el accionante no acudió de manera diligente, rápida y oportuna ante esta jurisdicción constitucional, impidiendo a través de la presente acción de defensa que este Tribunal pueda ingresar a analizar el fondo de la denuncia planteada; situación que tiene como consecuencia jurídica la denegatoria de la tutela impetrada. Ahora bien, corresponde aclarar al impetrante de tutela, únicamente con fines pedagógicos que, existiendo posturas encontradas entre la parte accionante como accionada respecto a la presunta renuencia de parte del primero de los nombrados a suscribir el contrato de trabajo -como efecto de la conminatoria de reincorporación laboral-, extremo confrontado por el impetrante de tutela en sentido de que fue el ahora accionado quien no quiso cumplir la conminatoria en los términos dispuestos en ella, lo que -en criterio suyo- debía ser a través de un contrato “a plazo indefinido” o con ítem, tiene la vía judicial a efecto de hacer valer sus derechos, tomando en cuenta que con el pronunciamiento de la RM 1060/22, se agotó la vía administrativa.
Resuelta como se encuentra la problemática jurídica planteada, en el marco de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal considera importante referirse a la actuación procesal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pues de la compulsa de antecedentes que cursan en el expediente llama la atención que, luego de ser devueltos los actuados de la presente acción de amparo constitucional a la citada Sala Constitucional y la notificación con el AC 0046/2023-RCA -que dispuso la admisión de esta acción de defensa y la sujeción del trámite correspondiente a la causa a lo previsto por ley- el 14 de diciembre de 2023 (fs. 69 vta.), se emitió el Auto de admisión el 18 de diciembre de 2023 (fs. 70), fijando la audiencia de consideración de esta acción tutelar recién para el 15 de enero de 2024; es decir, aproximadamente un mes después a la admisión de esta acción de defensa y fuera del plazo previsto por el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que la audiencia debe desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la interposición de la acción de amparo constitucional. De modo que, a más de inobservar lo expresamente determinado en la ley, el incumplimiento de este plazo también desconoció la naturaleza jurídica de este tipo de acción constitucional que requiere un trámite sumario y el restablecimiento inmediato del derecho que se consideró vulnerado, más aún cuando la problemática jurídica planteada se vincula con la denuncia de lesión de derechos de una persona adulta mayor que pertenece a un grupo de atención prioritaria; por lo que, corresponde exhortar a los integrantes de la referida Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones enmarquen sus actuaciones a lo previsto en la citada disposición procesal. Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento efectuado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, referente a que no puede constituirse como tercero interesado en las acciones tutelares; se advierte que, en efecto, de acuerdo al Auto de admisión de 18 de diciembre de 2023, se ordenó la notificación a la representante legal de este Ministerio atribuyéndole esta condición; no obstante, se debe aclarar que de acuerdo a lo previsto en el art. 31 del CPCo, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 1351/2003-R de 16 de septiembre, 1851/2010-R de 25 de octubre, entre otras) la condición de tercero interesado se confiere a aquella persona que sin ser parte dentro de la acción tutelar a sustanciarse, podría verse afectada en sus derechos o garantías constitucionales adquiridos en el proceso judicial o administrativo cuyas resoluciones se impugnan a través de la acción de amparo constitucional. Por tal motivo, debe hacérsele conocer la admisión de la acción tutelar planteada, a fin de que pueda apersonarse a formular sus alegatos, ofreciendo las pruebas que consideren pertinentes y en definitiva ejerza ampliamente la defensa de sus intereses. De lo expuesto se colige, que en esta acción de amparo constitucional no procedía la notificación a dicho Ministerio pues no asume esta condición, porque la potestad que ejerce al resolver impugnaciones jerárquicas, se enmarcan el régimen jurídico de orden público en el que se sustenta su competencia (art. 61 de la LPA) y carece de un interés particular que es el elemento configurador de la calidad de tercero interesado en acciones tutelares. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 128 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral y seguridad social; “derecho a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”, “vida de calidad”, “trato digno”, “respeto a la integridad psíquica y física”, “seguridad y apoyo jurídico” y “protección contra toda forma de discriminación”; con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada, en el marco de los argumentos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Marquéz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, debiendo enmarcar sus actuaciones futuras a lo previsto en los arts. 31 y 56 del Código Procesal Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0056_2024-S2.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): f033f7b2460973678619c60fe01f535e44ebabd0ead74f6940aa024338122f3a
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