Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica, y a la presunción de inocencia, vinculados a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se emitió el Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, que con una inadecuada motivación, mantuvo el riesgo procesal previsto en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 104 a 114, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56670-2023-114-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 104 a 114, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Sandra Ormachea Zeballos contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante a fs. 1; y, 78 a 84, la accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Conforme acta de medidas cautelares de 15 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2, y 234.1 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en relación al riesgo establecido en el art. 234.7 del mismo Código, respecto al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, la referida Jueza señaló que el Ministerio Público fundó dicho riesgo procesal basado en la SCP 0969/2017-S3 de 25 de septiembre, considerando que en los delitos que establece la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, que afectan a grupos vulnerables de la sociedad, se debe considerar la naturaleza del hecho por la gravedad y peligrosidad del delito, y no la proclividad de delinquir, teniendo prioridad la citada Sentencia Constitucional Plurinacional que protege de mejor manera los Derechos Humanos, toda vez que, el tráfico de sustancias controladas es un riesgo inminente para la sociedad. Considerando que dicho argumento no se adecua a la jurisprudencia constitucional ni a la ley, formuló recurso de apelación incidental alegando la inadecuada motivación y fundamentación del art. 234.7 del CPP; sin embargo, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, resolvió la apelación manteniendo el riesgo procesal, señalando que, si bien es cierto que la Jueza a quo tomó en cuenta la SCP 0969/2017-S3 respecto a los elementos que hacen a la naturaleza del delito de sustancias controladas, también se consideró el informe del investigador asignado al caso y las circunstancias del hecho acontecido el 13 de mayo de 2003, cuando las imputadas fueron aprendidas con una gran cantidad de sustancias controladas, consistente en 180 kilos y 160 gramos de marihuana en estado húmedo, debiendo considerarse esas circunstancias a fines de darse cumplimiento a los arts. 1 y 5 de la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas -Ley 913 de 16 de marzo de 2017-, habiendo transcurrido un corto tiempo desde la detención preventiva. La Vocal demandada también señaló que si bien la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, hizo referencia a las circunstancias que no se pueden tomar en cuenta en delitos de sustancias controladas para fundamentar el art. 234.7 del CPP; no obstante, de acuerdo a la SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, se debe realizar una valoración integral en relación a las circunstancias del hecho, como el estado del proceso, la cantidad de sustancias controladas y otros elementos que dieron lugar a la aprehensión, como el hecho de que las imputadas se dieron a la fuga. La referida fundamentación de la Vocal demandada, es contradictoria a los lineamientos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como vulneratoria a derechos y garantías constitucionales al haberse aumentado fundamentos para mantener el riesgo procesal; razón por la cual, mediante memorial de 13 de junio de 2023, se presentó una acción de libertad qué fue resuelta por el Juzgado de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, que otorgó la tutela solicitada, anulando el Auto de Vista de 30 de mayo de ese año, ordenando se emita uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo ajustarse a la línea jurisprudencial señalada, únicamente en relación al peligro procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. El referido fallo constitucional señaló que de acuerdo a las sentencias constitucionales citadas, se debe valorar que el peligro sea real, verdadero o materialmente verificable, puesto que su justificación se encuentra en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anterior y no por el delito del cual se les sindica y juzga, sobre la base de las características personales de la gente y no del hecho cometido, siendo importante analizar la conducta y antecedentes del imputado conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2014 de 3 de enero, 0220/2020-S3 y 0702/2020-S3, aspectos que el Juez de garantías señaló que no fueron considerados en este caso, concluyendo que la autoridad demandada tomó en cuenta aspectos de fondo del proceso penal en cuanto al hecho cometido, pese a que el proceso aún se encuentra en etapa preparatoria, tratándole como culpable del delito sin siquiera haberse ingresado a la etapa de juicio oral; asimismo, señaló que la SCP 0969/2017-S3 no es aplicable porque no ingresa al análisis en específico del riesgo procesal del art. 234.7 del adjetivo penal. La Vocal demandada hizo caso omiso de la orden del Juez de garantías y mediante Auto de Vista de 16 de junio de 2023, nuevamente determinó la improcedencia de la apelación incidental, señalando que el Fiscal de Materia, fundó la imputación formal en el hecho de que es un peligro para la sociedad por haber sido aprendida en flagrancia con 180 kilos y 160 gramos de marihuana, delito que ataca a la población más vulnerable que se encuentra plenamente identificada, advirtiéndose que la Jueza a quo valoró el comportamiento que la imputada manifestó que se demuestra con la sustancia controlada incautada, la aprehensión en flagrancia y participación de más de una persona. En ese sentido, la Vocal demandada hizo caso omiso de la Resolución 003/2023 de 14 de junio, emergente de la interposición de una acción de libertad; ya que, continúa con la vulneración de los derechos denunciados en esa acción tutelar; es decir, el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, legalidad y presunción de inocencia porque los fundamentos que expuso se apartan de los señalados por el juez de garantías, encontrándose su persona en un absoluto estado de indefensión, puesto que, no existe otra instancia de apelación. No obstante, al existir indebida consignación del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, la fundamentación de la Vocal demandada nuevamente se basa en hechos que se encuentran en investigación y que la sustancia controlada es dañina para la sociedad. En un caso similar, por el mismo delito, la prenombrada emitió el Auto de Vista 114/2023 de 25 de mayo, respecto al riesgo previsto en el art. 234.7 del referido Código, en la que señala que si bien los delitos de narcotráfico afectan a la sociedad, no es razonable que por el solo hecho de que el imputado se encuentre procesado por ese delito sea necesariamente un peligro para la sociedad y concurra el peligro de fuga; por tanto, ese riesgo no puede fundarse en la afectación a la salud pública y que los destinatarios son adolescentes y niños, más aún si se tiene en cuenta que la evaluación del peligro efectivo para la sociedad, no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, de ser así se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, las circunstancias del hecho anteriores al juicio, al ser provisionales, no pueden fundar los riesgos procesales, así lo señaló la SCP 0975/2016-S3 de “13” de septiembre. Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2014 de 3 de enero y 0185/2019-S3 de 30 de abril, establecen que el riesgo efectivo para la sociedad, se refiere a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo de la Jueza a quo, no pudiendo tratarse a una persona como culpable de un delito sin que previamente se haya establecido su culpabilidad en sentencia ejecutoriada; de igual manera, la SCP 0702/2020-S3 señala que dicho riesgo puede acreditarse si se cuenta con una sanción por un delito anterior cuyas circunstancias estén ligadas al hecho posterior que es investigado. La Vocal demandada, pese haber sido demandada anteriormente dentro del mismo caso, hace caso omiso de la Resolución dictada en la anterior acción de libertad que estableció la aplicación de la jurisprudencia constitucional que se remite a la SCP 0056/2014, y continúa con la inadecuada fundamentación del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, con un criterio subjetivo, contradiciendo las sentencias citadas precedentemente, vulnerando el principio de inocencia, tomando en cuenta las circunstancias de los hechos investigados y no la personalidad del autor, sin que exista un elemento material que evidencie que la imputada es un riesgo para la sociedad, la víctima o el denunciante, dicho incumplimiento de un fallo constitucional anterior -emitido en el mismo caso y por la misma problemática-, ocasiona perjuicio a su persona.
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica, y a la presunción de inocencia, vinculados a la libertad, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se conmine a la Vocal demandada emita un nuevo auto de vista en el plazo de veinticuatro horas, tomando en cuenta la ampulosa jurisprudencia constitucional en relación a la valoración y fundamentación del riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, imponiendo daños y perjuicios; y, b) Se disponga la remisión de obrados ante el Ministerio Público, para la investigación y procesamiento penal de la Vocal demandada por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 103, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que se detenga el actuar de la Vocal demandada, puesto que, si continúa siendo reticente al cumplimiento de resoluciones de acciones de defensa, se incurrirá en un enredo de acción de libertad tras acción de libertad, por lo cual solicitó se remitan antecedentes ante el Ministerio Público, a fin de que pueda investigar ese hecho, por la comisión del delito de incumplimiento de resoluciones en acciones de defensa, previsto en los arts. 153, 173 y 179 del Código Penal (CP).
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito, cursante de fs. 98 a 100, manifestó que: 1) De manera previa a resolver la presente acción de libertad, corresponde cumplir la jurisprudencia contenida en la SC 0165/2011-R de 21 de febrero, que establece que la justicia constitucional, no tiene competencia para valorar la prueba; 2) La accionante, se limita a realizar una descripción de los hechos, a transcribir sentencias constitucionales, observando la aplicación del art. 234.7 del CPP, con argumentos que no reflejan los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 16 de junio de 2023; y, 3) Los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares, así lo estableció la SCP 0140/2023-S4 de 17 de abril, al señalar que no es posible interponer una acción tutelar con la finalidad de cuestionar las decisiones o resoluciones constitucionales emergentes de otra acción de defensa, dado que no es viable pretender la revisión de una decisión en la cual se ha otorgado o denegado la tutela, de ser así la decisión del Juez o Tribunal de garantías anterior perdería su efectividad y derivaría en una cadena interminable de acciones de defensa y para el caso de existir reclamos respecto a la observancia de lo determinado ya sea por incumplimiento o sobrecumplimiento, el accionante debe acudir ante el mismo Juez de garantías, que emitió la resolución objeto de controversia a través del recurso de queja; más aún en este caso, considerando que su persona únicamente se limitó a dar cumplimiento a la Resolución 003/2023 emitida por el Juez de garantías en la anterior acción de libertad interpuesta por la hoy accionante, indicando el porqué de la determinación asumida.
Fabio Velasco Rojas, representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, señaló que: i) El Auto de Vista de 16 de junio de 2023 emitido por la autoridad demandada, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, se cumplen los requisitos de probabilidad de autoría y participación, previstos en el art. 233.1 del CPP; ii) La accionante se olvidó argumentar sobre la SCP 0969/2017-S3 que es posterior a la SCP 0056/2014, que señaló que las sustancias controladas son un peligro efectivo para la sociedad en su conjunto; iii) El art. 234.7 del referido Código se trata de una norma interpretativa, no hay una verdad material que deba aplicarse en todo sentido, siendo lo relevante la gran cantidad de sustancia controlada secuestrada de la ahora accionante y no así, si la misma cuenta o no con antecedentes anteriores, lo que pretende la impetrante de tutela es que al desvirtuar el riesgo establecido en dicha norma, no se aplique ninguna medida cautelar en su contra, sin considerar la concurrencia del art. 233.1 del adjetivo penal; y, iv) El Auto Supremo (AS) 678/2014 de 27 de noviembre, establece que los delitos de narcotráfico, son considerados de peligro y no de resultado.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 06/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 104 a 114, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La presente acción de libertad, tiene como base la Resolución 003/2023, emitida en una anterior acción de libertad dentro del proceso penal seguido contra la accionante, la cual anuló el Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, y ordenó a la autoridad ahora demandada la emisión de un nuevo Auto de Vista que se ajuste a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, en relación a la interpretación del art. 234.7 del CPP; el argumento reiterado de la parte accionante, consiste en señalar que el Auto de Vista de 16 de junio de ese año, emitido en cumplimiento de la Resolución 003/2023, no se encuentra debidamente fundamentado con base a la jurisprudencia constitucional; b) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1216/2016-S1 de 17 de noviembre y 0358/2017-S1 de 25 de abril, entre otras, señalan la inviabilidad de interposición de una nueva acción de defensa respecto al incumplimiento de resoluciones dictadas en acciones tutelares; c) La Resolución 003/2023, determinó que la fundamentación del Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, con relación al art. 234.7 del CPP, se ajuste a la línea jurisprudencial constitucional, este extremo se vuelve a plantear en la presente acción de libertad que tiene como finalidad establecer la falta de motivación y fundamentación conforme a la línea jurisprudencial respecto a los elementos que habría tomado en cuenta la autoridad ahora demandada para dictar el nuevo Auto de Vista -de 16 de junio de dicho año-; y, d) La parte impetrante de tutela denuncia que la Vocal demandada nuevamente incurrió en la vulneración de derechos y garantías por hacer caso omiso de la Resolución 003/2023, por cuanto alega que no se habría cumplido la jurisprudencia de la SCP 0056/2014, y nuevamente se habría incurrido en una indebida fundamentación respecto a la aplicación del art. 234.7 del adjetivo penal; sin embargo, tratándose de los mismos hechos que dieron lugar a la primera acción de libertad, corresponde que la peticionante de tutela, plantee el reclamo que ahora expone, ante el Juez de garantías que inicialmente conoció los agravios planteados y emitió la Resolución 003/2023 disponiendo la emisión del nuevo Auto de Vista, a efecto de que esa autoridad verifique si se cumplió o no con la determinación asumida y en su caso conmine su cumplimiento, de persistir el incumplimiento puede activar la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, resultando inviable la pretensión de la ahora accionante de plantear de forma directa un nuevo recurso constitucional para el cumplimiento de la Resolución 003/2023.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 118), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 122); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2023, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Sandra Ormachea Zeballos -ahora accionante- y Teresa Quiroz Orozco. Resolución que fue apelada en la misma audiencia (fs. 4 vta. a 8). II.2. Mediante Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental formulada por la impetrante de tutela y Teresa Quiróz Orozco, sosteniendo que se mantiene el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, y no así el establecido en el numeral 1 de la misma norma (fs. 13 vta. a 15 vta.). II.3. Por Resolución 003/2023 de 14 de junio, el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, resolvió la acción de libertad interpuesta por la ahora peticionante de tutela, en contra de la Vocal demandada, concediendo la tutela solicitada y dejando sin efecto el Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, debiendo emitirse uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 16 a 19 vta.). II.4. Cursa Auto de Vista de 16 de junio de 2023, emitido por la Vocal demandada, que declaró improcedente la apelación incidental formulada por la impetrante de tutela (fs. 20 a 22).
La accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, legalidad y seguridad jurídica, y a la presunción de inocencia, vinculados a la libertad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se emitió el Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, que con una inadecuada motivación, mantuvo el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, por lo cual continuó su detención preventiva; en consecuencia, planteó acción de libertad que fue resuelta concediendo la tutela a su favor, ordenando se emita un nuevo auto de vista que cumpla la jurisprudencia constitucional en relación al referido riesgo procesal; sin embargo, la Vocal demandada, incumplió la orden del Juez de garantías y emitió el Auto de Vista de 16 de junio de igual año, reiterando los fundamentos de su primera resolución, basándose en hechos que se encuentran en investigación e indicando que el tráfico de sustancias controladas es un delito que afecta a la sociedad y a grupos vulnerables, sin considerar que el peligro para la sociedad no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado. Ante ello, la Vocal demandada alega que, la accionante expone argumentos que no reflejan los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 16 de junio de 2023, y que las acciones tutelares no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones de libertad, y su persona se limitó a cumplir la Resolución 003/2023 emitida por el Juez de garantías que resolvió la anterior acción de libertad presentada por la impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, cita dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero y establece: “…i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-.
(…) En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla” (las negrillas son nuestras).
De la revisión de antecedentes, se tiene que, en la audiencia de 15 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de igual fecha, que dispuso la detención preventiva de la accionante y de otra persona más, por la existencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 7 del CPP (Conclusión II.1); resolución que fue apelada en la misma audiencia, llegando a emitirse el Auto de Vista de 30 de ese mes y año, que declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental formulada por la impetrante de tutela, manteniendo el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del adjetivo penal, y no así el establecido en el numeral 1 de la indicada norma (Conclusión II.2). Posteriormente, la accionante interpuso una acción de libertad que fue resuelta por el Juez de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, que emitió la Resolución 003/2023 de 14 de junio, en la que concedió la tutela solicitada dejando sin efecto el Auto de Vista de 30 de mayo de 2023, disponiendo se emita uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas, cumpliendo la línea jurisprudencial de interpretación, únicamente en relación al peligro procesal previsto en el art. 234.7 del CPP (Conclusión II.3). En cumplimiento de la Resolución 003/2023, la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista de 16 de junio de igual año, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulada por la impetrante de tutela (Conclusión II.4). Ahora bien, la impetrante de tutela interpone la presente acción tutelar contra el Auto de Vista de 16 de junio de 2023, que como se indicó anteriormente, fue emitido en cumplimiento de la Resolución 003/2023 dictada por el entonces Juez de garantías en respuesta a la primera acción de libertad presentada en contra del Auto de Vista de 30 de mayo de ese año; sin embargo, conforme estableció la jurisprudencia de este Tribunal, resulta improcedente a través de otra acción de libertad u otra acción tutelar, impugnar o cuestionar decisiones o resoluciones de autoridades, emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales, lo que incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías. Conforme a lo señalado, resulta improcedente ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por la accionante, puesto que la jurisprudencia constitucional no permite la activación de una nueva acción de defensa como es la acción de libertad para cuestionar el contenido de las resoluciones que emergen del cumplimiento de otra acción tutelar; así, en el caso concreto, la impetrante de tutela reclama que el Auto de Vista de 16 de junio de 2023, que emerge de la Resolución 003/2023, no cumpliría los lineamientos establecidos en dicha resolución de garantías, debido a que no seguiría la línea jurisprudencial constitucional determinada, especialmente la contenida en la SCP 0056/2014, y continuaría manteniendo la concurrencia del riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad, incurriendo en una supuesta errónea motivación y fundamentación, basándose en hechos que aún se encuentran en investigación, vulnerando el principio de presunción de inocencia; respecto a lo cual, en todo caso, corresponde que la peticionante de tutela acuda ante el Juez de garantías, quien emitió la Resolución 003/2023, y exponga ante dicha autoridad los agravios que ahora plantea, referidos al aludido cumplimiento encubierto o distorsionado de la Resolución indicada; asimismo, si dicha resolución adquirió la calidad de cosa juzgada material; no obstante, en caso de continuar con el supuesto incumplimiento o cumplimiento distorsionado de la primera resolución de garantías, la accionante puede presentar el recurso de queja en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 del CPCo; no obstante, no corresponde reclamar dicho supuesto incumplimiento o cumplimiento encubierto o distorsionado a través de la interposición de otra acción de libertad, puesto que como se indicó anteriormente, no corresponde reclamar los efectos de una primera acción de libertad a través de la interposición de otra acción tutelar similar. En ese sentido, en el caso concreto, conforme a los argumentos expuestos, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de lo demandado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 27 de junio, cursante de fs. 104 a 114, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0055_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 57311692a71aa0dd9c0167a537dcc0d2e9b6330cad52ba7b2b8fa8cc2bbc329b
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