Sentencia Constitucional Plurinacional · Recurso directo de nulidad · Sala Plena · 7 de agosto de 2024
El recurrente denuncia que Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, al admitir y resolver una acción de amparo constitucional, concediendo la tutela y dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, ordenando la emisión de una nueva sentencia, disponiendo cómo debería fallar la instancia jurisdiccional y ordenando al INRA a que ejecute nuevas pericias de campo, actuaron sin competencia alguna, usurpando funciones que no les compete y que son propias del Tribunal Constitucional Plurinacional, adecuando y subsumiendo su conducta a lo establecido por el art. 122 de la CPE, al ejercer una potestad sin tener jurisdicción ni competencia legítima fundada en la ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a efectos de declarar o no la nulidad de la Resolución recurrida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: FUNDADO el recurso directo de nulidad planteado por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria; y, en consecuencia, NULA la Resolución 0002/2023 de 30 de agosto, emitida por Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2024 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA PLENA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Recurso directo de nulidad Expediente: 58975-2023-118-RDN Departamento: La Paz El recurso directo de nulidad interpuesto por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) contra Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, demandando la nulidad de la Resolución 0002/2023 de 30 de agosto.
El recurrente por memorial presentado el 25 de octubre de 2023, cursante de fs. 4 a 9 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso de saneamiento del predio GERMAN I, se emitió la Resolución Final de Saneamiento Resolución Administrativa RA-SS 0731/2018 de 17 de julio, declarando la ilegalidad de la posesión de Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani respecto a ese predio, en la superficie de “8.3150” ha, planteando los mismos demanda contenciosa administrativa contra la referida Resolución Final de Saneamiento ante el Tribunal Agroambiental, cuyos Magistrados de la Sala Segunda pronunciaron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, declarando improbada dicha demanda. Contra la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023, fuera de todo procedimiento, Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani presentaron una acción de amparo constitucional ante el Juzgado Indígena Originario Campesino Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, siendo notificados con el Auto de 20 de julio de 2023; por el cual, se admitió la citada acción de defensa, señalando audiencia para el 30 de agosto del mismo año; motivo por el cual, por memorial de 28 de igual mes y año, se pidió declinatoria de competencia. Posteriormente, las autodenominadas autoridades Indígenas Originarias Campesinas (IOC) del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, el 25 de septiembre de 2023, presentaron con Hoja de Ruta DN HRE 22503/2023 de igual fecha ante el INRA Nacional, el Acta de Audiencia y Resolución 0002/2023 de 30 de agosto; por el cual, los Jueces Indígena Originario Campesinos Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del referido departamento -recurridos-, concedieron la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023, disponiendo que las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental pronuncien nueva sentencia absolviendo todos los agravios de la mencionada demanda contenciosa administrativa y que el INRA realice nuevas pericias de campo. Teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 143 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo), así como la interpretación realizada por la SCP 1570/2014 de 11 de agosto, sobre el recurso directo de nulidad, se advierte que las autoridades hoy recurridas usurparon competencias propias del Tribunal Constitucional Plurinacional, al conocer y resolver una acción de amparo constitucional que fue interpuesta contra una Sentencia del Tribunal Agroambiental, desconociendo totalmente la finalidad que posee ese alto Tribunal en materia constitucional de ejercer el control de constitucionalidad y sobre todo de precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales; ejercicio que únicamente fue delegado a los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo previsto por el art. 2.II de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y a las Salas Constitucionales de acuerdo a lo regulado por el art. 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, y no así a los juzgados que se rigen bajo la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC); más aún cuando el art. 10.II de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) estableció claramente las materias en las que no es competente dicha instancia jurisdiccional, siendo expresa al referir que el “DERECHO AGRARIO” no es parte de sus competencias, conforme lo señala el art. 10.II inc. c) concordante con el inc. d) de la misma Ley, al disponer que el ámbito de vigencia material que no alcanza a la jurisdicción indígena originaria campesina, sino a las que están reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley a la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente, entre las cuales se encuentran las acciones de defensa. Por su parte, el art. 179.III de la CPE refiere que la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, concordante con el art. 2.II de la LTCP; en ese sentido, al admitir las autoridades ahora recurridas la mencionada acción de amparo constitucional, y resolverla a través de la Resolución 0002/2023, concediendo al tutela solicitada y dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023, señalando además como debería fallar la instancia jurisdiccional y ordenando al INRA a que ejecute nuevas pericias de campo, actuaron sin competencia alguna, usurpando funciones que no les compete y que son propias del Tribunal Constitucional Plurinacional, vulnerando la normativa antes referida, y desconociendo los principios de acceso a la justicia y tutela constitucional efectiva, viciando todos los actuados procesales que emergieron a causa de la admisión y posterior resolución de la mencionada acción tutelar, adecuando y subsumiendo su conducta a lo establecido por el art. 122 de la CPE, al ejercer una potestad sin tener jurisdicción ni competencia legítima fundada en la ley.
Se activa el presente mecanismo constitucional contra Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, solicitando la nulidad de la Resolución 0002/2023 de 30 de agosto, y pidiendo se declare fundado el recurso directo de nulidad planteado y se ordene la nulidad de dicha Resolución, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto de Admisión de la citada acción de amparo constitucional, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público, de conformidad con lo señalado por el art. 148.2 del CPCo.
Por AC 0491/2023-CA de 7 de noviembre (fs. 75 a 79), la Comisión de Admisión de este Tribunal admitió el presente recurso directo de nulidad, disponiendo la citación de las autoridades ahora recurridas para que de manera inmediata remitan los antecedentes respectivos al Tribunal Constitucional Plurinacional; asimismo, suspendió la competencia de las indicadas autoridades -con relación al caso concreto-; practicándose la citación respectiva -a esas autoridades-, el 2 y 5 de febrero de 2024, conforme se evidencia en las diligencias cursantes a fs. 84 y 85.
Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 28 de febrero de 2024, cursante de fs. 235 a 239, manifestaron que: a) El 20 de octubre de 2023, se remitió el expediente de la acción de amparo constitucional para su revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue respondido el 26 del citado mes y año, argumentando que no era atribución suya resolver esa acción de defensa, porque no “esta dado” por la Constitución Política del Estado y la Ley 1104, incumpliendo el art. 2 del CPCo, referente a la interpretación constitucional; b) El art. 179 de la CPE, avala el actuar de la JIOC en ese caso del Juzgado a su cargo, que goza de igual jerarquía -que la jurisdicción ordinaria-, y significa que son iguales en las funciones que tienen y realizan; c) La Ley 1104 mencionada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es solo para la jurisdicción ordinaria y no hace referencia a la JIOC, que de acuerdo a la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, se debe a su libre determinación, sus procedimientos propios y a su preexistencia antes de la colonia; d) Se debe tener en cuenta que se hace mención a una jurisdicción que reúne a varias leyes y normas nacionales e internacionales, para ser ejecutadas mediante sus instancias e instituciones propias. A la JIOC no se le puede suprimir su elección de desarrollar su función jurisdiccional, atentando contra su libre determinación discriminándolo de forma racial lo cual se encuentra penado; e) Teniendo en cuenta el análisis realizado por la SCP 0698/2013 de 3 de junio, sobre la JIOC a la luz de los instrumentos internacionales, se nota que dicha Jurisdicción no está usurpando funciones como señala el INRA Nacional, de acuerdo a lo establecido por el art. 122 de la CPE; f) La JIOC nace del bloque de constitucionalidad, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tal como lo menciona la SCP 0698/2013, lo que muestra que la Norma Fundamental les otorga su aval y respaldo de conformidad a lo señalado por sus arts. 2, 30, 179, 190 al 192; así como también por los arts. 13, 256 y 410 de la CPE, cuando hacen referencia a los arts. 2 del CPCo y 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), ya que en materia judicial se aplica con preferencia la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, y no así una norma o ley reglamentaria, en ese caso la Ley 1104; g) Al mencionar el INRA y el Tribunal Constitucional Plurinacional la palabra “supuestas autoridades”, muestran el racismo y la discriminación a su libre determinación, siendo que no usurparon funciones, porque las mismas nacen de la voluntad del constituyente y el bloque de constitucionalidad, así como su ancestralidad antes de la colonia y la voluntad de los miembros de una nación como es la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, de poder desarrollar la JIOC y solicitar que por su intermedio se resuelvan sus demandas, que pueden ser penales, civiles, familiares, tributarios, contenciosos administrativos, de garantías constitucionales, entre ellas la acción de amparo constitucional que puede estar dirigida contra los entes administrativos del Estado, quienes aprovechando su poder de administradores cometen injusticias, sobre todo contra los miembros de la Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC); y, h) El Tribunal Constitucional Plurinacional está cometiendo una ilegalidad al desconocer sus propios fallos referidos al ejercicio y desarrollo de la JIOC, tales como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0026/2013 y 0037/2013, ambas de 4 de enero, 0698/2013 y la 0764/2014 de 15 de abril. Similares entendimientos se desarrollaron respecto a la nueva estructura del Órgano Judicial en la SC 0321/2010-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2463/2012, 1936/2013, 0874/2014, 0105/2015, 0039/2017 y 0078/2017.
Por decreto constitucional de 15 de mayo de 2024 (fs. 261), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de julio del citado año (fs. 274); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, pronunciada por Elva Terceros Cuellar y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; por la cual, declararon improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-SS 0731/2018 de 17 de julio, emitida dentro del proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN-SIM), respecto al polígono 220 correspondiente entre otros, al predio denominado GERMAN I ubicado en el departamento de Cochabamba (fs. 115 a 131 vta.). II.2. Consta memorial de acción de amparo constitucional presentado el 19 de julio de 2023 ante el Juzgado Indígena Originario Campesino Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba; por Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani contra las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, solicitando se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 y se disponga la nulidad de obrados hasta la etapa de pericias de campo, identificando como tercero interesado al INRA (fs. 26 a 34 vta. y 99 a 107 vta.). Asimismo, cursa Resolución de 20 de julio de 2023, emitida por el Juzgado Indígena Originario Campesino Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del señalado departamento, admitiendo la citada acción de defensa y corriendo traslado a las Magistradas accionadas para que presenten su informe, señalando audiencia pública para su consideración (fs. 22 a 25). II.3. Por memorial presentado el 30 agosto de 2023 ante el Juzgado Indígena Originario Campesino Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA -recurrente-, solicitó la declinatoria de competencia por razón de materia y derivar todos los antecedentes a conocimiento del Tribunal competente de conformidad con lo dispuesto por los arts. 73 y ss. de la LTCP (fs. 37 a 38).
II.4. Cursa Acta de Audiencia y Resolución 0002/2023 de 30 de agosto, suscritas por Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, concediendo la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 disponiendo se emita una nueva sin espera de turno (fs. 40 a 67).
El recurrente denuncia que Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, al admitir y resolver una acción de amparo constitucional, concediendo la tutela y dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, ordenando la emisión de una nueva sentencia, disponiendo cómo debería fallar la instancia jurisdiccional y ordenando al INRA a que ejecute nuevas pericias de campo, actuaron sin competencia alguna, usurpando funciones que no les compete y que son propias del Tribunal Constitucional Plurinacional, adecuando y subsumiendo su conducta a lo establecido por el art. 122 de la CPE, al ejercer una potestad sin tener jurisdicción ni competencia legítima fundada en la ley. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a efectos de declarar o no la nulidad de la Resolución recurrida.
Con relación al recurso directo de nulidad, el art. 122 de la CPE, establece que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. El Código Procesal Constitucional en su art. 143, dispone que: “El Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”. Asimismo, el art. 144 del CPCo, establece que: “Se entenderá por acto, toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular, de autoridad u Órgano Público, emitida en violación de la Constitución Política del Estado o las leyes”.
En cuanto a su naturaleza jurídica, la SCP 0006/2015 de 6 de febrero, señaló que: “El recurso directo de nulidad es una acción de orden constitucional sobre los actos o resoluciones de las personas o autoridades que ejercen jurisdicción o competencia que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes, su finalidad es preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano ha realizado en miras de garantizar para las bolivianas y bolivianos, que ninguna decisión de interés público, sea asumida por quien no goce de la facultad jurídica para hacerlo. En ese marco, el recurso directo de nulidad es un mecanismo reparador de los actos emanados sin jurisdicción ni competencia, pues la sanción de nulidad constitucional, es la respuesta a un actuar jurisdiccional o competencial al margen de la constitucionalidad y/o legalidad, precautelando no solamente a la institucionalidad estatal, sino también los derechos subjetivos del pueblo boliviano de ser gobernados en un Estado Constitucional de Derecho, en el cual nadie ejerza aquello que la Norma Suprema y las leyes no le han encomendado. Dentro del Capítulo Primero del Título IV de la Constitución Política del Estado, referido a ‘Garantías Jurisdiccionales’, se encuentra el art. 122, que precisa ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley’. De ahí que la procedencia del recurso se da en dos supuestos: a) Usurpación de funciones sin competencia, referido al ejercicio de funciones ajenas; y, b) Ejercicio de potestad o jurisdicción no asignada por la Norma Suprema o las leyes, referido al ejercicio de funciones inexistentes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha sido en el Estado Plurinacional de Bolivia, configurado como un órgano jurisdiccional llamado a precautelar el sistema constitucional boliviano, para hacerlo se le han encomendado tres tipos de atribuciones: 1) El control de constitucionalidad; 2) La supervisión de la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y, 3) El control competencial del ejercicio del poder público. Contexto normativo en el cual el recurso directo de nulidad es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por decisión del constituyente debe ejercer en los casos previstos el rol de ser un dirimidor competencial y un contralor del respeto de las atribuciones jurisdiccionales y competenciales que ejerzan una función pública” (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 0014/2017 de 2 de mayo, señaló que: “El recurso directo de nulidad previsto por el art. 202.12 de la CPE, instituido en resguardo de la garantía constitucional contenida en el art. 122 de dicha Norma Suprema, tiene la finalidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare en forma expresa la nulidad de todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen; así como de los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley, proporcionando al justiciable un medio jurisdiccional reparador de acceso inmediato contra todo acto o resolución dictado sin jurisdicción ni competencia. El recurso directo de nulidad tiene por objeto proteger al ciudadano del ejercicio abusivo del poder, pues las autoridades y servidores públicos pueden ejercer únicamente aquellas facultades y/o atribuciones que expresamente les reconoce el ordenamiento constitucional y legal; dado que, toda extralimitación en el ámbito de su jurisdicción y competencia está sancionada de antemano con la nulidad; enmarcándose entonces este recurso, dentro del ámbito del control de constitucionalidad de carácter competencial, a través del cual el Tribunal Constitucional Plurinacional declara la nulidad de los actos invasivos o usurpativos de jurisdicción y competencia, en los casos en que las autoridades y/o servidores públicos hayan ejercido atribuciones o potestades que corresponden a otras autoridades y/o servidores públicos, o cuando el ordenamiento constitucional y legal no les atribuye expresamente el ejercicio de tales atribuciones; siendo que, en un Estado Constitucional de Derecho, la competencia es de orden público y sólo emana de la ley (principio de legalidad), con el advertido de que esta última debe ser entendida en un sentido amplio en cuanto ley, decreto supremo, resolución reglamentaria, etc. En ese sentido, el recurso directo de nulidad procede en tres situaciones específicas, a saber: 1) Contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen; 2) Contra actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley; y, 3) Contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida en sus funciones o hubiere cesado. En tales casos, a la justicia constitucional sólo le atañe determinar si el órgano o autoridad pública recurridos al dictar la resolución o actos impugnados, actuaron con jurisdicción y competencia, o si por el contrario, usurparon funciones que no les competen, sin que pueda referirse a otras cuestiones propias de vías legales diferentes, como el contenido y/o alcances del acto o resolución, ni la forma o modo en que fueron proferidas o resueltas; por lo que, en el recurso directo de nulidad no es posible ingresar al examen del acto o resolución en particular, sino únicamente a establecer si se actuó o no con jurisdicción y competencia emanada de la ley” (las negrillas son nuestras).
Constitucionales para conocer una acción de defensa
La SCP 0256/2023-S3 de 17 de abril, haciendo referencia a la SCP 0602/2020-S3 de 6 de octubre, estableció que: “Respecto al derecho al debido proceso en su elemento de competencia de la autoridad judicial, varios instrumentos internacionales se pronuncian sobre la protección que recibe el mismo. Así, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. En el mismo sentido, el art. 25.1 de la CADH refiere que: ‘Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales’. (…) Por lo expuesto, se concluye que la normativa señalada establece la garantía de ser juzgado dentro de un debido proceso por un juez o tribunal que ostente una competencia establecida por la ley con anterioridad para conocer y resolver los hechos o actos cometidos contra los derechos fundamentales; determinación que puede ser aplicada a la competencia de las autoridades que conocen y resuelven procesos constitucionales en calidad de Jueces, Tribunales de garantías y Salas Constitucionales. Por su parte, el art. 3 de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, que derogó al art. 32 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé de forma específica el ámbito territorial, indicando que: ‘I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas. II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento.
III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante’. Al efecto, se tiene que en esa disposición se incorpora a las Salas Constitucionales para el conocimiento de las acciones de defensa, manteniéndose los mismos alcances que fueron determinados en el artículo derogado. Por ello, se tiene que los precedentes constitucionales que hicieron referencia a la competencia de los Jueces y Tribunales de garantías son aplicables en relación a la normativa procesal vigente. Por otra parte, el art. 2 de la Ley 1104 dispone que:
‘I. Las Salas Constitucionales son competentes para conocer y resolver:
a) Acción de Libertad;
b) Acción de Amparo Constitucional;
c) Acción de Protección de Privacidad;
d) Acción de Cumplimiento;
e) Acción Popular;
f) Otras previstas en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, ‘Código Procesal Constitucional’, para jueces y tribunales de garantías.
II. Por mandato constitucional, las Acciones de Libertad también podrán ser interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal’.
Así, la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, estableció que: ‘…por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia’ (…).
Dicho entendimiento fue complementado por la SCP 0100/2019-S2 de 5 de abril, que dispuso: ‘… si bien la regla indica, que es competente el juez o tribunal, donde se hubiere producido la violación del derecho; sin embargo, la misma norma admite las excepciones antes anotadas vinculadas a: a) La cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a la justicia constitucional; y, b) El domicilio de la o el afectado, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia.
Excepciones, que tienen por objetivo facilitar el acceso a la justicia constitucional y que inclusive se mantienen actualmente en la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, que en su art. 3, respecto a la competencia territorial de la Salas Constitucionales…
(…)
Entonces, de acuerdo a lo anotado, estas reglas de competencias y sus excepciones deben ser observadas por jueces, juezas y tribunales de garantías, que tienen que actuar en todo caso, en el marco de los principios de favorabilidad y pro actione, permitiendo el acceso a la justicia constitucional, para no desnaturalizar los principios de inmediatez y celeridad en la tramitación de las acciones de defensa y la eficaz protección de los derechos y garantías denunciados como vulnerados por el accionante; más aún, tratándose de acciones de libertad, dada la naturaleza de los derechos que tutela’.
Por lo expuesto, esta Sala concluye con base en una interpretación sistemática de la normativa legal boliviana, de los instrumentos internacionales y del entendimiento expuesto por la jurisprudencia constitucional citada, que tanto, los Jueces, Tribunales de garantías como Salas Constitucionales tienen el deber de conocer y resolver de manera oportuna las acciones de defensa establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley 1104, debiendo ejercer plenamente la potestad de su competencia, bajo los lineamientos de sus atribuciones y facultades que conllevan al desempeño de sus funciones en su calidad de juez natural en materia constitucional, para la protección de los derechos y garantías constitucionales. Por esa razón, se encuentran obligadas a cumplir con las reglas y excepciones mencionadas en la jurisprudencia constitucional” (las negrillas nos corresponden).
El recurrente denuncia que Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba, al admitir y resolver una acción de amparo constitucional, concediendo la tutela y dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, ordenando la emisión de una nueva sentencia, disponiendo cómo debería fallar la instancia jurisdiccional y ordenando al INRA a que ejecute nuevas pericias de campo, actuaron sin competencia alguna, usurpando funciones que no les compete y que son propias del Tribunal Constitucional Plurinacional, adecuando y subsumiendo su conducta a lo establecido por el art. 122 de la CPE, al ejercer una potestad sin tener jurisdicción ni competencia legítima fundada en la ley. De la revisión de antecedentes, se tiene que en la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani contra el Director Nacional del INRA -recurrente-, las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental pronunciaron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 de 3 de abril, declarándola improbada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-SS 0731/2018 de 17 de julio, emitida en el proceso de Saneamiento Simple de Oficio (SAN-SIM), respecto al polígono 220 correspondiente entre otros, al predio denominado GERMAN I ubicado en el departamento de Cochabamba (Conclusión II.1.); contra esa determinación Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani plantearon acción de amparo constitucional ante el Juzgado Indígena Originario Campesino Primero del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, solicitando que la misma sea dejada sin efecto y se disponga la nulidad de obrados hasta la etapa de pericias de campo, identificando como tercero interesado al INRA; siendo admitida esa acción tutelar por Resolución de 20 de julio de 2023, y corriendo traslado a las Magistradas accionadas para que presenten su informe, señalando audiencia pública para su consideración (Conclusión II.2.); en ese sentido, el tercero interesado, Director Nacional Interino del INRA -recurrente-, solicitó declinatoria de competencia por razón de materia y derivar todos los antecedentes a conocimiento del Tribunal competente (Concusión II.3.); pese a ello, luego de la audiencia de consideración de la citada acción de defensa, las autoridades recurridas emitieron la Resolución 0002/2023 de 30 de agosto, concediendo la tutela solicitada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 y disponiendo se emita una nueva sentencia sin espera de turno (Conclusión II.4.). Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de actuación sin competencia de las autoridades ahora recurridas, quienes hubiesen usurpado funciones que no les compete al admitir y resolver una acción de amparo constitucional planteada contra una Sentencia Agroambiental Plurinacional, corresponde señalar que de acuerdo con la normativa y jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se tiene que el recurso directo de nulidad fue instituido en resguardo de la garantía constitucional contenida por el art. 122 de la CPE, con la finalidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare la nulidad de los actos de órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. Entendiéndose como esos actos a toda declaración, disposición -resolución- o decisión de los señalados órganos o autoridades públicas de alcance general o particular. En tal sentido, el recurso directo de nulidad se activa sobre los actos o resoluciones de quienes se consideran que se encuentran usurpando funciones y de aquellos que ejercen jurisdicción o competencia que no emana de la Constitución Política del Estado o las leyes, y se constituye en un mecanismo reparador de esos actos o resoluciones emanadas de autoridades y/o servidores públicos sin jurisdicción ni competencia, o que hubiesen ejercido atribuciones o potestades que corresponden a otras autoridades y/o servidores públicos, o cuando el ordenamiento constitucional y legal no les atribuye expresamente el ejercicio de tales atribuciones. Bajo ese contexto, corresponde señalar que si bien de acuerdo a lo establecido por el art. 179 de la CPE, la función judicial en nuestro país es única, ejerciéndose la jurisdicción ordinaria por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal Agroambiental y Jueces Agroambientales; y la JIOC se ejerce por sus propias autoridades, gozando esta última de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, y existiendo además la jurisdicción especializada; sin embargo, de conformidad con el diseño normativo, se determinó que la justicia constitucional sea ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, el art. 120 de la CPE, señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”; previsión constitucional que se hace extensible a la jurisdicción constitucional, cuyo ejercicio también se enmarca en los presupuestos de competencia, independencia e imparcialidad. Siendo entendida la competencia como la: “Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto” (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p. 139 y 409) y de acuerdo al art. 12 de la LOJ, como: “...la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto”. Al respecto, el art. 2 de la LTCP señala que: “I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. II. Los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria conocerán las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento, y se pronunciarán conforme con la Constitución Política del Estado y la presente Ley” (las negrillas son nuestras). Por su parte, de conformidad con los arts. 1 y 2 de la Ley 1104, se creó a las Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, las cuales son competentes para conocer y resolver la acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular previstas en el Código Procesal Constitucional; refiriendo además, que las acciones de libertad también podrán se interpuestas ante jueces y tribunales en materia penal. De lo expuesto se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional ejercita su rol competencial de administrar la justicia constitucional a través de las Salas Constitucionales y las autoridades de la jurisdicción ordinaria, quienes se constituyen en jueces y tribunales de garantías; y ya que ese ejercicio comprende a todo el territorio nacional, se organizó y delimitó su ámbito de actuación territorial, estableciéndose de conformidad con la jurisprudencia y normativa mencionada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que son competentes para conocer las acciones de defensa, entre ellas la acción de amparo constitucional, los jueces y tribunales de garantías: “1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia”. Precisando esos presupuestos, el art. 3 de la Ley 1104, señaló que: 1) Con relación al lugar donde se produjo los hechos vulneradores de derechos, serán competentes para conocer y resolver las acciones de defensa, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas, las Salas Constitucionales de las capitales de departamento; y, en los municipios no comprendidos dentro de ese radio de acción, las citadas acciones de defensa podrán interponerse ante cualquier juez o Sala Constitucional del departamento en que se produjo el hecho; 2) En caso de que no exista una autoridad en el lugar, serán competentes los Jueces o Tribunales de garantías, o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte; y, 3) Cuando la violación del derecho o el acto lesivo se hubiese producido en lugar distinto al de la residencia de la persona afectada -accionante-, podrá presentar la acción tutelar ante la Sala o Juzgado competente por razón de su domicilio. Por lo referido, que contiene el análisis y aplicación de normativa constitucional e infraconstitucional, así como de jurisprudencia, se concluye que la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, las Salas Constitucionales, los Jueces y Tribunales de garantías; sin que en ese marco competencial se incluya a la JIOC con las facultades de conocer y resolver acciones de defensa, entre las cuales se encuentra la acción de amparo constitucional. Y si bien la jurisdicción ordinaria y la JIOC gozan de igual jerarquía; sin embargo, ello no implica que pueda atribuirse a esa última el conocimiento y resolución de la mencionada acción tutelar, al encontrarse plenamente establecido quienes ejercitan de manera exclusiva la función judicial en el ámbito constitucional. En ese contexto, la Resolución 0002/2023, emitida por las autoridades hoy recurridas y mediante la cual el Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, arrogándose la condición de Juez de garantías, concedió la tutela solicitada mediante una acción de amparo constitucional, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023, pronunciada por las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, y ordenando emitan una nueva decisión sin espera de turno; denota que los mismos actuaron sin competencia, usurpando funciones que no les compete; puesto que, como se tiene señalado, esa acción de defensa, de conformidad con lo establecido por los arts. 179.III de la CPE; 2 de la LTCP; y, 1, 2 y 3 de la Ley 1104, le corresponde en su conocimiento a las Salas Constitucionales, jueces y/o Tribunales de garantías dependiendo de los presupuestos mencionados en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. Y si bien, los recurridos alegan en su informe que su actuación se enmarca en lo determinado por la SCP 0698/2013 y lo establecido por los arts. 2, 13, 30, 179, 190 al 192, 256 y 410 de la CPE; sin embargo, revisado ese sustento jurisprudencial y la normativa aludida, en ninguna parte de su contenido se evidencia que se otorgue la facultad de conocer y resolver acciones de amparo constitucional a la JIOC. Asimismo, al manifestar que en el ejercicio de sus funciones, que nace del bloque de constitucionalidad y la voluntad del constituyente y de sus miembros de la Nación Sura-Marka Itocta del departamento de Cochabamba, lo que les permitiría conocer demandas penales, civiles, familiares, tributarios, contenciosos administrativos y de garantías constitucionales, como la acción de amparo constitucional, que pueden estar dirigidas contra los entes administrativos del Estado; se advierte el desconocimiento del contenido normativo de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en cuyo artículo 3 se señala que la jurisdicción indígena originario campesina es la potestad de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado; así como lo dispuesto en su art. 10 de la citada Norma Suprema, la cual claramente estipula que el ámbito de vigencia material de esa jurisdicción no alcanza a las materias que se encuentran reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinarias, como ocurre con el caso de las acciones tutelares, cuyo conocimiento y resolución fue establecido para las Salas Constitucionales, jueces y tribunales de garantías, de conformidad con lo señalado por los arts. 179.III de la CPE; 2 de la LTCP; y, 1, 2 y 3 de la Ley 1104 y de acuerdo a lo precedentemente señalado. Por todo lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente recurso directo de nulidad, al advertirse en coherencia con los razonamientos mencionados en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que las autoridades hoy recurridas usurparon funciones de las Salas Constitucionales y los jueces y tribunales de garantías, y obraron sin competencia de conformidad con lo previsto por el art. 122 de la CPE, al conocer y resolver a través de la Resolución 0002/2023, la acción de amparo constitucional interpuesta por Segundina Flores Vda. de Medrano y Germán Rodríguez Mamani contra la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 10/2023 emitida por las Magistradas de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; motivo por el cual corresponde que la indicada Resolución sea declarada nula.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.13 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: FUNDADO el recurso directo de nulidad planteado por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria; y, en consecuencia, NULA la Resolución 0002/2023 de 30 de agosto, emitida por Emilio Escalera Maldonado, Jilaqata del Ayllu “Alba Rancho” de la Nación Sura-Marka Itocta y Oscar Henry Camacho Claros, Consejero de la Justicia JIOC-COAMAC, ambos del departamento de Cochabamba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que no interviene el Presidente Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora por ser de Voto Disidente; asimismo, los Magistrados MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano son de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA VOTO DISIDENTE
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0055_2024.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 70e33a40a1d0fc5fc7f9a926bf4d420334238fe4a4ec06e6b7c483783a9be0fc
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