B.IA.LEGAL

SCP 0055/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
44247-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, además de los principios ama suwa, ama llulla y ama qhilla, alegando que, se encuentra ilegalmente privado de su libertad, debido a que se dispuso su libertad definitiva por indulto, pero a la fecha de interposición de esta acción tutelar no fue cumplida en razón a que existirían dos códigos de registro del proceso (CU 208402132000011 y NUREJ 203979401), lo cual haría entrever que existirían dos causas diferentes en su contra, por lo que denuncia negligencia y omisión por parte de los demandados, identificando que: a) El Juez y Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, al momento de remitir la causa que se encontraba con sentencia condenatoria ejecutoriada, no verificaron que el proceso ya tenía un CU, “han creado un nuevo NUREJ al momento de hacer sortear al Juzgado de Ejecución Penal” (sic); b) El Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, homologó la concesión de indulto disponiendo mandamiento de libertad a su favor dentro el NUREJ 203979401, cuando debió haber verificado que este caso corresponde al CU 208402132000011, que es la misma causa; c) Los verificadores dependientes del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, incumplieron sus funciones, pues sostuvieron que existe otra causa aperturada en su contra sin revisar y verificar su carpeta personal, ni el cuaderno de control jurisdiccional; y, d) El…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 227/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e inadmisibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea
  2. III.2. El deber del Director del Centro Penitenciario al momento de tener conocimiento del mandamiento de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44247-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 227/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Ever Pirca Gala contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto; Wilmer Demetrio Centellas Machicado, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana; Rosmery Mamani Morales, Secretaria todos del departamento de La Paz; José Luis Morales del Castillo, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; Juan Carlos Aguilar Cabrera y David Tarqui Paño, Verificadores del mencionado Centro Penitenciario.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 19 a 21, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Decreto Presidencial de Indulto –no precisa– fue beneficiado con libertad definitiva la cual fue dispuesta por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–, cuyo mandamiento de libertad se dejó el 18 de octubre de 2021 en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; sin embargo, a la fecha no se procedió a su cumplimiento, en razón de que cursaría otro mandamiento de detención preventiva por el delito de tráfico de sustancias controladas en su contra. Existiendo dos Números de Registro Judicial (NUREJ); es decir, dos causas distintas, en cuyo efecto aclaró que fue sometido a audiencia de medidas cautelares por el Juzgado Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento, donde se dispuso su detención preventiva el 26 de octubre de 2020, consignándose como Código Único (CUD) 208402132000011, proceso dentro el cual se emitió sentencia condenatoria por la comisión del ilícito de complicidad de transporte de sustancias controladas, “emitido por parte del ahora accionado juez de sentencia de la localidad de Copacabana y la secretaria abogada ahora accionada” (sic), que a efectos de control y cumplimiento del mandamiento de condena, no consigno en la misma el tipo penal por el que habría sido sentenciado. Remitidos los antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, emitió mandamiento de libertad definitiva sin precisar el CU con el que se habría presentado la imputación formal y posterior acusación, extremo que generó que no se efectivice su libertad. En cuanto a los verificadores del Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento –codemandados–, señaló que no cumplieron con sus funciones, pues arguyeron que existiría otra causa aperturada en su contra, sin revisar su carpeta personal ni el cuaderno de control jurisdiccional, lo cual resultaba su obligación, sin que a la fecha se haya procedido a cumplir esa verificación. Respecto al Director del mencionado Centro Penitenciario debió emitir su libertad, pues fue esta autoridad quien recepcionó el aludido mandamiento de libertad. Concluyó señalando que a la fecha se encontraría ilegalmente privado de su libertad por la negligencia y omisión de los operadores de justicia, personal subalterno y funcionarios del referido Centro Penitenciario.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, además de los “principios ama suwa, ama llulla y ama qhilla”, citando al efecto los arts. 8.I, 115 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) El Juez y Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de Cochabamba, oficien al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz estableciendo que la causa se encuentra signada con CU 208402132000011 y NUREJ 203979401, siendo ambas causas la mismas; b) Que el verificador proceda a contrastar el mandamiento de libertad definitiva dentro del proceso signado con CU 208402132000011 y NUREJ 203979401, siendo ambas causas la misma; c) El Director del citado Centro Penitenciario, una vez recepcionado el informe disponga su libertad inmediata; y d) Se exhorte al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del indicado departamento, en futura actuaciones consigne el CU y NUREJ correspondientes, tratándose de procesos de provincia esto a efectos de no volver a incurrir en dilaciones indebidas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 27 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 43, presentes el impetrante de tutela y los verificadores del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ausentes los Jueces, Secretaria y Director del referido Centro Penitenciario, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de sus abogados, ratificó el contenido de la presente acción tutela, y ampliándola manifestó que: 1) Con relación al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, y Secretaria del indicado Tribunal, el Ministerio Público emitió imputación formal con el CUD 208402132000011 por un delito flagrante relacionado con la Ley 1008 –Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, de 19 de julio de 1988–, la cual pasó a conocimiento del Juez de turno que recayó en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento , donde se llevó acabo la audiencia de medidas cautelares disponiéndose su detención preventiva mediante Resolución 339/2020 de 25 de octubre, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, emitiéndose mandamiento de detención preventiva donde se estableció como CU 208402132000011 concordante con el pliego de imputación formal; entonces terminado el turno del Juzgado, la causa fue enviada al “Juzgado Cautelar de la localidad de Copacabana”, donde fue presentada la acusación fiscal con el CU 208402132000011 por el delito de tráfico de sustancias controladas, tramitado que fue el proceso se pronunció la Sentencia 008/2021 de 18 de febrero, en contra de tres ciudadanos entre ellos el ahora accionante; no obstante, se modificó el delito de tráfico de sustancias controladas por transporte de sustancias controladas, habiendo sido impuesta una pena de cinco años y seis meses, fallo que se encuentra debidamente ejecutoriado, por cuanto el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Copacabana y la Secretaria del mismo Tribunal ahora demandados, emitieron el mandamiento de condena por el delito de transporte de sustancias controladas; no obstante, al momento de remitir al Juez de Ejecución Penal del El Alto del señalado departamento no verificaron que ya contaba con un CU, “han creado un nuevo NUREJ al momento de hacer sortear al Juzgado de Ejecución Penal” (sic); sin embargo, se trataría de la misa causa conforme se advierte del CU y las personas que fueron procesadas, advirtiéndose por ello vulneración a los derechos del solicitante de tutela generada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del citado departamento; y, Secretaria del mismo Tribunal, por no haber advertido esos errores; 2) El señalado Juez de Ejecución Penal Primero vulnero los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, pues al haber homologado la concesión de indulto, al momento de emitir el mandamiento de libertad a favor de Juan Ever Pirca Gala dentro el caso NUREJ 203979401 debió verificar que la causa corresponde al CU 208402132000011, siendo ambos procesos el mismo, en cuyo efecto además se le hizo conocer a la Secretaria bajo el principio de verdad material que corresponde a la misma causa, pero una vez que el verificador y “Coronel” remitieron informe señalando que supuestamente estaría detenido por dos casos, el Juez emitió la providencia de 26 de octubre, por el que estableció que se tendría presente el documento que antecede y se arrime dentro del presente caso NUREJ 203979401; asimismo, dispuso que el Juez que emitió la sentencia debía expedir un nuevo mandamiento de libertad; aspecto que se encontraría prohibido por Ley, consecuentemente se vulneró su derecho al debido proceso a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, soslayando que toda persona debe ser protegida de manera oportuna por los jueces en el ejercicio de sus derechos; y, 3) Respecto a los verificadores, se tenía el informe de 19 de octubre 2021 elaborado por Juan Carlos Aguilar Cabrera y por el Encargado de Archivo y Kardex, quienes no cumplieron con lo dispuesto, indicando que no procede la libertad, puesto que existía un mandamiento de detención preventiva, aspecto que no resultaba cierto ya que no cursa en el cuaderno otro mandamiento, por lo que dichos funcionarios incumplieron la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–, que establece que en el día debe realizarse la verificación y restitución de la libertad, además inobservaron el lineamiento contenido en la SCP 187/2018-S2 de 14 de mayo, pues el mandamiento de libertad fue presentado el 18 de octubre “y nos encontramos a fecha 27 de octubre” (sic), sin que pueda efectivizarse su libertad, por la negligencia del Juzgado de Copacabana, de Ejecución Penal y de los verificadores, por lo que solicitaron que en el día se dé cumplimiento al aludido mandamiento, y que en el día el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero -Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, oficie al Centro Penitenciario San Pedro, aclarando que el CU 208402132000011 y el NUREJ 203979401 son la misma causa, ello con la finalidad de no vulnerar su derecho a la libertad. A la pregunta formulada por el Vocal Constitucional que, si realizó algún reclamo ante el Juez de Ejecución Penal Primero del indicado departamento; contestó que, se hizo conocer a dicha autoridad a través de un memorial, antes de la acción de libertad, a efectos de que ejerza el control correspondiente corrigiendo o mandando un oficio al Régimen Penitenciario para efectivizar el mandamiento de libertad. A la segunda interrogante respecto a que si dicho Juez hubiere hecho algo; refirió que, les indicó que el memorial ingresa en veinticuatro horas y tiene el mismo plazo para “sacar de despacho” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades y funcionarios demandados

Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento La Paz, mediante informe presentado el 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 30 a 31, señaló que: i) El 9 de septiembre del indicado año, recepcionó el legajo remitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, la cual fue realizada previa generación del NUREJ 203979401 en plataforma, a solicitud del referido Tribunal, radicado el 10 de septiembre de igual año; ii) Aclaró que al momento de la remisión del cuaderno de ejecución ni la Sentencia 008/2021 de 18 de febrero tampoco el mandamiento de condena de 8 de septiembre del referido año, contenían número de NUREJ; iii) Las solicitudes realizadas por el hoy accionante en la etapa de ejecución fueron realizadas y presentadas con el NUREJ 203979401, sin que haya hecho notar en ningún momento la existencia de otro NUREJ, por lo que le extraña las aseveraciones que realiza el impetrante de tutela; iv) La carpeta de indulto enviada por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario fue remitida a través del referido NUREJ, conforme se tiene de la Nota CITE: DDRP-IND 122/2021, con base a la cual se emitió la Resolución de Indulto 212/2021 de 18 de octubre, y correspondiente mandamiento de libertad en favor del ahora solicitante de tutela en el proceso con NUREJ 203979401, por cuanto en base a dichos antecedentes, mal hubiera podido disponer la libertad en otro proceso que no sea signado con el NUREJ 203979401; y, v) Entre la documentación presentada para la consideración del indulto, cursa el Informe 793/2021 de 16 de septiembre, emitido por la Responsable de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual se hizo conocer que los procesos registrados en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ) con relación a Juan Ever Pirca Gala, únicamente figura el NUREJ 203979401, extrañándose la existencia del registro CU 208402132000011. Wilmer Demetrio Centellas Machicado, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, a través de informe de 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 35 a 36 de obrados, manifestó que: a) Fue tramitado ante ese Juzgado el proceso penal seguido en contra de Juan Carlos Macias Terrazas, Elmer Sebastián Maldonado Prado y Juan Ever Pirca Gala –ahora accionante– por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, emitiéndose sentencia condenatoria en su contra, donde fueron declarados culpables en grado de complicidad del delito de transporte de sustancias controladas, fallo que fue apelado y resuelto mediante el Auto de Vista 72/2021 de 30 de agosto, que declaró “desistida” la apelación ordenando la devolución de antecedentes ante el Juzgado de la causa, siendo ejecutoriada en 7 de septiembre de 2021, ordenándose la remisión al Juzgado de Ejecución Penal y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y que se libren los mandamientos de condena correspondientes, cumplidas las notificación se cumplió con la remisión el 9 del citado mes y año, como también los respectivos mandamientos para fines consiguientes; b) El memorial de acción de libertad es confuso ya que inicialmente señalo encontrarse detenido preventivamente para después indicar que cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada y que al presente incluso fue beneficiado con un indulto, causando por ello extrañeza que sea dirigida contra su autoridad y la Secretaria de su Juzgado, pues del contenido del escrito referido señala expresamente que fue beneficiado con su libertad definitiva por Decreto Presidencial de Indulto por parte del Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, lo que advierte que no incurrieron en vulneración alguna a sus derechos, dado que con la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución concluye su competencia en el conocimiento del proceso; c) No es evidente que en el mandamiento de condena no se hubiera consignado el delito por el cual fue sentenciado; d) Denunció que el mandamiento de libertad emitido a su favor no consignó el CU con el que se hubiere presentado la imputación, lo que conllevó que hasta el presente no se efectivice su libertad, sin que sea dicho aspecto le sea atribuible, ya que la causa se encuentra bajo competencia del Juez de Ejecución, a quien corresponde conocer cualquier incidencia; e) El impetrante de tutela no acreditó que hubiese acudido ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, para que pueda corregir la supuesta omisión, pudiendo haber solicitado a esa instancia se resuelva o aclare dicha situación; y, f) Finalmente, solicitó se considere la SCP 01372017-S3 de 3 de febrero, que hace alusión a la subsidiariedad excepciones de la acción de libertad, por cuanto puede acudir a la instancia llamada por ley para que se aclaren los extremos que denuncia, argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rosmery Mamani Morales, Secretaria del citado Tribunal, por informe escrito presentado el 27 de octubre de 2021, cursante de fs. 33 vta., señaló que el 9 de septiembre de igual año, en cumplimiento al Auto de Ejecutoria de 7 del referido mes y año, remitió fotocopias legalizada de las piezas fundamentales dentro del caso CU 204802132000011, consistentes en inicio de investigaciones, Resolución 339/2020, mandamiento de detención preventiva, acusación formal, Auto de Apertura de Juicio Oral, Resolución de Cesación a la Detención Preventiva, Sentencia 008/2021 de 18 de febrero, Auto de 7 de septiembre de 2021, por el que se declaró la ejecutoria de la Sentencia, y los mandamientos de condena correspondientes con especificación del delito, remitidas inicialmente a Plataforma de El Alto el 9 de septiembre de 2021, a las 13:08 para el registro, asignación de NUREJ y lugar asignado en el reparto, conforme consta del cargo de recepción estampado en nota de atención para el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento La Paz, mismo que fue dejado en el referido Juzgado la misma fecha a las 14:05, teniéndose con ello por cumplido el Auto de 7 de septiembre de 2021, conforme a procedimiento y dentro del plazo establecido, el cual no fue objeto de ninguna observación por el indicado Juzgado de Ejecución Penal, ni por el hoy accionante; finalmente, aclaró que su persona no asigna ningún número NUREJ; por lo que, remitió el legajo en cumplimiento a sus especificas funciones, lo que implica que no vulneró derecho alguno, en consecuencia solicitó se deniegue la tutela impetrada. José Luis Morales del Castillo, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia precisó que, recibido el informe del “Suboficial” (sic), éste le indicó que no podía efectivizarse el mandamiento de libertad por existir dos casos, por lo que inmediatamente y de acuerdo a procedimiento el 20 de octubre, remitió esa observación al Juez de Ejecución Penal Primero del referido departamento de, ya que en dicha dependencia sólo conocen los mandamientos sin tener conocimiento de la causa penal, si es un proceso o son dos que se vuelven uno, solo se remiten a la documentación remitida al Penal; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Juan Carlos Aguilar Cabrera, Verificador del señalado Centro Penitenciario, en audiencia manifestó que: 1) Existe en el file personal del impetrante de tutela con DNI 43192961 de Perú, en la verificación física y del sistema un mandamiento de detención preventiva con CU 208402132000011, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del y también un mandamiento de condena por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana ambos del mismo departamento con NUREJ 203979401, existiendo tres observaciones en los dos mandamientos, el número de proceso, delitos y Juzgados diferentes; y, 2) Aclaró que el trabajo de verificación se limita a apersonarse al Juzgado correspondiente para constatar la emisión del mandamiento, no tienen acceso al cuaderno de investigaciones para hacer una revisión minu9ciosa. David Tarqui Paño, Verificador del Centro Penitenciario San Pedro La Paz, a su turno señaló que, recibido el mandamiento de libertad por indulto del hoy solicitante de tutela, se procedió a su verificación en la ciudad de El Alto, posterior a ello se hizo entrega –no señala de que– al encargado “Sof. Aguilar de Sistemas posterior a eso se eleva informe correspondiente y ya tiene conocimiento autoridad” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 227/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 44 a 50, denegó la tutela impetrada; en base a los siguientes fundamentos: i) De antecedentes consta que el proceso penal seguido contra Juan Ever Pirca Gala y otros fue iniciado por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas; no obstante, bajo dicha calificación en Sentencia, donde el hoy accionante fue declarado autor en grado de complicidad del delito de transporte de sustancias controladas, que no es lo mismo que tráfico de sustancias controladas; ii) Se observó que el mandamiento de detención preventiva con el CU 208402132000011, en el transcurso el proceso se habría desarrollado bajo el NUREJ 203979401, que fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento, por lo que dichos aspectos darían a establecer que existe otro proceso penal habiéndose determinado la libertad solo en uno de ellos; no obstante, de la contrastación de todos los antecedentes, es evidente que al momento de emitirse la Sentencia existió un cambio de tipicidad normativa, y si bien existe una imputación y se aperturó el juicio y debate por el delito de tráfico de sustancias controladas, se terminó condenando por la complicidad de transporte de sustancias controladas,; iii) Seguramente por tratarse de un proceso de provincia se realizó un CU y posteriormente la apertura por el sistema de un NUREJ a efecto de la remisión ante el mencionado Juez de Ejecución Penal, lo que conlleva a que exista un problema en el sistema por cuanto un CU no es igual a un NUREJ, y si bien se encuentra identidad de la parte accionante no se conocen mayores datos, siendo de manera sui generis que el caso maneja más de un registro en el sistema, lo cual no fue observado; iv) El impetrante de tutela conocía de antemano de esta situación, la cual no fue objeto de debate ni regularizada, lo cual no resulta atribuible totalmente al solicitante de tutela sino además a las autoridades y secretarios que conocieron el caso, pues si bien dicho extremo o causó anteriormente perjuicio a Juan Ever Pirca Gala, ahora lo es, pero tampoco ello puede convertirse en un óbice para que pueda obtener su libertad; máxime, cuando se estableció que no se trata de un ciudadano boliviano sino extranjero; v) Corresponde a la autoridad jurisdiccional, pedir la baja o alta del sistema para que quede un solo registro, aclarando que se trata de un solo proceso; vi) Si bien en el caso hay una alta verosimilitud del derecho denunciado como lesionado, de la revisión de antecedentes se tiene que el mandamiento de libertad dejado ante el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, habría sido representado por su Director el 22 octubre de 2021; presentado ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el 25 de igual mes y año, a través del cual solicitó se pronuncie respecto a la existencia de otro mandamiento de detención preventiva, en cuyo efecto la aludida autoridad jurisdiccional mediante decreto de 26 del mes y año referidos, señaló: “téngase presente la documentación y habiendo señalado de forma expresa y precisa que el interno debe ser puesto en libertad y cuando no se encuentre detenido por otra causa, por lo que, al encontrarse detenido por otra causa diferente al proceso NUREJ: 203979401, se aclara que para hacerse efectivo el Mandamiento de Libertad instruido por este Despacho Judicial, previamente debe disponerse el Mandamiento de Libertad respectivo por la otra Autoridad Jurisdiccional que dispuso la detención preventiva del interno Juan Ever Pirca Gala, por Secretaria Ofíciese a Director del Recinto Penitenciario de San Pedro haciéndoles conocer el presente Proveído” (sic); vii) El accionante hizo conocer que se presentó un memorial el 26 de octubre de 2021, que fue recibido a las 15:00 p.m.; por el cual, solicitó se dé cumplimiento a lo ordenado; bajo ese antecedente, se tiene que la presente acción de libertad fue presentada la misma fecha a las 11:16 a.m., evidenciándose que el accionante activó esta jurisdicción constitucional antes de acudir con su reclamo ante la autoridad jurisdiccional, en plena inobservancia a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, viii) Es necesario que el caso sea tratado de manera prioritaria, por cuanto se exhortó que se regularice la situación a la brevedad posible sin plazos, para que pueda efectivizarse la libertad del hoy impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa mandamiento de detención preventiva de 26 de octubre de 2020, por el que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, mandó y ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento poner en detención preventiva a Juan Ever Pirca Gala –ahora solicitante de tutela–, así se tenía ordenado en la Resolución 339/2020 de 25 de octubre, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Macias Terrazas y otros por la presunta comisión del delito de Tráfico art. 48 de la Ley 1008; figurando en el encabezado de dicho mandamiento CU 208402132000011 (fs. 2). II.2 Mediante Sentencia 008/2021 de 18 de febrero, emitida dentro del proceso penal seguido en contra de Juan Carlos Macías, Elmer Sebastián Maldonado Prado y Juan Ever Pirca Gala, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, en el caso del hoy accionante fallo declarándolo autor en grado de complicidad de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, fallo que consigna en el encabezado “Caso.- No. 077” (sic)(fs. 3 a 14). II.3. Consta mandamiento de condena de 8 de septiembre de 2021, por el que el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, ordenó al Director del Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento dé cumplimiento a la Sentencia 008/2021 de 18 de febrero, en contra del impetrante de tutela, así se tenía ordenado en la aludida sentencia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Macias, Elmer Sebastián Maldonado Prado y Juan Ever Pirca Gala por el delito de transporte de sustancias controladas (fs. 17). II.4. Cursa mandamiento de libertad definitiva por indulto, emitido por el Juez de Ejecución Penal de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; por el que, mandó y ordenó al Director del mencionado Centro Penitenciario, ponga en inmediata libertad definitiva, siempre que no estuviere detenido por otra causa al hoy solicitante de tutela, así se tenía ordenado en la Resolución 212/2021 de 13 de octubre, en aplicación del Decreto Presidencial 4461 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado por el delito de complicidad de transporte de sustancias controladas (fs. 39). II.5. Consta Informe de Verificación de 19 de octubre de 2021, emitido por Juan Carlos Aguilar Cabrera, verificador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que certificó que del file personal que se le hizo entrega dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de transporte de sustancias controladas, los datos insertos en el mandamiento de libertad definitiva por indulto por Resolución 212/2021 de 18 de octubre de 2021, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del indicado departamento, corresponden a Juan Ever Pirca Gala –accionante– tal como se evidencia de la revisión efectuada al mandamiento de condena emitido por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del citado departamento (fs. 38). II.6. Mediante Informe elaborado por Ángel Vertiz Blanco Calderón, Encargado de Archivo de Kardex del aludido Centro Penitenciario, se tiene que, revisado los antecedentes del privado de libertad hoy accionante, en dicha dependencia se evidenciaba que sí contaba con otro mandamiento de detención preventiva en su contra, encontrándose detenido por otras causa (fs. 38). II.7. Cursa pronunciamiento emitido por el Director del mencionado Centro Penitenciario, por el que precisa que, vistos y revisados los informes que anteceden, en cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva por indulto, NO se concedía la libertad del ahora impetrante de tutela, debiendo procederse conforme corresponde a la Ley (fs. 38). II.8. A través de Nota Stría.Dir 3850/2021 NUREJ: 203979401 de 20 de octubre, el referido Director se dirigió al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, para infórmale que en atención al mandamiento de libertad definitiva por indulto, mediante el cual se ordenò poner en inmediata libertad al ahora solicitante de tutela, siempre que no estuviera detenido por otra causa, realizada la comprobación y revisión del aludido mandamiento como de su file, por el área de verificación de libertades, el verificador y encargado de kardex hicieron conocer que el prenombrado si tiene otro mandamiento de detención en su contra y se encontraría detenido por otra causa, por lo que le solicitó se pronuncie al respecto (fs. 38 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionado su derecho a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad, además de los principios ama suwa, ama llulla y ama qhilla, alegando que, se encuentra ilegalmente privado de su libertad, debido a que se dispuso su libertad definitiva por indulto, pero a la fecha de interposición de esta acción tutelar no fue cumplida en razón a que existirían dos códigos de registro del proceso (CU 208402132000011 y NUREJ 203979401), lo cual haría entrever que existirían dos causas diferentes en su contra, por lo que denuncia negligencia y omisión por parte de los demandados, identificando que: a) El Juez y Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, al momento de remitir la causa que se encontraba con sentencia condenatoria ejecutoriada, no verificaron que el proceso ya tenía un CU, “han creado un nuevo NUREJ al momento de hacer sortear al Juzgado de Ejecución Penal” (sic); b) El Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, homologó la concesión de indulto disponiendo mandamiento de libertad a su favor dentro el NUREJ 203979401, cuando debió haber verificado que este caso corresponde al CU 208402132000011, que es la misma causa; c) Los verificadores dependientes del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, incumplieron sus funciones, pues sostuvieron que existe otra causa aperturada en su contra sin revisar y verificar su carpeta personal, ni el cuaderno de control jurisdiccional; y, d) El Director del referido Centro Penitenciario, debió disponer su libertad dentro el caso en el cual fue dispuesta su libertad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad e inadmisibilidad de acudir a dos jurisdicciones de forma simultánea

Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la activación paralela de jurisdicciones, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, estableció que: “...se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico" (las negrillas son nuestras).

III.2. El deber del Director del Centro Penitenciario al momento de tener conocimiento del mandamiento de libertad

Al respecto, la SCP 0099/2016-S1 de 15 de enero, reiterando el entendimiento asumido por la SCP 0657/2012 de 2 de agosto, respecto a los deberes que tienen los directores de los centros penitenciarios, cuando reciben un mandamiento de libertad, manifestó lo siguiente: “'…tratándose de mandamientos de libertad, el art. 39 de la LEPS, señala que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, mientras que el funcionario que incumpla esa disposición será pasible a la responsabilidad penal y disciplinaria que corresponda; por lo tanto los encargados de las prisiones a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, están obligados a su cumplimiento inmediato, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; empero, deberán analizar también, de manera inmediata y sin que ello origine una demora indebida: a) Si existen o no otros mandamientos contra el imputado; y, b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, para lo cual deberán solicitar sin dilación alguna la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mismo. Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades se evada, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad. En ese sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, ha señalado que: «…el art. 39 de la LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…»′" (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes cursantes en el legajo procesal, consta mandamiento de detención preventiva de 26 de octubre de 2020, emitido por el que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, quién mandó y ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento poner en detención preventiva a Juan Ever Pirca Gala –ahora accionante–, lo cual se tenía ordenado en la Resolución 339/2020, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Macias Terrazas y otros por la presunta comisión del delito de tráfico art. 48 de la Ley 1008; figurando en el encabezado de dicho mandamiento CU 208402132000011 (Conclusión II.1); dentro del proceso penal de referencia el Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del indicado departamento, pronunció la Sentencia Condenatoria 008/2021, declarando al hoy impetrante de tutela autor en grado de complicidad de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, fallo que consigna en el encabezado “Caso.- No. 077” (sic)(Conclusión II.2).

Asimismo, cursa el mandamiento de condena de 8 de septiembre de 2021, por el cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz, ordenó al Director del Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, dé cumplimiento a la Sentencia 008/2021, en contra del solicitante de tutela, así se tenía ordenado en la aludida sentencia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Macias, Elmer Sebastián Maldonado Prado y Juan Ever Pirca Gala por el delito de transporte de sustancias controladas (Conclusión II.3). Por otro lado, cursa mandamiento de libertad definitiva por indulto, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el que mandó y ordenó al indicado Director del Centro Penitenciario, ponga en inmediata libertad definitiva, siempre que no estuviere detenido por otra causa al hoy accionante, así se tenía ordenado en la Resolución 212/2021, en aplicación del Decreto Presidencial 4461 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado por el delito de complicidad de transporte de sustancias controladas (Conclusión II.4); efecto de la verificación de dicho mandamiento, fue emitido el Informe de 19 de octubre de 2021, por Juan Carlos Aguilar Cabrera, Verificador del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, quien certificó que del file personal que le fue entregado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el supuesto delito de transporte de sustancias controladas, evidenció que los datos insertos en el mandamiento de libertad definitiva por dispuesta por Resolución 212/2021, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, corresponden a Juan Ever Pirca Gala –impetrante de tutela– tal como se evidenciaba de la revisión efectuada al mandamiento de condena emitido por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del departamento de La Paz (Conclusión II.4); Informe elaborado por Ángel Vertiz Blanco Calderón, Encargado de Archivo de Kardex del aludido Centro Penitenciario, quién hizo conocer que revisado los antecedentes del privado de libertad hoy solicitante de tutela, se evidenciaba que sí contaba con otro mandamiento de detención preventiva en su contra, encontrándose detenido por otra causa (Conclusión II.6); en base a los cuales el Director del referido Centro Penitenciario, emitió el pronunciamiento de 19 de octubre de 2021, por el que precisó que vistos y revisados los informes que anteceden, en cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva por indulto, NO se concedía la libertad del accionante, debiendo procederse conforme corresponde a la Ley (Conclusión II.7); en cuyo efecto, remitió ante el Juez Primero de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la Nota Stría.Dir 3850/2021 NUREJ: 203979401 de 20 de octubre, por el que le informó que en atención al mandamiento de libertad definitiva por indulto, mediante el cual se ordenó poner en inmediata libertad al ahora impetrante de tutela, siempre que no estuviera detenido por otra causa, realizada la comprobación y revisión del aludido mandamiento como de su file, por el área de verificación de libertades, el verificador y encargado de kardex hicieron conocer que el prenombrado si tiene otro mandamiento de detención en su contra y se encontraría detenido por otra causa; por lo que le solicitó se pronuncie al respecto (Conclusión II.9). Ahora bien, en cuanto a la primera y segunda problemática por la cual se denuncia que el Juez y Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del indicado departamento, al momento de remitir la causa que se encontraba con sentencia condenatoria ejecutoriada, no verificaron que el proceso ya tenía un CU, “han creado un nuevo NUREJ al momento de hacer sortear al Juzgado de Ejecución Penal” (sic); y, por otro lado, que el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento, homologó la concesión de indulto disponiendo mandamiento de libertad a su favor dentro el NUREJ 203979401, cuando debió haber verificado que este caso corresponde al CU 208402132000011, que es la misma causa; al respecto, de antecedentes no se evidencia que el solicitante de tutela haya reclamado de manera oportuna tal aspecto, del cual tampoco puede argüir desconocimiento, puesto que de acuerdo al informe del mencionado Juez de Ejecución Penal Primero –ahora demandado–, el aludido presentó ante dicha instancia de ejecución de fallos, escritos en los cuales consignó el NUREJ 203979401; alusión que no fue refutada ni negada por el accionante, resultando que recién cuando se vio afectado por la existencia de dos registros, es que presentó memorial ante el citado Juez de Ejecución a objeto de hacer conocer tal irregularidad, escrito que de acuerdo a su propia manifestación aún no fue respondido, y si bien no hizo referencia a la fecha en que éste fue presentado, de la revisión efectuada por la Sala Constitucional a los antecedentes procesales, se constató que dicho memorial fue presentado el 26 de octubre de 2021, a las 15:00 p.m; es decir, de manera posterior a la presentación de esta acción tutelar, la cual fue interpuesta la misma fecha a las 11:16 a.m. de acuerdo a la caratula del SIREJ cursante a fs. 21 de obrados. En ese entendido, si bien el accionante activó inicialmente la jurisdicción constitucional y horas más tarde la vía ordinaria, dicho aspecto conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta inviable en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a la imposibilidad de activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar un mismo reclamo, ya que de suceder se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico, circunstancia que impide a este Tribunal emitir un pronunciamiento expreso sobre los problemas jurídicos planteados con relación a las referidas autoridades, correspondiendo por tanto denegar la tutela solicitada, debiendo el impetrante de tutela agotar la vía intraprocesal activada. Respecto al tercer problema jurídico, por el que se alega que los verificadores dependientes del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, incumplieron sus funciones, pues sostuvieron que existiría otra causa aperturada en su contra sin revisar ni verificar su carpeta personal, tampoco el cuaderno de control jurisdiccional; no resulta ser evidente, puesto que de antecedentes se tiene que Juan Carlos Aguilar Cabrera, Verificador del mencionado Centro Penitenciario, mediante Informe de 19 de octubre de 2021, certificó que del file personal que se le hizo entrega dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de transporte de sustancias controladas, revisados los datos insertos en el mandamiento de libertad definitiva por indulto por Resolución 212/2021, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, los mismos correspondían al hoy solicitante de tutela, y en audiencia de acción de libertad, aclaró que de la verificación física de file personal de Juan Ever Pirca Gala y de los datos arrojados por el sistema, existían dos mandamientos, uno de detención preventiva con CU 208402132000011, emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del referido departamento, por el delito de tráfico de sustancias controladas; y, otro de condena por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del mencionado departamento, con NUREJ 203979401, por el delito de transporte de sustancias controladas, generando tres observaciones diferente número de proceso, delitos y Juzgados; por otro lado, también resaltó que el trabajo de verificación se limita a apersonarse al Juzgado correspondiente para constatar la emisión del mandamiento, sin tener acceso al cuaderno de investigaciones para hacer una revisión minuciosa; asimismo, David Tarqui Paño, Verificador del mismo Centro, a su turno señaló que recibido el mandamiento de libertad por indulto del hoy accionante, se procedió a su verificación. Manifestaciones que además concuerdan con el Informe elaborado por Ángel Vertiz Blanco Calderón, Encargado de Archivo de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de la Paz, quien, si bien no fue demandado en la presente acción de defensa, cursa en antecedentes dicho informe a través del cual hizo conocer que al impetrante de tutela contaba con otro mandamiento de detención preventiva en su contra. Aspectos que conllevan a la denegatoria de la tutela solicitada, pues los aludidos funcionarios demandados cumplieron con la obligación inherente a sus funciones de verificar y de realizar todos los trámites administrativos internos.

Finalmente, con relación a la cuarta problemática a través de la cual se cuestiona el incumplimiento del mandamiento de libertad definitiva, por parte del Director del referido Centro Penitenciario; resulta menester remitirnos a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los encargados de los Centros Penitenciarios a momento de recibir un mandamiento de libertad emanado de autoridad competente, se hallan obligados a su inmediato cumplimiento, para no vulnerar los derechos y garantías del detenido; sin embargo, se encuentran obligados a analizar de manera inmediata y sin demora si existen o no otros mandamientos en contra del imputado, además de verificar la autenticidad del mismo, para lo cual deben solicitar sin ninguna dilación la información pertinente y revisar previamente los registros antes de su efectiva materialización. Bajo ese entendido, se tiene que el Director demandado cumplió con su obligación legal y observó los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional previamente desglosados, ya que basado en los informes que fueron elaborados por los encargados de verificación y kardex del mismo Centro Penitenciario, emitió el pronunciamiento de 19 de octubre de 2021, por el cual dispuso no conceder la libertad definitiva por indulto respecto al hoy accionante, hecho que además mediante Nota Stría.Dir 3850/2021 NUREJ: 203979401 de 20 de octubre, puso a conocimiento del Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, que realizada la comprobación y revisión del mandamiento de libertad definitiva por indulto como de su file personal, por el área de verificación de libertades, el verificador y encargado de kardex hicieron conocer que el ahora impetrante de tutela cuenta con otro mandamiento de detención en su contra y se encontraría detenido por otra causa, razón por la cual impetró emita pronunciamiento al respecto, bajo esos antecedentes, no se advierte que el Director del aludido Centro Penitenciario, hubiera lesionado el derecho a la libertad del solicitante de tutela, ya que si bien tiene el deber de ejecutar los mandamientos de libertad de forma inmediata, también cuenta con la obligación de verificar si en el contenido de ese documento existen errores, otros mandamientos de detención, condenas pendientes, o que el mismo contenga alguna falsedad material o ideológica, situación que aconteció en el caso concreto, pues de la verificación efectuada se constató la existencia otro mandamiento de detención preventiva con CU 208402132000011, Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, por el delito de tráfico de sustancias controladas, datos diferentes a los consignados en el mandamiento de libertad definitiva por indulto, dispuesto por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Copacabana del mencionado departamento, con NUREJ 203979401, por el delito de transporte de sustancias controladas, aspecto que impidió ejecutar el aludido mandamiento de libertad, correspondiendo denegar la tutela impetrada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 227/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0055_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): f81d08ff88c1154d0771331805bed8821a6c803d494663900962f27f51df6314

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