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SCP 0054/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de marzo de 2026
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
81363-2026-163-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a su apelación incidental, mediante Resolución 432/2025 de 23 de julio, declaró inadmisible el recurso, basados para el efecto en un formalismo extremo y una apreciación incongruente de los hechos, circunstancias, que les privaron de que sean escuchados en relación a sus agravios y se analice el fondo de sus pretensiones, en un proceder subjetivo y parcializado.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 315/2025 de 3 de diciembre, cursante de fs. 173 a 177, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Sala, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la impugnación y su vinculación al debido proceso
  2. III.2. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2026-S3 Sucre, 02 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 81363-2026-163-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 315/2025 de 3 de diciembre, cursante de fs. 173 a 177, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhoana Huanca Mamani y Grover Castañeta Ramos contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Daen Virginia Regina Santa Cruz Silva Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 30 de octubre de 2025, cursante de fs. 12 a 22; y, 32 a 34 vta, la parte accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de omisión de socorro previsto y sancionado por el art. 262 del Código Penal (CP), una vez emitida la Imputación Formal, interpusieron un incidente de actividad procesal defectuosa, que fue resuelto por el Juez Público Civil y Comercial Mixto e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz mediante Resolución 222/2025 de 15 de julio, declarándolo infundado. Contra dicha Resolución, interpusieron recurso de apelación, siendo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 432/2025 de 23 de julio, declaró inadmisible el citado recurso, basados en un formalismo extremo, indicando que no se especificó la norma habilitante y con un contenido incongruente, circunstancias, que les privaron de que se escuchen sus agravios y se analice el fondo de sus pretensiones, dejándoles en un estado de indefensión por un proceder subjetivo y parcializado del Tribunal de alzada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron vulneración a sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia citando al efecto los arts. 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Resolución 432/2025 de 23 de julio; y, b) Se emita nueva resolución admitiendo el recurso de apelación incidental y se proceda a resolver el fondo del recurso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2025, según el acta de audiencia cursante a fs. 171 y 172 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) El derecho vulnerado que motivó la acción tutelar fue el de ser oído por la autoridad judicial correspondiente, estando involucrado además el derecho a una justicia pronta y oportuna que no anteponga formalismos innecesarios para el conocimiento de un recurso de impugnación; 2) Inclusive, antes de la interposición de su recurso de apelación, solicitó oportunamente la complementación y enmienda de la Resolución 222/2025 de 25 de julio que no fue aceptada, siendo que con carácter posterior presentó su recurso de apelación incidental y el expediente fue remitido al superior en grado; no obstante, dicha instancia reparando una cuestión formal vinculada a la falta de mención de la norma habilitante declaró inadmisible el recurso; 3) A efectos de la admisión de recursos previstos por ley, no es admisible la exigencia de extremados ritualismos o formalismos que eclipsen o impidan su materialización; pues todo ciudadano tiene derecho a una justicia material y que se resuelva el fondo de su pretensión jurídica, habiéndose superado ya la etapa de un sistema ritualista, siendo que el caso particular existe de por medio una mujer en estado de gravidez, que fue objeto de detención domiciliaria, debiéndose en todo caso, haber aplicado el principio iura novit curia; en el entendido, que es el juez quién conoce el derecho y le corresponde resolver el asunto sometido a su conocimiento.

I.2.2. Informe de la parte demandada

César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Daen Virginia Regina Santa Cruz Silva Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 17 de noviembre de 2025, cursante a fs. 54 y vta., manifestaron que: i) En materia penal el art. 394 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece las normas generales y requisitos de tiempo y forma que necesariamente las autoridades judiciales deben observar en el juicio de admisibilidad de un recurso; ii) La interposición de un recurso de apelación incidental tiene una tramitación especial que debe reunir requisitos precisos y ser activados conforme el art. 404 del citado Código, siendo que su inobservancia, no es atribuible al tribunal de apelación; en este sentido, la expresión “voy a plantear apelación” sic, no corresponía a tiempo presente, en todo caso sería una “exhortación a que en un futuro mediato o inmediato realizará tal acción” sic y no como establece la citada disposición legal y por otro lado no se señalaron los agravios que le hubiera ocasionado la Resolución venida en grado de apelación.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Alan Edwin Flores Delgado, Fiscal de Materia de Viacha del departamento de La Paz, Erick Ganner Espinoza Peralta Juez Público Civil y Comercial Mixto e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del citado departamento, Genaro Ramos Saire, Isabel Saire Choque, Juan Carlos Ramos Saire, Nancy Mollo Condori, Wilder Ramos Mollo, Noemí Ramos Molloy y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito ocho de la ciudad de El Alto, no presentaron memoriales y no asistieron a la audiencia de garantías pese a sus notificaciones cursantes de fs. 50, 119,123,167 y 168.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 315/2025 de 3 de diciembre, cursante de fs. 173 a 177, concedió la tutela impetrada; disponiendo: a) Dejar sin efecto la Resolución 432/2025; y, b) Se convoque a audiencia para la fundamentación de la apelación incidental en el plazo establecido en el CPP, determinación con base en los siguientes fundamentos: 1) Es necesario considerar la aplicación de la primacía del derecho sustancial sobre el formal, siendo que conforme el art. 180.I de la CPE se tiene el principio de verdad material, cuyo contenido constitucional implica aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos; y, 2) El recurso de apelación incidental interpuesto por los impetrantes de tutela, cumplió las directrices del art. 404 del CPP, en cuanto al término y forma en que esa impugnación debía interponerse; no obstante, las autoridades demandadas, no dieron curso al procedimiento establecido, tomando en cuenta que correspondía viabilizar la hermenéutica propia de dicho mecanismo de defensa, el cual consistía en la celebración de una audiencia en la que el recurrente hubiera tenido la facultad de ejercer a plenitud su derecho a la impugnación; por lo cual, es evidente la vulneración a los derechos denunciados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 222/2025 de 15 de julio, mediante la cual, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de omisión de socorro previsto y sancionado por el art. 262 del CP, el Juzgado Público Civil y Comercial Mixto e Instrucción Penal Primero de Corocoro del departamento de La Paz, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por Jhoana Huanca Mamani y Grover Catañeta Ramos -ahora accionantes- contra la Imputación Formal 70/2025 de 24 de junio (fs. 3 a 5). II.2. En la audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa, los impetrantes de tutela, plantearon recurso de apelación incidental contra la Resolución 222/2025 de 15 de julio, señalando “voy a plantear Apelación la resolución solicitando a vuestra autoridad pueda remitir antecedentes al Tribunal y el suscrito se reserva el derecho de ampliar, fundamentar ante la autoridad Superior en Grado de los agravios sufridos en la presente audiencia…” (sic) (fs. 6); es así que, una vez remitido el expediente, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 432/2025 de 23 de julio, declaró inadmisible el citado recurso, por no haberse observado las formalidades previstas por norma (fs. 7 a 8 vta.).

II.3 Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a su apelación incidental, mediante Resolución 432/2025 de 23 de julio, declaró inadmisible el recurso, basados para el efecto en un formalismo extremo y una apreciación incongruente de los hechos, circunstancias, que les privaron de que sean escuchados en relación a sus agravios y se analice el fondo de sus pretensiones, en un proceder subjetivo y parcializado.

III.1. El derecho a la impugnación y su vinculación al debido proceso

Respecto a este tópico, la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, prevé que: “El derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.

Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Respecto a la formulación de la apelación incidental de manera oral en audiencia

La jurisprudencia constitucional pronunciada por este Tribunal ha desarrollado un entendimiento expreso con relación a la apelación incidental de forma oral, entre otras, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, siguiendo lo expresado por su similar 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, manifiesta: [Acorde] a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.

En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción.

En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada. (El resaltado es nuestro)

Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante.

Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia. (Las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte demandante de tutela denuncia la vulneración a sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 432/2025, declaró inadmisible su recurso, basados para el efecto en un formalismo extremo y una apreciación incongruente de los hechos, privándoles de que sus argumentos sean escuchados por el Tribunal de alzada.

En este contexto, corresponde revisar el contenido de la Resolución 432/2025, a fin de establecer en qué términos los Vocales demandados, declararon inadmisible el recurso planteado por los impetrantes de tutela; así se tiene que, en su “CONSIDERANDO III.-ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS” (sic); citó textualmente lo vertido por la defensa de los incidentistas: “Autoridad voy a plantear apelación a la resolución” (sic), en función de lo cual expresó que se debe tomar en cuenta la forma en el que debe ser presentado el recurso incidental, que el término -interponer- en el ámbito del derecho implica la formalización del recurso, constituyendo por tanto una exigencia legal la utilización de la expresión correcta; posteriormente, observó que no se especificó el tipo de recurso que se estaría planteado, como tampoco la norma que habilita el mismo, estableciendo circunstancias que hacen una interposición fallida, las cuales no podrían ser subsanadas de oficio.

De lo expuesto precedentemente, se advierte que el Tribunal demandado, al declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por los impetrantes de tutela, recurrió a formalismos que no constituían óbices para comprender la intención manifiesta de plantear dicho recurso, considerando el contexto en el que se encontraban; en efecto, se trataba de una audiencia en la cual se resolvió un incidente de actividad procesal defectuosa, resolución que resultó desfavorable para el solicitante de tutela, frente a ello el art. 404 del CPP, reconoce la facultad de impugnar las resoluciones; en consecuencia, no es admisible que, a partir del empleo de una terminología no se ajuste plenamente al criterio de las autoridades demandadas, se restrinja el derecho a recurrir, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que lo manifestado en audiencia y su contexto, era perfectamente entendible ante la disconformidad de la decisión adoptada – mediante la cual se declaró infundado un incidente de actividad procesal defectuosa-, se planteó un recurso de apelación incidental, asimismo, con posterioridad se solicitó la remisión del expediente ante el superior en grado, a efectos de que se pronuncie y resuelva el recurso interpuesto en el fondo

En ese marco, cabe acotar que conforme al entendimiento establecido en el fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la interposición del recurso de apelación incidental no se halla sujeto a formalidades y menos aún a la utilización de expresiones sacramentales por parte del apelante; por ello, en la medida de que los peticionantes de tutela dieron a conocer su voluntad de que la decisión de rechazo de su incidente de actividad procesal defectuosa sea revisada por el tribunal jerárquicamente superior, y conforme al principio pro actione, los demandados estaban compelidos a tramitar y resolver la alzada, sin que el hecho de que los accionantes no hubieran precisado que el recurso interpuesto era el de apelación incidental y el que no hayan señalado la norma legal que les permitía impugnar a través del referido recurso, constituyan impedimentos para admisión de la alzada incidental.

En mérito a lo señalado, resulta evidente, los Vocales demandados al haber declarado la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto por los hoy accionantes, restringieron indebidamente el derechos a la impugnación, a la defensa del cual forma parte el derecho a impugnar y al derecho al debido proceso; y asimismo el derecho a la tutela judicial efectiva puesto que impidieron que los recurrentes accedan a la segunda instancia, no obstante haber cumplido con los requisitos de admisibilidad para ello; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 315/2025 de 3 de diciembre, cursante de fs. 173 a 177, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la referida Sala, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Fundamento Jurídico III.1. de esta sentencia señaló: “[Las] partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada”. La promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, supone un cambio al procedimiento penal orientado entre otras cosas a evitar el retardo procesal y brindar una administración de justicia en los términos consagrados en el art. 115.II del CPP; es decir, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones. El art. 1 de la referida disposición legal, señala que: “(Objeto).La presente Ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, mediante la modificación de la Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, ‘Código de Procedimiento Penal’, y disposiciones conexas”. Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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