B.IA.LEGAL

SCP 0054/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50153-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal instaurado en su contra su persona ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia dispuso la aplicación de medidas restrictivas consistentes en alerta migratoria, anotación preventiva de bienes y retención de fondos bancarios, sin poner dichas actuaciones en conocimiento del Juez encargado del control jurisdiccional. Sostiene que tales medidas se mantuvieron vigentes incluso después de haberse declarado probada la excepción de incompetencia en razón de territorio, lo que según afirma le habría impedido salir del país para acceder a atención médica especializada por las afecciones de salud que padece, extremo que fue puesto en conocimiento del Juez hoy accionado, solicitando el ejercicio del control jurisdiccional correspondiente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) La acción de libertad y el derecho a la vida; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 145 a 148 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; para que, en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas, absteniéndose de incurrir en dilaciones, en el marco de las consideraciones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a efectos que apliquen de manera adecuada los razonamientos jurisprudenciales respecto al derecho a la vida, que también fueron expuestos en la presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50153-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 145 a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Álbaro Gualberto Pedrazas Arce contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 14 a 22 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de los procesos civiles instaurados por su persona -Álbaro Gualberto Pedrazas Arce- en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se aperturó en su contra un proceso penal en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, el cual se encontraba siendo sustanciado por un Fiscal de Materia que carecía de competencia territorial y por un Juez que no es natural; razón por la cual, el 17 de julio de 2022, formuló ante el Juez ahora accionado, excepción de incompetencia en razón de territorio, emitiéndose en consecuencia la Resolución 516/2022 de 21 de julio, que declaró fundada la referida excepción y dispuso la remisión de obrados al departamento de Santa Cruz; determinación que fue notificada al Ministerio Público, mediante su lectura en audiencia; por lo que, a través de memorial presentado el 21 de igual mes y año, solicitó se deje sin efecto las medidas restrictivas y los mandamientos emitidos por el Ministerio Público en su contra; sin embargo, dicha solicitud fue decretada señalando: “SE TIENE PRESENTE”; posteriormente, mediante memoriales presentados el 27, 29 de julio y 5 de agosto, del mismo año, solicitó al Fiscal de Materia, proceda a la remisión del “…cuadernillo de investigaciones a la Fiscalía de Santa Cruz” (sic). En ese sentido, ante las medidas restrictivas dispuestas por el Fiscal de Materia en el proceso penal seguido en su contra, consistentes en la emisión de alerta migratoria, el congelamiento de sus cuentas bancarias en el sistema financiero nacional y la anotación preventiva de sus bienes inmuebles, mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, ante el Juez hoy accionado, solicitó el ejercicio del control jurisdiccional, manifestando que dichas medidas no fueron puestas oportunamente en conocimiento; además, sostuvo que dichas actuaciones le impidieron acceder al tratamiento médico que requería, afectando de manera directa su derecho a la vida y, de forma conexa, su derecho a la salud, así como su “libre locomoción” y la disponibilidad de recursos económicos necesarios para afrontar sus gastos médicos. Añadió que, pese a la naturaleza urgente de lo señalado y al encontrarse comprometidos derechos fundamentales, el nombrado no emitió pronunciamiento alguno; razón por la cual, se vio obligado a acudir a la jurisdicción constitucional, señalando además que se encontraba en delicado estado de salud, extremo que según afirmó se encontraría respaldado por la documentación adjunta, sin que conste imputación formal ni citación previa en su contra, ni que las referidas medidas restrictivas hubieran sido dispuestas mediante autoridad judicial competente.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al debido proceso; citando al efecto los arts. 9, 13, 15.I, 22, 23.I, 115, 120, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) A la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) libre de manera inmediata sus cuentas en todo el sistema financiero nacional; puesto que, necesita su dinero para su tratamiento médico; encontrándose afectados por tal medida sus derechos a la vida y a la salud; y, b) Se deje sin efecto la alerta migratoria que atenta contra su libertad de locomoción, debiendo oficiarse a Migración a tal efecto.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 143 a 145; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: Atravesaba un delicado estado de salud, extremo que según refirió se encontraba respaldado por la documentación médica adjunta, consistente en certificados médicos, historia clínica y estudios realizados con anterioridad en el exterior del país; indicando además que, en atención a dichas afecciones se encontraba en tratamiento médico especializado y tenía programado un viaje al exterior con la finalidad de continuar con señalado tratamiento en la fecha de la audiencia tutelar, se entiende -26 de agosto de 2022-, solicitando en consecuencia que, en resguardo de su derecho a la vida, se conceda la tutela impetrada y se disponga el levantamiento de la alerta migratoria, así como el descongelamiento de sus cuentas bancarias.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp, cursante a fs. 28.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 18 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 145 a 148 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que: 1) Dejar sin efecto la alerta migratoria que restringe el derecho a la libertad de locomoción del accionante, a fin de que pueda trasladarse a recibir el tratamiento médico que requiere, debiendo a dicho efecto oficiarse a la entidad correspondiente; y, 2) Disponer el descongelamiento de las cuentas bancarias del Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.), sin extender dicho levantamiento a otros gravámenes que pudieran recaer sobre bienes inmuebles objetó de requerimiento fiscal; decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De la documentación médica presentada por el accionante, relacionada con su estado de salud y con los tratamientos a los que fue sometido con anterioridad en el exterior del país, se advierten dos extremos relevantes: a) Que el accionante se encuentra bajo tratamiento médico especializado; y b) Que tiene programado un viaje al exterior con la finalidad de continuar dicho tratamiento. Tales extremos, ante la inasistencia de la autoridad accionada a la audiencia convocada y la ausencia de informe que los controvierta, deben ser asumidos bajo el principio de presunción de veracidad, conforme a la jurisprudencia constitucional, entre otras, la “SCP 0317/2019-S3”, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en la acción de defensa; ii) En ese contexto, de la revisión de antecedentes se evidencia la inexistencia de control jurisdiccional efectivo en el proceso penal instaurado en contra del accionante, habiéndose emitido por el Fiscal de Materia requerimientos fiscales dirigidos a la ASFI, así como la imposición de una alerta migratoria ante la Dirección General de Migración, sin que tales actuaciones hubiesen sido puestas oportunamente en conocimiento del Juez ahora accionado, dentro del plazo legalmente establecido; iii) Se constató que el accionante no fue citado, no se encuentra imputado formalmente ni fue declarado rebelde mediante resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, no evidenciándose tampoco la existencia de actos procesales que justifiquen la imposición de medidas restrictivas de la magnitud de las dispuestas en su contra; iv) Si bien el Ministerio Público, en el marco de lo previsto por el art. 40.12 de la Ley del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, cuenta con la facultad para disponer la aplicación de medidas cautelares de carácter real, no menos cierto es que también tiene la obligación de ponerlas en conocimiento del contralor jurisdiccional dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a lo dispuesto por el art. 252 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -modificado por la Ley 007 de 18 mayo de 2010-, previsión legal que no fue observada en el presente caso; situación que impidió al accionante solicitar la revisión, modificación o suspensión de dichas medidas ante la autoridad judicial competente; v) El Juez hoy accionado, al responder el memorial presentado el 23 de agosto de 2022, mediante decreto de 25 del mismo mes y año, observó la falta de firma del accionante, no consideró que, frente a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales vinculados a la salud y a la vida, correspondía efectuar una ponderación razonable entre las formalidades procesales y la protección efectiva de dichos derechos, cuando no se evidenció la inexistencia de representación legal ni otro defecto que impida el análisis de fondo de lo solicitado; vi) El Tribunal de garantías concluyó que, ante el viaje que el accionante debía realizar por motivos de salud, la autoridad jurisdiccional debió ejercer un control efectivo de las medidas restrictivas impuestas por el acusador estatal, aplicando los mandatos constitucionales previstos en los arts. 13.I, 256 y 410 de la CPE, así como los tratados y convenios internacionales más favorables a la protección de los derechos a la salud, a la vida y a la libertad de locomoción; vii) Se estableció que la alerta migratoria vigente restringe de manera directa el derecho de circulación, tránsito y salida del país del impetrante de tutela, impidiéndole acceder a los centros médicos especializados en el exterior, necesarios para el tratamiento de las afecciones debidamente acreditadas mediante certificación médica; cuando dicha medida, al no encontrarse bajo control jurisdiccional, imposibilita al accionante acudir ante un Juez para su revisión; y, viii) El Tribunal de garantías precisó que la concesión de la tutela se fundamenta exclusivamente en la ponderación de la condición médica del solicitante de tutela y la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de la investigación penal, correspondiendo al Ministerio Público y a la Policía Boliviana el desarrollo de las labores investigativas conforme a ley.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución de expedientes con trámites pendientes de resolución ante la Comisión de Admisión de este Tribunal, debido a la cesación de cinco Magistraturas, al concurrir la causal I.5 -relativa a la falta de consenso y, otras circunstancias que impidan la prosecución normal de la causa-, a cuya virtud, dicha instancia, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓNES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Requerimiento Fiscal de 15 de julio de 2022, el Fiscal de Materia dispuso la retención de fondos bancarios registrados a nombre de Álbaro Gualberto Pedrazas Arce -hoy accionante-, instruyendo a la ASFI su ejecución en el plazo de veinticuatro horas, bajo advertencia de aplicarse el art. 160 del CPP; medida que, fue efectivizada respecto a cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (fs. 29 a 30). II.2. Mediante proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, a denuncia de Windsor Martín Mollinedo Iturré y Carola Ángela Alba Monterrey, contra el accionante, por la presunta comisión del delito de ganancias ilícitas, mediante Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2022, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de la Paz -ahora accionado-, declaró probada la excepción de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión de obrados al Juez de turno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Dicha determinación fue notificada en audiencia a las partes procesales, anunciándose recurso de apelación por parte de los denunciantes y del Fiscal de Materia; en consecuencia, se ordenó la remisión de los antecedentes ante la Sala que corresponda (fs. 33 a 40). II.3. Consta documentación médica, de los cuales se advierte que el accionante cuenta con diagnósticos referidos a bradicardia sinusal y otras patologías; así como, antecedentes de tratamientos e intervenciones médicas; además, recomendación de realizar viajes a clínicas de países vecinos en caso de no contar con personal especializado en nuestro país, para el tratado principalmente del cuadro de bradicardia al ser una enfermedad con posibles efectos adversos a la vida (fs. 2 y 51 a 73).

II.4. Mediante memorial presentado -con fecha ilegible- de agosto de 2022, el accionante puso en conocimiento del Juez hoy accionado la existencia de medidas restrictivas dispuestas en el proceso penal seguido contra su persona, consistentes en la alerta migratoria, la retención de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes inmuebles, solicitando el control jurisdiccional correspondiente; (fs. 41 a 49), dicha solicitud fue resuelta mediante decreto de 25 de igual mes y año, en el cual señala que: “En atención al memorial que antecede, previamente venga con la firma (…) aclarada, conforme al art. 109 del Código de Procedimiento Penal, la defensa sin mandato es exclusiva para defensores estatales” (sic [fs. 50]); asimismo, respecto al referido memorial se advierte que en el mismo se consignan las generales de ley del accionante y que en el apartado de firmas consta la del abogado patrocinante, además de otra firma cuya titularidad no se encuentra precisada en obrados.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal instaurado en su contra su persona ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia dispuso la aplicación de medidas restrictivas consistentes en alerta migratoria, anotación preventiva de bienes y retención de fondos bancarios, sin poner dichas actuaciones en conocimiento del Juez encargado del control jurisdiccional. Sostiene que tales medidas se mantuvieron vigentes incluso después de haberse declarado probada la excepción de incompetencia en razón de territorio, lo que según afirma le habría impedido salir del país para acceder a atención médica especializada por las afecciones de salud que padece, extremo que fue puesto en conocimiento del Juez hoy accionado, solicitando el ejercicio del control jurisdiccional correspondiente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) La acción de libertad y el derecho a la vida; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 0016/2024-S3 de 7 de febrero, citando los razonamientos de la SCP 0349/2021-S4 de 26 de julio y SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala que: “‘…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida’” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida

La SCP 0016/2024-S3 de 7 de febrero, citando los razonamientos de la SCP 0025/2022-S4 de 4 de abril, establece que: «…la acción de libertad, por expreso reconocimiento, extendió el ámbito de su protección al derecho a la vida e integridad personal, sin previa exigencia de vinculación alguna con los derechos de libertad personal o de locomoción del agraviado. Esta nueva configuración otorgada a la acción de libertad, se encuentra explicada y desarrollada en la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, en la que se desarrolló el siguiente entendimiento: “…el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional”. En ese mismo sentido, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción… (…)

En ese mismo sentido, la SC 0320/2010-R de 15 de junio, precisó que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada. De dichos entendimientos, es posible concluir que el derecho a la vida e integridad física puede ser tutelado tanto por la acción de libertad como por el amparo constitucional, pues al tratarse de un bien supremo necesario para la concreción de los demás derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, requiere de una protección inmediata libre de formalismos; sin embargo, a afecto de su tutela vía acción de libertad, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino corresponde que se guarden las características de ser real, directo e inminente. Similar entendimiento se desarrolló en la SCP 0784/2020-S4 de 1 de diciembre» (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que, en el proceso penal instaurado en su contra ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia dispuso la aplicación de medidas restrictivas consistentes en alerta migratoria, anotación preventiva de bienes y retención de fondos bancarios, sin poner dichas actuaciones en conocimiento del Juez encargado del control jurisdiccional. Sostiene que tales medidas se mantuvieron vigentes incluso después de haberse declarado probada la excepción de incompetencia en razón de territorio, lo que según afirma le habría impedido salir del país para acceder a atención médica especializada por las afecciones de salud que padece, extremo que fue puesto en conocimiento del Juez hoy accionado, solicitando el ejercicio del control jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene acreditado que el Fiscal de Materia, mediante Requerimiento Fiscal de 15 de julio de 2022, dispuso la retención de fondos bancarios del accionante a través de la ASFI (Conclusión II.1.), así como la imposición de una alerta migratoria y la anotación preventiva de sus bienes inmuebles, sin que dichas medidas hubiesen sido puestas oportunamente en conocimiento del Juez ahora accionado, conforme lo exige el art. 252 del CPP; medidas que se mantuvieron vigentes incluso después de que el mencionado Juez, declaró probada la excepción de incompetencia en razón de territorio y dispusiera la remisión de obrados se entiende al Juzgado de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Conclusión II.2.).

De igual forma, de la documentación médica adjunta (fs. 2 y 51 a 73), se advierte que el accionante cuenta con diagnósticos referidos a bradicardia sinusal y otras patologías, así como antecedentes de tratamientos e intervenciones médicas. Asimismo, consta recomendación médica orientada a realizar viajes a clínicas de países vecinos en caso de no contarse con personal especializado en el territorio nacional, principalmente para el tratamiento del cuadro de bradicardia, señalándose que dicha afección puede presentar posibles efectos adversos a la vida (Conclusión II.3.). Además de la revisión de antecedentes, se tiene que mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2023; ante el Juez ahora accionado, solicitó el ejercicio del control jurisdiccional al Fiscal de Materia respecto de las medidas restrictivas dispuestas en el proceso penal seguido contra el accionante, consistentes en la alerta migratoria, la retención de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes inmuebles (Conclusión II.4.). Dicha solicitud fue resuelta mediante decreto de 25 del mismo mes de 2022, donde el Juez mencionado condicionó su consideración a la aclaración de la firma, en sujeción del art. 109 del CPP, y señalando que la defensa sin mandato es exclusiva de defensores estatales, en ese sentido, la respuesta jurisdiccional se sustentó en una exigencia formal carente de respaldo legal expreso, por ende generando una dilación que devino en omitir ingresar al fondo de la solicitud planteada, cuando correspondía ejercer el control jurisdiccional requerido y emitir un pronunciamiento material respecto a las medidas restrictivas denunciadas. En ese marco, corresponde precisar que, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad, cuando se invoca en tutela del derecho a la vida, se encuentra sujeta a presupuestos de activación específicos, entre ellos, la acreditación de un peligro real, directo e inminente. Dicho estándar, desarrollado y precisado en el Fundamento Jurídico III.2, exige que la amenaza alegada no se reduzca a una posibilidad abstracta o eventual, sino que se trate de una situación actual, concreta y objetivamente verificable, que coloque al titular del derecho en un riesgo inmediato atribuible a la actuación u omisión denunciada. En el caso en concreto, si bien la documentación médica cursante en obrados da cuenta de diagnósticos clínicos, entre ellos bradicardia sinusal y otras patologías, así como de antecedentes de tratamientos e intervenciones médicas previas, lo cierto es que el certificado médico de 22 de agosto de 2022 (fs. 51), señala en términos condicionales y preventivos, que dicha afección presenta “…posibles efectos adversos a la vida…” (sic), recomendando la realización de viajes a clínicas del exterior únicamente en caso de no contarse con personal especializado en el territorio nacional, sin establecer de manera categórica la existencia de un riesgo vital actual ni la necesidad inmediata e impostergable de una intervención médica fuera del país.(las negrillas nos corresponden) En ese sentido, respecto al contenido esencial del derecho a la vida y a los presupuestos exigidos para su tutela por la vía de la acción de libertad, la activación de esta garantía constitucional requiere la acreditación de un peligro real, directo e inminente, entendido no como una posibilidad eventual, sino como una amenaza actual, concreta y objetivamente verificable. Bajo ese marco, no permite establecer que, al momento de interponerse la presente acción de libertad, existiera un riesgo vital cierto e inmediato para la vida del accionante, ni que dicho riesgo sea consecuencia directa de las medidas restrictivas cuestionadas. Por el contrario, los documentos médicos cursantes describen un escenario de seguimiento clínico y evaluación especializada, propio de afecciones que requieren control y estudios complementarios, sin que de su contenido se desprenda la existencia de una amenaza vital. Asimismo, la recomendación médica referida a la eventual atención especializada en el exterior del país se encuentra condicionada a la verificación previa de la inexistencia de atención especializada a nivel nacional, extremo que no ha sido acreditado de manera objetiva ni fehaciente en el presente caso. En ese contexto, no es posible sostener que la permanencia del accionante en el territorio nacional, derivada de las medidas restrictivas impuestas, haya configurado una afectación concreta, actual y verificable al derecho a la vida, es decir la documentación médica adjunta no acredita la existencia de un peligro real, directo e inminente que justifique la activación excepcional de la acción de libertad.

Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que, aun reconociéndose la existencia de afecciones médicas y la necesidad de seguimiento clínico especializado, no se ha demostrado la concurrencia del presupuesto material exigido para la procedencia de la acción de libertad en tutela del derecho a la vida, consistente en la acreditación de un peligro real, directo e inminente. En consecuencia, la sola invocación de riesgos eventuales o potenciales, expresados en términos condicionales o preventivos, resulta insuficiente para justificar la activación excepcional de esta garantía constitucional, motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 145 a 148 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; para que, en lo sucesivo obre de acuerdo al mandato de las normas, absteniéndose de incurrir en dilaciones, en el marco de las consideraciones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar la atención a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a efectos que apliquen de manera adecuada los razonamientos jurisprudenciales respecto al derecho a la vida, que también fueron expuestos en la presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5da1e1afad6150bfea65bc7a271fede11fb2a74aa7739c3036f1e173788ac674

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →