B.IA.LEGAL

SCP 0054/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de marzo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49731-2022-100-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus vertientes fundamentación y motivación; pues las autoridades ahora demandadas al emitir el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, incurrieron en: a) Falta de fundamentación y motivación, pues en ninguna parte del fallo cuestionado individualizaron la participación criminal de cada uno de los imputados, limitándose a señalar que el art. 302 del CPP antes de las modificaciones de la Ley 1173, no establecía que la imputación formal deba contener una identificación de los elementos indiciarios que relacione la conducta de cada uno de los imputados, cuando el art. 302.5 de la Ley 1173, es claro al determinar que en caso de multiplicidad de imputados, la imputación deberá establecer de manera individual y objetiva con la mayor claridad posible el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que los sustentan; b) La falta de individualización de la participación de cada imputado, vulnera su derecho a la defensa, pues desconoce el delito que se le atribuye y cual su grado de participación si es autora, partícipe, encubridora o cómplice; y, c) Desconocieron la fuerza vinculante de las SSCC 0760/2003-R de 4 de junio y 0401/2010-R de 28 de junio, invocadas por la Jueza a quo al emitir la resolución primigenia, las cuales establecen los requisitos de forma y de fondo que debe contener una imputación formal.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 01/22 de 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 126 a 129 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la primera problemática plateada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, debiendo las autoridades demandadas, emitir un nuevo fallo, el cual deberá observar los lineamientos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la segunda y tercera problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3º Llamar la atención a Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, por exceder sus facultades como Juez de garantías, exhortándole enmarcar su actuación conforme al procedimiento constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación de la imputación formal
  2. III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis en el caso concreto
  4. III.4. Otras Consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2024-S4 Sucre, 22 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 49731-2022-100-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/22 de 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 126 a 129 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Érika Elizabeth Suárez Dundurs contra Walter Pérez Lora y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2022, cursante de fs. 56 a 63 vta., la impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de enero de 2016, Karin Iván Quezada Dorado, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz, presentó denuncia penal en contra de particulares y funcionarios del citado municipio, investigación que tuvo una duración aproximada de siete meses, habiéndose recién presentado imputación formal el 29 de julio de “2021” –siendo lo correcto 2016– contra José Eduardo Díaz Ruiz, ex Alcalde Municipal; Agnaldo Aguilera Algarañaz, ex Alcalde Municipal a.i.; Luis Fernando Ortiz Urioste, ex Secretario General; y, su persona como ex Secretaria General, todos de la citada institución, por la presunta comisión de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y, contra Yovani Peinado Barba y Ronald Cuellar López, por el delito de receptación provenientes de delitos de corrupción. Añadió que al adolecer dicha imputación de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, el 5 de septiembre de igual año, juntamente con Agnaldo Aguilera Algarañaz y Luis Fernando Ortiz Urioste, interpusieron un incidente de nulidad de imputación por actividad procesal defectuosa, al proceder la misma de falta de individualización de los grados de participación de cada uno de los imputados, lo cual vulneraba sus derechos y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, impugnación y a la defensa que fue resuelta por la Jueza de Instrucción, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz, quién mediante Auto Interlocutorio 240 de 28 de octubre de 2016, declaró probado el mismo, al evidenciar que el referido acto no cumplía con los requisitos establecidos en el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues luego de hacer referencia al informe del asignado al caso y declaraciones informativas de los imputados, se limitó a sostener que los imputados eran con probabilidad autores del delito, cuando debió realizar un análisis individualizado para uno respecto a los indicios sobre la existencia del hecho y sus participaciones. Determinación contra la cual el Ministerio Público formuló apelación el 7 de marzo de 2017, que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –compuesto por los Vocales ahora demandados–, quienes a través de Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, revocaron el fallo apelado, dejando firme y subsistente la imputación formal de 19 de julio de 2016, con evidente falta de fundamentación y motivación, pues se limitaron a señalar que los requisitos del art. 302 del CPP antes de las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, no establecían que la imputación formal debía contener una identificación de los elementos indiciarios que relacionen la conducta de cada uno de los imputados, en caso de existir multiplicidad de ellos, concluyendo que la imputación cuestionada contenía formal y materialmente los requisitos que exigía la norma para su validez, sin que sean evidentes los defectos absolutos identificados por la Juez de primera instancia; no obstante, en dicha labor soslayaron que la Disposición Final Segunda de la Ley 1173, establece que: “En el marco del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, la o el fiscal, la jueza o el juez, o tribunal, deberán aplicar el principio de retroactividad en todo lo que beneficie al imputado”, por cuanto debieron considerar lo previsto por el art. 302.5 de la Ley 1173, respecto a: “En caso de multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de ellos” (sic), por cuanto la falta de individualización en la que presuntamente su persona hubiera incurrido, restringe su derecho a una defensa técnica y material, pues dicha omisión impide conocer el delito que se le atribuye y el grado de participación que tiene. Sumado a ello, manifestó que además los ahora demandados inobservaron lo establecido en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), con relación a la fuerza vinculante de los fallos constitucionales, pues hicieron caso omiso a las SSCC 0760/2003-R de 4 de junio y 0401/2010-R de 28 de junio, invocada por la Jueza a quo al emitir la resolución primigenia, que establecen los requisitos de forma y de fondo que debe contener una imputación formal a efecto que no vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó como lesionado sus derechos al debido proceso y a la defensa, en sus vertientes fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180 de la CPE; 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 8.2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos (CADH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP); y, 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021 y la imputación formal de 29 de julio de 2016; consiguientemente, se emita nuevo fallo observando los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a los requisitos formales que debe contener una imputación formal, conforme la jurisprudencia constitucional invocada en esta acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 122 a 125 vta., en presencia de la parte accionante, ausentes las autoridades demandadas y terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Walter Pérez Lora y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe ni asistieron a audiencia, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 116 a 117 de obrados.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no asistió ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 99.

I.2.4. Intervención del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz

El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz, no se apersonó a audiencia ni presentó informe, pese a su notificación cursante a fs. 65 de obrados.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Robore del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/22 de 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 126 a 129 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, disponiendo la emisión de nuevo fallo en virtud a los lineamientos constitucionales señalados en la indicada resolución; asimismo, dejó sin efecto la imputación formal de 29 de julio de 2016, “ya que estamos a 2022 son seis años que han transcurridos desde la emisión de la imputación formal, sin embargo la Sala Penal 1era deberá resolver mediante otro Auto de Vista en virtud a los lineamientos constitucionales señalados en la presente resolución constitucional, de conformidad al Art. 129 IV de la Constitución Política del Estado emítase la presente resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional” (sic); ello plasmando parte de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0254/2020-S4, 0602/2017-S3, 0893/2014 de 14 de mayo y 2221/2012 de 8 de noviembre complementada por la SCP 0100/2013, y concluyendo que “la parte hoy accionante al haber interpuesto su demanda de acción de Amparo Constitucional y señala que se le habrían vulnerado el derecho al debido proceso en la vertiente de la motivación, fundamentación, congruencia, el derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente, gratuita y sin dilaciones corresponde conceder lo solicitado” (sic).

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento de imputación formal, presentado el 29 de julio de 2016 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Primero del departamento de Santa Cruz, a través de la cual Ruth Noemí Arnéz Copa, Fiscal de Materia, imputó formalmente a Luis Fernando Ortiz Urioste, ex Secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Robore; Agnaldo Aguilera Algarañaz, ex Alcalde Municipal de Robore del citado departamento; Erika Elizabeth Suárez Dundurs, Secretaria General de la misma institución –ahora accionante– y José Eduardo Díaz Ruiz, ex Alcalde Municipal de la citada localidad, por la calificación provisional como presuntos autores de los tipos penales de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y, contra Yovani Peinado Barba y Ronald Cuéllar López, por la calificación provisional como presuntos autores de los ilícitos de receptación proveniente de delitos de corrupción (fs. 11 a 14 vta.). II.2. Mediante memorial de 5 de septiembre de 2016, la hoy impetrante de tutela y otros, interpusieron incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa (fs. 15 a 23.). II.3. A través de Auto Interlocutorio 240 de 28 de octubre de 2016, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz, declaró fundado el citado incidente; en consecuencia, dispuso la nulidad de la imputación formal de 29 de julio de 2016 (fs. 7 a 10). II.4. Por escrito recibido el 9 de marzo de 2017, por el aludido Juzgado, el Ministerio Público formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 240 (fs. 26 a 28 vta.). II.5. Mediante Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesto por los Vocales ahora demandados, declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia, revocó el fallo apelado, declarando infundado el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, disponiendo la prosecución del proceso penal e instando a la Jueza a quo cumplir con los plazos procesales conforme la Ley 1173 (fs. 3 vta. a 5 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia como vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa en sus vertientes fundamentación y motivación; pues las autoridades ahora demandadas al emitir el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, incurrieron en: a) Falta de fundamentación y motivación, pues en ninguna parte del fallo cuestionado individualizaron la participación criminal de cada uno de los imputados, limitándose a señalar que el art. 302 del CPP antes de las modificaciones de la Ley 1173, no establecía que la imputación formal deba contener una identificación de los elementos indiciarios que relacione la conducta de cada uno de los imputados, cuando el art. 302.5 de la Ley 1173, es claro al determinar que en caso de multiplicidad de imputados, la imputación deberá establecer de manera individual y objetiva con la mayor claridad posible el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que los sustentan; b) La falta de individualización de la participación de cada imputado, vulnera su derecho a la defensa, pues desconoce el delito que se le atribuye y cual su grado de participación si es autora, partícipe, encubridora o cómplice; y, c) Desconocieron la fuerza vinculante de las SSCC 0760/2003-R de 4 de junio y 0401/2010-R de 28 de junio, invocadas por la Jueza a quo al emitir la resolución primigenia, las cuales establecen los requisitos de forma y de fondo que debe contener una imputación formal.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación de la imputación formal

La SC 0010/2010-R de 6 de abril, sobre el punto señaló que: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos.

En ese entendido, el art. 302 del CPP, determina que: 'Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener: 1) Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa; 2) El nombre y domicilio procesal del defensor; 3) La descripción del hecho o los hechos que le imputan y su calificación provisional, y 4) La solicitud de medidas cautelares si procede'.

El Tribunal Constitucional, en la SC 0760/2003-R de 4 de junio, señaló que la falta de fundamentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 302 inc.3) del CPP, restringe el derecho a la defensa, ya que '…el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e irrestricta)…' (el resaltado es agregado). Criterio que fue asumido y ratificado por la SCP 0741/2012 de 13 de agosto.

Siguiendo la línea argumentativa sobre las exigencia de fundamentación la SC 0760/2003-R de 4 de junio, al referirse a la fundamentación del requerimiento fiscal emitido de acuerdo a los arts. 301.1 y 302 del CPP, estableció lo siguiente: “'(...) Imputar es: «atribuir a otro una culpa, acción o delito» (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), expresión que guarda similitud con el contenido normativo establecido por el art. 5 del Código procesal de la materia, cuando expresa que «Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal». Conforme a esto, desde que se comunica la admisión de una querella, denuncia o información fehaciente de la comisión de un delito (art. 289 CPP), la persona a quien se atribuye tal conducta adquiere el status de imputado (queda claro que no se puede considerar imputado al destinatario de una burda atribución de un delito, que de lógico no va ameritar el inicio de investigación alguna).

(…)

Imputación formal.- La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa” (las negrillas son agregadas).

III.2. El debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: “Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal.

Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo.

Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ʽ…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

III.3. Análisis en el caso concreto

La accionante identifica como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción tutelar, el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, aduciendo que las autoridades demandadas al momento de su emisión incurrieron en: 1) Falta de fundamentación y motivación, pues en ninguna parte del fallo cuestionado individualizaron la participación criminal de cada uno de los mismos, limitándose a señalar que el art. 302 del CPP antes de las modificaciones de la Ley 1173, no establecía que la imputación formal deba contener una identificación de los elementos indiciarios que relacione la conducta de cada uno de los imputados, cuando el art. 302.5 de la Ley 1173, es claro al determinar que en caso de multiplicidad de imputados, la imputación deberá establecer de manera individual y objetiva con la mayor claridad posible el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que los sustentan; 2) La falta de individualización de la participación de cada imputado, vulnera su derecho a la defensa, pues desconoce el delito que se le atribuye y cual su grado de participación si es autora, partícipe, encubridora o cómplice; y, 3) Desconocieron la fuerza vinculante de las SSCC 0760/2003-R de 4 de junio y 0401/2010-R de 28 de junio, invocados por la Jueza a quo al emitir la resolución primigenia, las cuales establecen los requisitos de forma y de fondo que debe contener una imputación formal.

De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta la presentación de la imputación formal, el 29 de julio de 2016, ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción, a través del cual fue imputada entre otros, la hoy accionante “por la calificación provisional como presuntos autores de los tipos penales de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” (sic) (Conclusión II.1); acto que mediante memorial de 5 de septiembre de igual año, fue objeto de un incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, planteado por la hoy impetrante de tutela y otros (Conclusión II.2); que mereció la emisión del Auto Interlocutorio 240 de 28 de octubre del mismo año, por el cual la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz, declaró fundado el citado incidente, en cuya consecuencia dispuso la nulidad de la imputación formal de referencia (Conclusión II.3).

Decisión contra la cual por escrito recibido por el Juzgado de referencia el 9 de marzo de 2017, el Ministerio Público formuló recurso de apelación (Conclusión II.4); en cuya consecuencia fue pronunciando el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, mediante el cual los Vocales ahora demandados, declararon procedente el señalado recurso, en consecuencia revocaron el fallo apelado, declarando infundado el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, disponiendo la prosecución del proceso penal e instando a la Jueza a quo cumplir con los plazos procesales conforme la Ley 1173 (Conclusión II.5.).

Ahora bien, a efectos de realizar el control tutelar de lo denunciado corresponde plasmar los fundamentos que sustentaron el fallo confutado, con el objetivo de evidenciar si lo alegado por la impetrante de tutela resulta ser o no evidente; entonces remitidos al mismo, se tiene que los Vocales demandados en el segundo CONSIDERANDO, establecieron que: i) Del análisis del fallo apelado, el Ministerio Público en su primer agravio alegó que la Jueza a quo inobservó el principio de verdad material, pues la imputación formal de 29 de julio de 2016, describiría cuales son los elementos y consideraciones de hecho y derecho que motivaron la imputación; por lo que, no sería atentatoria a derechos fundamentales y garantías constitucionales; extremo sobre el cual evidenciaron del análisis del fallo apelado, la existencia de una errónea aplicación de la ley, pues la decisión de la Jueza a quo de anular la aludida imputación formal, fue fundada en el cumplimiento parcial del art. 302 del CPP, al no contener la debida fundamentación en cuanto a la individualización de la conducta reprochable penalmente y que el Ministerio Público no fundamentó concretamente sobre la participación de cada uno de los imputados, por lo que esa falta de individualización de la conducta de cada uno de los imputados y el grado de participación criminal, vulneraba el derecho a la defensa; labor en la cual identificaron un primer defecto, que la autoridad de origen no hubiera identificado cuál de los requisitos previstos en el artículo de referencia para la presentación de la imputación formal no fue cumplido, citando de manera genérica el supuesto parcial de incumplimiento del señalado artículo, cuando antes de la modificación de la Ley 1173, se establecían cuatro requisitos de forma; ii) La Jueza a quo extrañó que la imputación formal no individualizaba la participación de cada uno de los imputados, refiriendo la norma denunciada como incumplida por parte de la citada autoridad jurisdiccional: "(Actuaciones fundamentadas). Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos" (sic), así el art. 302 del Código Adjetivo Penal, antes de la modificación de la ley 1173 aplicable al momento de la presentación del requerimiento fiscal cuestionado, establecía los siguientes requisitos: "(Imputación formal). Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, que deberá contener: 1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más precisa; 2. El nombre y domicilio procesal del defensor; 3. La descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional; y, 4. La solicitud de medidas cautelares si procede" (sic), en cuyo contexto hicieron hincapié que la norma aludida no determinaba que la imputación formal debía contener una identificación de los elementos indiciarios que se relacionen con la conducta de cada uno de los imputados, en caso de existir multiplicidad de ellos, sino exigía la descripción del hecho o los hechos que se imputan y su calificación provisional, elementos que fueron cumplidos en la imputación formal de 19 de julio de 2016, existiendo una descripción clara de los hechos de relevancia penal atribuidos a los seis imputados, pues se indicó que el denunciante Karin Iván Quezada Dorado, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Roboré del departamento de Santa Cruz al iniciar sus actividades, advirtió la existencia de nueve cheques, detallados como 3521, 3647, 3698, 3721, 3759, 3779,3960, 3994 y 4037, mismos que habrían sido cobrados y que no fueron identificados a través de registros contables en el sistema, por lo que realizándose la búsqueda verificaron que los mismos no contaban con documentación de respaldo que acreditaran los gastos realizados, los cuales ascendían a la suma de Bs223 254,31.- (Doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta y un bolivianos), y habían sido extendidos y firmados por Luis Fernando Ortiz Urioste en su calidad de ex Secretario General, ambos del citado municipio, Agnaldo Aguilera Algarañaz en su calidad de ex Alcalde Municipal de Roboré, Erika Elizabeth Suárez Dundurs –ahora accionante– y José Eduardo Díaz Ruiz, ex Alcalde del señalado municipio, habiéndose además extendido los cheques 3521 y 3647, el 23 de diciembre y 29 de diciembre de 2014, los que fueron firmados por José Eduardo Díaz Ruiz, quién en esas fechas ya no fungía como Alcalde Municipal, por lo que se imputó a Yovany Peinado Barba y Ronald Cuellar López por los delitos de receptación proveniente de delitos de corrupción, por la cooperación que brindaron a los prenombrados imputados para recibir el dinero de los cheques del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) con números 3721 –cobrado por Yovany Peinado Barba– y 4037 –cobrado por Ronald Cuellar López–; es decir, a partir de la relación fáctica precisa de los hechos que contiene la imputación formal, los imputados, incluyendo los incidentistas, pudieron asumir defensa, formalizando una teoría fáctica, jurídica y probatoria adecuada para ejercer su derecho, razón por la cual los Vocales hoy demandados tuvieron por cumplido los requisitos del art. 302.3) del CPP, antes de la modificación de la Ley 1173; iii) Aclararon que con relación a la existencia de indicios materiales vinculados a la conducta y participación de cada uno de los imputados, dicha situación sería analizada en audiencia de medidas cautelares, para ver si concurre o no la probabilidad de autoría, situación en la cual sí, se requería una relación de causalidad entre la conducta atribuida por el Ministerio Público a cada imputado y los elementos indiciarios que sustentan esa atribución; y, iv) Finalizaron señalando que al contener la imputación formal todos los requisitos que exige la norma para su validez, no se evidenciaba vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de los imputados ante la inexistencia de defectos absolutos identificados por la Jueza a quo, por lo que declararon procedente el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público en consecuencia revocaron el auto apelado y mantuvieron vigente la imputación formal de 29 de julio de 2016.

Ahora bien, de la contrastación efectuada se tiene en cuanto al primer problema jurídico relativo a una presunta falta de fundamentación y motivación, debido a que en ninguna parte del fallo cuestionado los Vocales ahora demandados hubieran individualizado la participación criminal de cada uno de los imputados, pues se limitaron a señalar que el art. 302 del CPP antes de las modificaciones de la Ley 1173, no establecía que la imputación formal debía contener una identificación de los elementos indiciarios que relacione la conducta de cada uno de los imputados; cuando a decir de la accionante el art. 302.5 de la Ley 1173, claramente determina que en caso de multiplicidad de imputados, la imputación deberá establecer de manera individual y objetiva con la mayor claridad posible el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que los sustentan; al respecto, conforme los fundamentos desglosados precedentemente, consta que las autoridades demandadas se remitieron al contenido del art. 302 del CPP –anterior a las modificaciones efectuadas por la Ley 1173–, para aclarar que entre los requisitos de validez para la emisión de la imputación formal, no se encontraba la exigencia de identificar los elementos indiciarios relacionados a la conducta de cada imputado, en caso de existir multiplicidad, sino debía contener la descripción del hecho endilgado y la calificación provisional; postulaciones que de acuerdo a la revisión de la imputación formal de referencia, –según los demandados– habrían sido cumplidas, pues en su descripción relevaba los hechos atribuidos a los seis imputados, quienes como funcionarios públicos hubieran firmado nueve cheques, sobre los cuales no existían registros contables en el sistema, ni documentación de respaldo que acrediten los gastos realizados que ascendían a Bs223 254,31 (Doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y cuatro con treinta y un bolivianos) base sobre la cual a decir de los Vocales demandados, tanto los imputados como los incidentistas pudieron enfocar su defensa.

De lo que se tiene que, si bien el análisis fáctico realizado por las autoridades demandadas se centra en sostener que el titular de la persecución penal concretó la descripción de los hechos atribuidos a los imputados asignándole una calificación provisional; no obstante, en dicha labor soslayó que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el precedente contenido en la SC 0760/2003 de 4 de junio, estableció que: ”La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa”, y la SC 0010/2010-R de 6 de abril, precisó que: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos”; por otra parte, conviene traer a colación lo determinado en la SCP 0063/2023-S3 de 22 de marzo, que precisó: “se advierte que la diferencia radica en que para el accionante dentro del inciso 3 del art. 302 del CPP, referente a que la imputación formal debe contener la descripción del hecho o los hechos que se imputan y su calificación provisional, a su criterio, involucraría asimismo el detalle de los elementos indiciarios relacionados a la conducta de cada imputado; en cambio, dentro del Auto de Vista 181, se estableció que en ninguna parte de la norma refiere que la imputación formal deba contener una identificación de los elementos indiciarios que relacione con la conducta de cada uno de los imputados en caso de existir multiplicidad de ellos (…) no obstante, de que a criterio de los Vocales accionados la normativa adjetiva penal contenida en el art. 302 inc. 3) del CPP anterior a la vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, únicamente era exigible la descripción del hecho que se imputa y su calificación provisional, conforme se advierte a fin de que la determinación de la autoridad fiscal contenga la debida fundamentación y motivación, también se hace necesario la individualización de la actuación de los imputados en relación a los elementos constitutivos del tipo penal imputado lo cual debe ser respaldado con los elementos investigativos recolectados”.

Marco sobre el que, se entiende que el titular de la acción penal debe particularizar el hecho cometido por cada imputado, para tipificar provisionalmente el delito y su grado de participación, de modo que los mismos puedan asumir defensa sobre los hechos endilgados, pues si bien es cierto que la ley otorga al Fiscal un amplio margen de discrecionalidad, esta encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, la que no supone arbitrariedad, menos ausencia de control; contexto bajo el cual es posible colegir que, el fallo objeto de esta acción tutelar, adolece de fundamentación y motivación, debido a que, como bien puede evidenciarse de la extracción del contenido del Auto de Vista cuestionado, éste se sustenta en una descripción generalizada de los hechos que engloba a todos los imputados sin precisiones concretas, contrario a lo que la jurisprudencia constitucional exige respecto a la fundamentación que deben contener los requerimientos de imputación formal, efecto por el cual los hoy demandados para poder arribar a la determinación de revocar el Auto Interlocutorio 240 de 28 de octubre de 2016, a través del cual la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz, declaró fundado el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, disponiendo la nulidad de la imputación formal de 29 de julio del mismo año, debieron describir de forma precisa e individual, el o los hechos atribuibles a la imputada hoy accionante, sustentados en torno a los elementos indiciarios recolectados, identificando qué acción u omisión de la accionante se subsume a los delitos imputados conforme ellos advirtieron de la imputación formal, lo cual no sucedió en el caso. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, disponiendo la emisión de nuevo fallo, el cual deberá observar los lineamientos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En cuanto concierne a la segunda y tercera problemática, no corresponde emitir pronunciamiento, dada la forma de resolución de la problemática anterior, pues el nuevo Auto de Vista incidirá de manera directa en dichos aspectos, lo que torna pertinente la denegatoria de la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de lo denunciado

III.4. Otras Consideraciones

Finalmente, corresponde precisar que si bien el Juez de garantías concedió la tutela solicitada de forma parcialmente correcta; no obstante, extralimitó su competencia al disponer dejar sin efecto la imputación formal de 29 de julio de 2016, cuando su actuación debió limitarse al análisis del Auto de Vista cuestionado, motivo por el cual concierne llamar la atención a Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz que fungió como Juez de garantías en la presente causa, exhortándole que en futuras actuaciones enmarque su labor dentro de los parámetros establecidos por el procedimiento constitucional.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en todo, la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 01/22 de 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 126 a 129 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la primera problemática plateada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 228 de 3 de diciembre de 2021, debiendo las autoridades demandadas, emitir un nuevo fallo, el cual deberá observar los lineamientos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la segunda y tercera problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3º Llamar la atención a Héctor Yabeta Alba, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Roboré del departamento de Santa Cruz, por exceder sus facultades como Juez de garantías, exhortándole enmarcar su actuación conforme al procedimiento constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 08f46e7a0ac18156d0bf8f3935b844b33e7c568479a773d90acb30ead2dca1e2

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