B.IA.LEGAL

SCP 0054/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 7 de marzo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de marzo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
61836-2024-124-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante denuncia la transgresión de sus derechos a percibir la asistencia familiar, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; señalando que, mediante Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio de 2023, Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, elaboró en detalle la planilla de liquidación correspondiente a su asistencia familiar, desde el 2 de junio de 2019 al 7 de agosto de 2021; que rechazó la formulada por su representante; empero, de manera incongruente ordenó la presentación de una nueva liquidación con el formato que aplicó tal autoridad, sin tomar en cuenta el interés superior de la niña, niño y adolescente y el tiempo que le conlleva efectivizar dicho derecho ante la renuencia del pago por parte de su progenitor -tercero interesado-; y no obstante, que su madre planteó complementación y enmienda, e insistió para que se intime al pago, su pretensión fue rechazada mediante los decretos de 1 de agosto y 5 de septiembre de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-2 de 3 de enero de 2024, cursante de fs. 232 vta. a 235 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio y decreto de 1 de agosto ambos de 2023, debiendo la Jueza demandada sujetar el trámite de aprobación de la planilla de asistencia familiar al principio de celeridad y el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a sectores vulnerables de la sociedad
  2. III.2. Protección constitucional y reforzada de los derechos de la niñez y adolescencia
  3. III.3. Del oportuno suministro de la asistencia familiar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2024-S2 Sucre, 7 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 61836-2024-124-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-2 de 3 de enero de 2024, cursante de fs. 232 vta. a 235 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brenda Érika Zárate Guevara en representación de AA contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 19 de diciembre de 2023, cursantes de fs. 21 a 28; y, 218 a 220, la accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su madre -representante- formuló demanda de asistencia familiar contra Roger Díaz Zambrana -su padre y ahora tercero interesado-; proceso que concluyó con el Auto Final 1 de 4 de enero de 2016; después, la aludida tramitó incidente de incremento de la misma; sin embargo, le fue muy difícil cobrar el monto fijado, dado que, el nombrado observaba recurrentemente las planillas de liquidación realizadas, generando dilación; por ello, transcurrieron cinco años y diez meses, para que el mencionado cancele la deuda de asistencia familiar correspondiente del 2 de diciembre de 2015 al 2 de junio de 2019, conforme a la planilla elaborada por Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-. El 17 de septiembre de 2021, su progenitora presentó una nueva liquidación de pago de asistencia familiar -del 2 de junio de 2019 al 2 de septiembre de 2021-, observada por el tercero interesado, quien no detalló la prueba en la que sustentó su posición, de acuerdo a lo establecido por el art. 268.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), aspecto que hizo notar a la Jueza demandada, pidiendo que apruebe la liquidación e intime el pago conforme manda el art. 415.II del citado Código; sin embargo, la referida Jueza por Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, señaló que: “…‘la suscrita autoridad judicial PROCEDE A ELABORAR en detalle la planilla de meses devengado,…a fin de no dejar en un estado de indefensión al demandado, ORDENANDO A LAS PARTES QUE POSTERIORES LIQUIDACIONES SE AJUSTEN AL MODELO DE LIQUIDACI[Ó]N, ajustando la liquidación en la suma total de Bs. 20.993.84’…” (sic), rechazando así la planilla que su madre arrimó; ante ello, siendo que dicha autoridad no tomó en cuenta los recibos que adjuntó en cuanto a gastos médicos, en su oportunidad la prenombrada activó recurso de reposición con alternativa de apelación; en sustanciación y resolución de este último, por Auto de Vista 37/2023 Bis de 4 de enero, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dio curso a su pedido, ordenando que la Jueza demandada elabore una nueva planilla; en consecuencia, por Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio de 2023, dicha autoridad modificó solamente el monto para el pago de la asistencia familiar en Bs21 043,84.- (veintiún mil cuarenta y tres 84/100 bolivianos), quedando subsistente el razonamiento del Auto Interlocutorio 812; es decir, que su progenitora acompañe una nueva planilla; por lo que, el 28 del señalado mes y año, su representante solicitó enmienda y complementación, indicando que el Auto Interlocutorio 371 era incongruente, contradictorio, impreciso y dilatorio al no existir razón alguna para que su persona presente nueva planilla de liquidación; empero, fue declarada no ha lugar por decreto de 1 de agosto de ese año, sosteniendo que el citado medio recursivo solamente procedía contra sentencias, autos definitivos, autos de vista y autos supremos, de acuerdo a lo establecido por el art. 362.I del CFPF, cuando la Jueza demandada tenía la obligación de rectificar el cuestionado Auto Interlocutorio; pues, no sustentó la razón por la cual, presuntamente se dejaría en indefensión al tercero interesado; asimismo, no validó la planilla de liquidación de asistencia familiar que esa autoridad elaboró y rechazó la que su madre presentó, ordenando realizar una nueva con base en el modelo que ella faccionó, generando dilación, en lugar de aplicar el principio del interés superior del niño. Por otra parte, el Auto Interlocutorio 371 fue notificado al tercero interesado, quien no lo observó; por tal razón, el 1 de septiembre de 2023, impetró a la Jueza demandada aprobar la planilla de liquidación efectuada por dicha autoridad e intimar al nombrado al pago de Bs4 543,84.- (cuatro mil quinientos cuarenta y tres 84/100 bolivianos), saldo que todavía adeudaba el aludido; empero, su pretensión fue rechazada, indicando que debía presentar nueva planilla de liquidación, paralizando así el proceso y dilatando innecesariamente el cobro de la asistencia familiar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la transgresión de sus derechos a percibir la asistencia familiar, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, citando al efecto los arts. 13.I, 60 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3.1 y 2, y 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela, ordenando a la Jueza demandada aprobar la planilla de liquidación de asistencia familiar cursante en el Auto Interlocutorio 371.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de enero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 231 a 232, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su representante y abogado, ratificó los términos de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolos señaló que: a) De acuerdo a lo desglosado en la SCP 0553/2014 de 10 de marzo, en los casos en los que se discutan derechos de niñas, niños y adolescentes, se abstrae el principio de subsidiariedad; por lo cual, no corresponde exigir que se agote la vía ordinaria mediante la interposición del recurso de reposición con alternativa de apelación del Auto Interlocutorio 371, como sostuvo la Jueza demandada; b) No entiende cuál es el objetivo de exigirle que presente una nueva planilla de asistencia familiar, más aun tomando en cuenta que la solicitó hace más de dos años atrás; empero, se pretende seguir dilatando su pedido; y, c) El pago de la asistencia familiar debiera ser oportuno por cubrir gastos de necesidad como son la alimentación y la salud.

I.2.2. Informe de la demandada

Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 3 de enero de 2024, cursante de fs. 228 a 230 vta., indicó que: 1) La accionante no señaló de qué manera su autoridad no protegió de forma oportuna sus derechos ni garantizó el debido proceso y la defensa; pues, conforme informan los datos del proceso, resolvió de manera célere todas sus peticiones; 2) La liquidación de la asistencia familiar fue ejecutada de acuerdo a procedimiento; vale decir, una vez presentada se corrió en traslado, fue objetada por el obligado -tercero interesado- y posteriormente dictó el Auto Interlocutorio 812; y, 3) La jurisdicción constitucional no es una vía alternativa ni supletoria; ya que, por previsión de los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional no puede ser activada cuando existan otros medios legales para la protección de los derechos y garantías presuntamente restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; en el caso, la peticionante de tutela no formuló recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio 371; debiendo en consecuencia, realizar una nueva planilla de liquidación de la asistencia familiar; por lo que, solicitó que la tutela impetrada sea denegada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Roger Díaz Zambrana -demandado en el proceso de asistencia familiar- no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 225.

I.2.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Darwin Vásquez Moreno, Director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no presentó memorial alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, no obstante, su notificación cursante a fs. 224.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución S-2 de 3 de enero de 2024, cursante de fs. 232 vta. a 235, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 371 y el decreto de 1 de agosto de 2023, debiendo la Jueza demandada emitir un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado que resguarde el interés superior de la niña, niño y adolescente, precautelando los mecanismos necesarios de oficio para que la directa beneficiaria de la asistencia familiar, pueda gozar de ese derecho de manera pronta y oportuna, sin imposición de costas; con base en los siguientes fundamentos: i) La asistencia familiar tiene la finalidad de precautelar la integridad, los derechos y garantías constitucionales de la niña, niño y adolescente, por lo cual, es responsabilidad de ambos progenitores cubrirla en un 50% cada uno; en el presente caso, el padre de la accionante se hizo responsable de dicha obligación para que ella pueda tener una vida digna; pues, de los actuados se advirtió que el nombrado no negó o desconoció aquello; ii) Existe la solicitud del pago de una planilla de liquidación de asistencia familiar que fue tramitada por la madre de la peticionante de tutela; al respecto, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional desglosó ampliamente en cuanto a la protección reforzada de la que goza un menor de edad, al pertenecer a un grupo vulnerable dada su indefensión; por ello, en situaciones que lo involucren debe abstraerse el principio de subsidiariedad y otorgarle tutela reforzada; iii) La Jueza demandada tiene conocimiento de lo establecido en el bloque de constitucionalidad, en lo inherente a resguardar los derechos fundamentales de menores de edad; por tal razón, extraña que “hasta la fecha” no pudo consolidarse los recursos que la impetrante de tutela necesita para su supervivencia y diario vivir con dignidad; iv) Toda autoridad administrativa o judicial, debe cumplir lo previsto en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, más aun cuando se trate de grupos vulnerables; sin embargo, la autoridad demandada al momento de emitir el Auto Interlocutorio 371, realizó una planilla de liquidación de asistencia familiar, a la cual en ningún momento se opuso la solicitante de tutela, para que pueda volver a tramitarse ese proceso; por lo que, dicha Jueza tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, efectuar una interpretación progresiva, resguardar derechos y garantías fundamentales sobre todo en grupos vulnerables, otorgar justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, aplicar si es necesario, el principio iura novit curia, exponer las razones pertinentes para precautelar los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza la accionante; pues, la asistencia familiar claramente la beneficia a ella y no a la madre, estando destinada a la salud, a la integridad y a la vida digna; por lo que, la mencionada Jueza debió actuar en ese marco; y, v) De acuerdo a lo establecido en los arts. 60 y 61 de la CPE, la autoridad demandada debe aplicar la norma velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; así como, los principios de impulso de oficio y verdad material, plasmados en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, desde un enfoque sobre derechos humanos; por ello, le corresponde actuar de oficio y con celeridad disponer lo necesario para que el tercero interesado cumpla su obligación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, ante Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, Brenda Érika Zárate Guevara, representante de la menor AA -accionante-, arrimó liquidación de asistencia familiar desde el 2 de junio de 2019 al 2 de septiembre de 2021, y solicitó que se intime a Roger Díaz Zambrana -tercero interesado-, al pago de dicha obligación dentro de los tres días establecidos por el art. 415.I y II del CFPF (fs. 6 y vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, la Jueza demandada realizó liquidación de asistencia familiar y alegó que la planilla presentada por la representante de la impetrante de tutela era errónea; por lo que, la rechazó y dispuso nueva elaboración “…conforme a lo detallado…” (sic); tal determinación fue impugnada por la prenombrada a través del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, este último medio recursivo fue resuelto por Auto de Vista 37/2023 Bis de 4 de enero; fallo que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 812, ordenando a la mencionada Jueza incluya en la liquidación practicada el importe del 50% correspondiente al recibo 0762439 (fs. 8 a 9; y, 184 a 186). II.3. En cumplimiento del supra citado Auto de Vista, mediante Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio de 2023, la Jueza demandada elaboró en detalle la planilla de meses devengados, monto adeudado y los pagos realizados por el tercero interesado, a objeto de determinar con exactitud si la liquidación de pensiones presentada por la madre de la accionante fue efectuada de forma correcta “…a fin de no dejar en estado de indefensión al demandado; ordenando a las partes que posteriores liquidaciones se ajusten al modelo de liquidación…” (sic); asimismo, concluyó que la liquidación de pensiones presentada por la nombrada fue elaborada de manera errónea y no conforme a los datos del proceso, correspondiendo “…RECHAZAR la liquidación debiendo la misma presentar una nueva liquidación conforme a lo detallado” (sic); ante ello, por escrito presentado el 28 de ese mes y año, la representante de la impetrante de tutela planteó enmienda y complementación, la cual fue declarada no ha lugar por decreto de 1 de agosto de igual año (fs. 10 a 13). II.4. A través del escrito presentado el 1 de septiembre de 2023, la progenitora de la solicitante de tutela, alegando que el tercero interesado fue notificado con la planilla de liquidación elaborada por la Jueza demandada y no la observó, pidió a dicha autoridad que en aplicación del art. 415.II del CFPF, se intime al pago del saldo del monto adeudado; pretensión que fue declarada no ha lugar por decreto de 5 del referido mes y año (fs. 14 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante denuncia la transgresión de sus derechos a percibir la asistencia familiar, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; señalando que, mediante Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio de 2023, Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, elaboró en detalle la planilla de liquidación correspondiente a su asistencia familiar, desde el 2 de junio de 2019 al 7 de agosto de 2021; que rechazó la formulada por su representante; empero, de manera incongruente ordenó la presentación de una nueva liquidación con el formato que aplicó tal autoridad, sin tomar en cuenta el interés superior de la niña, niño y adolescente y el tiempo que le conlleva efectivizar dicho derecho ante la renuencia del pago por parte de su progenitor -tercero interesado-; y no obstante, que su madre planteó complementación y enmienda, e insistió para que se intime al pago, su pretensión fue rechazada mediante los decretos de 1 de agosto y 5 de septiembre de 2023. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a sectores vulnerables de la sociedad

Conforme se señaló en la SCP 0334/2023-S2 de 10 de mayo: “La acción de acción de amparo constitucional fue instituida por el Constituyente, en el art. 128 de la CPE, como una acción extraordinaria destinada a la protección y resguardo de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental, frente a actos u omisiones ilegales, o indebidos de servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen con hacerlo. En ese sentido, este mecanismo extraordinario de defensa de derechos y garantías constitucionales, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios, sustentándose en los principios procesales de inmediatez y subsidiariedad descritos en el art. 129.I de la CPE, que establece: ‘…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’; precepto normativo que determina que este mecanismo tutelar, se configura como un dispositivo de defensa inmediato, de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado, contexto en el cual se instituye como un recurso extraordinario para la tutela de derechos y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, hecho que determina su carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza jurídica, no puede considerarse como una vía alternativa ni supletoria de otras preexistentes. No obstante lo señalado, la jurisprudencia constitucional instituyó una serie de excepciones destinadas a obviar en determinadas y especialísimas situaciones, la exigencia del agotamiento de las vías y mecanismos intra procesales, sea por que la tutela podría resultar tardía ante un daño inminente e irreparable, o cuando se trate de grupos problacionales de especial atención denominados grupos vulnerables; así, respecto a estas colectividades, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, refirió que existe una excepción al mencionado principio: ‘…con la finalidad efectivizar o materializar derechos fundamentales demandados como conculcados, frente a aspectos formales. Así cuando advierta la existencia de un daño irreparable o irremediable, que coloque al accionante en una situación de necesidad que justifique la urgencia de la protección que brinda este medio de defensa; cuando, pese a existir medios de defensa, estos resulten ineficaces para el restablecimiento del derecho; frente a medidas de hecho; y, cuando se trate de grupos de atención prioritaria, en cuyo ámbito se encuentran las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Protección constitucional y reforzada de los derechos de la niñez y adolescencia

En cuanto al tópico, la SCP 0038/2018-S4 de 21 de marzo, indicó que: «A través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, Bolivia ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, instrumento jurídico internacional de radical importancia, que en lo concerniente a la protección integral de los derechos de la niñez a la subsistencia, que implica un reconocimiento de niveles de vida adecuados y acceso a los servicios básicos; al desarrollo, por el que los niños deben desarrollarse de manera armoniosa, con respeto, afecto y dignidad, desenvolviéndose en todos los ámbitos como la educación, el juego, actividades culturales, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; a la protección, que comprende la tutela contra las formas de explotación y crueldad y la separación arbitraria de la familia; y, por último, el derecho a la participación, que promueve la libertad de expresar opiniones y manifestarse respecto a cuestiones que afectan su propia vida, lo que significa que ningún proceso pueda desarrollarse sin escuchar la opinión del niño (Sandra de Kolle, Carlos Tiffer, Justicia Juvenil en Bolivia). Además de lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, asume varios principios a observarse en la protección de los derechos de la niñez, entre ellos, el de interés superior (art. 3), como eje transversal de todas las decisiones a adoptarse por instituciones públicas o privadas, en sentido que sus derechos prevalecen sobre los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social; el de unidad familiar, por el que se reconoce a la familia como el medio ideal para el desarrollo del niño y la niña, de donde surge la obligación del Estado de prestar la asistencia a los padres para que éstos cumplan sus responsabilidades en la educación integral del menor; y, el de autonomía progresiva en el ejercicio de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre sus hijos al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores sólo tienen la función de orientarlos y dirigirlos en forma apropiada para que ejerzan sus derechos, según indica el art. 5 de la referida Convención (en ese sentido, la SC 0735/2010-R de 26 de julio). Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados parte iniciaron un proceso de adecuación de su legislación a la luz de la doctrina de la protección integral de los niños, considerándolos como sujetos plenos de derechos y dejando atrás la concepción de sujeto pasivo de medidas de protección. En ese marco normativo internacional, la Constitución Política del Estado vigente incluyó en su primera parte, Titulo II -relativo a los derechos fundamentales y garantías-, Capítulo Quinto, Sección V, el reconocimiento específico de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, cuyos arts. 58 y 60, respectivamente, identifican a los titulares de su ejercicio, señalando que: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”; para consagrar posteriormente, el principio de interés superior del derecho del menor, al disponer: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. De ese modo, la Norma Fundamental recoge el criterio de protección integral de la niñez, que asumió el Código Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999-, con la ratificación de la ya referida Convención, considerando a los niños y adolescentes como titulares de todos los derechos que pueden ser ejercidos directamente de acuerdo a su edad y desarrollo. El Código aludido, a su vez, informa su contenido en el reconocimiento de los principios de no discriminación (art. 3), de interés superior (arts. 6 y 7), de unidad familiar (art. 27 y ss.) y de autonomía progresiva, entre otros. Así es que el interés superior del niño cumple un papel regulador de la normativa de los derechos del niño y se funda básicamente en la dignidad del ser humano, las características de los niños y la necesidad de procurar su desarrollo integral.

En ese orden, el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, reconoce que: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”; para luego enfatizar este principio en el artículo posterior, indicando que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. “En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia” (Opinión Consultiva OC-17/2001 de 28 de agosto, Corte Interamericana de Derechos Humanos). Así se desarrolló en la SCP 0129/2012 de 2 de mayo. En conclusión, los niños, niñas y adolescentes, son un grupo que merece protección prioritaria y especial, principalmente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran; de ahí que: “Nuestra Norma Suprema (art. 60) establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado” (SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero). Es en ese sentido, que la normativa interna contenida en el Código de las Familias y del Proceso Familiar establece una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, otorgando una serie de normas que regulan el proceso familiar en resguardo del núcleo familiar y de sus integrantes. Así, el art. 220 del referido Código prevé los principios que rigen el proceso familiar, entre ellos el inciso f) prevé el impulso procesal, por el que la responsabilidad de la dirección y desarrollo de las actuaciones procesales recae en la autoridad judicial, adoptando ésta las medidas tendientes a evitar su paralización o dilación; lo que implica que la Jueza Publica de Familia se encuentran revestidas por imperio de la ley, de la potestad de adoptar las determinaciones necesarias, aún de oficio, para lograr la materialización de la justicia. Norma concordante con lo preceptuado por el art. 231 del mismo cuerpo legal, en cuyo texto, dispone que: “La autoridad jurisdiccional en aplicación de la presente norma procesal debe desarrollar proactivamente todas las acciones tendientes a una solución justa, rápida y efectiva del conflicto”, buscando siempre la tutela efectiva del derecho material. (…) De todo lo referido, es evidente y lógico que tanto la normativa internacional, como la constitucional y la interna del país, otorgan una protección reforzada a los derechos de la minoridad; los cuáles deben ser acatados por todos los habitantes del país, ya sean autoridades públicas o particulares, velando por el interés superior de la niñez y adolescencia de Bolivia» (énfasis agregado).

III.3. Del oportuno suministro de la asistencia familiar

Al respecto, la citada SCP 0334/2023-S2, desglosó que: «El extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1437/2004-R de 6 de septiembre, indicó que: “III.5. Sobre el particular, corresponde recordar, que la uniforme jurisprudencia sentada por este Tribunal -entre ellas- la SC 1492/2003-R, de 22 de octubre, ha declarado que: ‘(...) de conformidad al art. 22 del Código de familia (CF), la obligación de asistencia familiar se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidades vencidas, y corre desde el día de la citación con la demanda. El primer párrafo del art. 149 CF preceptúa que la pensión de asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno suministro. Por su parte, el art. 436 del indicado Código señala que la obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con allanamiento, en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno...)’. La actuación de la autoridad recurrida obedece al hecho de que la asistencia familiar está destinada a los gastos de manutención del hijo menor del recurrente, atención que debe ser cubierta de manera inmediata y oportuna, sin que pueda soslayarse el cumplimiento de esta obligación con la interposición de un incidente o recurso; con mayor razón si se tiene en cuenta, que si el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver la pensión devengada es menor a la que arroja la liquidación practicada, es legalmente factible la compensación de los montos efectivamente cancelados. (…)” En un nuevo orden constitucional, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, sobre ese tópico señaló que: “Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios. Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: ‘La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal”» (el resaltado es propio).

III.4. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar a la resolución de la causa, cabe señalar que conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la subsidiariedad es un principio que hace a la esencia y naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, a través del cual se exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; no obstante, existen situaciones especialísimas que permiten hacer abstracción del mismo, tal es el caso de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta, entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes;

oportunidad en la cual es posible aplicar la excepción a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales. En tal contexto, de los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que, por memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, ante Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, Brenda Érika Zárate Guevara -madre y representante de la accionante-, arrimó liquidación de asistencia familiar desde el 2 de junio de 2019 al 2 de septiembre de 2021, y solicitó que se intime a Roger Díaz Zambrana -progenitor de la peticionante de tutela y tercero interesado- al pago de dicha obligación dentro de los tres días establecidos por el art. 415.I y II del CFPF (Conclusión II.1); mediante Auto Interlocutorio 812 de 25 de noviembre de 2021, la aludida Jueza realizó liquidación de asistencia familiar y alegó que la planilla desplegada por la representante de la impetrante de tutela era errónea; por lo que, la rechazó y dispuso nueva elaboración “…conforme a lo detallado…” (sic); tal determinación fue impugnada por la prenombrada mediante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, este último medio recursivo fue resuelto por el Auto de Vista 37/2023 Bis de 4 de enero; fallo a través del cual se revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 812, ordenando a la Jueza demandada incluya en la liquidación practicada el importe del 50% correspondiente al recibo 0762439 (Conclusión II.2); en cumplimiento del supra citado Auto de Vista, por Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio de 2023, la referida autoridad elaboró en detalle la planilla de liquidación por los meses devengados, monto adeudado y los pagos realizados por el tercero interesado, a objeto de determinar con exactitud si la liquidación de pensiones presentada por la representante de la accionante fue efectuada de forma correcta “…a fin de no dejar en estado de indefensión al demandado; ordenando a las partes que posteriores liquidaciones se ajusten al modelo de liquidación…” (sic); asimismo, concluyó que la liquidación de pensiones remitida por la nombrada fue de manera errónea y no conforme a los datos del proceso, correspondiendo “…RECHAZAR la liquidación debiendo la misma presentar una nueva liquidación conforme a lo detallado” (sic); ante ello, por escrito presentado el 28 de ese mes y año, la madre de la impetrante de tutela planteó enmienda y complementación, la cual fue declarada no ha lugar por decreto de 1 de agosto del citado año (Conclusión II.3); de igual forma, a través del escrito desplegado el 1 de septiembre del señalado año, la progenitora de la solicitante de tutela, alegó que el tercero interesado fue notificado con la planilla de liquidación elaborada por la Jueza demandada y no la observó; por lo que, pidió a dicha autoridad que en aplicación del art. 415.II del CFPF, se intime al aludido al pago del saldo del monto adeudado; pretensión que fue declarada no ha lugar por decreto de 5 del indicado mes y año (Conclusión II.4). Bajo dicho contexto fáctico, la accionante a través de su representante denuncia la transgresión de sus derechos a percibir la asistencia familiar, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; señalando que, la Jueza demandada de manera incongruente ordenó la presentación de una nueva liquidación de asistencia familiar, con el formato que esa autoridad aplicó en el Auto Interlocutorio 371, sin tomar en cuenta el citado principio y el tiempo que le conlleva efectivizar dicho derecho ante la renuencia del pago por parte de su progenitor; y no obstante, haber planteado complementación y enmienda, e insistir para que se intime al pago, su pretensión fue rechazada mediante los decretos de 1 de agosto y 5 de septiembre de 2023. Al respecto, de acuerdo a lo indicado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente se encuentra contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño -ratificado por el Estado Plurinacional de Bolivia-, en aplicación del mismo, las instituciones públicas o privadas en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, deben tomar decisiones haciendo prevalecer sus derechos sobre los demás; en armonía con lo indicado, el art. 60 de la CPE, establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (énfasis agregado). De lo expuesto, sin duda se concluye que el grupo identificado supra, merece protección prioritaria y especial; razón por la cual, el art. 220 inc. f) concordante con el art. 231 del CFPF, instituye el principio de impulso procesal, a través del cual se atribuye la responsabilidad de la dirección y desarrollo de las actuaciones procesales a la autoridad judicial, quien debe adoptar las medidas tendientes a evitar su paralización o dilación aun de oficio, para lograr la materialización de la justicia, buscando siempre la tutela efectiva del derecho material. En tal orden, de la revisión del Auto Interlocutorio 371, consta que la Jueza demandada, no obstante, de elaborar una planilla de liquidación de asistencia familiar cuya beneficiaria es la peticionante de tutela, en la que detalló la planilla de meses devengados, monto adeudado y los pagos realizados por el obligado; vale decir, una planilla exacta de la liquidación; concluyó que la prenombrada debía presentar una nueva, pese a que su solicitud data del 17 de septiembre de 2021 -un año y diez meses atrás-; tampoco consideró que por imperio de la ley, debió aplicar el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente, y resolver el caso de manera pronta y oportuna; pues, también es de su conocimiento que durante todo el desarrollo del proceso, a la impetrante de tutela le cuesta efectivizar el derecho a la asistencia familiar, cuando conforme se indicó en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, dicho instituto está destinado a la asistencia integral de la beneficiaria, para cubrir sus necesidades indispensables (alimentación, salud, educación, vestimenta, etc.); por lo que, más allá de ser una obligación familiar, involucra a la sociedad y también las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles; por tal razón, resulta innecesaria la orden para que la solicitante de tutela arrime una nueva planilla; lo cual, solamente incidirá en el retraso de la concreción del derecho de asistencia familiar de la beneficiaria; aspecto que pese a haber sido reclamado por la nombrada, no fue atendido. Por lo señalado precedentemente, al haberse advertido de manera irrebatible la lesión de los derechos reclamados a través de este mecanismo tutelar, corresponde otorgar la tutela requerida. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-2 de 3 de enero de 2024, cursante de fs. 232 vta. a 235 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 371 de 13 de julio y decreto de 1 de agosto ambos de 2023, debiendo la Jueza demandada sujetar el trámite de aprobación de la planilla de asistencia familiar al principio de celeridad y el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4a8d83dbbad7b80fb86dc71de2c43068dceb9f7a4a47dea48bd2534b31909502

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