Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 7 de agosto de 2024
Define la competencia
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, un conflicto de competencia jurisdiccionales planteado por Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro y el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni, ambos del departamento de Potosí, a fin de determinar quién debe conocer y resolver el proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido de oficio por el Ministerio Público contra ex autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma. En consecuencia, corresponde determinar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE al Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, para conocer en el fondo del proceso penal que suscitó el presente conflicto de competencias jurisdiccionales; ello en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional se proceda a la remisión de una copia legalizada del presente fallo constitucional al Fiscal Departamental de Potosí, a los fines de las consideraciones efectuadas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2024 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 51526-2022-104-CCJ Departamento: Potosí En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro; y, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni, ambos del departamento de Potosí.
Por memorial cursante de fs. 50 a 58 vta., presentado ante este Tribunal Constitucional Plurinacional el 23 de noviembre de 2022, el Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, señaló que, en una disputa interna de tierras suscitada en el Villorio o Estancia de Tansilla comprendido en la Comunidad de Coroma, descendientes de la familia Michaga que reclamaron ser propietarios de tierras ubicadas en la Estancia de Tansilla, realizaron cultivos con tractores de la Comunidad de Vintuta, desconociendo de esta manera el carácter familiar y comunitario propio de la Estancia de Tansilla. Por lo que, una vez que esta situación fue de conocimiento de las autoridades Indígena Originario Campesinas (IOC) de la Comunidad de Coroma, en aplicación de los procedimientos propios, se agotó la instancia de conciliación y a fin de evitar mayores enfrentamientos por tierras entre familiares y con base a las Resoluciones anteriormente emitidas por su jurisdicción emitieron el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021 -que equivale a una Resolución- en el que se determinó como medida preventiva que, los tractoristas involucrados de la Comunidad de Vintuta se alejen de toda actividad agrícola con la Estancia de Tansilla, mientras solucionen el problema interno entre hermanos y contribuyentes comunarios. No obstante, el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021, fue objeto de una acción de amparo constitucional, en la que a través de Resolución 301/2021 de 20 de octubre, dejó sin efecto el mencionado Voto Resolutivo y les ordena que restituyan a los accionantes su derecho al trabajo. Por tal razón, dentro de los tres días a partir de su notificación -30 de octubre de 2021- pronunciaron una nueva Resolución, en el marco de la “justicia interna”, los acuerdos establecidos en la comunidad, la Resolución del Ayllu Achuma de 2017 validada por DCP 0088/2017 de 18 de octubre y garantizando la armonía y el buen vivir entre las comunidades, tal como ordenó la referida Resolución 301/2021. Pese a ello, el 26 de abril de 2022, las ex autoridades de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) de la Comunidad de Coroma, fueron denunciadas por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, previsto en el art. 179 bis del Código Penal (CP) y aunque prestaron su declaración informativa y presentaron pruebas de descargo que acreditan el cumplimiento del fallo constitucional -Resolución 301/2021- se los imputó formalmente ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, por la presunta comisión del referido delito. Por tal motivo, en su condición de autoridad máxima de la JIOC de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, solicitó la declinatoria de competencia ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del mismo departamento, que conocía la causa; sin embargo, mediante Resolución de 20 de octubre de 2022, la referida autoridad judicial rechazó este pedido, argumentando que no concurren de manera simultánea los tres ámbitos de vigencia personal, territorial y material, establecidos en la Constitución Política del Estado y los arts. 7 al 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-. En tal sentido, con respecto al ámbito de vigencia personal, el argumento central de rechazo del juez a quien cuestiona la competencia, es que el proceso se inició de oficio por parte del Ministerio Público con base a una nota de remisión de antecedentes efectuada por la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí -constituida en Jueza de garantías-; es decir, una autoridad de la jurisdicción ordinaria que no pertenece a ningún pueblo indígena originario campesina, quien al evidenciar el incumplimiento de la resolución que pronunció resolviendo la acción de amparo constitucional, emitió el Auto de “9” -lo correcto es 8- de febrero de 2022, aspecto que no sería evidente, ya que, el Ministerio Público, de oficio inició la acción penal, como consecuencia de la remisión de antecedentes efectuadas y además a denuncia de los integrantes de la familia Michaga. Por otro lado, la autoridad jurisdiccional -a quien reclaman la competencia- argumentó que ante la evidencia de incumplimiento de una acción de amparo constitucional emitió el Auto de 8 de febrero de 2022; no obstante, en las dos oportunidades que la familia Michaga presentó la denuncia -se infiere de incumplimiento- este hecho no se corrió en traslado ni se puso a conocimiento de las ex autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma ni les solicitó un informe a tal efecto; por lo tanto, no es evidente que la Jueza de garantías haya evidenciado su incumplimiento, además que incurrió en la vulneración de su derecho a la defensa. En cuanto al ámbito de vigencia material, en materia penal, el art. 10 de la LDJ estableció y limitó las competencias de la JIOC, excluyendo de su conocimiento y competencia algunos tipos penales; empero, dicha exclusión no abarca al delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, más aún, cuando deviene de un conflicto territorial entre familiares de la Estancia de Tansilla de la Comunidad de Coroma del departamento de Potosí. Empero, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí -con quien se suscitó el conflicto- rechazó la declinatoria de competencia solicitada remitiéndose al mismo argumento de que la Jueza de garantías fue quien evidenció el incumplimiento del fallo constitucional que pronunció, concluyendo así, que se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por el art. 10 inc. a) de la LDJ. No obstante, con base en el mismo argumento se consideró adicionalmente que la víctima sería el Estado, extremo que tampoco es evidente, ya que, la remisión de antecedentes fue como consecuencia de la denuncia de incumplimiento realizada por la familia Michaga en su condición de supuestas víctimas. Finalmente, en lo referente al ámbito de vigencia territorial, el art. 191.II.3 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la SCP 0088/2017 de 29 de noviembre, establecen que la JIOC se aplica a relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la referida jurisdicción; en el presente caso, tanto el conflicto de tierras que motivó que sus ex autoridades emitieran una resolución que fue objeto de acción de amparo constitucional, así como la denuncia de su incumplimiento, ocurrieron en la jurisdicción territorial de Villorio o Estancia de Tansilla de la Comunidad de Coroma del departamento de Potosí; por lo que, se cumple con este ámbito de vigencia territorial. En tal sentido, solicita que se admita el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado y se los declare competentes para conocer la causa “…102/2022 FIS Uyuni: 42/2022 con NUREJ: 5Y097375…” (sic) ordenando para este fin, remitir el expediente a dicha jurisdicción indígena originario campesina.
Por Resolución de 20 de octubre de 2022, cursante de fs. 5 a 12, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, rechazó la declinatoria de competencia solicitada por Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del citado departamento argumentando que para determinar la procedencia o no de esta solicitud, se debe considerar que para que la JIOC ejerza la administración de justicia de acuerdo a su sistema de administración de justicia propio, deben concurrir simultáneamente los tres ámbitos de vigencia previsto en el art. 191.II de la CPE, en tal sentido: a) En cuanto al ámbito de vigencia personal previsto en el art. 9 de la LDJ, evidencia, conforme a los antecedentes del proceso penal, que los imputados son miembros de la Estancia de Tansilla, que pertenece a la Comunidad de Coroma; sin embargo, el proceso penal se inició de oficio a instancia del Ministerio Público, con base a una nota de remisión de antecedentes por parte de la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí -en su calidad de Jueza de garantías-, quien evidenció el incumplimiento de una acción de amparo constitucional y por ello emitió un Auto de 8 de febrero de 2022, vale decir, que la autoridad que denunció el incumplimiento es la autoridad ordinaria que conoció la acción de defensa planteada, razón por la que, no concurre el ámbito de vigencia personal; b) No concurre el ámbito de vigencia territorial, debido a que, la Estancia de Tansilla pertenece a las NPIOC del citado departamento, jurisdicción en la que sus autoridades estaban obligadas a no vulnerar derechos laborales, dejar sin efecto el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021 y emitir una nueva resolución -en cumplimiento de la Resolución 301/2021-; empero, dicha determinación no fue cumplida, entonces los efectos de este presunto incumplimiento a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad se produjeron en este territorio; y, c) En cuando al ámbito de vigencia material, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad, entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, el hecho suscitado se configura como el tipo penal del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad previsto y sancionado en los arts. 179 bis del CP y 127 de la CPE, de cuya interpretación se infiere que tiene como ámbito de protección, la seguridad jurídica y el respeto de las garantías constitucionales, vinculado a la protección judicial establecido en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), lo que implica que existe una reserva legal que señala que en este tipo de delitos el afectado es el Estado, debido a que, ante el presunto incumplimiento de una Sentencia Constitucional Plurinacional es el encargado de hacer cumplir este fallo, a través de los Jueces de garantías; en el caso concreto, la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí, quien ante la verificación de incumplimiento de la resolución constitucional que emitió -Resolución 301/2021- efectuó la denuncia en la jurisdicción penal; por lo que, se encuentra dentro de las prohibiciones dispuestas en el art. 10 inc. a) de la LDJ.
La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del AC 0423/2022-CA de 6 de diciembre, cursante de fs. 441 a 446, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro y el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni, ambos del departamento de Potosí; disponiendo la suspensión de la tramitación del proceso penal hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente.
La presente causa fue sorteada el 28 de marzo de 2024; posteriormente, por Decreto Constitucional de 5 de abril del citado año, se dispuso la suspensión de plazo por requerirse documentación complementaria; mismo que se reanudó por Decreto Constitucional de 12 de julio del mismo año, por tanto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido por la ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo al Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la DCP 0088/2017 de 18 de octubre, que resolvió la consulta de las autoridades del Ayllu Achuma “K’ucho”, determinando: “1° Declarar la APLICABILIDAD al caso concreto, la norma objeto de Consulta, relativa a la determinación adoptada por las autoridades originarias del Ayllu Achuma “Khucho”, en la Resolución 01/20017 de 27 de julio, referida al conflicto interno de tierras colectivas resuelto de la Estancia Tansilla del Ayllu Achuma “Khucho” de la comunidad Coroma del departamento de Potosí, bajo sus normas y procedimientos propios; y, 2° Disponer que, mediante Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, se realice la traducción de la presente Declaración Constitucional Plurinacional al idioma aymara y se socialice la misma en el Ayllu Achuma ‘K’hucho’”, al concluir que dicha determinación no contraviene los principios y valores de la Constitución Política del Estado ni con el bloque de constitucionalidad que sustenta como fin el construir una sociedad justa y armoniosa. II.2. Se tiene Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021, emitido por la Comunidad en pleno y autoridades de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, asumieron entre sus principales determinaciones: 1) Solicitar de manera respetuosa a los tractoristas involucrados de la Comunidad de Vintuta, a alejarse de toda actividad agrícola en el Villorio o Estancia de Tansilla, mientras se solucione el problema interno entre hermanos contribuyentes y comunarios; 2) La comunidad pide a las autoridades del Ayllu Achuma conjuntamente con sus autoridades a redoblar esfuerzos y retomar el trabajo iniciado de unificación y conciliación a la brevedad posible encontrar un entendimiento sano, la convivencia pacífica y el vivir bien entre todos los hermanos; y, 3) Piden a las autoridades de Vintuta a coadyuvar en esta tarea de conciliación concientizando en el alejamiento a sus comunarios hasta que encuentren una solución (fs. 228 a 229). II.3. A través de Resolución 301/2021 de 20 de octubre, la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí, concedió la tutela solicitada por Cesar Michaga, Elvira Michaga, Edgar Hairo Michaga Almaraz, Clemente Michaga López, Rubén Michaga Soliz, Edgar Rene Michaga Herrera, Alberto Claudio Michaga Calani, Rogelia Michaga Herrera contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma del departamento de Potosí; y, en consecuencia ordenó: i) La restitución a los accionantes del derecho al trabajo; ii) Dejar sin efecto el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021; iii) Emitir una nueva resolución, en el plazo de tres días desde su notificación, en correspondencia a las normas constitucionales, conforme a los acuerdos que ya tienen establecidos en la Comunidad, así como la DCP 0088/2017, a fin de no causar conflicto entre los integrantes de la Comunidad, garantizando la armonía, el buen vivir entre las Comunidades; iv) Garantizar de parte de los accionados a no vulnerar con otros actos a consecuencia de la acción planteada contra los accionantes (fs. 33 a 38). II.4. Cursa Resolución de 30 de octubre de 2021, por la que, el Consejo de Autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, en cumplimiento de la Resolución 301/2021, dejó sin efecto el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021, determinando que: “SEGUNDO.- El actuar en delante de las autoridades de la Comunidad de Coroma dentro del conflicto interno, conforme señala la propia Juez de garantías, será en el marco de la justicia interna conforme a los acuerdos establecidos en la comunidad, la Resolución del Ayllu Achuma del año 2017 y validada por Declaración Constitucional 088/2017 garantizando la armonía, el buen vivir entre comunarios” (sic [fs. 19 a 20]). II.5. De acuerdo al Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la SCP 0948/2022-S1 de 13 de septiembre, que revocó la Resolución 301/2021, cursante de fs. 220 vta. a 225 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí; y, en consecuencia, denegó la tutela. II.6. Se tiene memorial presentado el 10 de enero de 2022, a través del cual, Cesar Michaga, Clemente Michaga López, así como Elvira Michaga, Edgar Hairo Michaga Almaraz, Rubén Michaga Soliz, Edgar Rene Michaga Herrera, Alberto Claudio Michaga Calani y Rogelia Michaga Herrera -quienes aunque no suscriben el memorial figuran en las generales de ley-, solicitan a la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí, remitir al Ministerio Público los antecedentes correspondientes a la acción de amparo constitucional interpuesta contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, para su procesamiento penal por incumplimiento de la Resolución 301/2021 (fs. 39 a 41 vta.).
II.6.1. Mediante Auto de 8 de febrero de 2022, la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí, al amparo de lo previsto en el art. 129 de la CPE, que establece que las resoluciones dictadas en acción de amparo constitucional son de cumplimiento obligatorio e inmediato y dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para procesamiento de los accionados, debido al incumplimiento de la Resolución 301/2021 (fs. 43). II.7. Se tiene decreto de 23 de marzo de 2022, a través del cual al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, tuvo presente el informe de inicio de investigación presentado por el Ministerio Público por memorial presentado el 22 de igual mes y año, en la causa signada con Código Único de Denuncia (CUD) 512102122200046, Caso: 044/2022, seguida de oficio contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del citado departamento, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad (fs. 75 a 76). II.8. A través de memorial presentado el 28 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, el Fiscal de Materia, imputó formalmente a Edmundo Yucra Camata, Juan Edgar Flores Pérez, Henry Gonzalo Zarate Flores y Silveria Morejon Martínez -en la causa signada con CUD: 512102122200046, Caso: 044/2022 y Número de Registro Judicial (NUREJ) 5Y097375-, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, previsto y sancionado por el art. 179 bis del CP, en grado de participación criminal de autoría, conforme el art. 20 del CP (fs. 46 a 49 vta.). II.9. Cursa acusación formal presentada el 28 de diciembre de 2022, por el Ministerio Público contra Juan Edgar Flores Pérez, Silveria Morejon Martínez, Henry Gonzalo Zarate Flores y Edmundo Yucra Camata, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en grado de autoría (fs. 321 a 326). Asimismo, cursa acusación particular presentada contra los prenombrados el 14 de marzo de 2023 por Cesar Michaga, Elvira Michaga, Edgar Hairo Michaga Almaraz, Clemente Michaga López, Rubén Michaga Soliz, Edgar Rene Michaga Herrera, Alberto Claudio Michaga Calani y Rogelia Michaga Herrera (fs. 360 a 362).
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, un conflicto de competencia jurisdiccionales planteado por Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro y el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni, ambos del departamento de Potosí, a fin de determinar quién debe conocer y resolver el proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido de oficio por el Ministerio Público contra ex autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma. En consecuencia, corresponde determinar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
La SCP 0068/2022 de 19 de septiembre, con relación a este tópico señaló que: «El art. 1 de la CPE, determina que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
A partir de dicho artículo, la jurisprudencia constitucional entendió que el modelo de Estado asumido por nuestro país, se constituye en un verdadero Estado constitucional; puesto que, se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones de éste, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema -art. 9.4-, se indica como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en ésta, y la práctica de los valores y principios que proclama -art. 108 Numerales 1, 2 y 3 de la Ley Fundamental-; así también, consagra de manera expresa, los principios de legalidad y supremacía constitucional estipulados en el art. 410.I de la CPE.
Además de ello, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0957/2013 de 27 de junio, en el Fundamento Jurídico III.1 también señaló, que nuestro nuevo modelo de Estado es Plurinacional y Comunitario, y tiene:
…una inspiración anticolonialista que rompe con la herencia del constitucionalismo monocultural, que nació a espaldas de los pueblos indígenas, y del constitucionalismo pluricultural que introdujo de manera subordinada un reconocimiento parcial a los derechos de los pueblos indígenas. Nuestra Constitución Política del Estado, marca una ruptura respecto al constitucionalismo clásico y occidental concebido por las élites políticas; es un constitucionalismo que expresa la voluntad de las clases populares y los pueblos indígenas, creando una nueva institucionalidad, transversalizada por lo plurinacional, una nueva territorialidad, signada por las autonomías, un nuevo régimen político y una nueva legalidad bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario en el marco de la Constitución Política del Estado.
A partir de lo anotado, la SCP 0260/2014 de 12 de febrero, concluyó que nuestra Constitución Política del Estado: “…tiene características que la distinguen e individualizan y dan cuenta de un constitucionalismo que no tiene precedentes, y cuyos intérpretes deben ser fieles a sus fundamentos, a los principios y valores que consagra, con la finalidad de materializar y dar vida a las normas constitucionales…”.
Una de las manifestaciones tanto del carácter constitucional como plurinacional de nuestro Estado es la pluralidad de fuentes normativas, a partir de las cuales, como lo entendió la SCP 0112/2012 de 27 de abril, el razonamiento jurídico de jueces, juezas y autoridades debe partir de la Ley Fundamental de sus normas constitucionales-principios atendiendo las características del nuevo modelo de Estado, repensando la formación positivista y legalista anclada en el culto a la ley y abrirse a otras formas de comprender el derecho que partan, precisamente de las normas principios y que comprendan las nuevas fuentes normativas que reconoce nuestra Constitución Política del Estado para darles pleno valor y aplicación.
Efectivamente, desde la perspectiva del Estado Constitucional y Plurinacional, la ley ya no es el único punto de referencia de las autoridades judiciales; pues, éstas deben considerar que, por encima de la misma, se encuentra la Constitución Política del Estado y las disposiciones del bloque de constitucionalidad; por lo tanto, ya no es posible la aplicación decimonónica, mecánica y silogística de la ley, la cual, en todo momento debe ser analizada a partir de su compatibilidad con los preceptos del bloque de constitucionalidad; que, junto a la ley formal, emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el mismo valor jerárquico, se encuentran las normas de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC); por lo que, ya no corresponde una aplicación monista del derecho; que la jurisprudencia actualmente es fuente del derecho y la jurisprudencia constitucional, posee una especial jerarquía normativa que otorga unidad al sistema jurídico y tiene carácter vinculante y obligatorio.
Otra de las particularidades que deriva del carácter plurinacional del Estado es la composición plural de los órganos del poder público, entre ellos, del Órgano Judicial; pues, se constitucionaliza a la jurisdicción IOC dentro de la institucionalidad del Estado a través de este Órgano; toda vez que, el art 178.I de la CPE, dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, en tanto que, el parágrafo I del art. 179 de la mencionada Norma Suprema establece que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”.
Por su parte, el parágrafo II del art. 179 de la CPE, de forma coherente con los postulados del carácter plurinacional del Estado, superando al multiculturalismo del anterior régimen constitucional, donde la justicia indígena originaria campesina (JIOC) se encontraba subordinada a la jurisdicción ordinaria, determina que: “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”. Consecuentemente, el art. 190.I de la CPE, de manera clara señala que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”.
Posterior a la puesta en vigencia del nuevo texto constitucional, en cumplimiento al mandato de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Fundamental, se desarrollaron las normas orgánicas; es así, que la Ley del Órgano Judicial, regula la estructura, organización y funcionamiento de dicho Órgano, sustentado entre otros principios en la plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, conforme prevé en su art. 3 de la citada Ley del Órgano Judicial (LOJ), con relación a la función judicial, en su art. 4.I, estipula que, es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de:
1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados;
2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales;
3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios (las negrillas son agregadas)» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0026/2013 de 4 de enero, mencionó: “…respecto a los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina el art. 191.II de la CPE, determina que: “La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los (…) ámbitos de vigencia personal, material y territorial…” correspondiendo efectuar una interpretación desde y conforme a la Constitución y los Tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos (arts. 13.IV y 256 de la CPE) del art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es decir:
(…) Ámbito de vigencia personal
El art. 30.I de la CPE, precisa: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…” y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: “La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”.
En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: “Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: “Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:
1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: “…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…”, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo “particular” que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.
(…) Ámbito de vigencia territorial
Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: “El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: "…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio".
Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: “Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”, es decir:
i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.
ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.
(…) Ámbito de vigencia material
Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: “…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un “asunto” de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (las negrillas son nuestras).
En relación a este ámbito, el art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, establece que:
“I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.
originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
(…)
d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente” (el resaltado fue añadido).
En cuanto a la responsabilidad penal por incumplimiento de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, la SCP 0068/2022, citando a su vez a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0213/2017-S2 de 15 de marzo y 0015/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: “Sobre el cumplimiento de resoluciones constitucionales, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0213/2017-S2 de 15 de marzo, en el fundamento jurídico III.1, señaló lo siguiente:
…una vez constatado el incumplimiento del fallo emitido por el juez o tribunal de garantías, competerá a éstos remitir mediante resolución fundamentada antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de iniciar la acción penal contra las personas o servidores públicos renuentes; por lo que, no podrá iniciarse proceso penal sin esta resolución fundada de remisión de antecedentes en razón a que estas autoridades jurisdiccionales son las que determinaran inicialmente la existencia de indicios de responsabilidad del tipo penal de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, previsto y sancionado por el art. 179 bis del CP; no obstante, si por denuncia, querella o de oficio el Ministerio Público inicia proceso penal por este delito, corresponderá excepcionalmente al director funcional de la investigación solicitar a la brevedad posible al juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional, indique si el incumplimiento denunciado es evidente y en caso de confirmarse la desobediencia corresponderá proseguir con la acción penal.
En ese mismo sentido la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el fundamento jurídico III.1 señaló lo siguiente:
…las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”.
En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. (…)
…se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa, en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales.
De la jurisprudencia citada, se concluye que el Juez o Tribunal de garantías es la autoridad competente para hacer cumplir sus determinaciones dispuestas en acciones de defensas, como también tiene competencia de oficio o a instancia de parte mediante resolución debidamente fundamentada, remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del CP; sin embargo, si se apertura el proceso penal mediante querella o denuncia por el referido delito, el Ministerio Público debe solicitar a la brevedad posible al juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional, indique si el incumplimiento denunciado es evidente y en caso de confirmarse la desobediencia corresponderá proseguir con la acción penal” (las negrillas y subrayado nos corresponden).
En el problema jurídico planteado, Eloy Calizaya Mamani, Curaca Mayor de los Once Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, reclama la competencia jurisdiccional asumida por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del mismo departamento, para conocer y resolver el proceso penal, por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad seguido de oficio por el Ministerio Público contra ex autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma -comprendida dentro de la referida Comunidad- alegando que concurren los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Por lo que, le corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, resolver a qué autoridad le corresponde asumir la competencia jurisdiccional en conflicto.
Identificado en el anterior apartado el objeto procesal, se ve conveniente efectuar una suscita descripción de los hechos relevantes que dieron origen al conflicto de competencia jurisdiccionales que ahora se analiza, ello a fin de lograr una mejor y cabal comprensión sobre la resolución del mismo. En ese sentido se tiene que, como consecuencia de una demanda planteada por la familia Michaga perteneciente al Villorio o Estancia de Tansilla de la Comunidad de Coroma del Ayllu Achuma K´uchu contra Nicanor Caihuara y Gilberto Caihura -oriundos de la Estancia de Villa Esperanza del Ayllu Pallpa, Comunidad de Santiago de Larco- (ambos Ayllus de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí) las autoridades del Ayllu Achuma “K’uchu” de la Comunidad de Coroma del mismo departamento, pronunciaron la Resolución 01/2017 de 27 de julio, resolviendo que los prenombrados -Nicanor Caihuara y Gilberto Caihura- retornen a su comunidad de origen, debido a que las tierras en controversia ubicadas en la Estancia de Tansilla, en la que venían cultivando los demandados, pertenece a la familia Michaga -demandantes-. Asimismo, se tiene que a consecuencia de la referida demanda, se efectuó una consulta por las citadas autoridades ante esta jurisdicción constitucional sobre la aplicación de sus normas jurídicas a este caso, emitiéndose así la DCP 0088/2017 de 18 de octubre, que determinó: “1° Declarar la APLICABILIDAD al caso concreto, la norma objeto de Consulta, relativa a la determinación adoptada por las autoridades originarias del Ayllu Achuma “Khucho”, en la Resolución 01/20017 de 27 de julio, referida al conflicto interno de tierras colectivas resuelto de la Estancia Tansilla del Ayllu Achuma “Khucho” de la comunidad Coroma del departamento de Potosí, bajo sus normas y procedimientos propios…” (Conclusión II.1). Sin embargo -más adelante- debido a los trabajos de cultivo que habría iniciado la familia Michaga en los predios en disputa, a través de Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021, la comunidad en pleno y autoridades de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, asumieron entre otras determinaciones: Solicitar a los tractoristas involucrados de la Comunidad de Vintuta, alejarse de toda actividad agrícola realizada por la familia Michaga en el Villorio o Estancia de Tansilla, mientras solucionen el problema interno entre hermanos contribuyentes y comunarios (Conclusión II.2).
Ante esta determinación, Cesar Michaga, Elvira Michaga, Edgar Hairo Michaga Almaraz, Clemente Michaga López, Rubén Michaga Soliz, Edgar Rene Michaga Herrera, Alberto Claudio Michaga Calani y Rogelia Michaga Herrera plantearon una acción de amparo constitucional contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí; que fue resuelta por la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del mismo departamento -constituida en Jueza de garantías-, quien a través de la Resolución 301/2021 de 20 de octubre, concedió la tutela; y, en consecuencia, ordenó: i) La restitución a los accionantes del derecho al trabajo; ii) Dejar sin efecto el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de 2021; iii) Emitir una nueva resolución, en el plazo de tres días desde su notificación, en correspondencia a las normas constitucionales, conforme a los acuerdos que ya tienen establecidos en la Comunidad, así como la DCP 0088/2017, a fin de no causar conflicto entre los integrantes de la Comunidad, garantizando la armonía, el buen vivir entre las Comunidades; y, iv) Garantizar de parte de los accionados a no vulnerar con otros actos a consecuencia de la acción planteada contra los accionantes (Conclusión II.3). De ahí que, el Consejo de Autoridades de la JIOC de la Comunidad de Coroma, pronunció la Resolución de 30 de octubre de 2021, en cumplimiento de la Resolución 301/2021, dejó sin efecto el Voto Resolutivo de 8 de septiembre de igual año, mencionando expresamente que: “…El actuar en delante de las autoridades de la Comunidad de Coroma dentro del conflicto interno, conforme señala la propia Juez de garantías, será en el marco de la justicia interna conforme a los acuerdos establecidos en la comunidad, la Resolución del Ayllu Achuma del año 2017 y validada por Declaración Constitucional 088/2017 garantizando la armonía, el buen vivir entre comunarios” (sic [Conclusión II.4]). En consideración de la Resolución de 30 de octubre de 2021, Cesar Michaga, Clemente Michaga López, así como Elvira Michaga, Edgar Hairo Michaga Almaraz, Rubén Michaga Soliz, Edgar Rene Michaga Herrera, Alberto Claudio Michaga Calani y Rogelia Michaga Herrera -quienes aunque no suscriben el memorial figuran en las generales de ley-, mediante memorial presentado el 10 de enero de 2022, solicitaron a la Jueza de garantías, remitir al Ministerio Público los antecedentes correspondientes a la acción de amparo constitucional interpuesta contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, para su procesamiento penal por incumplimiento de la Resolución 301/2021 (Conclusión II.6).
En ese sentido, a través del Auto de 8 de febrero de 2022, la Jueza de garantías concretó la remisión de antecedentes al Ministerio Público, en el marco de lo previsto en el art. 129 de la CPE, que establece que las resoluciones dictadas en acción de amparo constitucional son de cumplimiento obligatorio e inmediato (Conclusión II.6.1). Siendo este el contexto fáctico en el que la JIOC reclamó la sustanciación del proceso penal iniciado a consecuencia de la referida remisión de antecedentes procesales y se suscitó el conflicto competencial que se analiza y que actualmente se encuentra con acusación formal y particular (Conclusiones II.7 a II.9). En tal sentido, para este análisis -como una consideración previa- se debe tener presente que el pluralismo jurídico igualitario reconocido en el texto constitucional y que fue objeto de un amplio desarrollo jurisprudencial en este Tribunal Constitucional Plurinacional, constituye un principio rector fundamental no solo para la impartición de justicia sino también para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional de Derecho Comunitario, pues es la base para comprender la diversidad cultural, institucional y normativa existente, por lo cual, resulta de inexcusable referencia en la resolución de este conflicto. Así, en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”.
Asimismo, del citado entendimiento jurisprudencial -Fundamento Jurídico III.1- se extrae que, dicho principio expresa el reconocimiento de la coexistencia de sistemas jurídicos y de administración de justicia existentes en el Estado boliviano, así como el relacionamiento permanente de las diferentes jurisdicciones que conforman el órgano judicial, sin subordinación e igualdad jerárquica. A partir de ello, este Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene la finalidad de precautelar la Constitución Política del Estado y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, puede examinar y dirimir la existencia de los conflictos competenciales como el presente, de conformidad a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional y el art. 8 de la LDJ; es decir, a partir de la verificación de la concurrencia simultánea de los ámbitos de vigencia territorial, personal y material; en esa línea, se ingresará al análisis sobre la concurrencia de estos ámbitos de vigencia desde el ejercicio competencial que podría asumir la JIOC frente al hecho que motivó el conflicto:
A fin de resolver lo relativo a la jurisdicción competente, debemos enmarcarnos en lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece la pauta normativa para dilucidar los conflictos de competencias entre la JIOC y la jurisdicción ordinaria, siendo este que, la JIOC ejerce sus competencias en función a la concurrencia de los tres ámbitos de vigencia material, territorial y personal. En esa línea, en lo concerniente al ámbito de vigencia material, existe un límite normativo para el ejercicio de la JIOC, ya que, el art. 10.II de la LDJ, define las materias excluidas del conocimiento de las autoridades IOC, pues de manera evidente y clara busca proteger determinados bienes jurídicos que interesan a la colectividad. Así, el inc. d) de este precepto legal, excluye de la competencia de la JIOC, aquellas otras competencias que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente -Fundamento Jurídico III.2-. Debido a que, el ordenamiento jurídico boliviano diseñó e implementó catálogos de distribución competencial para las diferentes jurisdicciones reconocidas en el art. 179 de la CPE, a objeto de evitar la transgresión de los límites en el ejercicio de sus competencias.
En ese marco, el hecho delictivo -objeto de controversia competencial-que cuenta con acusación formal y particular en el proceso penal de origen con la pretensión establecer la autoría del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, se encuentra tipificado en el art. 179 bis del CP, inserto en el Título III, relativo a los Delitos que atentan contra el bien jurídico que es la función judicial, Capítulo I, referido a los Delitos contra la actividad judicial, como una competencia reconocida y reservada exclusivamente a la jurisdicción ordinaria penal, que refiere:
“La Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones, emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días”. Ello, a raíz de la remisión de los antecedentes procesales que la Jueza de garantías -Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí- efectuó a través de Auto de 8 de febrero de 2022, al Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del mismo departamento, al amparo de lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que establece: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”. Consecuentemente, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, existe inclusive un procedimiento reglado que encamina al inicio de la acción penal en estos hechos delictivos. De manera que, aun cuando la denuncia de incumplimiento se hubiera efectuado por los impetrantes de tutela dentro de la acción de amparo constitucional que consta en antecedentes, se extrae que fue la Jueza de garantías, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, una vez que constató el incumplimiento de la Resolución de garantías, quien remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público, con la finalidad de que se inicie la acción penal contra las personas renuentes y que finalmente sea el juez ordinario quien en el marco de la competencia que le otorga el Código de Procedimiento Penal, establezca la existencia de responsabilidad penal y su sanción. En ese sentido, considerando que el ámbito de vigencia material de la JIOC, no alcanza a la resolución de delitos por desobediencia de resoluciones emitidas en acciones de defensa en el marco de lo previsto en el art. 179 bis del CP, resulta claro que la competencia para conocer y sustanciar el delito por desobediencia a las resoluciones emitidas en acciones de defensa le corresponde al Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí. Finalmente, en mérito a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional y lo dispuesto por el art. 8 de la LDJ, que establece: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente”, en el presente caso no resulta necesario el análisis del ámbito de vigencia territorial y personal, al advertirse que no concurre el ámbito de vigencia material para el ejercicio de la JIOC; por lo que, corresponderá declarar competente al Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, a fin de que conozca la causa penal signada con CUD: 512102122200046, Caso: 044/2022 y NUREJ: 5Y097375, que motivo el presente conflicto de competencia jurisdiccionales.
Resuelto el problema jurídico-constitucional planteado y dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, este Tribunal advirtió con base a los datos registrados en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal que, a través de la SCP 0948/2022-S1 de 13 de septiembre, se revocó la concesión de la tutela inicialmente otorgada al derecho al trabajo en la Resolución 301/2021, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Primera de Uyuni del departamento de Potosí, denegando en consecuencia la misma. En tal sentido, tomando en cuenta que la causa que originó el inicio del proceso penal por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y que motivó el presente conflicto de competencia jurisdiccionales, fue el incumplimiento de la Resolución 301/2021, corresponde poner en conocimiento del Fiscal Departamental de Potosí, el presente fallo constitucional y la SCP 0948/2022-S1, en la causa penal signada con CUD: 512102122200046, Caso: 044/2022, seguida de oficio contra Edmundo Yucra Camata, Corregidor Auxiliar, Juan Edgar Flores Pérez, Agente de la Capital, Silveria “Monzón” Martínez, Presidenta del Comité de Salud y Henry Gonzalo Zarate Flores, Presidente de OTB, todos de la Comunidad de Coroma, municipio de Uyuni, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí; a efecto de que asuma las acciones que considere pertinentes.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE al Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, para conocer en el fondo del proceso penal que suscitó el presente conflicto de competencias jurisdiccionales; ello en el marco de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional se proceda a la remisión de una copia legalizada del presente fallo constitucional al Fiscal Departamental de Potosí, a los fines de las consideraciones efectuadas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori, por ser de Voto Disidente. Asimismo, las Magistradas MSc. Georgina Amusquivar Moller y MSc. Isidora Jiménez Castro, son de Voto Aclaratorio.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fdo. René Yván Espada Navia
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0054_2024.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2f0022441b7fb1a4f2134ca890a1719a762bdc082fbfe02391714cefdfcc898
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