Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al acceso a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por una autoridad Jurisdiccional, así como al debido proceso en sus elementos a la defensa en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la vida y el principio de celeridad; en razón a que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, solicitó al Fiscal de Materia ahora coaccionado la remisión de obrados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraría tramitando procesos civiles contra los denunciantes; asimismo, pidió al Juez hoy accionado que remita los actuados procesales ante el Juez competente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, formulando excepción de incompetencia en razón de territorio; sin embargo, no recibió respuesta alguna de ambas solicitudes; además que, el referido Juez hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción de incompetencia planteada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Respecto al principio de celeridad y el debido proceso y su vinculación con el derecho a una justicia pronta y oportuna; b) La acción de libertad innovativa; y, c)…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 25 de julio de 2022, cursante a fs. 84 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Mario Elmer Laura Pacavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2026-S1 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 49394-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 25 de julio de 2022, cursante a fs. 84 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Álbaro Gualberto Pedraza Arce contra Mario Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante de fs. 60 a 66 vta., manifestó lo siguiente:
Dentro los procesos civiles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y como consecuencia de ello, se encuentra ilegalmente perseguido en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por un Fiscal de Materia que no tiene competencia territorial y por un Juez que no es el natural; asimismo, existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y “otros” por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP); en tales circunstancias, acudió ante el Juez ahora accionado, el 14 de julio de 2022, formulando excepción de incompetencia en razón de materia; empero, al no ser decretado dentro del término legal de veinticuatro horas, dio lugar a la apertura de la vía constitucional para la reparación de las formalidades legales. Asimismo, a efectos de cumplir con el principio de subsidiariedad, también acudió ante el Fiscal de Materia hoy coaccionado, solicitando que remita los actuados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, no recibió respuesta alguna hasta la fecha, -se entiende hasta la interposición de la presente acción de libertad-. Además, que el Fiscal de Materia ahora coaccionado, actuando al margen del principio de objetividad, a pesar de la existencia de un certificado médico que acreditó su delicado estado de salud, se dio a la tarea de citar al médico que lo examinó, vulnerando así el debido proceso e ingresando en una persecución ilegal al actuar sin competencia alguna. Ese extremo fue reclamado en la vía jurisdiccional y no mereció respuesta por parte del Juez hoy accionado; por lo que, su persona no cuenta con recursos legales para el restablecimiento de las formalidades legales; ello debido a que, habiendo acudido ante el citado Fiscal de Materia, sus memoriales no fueron decretados; y por otro lado, el Juez hoy accionado, hasta la fecha de interposición de la acción libertad, no señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción interpuesta, incumpliendo de esa manera el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los arts. 314 y 315 del citado Código, tales situaciones afectaron directamente su derecho a la libertad, al encontrarse ilegalmente procesado por jueces y fiscales sin competencia territorial; además de que, no existe delito alguno cometido por su persona.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al acceso a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por una autoridad jurisdiccional, así como al debido proceso en sus elementos a la defensa en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la vida y el principio de celeridad; citando al efecto los arts., 13, 22, 23, 115, 120 y 178 de la CPE; y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) El Juez ahora accionado, señale día y hora de audiencia a efectos de resolver la excepción previa presentada por su persona, debiendo considerar todos los extremos y datos del proceso, aplicando el principio de favorabilidad al momento de decidir; y, b) El Fiscal de Materia hoy coaccionado, resuelva en el día los memoriales presentados y “LOS SUBA AL SISTEMA” para no generar indefensión, debiendo valorar los certificados médicos presentados, con base en la jurisprudencia constitucional.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 84, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia retiró la acción de libertad; alegando que, en observancia del principio de lealtad procesal y en aplicación del principio de verdad material, los actos cuyo cumplimiento fueron exigidos mediante otra acción tutelar de similares características, en la cual se concedió la tutela, ya habrían sido cumplidos por las autoridades, habiendo en consecuencia, desaparecido el objeto de la presente acción; por lo que, al tenor del art. 24 de la CPE, solicitó se admita el retiro de la acción de libertad y se disponga el archivo de obrados.
Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia, mediante informe de 22 de julio de 2022, cursante de fs. 80 a 82, y en audiencia manifestó que: 1) El proceso penal se encuentra en etapa investigativa, habiéndose emitido las correspondientes citaciones a efectos, de que el accionante comparezca ante el Ministerio Público en calidad de testigo y no como imputado; sin embargo, el nombrado no se presentó a prestar su declaración; empero, no se tiene señalada nueva fecha ni hora para dicho actuado; por lo que, tales diligencias no pueden ser consideradas como persecución ilegal, constituyendo únicamente actos investigativos; 2) El 21 de julio de 2022, se celebró audiencia para la resolución de la excepción de incompetencia, la cual fue declarada probada por el Juez hoy accionado. En virtud de dicha decisión, no será emitida ninguna citación, situación que desvirtúa nuevamente la alegada persecución; y, 3) No se observó el principio de subsidiariedad; ya que, el accionante debió acudir inicialmente ante el Juez de la causa a efectos de plantear los reclamos en los que funda la presente acción de libertad. Por lo manifestado y al no ser evidentes los actos lesivos denunciados, manifestó que no corresponde atender la acción de libertad interpuesta. Mario Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 77.
Carola Ángela Alba Monterrey, en audiencia manifestó que: i) Es evidente que la excepción de incompetencia planteada por el accionante fue declarada probada por el Juez ahora accionado; sin embargo, el accionante omitió señalar que dicha determinación fue objeto de apelación de su parte, habiéndose además llevado a cabo, una audiencia de acción de libertad en la cual sostuvo que sus derechos fueron vulnerados; ii) De acuerdo a lo establecido por los arts. 11, 25 y 125 de la CPE, se establece que la víctima debe estar presente en todos los actos procesales, tener conocimiento de los mismos y contar con la facultad apersonarse o no al juzgado; iii) Solicitó al Fiscal de Materia ahora coaccionado, que ponga en conocimiento del Juez hoy accionado la denuncia iniciada por su persona; ya que, en el inicio de investigación se establece quiénes son las víctimas; por lo que, el juzgador tenía la obligación de notificar a todas las víctimas con la excepción de incompetencia, lo que no ocurrió; puesto que, se asumió conocimiento de dicha excepción de manera extraoficial; así como, de la audiencia de consideración de la misma. A pesar de que se dieron modos para acceder al link y al verificativo de la audiencia, no se les permitió ejercer su derecho a la defensa; y, iv) Pidió que, con relación a la presente acción de libertad, se impongan costas, denunciando que la decisión asumida en la otra acción de defensa fue ilegal.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 14 de 25 de julio de 2022, cursante a fs. 84 y vta., en aplicación de los entendimientos jurisprudenciales contenidos en la SCP 0765/2017-S2 de 31 de julio, resolvió “ACEPTAR EL RETIRO” de la acción de libertad, sin costas; bajo el siguiente fundamento, el accionante manifestó que su demanda fue resuelta por el Juez ahora accionado y que, respecto al Ministerio Público, interpuso otra acción de defensa; en la cual, se le concedió la tutela solicitada, en virtud a ello dicho Tribunal aceptó el referido retiro de la presente acción de defensa; teniéndose dichos argumentos por válidos; por lo que, al haberse resuelto la problemática planteada por otro Tribunal, no corresponde emitir pronunciamiento alguno.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante memorial de julio de 2022, dirigido a Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia -ahora coaccionado-, Álbaro Gualberto Pedraza Arce -hoy accionante-, solicitó la remisión de actuados ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, donde supuestamente se cometieron delitos que le fueron endilgados; asimismo, señaló que en la misma Jurisdicción se encontraban en trámite tres procesos ejecutivos iniciados por el nombrado contra Carola Ángela Alba Monterrey y Windsor Martin Mollinedo Iturri -denunciantes- (fs. 27 a 29) II.2. Por memorial de julio de 2022, dirigido a Mario Elmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-; el accionante formuló excepción de incompetencia, solicitando se le declare probada dicha excepción y se disponga la remisión de obrados ante el Juez competente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, (fs. 30 a 36).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al acceso a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por una autoridad Jurisdiccional, así como al debido proceso en sus elementos a la defensa en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la vida y el principio de celeridad; en razón a que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, solicitó al Fiscal de Materia ahora coaccionado la remisión de obrados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraría tramitando procesos civiles contra los denunciantes; asimismo, pidió al Juez hoy accionado que remita los actuados procesales ante el Juez competente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, formulando excepción de incompetencia en razón de territorio; sin embargo, no recibió respuesta alguna de ambas solicitudes; además que, el referido Juez hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción de incompetencia planteada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Respecto al principio de celeridad y el debido proceso y su vinculación con el derecho a una justicia pronta y oportuna; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0663/2018-S2 de 17 de octubre, determinó que: “En cuanto al principio de celeridad la Constitución Política del Estado en sus arts. 178.I dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; 180.I expresa que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; y, 115.II señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’.
Complementando lo señalo, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y, la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; dicho entendimiento fue ratificado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero en el Fundamento Jurídico III.2.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías.
Entendimiento ratificado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre”.
La SCP 1237/2022-S4 de 26 de septiembre, refiriéndose a los arts. 178.I y 115.II de la CPE, señaló que: “En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; en los cuales, los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios.
La observancia del principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna compele a quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir esto dentro de un plazo razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna; en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad ‘Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia’.
En ese entendido, este principio como elemento del debido proceso, se encuentra inserto en la norma, interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; y por ello, su inobservancia no solo afecta el mismo, sino otros elementos del debido proceso que se encuentren relacionados, activándose su resguardo y protección constitucional ante la demora de respuesta o diligenciamiento oportuno de los trámites por la administración de justicia” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’”
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al acceso a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, a ser oído por una autoridad Jurisdiccional, así como al debido proceso en sus elementos a la defensa en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados con el derecho a la vida y el principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, solicitó al Fiscal de Materia ahora coaccionado la remisión de obrados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraría tramitando procesos civiles contra los denunciantes; asimismo, pidió al Juez hoy accionado que remita los actuados procesales ante el Juez competente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, formulando excepción de incompetencia en razón de territorio; sin embargo, no recibió respuesta alguna de ambas solicitudes; además que, el referido Juez ahora accionado hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción de incompetencia planteada.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que mediante memorial de julio de 2022, dirigido al Fiscal de Materia hoy coaccionado, el accionante solicitó la remisión de actuados ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz, donde supuestamente se cometieron delitos que le fueron endilgados; asimismo, señaló que en la misma Jurisdicción se encontraban en trámite tres procesos ejecutivos iniciados por el nombrado contra los denunciantes (Conclusión II.1.); además, por memorial del mismo mes y año, dirigido al Juez ahora accionado; el accionante formuló excepción de incompetencia, solicitando se le declare probada dicha excepción y se disponga la remisión de obrados ante al Juez competente del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento (Conclusión II.2.). Cabe señalar que, en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la SCP 1237/2022-S4, menciona que: el principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna obliga a todos quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y así poder obtener un procedimiento más eficaz y sencillo; en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial determina que el principio de celeridad ʽcomprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justiciaʼ. la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es el mecanismo idóneo para acelerar los procesos judiciales o administrativas cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra ilegalmente perseguida, constituyéndose en el medio efectivo para el resguardo del principio de celeridad y el respecto a los derechos fundamentales.
En ese sentido, corresponde mencionar que el accionante mediante esta acción de libertad, denunció que el Juez ahora accionando no señaló día y hora de audiencia para resolver la excepción de incompetencia; asimismo, pidió la remisión de obrados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraría tramitando procesos civiles contra los denunciantes; sin embargo, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa el nombrado realizó el retiro de dicha acción, extremo del cual se advierte que las dilaciones denunciadas que motivaron el planteamiento de la presente acción tutelar, cesaron como efecto del citado retiro de la referida acción, indicando que ese acto ya se había realizado y que el mencionado Juez, el 21 de julio de 2022, resolvió la referida excepción, declarando probada la misma y ordenando la remisión de obrados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En consecuencia, el señalamiento de la audiencia que fue reclamado por el accionante fue cumplido, lo cual conllevaría a entender que el objeto de la presente acción de libertad desapareció, sin embargo, la referida presentación no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la fecha en la que fue programada esa audiencia; en consecuencia, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada también en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que, en el futuro, se reiteren las conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad.
Finalmente, dicho instituto procesal es pertinente únicamente hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública de garantías, siendo inadmisible su planteamiento después del referido actuado procesal (SPC 0122/2025-S1 de 20 de marzo entre otras). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al “ACEPTAR EL RETIRO” de la acción de libertad, aunque con terminología errónea, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14 de 25 de julio de 2022, cursante a fs. 84 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Mario Elmer Laura Pacavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 72197f4f80af3ef0adb3c2cb161e085839cb2ab94d78784765e45ecbf32d0c8e
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