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SCP 0053/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
50206-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso, por parte de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Oficial de Diligencias de la Sala citada, por no haberle notificado de forma personal o mediante edictos con el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, que confirmó la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, siendo notificado de forma ilegal mediante cedulón a su abogada de oficio en un domicilio inexistente, lo que dio lugar a que se expidan mandamientos de condena y captura. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Prohibición de activación ulterior de acciones de libertad con identidad de objeto, sujetos y causa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50206-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Brayan Bruno José Luna Lira en representación sin mandato de Vladimir Beato Apaza Mamani contra Margot Pérez Montaño, Vocal; Janeth Chacolla Lipacho, Oficial de Diligencias, ambas de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Narda Soria Galvarro Hinojosa y Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Segunda y Tercera, respectivamente, ambas de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 91 a 102, el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de junio de 2022 se ejecutó un mandamiento de captura en su contra emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz dentro el proceso penal seguido por Andrés Choque Aranda por los presuntos delitos de abuso de firma en blanco, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, proceso en el que se habría emitido la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, dictada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del citado departamento, el cual concluyó sin que tenga conocimiento del mismo debido a que fue tramitado en rebeldía, y fue ejecutoriada sin haberse cumplido con la notificación personal con el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, ni tampoco se notificó a su abogado defensor de oficio, ya que al estar declarado en rebeldía debió ser notificado por edictos conforme los “…

Arts. 99, 105, 233, 250, 251, 252, 253, 254 y 255 del Decreto Ley N° 10426” (sic). De los antecedentes se tiene que su persona ya fue procesado a instancia de Andrés Choque Aranda y sentenciado por el Juzgado de Sentencia Penal y Liquidador Octavo de La Paz mediante Sentencia 157/2016 de 7 de abril, con cuatro años de condena por los mismos hechos, cuyo cumplimiento de condena fue supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del mismo departamento, posteriormente, se emitió el correspondiente mandamiento de libertad a su favor el 7 de septiembre de 2020 al haber cumplido su condena. Estos hechos fueron de conocimiento de Andrés Choque Aranda, quien espero que cumpla su condena para activar un segundo proceso al amparo de los mismos hechos y delitos por los que fue procesado anteriormente, existiendo en el caso doble procesamiento aun así ejecutaron el mandamiento de captura lesionando la garantía del non bis in ídem. La Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, fue notificada a su abogada de oficio en su domicilio procesal mediante edictos de ley; por lo que el 6 de enero de 2017, interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, que confirmó la Sentencia de primera instancia, Auto de Vista que se pretendió dar por notificado mediante cedulón de 16 de septiembre de 2020, con testigo de actuación a su abogada de oficio quien habría cambiado de domicilio procesal al haberse trasladado el Juzgado a sus nuevas oficinas del Edificio Judicial de El Alto, practicándose la notificación en un domicilio inexistente, sin ordenar la Sala Penal Tercera la notificación personal conforme establece el “Decreto Ley 10426” (sic) o mediante edictos, lo que provocó que se encuentre en total indefensión. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz teniendo conocimiento que el proceso se tramitó en su rebeldía, no ordenó que sea notificado mediante edictos con el Auto de Vista 35/2020, simplemente indicaron “sea con las formalidades de ley” lo que desde ningún punto de vista se adecua a lo establecido en los “…Arts. 99, 105, 233, 250, 251, 252, 253, 254 y 255 del Decreto Ley N° 10426” (sic). Respecto a la Oficial de Diligencias esta tenía la facultad de verificar la situación real de las partes procesales para su notificación legal, para que estas tengan conocimiento del contenido de la resolución y no así cumplir con una mera formalidad, no verificó que su persona se encontraba declarado en rebeldía, ni que tenía abogado de oficio con domicilio procesal ubicado en la calle Martin Cárdenas 1024, oficina “A” zona Ferropetrol (a media cuadra de la Plaza de la Luna de El Alto); sin embargo, al momento de la supuesta notificación de 15 de septiembre de 2020, sin que exista numeración del inmueble, ni ningún tipo de letrero, rótulo o leyenda que identifique el nombre de su abogado de oficio, decidió practicar la notificación mediante cedulón en un domicilio inexistente, en consecuencia la notificación con el Auto de Vista 35/2020, restringió e inviabilizó el cumplimiento de las funciones de su defensor de oficio que era promover una defensa técnica, eficaz, eficiente y pertinente, no solo en el ámbito procesal mediante la interposición de los recursos como el de casación, sino también recursos constitucionales. A consecuencia de la notificación ilegal se remitieron los antecedentes del proceso al Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, autoridad judicial que mediante Auto de 10 de noviembre de 2020 declaró ejecutoriada la Sentencia 42/2016; posteriormente, el personal de la Oficina Gestora de Procesos tercero de El Alto del departamento de La Paz, realizó dos representaciones en el sentido de que no pudo notificar el Auto de ejecutoria al no encontrar el domicilio procesal del abogado de oficio porque ya no se encontraba en la dirección señalada; por otro lado, ante el desconocimiento del domicilio debió ser notificado mediante edictos, dejándole en indefensión al no poder recurrir en casación o poder ejercitar su derecho a la defensa; es así que el querellante presentó memoriales de ejecutoria y solicitó se expida mandamiento de condena pese a tener conocimiento que su abogado de oficio, así como los juzgados se habrían trasladado de lugar, además de conocer que su persona ya habría cumplido una condena por el mismo hecho, sorprendiendo a las autoridades con su insistencia de mandamiento de captura que fue ejecutado el 13 de junio de 2022, encontrándose recluido de forma indebida e ilegalmente privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) La nulidad de todo lo obrado hasta la notificación del Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, incluidos el mandamiento de captura de 7 de junio de 2021, mandamiento de condena de 31 de marzo de 2021 y Auto de Ejecutoria de Sentencia de 10 de noviembre de 2020; b) Que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ordene su notificación personal con el Auto de Vista 35/2020 por constituirse en una Resolución de carácter definitivo; y, c) Se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 108 a 109 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Se notificó mediante cedulón el Auto de Vista 35/2020 el 16 de septiembre, con testigo de actuación a la entonces abogada defensora de oficio que tenía domicilio procesal ubicado en la calle Martin Cárdenas 1024, oficina “A” zona Ferropetrol a media cuadra de la Plaza de la Luna donde anteriormente se encontraban los juzgados de la ciudad de El Alto, sin considerar que ese ya no era su domicilio procesal porque se trasladó y extrañamente se practicó la notificación en un domicilio inexistente; y, 2) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no ordenó la notificación conforme dispone el “Decreto Ley 10426” vale decir que tenía que ser de forma personal, tampoco se lo realizó mediante edictos, más cuando esa notificación tenía que ser practicada en el domicilio real del interesado, así lo determina la SCP 045/2018-S3 de 14 de marzo, misma que indicó que las Sentencias tendrían que ser notificadas de manera personal en el domicilio real dejando copias de la Resolución y de la Sentencia en presencia de un testigo idóneo, situación que no fue considerada por la Vocal ahora demandada.

I.2.2. Informe de las demandadas

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 104. Janeth Chacolla Lipacho, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue notificada conforme consta a fs. 104, sin embargo, no presentó informe alguno que pueda ser compulsado, ni asistió a la audiencia de garantías. Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, pese a su legal notificación cursante a fs. 107, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías. Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz en audiencia de garantías manifestó, que en el mes de abril a junio de 2019, se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del mencionado departamento, y en la demanda de acción de libertad no se advierte de que manera su persona hubiese podido vulnerar algún derecho del accionante, razón por la cual solicitó se deniegue la tutela respecto a su persona.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 110 a 117, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la notificación de 16 de septiembre de 2020, realizada mediante cedulón en el domicilio procesal de la abogada de oficio, debiendo disponer la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una nueva notificación; en consecuencia, también corresponde que el Juzgado de Sentencia Penal Primero de El Alto del referido departamento deje sin efecto el Auto de ejecutoria y el mandamiento de codena emitidos por esa autoridad, de igual manera el Juzgado de Ejecución Penal de El Alto del mencionado departamento con el mandamiento de captura, bajo los siguientes fundamentos: i) La Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el recurso de apelación restringida contra la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, confirmando la misma y disponiendo en la parte final, “sea con las formalidades de ley” lo que nos remite a la notificación tendiente al ejercicio del derecho de impugnación, la cual de acuerdo a la SC 0587/2004-R de 20 de abril, se traduce en la obligación de efectuar una notificación de carácter personal, que en el caso presente teniendo conocimiento que el proceso penal se tramitó en rebeldía no se ordenó la notificación mediante edictos, que con la referida disposición se procedió a la notificación mediante cedulón en el domicilio procesal con testigo de actuación, domicilio que ya no sería de la abogada defensora de oficio; por lo tanto, esa notificación restringió e inviabilizó el cumplimiento de sus funciones como defensora de oficio coartándole el derecho a recurrir mediante el recurso de casación y plantear acciones constitucionales; ii) La Vocal demandada al dar por bien hecho el actuado procesal, activó los plazos procesales establecidos en el Código Adjetivo Penal que a su fenecimiento provocaron la devolución de los actuados al juzgado de origen, sin que el accionante tenga conocimiento efectivo de la determinación que demoró tres años en ser asumida, no siendo coherente dejar al encausado de forma indeterminada sin conocer su situación procesal, dejándolo en total indefensión, ya que no pudo activar los mecanismos que la ley le franquea lesionando su derecho a la defensa y el debido proceso, al no ser notificado de forma personal ni por edictos y al adquirir la calidad de cosa juzgada dio lugar a la ejecución de la pena impuesta; iii) La Oficial de Diligencias de la misma Sala Penal, al no seguir los lineamientos jurisprudenciales, actuó contra lo previsto por los “…Arts. 99, 105, 233, 250, 251, 252, 253, 254 y 255 del Decreto Ley 10426” (sic) que ordenan que las notificaciones son personales en el caso de las resoluciones que se emiten con carácter definitivo y que en caso de desconocimiento del domicilio o el paradero del mismo, será notificado por edictos y al proceder a notificar al accionante mediante cédula en el domicilio procesal de manera directa, se afectó el derecho a la defensa y el principio de la doble instancia; y, iv) Sobre las Juezas demandadas no se evidenció ni constató ningún tipo de vulneración que hayan generado, por lo que respecto a ellas se deniega la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto motivado de declaratoria de rebeldía de 13 de diciembre de 2012, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto en suplencia legal de su similar Cuarto de El Alto del departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Andrés Choque Aranda contra Vladimir Beato Apaza Mamani por la presunta comisión del delito de falsedad material, declarando su rebeldía designándose defensor de oficio quien lo representará con todas las atribuciones contenidas por ley (fs. 3). II.2. El Juez Primero de Partido y de Sentencia de El Alto del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, dictando Sentencia Condenatoria contra el imputado por ser autor de los delitos imputados, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de cinco años que deberá cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 13 a 21). II.3. Por memorial de 6 de enero de “2016”, -lo correcto es 2017-, Diana Roxana Flores Colque, defensora de oficio del declarado rebelde Vladimir Beato Apaza Mamani -ahora accionante-, interpuso el recurso de apelación contra la Sentencia 42/2016 (fs. 23 a 24 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió la apelación planteada por el ahora impetrante de tutela determinando confirmar en todas sus partes la Sentencia 42/2016 (fs. 32 a 36). II.5. Cursa diligencia de notificación de 16 de septiembre de 2020, mediante cedulón practicada por el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al accionante Vladimir Beato Apaza Mamani con el Auto de Vista 35/2020 con testigo de actuación (fs. 37). II.6. A través del memorial de 10 de noviembre de 2020, Andrés Choque Aranda, dentro del fenecido proceso penal, solicitó al Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, libre mandamiento de condena para el procesado Vladimir Beato Apaza Mamani (fs. 40). II.7. Por Auto de 10 de noviembre de 2020, el Juez de Partido y Sentencia Segundo de El Alto del referido departamento en suplencia legal de su similar Primero, declaró ejecutoriada la Sentencia 42/2016, ordenando se expida mandamiento de condena (fs. 41). II.8. Cursa Mandamiento de Condena de 31 de marzo de 2021, librado por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Partido y Sentencia Penal Primero de El Alto del mismo departamento, disponiendo que el “…Director del Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz…” (sic) ponga en inmediata detención al condenado Vladimir Beato Apaza Mamani (fs. 55). II.9. El Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto, libró Mandamiento de Captura de 7 de junio de 2021 contra el ahora impetrante de tutela, ordenando a cualquier funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que aprehendan y conduzcan al “…Recinto Penitenciario de San Pedro…” (sic) a objeto de que cumpla la condena de cinco años de reclusión dispuesta mediante Sentencia 42/2016 (fs. 60). II.10. Sentencia Constitucional Plurinacional 0291/2024-S1 de 15 de julio, que resolvió la acción de libertad (expediente 48809-2022-98-AL) interpuesto por Vladimir Beato Apaza Mamani contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, ex; y, Margot Pérez Montaño y Henry David Sánchez Camacho, actuales, todos Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero; Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda en suplencia legal de su similar Primero; Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero, todos de El Alto del departamento de La Paz, donde se advierte identidad parcial de sujetos procesales con la causa ahora venida en revisión, similitud de los hechos fácticos reclamados en torno al Auto de Vista 35/2020, identidad de causa; y, similar petitorio, identidad de objeto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso, por parte de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Oficial de Diligencias de la Sala citada, por no haberle notificado de forma personal o mediante edictos con el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, que confirmó la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, siendo notificado de forma ilegal mediante cedulón a su abogada de oficio en un domicilio inexistente, lo que dio lugar a que se expidan mandamientos de condena y captura. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Prohibición de activación ulterior de acciones de libertad con identidad de objeto, sujetos y causa

En cuanto a la prohibición de activación ulterior de acción de libertad con identidad de objeto, sujetos y causa, la SCP 1427/2013 de 19 de agosto, señaló que: “La SCP 0038/2021 de 26 de marzo, al respecto refiere: ‘…es menester señalar que las decisiones resueltas en revisión en ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, adquieren la calidad de cosa juzgada material.

La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa.

En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, a partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa.

Ahora bien, en el marco del nuevo diseño constitucional y de acuerdo a la ingeniería propia de la acción de libertad y a la naturaleza del control tutelar plural de constitucionalidad, debe establecerse que el contenido de la línea jurisprudencial precedentemente citada es razonable y compatible con el nuevo modelo constitucional por lo que debe ser asumida por este nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional.

En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica’” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa el accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por parte de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y la Oficial de Diligencias de la Sala citada, por no haberle notificado de forma personal o mediante edictos con el Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, que confirmó la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, siendo notificado de forma ilegal mediante cedulón a su abogada de oficio en un domicilio inexistente, lo que dio lugar a que se expidan mandamientos de condena y captura.

De acuerdo a los antecedentes que ilustran el expediente se colige que el accionante fue procesado penalmente por el Ministerio Público a instancia de Andrés Choque Aranda por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y abuso de firma en blanco, sustanciado el proceso en rebeldía del imputado, el Juez de Partido y de Sentencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 42/2016 de 29 de diciembre, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de cinco años que deberá cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; apelada dicha sentencia por la Abogada de oficio, mediante memorial de 6 de enero de 2017, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 35/2020 por la cual determinó confirmar en todas sus partes la Sentencia apelada, decisión que fue notificada al peticionante de tutela el 16 de septiembre de 2020, mediante cedulón practicada por el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con testigo de actuación a la abogada de oficio -según su postulación- en un domicilio inexistente.

Ahora bien, en el caso presente debe considerarse que el precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece la prohibición de presentar una nueva acción tutelar cuando concurra identidad de sujetos, objeto y causa con una anterior; salvo que en la petición de tutela anterior no se hubiera ingresado al análisis de fondo de la problemática por un presupuesto formal; supuesto en el cual, la nueva acción tendrá que ingresar a su consideración, siempre y cuando se hubiera subsanado los aspectos formales observados en la primera acción tutelar.

Al respecto, conforme el Sistema de Gestión Procesal de la Institución se advierte que el 21 de julio de 2022 el hoy impetrante de tutela presentó otra acción de libertad conforme se tiene de la Conclusión II.10 del presente fallo constitucional con identidad parcial de los sujetos procesales, similitud de los hechos facticos reclamados en torno al Auto de Vista 35/2020, y similar petitorio, identidad de objeto, así la SCP 0291/2024-S1 de 15 de julio, resolvió la acción de libertad (expediente 48809-2022-98-AL) interpuesta por Vladimir Beato Apaza Mamani contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez, ex; y, Margot Pérez Montaño y Henry David Sánchez Camacho, actuales, todos Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero; Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda en suplencia legal de su similar Primero; Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero, todos de El Alto del departamento de La Paz. Donde se advierte que en el caso en revisión el accionante es el mismo, en cuanto a las autoridades demandadas se denuncia igualmente a Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del citado Tribunal; Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda en suplencia legal de su similar Primero, quedando claro que son las mismas autoridades demandadas concurriendo la identidad parcial de sujetos procesales con la causa ahora venida en revisión.

El peticionante de tutela denunció la notificación practicada mediante cedulón el 16 de septiembre de 2020 con el Auto de Vista 35/2020, actuado que lo dejo en total indefensión, pues su abogada de oficio no pudo activar el recurso de casación ni acciones constitucionales, notificación que dio lugar a que las Juezas demandadas dieran por ejecutoriada la Sentencia y se expida mandamientos de condena y captura en su contra; como se observa en la primera acción de defensa de igual manera denunció similares hechos facticos, pues denunció la falta de notificación personal o mediante edictos del Auto de Vista 35/2020 que confirmó la Sentencia 42/2016, siendo evidente la existencia de identidad de causa; finalmente, sobre el petitorio en la presente causa solicita; a) La nulidad de todo lo obrado hasta la notificación del Auto de Vista 35/2020 de 20 de marzo, incluidos el mandamiento de captura de 7 de junio de 2021, mandamiento de condena de 31 de marzo de 2021 y Auto de Ejecutoria de Sentencia de 10 de noviembre de 2020; b) Que la Sala Penal Tercera ordene su notificación personal con el Auto de Vista 35/2020 por constituirse en una Resolución de carácter definitivo; y, c) Se disponga su inmediata libertad; y de la revisión de la SCP 0291/2024-S1, la petición es la misma, consecuentemente, hay identidad de objeto.

Antecedentes de los cuales puede advertirse que este Tribunal, ya resolvió con anterioridad una primera acción de libertad activada también por el ahora impetrante de tutela, con identidad de objeto, sujetos y causa que al presente; la cual en revisión mereció la SCP 091/2024-S1 de 15 de julio, que denegó la tutela ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, sin ingresar al análisis de fondo de lo impetrado, situación que si bien conforme la jurisprudencia constitucional previamente glosada, no impide un nuevo planteamiento; no obstante, para ello resulta precisó que se subsanen los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anterior no haya podido ser considerado en el fondo; situación que no acontece en el caso de autos, pues la parte accionante, al momento de la presentación de ésta acción tutelar, no acreditó con documentación idónea la superación de la subsidiariedad observada en el fallo constitucional primigenio, donde se extrañó el agotamiento de los mecanismos ordinarios, concretamente el incidente de actividad procesal defectuosa, impidiendo con ello, que la jurisdicción constitucional aperture su competencia para ingresar a resolver su pretensión; correspondiendo en tal consecuencia, deba denegarse la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 110 a 117, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Presidente, Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; siendo de Voto Disidente el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas.

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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