Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante alega la lesión de su derecho a la seguridad social, así como a los derechos del niño relacionado a la percepción de asignaciones familiares; debido a que, no obstante haberse apersonado a oficinas de ZOFRA de Cobija, para hacer su reclamo respecto a la falta de pago de siete meses de subsidios de lactancia devengados en favor de su hijo menor de edad AA, solo recibió respuestas evasivas y hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, no fueron cumplidos por la institución empleadora ahora demandada; por lo que, pide se disponga la cancelación monetaria de los subsidios de lactancia adeudados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; ii) La flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; iii) Seguridad social y excepción al principio de subsidiariedad; iv) Derecho a la seguridad social y salud; v) Respecto al pago de los subsidios devengados; y, vi) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 006/2023 de 24 de enero, cursante de fs. 43 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2025-S1 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 53334-2023-107-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución AAC 006/2023 de 24 de enero, cursante de fs. 43 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Pedraza Suarez contra Jose Luis Mendez Chaurara, Director General Ejecutivo de la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 12 de enero de 2023, cursante de fs. 11 a 16, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señaló que, desde el 10 de octubre de 2013 comenzó a trabajar en la Zona Franca Comercial e Industrial (ZOFRA) de Cobija, en el cargo de Verificador Puesto de Control, desarrollando sus funciones de forma continua e ininterrumpida hasta el 24 de enero de 2021, asumiendo distintos cargos en relación a su experiencia y antigüedad. Refiere que el 21 de enero de 2021, por Memorando ZFC-DGE-RR.HH 005/2021 de 20 de igual mes y año -de agradecimiento de servicios-, le comunicaron que el 24 de ese mes y año, culminaría su relación laboral con ZOFRA de Cobija; ante lo cual, conforme lo establece la norma, tramitó el seguro a corto plazo en la Caja Nacional de Salud (CNS) de Pando, evidenciándose del Formulario AVC-04 0005747, que su persona figura como titular y su esposa e hijos como beneficiarios, a partir de ello, su esposa se realizó los controles de gestación desde mayo de 2018, aspecto que se puso en conocimiento de sus superiores, para la respectiva asignación de los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia. Señala que, el 28 de enero de 2019, nació su hijo menor AA, aspecto que también puso en conocimiento de su inmediato superior y empleador, adjuntando para ello, el Formulario AVC-06 0022725 de 25 de febrero del mismo año, formulario en el que se puede evidenciar lo transcrito por la CNS, que dice: “‘corresponde: natalidad en efectivo equivalente a un salario mínimo por una sola vez, Lactancia en especie: hasta el 28 de enero de 2020’” (sic), lo cual se encuentra cumplido por ZOFRA de Cobija, pero no en su totalidad, ya que solamente le asignaron los subsidios de lactancia de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019; es decir, de cinco meses, y cuando se apersonaba a dicha institución a reclamar respecto a los subsidios de lactancia devengados, le respondían que se está gestionando y en otras ocasiones le señalaban que la institución no tiene los recursos suficientes para dicho pago; posteriormente, después de tantos reclamos e insistencia para el cumplimiento del mismo, en enero de 2021, le entregaron en el Memorando ZFC-DGE-RR.HH 005/2021, de agradecimiento de servicios, quedando pendientes y devengados los subsidios de lactancia correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y enero de 2020 (siete meses devengados), permaneciendo la promesa del Director Administrativo de ZOFRA de Cobija y del personal administrativo que el pago de los mencionados subsidios se tramitarían una vez que se establezca e incorpore el personal responsable de esas funciones. Recalca que en las gestiones 2021 y 2022, se apersonó a oficinas de ZOFRA de Cobija, para hacer su reclamo del pago devengado de siete meses del subsidio de lactancia; empero, la respuesta que siempre recibió fue “‘que se está tramitando, que están esperando respuesta de la nacional y/o que vuelva el siguiente mes” (sic). Argumenta, también que ZOFRA de Cobija, debió hacer efectivo el pago de la asignaciones familiares de subsidio de lactancia desde febrero de 2019 hasta enero de 2020, garantizándose la cancelación total de las doce asignaciones familiares y bajo el pretexto del COVID-19, la nueva contratación del personal administrativo y la falta de recursos, pretende desconocer dichas asignaciones en razón de su propia negligencia, descuido e inobservancia de la ley, en desmedro de los derechos de su esposa e hijo recién nacido, atentando de manera directa contra su vida y su salud; puesto que, el subsidio de lactancia se materializa con la entrega mensual de los productos alimenticios.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la seguridad social, así como a los derechos del niño relacionado a la percepción de las asignaciones familiares, por incumplimiento al pago de subsidios de lactancia; citando al efecto los arts. 45.I, II y III; y, 48.I y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la cancelación retroactiva en dinero en efectivo, de las asignaciones familiares correspondientes a los siete meses de subsidios de lactancia devengados, y sea en el menor tiempo posible.
Celebrada la audiencia virtual el 24 de enero de 2023, según acta cursante de fs. 40 a 42, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional.
Jose Luis Mendez Chaurara, Director General Ejecutivo de ZOFRA de Cobija, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2023, cursante de fs. 37 a 38, refirió que: a) La tutela solicitada por el accionante se encuentra fuera de plazo; por cuanto, la vulneración alegada se habría producido en enero de 2020 y la presente acción de defensa fue interpuesta el 12 de enero de 2023; b) Conforme el art. 45.IV de la CPE, así como lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 4507 de 19 de mayo de 2021 -que modifica el DS 3319 de 6 de septiembre de 2017-, en sus arts. 2 y 3.I, se tiene que el valor nutritivo de los productos otorgados en el subsidio de lactancia, ya no sería oportuno ni provechoso para el hijo del ahora demandante de tutela, quien a la fecha tiene aproximadamente tres años, por cuanto a esta edad el niño requiere otro tipo de valor nutritivo, diferente a lo definido por el Ministerio de Salud y Deportes para niños de un año de edad; y, c) La presente acción tutelar, no cumple con los principios de inmediatez ni de subsidiariedad, puesto que se interpuso fuera de plazo; por cuanto el menor de edad AA, ya no requiere el valor nutritivo determinado por el citado Ministerio para el beneficio del subsidio de lactancia, debido a que el precitado menor en la actualidad tiene alrededor de tres años; entonces, la tutela solicitada no es de protección inmediata; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Pando, mediante Resolución AAC 006/2023 de 24 de enero, cursante de fs. 43 a 46 vta., concedió la tutela solicitada, modulando los efectos y alcances de esa Resolución, disponiendo que el Director ahora demandado, en el plazo de treinta días calendario a partir de su legal notificación, proceda al pago de los subsidios de lactancia, correspondiente a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y enero de 2020, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero a favor de la beneficiaria Evelin Calcina Larico; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad, contempla también los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia; puesto que, al estar involucrado un menor de edad y al denunciarse la vulneración al derecho a la seguridad social, no es posible exigir el agotamiento de la vía judicial o administrativa; ya que los derechos señalados por el accionante como lesionados se encuentran relacionados a la vida y a la salud de madre y del citado menor; 2) La jurisprudencia constitucional ha establecido la excepción al principio de subsidiariedad en dos casos, el primero, cuando la lesión persiste en el tiempo y el segundo, cuando sea actual, en el caso, se cumplen las dos condiciones; debido a que no se entregó los subsidios de lactancia a la madre y que habiéndolo solicitado por el impetrante de tutela, éste no obtuvo respuesta, advirtiéndose además, una debilidad manifiesta al tratarse de un ser indefenso como es el hijo menor del ahora demandante de tutela; 3) Los menores de edad tienen una protección reforzada; por lo que, corresponde hacer una ponderación aplicando los principios establecidos por Robert Alexy, de prioridad, necesidad y proporcionalidad, debiendo velar por el interés superior del menor, siendo que, éste se encuentra en estado de necesidad al precisar de un adulto para hacer valer sus derechos, no siendo proporcional dejar sin protección sus derechos por meros formalismos, más aún cuando el derecho a la seguridad social y a los subsidios de lactancia es imprescindible tanto para el niño como para la madre, debiendo hacerse efectivo ya sea en especie o en dinero; 4) Correspondía al Director General Ejecutivo de ZOFRA de Cobija, entregar de manera regular el subsidio de lactancia y no esperar que transcurra el tiempo para intentar justificar que los productos de lactancia ya no estarían acorde a la edad del niño, por cuanto tiene más de tres años; puesto que la misma norma constitucional establece que la seguridad social es imprescriptible; por ello, se entiende que este derecho no pierde su validez en el tiempo, debido a que existen derechos que no desaparecen en el transcurso del tiempo, como son los derechos humanos de una persona; y, 5) Precautelando el interés superior del niño y conforme la normativa, a fin de asegurar que el subsidio de lactancia llegue a los beneficiarios, corresponde hacer la entrega del mismo a favor de la madre Evelin Calcina Larico; puesto que, al no haberse hecho la entrega de dicho beneficio de manera oportuna por parte del ahora demandado, se vulneró los derechos de la beneficiaria y de su hijo. En vía de aclaración, enmienda y complementación, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2023, el ahora demandado solicitó aclaración respecto a los principios de subsidiariedad y de inmediatez de la presente acción de amparo constitucional; en respuesta, la Sala Constitucional declaró no ha lugar a dicha petición, al haberse presentado la misma fuera del plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 36.9 Código Procesal Constitucional (CPCo).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Memorando ZFC-DGE-RR.HH. 012/2018 de 31 de diciembre, de designación, Tatiana Mónica Sejas Condori, Directora General Ejecutiva de “ZOFRACOBIJA”, comunicó al ahora demandante de tutela, su designación al cargo de Control Operativo, Nivel-Técnico I, a partir del 1 de enero de 2019 (fs. 9). II.2. Consta fotocopia simple del Certificado de Nacimiento del menor de edad AA, el cual refiere que nació el 28 de enero de 2019, donde figura como padre Luis Fernando Pedraza Suarez -ahora accionante-, con Cédula de Identidad (CI) 7823050, y como madre, Evelin Calcina Larico con CI 5700935 (fs. 27). II.3. Cursa Formulario AVC-04 de Afiliación a la CNS Regional Pando, del asegurado, ahora impetrante de tutela (fs. 6); y el Formulario AVC-06 de Aviso de altas y bajas de beneficiarios, por el que se dio de alta en el Ente gestor de salud al hijo menor de edad AA del precitado, que señala: “CORRESPONDE: NATALIDAD EN EFECTIVO EQUIVALENTE A UN SALARIO MÍNIMO POR UNA SOLA VEZ. LACTANCIA EN ESPECIE HASTA EL ‘28/01/2020’” (sic [fs. 5]). II.4. Mediante Memorando ZFC-DGE-RR.HH 005/2021 de 20 de enero, Jose Luis Mendez Chaurara, Director General Ejecutivo de “ZOFRACOBIJA” -ahora demandado- comunicó al ahora impetrante de tutela, que por motivos de restructuración administrativa, concluyó su relación laboral con la institución el 24 de enero de 2021, agradeciendo sus servicios prestados como Responsable de Control Operativo (fs. 8).
El accionante alega la lesión de su derecho a la seguridad social, así como a los derechos del niño relacionado a la percepción de asignaciones familiares; debido a que, no obstante haberse apersonado a oficinas de ZOFRA de Cobija, para hacer su reclamo respecto a la falta de pago de siete meses de subsidios de lactancia devengados en favor de su hijo menor de edad AA, solo recibió respuestas evasivas y hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, no fueron cumplidos por la institución empleadora ahora demandada; por lo que, pide se disponga la cancelación monetaria de los subsidios de lactancia adeudados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El acceso a la justicia constitucional, y el principio de inmediatez; ii) La flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de defensa vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia; iii) Seguridad social y excepción al principio de subsidiariedad; iv) Derecho a la seguridad social y salud; v) Respecto al pago de los subsidios devengados; y, vi) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0769/2020-S1 de 20 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: El acceso a la justicia, entendido como derecho, se encuentra establecido en el art. 115.I de la CPE que señala “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), partiendo del deber de los Estados de garantizar el ejercicio pleno de los derechos establecidos en la Convención al momento de establecer las limitaciones para el acceso a la justicia, en el Caso Cantos Vs. Argentina, tomando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Osman vs. Reino Unido consideró que el derecho de acceso a la justicia no es un derecho absoluto y puede ser objeto de limitaciones discrecionales por parte del Estado; sin embargo, éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado (la restricción) y el fin perseguido (la finalidad de la restricción) y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. El Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las limitaciones impuestas al acceso a la justicia constitucional estableció una amplia jurisprudencia con relación a los requisitos y la flexibilización en 1Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, apartado 91 estableció “La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, … En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1) ...” 2Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, apartado 54 señaló “… Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho…”. 3Caso Osman vs. Reino Unido, Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia de 28 Octubre de 1998, Reports 1998-VIII, apartado 147 indicó “147. … Sin embargo, este derecho no es absoluto, pero puede estar sujeto a limitaciones; éstas están permitidas por implicación, ya que el derecho de acceso por su propia naturaleza exige una regulación por parte del Estado … Debe estar convencido de que las limitaciones aplicadas no restringen ni reducen el acceso dejado a la persona de tal manera o en la medida en que la esencia misma del derecho se vea afectada. Además, una limitación no será compatible con el artículo 6, apartado 1, si no persigue un objetivo legítimo y si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar.” (las negrillas son nuestras y la traducción).
determinados casos. En este contexto, la SCP 1621/2012 de 1 de octubre, intentó construir una serie reglas aplicables al acceso a la justicia constitucional, por lo cual instruyó que la jueza, juez o tribunales de garantía en su calidad de garantes de los derechos deben facilitar el acceso a la justicia constitucional considerando: 1) El señalamiento de la audiencia corresponde siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos indispensables de admisibilidad; 2) Aplicar la prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo y así resolver el fondo de la problemática, aplicando el derecho de acceso a la justicia y a los principios de verdad material; y, pro actione. Incluso salvando las deficiencias en la demanda; 3) Los requisitos de admisibilidad son taxativos y no se les puede ampliar exigiendo requisitos innecesarios o extravagantes, entre otros; 4) Evaluar si la tutela es solicitada por un miembro de un grupo de tutela reforzada porque a mayor riesgo de lesión a sus derechos, mayor intensidad de protección, lo que lleva a mayor flexibilización de en el cumplimiento de requisitos de admisibilidad; 5) Efectuar interpretación de la normativa infra-constitucional 4La SCP 042/2012 de 22 de junio FJ III.1 indicó “… efectuando una interpretación ‘de la Constitución’ sistemática de dicha norma con el art. 115 de la CPE, en cuanto a los derechos de acceso a la justicia y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, debe extraerse una norma implícita en sentido de que corresponde el señalamiento de la audiencia de amparo constitucional siempre y cuando a criterio del juez o tribunal de garantías se haya dado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad.” 5La SC 1010/2000-R de 6 de noviembre segundo párrafo del segundo Considerando especificó “Que en el caso de autos, si bien el fundamento del recurrente carece de coordinación en cuanto la redacción y no se precisan con claridad los derechos y garantías vulnerados, sin embargo, esas deficiencias pueden ser subsanadas (sic), por cuanto se deben a errores profesionales y no a la carencia de un contenido jurídico-constitucional que dé lugar a un pronunciamiento de fondo ...” 6La SC 1336/2003-R de 15 de septiembre FJ III.2 manifestó “…los recursos de amparo constitucional, se sujetan al principio de especificidad en cuando a su procedimiento y requisitos de admisión, por tener normas propias que regulan este instituto … sólo cuando no se cumplan los requisitos exigidos por el art. 97 LTC, el recurso de amparo podrá ser rechazado, mientras tanto el Tribunal de amparo tiene la obligación de admitir y tramitar el recurso … Caso contrario se atentaría contra los principios de favorabilidad, (referente a interpretar las normas en caso de duda, en favor de los recurrentes) y seguridad jurídica, (al exigir requisitos formales que se no hallan establecidos en la norma específica para este tipo de recursos constitucionales). 7La SC 0155/2005-R de 22 de febrero FJ III.3 declaró “…el Tribunal de origen al amparo de la previsión contenida en los arts. 97.III, IV, V y VI de la LTC, exigió al actor la presentación, -entre otros-, de la Ley de Seguros y el Código de comercio … que los cuerpos normativos no constituyen o tienen la característica de prueba en que la parte recurrente puede fundar su pretensión, y menos, se trata de documentos que están bajo la guarda de persona o institución alguna; por consiguiente, no corresponde exigir a los recurrentes la presentación de leyes o decretos cuyo contenido es público.” 8La SCP 0245/2012 de 29 de mayo FJ III.4 enunció “ … si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos.” 9La SCP 0846/2012 de 20 de agosto FJ III.2.1.i determinó “Ello se puede verificar en las líneas jurisprudenciales de la protección reforzada de los sectores de especial vulnerabilidad, que ha tenido su efecto irradiador no sólo en los derechos fundamentales sustantivos, sino asimismo, en los derechos procesales de éstos”.
“conforme” a la CPE, y en su caso aplicarla de forma directa; y, 6) Amerita multa a la jueza, juez o tribunal de garantías constitucionales que celebrada la audiencia deniega por defectos formales. Asimismo, la referida sentencia estableció que en aplicación del principio de aplicación directa de la constitución, corresponde al órgano contralor de la Constitución, considerar la flexibilización de estos requisitos cuando advierta un derecho manifiesta y groseramente vulnerado; y, ante una duda razonable en fase de admisibilidad podría admitir e ingresar a considerar el fondo de lo planteado, así consolidar la constitucionalización de todos los actos de la vida social se encuentren impregnados no solamente de normas supremas positivas, sino también de valores supremos y rectores del orden jurídico imperante como ser la justicia e igualdad. La SCP 0559/2014 de 10 de marzo puntualizó que la justicia constitucional puede apartarse de los requisitos de forma, a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, cuando de los supuestos fácticos deducidos se puede constatar la transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio.
10La SCP 0112/2012 de 27 de abril FJ III.1.2.1. b) aseveró “Consecuentemente, las normas constitucionales-principios, establecidas en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor razón con relación a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica…”. 11La SCP 0352/2012 de 22 de junio FJ III.2 expusó “ … lo que pretende es evitar el uso inadecuado del derecho y si bien no existe pronunciamiento de fondo, ya se ha activado el procedimiento, es por ello, que atenta con el desarrollo normal del sistema judicial y efectivamente, todo acto procesal genera un efecto jurídico que se constituye en una actividad procesal que puede ser innecesaria y con el fin de evitar que los accionantes y los Jueces o Tribunales de garantías ocasionen el alargamiento del proceso activando de forma redundante el aparato judicial, es que se concluye que en virtud a la ponderación y valoración de antecedentes que realice el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya sea el o los accionantes que forman parte del proceso, los Jueces y Tribunales de garantías o la asistencia de ambos, pueden ser sujetos de imposición de multa previo análisis y justificación expresa por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.” 12El FJ III.3 manifestó “En virtud a lo señalado, cuando en un caso concreto, exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y “grosera” a derechos fundamentales, en etapa de admisibilidad y en aplicación de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, deben flexibilizarse presupuestos procesales para que en un análisis de fondo de la denuncia, el control de constitucionalidad, mediante la metodología de la ponderación aplicable al caso concreto, pueda en esa problemática, asegurar una justicia material…” 13El FJ III.2 enunció que “ … la justicia constitucional podrá excusarse de ingresar al análisis de fondo de las causas llevadas a su jurisdicción, únicamente si la demanda y los antecedentes del proceso no le contribuyen la suficiente información para impartir justicia constitucional, por ser el planteamiento claramente ambiguo, obscuro, vago e impreciso, como resultado del incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 33 del CPCo; no obstante de ello, en cada caso particular, se deberá tomar en cuenta los principios informadores del proceso constitucional a fin de garantizar la materialización de los derechos fundamentales, en la medida que prevalezca el derecho sustancial.
… En efecto, ante todo, en la justicia constitucional debe primar la materialización y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, si acaso estos fueren francamente conculcados, prescindiendo de todo formalismo o ritualismo de carácter procesal o aspectos relativos a la admisibilidad de la demanda, a cuyo mérito, los Jueces y Tribunales de garantías y, el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen el deber de cuidar la integridad de los derechos y garantías; así, ante un posible planteamiento de una demanda, con evidentes defectos, imprecisiones, que denoten incumplimiento de los requisitos formales de admisión, nada le impide a esta jurisdicción apartarse de la exigencia de las formalidades para luego ingresar al análisis de fondo, si sobre la premisa de los supuestos facticos deducidos en la demanda es posible constatar la transgresión de los derechos del accionante en función a su petitorio.
El entendimiento descrito anteriormente lo estructura a partir del entendimiento de la adopción del pluralismo jurídico; a los principios de interpretación de los derechos fundamentales; el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; el principio de la verdad material; y el principio pro actione. En este sentido, las limitaciones al acceso a la justicia constitucional deben ser proporcionales y conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos, toda vez que el art. 178.I de la Norma Suprema instruye que la potestad de administrar justicia debe sustentarse, entre 14La SCP 0790/2012 de 20 de agosto enunció que “…El reconocimiento y adopción del pluralismo jurídico, hace posible un diálogo intercultural entre derechos, pues ya no existe una sola fuente de Derecho y de los derechos; de donde éstos pueden ser interpretados interculturalmente, lo cual habilita el carácter dúctil y poroso de los derechos, permitiendo un giro en la comprensión de los mismos, generando su transformación para concebirlos como práctica de diálogo entre culturas, entre mundos civilizatorios, en búsqueda de resignificar constantemente el contenido de los derechos para cada caso concreto.
Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una 'potestad'; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una “administración de justicia” extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de 'potestad' antes que de 'servicio', sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.” 15La SCP 0450/2012 de 29 de junio sobre la obligación de las juezas, jueces o tribunales de garantías constitucionales de aplicar “principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas aplicar los principios de los derechos fundamentales…”. 16La SC 0897/2011 de 6 de junio señaló que “…se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de 'verdad material', debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional…” 17La SCP 1662/2012 de 1 de octubre planteó que “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”. 18La SCP 0139/2012 de 4 de mayo declaró que “…se configura como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.
En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.
otros principios, en el Principio de respeto a los derechos, el mismo debe entenderse como la obligación de la Administración de Justicia Constitucional de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, por lo que al momento de interpretarlos debe propender a su justiciabilidad directa y plena. En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional construyó la “aplicabilidad directa de la Constitución” a partir de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, de esta manera la interpretación constitucional debe estar sustentada en el principio de respeto de los derechos, aspecto que fue exhortado a las juezas, jueces y tribunales de garantías constitucionales, para que “como garantes primarios de la Constitución” a momento de interpretar los derechos y principios deben garantizar siempre la vigencia plena de cada uno de los derechos reconocidos. Esta finalidad permitió a la justicia constitucional superar el sometimiento a la Ley, reemplazándolo por el sometimiento pleno a la Constitución; a las normas que componen el bloque de constitucionalidad, y en última instancia al control de convencionalidad. En este sentido, la Justicia Constitucional como garante primario de la Constitución tiene el deber ineludible de tutelar los derechos y garantías fundamentales; en consecuencia, debe garantizar un real acceso a la justicia constitucional, estableciendo límites que no impliquen la negación del Derecho. Así también, sobre el principio de inmediatez, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció que:
“Entonces lo referido provoca que el término de seis meses referido por el art. 129.II de la CPE, se constituya en un parámetro objetivo de un plazo 19El FJ III.1.2.1.b al establecer la obligatoriedad de la aplicación directa de la Constitución señalo “La obligatoriedad de las normas constitucionales-principios, claramente se visualiza en el art. 9.4 constitucional, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as que dice que deben ‘Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución’.
Estos mandatos jurídicos son para todo el poder público y para la convivencia social de los ciudadanos. … a las autoridades judiciales o administrativas en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley y principalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, como defensor y garante de la Constitución axiológica y normativa, en su labor decisoria cotidiana.
… Finalmente, las normas constitucionales-principios, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en el resto de las normas constitucionales y todo el ordenamiento jurídico. En efecto, la base principista, fundamentalmente contenida en la parte dogmática de la Constitución (principios, valores, derechos y garantías), guían la acción de los órganos del poder público y de la propia convivencia social, o lo que es lo mismo, la organización del poder (parte orgánica) que debe desarrollarse sobre la base de la parte dogmática.” 20La SCP 1889/2013 de 29 de octubre en FJ III.4 dispuso “… considerando la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede cohonestar actos ilegales que ocasionaron su amenaza o vulneración y, en consecuencia debe, por imperativo constitucional, analizar y, como en el presente caso, conceder la tutela solicitada, exhortando a los jueces y tribunales de las diferentes jurisdicciones que, como garantes primarios de la Constitución Política del Estado y del resguardo de los derechos fundamentales (SCP 112/2012) asuman plenamente los roles asignados por la Constitución Política del Estado, actuando sobre la base de los principios contenidos en el art. 178 de la referida Norma Suprema, entre ellos, el principio de respeto a los derechos, los cuales, de acuerdo a nuestra configuración constitucional, se constituyen en el pilar fundamental de nuestro sistema.”
considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro homine del texto constitucional dicha consideración no puede ser automática sino lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso en concreto”.
De la jurisprudencia antes descrita, se infiere que en virtud al principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde al accionante cuidar que la demanda sea interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses computables a partir de la supuesta vulneración o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considere lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales, plazo que sin embargo en el ámbito constitucional en cuanto respecta a su cómputo no resulta ser un ejercicio mecánico y rígido, en consideración a la función específica que tiene esta jurisdicción como es la de proteger los derechos fundamentales de las personas, labor que se encuentra impregnada de los principios de la teoría de los derechos fundamentales, que se imponen al momento de resolver un caso, atendiendo sus particularidades, como el principio de prevalencia del derecho material o sustantivo, frente al derecho formal, el de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en cuya virtud antes de asumir un criterio restrictivo de la aplicación de la norma, debe optarse por la preeminencia del derecho sustantivo, para así materializar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas” (las negrillas son agregadas). En resumen, corresponde puntualizar que en aplicación de los principios de verdad material, la prevalencia del derecho sustantivo respecto al formal, justicia material, entre otros criterios, ante una evidente vulneración de derechos y garantías fundamentales; el principio de inmediatez debe ceder; lo contrario significaría que se estaría desnaturalizando la finalidad que tiene la administración de justicia constitucional, cual es, velar por la eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; y, propender a su progresividad y favorabilidad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar se rige por el principio de subsidiariedad; debiendo acudirse previamente a los mecanismos de protección que franquea la ley para solicitar la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados. No obstante, la acción de amparo constitucional, puede ser activada sin necesidad de agotarse previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, en circunstancias en las que se diluciden derechos de sectores vulnerables, como es el caso de la niñez y adolescencia; así, la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero, asumiendo el entendimiento de la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1, reiteró:
…`a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad-en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema’.
Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional (las negrillas nos pertenecen).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0219/2022-S1 de 11 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: Al respecto, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, estableció que: Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa (las negrillas son nuestras). En ese entendido la protección prioritaria e inmediata de los derechos de las mujeres y padres progenitores trabajadores y del ser en gestación, no pueden estar supeditados al agotamiento previo de otras vías legalmente establecidas; precisamente debido al riesgo que entraña el carácter irreparable de tales derechos, en el caso que estos fueran lesionados respecto a las asignaciones familiares, estos se encuentran directamente vinculados con la vida y la salud tanto de la madre como del menor por ello goza de una protección constitucional especial.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0350/2022-S1 de 2 de junio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que:
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como las asignaciones familiares, concluyendo además, en su Fundamento Jurídico III.3, que: …todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad” (las negrillas son añadidas). Ello implica la protección de igual forma al padre progenitor ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico adecuado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0496/2022-S1 de 4 de julio, asumió el siguiente razonamiento: Sobre este tema en la SCP 1228/2022-S1, de 14 de octubre, se cita a la SCP 1027/2019-S1 de 21 de octubre, que hace referencia a un caso en el que se exigía el pago de subsidios devengados, que no fueron pagados de forma oportuna, y se pedía que los mismos sean efectivos en dinero, se concedió la tutela; empero, razonando que:
“…respecto a que las asignaciones familiares devengadas por ser extemporáneas deben ser compensadas en dinero, al respecto existe una prohibición para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera, por lo que en base a lo señalado el disponer que sea entregado de manera monetaria, como se pretende, no resulta viable.
Bajo tales razonamientos, este Tribunal advierte la vulneración del derecho a percibir las asignaciones familiares reclamadas, consistente en subsidio prenatal, natalidad y lactancia, por cuanto su hijo nació el 15 de agosto de 2018, habiendo ejercido las funciones de Asistente Administrativa III en la UABJB, desde el 2 de abril de 2014, hasta el momento de su retiro voluntario, efectivizado el 14 de marzo de 2019; en ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre trabajadora y el interés superior del niño AA que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a: subsidio prenatal de tres meses, subsidio de natalidad; y, lactancia de ocho meses, en virtud de lo establecido en el art. 19.I del Reglamento de Asignaciones Familiares, que prevé que ‘La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiere incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna’” (el resaltado es ilustrativo). Entonces, de lo resuelto por las precitadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se puede extraer lo siguiente: una primera reflexión, que implica que es posible la entrega de subsidios devengados pre natal y lactancia en dinero cuando la solicitud se efectúa luego o después de que el hijo nacido vivo cumplió un año de edad, esto en virtud al principio de oportunidad, puesto que la falta oportuna de las prestaciones subsidiarias que le corresponden a la madre o padre progenitor, genera vulneración de los derechos constitucionales primarios del hijo menor de un año -sea en gestación y/o recién nacido- en consonancia con el principio del interés superior del niño y niña; siendo viable determinar su pago en forma monetaria, porque en especie resultaría inoportuno, desactualizado y no cumpliría la finalidad específica del subsidio, cual es la protección del ser en gestación y el recién nacido hasta que cumpla un año de vida, esto independientemente de si la madre o padre progenitor hubiesen cesado de sus funciones de forma voluntaria, por cuanto estos tiene cobertura del seguro social hasta dos meses después de su cesantía; y, en una segunda reflexión, se puede establecer que mientras el hijo nacido vivo no haya cumplido un año de edad, no es viable el pago de subsidios en forma monetaria en virtud a la prohibición expresa para que el empleador materialice el subsidio y la lactancia de esa manera establecida en la RM 1676 en su art. 21.1 inc. a); y en el numeral 2 inc. a), prohíbe a las beneficiarias a recibir el subsidio prenatal y lactancia en dinero, por lo que es posible que el empleador efectúe el pago de los subsidios devengados pre natal y de lactancia en especie hasta que el hijo cumpla un año de edad; toda vez que es hasta ese momento que se cumple con la finalidad del subsidio. Consiguientemente, en cuanto a las solicitudes de pagos de subsidios devengados efectuadas por madres o padres progenitores trabajadores del sector público y/o privado, o que estén cesantes voluntariamente, corresponde su pago en especie -pre natal y lactancia- y en dinero -natalidad- cuando el pedido se haya efectuado antes de que el hijo nacido vivo cumpla un año de vida; y, cuando la solicitud sea efectuada después de que el hijo nacido vivo tenga un año cumplido, es posible el pago de los tres subsidios en forma monetaria; esto en correspondencia con los principios de oportunidad y favorabilidad respecto de los derechos involucrados y la progresividad de los derechos constitucionales, en resguardo del interés superior del niño y niña. Asimismo, en cuanto al monto por concepto de asignaciones familiares, la SCP 0074/2022-S1 de 18 de abril, reiterada por Sentencias Constitucionales Plurinacionales posteriores, señaló lo siguiente:
Posteriormente, mediante DS 3546 de 1 de mayo de 2018 se efectuó una segunda modificación del art. 25 del DS 21637, esta vez, estableciendo un monto fijo para el pago de los subsidios, señalando textualmente que:
“ARTÍCULO 25.- Se reconocen las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras:
a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;
b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos);
c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida;
d) Subsidio de Sepelio, por fallecimiento de cada hijo calificado como beneficiario menor de 19 años: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (Dos mil 00/100 bolivianos)
El Ministerio de Salud, a través de las instancias correspondientes, será el encargado de velar por el fiel cumplimiento de estas prestaciones” (las negrillas y el subrayado son añadidos). En efecto, del texto normativo citado precedentemente, el equivalente del monto a pagar sería de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) los cuales serían cubiertos en dinero o en especie; así, el subsidio prenatal podrá ser en dinero o en especie; el subsidio de natalidad y sepelio en dinero; y, el subsidio de lactancia en especie. La aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, también hace referencia a la emisión de Reglamentos emitidos con el objeto de normar, garantizar y controlar la otorgación o entrega de las asignaciones familiares, señalando que se encuentra vigente la siguiente norma:
“El Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) a través de la Resolución Administrativa ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre, se constituye en único instrumento normativo sobre el régimen de asignaciones familiares vigente, ya que conforme fue establecido en su Disposición Derogatoria Única:
“De acuerdo a la disposición final segunda del Decreto Supremo 3561 de 16 de mayo de 2018 de creación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, el presente Reglamento con todas sus modificaciones queda establecido como el único instrumento normativo sobre el Régimen de Asignaciones Familiares vigente y de cumplimiento obligatorio, quedando derogadas todos Reglamentos anteriores y/o contrarios al presente Reglamento”.
Ahora bien, tomando en cuenta que el presente Reglamento es el único instrumento que tiene por objeto -entre otros- el normar la fiscalización y control de la entrega de las prestaciones del régimen de asignaciones familiares por parte de los empleadores, los deberes de los entes gestores, y la distribución de los subsidios prenatal y lactancia por parte del SEDEM, resulta necesario precisar que su estructura contempla -en sus puntos más relevantes- las disposiciones generales; el control y fiscalización; las prohibiciones y sanciones; y, la excepción y casuística.
Así, refiriéndonos a la parte de Disposiciones Generales, se tiene que en el art. 4 se establece las definiciones de los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad, estableciendo:
d) Subsidio Prenatal. Prestación que consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las necesidades de la gestante, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, a partir del primer día del quinto mes de gestación, feneciendo al nacimiento de la niña (o).
e) Subsidio de Lactancia. Prestación en especie que consiste en la entrega a la madre, de productos alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente al pago de Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por cada hijo (a) vivo, desde la afiliación del menor al Ente Gestor y durante sus primeros doce (12) meses de vida. f) Subsidio de Natalidad. Prestación que consiste en un pago único a la madre en dinero equivalente a Bs. 2.000 (Dos Mil 00/100 Bolivianos) acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada hijo (a).
Definiciones a partir de las cuales, se establece que las asignaciones familiares serán entregadas en un equivalente de Bs2 000.- conforme se estableció en el DS 3546…”.
El accionante alega la lesión de su derecho a la seguridad social, así como a los derechos del niño relacionado a la percepción de asignaciones familiares; debido a que, no obstante haberse apersonado a oficinas de ZOFRA de Cobija, para hacer su reclamo respecto a la falta de pago de siete meses de subsidios de lactancia devengados en favor de su hijo menor de edad AA, solo recibió respuestas evasivas y hasta la interposición de la presente acción de amparo constitucional, no fueron cumplidos por la institución empleadora ahora demandada; por lo que, pide se disponga la cancelación monetaria de los subsidios de lactancia adeudados. Establecida la problemática planteada por el accionante, es necesario señalar previamente conforme se tiene desarrollado por la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que flexibilizó el principio de inmediatez en determinados casos, a objeto que los jueces o tribunales de garantías, en su calidad de garantes de los derechos, faciliten el acceso a la justicia constitucional, cuando adviertan un derecho manifiesto y groseramente vulnerado o cuando se evidencie una flagrante lesión de derechos de un grupo vulnerable, como ocurre en el presente caso; que si bien, esta acción de defensa tiene como regla el cumplimiento previo del principio de inmediatez, sin embargo, ese aspecto debe ser interpretado con un enfoque y un sentido más amplio, que garantice la materialización y el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales, debiendo el juez o tribunal de garantía en su calidad de garantes, facilitar el acceso a la justicia constitucional, aparatándose de cualquier requisito formal previo, cuando identifique que los derechos invocados como lesionados correspondan a miembros parte de los llamados grupos vulnerables; por cuanto, merecen una tutela reforzada, considerando además que en el caso de autos, el impetrante de tutela se encuentra reclamando el pago de los subsidios devengados que no fueron cumplidos por el empleador; cabe decir, derechos lesionados que directamente corresponden a un menor de edad y su madre, que merecen mayor protección por parte del Estado, sin desnaturalizar la finalidad que tiene la justicia constitucional. Asimismo, asumiendo el entendimiento de la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y en resguardo al interés superior del niño, cuando se evidencie una afectación a sus derechos fundamentales, podrá efectuarse un análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional; en ese sentido se tiene, que la flexibilización del principio de subsidiariedad, se torna inmediata y de urgente protección, cuando los derechos invocados como afectados corresponden a un menor lactante y a su madre, esto en razón y en resguardo de sus derechos fundamentales; puesto que, en el presente caso se reclama el impago de las asignaciones familiares -subsidio de lactancia- y tomando en cuenta que su naturaleza del mismo es el vivir bien de su madre y en especial del menor, siendo además este último parte integrante de los grupos vulnerables que requieren de una mayor atención y protección preferente; y, el uso de otros medios o el agotamiento de otros mecanismos ordinarios de defensa u otras instancias, implicaría una ineficaz atención a los derechos invocados como afectados; de ahí deviene que este Tribunal proceda a realizar una abstracción al principio de subsidiariedad, ya que reviste un carácter excepcional. De igual modo, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, efectuó una abstracción del principio de subsidiariedad en resguardo de los derechos previstos por la seguridad social referidos a las asignaciones familiares, dentro de los cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y de lactancia, mismos que se encuentran íntimamente vinculados a la salud y alimentación de la madre y del nuevo ser, cuya protección especial corresponde al Estado, el cual no puede estar condicionada al agotamiento de los recursos ordinarios o administrativos previstos por ley para acudir a la justicia constitucional. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que cursa en obrados, sintetizados en Conclusiones de este fallo constitucional, se advierte que el ahora accionante, por Memorando ZFC-DGE-RR.HH. 012/2018 de 31 de diciembre -de designación-, ingresó a trabajar a ZOFRA de Cobija el 1 de enero de 2019, como Responsable de Control Operativo (Conclusión II.1), concluyendo su relación laboral el 24 de enero de 2021, habiendo sido comunicado por Memorando ZFC-DGE-RR.HH 005/2021 de 20 de enero, de agradecimiento de servicios, emitido por Jose Luis Mendez Chaurara, Director General Ejecutivo de “ZOFRACOBIJA” ahora demandado (Conclusión II.4); en vigencia de dicha relación laboral, nació su hijo el 28 de enero de 2019 (Conclusión II.2), siendo afiliado a la CNS Regional Pando, como dependiente de dicha institución, conforme se acredita mediante el Formulario AVC-04 de Afiliación a la CNS del asegurado Luis Fernando Pedraza Suarez; así como, del Formulario AVC-06 de Aviso de altas y bajas de beneficiarios, señalándose además en dicho formulario que: “CORRESPONDE: NATALIDAD EN EFECTIVO EQUIVALENTE A UN SALARIO MÍNIMO POR UNA SOLA VEZ. LACTANCIA EN ESPECIE HASTA EL 28/01/2020” (sic [Conclusión II. 3]). En consecuencia, corresponde al empleador, en este caso ZOFRA de Cobija -ahora demandado-, el pago oportuno del subsidio de lactancia, durante los primeros doce meses de vida del menor, es decir, por un año a partir de su nacimiento; por cuanto, las asignaciones familiares como parte de la seguridad social son imprescriptibles, esto conforme se tiene prescrito en el art. 48.IV de la CPE; asimismo, bajo el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, la seguridad social, deberá ser ejercida de modo tal que garantice las condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico adecuado. En ese antecedente, se tiene que, al impetrante de tutela le correspondía percibir las asignaciones familiares que por ley le pertenecen al progenitor y padre dependiente laboralmente, en el caso, de ZOFRA de Cobija; institución que tenía la obligación de cubrir en forma oportuna y consecutiva los derechos sociales del ahora accionante, puesto que dicho derecho, no solo cubre a la madre gestante, sino también al ser concebido, es decir, inclusive antes del nacimiento del menor para salvaguardar la salud y la vida de ambos; sin embargo, en los hechos, dichas obligaciones, como ser los subsidios de lactancia, no fueron cubiertos por el ahora demandado, como bien se tiene referido en el informe presentado por el precitado ante la Sala Constitucional.
De lo señalado, se tiene que el ahora demandado, no cumplió con su obligación de forma otorgar oportuna el subsidio de lactancia por el tiempo que afirma el solicitante de tutela; toda vez que, como empleado dependiente de ZOFRA de Cobija, debió habérsele materializado las asignaciones familiares que por ley le correspondían, no obstante haber realizado los trámites pertinentes de afiliación como asegurado y de su hijo menor de edad AA; por lo que, corresponde otorgar la tutela impetrada, esto en procura de la protección reforzada que tiene el referido menor de edad y la madre; puesto que, al haberse omitido dicha obligación por parte del Director ahora demandado, se ha incurrido en vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y al acceso a las asignaciones familiares de los mismos.
En cuanto al argumento vertido por la autoridad ahora demandada, en sentido que el valor nutritivo de los productos otorgados en el subsidio de lactancia definido por el Ministerio de Salud y Deportes, ya no sería oportuno ni provechoso para el hijo menor de aproximadamente tres años de edad del ahora impetrante de tutela; al respecto, cabe señalar que conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la exigencia del pago de los subsidios devengados, que no fueron efectuados oportunamente, como ocurre en el caso de autos, los mismos deberán ser compensados en dinero, esto en consideración al principio de oportunidad, que tiene estrecha relación con el principio del interés superior del niño y niña; puesto que, lo manifestado por el ahora demandado, no resulta ser excusa razonable para respaldar su propia negligencia o desidia ante el incumplimiento de su obligación que por ley se encuentra atado como entidad empleadora. Finalmente, al evidenciarse que el plazo para el pago en especie venció exuberantemente y que el menor de edad ya cuenta con más de seis años, corresponde el pago en dinero; puesto que, al no haberse realizado la entrega oportuna del subsidio de lactancia por el ahora demandado, lesionó 19). los derechos invocados por el ahora accionante, principalmente con relación al referido menor, ello, en consideración a que el subsidio reclamado, afecta a la alimentación adecuada y al crecimiento del mismo; por consiguiente, resulta atendible el pago en dinero como pide el ahora solicitante de tutela; debido a que, la entrega en especie ya no respondería a las necesidades alimenticias del niño menor de edad; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada en ese aspecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 006/2023 de 24 de enero, cursante de fs. 43 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Pando; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
21 La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) fue creada a través del DS 3561 de 16 de mayo de 2018, con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la seguridad social de corto plazo, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y normas conexas.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5789a263c4a9c5c77eedf928fde5d0bd60f4284daae95a7cad5753df2cd3f155
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