B.IA.LEGAL

SCP 0053/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
44123-2021-89-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia que se vulneraron sus derechos a la libertad de locomoción, debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, defensa y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y otros, el Juez demandado, le impuso la medida cautelar de detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, el cual resulta carente de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, basada en apreciaciones subjetivas y abstractas con relación a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso; por otra parte, resolviendo la apelación incidental contra dicha determinación, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista 342 de 26 de octubre del mismo año, sin realizar una adecuada fundamentación y motivación, incumpliendo la obligación imperativa de efectuar una argumentación de la relación fáctica, jurídica y probatoria determinó confirmar en todas sus partes el Auto Interlocutorio apelado, sin efectuar una valoración conjunta y de acuerdo a la sana critica de los elementos probatorios cursantes. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 220 de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 78 vta. a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Tribunal de alzada y la apelación de una medida cautelar
  2. III.2. El derecho a una decisión judicial fundamentada y motivada
  3. III.3. Sobre la fundamentación y valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares y el debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2023-S2 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44123-2021-89-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 220 de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 78 vta. a 82, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romario Claure Arabe, Reysón Leonel Rocha Veliz y Claudia Mérida Arenas en representación sin mandato de Herland Larry Bustillos Saucedo contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, José Alberto Cossío Antezana, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, cursante de fs. 35 a 38, el accionante a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción.

Dentro del proceso penal con Código Único de Denuncias (CUD): 701102012107774, seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones y otros, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, por Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva, realizando apreciaciones subjetivas y abstractas con relación a la probabilidad de autoría, emitiendo una resolución carente de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que no existe un solo elemento objetivo que demuestre la concurrencia del riesgo procesal señalado; por otra parte, para determinar el segundo presupuesto establecido en el art. 233.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a los peligros de fuga y obstaculización; dicho Juez, realizó una fundamentación arbitraria y una errónea aplicación de la Ley Adjetiva Penal, vulnerando sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, la presunción de inocencia, a la defensa; y a la libertad de locomoción, como también los principios de legalidad, imparcialidad y verdad material. Impugnada dicha Resolución mediante recurso de apelación incidental, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 342 de 26 de octubre de 2021, resolvió confirmar la Resolución apelada en todas sus partes, sin realizar una adecuada fundamentación y motivación, omitiendo la obligación imperativa de efectuar una argumentación de la relación fáctica, jurídica y probatoria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, defensa y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 13, 23, 115 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar se libre en el día mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de sus representantes, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliándolos en audiencia sostuvo que: a) el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, determinó que concurría el riesgo procesal de probabilidad de autoría, con base en apreciaciones subjetivas y abstractas, vulnerando su derecho a la “presunción de inocencia” al considerarlo ya como una persona peligrosa, porque en su calidad de paramédico, habría estado con funcionarios policiales en el momento del hecho como uno más de ellos; sin embargo, no se manifestó con base en qué elementos probatorios se sustenta la decisión; en relación al peligro de fuga, refiere que no existe el elemento trabajo, por no existir una conexión con la persona que firma el certificado de trabajo presentado con el Número de Identificación Tributaria (NIT) consignado, violentado así el principio de legalidad al no considerar el art. 234 del CPP que establece la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora; b) En el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, que le impuso la medida cautelar, existe una incongruencia interna, puesto que en la parte considerativa se dispuso que no tendría trabajo, pero en la parte resolutiva, considera al trabajo, domicilio y familia; y, c) Respecto al peligro de obstaculización, el mismo se sustenta únicamente en que tendría amistad con los funcionarios policiales participes del hecho, lo que nuevamente quebranta el principio de presunción de inocencia. Alegó que, la Vocal demandada emitió una determinación carente de fundamentación, valoración y motivación, dado que, pese a que se le hizo notar que el fallo de primera instancia contenía erróneas aplicaciones, ésta ratificó dicha Resolución considerándola como debidamente fundamentada; por otra parte, provocó inseguridad jurídica por no haber efectuado una valoración conjunta y de acuerdo a la sana crítica de todos los elementos de prueba que fueron presentados.

I.2.2. Informe de los demandados

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presentó informe escrito de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 63 a 67, pidiendo se deniegue la tutela solicitada, en merito a los siguientes argumentos: 1) Presenta falta de presupuestos para que el “Tribunal de garantías” ingrese al control de la legalidad ordinaria; toda vez que, el accionante pretendía utilizar a la jurisdicción constitucional, como una instancia más en materia penal para que se revisen los actos del Tribunal de alzada, lo cual se encuentra prohibido por ley; es así que del análisis del caso se tiene que, se cuestiona al Auto de Vista 342, sin señalarse las razones del porqué la labor efectuada, resulta insuficiente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; por el contrario en la demanda se realizó una relación de antecedentes alegando aspectos que no son coincidentes con los argumentos plasmados en el Auto de Vista impugnado, el cual cumple con los requisitos exigidos en los arts. 124, 171 y 173 del CPP; 2) Respecto al punto apelado por los imputados sobre la probabilidad de autoría, los antecedentes señalados por el Juez a quo, corroboran la imputación formal respecto a la tipificación de su conducta; no obstante, la defensa del impetrante de tutela no presentó ningún recurso de impugnación a la imputación formal, por la cual la misma quedaría firme y subsistente, por tanto queda claro que no se puede vía acción de libertad hablar de los defectos de la imputación formal, dado que la instancia pertinente precluyó; 3) En cuanto al elemento trabajo, este no fue reconocido por el Juez de la causa, al observar que el certificado presentado no guarda relación entre la persona que lo firma con la persona jurídica que consigna el NIT de la empresa supuestamente contratante, razón por la que, quedó pendiente el mismo; en cuanto al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP; se manifestó que, el accionante tiene amistad con los funcionarios policiales que participaron del hecho, y que puede influir de manera negativa en participes y testigos, por ello es que se dejó latente el referido riesgo, independientemente que sea una persona civil y no un funcionario policial; 4) Se podrá evidenciar que al asumir la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021 del Juez a quo, se respetaron las garantías del debido proceso de la parte imputada, enmarcando el Auto de Vista, conforme el principio de congruencia y el principio de verdad material; es decir, se tomó en cuenta todo lo contradicho tanto en primera instancia como en la apelación; y, 5) Se debe tomar en cuenta que las medidas cautelares son de carácter provisional y responden a un fin exclusivamente instrumental, que implica un rol precautorio, a fin de la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, por lo que pueden cambiar cuando se demuestre la necesidad de que sean modificadas. José Alberto Cossío Antezana, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia expresó que: i) En torno al accionante su autoridad desvirtuó otros tipos penales que el Ministerio Público le imputó, quedando solamente el de usurpación de funciones; porque éste, ingreso al lugar del hecho como un funcionario policial más; en cuanto a los riesgos procesales, una vez valorados los mismos, se estableció que no tenía un trabajo instituido, al haber una incoherencia con la documentación presentada; ii) Se impuso al impetrante de tutela, la medida cautelar de detención preventiva, al haber fundamentado el Ministerio Público de manera objetiva que al estar en una patrulla policial junto a policías que participaron del hecho, tenía una relación de amistad con éstos, siendo que el seno de la investigación se desarrolla en el ámbito policial directamente y que él estaba junto a los demás policías, por lo que había un riesgo totalmente valido; y, iii) La acción de libertad es contradictoria, ya que se denuncia una falta de fundamentación y a su vez se reclaman aspectos que resultan desfavorables a la parte accionante; por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 220 de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 78 vta. a 82, denegó la tutela impetrada, expresando los siguientes fundamentos: a) No corresponde analizar el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de igual año pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no ser la última resolución, correspondiendo circunscribirse a la última actuación procesal; b) Respecto al Auto de Vista 342, de los antecedentes del cuaderno procesal, se tiene que la Vocal demandada, al momento de realizar el análisis respectivo de la situación jurídica del ahora accionante, argumentó que el Juez de primera instancia realizó una correcta valoración de la prueba, ya que en relación al elemento trabajo, consideró que si bien se presentó un certificado de trabajo, el mismo resulta contradictorio respecto a la persona jurídica que lo emitió, por lo que a partir de ese razonamiento se arribó a la conclusión de que existía riesgo de fuga al no acreditarse tener trabajo; c) En cuanto a los riesgos procesales contemplados en el art. 235.2 del CPP, el Juez de la causa manifestó que el imputado ahora impetrante de tutela, se encontraba junto a los funcionarios policiales que participaron del hecho, estableciendo que tenía amistad con ellos, por ello podía influir de manera negativa en participes y testigos, manteniendo así, latente el riesgo de obstaculización; d) A partir de la revisión y compulsa de los antecedentes del cuaderno procesal, el Auto de vista objetado y lo manifestado por la parte accionante, se establece que la autoridad jurisdiccional realizó una adecuada fundamentación y motivación sobre la concurrencia de los riesgos procesales señalados en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, realizando a su vez, la motivación a efectos de subsumir a partir de los hechos señalados a la normativa que dio lugar a la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, e) La Vocal demandada, a partir de los extremos descritos en el cuestionado Auto de Vista, estableció de forma clara y precisa el análisis jurídico pertinente y las consideraciones legales aplicables al caso concreto, en ese contexto no se advierte que la decisión objetada vía acción de libertad, carezca de razonabilidad o que fuera ilógica; por lo que, no se evidenció la vulneración de los derechos alegados.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de funciones, uso indebido de influencias, portación ilegal de armas de fuego, concusión y uso indebido de bienes y servicios públicos contra Richard Arturo Chávez Pelaez, Sergio Diego Barravino Burgos, Christian Yammil Alarcón Quenallata, Ludwen Arias Tapia, Jhonny Jorge Delgado Mamani, Herlan Larry Bustillos Saucedo -ahora accionante-, Carlos Eduardo Sirpa y José Gabriel Abella Espinoza, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-por Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021 pronunciado en audiencia de consideración y aplicación de medidas cautelares, dispuso la detención preventiva del nombrado accionante por el plazo de cuarenta y cinco días, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el lunes 8 de noviembre de ese año; dicha decisión fue apelada en el mismo acto procesal por su defensa técnica (fs. 2 a 19).

II.2. Mediante Auto de Vista 342 de 26 de octubre de 2021, dictado en audiencia de apelación incidental de medida cautelar, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridad ahora demandada-, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmando lo determinado en Auto Interlocutorio de 22 de septiembre del mismo año (fs. 20 a 34 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia que se vulneraron sus derechos a la libertad de locomoción, debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, defensa y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y otros, el Juez demandado, le impuso la medida cautelar de detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, el cual resulta carente de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, basada en apreciaciones subjetivas y abstractas con relación a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización del proceso; por otra parte, resolviendo la apelación incidental contra dicha determinación, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista 342 de 26 de octubre del mismo año, sin realizar una adecuada fundamentación y motivación, incumpliendo la obligación imperativa de efectuar una argumentación de la relación fáctica, jurídica y probatoria determinó confirmar en todas sus partes el Auto Interlocutorio apelado, sin efectuar una valoración conjunta y de acuerdo a la sana critica de los elementos probatorios cursantes. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Tribunal de alzada y la apelación de una medida cautelar

Con relación a la exigencia ineludible, por parte de las autoridades jurisdiccionales, de emitir resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, a tiempo de la imposición o modificación de una medida cautelar, más aún cuando se trata de la detención preventiva; el extinto Tribunal Constitucional, sentó la línea jurisprudencial que esta obligación no solo le alcanza al juez de instrucción penal, sino también al Tribunal de alzada, a tiempo de conocer el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP, al señalar en la SC 0782/2005-R de 13 de julio, que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar”. Entendimiento jurisprudencial que ha sido reiterado, en la SC 0089/2010-R de 4 de mayo y SCP 0339/2012 de 18 de junio, entre otras. De lo que se concluye, que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se la mantiene; aclarándose que, la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial, conforme establece el art. 124 del CPP.

III.2. El derecho a una decisión judicial fundamentada y motivada

El derecho a una decisión judicial fundamentada, motivada y congruente, constituye un elemento esencial de la garantía del debido proceso consagrada por el art. 117.I de la CPE, tiene como objeto limitar la actuación arbitraria y discrecional de las autoridades judiciales a fin que sus decisiones sean justificadas en razones jurídicas y de hecho; así la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, dispone que una decisión judicial acorde a la garantía del debido proceso, debe contener los siguientes elementos: “a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. Por su parte la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, señala que la arbitrariedad de una decisión judicial o administrativa puede ser expresada mediante: “…b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.

(…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación” (las negrillas son nuestras).

III.3. Sobre la fundamentación y valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares y el debido proceso

Siguiendo las líneas jurisprudenciales desarrolladas sobre la fundamentación y motivación exigida ineludible en toda resolución sea judicial o administrativa y específicamente, en aquellas vinculadas con las solicitudes de medidas cautelares, el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó que se encuentran directamente relacionadas con las reglas del debido proceso; en este entendido, la SCP 1226/2017-S1 de 17 de noviembre, señala: “…en un análisis de jurisprudencia al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento motivación en las resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las cuales se encuentran las siguientes: ‘a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado’. Los aspectos antes señalados, ya asumidos por la jurisprudencia precedente, deben ser aplicados por la nueva jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ser acordes con el ejercicio pleno del control plural de constitucionalidad, en ese orden, y merced a este entendimiento, se colige que los requisitos detallados supra, denotan la exigencia del cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales de la motivación y constituyen presupuestos esenciales de las reglas de un debido proceso, postulados, que en definitiva asegurarán la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y que en caso de ser vulnerados, hacen viable la activación del control de constitucionalidad a través de la acción de libertad en el marco del presupuesto del procesamiento indebido en causas procesales referentes a medidas cautelares vinculadas con la libertad. Asimismo, debe precisarse que la omisión valoratoria, en el marco de las reglas de un debido proceso, implica la falta de consideración de alguno de los elementos probatorios producidos por las partes en el decurso de la causa, aspecto que implica el incumplimiento del postulado en virtud del cual, la autoridad jurisdiccional, debe considerar de manera integral todos los medios de prueba aportados; por lo señalado, se concluye que el incumplimiento de este presupuesto, al igual que el incumplimiento de la motivación de decisiones jurisdiccionales, activa el control tutelar de constitucionalidad para la restitución del mismo en el marco del respeto al debido proceso”. Al respecto, la jurisprudencia citada, estableció que en toda resolución en la que se disponga una medida restrictiva o limitativa de derechos fundamentales, la autoridad que la emita deberá basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes activa la presente acción de libertad acusando la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, defensa y valoración de la prueba; en tal razón, alude que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y otros, fue detenido preventivamente, en mérito al Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, emitido por el Juez demandado que carece de fundamentación, motivación y valoración de la prueba respecto a los elementos y riesgos procesales que la motivaron; misma que, en apelación fue ratificada por la Vocal demandada, sin que dicha autoridad, haya realizado una debida argumentación y la valoración conjunta y de acuerdo a la sana crítica de todos los elementos de prueba cursantes, dejando latentes los elementos y riesgos procesales que originaron la medida cautelar. Precisado el objeto procesal, de la lectura de los antecedentes cursantes, se tiene que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, determinó que el accionante cumpla la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días (Conclusión II.1); ante el recurso de apelación incidental contra dicho fallo, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista 342 de 26 de octubre del mismo año, declaró admisible e improcedente el mismo, ratificando el tenor del nombrado Auto Interlocutorio (Conclusión II.2). De manera previa a resolver el problema jurídico planteado, corresponde establecer que el análisis se realizará a partir del Auto de Vista pronunciado en alzada, por ser una resolución de cierre, puesto que, de acuerdo a los principios de pertinencia y congruencia es el Tribunal de alzada el encargado de revisar las resoluciones emitidas por los Jueces de primera instancia; en mérito a ello, a través de esta acción de defensa, corresponde un pronunciamiento respecto al fallo de segunda instancia y verificar si evidentemente existió la vulneración de derechos fundamentales en que pudiera haber incurrido el Juez que emitió el Auto Interlocutorio recurrido en apelación. Bajo estos parámetros, corresponde realizar un control tutelar de constitucionalidad al Auto de Vista 342, a efectos de verificar si dicho fallo lesiona los derechos alegados por la parte accionante como ser a la libertad de locomoción y el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y la presunción de inocencia y a la defensa. A tal efecto, corresponde conocer cuáles fueron los agravios expuestos por el hoy impetrante de tutela, en la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021, que determinó su detención preventiva; en ese entendido, en audiencia pública de consideración de apelación incidental de medida cautelar lo argumentado por la defensa de éste, esencialmente se traduce en: 1) Que el Juez de primera instancia vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y valoración conforme los arts. 124 y 173 del CPP; siendo que de acuerdo al acta de consideración de medida cautelar, simplemente hace referencia a que, supuestamente se hubiera presentado como funcionario policial vistiendo un uniforme negro con insignias y logos pertenecientes a la institución policial; sin embargo, en la audiencia de medida cautelar claramente se exhibió la vestimenta con la que se encontraba, toda vez que el imputado es paramédico y documentalmente se ha podido acreditar ese extremo, pese a ello, el Juez consideró que por el simple hecho de estar vestido de negro, actuó como policía; no obstante que en el cuaderno de investigación, no existe un solo elemento que indique que, se encontraba como autoridad policial en el lugar de los hechos ni que haya realizado actividades o funciones exclusivas de funcionarios policiales, pues solamente se limitó a ser un personal de apoyo, según dicta el Manual de Operaciones Policiales en Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público; y, 2) Se hizo una mala interpretación de la normativa, violentando el principio de presunción de inocencia, al obviar el requisito que responde a la existencia de evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad, que permita a la autoridad judicial inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual prohíbe que el Juez funde su determinación en meras presunciones; lo cual evidencia que no se realizó una correcta aplicación de la normativa, siendo que el delito que se investiga está compuesto por elementos constitutivos; sin embargo, la relación de hechos del Ministerio Público es muy ambigua, para adecuar su conducta al tipo penal que se le imputó. Ahora bien, de la lectura del citado Auto de Vista, se evidencia que en lo relativo al requisito sustancial establecido en el art. 233.I del CPP (probabilidad de autoría), en lo que respecta al ahora accionante en principio se describen los argumentos del Juez de primera instancia, señalando que, cotejando todos los elementos del proceso, se advertían contradicciones a la lógica, dado que no era coherente que una patrulla policial pida auxilio de particulares, es decir del imputado -Herland Larry Bustillos Saucedo-, sin una orden superior, por lo que su versión no resultaba coherente ni creíble, por lo que el Ministerio Público, imputó el delito de usurpación de funciones, y si bien, no se hubiera presentado como policía, dentro del marco de la sana critica, se entiende que cualquier persona que participe de un operativo policial y en un acto de intimación, coexiste la conducta tipificada en el art. 163 del Código Penal (CP). Posteriormente, emitiendo un pronunciamiento sobre ello, la Vocal demandada señaló lo siguiente: “Con relación al imputado señor Herland Larry Bustillos Saucedo (paramédico), el Juez Ad quo dentro de su resolución le pregunta porque estaba vestido de negro y el imputado Herland Larry Bustillos Saucedo contesta indicando que: ‘porque así nos vestimos', considero que ese argumento queda totalmente destruido con todos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, los informes policiales y las actas de secuestro, además de que la misma ocupación que el imputado Herland Larry Bustillos Saucedo es un paramédico. Si se considera aplicar el III.1.5 Del manual para operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público. ‘Es de suma importancia que la Unidad Policial encargada del mantenimiento y restablecimiento del orden público, tenga dentro de su parque automotor sus propias ambulancias, con conductores, médicos, paramédicos y equipos de socorro, de no ser así, es importante que se tome en cuenta en las planificaciones previas a eventos de control del orden público, la coordinación con las unidades médicas en la que puedan facilitar este tipo de apoyo para la urgente evacuación y atención de heridos’. Considero que se tendría que haber presentado la solicitud que hicieron a la policía boliviana, para decir si había o no una ambulancia para que puedan ayudar, pero la suscrita entiende que cualquiera sea la situación, si era tanta la emergencia, era un hecho de tanta relevancia, debió de haberse dado aviso al Fiscal, a su comandante o por lo menos al jede de unidad…” (sic); por lo tanto, la calidad de probabilidad de autoría, estaría firme y subsistente para todos los imputados. Posterior a ello, con relación a los riesgos procesales de acuerdo al art. 233.2 del CPP, con la palabra la defensa del accionante manifestó que, referente al elemento trabajo, el Juez a quo incurrió en una incongruencia interna, entre la parte considerativa y resolutiva, ya que se manifestó que se presentó una documentación consistente en un certificado de trabajo de “Trans. Ambulancia” firmado por Gabriel Luisaga y se adjuntó el NIT que estaría a nombre de otra persona, entonces se observó que no había nexo en dicho certificado; no obstante, en la parte resolutiva se manifestó que se demostró los elementos domicilio, trabajo y familia; por lo que, pide se mantenga lo determinado. Con relación al riesgo de obstaculización, de manera arbitraria el citado Juez, estableció que se mantenía latente, por haber estado junto a los funcionarios policiales afirmando que tenía amistad con ellos, sin señalar de qué forma iba a obstaculizar o sobre qué persona; es decir, no precisó el elemento objetivo que determine ese riesgo. Ante ello, la Vocal demandada emitió un pronunciamiento señalando que, en cuanto al elemento trabajo del imputado Herland Larry Bustillos Saucedo, no fue reconocido por el Juez a quo, porque éste presentó certificación de trabajo en la cual se indica que se desempeña como paramédico y está firmada por Gabriel Luisaga, además de adjuntar NIT; empero, se observa que no existe relación entre la persona que firma la referida certificación y la persona jurídica que figura en el NIT de la empresa contratante; por esa observación se deja latente el riesgo procesal contemplado en el art. 234.2 del CPP; lo cual considera correcto; toda vez que, el imputado nombrado no demostró tener el oficio de paramédico, al no existir documentación que acredite ese extremo, porque no se acompaña poder de representación para quien suscribe la citada certificación, por tal motivo no se acreditó el elemento trabajo; por otra parte en cuanto al riesgo procesal determinado en el art. 235.2 de la Norma Procesal Penal, el Juez de primera instancia manifestó que el imputado se encontraba con los funcionarios policiales coimputados; lo que evidenciaba su amistad con ellos, y que podía influir de manera negativa en los partícipes y testigos del hecho; por tal razón, el riesgo citado sigue latente; independientemente que sea una persona civil, por lo que al haber participado en el hecho junto a funcionarios policiales, puede influir negativamente sobre los testigos y participes del hecho. A la conclusión de la audiencia pública de apelación incidental la Vocal demandada la declaró improcedente y confirmó el Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2021. Ahora bien, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental están obligados a responder a los agravios denunciados -según dispone el art. 398 del CCP-, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código. Bajo este parámetro del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista impugnado, en lo que respecta al riesgo procesal sustancial que motivó la detención preventiva del accionante como ser la probabilidad de autoría, la Vocal demandada, actuó correctamente puesto que, se pronunció sobre el mismo, concluyendo que se mantenía firme y subsistente de acuerdo al argumento del Juez de primera instancia resultaba correcto, además que, si bien se menciona una presunta aplicación del Manual para Operaciones Policiales de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público; para ello y por la relevancia y emergencia del supuesto caso que fueron a atender, era relevante el que dieran aviso a la autoridad fiscal u otra autoridad policial superior, al no haberlo hecho de tal manera, se confirma la presencia de la probabilidad de autoría sobre todos los imputados. En lo concerniente al elemento trabajo del accionante; la Vocal demandada formuló el respectivo pronunciamiento sobre lo alegado por su defensa, concluyendo que el fundamento del Juez a quo para dejar latente el riesgo procesal contemplado en el art. 234.2 del CPP; era correcto; pues el impetrante de tutela, con el certificado que presentó y las inconsistencias identificadas y descritas, no logró demostrar que fungía como paramédico; a su vez, respecto al riesgo procesal determinado en el art. 235.2 del mismo Código, dicho riesgo continuaba latente; dado que el accionante independientemente que sea una persona civil, al haber participado en el hecho junto a funcionarios policiales, podría influir negativamente sobre los testigos y participes del hecho. Consiguientemente, lo denunciado por el accionante en sentido que la Vocal demandada pronunció el Auto de Vista 342, vulnerando sus derechos a la libertad de locomoción y el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, presunción de inocencia, defensa, no es evidente, por haberse constatado que actuó con la facultad que la ley le atribuye, resolviendo el recurso de apelación incidental planteado, efectuando la compulsa de los antecedentes procesales y cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión del Auto de Vista cuestionado, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo evidente que se hubiera lesionado los derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en las vertientes señaladas; como tampoco, resulta evidente el quebrantamiento del debido proceso en lo relativo a la valoración de la prueba, puesto que se pudo evidenciar que la autoridad judicial demandada no incurrió en una omisión valoratoria, por el contrario adecuó su actuar en el marco de las reglas del debido proceso, considerando los elementos probatorios producidos por las partes y exponiendo las razones por las cuales consideraba que no resultaban pertinentes para desvirtuar los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar impuesta al hoy accionante, ello dentro de los parámetros de la sana crítica; aspectos que determinan, que no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 220 de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 78 vta. a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2009d036a85f042492734516aaf016d75595bc1d751442513f98b44e413cd826

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