Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se entiende en su elemento valoración de la prueba- y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, los demandados, a través del Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, confirmaron el Auto del inferior haciendo una mala valoración de la prueba, puesto que validaron la personería de la representante legal de la entidad demandante, sin considerar que su denominación es confusa y por lo tanto le causa agravio. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos esgrimidos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se considerarán las siguientes temáticas: i) Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado; ii) Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19; iii) Alcances del debido proceso en procesos civiles; iv) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; v) Respecto a los alcances de la nulidad prevista en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial; y, vi) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/20 de 26 de octubre de 2020, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2023-S1 Sucre, 2 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 36613-2020-74-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 54/20 de 26 de octubre de 2020, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Justina Quispe Blanco contra Miguel Ángel García Solares y Ximena Katty Juaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 21 de octubre de 2020, cursante de fs. 7 a 10, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Durante la tramitación del proceso “ejecutivo” planteado por la entidad financiera “Jesús Nazareno” en su contra, presentó un incidente de nulidad bajo el fundamento de que la denominación correcta de los demandantes es de “Cooperativa de ahorro y crédito abierto Jesús Nazareno Ltda.”, la cual no puede variar; no obstante, la representante legal de dicha entidad a tiempo de iniciar el proceso ejecutivo no contaba con la personería jurídica, puesto que su Poder menciona “cooperativa Jesús Nazareno Ltda. o cooperativa de ahorro y crédito Jesús Nazareno” (sic); el cual, si bien fue aceptado, los Vocales realizaron una mala valoración de la prueba y simplemente confirmaron el Auto apelado.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se entiende en su elemento valoración de la prueba- y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 8, 9, 13, 14, 46, 115, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo la imposición de daños y perjuicios; y, como medida cautelar se evite cualquier desalojo mientras la presente acción tutelar no retorne de la ciudad de Sucre; asimismo, en audiencia solicitó la anulación del “Auto evacuado por la Sala Civil” (sic) y se anule obrados hasta el vicio más antiguo.
Celebrada la audiencia pública el 26 de octubre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Ximena Katty Juaniquina Bustillos, Vocal de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en audiencia, señaló lo siguiente: a) La acción de amparo constitucional presentada solo hace una transcripción de los artículos de la Constitución Política del Estado sin señalar como se aplican al caso concreto, motivo por el cual no pudieron realizar su informe; b) Lo reclamado es lo mismo que el incidente planteado en el proceso ejecutivo, respecto al nombre de la entidad financiera demandante, que utilizó en algunos memoriales y como Sala determinaron que el nombre completo es “Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto Jesús Nazareno Ltda.” (sic); c) No se identificó el daño o perjuicio irreparable que se estuviera causando, por lo que no se ha afectado ningún derecho fundamental; y si bien la “Sala” ha reconocido que la entidad no ha utilizado su nombre completo, no se puede declarar la nulidad por aspectos formales, puesto que tendría que causarse agravio para ello; y, d) La impetrante de tutela refiere que se hubiese vulnerado el debido proceso y que es su obligación velar de que el proceso se lleve sin vicios de nulidad y aseguren la efectiva realización de las partes; empero, no fundamenta con precisión toda vez que el debido proceso es amplio, por lo que solicitó que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución 54/20 de 26 de octubre de 2020, cursante de fs. 18 a 19 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: 1) Se denuncia la presunta vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que dentro de la tramitación del proceso ejecutivo planteado por la entidad financiera “Jesús Nazareno” en contra de la accionante, presentó un incidente de nulidad alegando que la denominación correcta del demandante en el proceso ejecutivo se confunde, que es “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTO JESUS NAZARENO Ltda.” (sic), y esta confusión le causa agravio, toda vez que las autoridades ahora accionadas ante el reclamo efectuado resolvieron sin considerar que la demandante no estaba debidamente identificada, hecho que según el accionante vulnera su derecho constitucional al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; 2) Se advierte en la presentación de la acción de amparo constitucional; así como, en la fundamentación de la misma en audiencia, la existencia de omisión de fundamentación, toda vez que la impetrante de tutela a través de su abogado si bien identifica como vulnerado el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, solicitando de modo general la protección de este derecho, sin embargo omite cumplir con la carga argumentativa respecto a de qué manera el Auto de Vista cuestionado vulnero los derechos y garantías constitucionales, es decir, no existe la vinculación entre el hecho y el derecho reclamado; 3) El Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, al resolver la apelación contra el Auto de fecha 15 de noviembre de 2018, emitido por el Juez Publico en lo Civil Segundo del departamento de Pando, dentro el proceso coactivo seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto “JESUS NAZARENO” Ltda., en contra de Justina Quispe Blanco y Daniel Achu Hualpa, en el CONSIDERANDO en el punto II, sobre la problemática planteada textualmente señala: “En cuanto al Certificado de gravamen, señala que la institución que le puede cobrar es la Cooperativa de Crédito Abierto Jesús Nazareno LTDA y no la Cooperativa Jesús Nazareno LTDA o Cooperativa de ahorro y Crédito Jesús Nazareno; es cierto que el nombre completo de la institución es Cooperativa de crédito Abierto Jesús Nazareno LTDA, siendo la persona jurídica que tiene legitimación para demandar, empero como se ha señalado, que la persona jurídica no haya utilizado el nombre completo en todos los actuados, no establece que sea otra persona jurídica, distinta a la legitimada para demandar” (sic); 4) Las autoridades ahora demandadas, han emitido con la debida motivación y fundamentación la resolución cuestionada, por lo que no corresponde dejar sin efecto y anular obrados como pretende la accionante; 5) La acción de amparo constitucional está llena de citas legales, sin la carga argumentativa que explique de qué manera el Auto de Vista cuestionado vulneró los derechos y garantías constitucionales, es decir, no existe la vinculación entre el hecho y el derecho reclamado, es así que el Auto de Vista objeto de cuestionamiento en la acción, fue emitido sin vulnerar el derecho al debido proceso; y, 6) Sobre la nulidad de los actos procesales, la SCP1753/2013 de 21 de octubre, ha establecido que: “‘...el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio persona y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad”. En ese sentido, la fundamentación del reclamo de la nulidad procesal de la accionante, es una invocación genérica, señalando lesión al derecho al debido proceso, sin que haya demostrado las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional, entre ellas que el perjuicio sea cierto, concreto, real y además grave”.
Por decreto de 3 de septiembre de 2021, cursante a fs. 26, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria que permita contar con mayores elementos de convicción y emitir una resolución justa e imparcial; reanudándose el mismo a partir del día hábil siguiente a la notificación del decreto de 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 30; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo previsto por Ley.
Del análisis y compulsa de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del proceso monitorio y de ejecución sobre ejecución coactiva de sumas de dinero, seguido por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Ltda.” (sic), contra Justina Quispe Blanco -ahora accionante- y Daniel Achu Hualpa, la prenombrada interpuso incidente de nulidad de demanda mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2018 ante el “Juez Público Civil Segundo del departamento de Pando” (sic), solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta “fojas 26” (fs. 829 a 832). Resuelto que fue a través de Auto de 15 de noviembre de igual año, rechazando el mismo (fs. 861 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, la ahora impetrante de tutela demandó reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 15 de igual mes y año (fs. 874 a 875 vta.). El cual, fue resuelto por Auto de 4 de enero de 2019, manteniendo firme la resolución cuestionada y concediendo el recurso de apelación en el efecto devolutivo (fs. 881). II.3. A través de Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, Miguel Ángel García Solares y Ximena Katty Juaniquina Bustillos, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -ahora demandados- resolviendo la apelación planteada contra el Auto de 15 de noviembre de 2018, determinando confirmar el mismo (fs. 1059 a 1060). Fallo notificado a la accionante el 20 de marzo de 2020 (fs. 894).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se entiende en su elemento valoración de la prueba- y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, los demandados, a través del Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, confirmaron el Auto del inferior haciendo una mala valoración de la prueba, puesto que validaron la personería de la representante legal de la entidad demandante, sin considerar que su denominación es confusa y por lo tanto le causa agravio. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos esgrimidos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se considerarán las siguientes temáticas: i) Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado; ii) Suspensión del plazo de inmediatez en el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por la emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia del COVID-19; iii) Alcances del debido proceso en procesos civiles; iv) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; v) Respecto a los alcances de la nulidad prevista en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial; y, vi) Análisis del caso concreto.
Por Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, se dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, determinándose que:
“…a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). (…) Los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la Cuarentena Total, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07: 00 a 12: 00 del medio día, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia”. Prohibiéndose, asimismo, la circulación de vehículos motorizados públicos y privados sin la autorización correspondiente, desde de las cero horas del 22 de marzo de 2020. Dicha determinación, fue ampliada por los Decretos Supremos 4200 de 25 de marzo; y, 4214 de 14 de abril, hasta el 30 de abril; luego, por DS 4229 de 29 de abril, se dispuso ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo, todos de 2020; y, establecer una cuarentena condicionada y dinámica, con base en las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, lo que motivó que la cuarentena sea diferenciada según el grado de riesgo de cada municipio. En ese entrever, en cuanto al funcionamiento de los distintos Tribunales Departamentales de Justicia de Bolivia, fueron emitidas circulares y/o instructivos para el retorno a las labores jurisdiccionales y reanudación de plazos procesales, según la calificación del riesgo sanitario alto, medio o moderado, de los municipios y departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. En tal sentido para el cómputo del tiempo de suspensión del plazo de inmediatez, de manera general para todo el territorio nacional, debe tomarse en cuenta la declaratoria de cuarentena total, que tiene como inicio el 22 de marzo hasta el 30 de abril, ambos de 2020, fecha en que se declaró la cuarentena dinámica, además las circulares e instructivos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia en atención a las características particulares de cada municipio y departamento, que reglamentaron el funcionamiento de las entidades judiciales y las presentaciones electrónicas de demandas, acciones, recursos, etc. También debe considerarse que el Tribunal Supremo de Justicia mediante Circular 05/2020 de 26 de marzo, dispuso en su numeral Segundo, que:
“Los Tribunales Departamentales de Justicia, a través de sus Salas Plenas, de conformidad a lo establecido en el art. 125 de la LOJ y conforme lo ya determinado en Circular expresa emitida por ésta Autoridad, tienen la facultad de disponer y determinar los turnos de los diferentes Juzgados y Salas que atenderán durante el tiempo que transcurra la cuarentena dispuesta por el D.S. 4200; por lo que, la determinación de estos o la rotación de los mismos es facultad privativa de indicadas autoridades”. A su vez, la Circular 07/2020 de 7 de abril, emitida por el citado Tribunal, refirió que:
“…los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional de declaratoria de cuarentena total, por cuanto esta situación se constituye en una limitante completamente ajena a la voluntad del individuo, que le impide ejercer de forma plena sus derechos, al encontrarse limitado el desplazamiento de personas, transporte, así como suspendidas las labores judiciales…”.
En el caso particular del departamento de Pando, además de la suspensión general del plazo de inmediatez en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, descrito en el Fundamento Jurídico anterior, debe analizarse de manera particular que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, emitió la Circular de Sala Plena 11/2020 de 31 de mayo, disponiendo continuar la suspensión de las labores judiciales en el municipio de Cobija, con la atención de los juzgados de turno y los demás ya establecidos, por la Sala Plena, hasta el 15 de junio de mencionado año, en atención al DS 4245 emitido por el Gobierno Nacional que amplió la cuarentena nacional dinámica condicionada hasta el 30 del referido mes y año, y las medidas asumidas por el Decreto Departamental 13/2020 de 30 de mayo y Decreto Municipal 16/2020 que consideraron mantener la cuarentena en condiciones de riesgo Alto en el Municipio de Cobija hasta el 15 de junio de citado año. Luego, por Resolución de Sala Plena 21/2020 de 13 de junio, se determinó la suspensión de actividades judiciales en el Municipio de Cobija desde las 00:00 del 15 hasta las 24:00 del 22, ambos de junio de 2020, en mérito al Decreto Municipal 17/2020 que dispuso el encapsulamiento y cuarentena total del citado municipio con el cierre total de las actividades tanto en instituciones públicas como privadas a fin de implementar las acciones de prevención y contención contra el COVID 19. En tal razón, se concluye que, desde el 22 de marzo hasta el 22 de junio de 2020, transcurrieron tres (3) meses de suspensión de plazos que deben considerarse a tiempo de realizarse el cómputo de la inmediatez en cada caso en particular y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia de la acción de defensa.
El derecho al debido proceso está reconocido en el art. 115.II de la CPE, que señala:
“El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En concordancia con dicho contenido, el art. 117.I dispone:
“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. Este último precepto tiene aplicación tanto en el ámbito administrativo y judicial, por cuanto, toda persona natural o jurídica tiene este derecho dentro de un proceso justo y equitativo, establecido por las normas de carácter general, poseyendo en su naturaleza jurídica un triple carácter, dado que está reconocido como un derecho fundamental, una garantía constitucional y un principio procesal. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en cuanto al concepto y alcances del derecho al debido proceso, este Tribunal, en su SC 418/2000-R de 2 de mayo, entre otras, ha señalado que consiste en:
"el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar" (negrillas añadidas). Asimismo, respecto al referido derecho, este Tribunal ha establecido en la SC 0119/2003-R de 28 de enero, que:
“…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (resaltado ilustrativo). Luego, la SC 1693/2003-R de 24 de noviembre, ha precisado la naturaleza y alcances del derecho al debido proceso; en ese sentido, señala lo siguiente:
“...el debido proceso constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas; de manera que los conflictos o controversias que se presentan en cualquier proceso, sean de carácter judicial, administrativo o disciplinario, estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico, el cual debe señalar las pautas que procuren el respeto de los derechos y obligaciones de las partes procesales, para que ninguna actuación de las autoridades esté basada o tenga origen en su propio arbitrio; sino, que obedezcan a los procedimientos descritos por la Ley y los Reglamentos, en virtud del principio de reserva legal” (las negrillas son nuestras). En esencia, la SC 0731/2005-R de 29 de junio, concluyó que el derecho al debido proceso tiene como contenido esencial un conjunto de derechos y garantías mínimas a favor del titular del derechos, a objeto de que éste pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones en todos los casos en los que tenga que determinarse sus derechos u obligaciones, resolverse una controversia, determinarse una responsabilidad de orden administrativo, disciplinario, penal, civil, familiar o social. Luego, respecto a la naturaleza jurídica del debido proceso la SC 0316/2010-R de 15 de junio, determinó lo siguiente:
“La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…” (resaltado agregado). En ese marco, señala también que la doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:
“1) Derecho fundamental: Como un derecho para proteger al ciudadano en primer orden de acceso a la justicia oportuna y eficaz, como así de protección de los posibles abusos de las autoridades originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico. 2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló que:
“El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones” (las negrillas nos corresponden). A su vez, es absolutamente necesario resaltar la importancia y el conjunto de bienes jurídicos y principios que componen el derecho al debido proceso, sobre el particular la SC 1145/2010-R de 27 de agosto, precisó la 1 En su F.J. III.3, señaló que: “La trascendencia del debido proceso se encuentra en su íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de julio, señalo que: “La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (las negrillas son nuestras).
(…)
En el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión, pues por una parte, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad, y también se establece como un derecho en el art. 115 parágrafo II; al mismo tiempo, a nivel constitucional, se le reconoce como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional, configuración jurídica contemplada ya por el art. 16 de la CPEabrg, que se ha mantenido y precisado en el art. 117.I de la CPE que dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
trascendencia del debido proceso se encuentra en su íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento; es decir que, su importancia está ligada a la búsqueda del orden justo, ello, considerando que no es sólo poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales y los derechos fundamentales que por su carácter no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes. En ese marco, la SCP 0679/2014 de 8 de abril, concluyó que el derecho al debido proceso en los procesos civiles:
“…en cuanto a los derechos que conforman su contenido, no tiene un carácter limitativo, sino más bien enunciativo, tomando en cuenta que los derechos que proclama la Constitución Política del Estado son progresivos (art. 13.I de la CPE), ya que, en última instancia lo que se busca imprimir con el respeto al debido En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: “En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional” (las negrillas son nuestras).
“Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 1234/2000-R y 0042/2004, entre otras)”.
Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía -la perfección- el pleno cumplimiento de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso.
Por otra parte, el debido proceso también es considerado como un principio, que emanó del principio de legalidad penal en su vertiente procesal, y que figura como una directriz de administración de justicia en el art. 180 de la CPE.
Concluyendo este punto, se debe remarcar que, como se aprecia de las citas de los artículos 115.II y 117.I efectuadas anteriormente, la Constitución Política del Estado vigente en el marco de las tendencias actuales del Derecho Constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido proceso; derecho; garantía; principio, respecto al que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al contenido e implicaciones referidos por la jurisprudencia glosada, la que por ello guarda estrecha congruencia con la anteriormente Ley Fundamental vigente y es plenamente aplicable, a pesar de haber sido desarrollada en el marco de la Constitución abrogada, resaltando que su carácter de derecho fundamental lo hace exigible ante cualquier procedimiento, sea público o privado…”.
proceso en sus tres ámbitos de aplicación como derecho, garantía y a su vez principio, es la plasmación del valor máximo del derecho que es la justicia, el mismo que constituye el fin último de los procesos ya sean judiciales o administrativos; en ese propósito, el constituyente, reató a los jueces y tribunales que administran justicia a la observancia de ciertos principios procesales y constitucionales, de los cuales no les está permitido apartarse arbitrariamente en sus actuaciones y sobre todo al momento de tomar sus decisiones; uno de esos principios rectores de la administración de justicia es el de la seguridad jurídica, que si bien no es directamente tutelable por medio de la acción de amparo constitucional conforme a la línea de entendimiento sentada por este Tribunal; sin embargo, su inobservancia puede tener efectos perniciosos en la materialización del valor supremo del derecho - que a su vez es el fin último del proceso- que es la justicia, valor al que aspira la población en general y las personas involucradas en los diferentes procesos judiciales y administrativos, quienes eventualmente pueden verse afectados y perjudicados cuando el juez se aparte de la misma, desnaturalizando de este modo los fines y alcances del derecho al debido proceso; es por ello que los administradores de justicia, deben propender al respeto y observancia de estos principios que son rectores en la administración de justicia”. Consiguientemente, se debe entender que el derecho al debido proceso implica que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a un proceso justo y equitativo, establecido por las normas de carácter general; toda vez que lo que se busca es la realización del valor máximo del derecho que es la justicia.
Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura relatora, efectuó un cambio de razonamiento a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura relatora fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
“….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (el resaltado nos pertenece). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que 2La SCP 0012/2018-S1 de 1 de marzo señalo: “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 3Fundamento Jurídico III.2: “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Ley Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:
“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…”.
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
5 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (negrillas agregadas).
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, considerando que la SCP 0297/2018-S2 constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, en su Capítulo III referido a la “Aplicación de normas y derechos y nulidad de actos procesales” señala que el Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución, estableciendo lo siguiente:
“Artículo 16°.- (Continuidad del proceso y preclusión) I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. (…) Artículo 17°.- (Nulidad de actos determinada por tribunales) I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.
IV. En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley”.
La SC 0863/2003-R de 25 de junio, determinó que el Juez o Tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley.
De igual forma la SC 1800/2011-R de 7 de noviembre, refirió que la nulidad, conforme a lo establecido en la SC 1644/2004 de 11 de octubre, consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso Sobre el particular, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, concluyó de un análisis de la justicia material como finalidad del sistema de administración de justicia boliviano, que la Ley del Órgano Judicial vigente, limita la posibilidad de declarar la nulidad a los casos estrictamente necesarios instituidos en la Ley. De igual forma, la Sentencia Constitucional precitada, estableció que:
“…en grado de apelación los tribunales ad quem en materia civil deben considerar al menos:
i) Se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales lo que ocasiona que las nulidades deban encontrarse expresamente previstas en la ley. ii) Las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal. iii) La nulidad no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, lo que concuerda con el principio general del derecho que establece que ‘Nadie puede alegar su propia torpeza’. iv) No puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión. v) La declaratoria de nulidad imputable a la deficiente tramitación del órgano de administración de justicia debe generar responsabilidad funcionaria” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
8 En su F.J. IIII.2 señala que “La SC 2054/2010-R de 10 de noviembre, estableció: ‘En ese mismo orden, en cuanto a las apelaciones se refiere, el art. 236 del CPC, establece que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y debida fundamentación; Auto de Vista que podrá ser confirmatorio o revocatorio, total o parcial, en cada caso, o anulatorio o repositorio, de acuerdo con lo previsto por el art. 237 del citado código. En ese mismo sentido, tal como señala la SC 0863/2003-R de 25 de junio,«…el Juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley».
Ahora bien, la nulidad, conforme a lo establecido en la SC 1644/2004, de 11 de octubre, consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso”. En ese mismo contexto, la citada SC 863/2003-R determinó que: “si bien el art. 15 LOJ, faculta a los tribunales de manera general a declarar nulos los actos procesales en los que adviertan vicios, dicha disposición debe ser interpretada en concordancia con otras, pues en materia civil el art. 251 CPC, dispone expresamente que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley…’”.
Finalmente, cabe destacar que la SCP 1402/2012 de 19 de septiembre, estableció que:
“Para la conformación de una sociedad justa y armoniosa con plena justicia social (art. 9.1 de la CPE), el legislador no sólo estableció, en el proceso civil, derechos, obligaciones y cargas procesales para las partes, sino que para alcanzar dicho objetivo impuso también deberes a los jueces y tribunales de apelación y/o casación, en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos. Ello obedece en la noción de la falibilidad humana, pues el juez o tribunal que conoce la causa puede equivocarse en la aplicación del derecho, en la valoración de la prueba o en cualquier otro elemento esencial de la tramitación de la causa; sin embargo, su labor fiscalizadora no es absoluta ni discrecional, ya que se encuentra limitada por la propia ley”.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso -se entiende en su elemento valoración de la prueba- y a la “seguridad jurídica”; toda vez que, los demandados, a través del Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, confirmaron el Auto del inferior haciendo una mala valoración de la prueba, puesto que validaron la personería de la representante legal de la entidad demandante, sin considerar que su denominación es confusa y por lo tanto le causa agravio.
De los antecedentes establecidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso monitorio y de ejecución sobre ejecución coactiva de sumas de dinero, seguido por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Ltda.” (sic), contra de Justina Quispe Blanco y Daniel Achu Hualpa, la prenombrada interpuso incidente de nulidad de demanda mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2018 ante el “Juez Público Civil Segundo del departamento de Pando” (sic), solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta “fojas 26”. Resuelto que fue a través de Auto de 15 de noviembre de igual año, rechazando el mismo (Conclusión II.1). En ese entendido, mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, la accionante planteó reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 15 de igual mes y año. Resuelto por Auto de 4 de enero de 2019, manteniendo firme la resolución cuestionada y concediendo el recurso de apelación en el efecto devolutivo (Conclusión II.2). Así, a través de Auto de Vista 104/2020 de 27 de febrero, los ahora demandados resolviendo la apelación planteada determinaron confirmar el Auto cuestionado. Decisión que fue notificada a la impetrante de tutela el 20 de marzo de 2020 (Conclusión II.3). Delimitado el problema jurídico, entrando al análisis de fondo, la solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos invocados; ya que los demandados confirmaron la resolución del incidente de nulidad planteado, sin valorar que la denominación de la entidad demandante en el proceso ejecutivo, fue variable a lo largo del mismo, lo cual no debió convalidarse. Inicialmente, corresponde señalar que a efectos de superar la barrera procesal de la inmediatez en el presente caso, conforme a lo desarrollado, el cómputo de los seis meses, debe efectuarse desde el 21 de marzo de 2020, mismo que finalizaba el 21 de septiembre de ese año; no obstante, para realizar dicho cálculo es preciso considerar lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional; en tal sentido, corresponde sumar a dicho plazo los tres meses referidos en los Fundamentos Jurídicos citados; resultando que el plazo de inmediatez se cumplía el 21 de diciembre de 2020; consiguientemente, al haber sido presentada la acción de amparo constitucional el 21 de octubre de 2020, se tiene que fue planteada dentro del plazo previsto en el art. 55.II del CPCo. Superado lo anterior e identificados los supuestos actos ilegales cometidos en el ámbito del procedimiento civil, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, es menester recordar que la trascendencia del debido proceso se encuentra en su íntima vinculación con la realización del valor justicia en el procedimiento; es decir que, su importancia está ligada a la búsqueda del orden justo, ello, considerando que no es sólo poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales y los derechos fundamentales que por su carácter no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes. Bajo ese marco, y revisados los antecedentes del proceso se tiene que el Auto de Vista ahora confutado en su contenido respecto de lo denunciado por la hoy impetrante de tutela, señala lo siguiente:
“(i).- De la revisión de antecedentes se tiene que es evidente que el nombre del demandante, como persona jurídica es Cooperativa de Ahorro y Crédito abierto Jesús Nazareno LTDA, también que efectivamente se ha utilizado Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno LTDA y Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno: por lo cual señala la recurrente que al tratarse de otras personas jurídicas corresponde la nulidad. Las nulidades procesales no son un tema de defensa de meras formalidades, en materia de nulidades procesales existen principios que deben ser tomados en cuenta al momento de declarar una nulidad, como el principio de especificidad o legalidad, porque no hay nulidad sin ley específica que la establezca, que se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad, el principio de Trascendencia, pues la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio, no puede admitirse la nulidad por nulidad, se debe tomar en cuenta el perjuicio real que ocasiona, se declara la nulidad únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad. En este análisis, el Juez señala que la Cooperativa Jesús Nazareno es una persona jurídica, y ésta es de ahorro y crédito abierta y Empresa Comercial de Responsabilidad Limitada, que el hecho que se consigne el denominativo de la misma en diferentes actuados no quiere decir que se trate de tres personas diferentes, y la recurrente señala en apelación, que el hecho que no se consigne el mismo denominativo de la Institución jurídica en los diferentes actuados, sí se trataría de tres personas jurídicas diferentes, como también que el cambio adición o rectificación del nombre tiene legalmente formalidades que cumplir. Es evidente que para el cambio adición o rectificación legalmente existen formalidades que cumplir, que en el caso no ocurre, lo que sucedió es que no en todos los actuados se utilizó el nombre completo de la entidad demandante y formalmente el utilizar Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno LTDA y Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno cuando el nombre completo es Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto Jesús Nazareno LTDA, por su formalidad podría tratarse de otras instituciones, pero en el presente caso no ocurre este extremo, pues no hay ninguna prueba que establezca que la entidad demandante sea otra institución diferente y que por ello no tenga legitimación para demandar, diferente sería que algún respaldo establezca que se trate de otra entidad y no la que está legitimada para demandar en el caso presente por el principio de especificidad o legalidad, no se tiene una norma específica que establezca la nulidad al respecto y por el principio de Trascendencia, si bien formalmente el no consignar el nombre completo de la persona jurídica podría tratarse de una persona jurídica diferente, empero es solo en cuanto a la formalidad, pues en el presente caso no hay ningún respaldo para establecer que se trate de otra persona jurídica, tampoco se identifica cual el daño o perjuicio real o irreparable que ha causado, que conduzca a la declaración de nulidad, por lo que no se afectó al debido proceso o seguridad jurídica (ii).- En cuanto al Certificado de gravamen, señala que la institución que le puede cobrar es la Cooperativa de Crédito Abierto Jesús Nazareno LTDA y no la Cooperativa Jesús Nazareno LTDA o Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno; es cierto que el nombre completo de la institución es Cooperativa de Crédito Abierto Jesús Nazareno LTDA, siendo la persona jurídica que tiene legitimación para demandar, empero como se ha señalado, que la persona jurídica no haya utilizado el nombre completo en todos los actuados, no establece que sea otra persona jurídica, distinta a la legitimada para demandar. (iii).- La recurrente señala que en el punto cuatro del poder, de manera contradictoria dice “actuando individualmente podrá”, pero que sería ambiguo, que debía indicar con claridad a cuál de los apoderados se refiere que puede actuar individualmente; el Poder 328/2015 de fecha 15 de septiembre de 2015, no es ambiguo, si hubiera la especificación cuál de los apoderados puede actuar Individualmente o la especificación de que no pueden actuar individualmente, tendría que cumplirse, pero no hay ninguna cláusula que establezca que deban actuar de manera conjunta” (el resaltado es agregado).
Así, resuelto el Auto de Vista ahora observado, en correspondencia con el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, la competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; en ese entrever, en el caso concreto, es menester identificar si existió una mala valoración de la prueba conforme reclama la accionante, o más precisamente, si existió una valoración irrazonable de la prueba. Entonces, revisado el Auto de Vista ahora observado, se tiene que en el mismo, los demandados respondieron lo cuestionado, no siendo evidente que no hubiesen valorado la prueba -más propiamente antecedentes del proceso- puesto que se evidencia que se revisaron los actuados a fin de constatar que realmente hubo denominaciones distintas de la entidad demandante a lo largo del proceso; no obstante, advierten que aquello estaría ligado a la formalidad, puesto que no se verifica ningún respaldo para establecer que por la diferencia del denominativo, se trate de otra persona jurídica, concluyendo además que dicha situación no causa daño o perjuicio real o irreparable, dado que no se afectó al debido proceso o seguridad jurídica, denotándose que sí revisaron el cuaderno a fin de determinar que las denominaciones reclamadas como dispersas, corresponden a la entidad demandante, consignando el nombre correcto y completo a su vez; por lo que en este punto no se advierte una valoración irrazonable o mala valoración de la prueba, por lo que corresponde denegar la tutela. Con referencia a la personería de la representante legal de la “Cooperativa”, que en esta acción se demanda que por el error en la denominación del nombre no debía ser aceptada por los Vocales; en realidad es un extremo que no fue denunciado en el incidente de nulidad planteado y menos en la apelación a objeto de la Resolución por los ahora demandados, ya que respecto a la representación se denunció que los antes representantes legales Johanns Enzo Arduz Sequeiro; Y, Douglas Preto Arza Davieds, no suscribieron la demanda coactiva, siendo que ambos fueron designados en forma indivisible e inmodificable por la palabra “Y”, y a efecto de ello que el “Poder 328/2015” sería ambiguo en su cláusula Cuarta que señala “Actuando individualmente…”, cuando debería ser específico sobre a cuál de los representantes se refiere; entonces, esta denuncia no puede ser resuelta en esta instancia tal como está planteada puesto que no condice con lo denunciado en las instancias ordinarias, y por lo tanto menos puede ser revisada en la instancia constitucional, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno. Ahora bien, a mayor abundamiento y en el entendido de que la accionante pretende la nulidad de obrados del proceso coactivo hasta la demanda debido a que el nombre de la entidad demandante sería diverso en los diferentes actuados y además cuestiona la representación de los patrocinadores de la misma, corresponde remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, que señala que en grado de apelación en materia civil las nulidades deben reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso, para pedir dicha declaración, esto porque esa conducta no condice con el principio de lealtad procesal, no pudiendo originarse en la negligencia de la parte procesal que solicita la misma, ni puede declararse nulidad por actos que la parte procesal haya consentido o convalidado, en general las nulidades están reservadas a situaciones en las que se generó indefensión. En ese entendido, lo determinado por los Vocales demandados, se enmarca dentro de lo establecido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo, puesto que se hace evidente que en cuanto a la nulidad de la demanda por observancia del denominativo de la entidad demandante en el proceso y en el Poder de representación, en todo caso debió haber sido reclamada a través de una excepción previa conforme a procedimiento; empero, al no haberlo hecho convalidó las actuaciones, cuando, como ya se dijo, las nulidades deben reclamarse oportunamente, y no permitir el avance del proceso a sabiendas de la existencia de un defecto, puesto que aquello en realidad se configura como una negligencia de la parte procesal que solicita la nulidad, máxime si en su reclamo no demuestra cómo fue que se le generó indefensión. Consiguientemente, al encontrarse el Auto de Vista observado plenamente sustentado por los demandados respecto a las nulidades procesales en base a los antecedentes del proceso, no se hace evidente la vulneración del debido proceso en su componente valoración de la prueba. Finalmente, respecto a la presunta lesión del derecho a la “seguridad jurídica”, corresponde mencionar que la accionante se limitó a realizar una simple enunciación, sin hacer ninguna precisión ni fundamentación sobre cómo fue lesionado el mismo, consiguientemente, no corresponde otorgar la tutela solicitada. Por lo precedentemente desarrollado, la Sala Constitucional al denegar la tutela obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/20 de 26 de octubre de 2020, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”
4 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ‘Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.’”
6 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
7 En su F.J. III.3, refiere: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): ac03cb8a4ffead0a7996c805e116501ff72ec4bed11ae5525396a855a7d6e806
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →