Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 22 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de verdad material y legalidad; puesto que: i) Los Fiscales de Materia ahora coaccionados mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, rechazaron la denuncia que presentó contra los funcionarios públicos ahora terceros interesados; sin ninguna fundamentación, motivación ni valoración de los elementos probatorios adjuntos; y, ii) El Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, con una falta de objetividad ratificó la referida Resolución Fiscal de Rechazo sin una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; ya que: a) Manifestó que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados; a pesar que dentro del proceso penal de referencia no se tenía imputación alguna; b) Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar al Informe Legal “LS/XP/Y14” y a las declaraciones informativas, demostrando una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad; c) Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del IDH; d) Únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 111 de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 886 vta. a 889, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al ex Fiscal Departamental de Santa Cruz; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019; y, b) La emisión de una nueva Resolución Fiscal Departamental por parte del Fiscal Departamental de Santa Cruz, motivada, fundamentada y con congruencia interna y externa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada sobre la incongruencia alegada respecto a la calificación de los hoy terceros interesados como imputados y sobre la valoración y motivación de las modificaciones presupuestarias, así como con relación a los Fiscales de Materia ahora coaccionados y respecto a la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018; y,
3º DISPONER que la Contraloría General del Estado haga conocer todos los antecedentes del proceso penal del cual deviene esta acción de amparo constitucional, a la Procuraduría General del Estado con la finalidad de unificar la representación del Estado en resguardo y defensa de sus intereses.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2023-S3 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 43383-2021-87-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 111 de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 886 vta. a 889, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio Gustavo Villarroel Saavedra, Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado contra Mirael Salguero Palma, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, Marcela Eliana Terceros Montealegre, Virginia Plácida Moscoso Morales y Richard Camacho Caiguara, Fiscales de Materia.
La entidad accionante a través de su representante legal por memoriales presentados el 9 y 24 de agosto de 2021, cursantes de fs. 106 a 116, y 232 a 237, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona, presentada el 27 de junio de 2014, contra Rubén Darío Cuellar Suarez, Prefecto; Pedro Vargas Hurtado, Jefe de Unidad de Finanzas; Marcelo Suarez Bello, Director Departamental de Administración y Finanzas; Rodolfo Raúl Sanjinés Elizagoyen, Secretario General; Aldo Vaca Rapp, Secretario; Fernando Soria Galvarro Bort, Director de la Unidad de Presupuesto; y, Jesús Marco López Martínez, Saúl Omar Rodríguez Méndez, Roxana Vaca de Mayser, Marioly Landívar Egüez, Jorge Aldunate Salvatierra, Jesús Enrique Aponte Rivero, Ángel Rubén Virieux Pérez, Olwis Elmar Vaca Diez Vaca Diez, Ronald Francisco Justiniano Aguilera, Juan Carlos Parada Landívar, Gonzalo Claver Cortez, Jaime Pareja Román, Consejeros Departamentales todos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 144, 153, 154 y 199, 203 del Código Penal (CP) respectivamente, cometidos durante el proceso de ejecución de gastos del “Programa DRIPAD PMA FASE II”; pese a que la denuncia fue presentada con todas las pruebas pertinentes que demostraban la participación y autoría de los nombrados funcionarios públicos hoy terceros interesados, el 23 de abril de 2018, los Fiscales de Materia ahora coaccionados emitieron la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, por la cual rechazaron la mencionada denuncia sin ninguna fundamentación, motivación ni valoración, señalando que no se habrían aportado elementos suficientes para fundar una acusación. Una vez que la entidad accionante fue notificada con la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, planteó la correspondiente objeción alegando que dicha Resolución Fiscal carecía de una adecuada fundamentación y motivación al no considerar toda la prueba aportada en la denuncia y referirse a delitos que no fueron denunciados. Al respecto, el Fiscal Departamental hoy accionado mediante Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, confirmó la Resolución Fiscal de Rechazo objetada sin exponer una adecuada fundamentación en cuanto a la desestimación de la prueba aportada. Así, el Fiscal Departamental ahora accionado al pronunciar la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19: a) Señaló que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados, pese a que dentro del proceso penal de referencia no se tenía ninguna imputación; lo cual demuestra una absoluta incongruencia y falta de objetividad de la citada Resolución Fiscal Departamental; b) Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar el Informe Legal “LS/XP/Y14” y las declaraciones informativas, demostrando con ello una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad; c) Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al margen de lo establecido en el Decreto Supremo (DS) 28421 de 21 de octubre de 2005; y, d) Incurrió en incongruencia, ya que únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, para luego exponer argumentos relativos al delito de prevaricato, sin percatarse que la denuncia no fue planteada por este último delito. En ese sentido, las determinaciones asumidas tanto por los Fiscales de Materia ahora coaccionados, como por el Fiscal Departamental hoy accionado carecen de una debida fundamentación, motivación y congruencia, ocasionando que los hechos cometidos por los funcionarios públicos hoy terceros interesados en detrimento del patrimonio del Estado queden impunes, pese a que según el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE), los delitos de corrupción son imprescriptibles.
La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de verdad material y legalidad; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Declarar nulas y sin valor legal la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 y la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019; y, 2) La prosecución de las investigaciones hasta alcanzar la verdad histórica de los hechos.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 56 de 26 de agosto de 2021, cursante de fs. 238 a 239, dio por no presentada esta acción de amparo constitucional; consecuentemente, la entidad accionante por memorial presentado el 1 de octubre del mismo año, cursante de fs. 241 a 245 vta., impugnó dicha determinación.
Por Auto Constitucional (AC) 0235-BIS/2021-RCA de 9 de diciembre, cursante de fs. 249 a 257, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 56 de 26 de agosto de 2021, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción tutelar, debiendo pronunciarse resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 879 a 886, se produjeron los siguientes actuados:
La entidad accionante a través de su representante legal, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) Los hechos denunciados contra los funcionarios públicos hoy terceros interesados no se encontraban dentro de los proyectos de inversión de los recursos del IDH conforme al DS 28421; ii) Los Fiscales de Materia hoy coaccionados al emitir la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, no se pronunciaron ni fundamentaron porqué desestimaron la prueba presentada junto con la denuncia, no habiendo siquiera revisado la misma, consistente en “…uniforme de opinión legal número LS/L070/10 de 17 de abril del 2014, (…) una carga Nº 10392.0, asimismo hay documento relacionado con la categoría programática 4000.04.00 programas DMA fase 2, (…) una resolución del consejo departamental Nº 116/05 del 30 de noviembre de 2005 y sus anexos, (…) un oficio OF.UP.DDAF Nº 091/2005 de 21 de Diciembre de 2005 y su documentación adjunta, (…) una resolución ministerial Nº 805 y 875 de 29 y 30 de diciembre de 2005 junto a sus informes técnicos y respaldo de documentación adjunta de los mismos, (…) certificación presupuestaria CP.UP.DDAF. Nº 2004 - 2005 de 22 de diciembre de 2005, (…) una comunicación CLDJR.DRIPAD Nº 0244/2005 de 20 de diciembre de 2005, (…) una comunicación interna CI.DIR.DRIPAD Nº 0252/05 de 30 de diciembre de 2005, (…) comprobantes de contabilidad Nº 13317 y nota de débito Nº 2623-05 de 29 de Diciembre de 2005, (…) comprobante de contabilidad Nº 16477 de 29 diciembre de 2005, (…) Cheque Nº 21282 del 29 de Diciembre de 2005, (…) nota de débito Nº 2623-05 de 29 de diciembre de 2005 y extracto bancario reportado, (…) manual de funciones general de unidades de la prefectura aprobado por resolución prefectural 408/2004 de 27 de septiembre de 2004…” (sic); y, iii) La Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, se refirió a delitos que no fueron denunciados, como ser peculado, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y falsedad material.
Roger Rider Mariaca Montenegro, actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 454 a 461, así como en audiencia, por intermedio de Fabiola Villegas Zelaya, Fiscal de Materia, manifestó que: a) La Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, cumpliendo con todos los parámetros establecidos por ley, respondiendo de manera clara a todos los puntos objetados por la entidad accionante, explicando además todos los actuados realizados por los Fiscales de Materia ahora coaccionados; b) La entidad accionante no señaló que incidencia podría tener el supuesto acto ilegal en la decisión de fondo asumida por la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, debiendo tomarse en cuenta lo establecido en la SCP 0155/2019-S2 de 24 de abril, sobre la relevancia constitucional del supuesto hecho lesivo; c) Los Fiscales de Materia hoy coaccionados actuaron en coherencia con los elementos que cursaban en el cuaderno de investigación; d) La entidad accionante no demostró de qué manera la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 habría vulnerado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, e) En cuanto a que en el proceso penal de referencia no existiría ningún imputado, el art. 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que “…se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal…” (sic), no siendo evidente la incongruencia reclamada al respecto. Marcela Eliana Terceros Montealegre, Virginia Plácida Moscoso Morales y Richard Camacho Caiguara, Fiscales de Materia, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni remitieron informe alguno, pese a su legal citación, cursantes a fs. 294, 445 y 440 respectivamente.
María Dely Atiare Salazar, Directora Departamental de Santa Cruz de la Procuraduría General del Estado a través de su abogado en audiencia, manifestó que: 1) Esa entidad no tuvo conocimiento en ningún momento sobre el proceso penal seguido por la entidad accionante contra los ahora terceros interesados; 2) Al inicio de cada gestión, todas las autoridades judiciales son notificadas con la resolución procuradurial que determinó en qué tipo de procesos intervendrá esa entidad, no habiéndose cumplido ello con relación al proceso penal del cual deviene esta acción de defensa; 3) En caso de denegarse la tutela, se acudirá a las correspondientes vías ordinarias y en caso de ser necesario, a las vías extraordinarias, con la finalidad de reparar la omisión de su participación; 4) La entidad accionante carece de legitimación activa para interponer esta acción tutelar. Tampoco estaba facultada para objetar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, lo cual debió ser observado por el Fiscal Departamental ahora accionado; y, 5) La Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, no cumplió con las exigencias elementales requeridas por la normativa, encontrándose carente de fundamentación y motivación; ya que se limitó a indicar que la referida Resolución Fiscal de Rechazo objetada estaría conforme a derecho, cuando resulta evidente que la misma fue pronunciada sin agotar todos los medios investigativos apartándose de los principios de legalidad y objetividad que rigen la labor del Ministerio Público. Betty Carolina Ortuste Tellería, Directora del Servicio Jurídico Departamental (SJD) y Vanessa Egüez Añez Directora de Asuntos Contenciosos (DAC), en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 860 a 877, así como en audiencia, manifestó que: i) La entidad accionante no estableció el nexo de causalidad entre los derechos supuestamente vulnerados y los hechos denunciados, omitiendo señalar cual fue la deficiencia argumentativa y la errada labor interpretativa por parte de las autoridades ahora accionadas; ii) La entidad accionante no tomó en cuenta la teoría de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, establecida en numerosos fallos constitucionales, con la finalidad de verificar si la labor interpretativa de las autoridades ahora accionadas fue insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente; pretendiendo que la jurisdicción constitucional actúe como un tribunal casacional; iii) La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar una nueva valoración de la prueba aportada, correspondiendo esa labor a la jurisdicción ordinaria; y, iv) La entidad accionante se limitó a señalar los elementos probatorios presentados junto con la denuncia, omitiendo exponer las razones por las que consideró que dichos elementos fueron interpretados de manera errónea. Marcelo Suarez Bello, Director Departamental de Administración y Finanzas y Fernando Soria Galvarro Bort, Director de la Unidad de Presupuesto, ambos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz, a través de su abogado, en audiencia manifestaron que: a) De conformidad con la SCP 1244/2015-S3 de 9 de diciembre, pronunciada en un caso similar al presente, se tiene que la entidad accionante no cuenta con legitimación activa para presentar esta acción de defensa, estando limitada su participación al establecimiento de indicios de responsabilidad penal y la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público; siendo la Procuraduría General del Estado la entidad con legitimación activa en casos donde el Estado tenga participación o interés, como el presente caso; b) La entidad accionante no cumplió con los presupuestos establecidos en la doctrina de las auto restricciones para que la jurisdicción constitucional ingrese a la revisión de la prueba aportada, correspondiendo declarar la improcedencia de esta acción de defensa; c) La entidad accionante no identificó qué pruebas no fueron valoradas por las autoridades ahora accionadas, ni el valor que tendría cada una de ellas; d) La presente acción de defensa debió plantearse únicamente contra el Fiscal Departamental ahora accionado y no así contra los Fiscales de Materia hoy coaccionados, quienes carecen de legitimación pasiva; y, e) La Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, cumplió con los estándares mínimos para contar con una adecuada y suficiente motivación y fundamentación; ya que expuso una relación de los hechos, realizó una valoración descriptiva de los elementos probatorios recolectados en la etapa investigativa, presentó una valoración intelectiva de los mismos, y expuso las razones jurídicas de su determinación. En efecto, no es verdad que las autoridades ahora accionadas hubieran vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Rubén Darío Cuellar Suarez, ex Prefecto, Pedro Vargas Hurtado, ex Jefe de Unidad de Finanzas, Rodolfo Raúl Sanjinez Elizagoyen, ex Secretario General, Aldo Vaca Rapp, Secretario; Jesús Marco López Martínez, Saúl Omar Rodríguez Méndez, Roxana Vaca de Mayser, Marioly Landívar Egüez, Jorge Aldunate Salvatierra, Jesús Enrique Aponte Rivero, Ángel Rubén Virieux Pérez, Olwis Elmar Vaca Diez Vaca Diez, Ronald Francisco Justiniano Aguilera, Juan Carlos Parada Landívar, Gonzalo Claver Cortez y Jaime Pareja Román, ex Consejeros Departamentales todos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar pese a su notificación cursante a fs. 342, 436, 510, 556, 602, 607 y 608. Resolución Fiscal notificada a la entidad accionante, el 10 de febrero de 2021 (fs. 2).
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 111 de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 886 vta. a 889, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la lectura de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, se tiene que el Fiscal Departamental ahora accionado expuso de manera amplia y clara las razones y fundamentos jurídicos de su decisión, realizando un análisis del caso concreto, y valorando de manera integral todos los elementos que cursan en antecedentes; 2) El Fiscal Departamental ahora accionando bajo el principio de objetividad, refirió que no concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal denunciado que permitan fundar una eventual imputación formal; asimismo, señaló que en la fase investigativa no se logró obtener los suficientes elementos que generen la convicción necesaria para la emisión de otro requerimiento conclusivo; por lo que decidió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 objetada; 3) Si bien la motivación y fundamentación expuesta por el Fiscal Departamental hoy accionado no es ampulosa; sin embargo, expresa de manera clara las razones por las que asumió la decisión de ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia ahora coaccionados; no siendo evidente la falta de fundamentación, motivación y congruencia denunciada por la entidad accionante; y, 4) En virtud a la doctrina de las auto restricciones, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de valorar la prueba presentada; puesto que, la entidad accionante no aportó la suficiente carga argumentativa para efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba cuestionada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 27 de junio de 2014, Alfredo Lorenzo Villca Cari, entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado, denunció ante el Ministerio Público a Rubén Darío Cuellar Suarez, Prefecto; Pedro Vargas Hurtado, Jefe de Unidad de Finanzas; Marcelo Suarez Bello, Director Departamental de Administración y Finanzas; Rodolfo Raúl Sanjinés Elizagoyen, Secretario General; Aldo Vaca Rapp, Secretario; Fernando Soria Galvarro Bort, Director de la Unidad de Presupuesto; y, Jesús Marco López Martínez, Saúl Omar Rodríguez Méndez, Roxana Vaca de Mayser, Marioly Landívar Egüez, Jorge Aldunate Salvatierra, Jesús Enrique Aponte Rivero, Ángel Rubén Virieux Pérez, Olwis Elmar Vaca Diez Vaca Diez, Ronald Francisco Justiniano Aguilera, Juan Carlos Parada Landívar, Gonzalo Claver Cortez, Jaime Pareja Román, Consejeros Departamentales todos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 144, 153, 154, 199 y 203 del CP (fs. 38 a 102); mereciendo la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, emitido por Marcela Eliana Terceros Montealegre, Virginia Plácida Moscoso Morales y Richard Camacho Caiguara, Fiscales de Materia -ahora coaccionados-, quienes en aplicación del art. 304 inc. 3) del CPP en concordancia con el art. 40.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), rechazaron la referida denuncia por no contar con suficientes indicios o elementos de convicción para requerir la imputación formal (fs. 20 a 33). II.2. Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2019, ante el Fiscal de Materia de la Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción 2, por el entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado, quien objetó la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 (fs. 16 a 19 vta.); siendo resuelto por Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, por la cual Mirael Salguero Palma, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora accionado- resolvió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018 objetada (fs. 2 a 15). Resolución Fiscal notificada a la entidad accionante, el 10 de febrero de 2021 (fs. 2).
La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de verdad material y legalidad; puesto que: i) Los Fiscales de Materia ahora coaccionados mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, rechazaron la denuncia que presentó contra los funcionarios públicos ahora terceros interesados; sin ninguna fundamentación, motivación ni valoración de los elementos probatorios adjuntos; y, ii) El Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, con una falta de objetividad ratificó la referida Resolución Fiscal de Rechazo sin una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; ya que: a) Manifestó que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados; a pesar que dentro del proceso penal de referencia no se tenía imputación alguna; b) Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar al Informe Legal “LS/XP/Y14” y a las declaraciones informativas, demostrando una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad; c) Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del IDH; d) Únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, para luego exponer argumentos relativos al delito de prevaricato, sin percatarse que la denuncia no fue planteada por este último delito; y, e) Omitió considerar que según el art. 112 de la CPE, los delitos de corrupción son imprescriptibles. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0755/2019-S1 de 26 de agosto, refirió que: «Con relación a la debida fundamentación y motivación que deben contener las resoluciones emitidas por los Fiscales en la etapa investigativa, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, indicó que: “...los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: ‘...toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos…’”» (el resaltado nos corresponde). Por su parte, la SCP 0279/2019-S1 de 22 de mayo determinó que: “...la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión...” (las negrillas son nuestras). En cuanto al deber de fundamentar y motivar las resoluciones de rechazo de denuncia, la SCP 0924/2013 de 20 de junio, concluyó que: “...el art. 40.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), dentro de las atribuciones de los fiscales de materia establece la de: ‘Resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley’, debiéndose entender que la resolución que resuelve su objeción también debe encontrarse debidamente fundamentada, máxime cuando el art. 57 de la misma, norma establece que: ‘Las y los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias, en el juicio y por escrito, en los demás casos que la Ley disponga observando las formas procesales que correspondan’; es decir, que los requerimientos de rechazo deben encontrarse razonados y con el debido sustento legal, sin que ello implique la exposición exagerada de consideraciones o citas legales sino más bien que contenga una estructura de forma y de fondo justificable, de tal manera que permita a las partes conocer las razones por las cuáles se ha tomado tal determinación; así el art. 304 del CPP, determina: ‘El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando: 1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él; 2) No se haya podido individualizar al imputado; 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los incs. 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser [modificada] mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso’” (las negrillas fueron agregadas).
La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1244/2015-S3 de 9 de diciembre, señaló que “La Constitución Política Estado, reconoce tanto a la Contraloría General del Estado, como a la Procuraduría General del Estado funciones específicas; así, respecto a la primera entidad, establece: ‘Art. 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad, se determinaran por la ley. (...) Art. 217.
I. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior a las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. Lasupervisión y el control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo’. Por su parte, en cuanto a la Procuraduría General del Estado, la Norma Suprema, dispone lo siguiente: ‘Art. 229. La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura serán determinadas por la ley. (...) Art. 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución y la ley:
1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley. 2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado.
3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan.
4. Requerir a las servidoras públicas o los servidores públicos, ya las personas particulares, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por ninguna causa ni motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes. 5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas o servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado.
6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el Control Social, en los casos en que se lesionen los intereses del Estado.
7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. 8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia’. Asimismo, las competencias constitucionalmente establecidas para la Procuraduría General del Estado, fueron legisladas en la normativa especial contenida en la Ley de la Procuraduría General del Estado -Ley 064 de 5 de diciembre de 2010-; y en concordancia con los preceptos enunciados en la esfera penal, la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, al referirse a la representación del Estado, señala: ‘Artículo 7.- (Representación del Estado). La Procuraduría General del Estado, podrá participar e intervenir en aquellas causas penales por delitos que afecten a los intereses del Estado, sin necesidad de constituirse en parte querellante, pudiendo plantear y/o solicitar cuanta diligencia y/o recurso franqueé la Ley’.
Bajo el plexo jurídico expresado, se concluye que la Norma Suprema en el ‘Título V. FUNCIONES DE CONTROL, DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y DE DEFENSA DEL ESTADO’, instituye dos entes de orden público y competencia nacional, determinando por una parte, que la Contraloría General del Estado se constituye en una institución encargada del control de la administración de las entidades públicas, pudiendo en esa labor determinar indicios de responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva y penal, emergentes de la supervisión y control externo posterior que pudiere realizar en las entidades públicas; y por otra, la Procuraduría General del Estado que tiene como función esencial la defensa del Estado, a través de atribuciones que se encuentran previstas en la Constitución Política del Estado y en la normativa especial que la regula, dentro de las cuales se encuentra la facultad de asumir defensa en representación del Estado en el ámbito judicial, así como interponer recursos ordinarios y acciones tendientes a precautelar los intereses del Estado, resultando en una potestad inherente a la naturaleza y objeto de creación de esta Institución. En ese sentido, de acuerdo al mandato establecido por la Constitución Política del Estado, genéricamente la Procuraduría General del Estado, tiene plena facultad y competencia para intervenir en procesos y/o acciones tanto judiciales como administrativas, asumiendo la representación jurídica del Estado, como sujeto procesal de pleno de derecho, en circunstancias en las que los intereses del Estado se encuentren en disputa o controversia, a fin de precautelar los mismos” (las negrillas son nuestras).
La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, y de los principios de verdad material y legalidad; puesto que: 1) Los Fiscales de Materia ahora coaccionados mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, rechazaron la denuncia que presentó contra los funcionarios públicos ahora terceros interesados; sin ninguna fundamentación, motivación ni valoración de los elementos probatorios adjuntos; y, 2) El Fiscal Departamental ahora accionado a través de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019, con una falta de objetividad ratificó la referida Resolución Fiscal de Rechazo sin una adecuada fundamentación, motivación y congruencia; ya que: i) Manifestó que los elementos de convicción deben ser suficientes para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados; a pesar que dentro del proceso penal de referencia no se tenía imputación alguna; ii) Omitió considerar toda la prueba presentada junto con la denuncia, limitándose a señalar al Informe Legal “LS/XP/Y14” y a las declaraciones informativas, demostrando una falta de objetividad e incumplimiento de los principios de verdad material y legalidad; iii) Con una escasa valoración, se limitó a señalar que se aprobaron las modificaciones presupuestarias, sin tomar en cuenta que esa aprobación no se constituye en una autorización expresa de gasto, y menos de que se disponga recursos del IDH; iv) Únicamente se refirió al delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, para luego exponer argumentos relativos al delito de prevaricato, sin percatarse que la denuncia no fue planteada por este último delito; y, v) Omitió considerar que según el art. 112 de la CPE, los delitos de corrupción son imprescriptibles. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado, mediante memorial presentado el 27 de junio de 2014, denunció ante el Ministerio Público a Rubén Darío Cuellar Suarez, Prefecto; Pedro Vargas Hurtado, Jefe de Unidad de Finanzas; Marcelo Suarez Bello, Director Departamental de Administración y Finanzas; Rodolfo Raúl Sanjinés Elizagoyen, Secretario General; Aldo Vaca Rapp, Secretario; Fernando Soria Galvarro Bort, Director de la Unidad de Presupuesto; y, Jesús Marco López Martínez, Saúl Omar Rodríguez Méndez, Roxana Vaca de Mayser, Marioly Landívar Egüez, Jorge Aldunate Salvatierra, Jesús Enrique Aponte Rivero, Ángel Rubén Virieux Pérez, Olwis Elmar Vaca Diez Vaca Diez, Ronald Francisco Justiniano Aguilera, Juan Carlos Parada Landívar, Gonzalo Claver Cortez, Jaime Pareja Román, Consejeros Departamentales todos de la entonces Prefectura del departamento de Santa Cruz -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 144, 153, 154, 199 y 203 del CP; mereciendo la Resolución Fiscal de Rechazo, por la cual los Fiscales de Materia ahora coaccionados en aplicación del art. 304 inc. 3) del CPP en concordancia con el art. 40.11 de la LOMP, rechazaron dicha denuncia por no contar con suficientes indicios o elementos de convicción para requerir una imputación formal (Conclusión II.1.). En efecto, una vez notificada esa determinación, el entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado por memorial presentado el 28 de junio de 2019, planteó objeción al rechazo de denuncia, que fue resuelta por el Fiscal Departamental hoy accionado, quien a través de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 resolvió ratificar la Resolución Fiscal objetada (Conclusión II.2.). En ese sentido y con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada; toda vez que la entidad accionante identificó como uno de los actos lesivos a la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, es necesario precisar que en virtud al principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa, el análisis de la problemática planteada se efectuará a partir de la última resolución emitida; es decir, la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19; ya que la misma tuvo la oportunidad de corregir y enmendar la Resolución Fiscal de Rechazo pronunciada por los Fiscales de Materia ahora coaccionados, la cual no será objeto de ningún análisis, no correspondiendo considerar la petición de dejar sin efecto dicha Resolución Fiscal.
En ese orden, de acuerdo con los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, se tiene que toda decisión emitida dentro de un proceso judicial o administrativo debe contar con la debida fundamentación, motivación y congruencia, expresando los motivos de hecho como de derecho en los que basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba; dejando pleno convencimiento en los sujetos procesales de que no había otra forma de resolver los hechos puestos a su conocimiento, sino en la forma como se decidió; asegurando además, la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los aspectos denunciados por la entidad accionante en esta acción tutelar son evidentes o no. En ese marco, en lo pertinente para la resolución de esta acción de defensa, del memorial de objeción presentado por el entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado, se advierte que la entidad accionante denunció que los Fiscales de Materia hoy coaccionados al pronunciar la Resolución Fiscal de Rechazo: a) De manera ilógica señalaron que los elementos aportados no fueron suficientes para fundar una imputación formal, cuando la denuncia fue presentada con toda la prueba documental que demuestra los hechos denunciados y la participación de cada uno de los funcionarios públicos ahora terceros interesados, adecuando su conducta al tipo penal denunciado; y, b) Desestimaron la prueba presentada, consistente en “1. Informe circunstanciado de hechos de fecha 10/02/2014 y anexo 1. 2. Informe de Opinión Legal Nº LS/L070/Y10 de 17/04/2014. 3. Carta de Entendimiento Operacional de Urgencia Nº 10392.0 4. Documentación relacionada con la categoría programática 40.00.04.00, ‘Programa DRIPAD PMA Fase II’. 5. Resolución del Consejo Departamental Nº 116/05, de 30 de noviembre de 2005 y sus anexos. 6. Oficio OF.UP.DDAF. Nº 091/2005, de 21 de diciembre de 2005 y su documentación adjunta. 7. Resoluciones Ministeriales Nrs. 809 y 835 de 29 y 30 de diciembre de 2005 junto a sus informes técnicos de respaldo y documentación adjunta a los mismos. 8 Certificación Presupuestaria CP.UP.DDAF. Nº 2004 - 2005, de 22 de diciembre de 2005. 9. Comunicación CLDJR. DRIPAD Nº 0244/05, de 20 de diciembre de 2005. 10. CI. DIR. DRIPAD Nº 0252/05, de 30 de diciembre de 2005. 11. Comprobante de contabilidad Nº 13317 y nota de débito Nº 2623-05, de 29 de diciembre de 2005. 12. Comprobante de Contabilidad Nº 16477, de 31 de diciembre de 2005. 13. Cheque Nº 21282 de 29 de diciembre de 2005. 14. Nota de Débito 2623-05, de 29 de diciembre de 2005 y extracto bancario reportado. 15. Manual de Funciones Generales de las Direcciones y Unidades de la Prefectura, aprobado por Resolución Prefectural Nº 408/04, de 27 de septiembre de 2004” (sic); sin un previo pronunciamiento fundamentado respecto a la pertinencia de cada uno de los elementos probatorios. En consideración a la referida objeción, el Fiscal Departamental ahora accionado mediante Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo objetada, señalando que: 1) Según el informe circunstanciado de hechos “ES/EP21/L09F2”, las actividades que realizó el “DRIPAD” en la gestión 2005 estaban relacionadas con el apoyo de asistencia alimentaria y emergencias, así como con la construcción de centros maternales, que incluye la ejecución, administración, manipulación, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para cumplir las finalidades previstas por el “PMA”, para atender la emergencia por desastre natural en el Chaco boliviano, declarada por el DS 27773; 2) Según el DS 28421, los recursos del IDH pueden ser utilizados por las prefecturas solamente en las áreas de desarrollo económico y social, y seguridad ciudadana; sin embargo, los funcionarios públicos hoy terceros interesados por Resolución del Consejo Departamental 116/05 de 30 de noviembre de 2005, aprobaron la modificación presupuestaria reasignando los gastos aprobados mediante “Ley N- 3239”, advirtiéndose que la modificación en la categoría programática “92 00 07” “Programa de Emergencia” de la partida “75200” por Bs1 083 636.- (un millón ochenta y tres mil seiscientos treinta y seis bolivianos) financiada con recursos del IDH, se encontraba fuera de las competencias de inversión establecidas en el DS 28421; 3) Rubén Darío Cuellar Suarez y Marcelo Suarez Bello ahora terceros interesados, por Nota OF.UP.DDAF 091/2005 de 21 de diciembre, solicitaron al entonces Ministro de Hacienda la aprobación de las modificaciones presupuestarias aprobadas por la Resolución del Consejo Departamental 116/05 de 30 de noviembre de 2005, advirtiéndose que el Anexo 2 de la misma fue modificado para incluir la categoría programática “40 00 04 00” “Programa DRIPAD PAM Fase II”, financiado con recursos del IDH; 4) Por Resolución Ministerial (RM) 809 de 29 de diciembre de 2005, se aprobó el traspaso presupuestario interinstitucional de programas no recurrentes. Y, por RM 835 de 30 de ese mes y año, se aprobó el traspaso presupuestario intrainstitucional de la partida “57100” “incremento de caja y bancos”; 5) Rubén Darío Cuellar Suárez hoy tercero interesado, declaró que no pudo existir malversación cuando el Consejo Departamental decidió modificar el presupuesto vigente para incorporar recursos financieros que permitan atender la situación del Chaco boliviano; decisión que fue debidamente valorada y aprobada por el entonces Ministerio de Hacienda; 6) Las declaraciones informativas de los demás terceros interesados son irrelevantes al constar su abstención; 7) Los elementos cursantes en el cuaderno procesal acreditan la existencia del delito denunciado; empero, los hechos sucedieron en las gestiones 2004 y 2005, antes de la promulgación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; 8) Según la denuncia presentada por la entidad accionante, los hechos denunciados habrían sido cometidos el 2004 y 2005, habiendo transcurrido al presente cerca de dos décadas; por lo que, de acuerdo con los arts. 123, 164.II y 410.II de la CPE; 101 del CP; y, 29 del CPP, la acción penal estaría afectada por la prescripción; y, 9) De la valoración integral de los elementos indiciarios aportados por la entidad accionante, cursantes en antecedentes, en apego al principio de objetividad, se establece que no concurren los elementos constitutivos del tipo penal, que permitan fundar una imputación formal y posterior acusación.
Bajo esos antecedentes, se analizará cada una de las denuncias expuestas por la entidad accionante en esta acción tutelar. Así, en cuanto a la incongruencia sobre la calificación de los funcionarios públicos hoy terceros interesados como imputados, pese a que no se tenía ninguna imputación, de la revisión de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, se tiene que si bien el Fiscal Departamental hoy accionado señaló que “…debemos determinar si son suficientes o no para destruir el estado de presunción de inocencia de los imputados…” (sic [fs. 7]), tal como se denunció; sin embargo, no constituye ninguna incongruencia por parte de la mencionada autoridad Fiscal; puesto que de acuerdo con el art. 5 del CPP, se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal, teniendo esa calidad los referidos hoy terceros interesados, precisamente al ser denunciados ante el Ministerio Público por la entidad accionante, por la supuesta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; siendo además, irrelevante para el fondo de esa Resolución Fiscal la denominación o calificación que se realice respecto a los funcionarios públicos hoy terceros interesados, cuando no incidió de ninguna manera en la decisión asumida; por lo que, corresponde denegar la tutela con relación a este punto. Respecto a la supuesta omisión de toda la prueba aportada, considerando únicamente el Informe Legal “LS/XP/Y14” y las declaraciones informativas, se advierte que, pese a que la entidad accionante reclamó de manera expresa la falta de pronunciamiento sobre todos los elementos probatorios presentados junto con su denuncia; conforme se precisó en párrafos previos, el Fiscal Departamental ahora accionado fundo la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 únicamente en el informe circunstanciado de hechos “ES/EP21/L09F2”; el DS 28421; la Resolución del Consejo Departamental 116/05 y sus Anexos -documentación relativa a la categoría programática 40 00 04 00-; la Nota OF.UP.DDAF 091/2005; la RM 809; la RM 835; y, las declaraciones informativas de los funcionarios públicos ahora terceros interesados, omitiendo pronunciarse sobre la restante documentación aportada por la entidad accionante, que además fue reclamada, como ser: “…2. Informe de Opinión Legal Nº LS/L070/Y10 de 17/04/2014. 3. Carta de Entendimiento Operacional de Urgencia Nº 10392.0 (…) 8. Certificación Presupuestaria CP.UP.DDAF. Nº 2004 - 2005, de 22 de diciembre de 2005. 9. Comunicación CLDJR. DRIPAD Nº 0244/05, de 20 de diciembre de 2005. 10. CI. DIR. DRIPAD Nº 0252/05 de 30 de diciembre de 2005. 11. Comprobante de contabilidad Nº 13317 y nota de débito Nº 2623-05, de 29 de diciembre de 2005. 12. Comprobante de Contabilidad Nº 16477, de 31 de diciembre de 2005. 13. Cheque Nº 21282 de 29 de diciembre de 2005. 14. Nota de Débito 2623-05, de 29 de diciembre de 2005 y extracto bancario reportado. 15. Manual de Funciones Generales de las Direcciones y Unidades de la Prefectura, aprobado por Resolución Prefectural Nº 408/04, de 27 de septiembre de 2004” (sic), respecto de las cuales únicamente consta en el acápite de antecedentes una transcripción de lo señalado por los Fiscales de Materia ahora coaccionados; y, si bien el Fiscal Departamental ahora accionado indicó que los elementos de convicción serían valorados de acuerdo a su utilidad, pertinencia y licitud, omitiéndose los impertinentes o excesivos; sin embargo, a raíz de esa declaración, estaba en la obligación de explicar por qué los señalados elementos probatorios no serían considerados para asumir la decisión de fondo que finalmente pronunció. En efecto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte que la denuncia de la entidad accionante es verdadera; puesto que, el Fiscal Departamental ahora accionado, a más de transcribir de manera textual los antecedentes de la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, no emitió ningún pronunciamiento propio sobre los referidos elementos probatorios presentados por la entidad accionante, a pesar que fue reclamado de manera expresa en la objeción presentada; por lo que, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, correspondiendo conceder la tutela al respecto. Con relación a que se tomó en cuenta la aprobación de las modificaciones presupuestarias, sin considerar que no constituye una autorización expresa de gasto, de la revisión de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, se advierte que si bien se hizo referencia a la aprobación de la modificación presupuestaria mediante la Resolución del Consejo Departamental 116/05; empero, fue con el objeto de determinar que la modificación en la categoría programática “Programa de Emergencia” fue financiada con recursos del IDH de manera contraria a lo establecido en el DS 28421; y no así con la finalidad de justificar el uso de esos recursos y de esa manera requerir el rechazo de la denuncia, como sugiere la entidad accionante. Por consiguiente, no se advierte que el Fiscal Departamental ahora accionado al considerar la aprobación de las modificaciones presupuestarias hubiera vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento de motivación vinculada a la valoración probatoria de la entidad accionante, debiendo denegarse la tutela al respecto. Sobre la incongruencia en el análisis de los delitos denunciados, la entidad accionante indica que la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, no se pronunció sobre todos los delitos que denunció, sino únicamente con relación a los de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, y prevaricato, a pesar que este último no fue denunciado. Al respecto, de la denuncia presentada el 27 de junio de 2014, se verifica que la entidad accionante denunció a los funcionarios públicos ahora terceros interesados ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 144, 153, 154, 199 y 203 del CP; sin embargo, el Fiscal Departamental ahora accionado emitió la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, analizando los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, para posteriormente ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo emitida por los Fiscales de Materia ahora coaccionados por “…los delitos de MALVERSACIÓN, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, FALSEDAD IDEOLÓGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES…” (sic). En ese marco, se evidencia que el Fiscal Departamental hoy accionado al emitir la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, incurrió en incongruencia tanto externa como interna; puesto que, por una parte omitió efectuar un análisis respecto a los delitos de malversación, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que fueron denunciados por la entidad accionante y considerados por la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, incluyendo en su análisis el delito de prevaricato, que no fue denunciado; y, por otra parte, habiendo analizado los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, emitió su decisión final con relación a los delitos inicialmente denunciados; es decir, malversación, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En efecto, con relación a esta denuncia se debe conceder la tutela por advertirse la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia al no guardar relación la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 con la denuncia presentada por la entidad accionante, la Resolución Fiscal en revisión, como tampoco entre su parte considerativa y dispositiva. En cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción alegada por la entidad accionante, de la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19, se tiene que el Fiscal Departamental hoy accionado sin que fuera solicitado por alguna de las partes, determinó que al haber sucedido los hechos denunciados en las gestiones 2004 y 2005, antes de la promulgación de la Ley 004, al presente, habiendo transcurrido “cerca de dos décadas” la acción penal se encontraba afectada por la prescripción. En ese sentido, por una parte, se advierte una incongruencia externa; puesto que, el Fiscal Departamental ahora accionado de manera oficiosa, sin que fuera alegado por ninguna de las partes, de manera extra petita determinó que la acción penal respecto a los delitos denunciados por la entidad accionante se encontraría prescrita por el tiempo transcurrido; además, sin una adecuada fundamentación y motivación por la que se exponga de manera clara las razones de hecho y de derecho; por lo que, el simple transcurso del tiempo conllevaría la prescripción de la acción penal, omitiendo analizar de manera detallada el precepto constitucional previsto en el art. 112 de la CPE, y el contenido íntegro de la Ley 004, limitándose a citar artículos de la Constitución Política del Estado y de la mencionada Ley. Por otra parte, se observa que no existe una coherencia ni una adecuada fundamentación y motivación en cuanto a la relevancia que tendría la supuesta prescripción de la acción penal para determinar ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018; puesto que, la decisión asumida por la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 se fundó en el art. 304 incs. 3) y 4) del CPP, relativos a la falta de elementos suficientes que generen convicción y la existencia de un obstáculo legal, no siendo una causal de rechazo reconocida por el ordenamiento jurídico la prescripción de la acción penal, la cual además necesariamente debe ser declarada por la autoridad judicial competente, y no así por el Ministerio Público. Aspecto que cobra mayor relevancia para esta jurisdicción, cuando la mencionada Resolución Fiscal Departamental MSP 823/09, de manera textual señala que: “…los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, se acredita la existencia del delito denunciado. (pero los hechos descritos son del año 2004-2005, antes de la promulgación de la ley No. 004)” (sic); por lo que, la referida Resolución en el análisis del caso concreto establece que “…la acción penal en cada uno de los tipos penales, estaría afectada de prescripción…” (sic), dejando entrever que una de las razones principales para ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018, sería la prescripción de la acción penal; lo cual también refleja una incongruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva; ya que pese a establecer que los elementos aportados demostraron la existencia de los delitos denunciados, ratificó el rechazo de la denuncia por falta de elementos suficientes y la existencia de un obstáculo legal. En consecuencia, con relación a esta denuncia corresponde conceder la tutela por vulnerar el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia. En cuanto a los principios de verdad material y legalidad, la entidad accionante no explicó de manera clara las razones por las que consideró que los mismos fueron vulnerados por el Fiscal Departamental hoy accionado, no siendo suficiente para su análisis su simple mención, sino que debió exponer argumentos concretos vinculados con los hechos supuestamente lesivos a sus derechos; por lo que no corresponde emitir ningún pronunciamiento al respecto. Finalmente, con relación a la falta de legitimación activa de la Contraloría General del Estado que fue reclamada por la Procuraduría General del Estado y Marcelo Suarez Bello y Fernando Soria Galvarro Bort funcionarios públicos hoy terceros interesados, del Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, se tiene que la Procuraduría General del Estado es la entidad que tiene plena facultad y competencia para intervenir en procesos y/o acciones tanto judiciales como administrativas en representación del Estado, en aquellas controversias en las que sus intereses se encuentren comprometidos. Mientras que la CGE es la entidad encargada del control de la administración de las entidades públicas, en cuya labor se encuentra facultada para determinar la existencia de indicios de responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva y penal.
Bajo ese entendimiento, considerando que la entidad afectada dentro del proceso penal de referencia resultaría ser el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, por el supuesto uso ilegal de recursos del IDH por parte de la entonces MAE de esa entidad y demás funcionarios públicos hoy terceros interesados, comprometiéndose por lo tanto los intereses del Estado, corresponde que una vez presentada la denuncia por parte del entonces Gerente Departamental de Santa Cruz de la Contraloría General del Estado conforme a sus facultades de control al identificar indicios de responsabilidad penal, se coordinen las posteriores acciones a asumir junto con la Procuraduría General del Estado a objeto de unificar la representación y defensa de los intereses del Estado en cumplimiento de las competencias y facultades otorgadas por la Constitución Política del Estado a esta última; sin que ello signifique desconocer la legitimación activa de la Contraloría General del Estado para la presentación de esta acción de defensa, cuyos requisitos de admisibilidad ya fueron debidamente revisados y analizados en el AC 0235-BIS/2021 de 9 de diciembre. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 111 de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 886 vta. a 889, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al ex Fiscal Departamental de Santa Cruz; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental MSP 823/19 de 22 de agosto de 2019; y, b) La emisión de una nueva Resolución Fiscal Departamental por parte del Fiscal Departamental de Santa Cruz, motivada, fundamentada y con congruencia interna y externa, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada sobre la incongruencia alegada respecto a la calificación de los hoy terceros interesados como imputados y sobre la valoración y motivación de las modificaciones presupuestarias, así como con relación a los Fiscales de Materia ahora coaccionados y respecto a la Resolución Fiscal de Rechazo de 23 de abril de 2018; y,
3º DISPONER que la Contraloría General del Estado haga conocer todos los antecedentes del proceso penal del cual deviene esta acción de amparo constitucional, a la Procuraduría General del Estado con la finalidad de unificar la representación del Estado en resguardo y defensa de sus intereses. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0052_2023-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): f07fc0fa734d76f2c21dda3c98605e80ac419ed646794e72ca83eaff600e764d
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