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SCP 0052/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 21 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
21 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38367-2021-77-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La entidad accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados ahora demandados, al emitir Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, determinando declarar infundado su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 48/2019 que revocó la devolución de cobros indebidos de renta dispuesta por el SENASIR en la Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, cometieron los siguientes actos ilegales: i) Incurrieron en incongruencia interna y externa, puesto que en la relación de antecedentes narraron e introdujeron la identificación de las partes de manera incorrecta, motivando a su vez la Resolución con el DS 23215 y el art. 43 de la Ley 1178 que no tienen relación con el caso concreto; asimismo omitieron responder con la debida fundamentación y valoracion respecto al agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado; ii) Carece de una debida fundamentación y motivación; toda vez que, sustentaron toda su decisión en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, como tampoco fundamentaron con el art. 609 del CSS, limitándose finalmente a señalar que no existe norma legal que genere dicha obligación; y, iii) Se incurrió en errónea interpretación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 3 de febrero, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, y en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. De la interpretación de la legalidad ordinaria
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2023-S1 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38367-2021-77-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 05/2021 de 3 de febrero, cursante de fs. 95 a 104, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirvia Arrueta Montecinos e Iver Rolando Miguel Gutiérrez, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) contra Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de enero de 2021, cursantes de fs. 14 a 22, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2016, Natividad Charca Copa interpuso recurso de reclamación contra la Resolución 0002497 de 21 de julio de igual año emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, argumentando que su actuar no fue doloso; por lo que solicitó una nueva revisión de su caso incorporando los adeudos que tendría a su favor en virtud a que no se le habría pagado los gastos de sepelio, el bono de cesantía y otros al que su esposo fallecido tenía derecho, dicho recurso fue concedido ante la Comisión de Reclamación mediante Auto 0003683 de 7 de noviembre de ese año. La Resolución 0002497, suspendió definitivamente la renta de viudedad de la nombrada por haber contraído un nuevo matrimonio y estableció la devolución de lo indebidamente cobrado a partir de la fecha de celebración del segundo matrimonio; sin embargo, la aludida alegó que solamente debía realizarse una nueva liquidación en razón a que no fueron cobrados algunos beneficios del causante, reconociendo tácitamente la deuda. El 21 de noviembre de 2016, la Comisión de Reclamación por Resolución 472/16 resolvió confirmar la Resolución 0002497, en virtud a ello Natividad Charca Copa, formuló recurso de apelación ante la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pidiendo verificar y disponer una nueva resolución de liquidación tomando en cuenta los gastos por derecho de sepelio, bonos de cesantía y otros que no fueron cobrados y que estaban incluidos en el monto a devolver, dicha Sala emitió el Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, confirmando parcialmente la Resolución impugnada en cuanto al cese de la renta de viudedad y revocando parcialmente con relación a los cobros indebidos, dejando sin efecto los mismos con costas. Siendo notificados con el indicado Auto de Vista, presentaron recurso contra el mismo manifestando que Natividad Charca Copa, en su recurso de apelación solo pidió verificar y disponer una nueva liquidación tomando en cuenta los derechos por gastos de sepelio, bono de cesantía y otros que al causante le correspondía y que no fueron pagados, evidenciándose así que en ninguna parte del recurso de apelación se solicitó dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado debido a que tácitamente reconoció la deuda; por lo que el Auto de Vista antedicho es un fallo ultra petita y carece de motivación alejándose del marco de la legalidad transgrediendo el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC), y atentando el debido proceso previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). En cuanto al segundo agravio expuesto en el recurso de casación se hizo alusión a la errónea interpretación de los arts. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); 5 inc. d) del Decreto Supremo (DS) 27066 de 6 de junio de 2003 y 609 del Código de Seguridad Social (CSS); puesto que el Auto de Vista 48/2019 al señalar que no se demostró en la vía administrativa la mala fe en la presentación de documentos sino solo omisiones del SENASIR no correspondiendo la devolución de los montos cobrados de forma posterior a la celebración del segundo matrimonio de la apelante con base en el citado art. 477 del RCSS, quebrantó el debido proceso provocando una inseguridad jurídica en virtud a que dicha normativa no es aplicable al caso concreto, debido a que el citado artículo se refiere exclusivamente a casos en los que las personas obtuvieron una renta presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones que otorgaron certificaciones incorrectas sin que estas tuvieran certeza de ellos o sean responsables de mala fe, en ese tipo de circunstancias no surte efecto retroactivo bajo la lógica de que el actuar no es de mala fe, vale decir que los rentistas no fueron responsables del acto fraudulento, aspecto que en el presente caso no concurre por que la beneficiaria a sabiendas de que recibía una renta de viudedad contrajo nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco el 6 de marzo de 2012 y a partir de esa fecha lógicamente dejaba de ser acreedora de la mencionada renta debiendo dar aviso al SENASIR, como era su obligación de acuerdo al art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, al no hacerlo demuestra su mala fe y mala intención de cobrar una renta que ya no le correspondía y en ello se halla fundado los cobros indebidos; bajo esos argumentos el Auto de Vista impugnado carece de legalidad en franca vulneración del derecho al debido proceso dejándoles en total indefensión. El Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, que resolvió el recurso de casación que interpusieron, relató que mediante Resolución Administrativa (RA) 1356/93 de 13 de abril de 1993 la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones otorgó renta de derechohabiente a Eva Licia Arancibia Mariscal e hijos, haciendo alusión para emitir el fallo al matrimonio de Julio Hugo Zeballos Salvatierra y Joaquín Quisbert Quiroga, faltando al principio de congruencia debido a que los hechos y datos no corresponden al presente caso, indicando además que el SENASIR adujo que el Tribunal de Alzada transgredió lo establecido por el art. 477 del “R.C.S.S.”, empero que dicha entidad, no presentó prueba objetiva que demuestre que Natividad Charca Copa, presentó documentación fraudulenta, por lo que, no correspondía determinar la devolución de los pagos en efectivo. Asimismo, con relación a que el Auto de Vista 48/2019 es un fallo ultra petita, los Magistrados ahora demandados señalaron que dicho Auto de Vista dispuso que no corresponde la devolución de lo cobrado; ya que no existen normas legales que regulen la referida devolución, el citado artículo prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas siendo que la beneficiaria no cometió ninguna irregularidad, se limitaron a copiar los argumentos erróneos del indicado Auto de Vista sin motivar correctamente sabiendo que la nombrada pidió verificar y disponer una nueva liquidación tomando en cuenta los derechos por gasto de sepelio, bono de cesantía y otros a que el causante tenía derecho y que no fueron cancelados; consecuentemente, el Auto de Vista recurrido en casación no transgredió ninguna norma ajustándose a las disposiciones legales en vigencia; por lo que, declararon infundado el recurso de casación que presentaron. El referido Auto Supremo suprimió el ejercicio de los derechos del SENASIR, poniéndoles en un estado de desigualdad jurídica e indefensión; puesto que la norma sustantiva debe ser aplicada conforme a derecho y no al arbitrio de los Magistrados ahora accionados, el fundamento de dicho Auto Supremo versa en criterio e interpretación ya que la motivación, fundamentación y congruencia aplicada es incorrecta fuera de la práctica jurídica en materia de seguridad social; en ese sentido, el Auto Supremo 459/2020 no realizó una correcta fundamentación y motivación que sea congruente tanto en su parte considerativa como la resolutiva, ya que, en los antecedentes ha narrado e introducido la identificación de las partes de manera incorrecta, peor aún motivo su Resolución con el Decreto Supremo (DS) 23215 haciendo alusión al art. 43 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- que no tiene nada que ver en el presente caso, evidenciándose una incongruencia tanto externa como interna; además porque dentro del mismo no existe una cabal fundamentación ni valoracion con referencia al agravio ultra petita, puesto que no explicaron de manera lógica, por qué los Vocales al emitir el Auto de Vista 48/2019, otorgaron a la apelante más de lo que pidió, limitándose a copiar los argumentos errados del Auto de Vista, sabiendo que la apelante solo expreso como agravio en su petitorio que se verifique y disponga una nueva liquidación, y en ninguna parte de su recurso pide dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, porque en el recurso de reclamación reconoció de manera tacita dicha deuda, pero el Auto Supremo dejo pasar esa irregularidad, que violenta el debido proceso. El Auto Supremo 459/2020, carece de una debida fundamentación y motivación, porque toda su decisión se sustenta en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, puesto que Natividad Charca Copa al momento de solicitar la renta de viudedad su estado civil era de viuda de Luciano Cano Jurado; sin embargo, la misma a sabiendas que era beneficiaria de esa renta contrajo nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco, el 6 de marzo de 2012, inobservando lo previsto por el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición. El citado Auto Supremo tampoco fundamentó con relación a lo dispuesto por el art. 609 de CSS, limitándose a señalar que no existe una norma legal que genere la obligación de devolver lo cobrado. Se efectuó una errónea interpretación del art. 477 del RCSS, puesto que dicha norma es aplicable exclusivamente a casos donde las personas obtuvieron una renta presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones que le otorgaron certificaciones incorrectas sin que tuvieran certeza de ellos y estos no sean responsables de mala fe, en cuyo caso no surtirá efecto retroactivo, esa pequeña diferencia no fue bien comprendida por los Magistrados ahora demandados, porque Natividad Charca Copa empezó a cobrar la renta de viudedad el 12 de marzo de 1998 hasta la suspensión de la misma, el 21 de julio de 2016; sin embargo ésta, contrajo nuevas nupcias el 8 de marzo de 2012; por lo que, el SENASIR únicamente solicitó la devolución de la renta de viudedad desde la fecha del nuevo matrimonio hasta la fecha de suspensión de la misma, quedando claro que el SENASIR no puede cobrar de manera retroactiva los pagos anteriores mientras no se demuestre la fraudulencia, caso en el cual, sí es aplicable el art. 477 del RCSS; en ese sentido, con el Auto Supremo cuestionado, se está dando lugar a que los beneficiarios puedan cobrar rentas indebidas siempre y cuando el SENASIR no se dé cuenta y el día que se denuncie ese extremo no tenga la facultad de cobrar esos montos cobrados indebidamente. El citado Auto Supremo omite y cuarta el objetivo de recuperar lo indebidamente cobrado atentando a la seguridad jurídica y no consideró que la recuperación de esos montos son importantes por tratarse de contribuciones que en contrapartida generan prestaciones en dinero a favor de los asegurados del sistema de reparto pagados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), lo que provoca un perjuicio económico al Estado y al SENASIR.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto Supremo 459/2020; y, b) Se disponga que los Magistrados ahora demandados emitan un nuevo auto supremo con las consideraciones interpretativas “…a ser consideradas por el Tribunal de Acción de Amparo…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el “15 de enero” de 2021 -siendo lo correcto 3 de febrero-, según consta en acta cursante de fs. 89 a 94 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificaron in extenso la acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno a pesar de su notificación cursante de fs. 57 y 73.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Natividad Charca Copa a través de su abogado en audiencia manifestó que: 1) El procedimiento administrativo tiene su origen en la Resolución 0002497 mediante la que el SENASIR le solicitó la devolución de dineros por contraer segundas nupcias, una vez conocida dicha Resolución, el 1 de septiembre de 2016 interpuso recurso de reclamación solicitando que se reconsidere esa situación señalando además montos que no percibió del cónyuge supérstite. Dicho recurso de reclamación fue resuelto a través de la Resolución 472/16 por la cual se ratificó la Resolución recurrida; 2) Posterior a ello, el 4 de septiembre de 2017 presentaron recurso de apelación ante la jurisdicción ordinaria alegando principalmente que no se tomó en cuenta los antecedentes del caso ni la devolución de los montos que le correspondían como supérstite; sin embargo, por Auto de Vista 48/2019 los Vocales de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en la parte considerativa hicieron alusión al art. 477 del RCSS con base en el cual determinaron la no devolución de los dineros que dicha institución reclamaba, argumentando que es obligación del SENASIR verificar el cobro legal o indebido de sus beneficiarios; por lo tanto, una vez que demuestre que los administrados incurrieron en una especie de fraude, suplantación de documentos o falsedad de los mismos, sí existe la obligación de devolver el dinero de la renta; 3) La base para revocar parcialmente la Resolución 0002497 es el referido artículo; puesto que la renta que se le otorgó está cumpliendo su objetivo para el que fue otorgado; es decir, la manutención suya y de sus hijos; 4) Contra el Auto de Vista 48/2019, el SENASIR formuló recurso de casación, que fue resuelto por Auto Supremo 459/2020 que declaró infundado el citado recurso indicando que no existe documentación que acredite que incurrió en algún fraude o declaración falsa para lograr el beneficio de la renta de viudedad, al contrario, cumplió con todo el trámite administrativo en el que no se encontró algún documento alterado; consecuentemente el recurso de casación carece de fundamento y de amplitud probatoria; y, 5) El SENASIR reclamó que el mencionado Auto Supremo es un fallo ultra petita; empero, esa entidad reclamó la devolución de dineros y el Auto de Vista respondió a ello rechazando esa petición, no siendo evidente que se haya otorgado más allá de lo que se pidió; en ese sentido, la acción de amparo constitucional interpuesta por la prenombrada institución carece de fundamentos, siendo incongruente y ambiguo respecto a su petitorio, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, por Resolución 05/2021 de 3 de febrero, cursante de fs. 95 a 104 concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 459/2020 disponiendo que la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia sin esperar sorteo dicte una nuevo auto supremo dentro de las cuarenta y ocho horas computables a partir de su notificación con esa Resolución, bajo los siguientes fundamentos: i) La SCP 0180/2018-S3 de 22 de mayo, establece la línea jurisprudencial sobre lo que se debe entender por fundamentación de la resoluciones, señalando que es una garantía del sujeto procesal que el juzgador al momento de emitir una decisión explique de manera clara y sustentada en derecho los motivos que lo llevaron a emitir una decisión, argumentación que debe seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados, detallando los elementos jurídico legales que determinaron su posición; es decir, debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar la norma que sustente la parte dispositiva de la misma, siendo imprescindible que exista una relación entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto; ii) En el caso concreto, evidentemente el Tribunal de alzada incumplió la línea jurisprudencial respecto a la fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, solo debieron pronunciarse sobre los puntos apelados que son disponer una nueva liquidación tomando en cuenta gastos de sepelio, bono de cesantía que le correspondían al causante y que no fueron pagados; y, que se considere un nueva forma de pago tomando en cuenta las posibilidades de las que dispone la ahora tercera interesada; sin embargo, luego de citar normativa legal de la Norma Suprema, del Código de Seguridad Social y el art. 5 del DS 27067, ingresaron a analizar directamente los dos puntos de apelación relacionados con el segundo matrimonio de la nombrada y la devolución de lo indebidamente cobrado, inobservando el mandato de la Ley del Órgano Judicial y el art. 265 del CPC, no atendieron ni analizaron de manera alguna los puntos de apelación de la ahora tercera interesada, lo que evidencia que se refirieron y analizaron otros puntos pronunciándose sobre la devolución de lo indebidamente recibido cuando nunca fue peticionado; por lo que no existe sustento claro, ni fundamentación y motivación; en consecuencia si es un fallo ultra petita; iii) Por su parte el Auto Supremo 459/2020 para llegar a la parte resolutiva y fundamental de la resolución de manera incongruente efectuó una relación de hechos y de casos totalmente ajenos al proceso que se resolvía citando a otros procesos e incluso otras partes procesales concluyendo que el SENASIR tenía toda la razón estando sustentada la suspensión de la renta por las nuevas nupcias de la ahora tercera interesada; para posterior a ellos ingresar en una nueva incongruencia al citar a la Ley SAFCO, para luego mezclar nuevamente los antecedentes del caso de autos y en ese punto alegar que el SENASIR no tenía razón, lo cual deviene en una lesión al debido proceso en su elemento de congruencia; iv) Era deber de los Magistrados ahora demandados fundamentar y motivar si el Auto de Vista emitido por el Tribunal de segunda instancia cumplió o no con el reclamo que efectuó el SENASIR; puesto que se limitaron a analizar los mismos puntos citando al art. 477 del RCSS y no se pronunciaron con relación al fallo ultra petita; es decir, que apeló la tercera interesada y que resolvió el Tribunal ad quem; y, v) Los Magistrados demandados no fundamentaron, motivaron ni analizaron el principio de congruencia, no tomaron en cuenta lo establecido en la Ley del Órgano Judicial que refiere que no se debe fallar más allá de lo pedido sino respecto a lo que pide la parte apelante, limitándose de manera escueta a resaltar la repetición de actos, citando al referido artículo y concluyendo de igual manera que la tercera interesada no cometió ninguna irregularidad y por tal motivo declararon infundado el recurso de casación, vulnerando así los derechos fundamentales citados por la parte accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 24 de diciembre de 2021, cursante a fs. 113, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de marzo de 2023 (fs. 160); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documentación que cursa en obrados, se evidencia: II.1. Consta Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto SENASIR -entidad ahora accionante-, por la cual resuelve suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada en favor de Natividad Charca Copa -ahora tercera interesada-; al haber contraído nuevas nupcias; y, dispone que por la Unidad Jurídica se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la referida, siendo que a partir de su nuevo matrimonio continuo cobrando la renta asignada (fs. 70 a 72 vta. [anexo]). Dicha Resolución fue objeto del recurso de reclamación presentado por la prenombrada a través de memorial presentado el 2 de septiembre de 2016 (fs. 74 y vta. [anexo]). II.2. Por Resolución 472/16 de 21 de noviembre de 2016, la Comisión de Reclamación del SENASIR, resolviendo el recurso de reclamación interpuesto por la ahora tercera interesada, determino confirmar la Resolución 0002497; Resolución que fue apelada por la ahora tercera interesada, el 4 de septiembre de 2017 (fs. 49 a 54 vta.; y, 57 a 58 [anexo]). II.3. A través de Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, resolvió confirmar de forma parcial la Resolución 472/16, referido al cese de la renta de viudedad, revocando parcialmente la misma en cuanto se refiere a los supuestos cobros indebidos, en consecuencia, dejó sin efecto el cobro indebido establecido en la Resolución 0002497, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto. Sin costas (fs. 28 a 31 [anexo]). II.4. Mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, el SENASIR, a través de su representante legal, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 48/2019; expresando los siguientes puntos: a) Ultra Petita. En el recurso de apelación Natividad Charca Copa, no pidió dejar sin efecto el pago de lo indebidamente cobrado, sino que solicito verificar y disponer una nueva liquidación en la que se tome en cuenta los derechos, como el de sepelio, bono de cesantía y otros que no le fueron pagados a su causante; no obstante, el citado Auto de Vista si bien confirma la suspensión definitiva de la renta de viudedad, con lo cual no existe ninguna observación, pero contradictoriamente revoca parcialmente y dispone dejar sin efecto el cobro indebido establecido por el SENASIR; por lo que, surge la pregunta de que si el juez o autoridad jurisdiccional puede otorgar más de lo pedido, ya que el art. 265 del CPC, establece que la facultad del Tribunal de segunda instancia es de pronunciarse sobre los agravios planteados en el recurso de apelación, pues lo contrario sería una actuación ultra petita; en ese sentido, el Auto de Vista 48/2019 es defectuoso e ilegal y atenta al debido proceso, porque transgrede el art. 265 del CPC; y, b) Errónea aplicación e interpretación de la ley. El Auto de Vista 48/2019 al revocar parcialmente la Resolución de la Comisión de Reclamación 472/16, sosteniendo que no se demostró en la vía administrativa la mala fe en la presentación de documentos, sino solo omisiones del SENASIR, por lo que, no procedía la devolución de los montos cobrados posterior a la celebración del matrimonio, apoyando tal argumento en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable para el caso, puesto que dicho artículo se refiere exclusivamente a casos donde las personas que hubieran obtenido una renta, presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones en donde les hubieren otorgado certificaciones incorrectas, sin que estos tuvieran certeza de ello y no sean responsables de mala fe, en ese tipo de circunstancias no surtirá efecto retroactivo bajo la lógica que el actuar no es de mala fe ni intencionado, vale decir que los rentitas o beneficiarios no fueron responsables del acto fraudulento. Sin embargo, siendo que el propio Auto de Vista 48/2019 resuelve la suspensión definitiva de la renta por nuevas nupcias, pero errónea y contradictoriamente respecto a la devolución de cobros indebidos, aplica con una mala interpretación el art. 477 del RCSS; porque en el caso la beneficiaria, a sabiendas de que era beneficiara de una renta de viudedad, de manera voluntaria contrae nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco, el 6 de marzo de 2012, a partir de esa fecha es lógico que ella ya no era acreedora de la renta de viudedad y tenía la obligación de poner en conocimiento del SENASIR sobre su nuevo estado civil, conforme establece el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997; pero no lo hizo, asumiendo al contrario un comportamiento y una actitud desleal, demostrando así su mala fe y mala intención de cobrar una renta que ya no le correspondía y es precisamente en ello que se halla fundado los cobros indebidos; razones por las cuales la motivación del Auto de Vista carece de legalidad en franca violación del debido proceso, dejando en total indefensión al SENASIR, al cuartarle su derecho de poder recuperar cobros indebidos, infringiendo el art. 609 del CSS, que faculta a los entes gestores de emitir Notas de Cargo para la recuperación de sus adeudos (fs. 19 a 21 [anexo]). II.5. La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, por Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, declaro infundado el recurso de casación planteado por el SENASIR, sin costas; bajo los siguientes argumentos: 1) “Que de la revisión de los antecedentes del proceso, se establece que mediante RA N° 1356/93, de 13 de abril de 1993 la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones Básicas otorgó Renta de Derechohabientes a Eva Lucila Arancibia Mariscal e hijos (fs. 47); también se evidencia el pre aviso por el que el SENASIR hizo conocer a la demandante la presunción de segundas nupcias ante lo cual debía presentar sus descargos en el plazo de treinta días (fs. 65); igualmente, existe constancia de los resúmenes /de partidas de matrimonio emitidos por la Dirección Nacional de Registro Civil de la Corte Nacional Electoral, en los que constan dos partidas de matrimonio consignando ambos los mismos datos de la actora, la primera partida con fecha de celebración de 3 de julio de 1979 con Julio Hugo Zeballos Salvatierra y la segunda, con data de inscripción de 18 de agosto de 1992 con Joaquín Quisbert Quiroga, también consta a fs. 121 el certificado emitido por la Jefatura de Control Legal de Registro Civil del Tribunal Supremo Electoral, que ratifica el contenido de los resúmenes de las partidas matrimoniales, asimismo se advierte que la Comisión de Calificación de Rentas mediante Resolución N° 005646 de 14 de julio de 2006 (fs. 73 a 74) dispuso la suspensión definitiva de la Renta de viudedad otorgada a Eva Arancibia Mariscal, confirmándose esta determinación por Resolución de la Comisión de Reclamación 1015/08 de 2, de octubre de 2008, la relación de hechos expuesta demuestra que el SENASIR cumplió con la carga legal que le corresponde respecto a demostrar que la actora contrajo nuevo matrimonio conforme se advierte de las certificaciones emitidas por el Registro Civil del ahora Tribunal Electoral, a cuya consecuencia dispuso la suspensión definitiva de la renta de viudedad conforme establece el art.37 del Manual de Prestaciones “...la renta de viudedad en curso de pago, cesará a la muerte de la viuda o cuando ésta contraiga nuevas nupcias o entre en concubinato..." y la Resolución Ministerial (RM) N° 171 que señala que la renta de viudedad será suspendida si la viuda contrae nuevas nupcias, de tal forma se colige que para que exista la suspensión de una renta primeramente ésta ha tenido que ser otorgada, y si como hecho sobreviniente a ello la derechohabiente contrae nuevas nupcias, opera la suspensión; quedando claro, que la suspensión de la renta de viudedad otorgada a la actora se encuentra debidamente sustentada.” (sic); 2) La entidad recurrente aduce que el tribunal de alzada, incurrió en transgresión del art. 477 del RCSS, al considerar que no tuvo en cuenta que el SENASIR con la facultad otorgada por la norma citada y amparado en lo dispuesto por el art. 4 inc. c) del DS 26189 (norma señalada también como vulnerada), al advertir que la actora había contraído nuevas nupcias que no fueron comunicadas al ente gestor, suspendió definitivamente la renta de viudedad que le fue concedida y dispuso la recuperación de lo indebidamente cobrado; si bien la normativa citada precedentemente concordante con los arts. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005 y 2 inc. b) de la Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos; sin embargo en virtud al citado art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, la devolución de los emolumentos indebidamente cobrados procede únicamente ante la comprobación de que la decisión de otorgar la renta, obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, situación que en el caso no aconteció, porque el SENASIR no presentó prueba objetiva relativa a que Natividad Charca Copa, hubiera presentado documentación fraudulenta a tiempo de solicitar la renta de viudedad, en consecuencia el tribunal de alzada, al haber dispuesto dejar “sin efecto la recuperación de lo ya cobrado", actuó adecuadamente, toda vez que la renta de viudedad no fue otorgada en base a datos o declaraciones fraudulentas, por lo que no correspondía determinar la devolución de los pagos con efecto retroactivo, como pretende el SENASIR; 3) “Con relación a la supuesta infracción del art. 8 del DS N° 23215 del "Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República", en concordancia con los artículos 42. b) y 43 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO), no es evidente, toda vez que estas normas son aplicables de manera especial a los funcionarios públicos y toda persona que reciba recursos del Estado. En el caso de autos, la beneficiaria no tenía acceso a los registros ni documentos administrativos del SENASIR, por lo que no puede aducirse mala fe en la presentación de documentos a tiempo de solicitar su renta de viudedad, por cuanto se evidenció que no fue así, siendo inapropiado buscar perjudicar a la demandante y contravenir la ley a título de precautelar recursos del Estado.” (sic). Reiterando luego de ello que no correspondía la devolución, ya que, no se demostró por la vía administrativa si existió mala fe por parte de Natividad Charca Copa, y que al contrario verificaron que existieron omisiones por parte del SENASIR en el debido control que debió realizar de las diferentes rentas, lo cual no podría ir en contra de las normas legales que regulan el ordenamiento legal, que no solo por justificar la recuperación de recursos del Estado se tendría que proceder injustamente contra la misma; y, 4) En cuanto al recurso de casación en el fondo, por el que se cuestiona que el fallo de alzada es ultra petita, puesto que Natividad Charca Copa en ningún momento pidió que se dejará sin efecto el pago de lo indebidamente cobrado, sino más bien pidió que se verifique y se disponga nueva liquidación, tomando en cuenta los gastos de sepelio, bono de cesantía y otros, a los que el causante tenía derecho y que nunca fueron reclamados; cabe referir que, si bien el auto de vista impugnado dispuso que no corresponde la devolución de lo cobrado, fue porque no existen normas legales que regulen dicha devolución, más aun cuando el art. 477 RCSS, prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas, siendo que la beneficiaria en ningún momento realizó alguna irregularidad para obtener las mismas.

“Por todo lo manifestado, se concluye que no corresponde la devolución de lo cobrado, por el solo hecho que no existe una norma legal que genere dicha obligación, más al contrario como se mencionó precedentemente, el art. 477 RCSS, hace la prohibición de la devolución retroactiva de los respectivos cobros de rentas, ya que no se demostró que la señora Natividad Charca Copa no realizó ninguna irregularidad, ni haya actuado de mala fe para realizar los respectivos cobros de la renta, asimismo, se demostró que la autorización de la renta de orfandad fue otorgada fue originada por medio de documentación e información legal y lícita al momento de darle la renta de viudedad, no correspondiendo ninguna devolución, menos aún en efecto retroactivo, toda vez que fue licita su alcance.” (sic [fs. 152 a 155 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La entidad accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados ahora demandados, al emitir Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, determinando declarar infundado su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 48/2019 que revocó la devolución de cobros indebidos de renta dispuesta por el SENASIR en la Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, cometieron los siguientes actos ilegales: i) Incurrieron en incongruencia interna y externa, puesto que en la relación de antecedentes narraron e introdujeron la identificación de las partes de manera incorrecta, motivando a su vez la Resolución con el DS 23215 y el art. 43 de la Ley 1178 que no tienen relación con el caso concreto; asimismo omitieron responder con la debida fundamentación y valoracion respecto al agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado; ii) Carece de una debida fundamentación y motivación; toda vez que, sustentaron toda su decisión en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, como tampoco fundamentaron con el art. 609 del CSS, limitándose finalmente a señalar que no existe norma legal que genere dicha obligación; y, iii) Se incurrió en errónea interpretación del art. 477 del RCSS, que es aplicable a casos donde las personas obtuvieron sus rentas con datos falsos sin la certeza de la mala fe, lo que conllevaría a no surtir efecto retroactivo bajo la lógica que el actuar de los beneficiarios no fue de mala fe o no fueron responsables del acto fraudulento; diferencia no comprendida por los Magistrados demandados, ya que en el caso concreto Natividad Charca Copa empezó a cobrar la renta de viudedad mediante Resolución 003355 de 12 de marzo de 1998 hasta su suspensión por Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, resaltando el hecho que la prenombrada se casó nuevamente el 8 de marzo de 2012; por lo cual corresponde, la devolución de los montos percibidos a partir del nuevo matrimonio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) De la interpretación de la legalidad ordinaria; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”.

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho Humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

III.3. De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros-se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico. Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados. No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1 aludida, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero -identificando dos requisitos al efecto-remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando 8. En el F.J. III.1. “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 9 queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental.

10En el F.J.III.1. “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” 11 En su FJ III.2 estableció: “…la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.

expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, y a que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional. Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria. A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria debía cumplir los siguientes tres requisitos: i) Explicar por qué consideraba que la interpretación realizada era insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, para lo cual debía identificarse las reglas interpretativas omitidas por el órgano judicial o administrativo ii) Precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, explicando el nexo causal entre éstos y la interpretación cuestionada; y, iii) Establezca el nexo de causalidad entre el primer requisito y el segundo, explicando la relevancia constitucional. En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1 advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales. De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistrada relatora, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto 13 En su FJ III.3 señaló: “razonamientos que fueron asumidos por este Tribunal de manera uniforme en las SSCC 1474/2013 de 22 de agosto; 0276/2015-S1 de 26 de febrero; 0104/2016-S2 de 15 de febrero; 0031/2017-S2 de 6 de febrero; 0350/2017-S1 de 21 de abril; 0231/2018-S2 de 28 de mayo; 0380/2018-S2 de 24 de julio; 0074/2019-S2 de 3 de abril, entre otras“.

14 “En cuanto a la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y sus efectos, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa lo siguiente: ”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.

Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: ’No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial.

Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática.

La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor’.

En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto.

a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE). En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertida otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistrada relatora acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de la tantas veces mencionada ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas.” (las negrillas nos corresponden).

De lo desarrollado por la jurisprudencia descrita, se infiere que, esta instancia constitucional, con el propósito de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y el respeto de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, efectúa una labor hermenéutica que genera una amplia jurisprudencia, que luego de su análisis dinámico e integral se identifica aquellas que resolvieron un problema jurídico recurrente y uniforme con razones e interpretaciones consideradas progresivas y favorables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, mismas que, según sus particularidades se constituyen en el estándar más alto.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la antedicha jurisprudencia constitucional, su uso conlleva dos consecuencias prácticas; una de ellas, referida a que el juzgador al momento de resolver un caso concreto y después de corroborar la existencia de dos razonamientos contrarios al interior de la jurisprudencia constitucional, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable; lo cual, dentro la dinámica hermenéutica constitucional, así como el carácter progresivo y el principio de favorabilidad de los derechos fundamentales previsto en los arts. 13.I y 256.I de la CPE, resulta constitucionalmente permisible y se constituye en una obligación conforme a los tratados internacionales que prevén derechos más favorables a las contenidas en la misma Norma Suprema e impele a nuestro Estado a su aplicación como parte suscribiente de dichos tratados“.

15 “El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.

Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones - interpretación histórica- al SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto. Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. .

En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria -la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.

El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

El presente Fundamento Jurídico fue desarrollado en el Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio”.

III.4. Análisis del caso concreto

La entidad accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la seguridad jurídica; toda vez que, los Magistrados demandados, al emitir Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, determinando declarar infundado su recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 48/2019 que revoco la devolución de cobros indebidos de renta dispuesta por el SENASIR en la Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, cometieron los siguientes actos ilegales: a) Incurrieron en incongruencia interna y externa, puesto que en la relación de antecedentes narraron e introdujeron la identificación de las partes de manera incorrecta, motivando a su vez la Resolución con el DS 23215 y el art. 43 de la Ley 1178 que no tienen relación con el caso concreto; asimismo omitieron responder con la debida fundamentación y valoración respecto al agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado; b) Carece de una debida fundamentación y motivación; toda vez que, sustentaron toda su decisión en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, como tampoco fundamentaron con el art. 609 del CSS, limitándose finalmente a señalar que no existe norma legal que genere dicha obligación; y, c) Se incurrió en errónea interpretación del art. 477 del RCSS, que es aplicable a casos donde las personas obtuvieron sus rentas con datos falsos sin la certeza de la mala fe, lo que conllevaría a no surtir efecto retroactivo bajo la lógica que el actuar de los beneficiarios no fue de mala fe o no fueron responsables del acto fraudulento; diferencia que no fue comprendida por los Magistrados demandados, ya que en el caso concreto Natividad Charca Copa empezó a cobrar la renta de viudedad mediante Resolución 003355 de 12 de marzo de 1998 hasta su suspensión por Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, resaltando el hecho que la prenombrada se casó nuevamente el 8 de marzo de 2012; por lo cual, corresponde la devolución de los montos percibidos a partir del nuevo matrimonio. De la relación de antecedentes y conclusiones que forman el presente fallo constitucional, se tiene que, Natividad Charca Copa -ahora tercera interesada- por Resolución 003355 de 12 de marzo de 1998, emitido por la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección General de Pensiones, fue beneficiada con la renta básica y complementaria de viudedad y orfandad en favor de los menores NN a partir del mes de febrero de 1997; posteriormente, a través de Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, se determinó suspender definitivamente la renta única de viudedad otorgada en favor de la prenombrada, al haber advertido que la misma contrajo nuevas nupcias; empero que continuaba cobrando la renta de viudedad como derecho habiente del rentista fallecido Luciano Cano Jurado; por lo que, dispuso que por la Unidad Jurídica se proceda a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la referida; razón por la cual, la tercera interesada, el 2 de septiembre de 2016 interpuso recurso de reclamación contra la Resolución 0002497, alegando en lo principal que sobre la recuperación de lo indebidamente cobrado, se disponga una nueva liquidación, incorporando los adeudos que tiene a su favor sobre los gastos de sepelio y bono de cesantía que no le fueron pagados al fallecido; recurso que mereció la Resolución 0002497, emitido por la Comisión de Reclamación que determino confirmar la referida Resolución, decisión que fue motivo de apelación por la ahora tercera interesada (Conclusiones II.1 y II.2). Resolviendo el recurso de apelación la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció el Auto de Vista 48/2019 de 18 de octubre, determinando confirmar de forma parcial la Resolución 472/16, referido al cese de la renta de viudedad, revocando parcialmente la misma en cuanto se refiere a los supuestos cobros indebidos, en consecuencia, dejó sin efecto el cobro indebido establecido en la Resolución 0002497, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto. Ante tal determinación el SENASIR interpuso recurso de casación contra dicho Auto de Vista, que fue resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, a través del Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, declarando infundado el recurso de casación planteado por el SENASIR (Conclusiones II.3, II.4 y II.5). Establecidos los antecedentes procesales, e identificadas las problemáticas a resolver, se tiene que, la parte peticionante de tutela a través de esta acción de defensa identifica como el acto lesivo a sus derechos, las determinaciones asumidas por los Magistrados demandados en el Auto Supremo 459/2020; señalando por un lado, que dicho fallo habría vulnerado el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que sustentaron toda su decisión interpretando erróneamente el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, ya que el SENASIR no pretende recuperar cobros indebidos de rentas de forma retroactiva por fraude, si no que únicamente solicitó la devolución de las rentas cobradas por la tercera interesada, luego de contraer nuevo matrimonio inobservando lo previsto por el art. 36 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; además de incurrir en incongruencia externa e interna al identificar y de manera incorrecta a las partes, así como en incongruencia omisiva al no pronunciarse de manera fundamentada sobre el reclamo de la actuación ultra petita del tribunal de alzada; en ese contexto, a fin de resolver adecuadamente las problemáticas identificadas, corresponde previamente hacer referencia y contrastar el memorial de contestación al recurso de apelación y lo resuelto por los Vocales ahora demandados. En relación a la problemática descrita en el inc. a)

A través de este punto, la parte impetrante de tutela denuncia que los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 459/2020, incurrieron en incongruencia interna y externa, puesto que en la relación de antecedentes narraron e introdujeron la identificación de las partes de manera incorrecta, motivando a su vez la Resolución con el DS 23215 y el art. 43 de la Ley 1178 que no tienen relación con el caso concreto; asimismo omitieron responder con la debida fundamentación y valoracion respecto al agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado; por lo que, a efectos de proceder a la verificación constitucional de esta denuncia, corresponde previamente hacer referencia y contrastar el recurso de casación interpuesto por el SENASIR y lo resuelto por los Magistrados ahora demandados. En tal sentido, conforme a los antecedentes precedentemente referidos y descrito en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, se tiene que, la entidad demandante por memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 48/2019; expresando los siguientes puntos:

a) Ultra Petita. En el recurso de apelación Natividad Charca Copa, no pidió dejar sin efecto el pago de lo indebidamente cobrado, sino que solicito verificar y disponer una nueva liquidación en la que se tome en cuenta los derechos, como el de sepelio, bono de cesantía y otros que no le fueron pagados a su causante; no obstante, el citado Auto de Vista si bien confirma la suspensión definitiva de la renta de viudedad, con lo cual no existe ninguna observación, pero contradictoriamente revoca parcialmente y dispone dejar sin efecto el cobro indebido establecido por el SENASIR; por lo que, surge la pregunta de que si el juez o autoridad jurisdiccional puede otorgar más de lo pedido, ya que el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC), establece que la facultad del Tribunal de segunda instancia es de pronunciarse sobre los agravios planteados en el recurso de apelación, pues lo contrario sería una actuación ultra petita; en ese sentido, el Auto de Vista 48/2019 es defectuoso e ilegal y atenta al debido proceso, porque transgrede el art. 265 del CPC; y, b) Errónea aplicación e interpretación de la ley. El Auto de Vista 48/2019 al revocar parcialmente la Resolución de la Comisión de Reclamación 472/16, sosteniendo que no se demostró en la vía administrativa la mala fe en la presentación de documentos, sino solo omisiones del SENASIR, por lo que, no procedía la devolución de los montos cobrados posterior a la celebración del matrimonio, apoyando tal argumento en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable para el caso, puesto que dicho artículo se refiere exclusivamente a casos donde las personas que hubieran obtenido una renta, presentando datos falsos ya sea por error de sus empleadores o de las instituciones en donde les hubieren otorgado certificaciones incorrectas, sin que estos tuvieran certeza de ello y no sean responsables de mala fe, en ese tipo de circunstancias no surtirá efecto retroactivo bajo la lógica que el actuar no es de mala fe ni intencionado, vale decir que los rentitas o beneficiarios no fueron responsables del acto fraudulento. Sin embargo, siendo que el propio Auto de Vista 48/2019 resuelve la suspensión definitiva de la renta por nuevas nupcias, pero errónea y contradictoriamente respecto a la devolución de cobros indebidos, aplica con una mala interpretación el art. 477 del RCSS; porque en el caso la beneficiaria, a sabiendas de que era beneficiara de una renta de viudedad, de manera voluntaria contrae nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco, el 6 de marzo de 2012, a partir de esa fecha es lógico que ella ya no era acreedora de la renta de viudedad y tenía la obligación de poner en conocimiento del SENASIR sobre su nuevo estado civil, conforme establece el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997; pero no lo hizo, asumiendo al contrario un comportamiento y una actitud desleal, demostrando así su mala fe y mala intención de cobrar una renta que ya no le correspondía y es precisamente en ello que se halla fundado los cobros indebidos; razones por las cuales la motivación del Auto de Vista carece de legalidad en franca violación del debido proceso, dejando en total indefensión al SENASIR, al cuartarle su derecho de poder recuperar cobros indebidos, infringiendo el art. 609 del CSS, que faculta a los entes gestores de emitir Notas de Cargo para la recuperación de sus adeudos. A través de Auto Supremo 459/2020 de 22 de julio, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declaro infundado el recurso de casación planteado por el SENASIR, bajo los siguientes argumentos:

1) “Que de la revisión de los antecedentes del proceso, se establece que mediante RA N° 1356/93, de 13 de abril de 1993 la Comisión Regional de Prestaciones del Fondo de Pensiones Básicas otorgó Renta de Derechohabientes a Eva Lucila Arancibia Mariscal e hijos (fs. 47); también se evidencia el pre aviso por el que el SENASIR hizo conocer a la demandante la presunción de segundas nupcias ante lo cual debía presentar sus descargos en el plazo de treinta días (fs. 65); igualmente, existe constancia de los resúmenes /de partidas de matrimonio emitidos por la Dirección Nacional de Registro Civil de la Corte Nacional Electoral, en los que constan dos partidas de matrimonio consignando ambos los mismos datos de la actora, la primera partida con fecha de celebración de 3 de julio de 1979 con Julio Hugo Zeballos Salvatierra y la segunda, con data de inscripción de 18 de agosto de 1992 con Joaquín Quisbert Quiroga, también consta a fs. 121 el certificado emitido por la Jefatura de Control Legal de Registro Civil del Tribunal Supremo Electoral, que ratifica el contenido de los resúmenes de las partidas matrimoniales, asimismo se advierte que la Comisión de Calificación de Rentas mediante Resolución N° 005646 de 14 de julio de 2006 (fs.73 a 74) dispuso la suspensión definitiva de la Renta de viudedad otorgada a Eva Arancibia Mariscal, confirmándose esta determinación por Resolución de la Comisión de Reclamación N° 1015/08 de 2, de octubre de 2008, la relación de hechos expuesta demuestra que el SENASIR cumplió con la carga legal que le corresponde respecto a demostrar que la actora contrajo nuevo matrimonio conforme se advierte de las certificaciones emitidas por el Registro Civil del ahora Tribunal Electoral, a cuya consecuencia dispuso la suspensión definitiva de la renta de viudedad conforme establece el art.37 del Manual de Prestaciones “...la renta de viudedad en curso de pago, cesará a la muerte de la viuda o cuando ésta contraiga nuevas nupcias o entre en concubinato..."y la Resolución Ministerial (RM) N° 171 que señala que la renta de viudedad será suspendida si la viuda contrae nuevas nupcias, de tal forma se colige que para que exista la suspensión de una renta primeramente ésta ha tenido que ser otorgada, y si como hecho sobreviniente a ello la derechohabiente contrae nuevas nupcias, opera la suspensión; quedando claro, que la suspensión de la renta de viudedad otorgada a la actora se encuentra debidamente sustentada.” (sic); 2) La entidad recurrente aduce que el tribunal de alzada, incurrió en transgresión del art. 477 del RCSS, al considerar que no tuvo en cuenta que el SENASIR con la facultad otorgada por la norma citada y amparado en lo dispuesto por el art. 4 inc.

c) del DS 26189 (norma señalada también como vulnerada), al advertir que la actora había contraído nuevas nupcias que no fueron comunicadas al ente gestor, suspendió definitivamente la renta de viudedad que le fue concedida y dispuso la recuperación de lo indebidamente cobrado; si bien la normativa citada precedentemente concordante con los arts. 9 del DS N° 27991 de 28 de enero de 2005 y 2 inc. b) de la Resolución Administrativa N° 044 de 18 de julio de 2001, autorizan al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos; sin embargo en virtud al citado art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, la devolución de los emolumentos indebidamente cobrados procede únicamente ante la comprobación de que la decisión de otorgar la renta, obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, situación que en el caso no aconteció, porque el SENASIR no presentó prueba objetiva relativa a que Natividad Charca Copa, hubiera presentado documentación fraudulenta a tiempo de solicitar la renta de viudedad, en consecuencia el tribunal de alzada, al haber dispuesto dejar “sin efecto la recuperación de lo ya cobrado", actuó adecuadamente, toda vez que la renta de viudedad no fue otorgada en base a datos o declaraciones fraudulentas, por lo que no correspondía determinar la devolución de los pagos con efecto retroactivo, como pretende el SENASIR;

3) “Con relación a la supuesta infracción del art. 8 del DS N° 23215 del "Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República", en concordancia con los artículos 42. b) y 43 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO), no es evidente, toda vez que estas normas son aplicables de manera especial a los funcionarios públicos y toda persona que reciba recursos del Estado. En el caso de autos, la beneficiaria no tenía acceso a los registros ni documentos administrativos del SENASIR, por lo que no puede aducirse mala fe en la presentación de documentos a tiempo de solicitar su renta de viudedad, por cuanto se evidenció que no fue así, siendo inapropiado buscar perjudicar a la demandante y contravenir la ley a título de precautelar recursos del Estado.” (sic). Reiterando luego de ello que no correspondía la devolución, ya que, no se demostró por la vía administrativa si existió mala fe por parte de Natividad Charca Copa, y que al contrario verificaron que existieron omisiones por parte del SENASIR en el debido control que debió realizar de las diferentes rentas, lo cual no podría ir en contra de las normas legales que regulan el ordenamiento legal, que no solo por justificar la recuperación de recursos del Estado se tendría que proceder injustamente contra la misma; y,

4) En cuanto al recurso de casación en el fondo, por el que se cuestiona que el fallo de alzada es ultra petita, puesto que Natividad Charca Copa en ningún momento pidió que se dejara sin efecto el pago de lo indebidamente cobrado, sino más bien pidió que se verifique y se disponga nueva liquidación, tomando en cuenta los gastos de sepelio, bono de cesantía y otros, a los que el causante tenía derecho y que nunca fueron reclamados; cabe referir que, si bien el auto de vista impugnado dispuso que no corresponde la devolución de lo cobrado, fue porque no existen normas legales que regulen dicha devolución, más aun cuando el art. 477 RCSS, prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas, siendo que la beneficiaria en ningún momento realizó alguna irregularidad para obtener las mismas.

“Por todo lo manifestado, se concluye que no corresponde la devolución de lo cobrado, por el solo hecho que no existe una norma legal que genere dicha obligación, más al contrario como se mencionó precedentemente, el art. 477 RCSS., hace la prohibición de la devolución retroactiva de los respectivos cobros de rentas, ya que no se demostró que la señora Natividad Charca Copa no realizó ninguna irregularidad, ni haya actuado de mala fe para realizar los respectivos cobros de la renta, asimismo, se demostró que la autorización de la renta de orfandad fue otorgada fue originada por medio de documentación e información legal y lícita al momento de darle la renta de viudedad, no correspondiendo ninguna devolución, menos aún en efecto retroactivo, toda vez que fue licita su alcance.” (sic).

Ahora bien, esta contrastación efectuada entre los argumentos del recurso de casación y lo resuelto en el Auto Supremo ahora cuestionado, hace evidente la denuncia sobre la inobservancia del principio de congruencia de parte de los Magistrados demandados, toda vez que, se advierte que las autoridades demandadas sin el más mínimo cuidado y diligencia, en el primer punto del referido Auto Supremo, efectuaron la relación de los antecedentes y contextualización del caso, identificando de manera errónea a otras personas, -Eva Lucila Arancibia Mariscal e hijos, con dos partidas de matrimonio, la primera partida con fecha de celebración de 3 de julio de 1979 con Julio Hugo Zeballos Salvatierra y la segunda, con data de inscripción de 18 de agosto de 1992 con Joaquín Quisbert Quiroga-, así como diferentes fechas y distintos números de resoluciones emitidas por el SENASIR -Resolución 005646 de 14 de julio de 2006 y Resolución de la Comisión de Reclamación 1015/08 de 2 de octubre de 2008-, seguramente en otro caso de suspensión de renta de viudedad distinto al de la tercera interesada y al que genero la presente acción tutelar, puesto que conforme a la compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se trata del caso de Natividad Charca Copa -ahora tercera interesada-, quien mediante Resolución 003355 de 12 de marzo de 1998, emitido por la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección General de Pensiones, fue beneficiada con la renta básica y complementaria de viudedad y orfandad en favor de los menores NN a partir del mes de febrero de 1997, al fallecimiento del rentista Luciano Cano Jurado con quien la prenombrada estuvo casada; beneficio que por Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, determinó suspender definitivamente, al haber advertido que la misma contrajo nuevas nupcias con Gregorio Vargas Soruco; consecuentemente, las partes y hechos considerados por las autoridades demandadas no guardan la debida correspondencia con el caso en cuestión, advirtiéndose incongruencia en esta primera parte considerativa del Auto Supremo 459/2020. De igual forma, de la lectura del referido Auto Supremo impugnado, en el tercer punto, las autoridades demandadas hacen referencia y citan normas, tal como alega la parte accionante, referidas al art. 8 del DS 23215 (Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República), concordante con los arts. 42. b) y 43 de la Ley 1178 (Ley SAFCO), señalando luego de dicha cita que, no era evidente la infracción denunciada por la parte recurrente puesto que tales normas son aplicables de manera especial a los funcionarios públicos y toda persona que reciba recursos del Estado, y que la beneficiaria no tenía acceso a los registros ni documentos administrativos del SENASIR, señalando que no podía aducirse mala fe en la presentación de documentos a tiempo de solicitar su renta de viudedad; argumentos totalmente incongruentes, fuera de contexto y del marco legal en el que debieron desenvolverse los Magistrados demandados, así como la plena correspondencia y coincidencia que debían guardar respecto al planteamiento del recurrente; puesto que, conforme se tiene del recurso de casación descrito anteriormente, el SENASIR, expreso dos puntos de agravios, el primero relativo a la actuación ultra petita del Tribunal de alzada y el segundo referido a la errónea aplicación e interpretación de la ley, en este último, en razón a que, el Auto de Vista impugnado, respaldo su decisión en una norma que no es aplicable al caso, como es el art. 477 del RCSS que señala:

“Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas.” Señalando que esta norma, refiere y se aplica específicamente a los supuestos donde las personas hubieren obtenido una renta en base a documentación fraudulenta, casos en los cuales el SENASIR puede exigir la devolución total, es decir, con carácter retroactivo de dichos cobros indebidos; y que lo que sucedía en el caso de la tercera interesada fue que, está, siendo beneficiaria de la renta de viudedad, de manera voluntaria contrajo nuevo matrimonio, por lo que era lógico que ella ya no era acreedora de dicha renta y tenía la obligación de poner en conocimiento del SENASIR sobre su nuevo estado civil, conforme establece el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, cuya previsión refiere:

“La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la unidad de recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos.” Pero no lo hizo, y siguió cobrando una renta que ya no le correspondía, indicando que en esa situación se fundaba los cobros indebidos; aspectos a los cuales, claramente no se remitieron ni consideraron los Magistrados demandados, ya que, se refirieron a otra normativa -art. 477 del RCSS- que prevé el cobro retroactivo de las rentas indebidamente cobradas en caso de comprobarse que la prestación fue otorgada en base a documentación fraudulenta, extremos no cuestionados por la parte recurrente, ya que, cuestionaban la devolución de las rentas cobradas por la tercera interesada después de contraer nuevas nupcias; empero las referidas autoridades sostuvieron sin ningún sentido que la normativa citada era de aplicación especial a los funcionarios públicos y que la beneficiaria no había tenido acceso a los registros ni documentos del SENASIR, alegando que por ello, no podía atribuírsele mala fe en la presentación de sus documentos a tiempo de solicitar su renta; argumentos que develan definitivamente que las autoridades demandadas consideraron aspectos ajenos a la controversia, alejados de los cuestionamientos deducidos por las partes. En tal sentido, estos dos extremos hasta aquí verificados, es decir, la falta de correspondencia en la identificación de los antecedentes y las partes, así como la consideración de aspectos distintos a lo cuestionado por la parte ahora accionante que dio lugar a una respuesta incoherente, definitivamente revelan la incongruencia interna denunciada por el impetrante de tutela; toda vez que, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, esta se entiende, como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; a efectos de evitar que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión, lo cual no fue cumplido ni observado por los Magistrados demandados, quienes resolvieron el recurso de casación en base a datos y hechos distintos, y considerando aspectos no cuestionados por la parte impetrante de tutela en su recurso de casación; más aún, cuando este Tribunal también pudo advertir del examen del Auto Supremo cuestionado, que, lo también denunciado por el accionante en este primer punto del problema planteado, referido a que las referidas autoridades omitieron responder con la debida fundamentación el agravio de ultra petita incurrida en la decisión impugnada al dejar sin efecto la deuda total del pago indebidamente cobrado, sin que hubiera sido solicitado, es cierto y evidente, puesto que, a pesar de identificar ese agravio, sin comprender debidamente el mismo, manteniendo la incongruencia advertida, señalo que, el Auto de Vista dispuso que no corresponde la devolución de lo cobrado, porque no existen normas legales que regulen dicha devolución, y que además el art. 477 del RCSS, prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas, siendo que la beneficiaria en ningún momento realizó alguna irregularidad para obtener las mismas, lo cual no guarda correspondencia con el agravio deducido por el SENASIR en su recurso de casación, en el mismo que claramente cuestionaba que el Tribunal de alzada en una actuación ultra petita, dejó sin efecto los cobros indebidos sin que ello fuera pedido por la tercera interesada en su recurso de apelación, donde más bien habría reconocido de manera tacita la deuda solicitando una nueva liquidación en la cual se deduzca los pagos a los que tenía derecho su fallecido esposo como los gastos de sepelio, bono de cesantía y otros que no le habían sido pagados; sin embargo, las autoridades demandadas con un marco distinto al propuesto, omitieron referirse a dichos extremos denunciados, incurriendo también de esa forma en la incongruencia externa denunciada; lo cual también genero ausencia de fundamentación y valoracion al resolver el agravio de ultra petita expresado por el accionante, haciendo evidente lo denunciado por éste.

Del análisis efectuado precedentemente, sobre este primer punto de la problemática establecida en este fallo constitucional, referida al incumplimiento del principio de congruencia en el Auto Supremo 459/2020, este Tribunal advierte que es evidente; toda vez que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la congruencia es un elemento esencial del debido proceso, cuya observancia es exigible en la emisión de resoluciones sean estas judiciales o administrativas; por lo que, este principio adquiere manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador; asimismo, la congruencia como principio característico del debido proceso, es entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva; exigencias que fueron incumplidas por los Magistrados demandados, correspondiendo conceder la tutela solicitada sobre este primer punto Acerca de las problemáticas contenidas en los incs. b) y c) En el segundo punto del objeto procesal de esta acción tutelar, la entidad accionante denuncia la falta de fundamentación y motivación del Auto Supremo cuestionado, señalando que el mismo sustento toda su decisión en el art. 477 del RCSS, que no es aplicable al caso concreto, como tampoco fundamentaron con el art. 609 del CSS, limitándose finalmente a señalar que no existe norma legal que genere dicha obligación. Relacionado con esta denuncia, como tercer acto ilegal cuestiona la errónea interpretación del art. 477 del RCSS, en la que habría incurrido el referido fallo, alegando que dicha norma es aplicable a casos donde las personas obtuvieron sus rentas con datos falsos sin la certeza de la mala fe, lo que conllevaría a no surtir efecto retroactivo bajo la lógica que el actuar de los beneficiarios no fue de mala fe o no fueron responsables del acto fraudulento; diferencia que no fue comprendida por los Magistrados demandados, ya que en el caso concreto Natividad Charca Copa empezó a cobrar la renta de viudedad mediante Resolución 003355 de 12 de marzo de 1998 hasta su suspensión por Resolución 0002497 de 21 de julio de 2016, resaltando el hecho que la prenombrada se casó nuevamente el 8 de marzo de 2012; por lo cual, corresponde la devolución de los montos percibidos a partir del nuevo matrimonio. Al respecto, esta Sala advierte que, estas dos problemáticas descritas tienen estrecha relación, debido a que la parte accionante, esencialmente denuncia que las autoridades demandadas, sustentaron su decisión en base a una errónea interpretación del art. 477 del RCSS, la cual a su criterio no es aplicable al caso concreto; toda vez que, dicha norma aplica a supuestos y hechos distintos de los que habría incurrido, en este caso la tercera interesada, interpretación errada que conllevo a que el Auto Supremo carezca de fundamentación y motivación, limitándose a concluir que no existiría norma legal que genere la obligación pretendida; en tal sentido, la compulsa de estas denuncias será efectuada de forma conjunta. A tal efecto, concierne referirnos inicialmente a la denuncia de errónea interpretación de la norma, para lo cual, cabe señalar que conforme a los razonamiento glosados en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la interpretación de la legalidad corresponde a la jurisdicción ordinaria; empero, la jurisdicción constitucional puede verificar si en esa labor intelectiva, se vulneraron principios constitucionales, no siendo exigible para ello, una carga argumentativa como requisito previo, esto en razón a la aplicación del estándar jurisprudencial más alto; en tal sentido, ya no resulta exigible la carga argumentativa por parte de los impetrantes de tutela para que la instancia constitucional ingrese a verificar la interpretación legal efectuada por la jurisdicción ordinaria. Bajo ese entendimiento, la entidad ahora accionante, denuncia que las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia demandadas, efectuaron una errónea interpretación del art. 477 del RCSS, norma que no es aplicable al caso en cuestión, ya que, la misma se aplica específicamente a los supuestos donde las personas hubieren obtenido una renta en base a documentación fraudulenta, casos en los cuales el SENASIR puede exigir la devolución total, es decir, con carácter retroactivo de dichos cobros indebidos; diferencia que no fue comprendida por los Magistrados demandados, ya que, el caso de la tercera interesada, se trataba de que, siendo está, beneficiaria de la renta de viudedad, de manera voluntaria contrajo nuevas nupcias, lo cual, conforme el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, ya no le hacía acreedora de dicha renta y tenía la obligación de poner en conocimiento del SENASIR sobre su nuevo estado civil, pero no lo hizo, y siguió cobrando una renta que ya no le correspondía. Ahora bien, antes de ingresar a verificar lo denunciado, corresponde a esta instancia constitucional, comprender lo que prevé la cuestionada normativa social, que se encuentra en el Reglamento del Código de Seguridad Social -Decreto Supremo 05316 de 30 de septiembre de 1959-, Libro VI, Título III denominado: Del Régimen de las Prestaciones, Capítulo I “Disposiciones Generales”; art. 477 que establece:

“Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas.” El contenido de esta norma, permite entender que se refiere a los beneficios otorgados en dinero por el Estado, al trabajador o a sus derechohabientes, por distintos motivos y diferentes circunstancias, como un medio de protección que brinda la seguridad social a este; bajo ese marco, y aplicando una interpretación literal, debido a la claridad de la norma descrita, se tiene que la misma prevé que, este beneficio o prestación podrá ser objeto de revisión de oficio o a denuncia, por parte de la instancia pertinente, a efectos de verificar posibles errores de cálculo o la falsedad en los datos que fueron la base para su otorgamiento; quedando claro hasta aquí, que este control posterior a las prestaciones en dinero concedidas, es una facultad otorgada por la norma a la entidad encargada de su administración; por lo que, en ejercicio de esa facultad, siempre y cuando corrobore el supuesto error o la falsedad no atribuible al beneficiario, podrá revocar o reducir el monto de la prestación otorgada sin efecto retroactivo; es decir, la revocación o reducción no surtirá efecto a las mensualidades o rentas ya cobradas; empero, en relación a este efecto no retroactivo, la norma objeto de examen prevé una excepción que es clara, referida a que “…cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas” -extremo que deberá ser debidamente demostrado y sustentado-, la administración de prestaciones exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas; entendiendo que en estos casos, dicha exigencia tendrá carácter retroactivo; consecuentemente, la aplicación de esta norma, que en concreto faculta a la entidad encargada de las prestaciones, a revocar, reducir y exigir la devolución de las prestaciones con y sin carácter retroactivo, en supuestos en los cuales; primero, resulte que la prestación otorgada, fue en base a algún error de cálculo o a la falsedad de datos, caso en el cual y siempre y cuando el error o falsedad no sea atribuible al beneficiario, la revocatoria o reducción no surtirá efecto retroactivo; segundo, cuando resulte que la concesión fue otorgada en base a datos, documentos o declaraciones fraudulentas, debidamente comprobadas, la revocatoria conllevara a la exigencia de devolución de las rentas ya pagadas, con efecto retroactivo; extremos que, indudablemente deben ser compulsados y aplicados por el operador de la justicia ordinaria para cada caso concreto en base a los antecedentes que correspondan. Bajo esa comprensión, se extrae que dicha disposición normativa en esencia regula que las prestaciones concedidas obedezcan a cálculos, declaraciones, datos y documentos auténticos e idóneos, que aseguren que su alcance beneficie a los directos y reales beneficiarios; asimismo, incumbe precisar que el contenido normativo de esta disposición, expresa casos específicos en los cuales debe ser aplicado. Bajo esa interpretación literal y conforme los antecedentes que dieron lugar a la interposición de la presente acción tutelar; corresponde verificar lo denunciado por el SENASIR -entidad accionante-, sobre la errónea aplicación de la norma examinada, es decir, el art. 477 del RCSS, para lo cual, cabe recordar que lo que esencialmente cuestionado la parte accionante en el recurso de casación -consignado en la Conclusión II.4 de este fallo- contra el Auto de Vista 48/2019, fue una actuación ultra petita de parte del tribunal de alzada al conceder más allá de lo pedido por la apelante -ahora tercera interesada- en su recurso de apelación, determinando dejar sin efecto los cobros indebidos sobre los cuales el SENASIR dispuso su devolución, por nuevas nupcias de la beneficiaria; y como segundo punto, denuncio errónea interpretación de la ley, sosteniendo que el art. 477 del RCSS en la que el tribunal de apelación apoyo su decisión no era una norma aplicable al caso, puesto que el SENASIR no pretendía exigir la devolución de los cobros indebidos con carácter retroactivo por fraude en su otorgación, sino únicamente perseguía la recuperación de cobros indebidos de renta pagados a la tercera interesada a partir de la celebración del nuevo matrimonio que contrajo la referida hasta la fecha de suspensión de la renta de viudedad, porque ya no le correspondía, conforme lo previsto en el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición y que está en una actitud desleal y sin informar al SENASIR de su nuevo estado civil siguió cobrando tal beneficio; siendo esos los agravios expuestos en el recurso de casación, las autoridades demandadas, a través de los argumentos contenidos en el Auto Supremo descrito en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional; para la resolución del recurso de casación, sin comprender de manera precisa los argumentos de la entidad accionante, en el punto dos, aplicando el art. 477 del RCSS, resolvieron que:

“…en virtud al citado art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, la devolución de los emolumentos indebidamente cobrados procede únicamente ante la comprobación de que la decisión de otorgar la renta, obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, situación que en el caso no aconteció, porque el SENASIR no presentó prueba objetiva relativa a que Natividad Charca Copa, hubiera presentado documentación fraudulenta a tiempo de solicitar la renta de viudedad, en consecuencia el tribunal de alzada, al haber dispuesto dejar `sin efecto la recuperación de lo ya cobrado`, actuó adecuadamente, toda vez que la renta de viudedad no fue otorgada en base a datos o declaraciones fraudulentas, por lo que no correspondía determinar la devolución de los pagos con efecto retroactivo, como pretende el SENASIR” En base a dicha norma y además citando otra normativa impertinente al caso -como se tiene advertido y verificado en el análisis del elemento congruencia-, prosiguió en los siguientes puntos motivando su resolución, sosteniendo que el SENASIR no había demostrado con prueba objetiva que la tercera interesada hubiera obtenido su renta de viudedad en base a documentos fraudulentos y que la referida entidad no puede ir en contra de las normas legales, más aun cuando el art. 477 RCSS, prohíbe la devolución retroactiva de cobros de rentas, reiterando que la beneficiaria en ningún momento realizó alguna irregularidad para obtener las mismas, para finalmente concluir que no corresponde la devolución de lo cobrado, porque no existe una norma legal que genere dicha obligación.

De lo expuesto, se tiene que la actividad intelectiva de los demandados, al aplicar el art. 477 del RCSS al caso sometido a su conocimiento mediante recurso de casación, efectivamente incurrió, si bien no en errónea interpretación, pero si en una errónea aplicación de la referida norma; en razón a que, no comprendieron ni consideraron que el SENASIR, tal como se les hizo conocer en el recurso de casación, no estaba exigiendo la devolución de los cobros indebidos por fraude en los documentos, datos o declaraciones que sirvieron para su obtención, sino que citando y explicando que dicha exigencia devenía de lo establecido en el Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición como normativa interna, misma que en el art. 36 prevé que:

“La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la unidad de recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos.” Señalando que la beneficiaria debió someterse a dicha previsión, pero al no haberlo hecho así, y al contrario demostrar una actitud desleal al no poner aviso de su nuevo estado civil a la entidad de prestaciones, lo cobrado a partir del nuevo matrimonio contraído correspondía sea devuelto hasta la fecha de la suspensión de la renta de viudedad; empero, los Magistrados demandados, aplicando e interpretando erróneamente esta norma, incurrieron en incoherencias al emitir el Auto Supremo cuestionado, puesto que manteniendo la contradicción incurrida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, al confirmar el cese de la renta de viudedad de la tercera interesada por nuevas nupcias, dando a entender que implícitamente reconocía que tal extremo, es decir, que el nuevo matrimonio extinguía ese beneficio, pero por otro dejo en la incertidumbre si las rentas cobradas por la beneficiaria después de contraer nuevo matrimonio eran o no indebidas y si las mismas debían ser devueltas o no por la mencionada; es decir no efectuaron una actividad interpretativa de acuerdo a los antecedentes del caso y conforme al marco normativo propuesto por la entidad accionante, limitándose a concluir, tal como alega el accionante, que no existía norma legal que genere dicha obligación.

En tal sentido, las autoridades jurisdiccionales demandadas, al interpretar y aplicar la mencionada disposición del Reglamento del Código de Seguridad Social lo hicieron de manera errada y sin considerar que la misma se aplica en los dos casos específicos que prevé dicha norma, conforme lo desarrollado líneas arriba, es decir cuando la prestación otorgada resulte de algún error de cálculo o de la falsedad de datos, caso en el cual y siempre y cuando el error o falsedad no sea atribuible al beneficiario, la revocatoria o reducción no surtirá efecto retroactivo; y, segundo, cuando resulte que la concesión fue otorgada en base a datos, documentos o declaraciones fraudulentas, debidamente comprobadas, caso en el cual, la revocatoria conllevara a la exigencia de devolución de las rentas ya pagadas, con efecto retroactivo; no estableciendo esta norma su aplicación para el supuesto en que, el beneficiario como en el caso de autos haya ocasionado el cese de su renta al contraer nuevas nupcias y sin embargo prosiguió cobrando la misma cuando ya no correspondía; circunstancias que debió merecer otra interpretación en base a las normas inherentes que regulan a dicha administración de prestaciones y que de hecho fueron invocada por la parte ahora accionante como fueron los arts. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, al que debe sumarse el art. 37 del mismo manual; y el art. 609 del RCSS, lo cual no fue comprendido ni considerado por las autoridades demandadas, quienes develando total irresponsabilidad emitieron su resolución totalmente incongruente e incoherente por la errónea interpretación y aplicación de dicha norma impertinente al caso que fue de su conocimiento. Ahora bien, esta errónea interpretación de la norma advertida en el análisis precedente, confirma lo denunciado por SENASIR a través del segundo punto de las problemáticas planteadas, referida a la falta de fundamentación y motivación del Auto Supremo 459/2020, al haber sustentado toda la resolución en el art. 477 del RCSS que además no era aplicable al caso concreto, lo cual fue advertido por este Tribunal, ya que, las autoridades demandadas no se pronunciaron con la debida fundamentación ni motivación, por cuanto conforme lo verificado enmarcaron su actuación de manera errónea en el art. 477 del RCSS, normativa social que no es aplicable al caso de análisis, toda vez que, la forzada interpretación que le dieron al mismo, género una serie de contradicciones que no permiten entender cómo es que el caso se ajusta a dicha normativa, a partir de que -se reitera- el SENASIR pretende la devolución de las rentas cobradas -a su criterio- indebidamente por la tercera interesada, luego de que ésta contrajo nuevo matrimonio, empero siguió cobrando la renta de viudedad, misma que cesó al momento de que la prenombrada contrajo nuevas nupcias, extremos que no fueron justificados de manera clara y precisa, y conforme también al marco normativo en el que la entidad demandada respaldo sus agravios como fue el art. 36 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición y el art. 609 del RCSS, ya que, es evidente que sustentaron su decisión solo en el art. 477 del RCSS, sosteniendo entre sus argumentos que no correspondía los cobros indebidos porque la entidad accionante no había demostrado que la beneficiaria hubiera obtenido su renta de viudedad en base a documentos o datos fraudulentos, con lo que de igual forma incurrieron en una indebida y equivocada motivación, sin que hayan llegado al convencimiento de las partes de que su decisión fue correcta y dentro del marco legal que corresponde; razones por las cuales, se tiene que las referidas autoridades incumplieron los parámetros del debido proceso en sus elementos de la debida fundamentación y motivación al emitir el Auto Supremo cuestionado; así, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que, cada autoridad que dicte una resolución debe ineludiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, al mismo tiempo motivar exponiendo con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes y las pruebas, correspondiendo la concesión de la tutela en relación a la falta de fundamentación y motivación, vinculado al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la acción de amparo constitucional, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 3 de febrero, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, y en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional y con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes;

6 El art. 196.I de la CPE prevé: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

7 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

12 En el F.J. III.3.I. señalo: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

16 Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, Art. 36.- La viuda o conviviente que perciba renta y que contraiga matrimonio, recibirá en sustitución de dicha renta un pago global equivalente a tres anualidades de la renta que percibía, siempre que haga conocer este hecho a la unidad de recaudación. Este caso no dará lugar a la redistribución de la renta de viudedad en favor de los hijos. causante.

17 Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, Art. 37.- La renta de viudedad en curso de pago, cesará a la muerte de la viuda o cuando éstas contraigan nuevas nupcias o entrar en concubina. Se presume existir concubinato de la viuda, en caso de nacimiento pero un hijo después de trescientos (300) días de la muerte del causante.

18 Reglamento del Código de Seguridad Social, Artículo 609°.- La Caja, mediante sus organismos específicos, girará Notas de Cargo por las cotizaciones devengadas, multas, intereses de mora, por sanciones pecuniarias, obligaciones emergentes de ventas y adjudicaciones de viviendas de conformidad al régimen de vivienda popular; alquileres de sus bienes de renta, precio de los productos y materiales de sus industrias sociales, así como por cualquier otro concepto que se adeudare por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que por ningún motivo, excepción, reclamación, recurso, incidente o artículo pueda observarse su fuerza ejecutiva. Optativamente, la Caja podrá igualmente girar Notas de Cargo y usar de los recursos del juicio coactivo social, sin perjuicio de acogerse a la Ley General de Bancos en caso de deudas; amortizaciones, intereses normales y penales emergentes de contratos anticréticos, hipotecarios con o sin desgravamen u otros que realizare de acuerdo a su programa de inversiones.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0052_2023-S1.pdf · páginas 1 a 38.

Huella digital del PDF (SHA-256): 536cfe660533c6e777ae3edd510a0498b62004cbe89c1e0ea5aaf203bd9968ca

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