Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su contra fue emitido mandamiento de apremio con el objeto de que haga efectivo el pago de Bs11 200.- por concepto de asistencia familiar dentro del proceso de Asistencia familiar seguido por María Angélica Ruíz Chávez; empero, sin que se le hubiera citado con la demanda transgrediendo lo previsto por los arts. 305 y 306 del CFPF; y, habiéndose apersonado ante el Juez de la causa, pidiendo la nulidad de todo lo obrado, no se hubiera dispuesto su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 90 a 92 vlta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
2º Se llama severamente la atención al indicado en Juez de garantías, por las consideraciones expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50197-2022-101-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 09/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 90 a 92 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alan Quenevo Cárdenas contra Juan Alberto Arias Padilla, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni.
Por memorial presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 69 a 73, el accionante, refirió que:
El 15 de julio de 2022, fue sorprendido con un mandamiento de apremio librado por el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta de la Capital del departamento de Beni -demandado-, a través del cual se enteró de una demanda de asistencia familiar en su contra, seguida por María Angélica Ruiz Chávez; no obstante, nunca fue citado con la misma, empero, en mayo de 2022 se había emitido la Sentencia y en julio de igual año, realizando la liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs11 200.- (once mil doscientos bolivianos). En consecuencia, planteó incidente de nulidad de obrados desde la admisión de la demanda hasta el referido mandamiento, a fin que se disponga su citación y su libertad inmediata; toda vez, que se encuentra recluido por más de cinco días a causa de un indebido procesamiento; sin embargo, el Juez demandado, dispuso traslado del incidente formulado, provocando con dicho acto, que su persona siga privado de libertad.
Finalmente, revisado que fuera el proceso, constató que su persona nunca fue citado de manera personal, por cédula o por edictos, conforme exigen los arts. 305 y 306 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); atentando con su derecho a la defensa; pues, los posteriores actos de comunicación se realizaron en un domicilio que no habitaba; no obstante que la demandante siempre tuvo conocimiento de su domicilio en la urbanización “el Torito”.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, “…Y SE DISPONGA Y/O MATERIALICE LA RESTITUCI[Ó]N DE MI LIBERTAD DE FORMA INMEDIATA, TODA VEZ QUE ESTOY SIENDO PRIVADO DE MI SAGRADO DERECHO A LA LIBERTAD POR MAS DE CINCO DIAS (…) [A] RAIZ DE UN PROCESO INDEBIDO…” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 85 a 89, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos de la demanda tutelar, aclarando que no desconoce el hecho que deba cancelar una asistencia familiar y que en el caso concreto no procede la aplicación del principio de subsidiaridad. Ante la consulta efectuada por el Juez de garantías, respecto a cuál sería el último domicilio en el que vivió y el actual; y, si conoció que le notificaron con la Sentencia el 1 de junio de 2022 en el barrio “11 de octubre”; al respecto, indicó que vivía en la casa de ella -se entiende de la demandante en el proceso familiar- por el barrio “Cerrito” hace tres meses, siendo su domicilio actual en el barrio Torito; respecto a la notificación con la Sentencia, nunca le dijeron nada.
Juan Alberto Arias Padilla, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni, en la audiencia de garantías informó que: a) En relación a la citación del impetrante de tutela con la demanda de asistencia familiar “…claramente se pude establecer que fue citado a fs.
12…” (sic); b) Si bien el solicitante de tutela refiere haber sido privado de su liberad, el 20 de julio de 2022, interpuso un incidente de nulidad de obrados; es decir, seis posteriores a la ejecución del mandamiento de apremio y siete días después interpuso ese mecanismo de defensa; y, c) Se dispuso correr en traslado el incidente de nulidad plateado, mismo en el que el accionante consintió que tenía conocimiento de la demanda.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del Departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 90 a 92 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se libre mandamiento de libertad, con base en los siguientes fundamentos: 1) Revisado el expediente relativo al proceso de asistencia familiar, efectivamente existe “…una omisión en cuanto se refiere a la citación personal del demandado o cuando menos una citación mediante cédula o finalmente una citación mediante edicto, para efectos de que el hoy accionante tenga pleno conocimiento de que existe una demanda en su contra y que el mismo pueda asumir defensa a cabalidad…” (sic); 2) No es menos cierto, que existen dos menores que requieren atención prioritaria conforme establece el art. 60 de la CPE; siendo obligación del juzgador encaminar -dentro de los márgenes del debido proceso- la causa sin que se afecten derechos ni garantías constitucionales; si bien se encuentran comprometidos los derechos del accionante, también existen otros derechos que se encuentran desprotegidos y que el accionante estaría incumpliendo, aspectos que deben ser considerados; y, 3) Otros aspectos relacionados con la causa principal, deben ser resueltos por el Juez demandado, más aun cuando se interpuso un incidente de nulidad por defecto absoluto, mismo que habría sido corrido en traslado a la demandante, y dicha autoridad debe resolver lo que en derecho corresponda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda de asistencia familiar presentada por María Angélica Ruiz Chávez, misma que fue admitida por el entonces Juez Público Civil, Comercial y Familia Primero de Riberalta del departamento de Beni, mediante Auto Interlocutorio 244/2019 de 12 de septiembre, disponiendo la citación de Alan Quenevo Cárdenas -accionante- (fs. 5 y 5 vta. y 11). II.2. Consta diligencia de notificación de 3 de octubre de 2019, practicada a María Angélica Ruiz Chávez, con Auto Interlocutorio 244/2019 (fs. 12) II.3. Por Auto Interlocutorio 199/2021 de 1 de septiembre, Juan Alberto Arias Padilla, Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta de la Capital del departamento del Beni -demandado-, designó como abogada de oficio del impetrante de tutela a Liss Norma Ruelas Pardo (fs. 16). II.4. Mediante Sentencia 52/2022 de 13 de mayo, la autoridad demandada, declaro probada la demanda, disponiendo que el ahora solicitante de tutela pague asistencia familiar mensual en favor de AA y BB en la suma de Bs900.- (novecientos bolivianos), que comenzará a correr a partir de la citación con la demanda (fs. 33 a 36). II.5. Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2022, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del citado departamento, María Angélica Ruiz Chávez, exteriorizó planilla de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs11 200.-; escrito que por decreto de 2 de junio de igual año, fue corrido en traslado al hoy impetrante de tutela, constando cédula de notificación con dichos actuados procesales el 7 de ese mes y año; (fs. 43 a 47). II6. Por escrito presentado el 13 de junio de ese año, María Angélica Ruiz Chávez, solicitó al Juez demandado, apremio corporal del accionante; en sustanciación del mismo, por Auto interlocutorio 166/2022 de 17 de junio, la supra mencionada autoridad judicial, aprobó la referida planilla por el monto señalado, intimando al solicitante de tutela, el pago de la suma adeudada por concepto de asistencia familiar dentro de tercero día de su legal notificación, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de emitirse mandamiento de apremio en su contra; costando diligencia de notificación con dichos actuados judiciales mediante cedula de 28 de igual mes y año (fs. 48 a 49 y 52). II.7. Por memorial presentado el 5 de julio del señalado año, María Angélica Ruiz Chávez, solicitó mandamiento de apremio del accionante; petición resuelta por Auto Interlocutorio 203/2022 de 8 de julio, por el cual, el Juez demandado, -considerando que el obligado no canceló la suma adeudada de Bs11 200.- por concepto de asistencia familiar dentro el plazo establecido de tres días- ordenó el apremio, disponiendo que el mismo sea conducido a la carceleta pública del municipio de Riberalta, Provincia Vaca Diez del departamento del Beni, hasta que cancele dicho suma de dinero (fs. 53; y 54 vta.). II.8. Consta mandamiento de apremio 18/2022 de 12 de julio, contra Alan Quenevo Cárdenas, diligenciado por Natalio Luis Alanoca Mollo -funcionario policial- el 14 del citado mes y año (fs. 58 y vta.). II.9. Por escrito presentado el 20 de julio de 2022, ante el Juez demandado, el accionante formuló incidente de nulidad de obrados por defecto absoluto, solicitando la nulidad de todos los actos desarrollados desde la admisión de la demanda principal, hasta el mandamiento de apremio librado, en consecuencia sea notificado con la demanda y admisión; pidiendo de igual manera, “…SE DISPONGA Y/O MATERIALICE MI LIBERTAD INMEDIATA, TODA VEZ QUE ESTOY SIENDO PRIVADO DE MI SAGRADO DERECHO A LA LIBERTAD POR MAS DE CINCO DIAS (…) REALIZADA [A] RAIZ DE UN PROCESO INDEBIDO…” (sic [fs. 60 a 63 vta.]); memorial corrido en traslado mediante decreto de igual data (fs. 64).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su contra fue emitido mandamiento de apremio con el objeto de que haga efectivo el pago de Bs11 200.- por concepto de asistencia familiar dentro del proceso de Asistencia familiar seguido por María Angélica Ruíz Chávez; empero, sin que se le hubiera citado con la demanda transgrediendo lo previsto por los arts. 305 y 306 del CFPF; y, habiéndose apersonado ante el Juez de la causa, pidiendo la nulidad de todo lo obrado, no se hubiera dispuesto su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Respecto a la activación paralela de jurisdicciones ordinaria y constitucional sobre el mismo objeto procesal, como causal que impide el pronunciamiento de fondo en esta vía constitucional, la SCP 0163/2024-S2 de 14 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0299/2021-S3 de 8 de junio, citado por la SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, sostuvo que:«…asumiendo los entendimientos sentados por el extinto Tribunal Constitucional, que establecen en forma general, que la acción de libertad no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad, pero que este principio resulta aplicable de manera excepcional en aquellos casos donde la norma procesal ordinaria prevé específicamente medios de defensa idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad cuya lesión se denuncia, sostuvo: “Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (...).
Por su parte la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la jurisprudencia constitucional sobre la activación paralela de mecanismos de defensa, concluyó: En ese sentido, la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre citando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, sostuvo que: “…Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: ‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…’”; de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico» (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, en su contra fue emitido mandamiento de apremio con el objeto de que haga efectivo el pago de Bs11 200.- por concepto de asistencia familiar dentro del proceso de Asistencia familiar seguido por María Angélica Ruiz Chávez; empero, sin que se le hubiera citado con la demanda transgrediendo lo previsto por los arts. 305 y 306 del CFPF; y, habiéndose apersonado ante el Juez de la causa, pidiendo la nulidad de todo lo obrado, no se hubiera dispuesto su libertad.
Así, delimitado el análisis del problema jurídico venido en revisión, por los antecedentes que cursan en obrados se evidencia que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido contra el hoy impetrante de tutela, mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2022, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Primero de Riberalta del citado departamento, María Angélica Ruiz Chávez, exteriorizó planilla de liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs11 200.-; escrito que por decreto de 2 de junio de igual año, fue corrido en traslado al impetrante de tutela, constando cédula de notificación con dichos actuados procesales el 7 de ese mes y año; (Conclusión II.5); asimismo, por escrito presentado el 13 de junio de ese año, solicitó al Juez demandado, apremio corporal del accionante; en sustanciación del mismo, a través del Auto interlocutorio 166/2022 de 17 de junio, la supra mencionada autoridad judicial, aprobó la referida planilla por el monto señalado, intimando el pago de la suma adeudada por concepto de asistencia familiar dentro de tercero día de su legal notificación, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de emitirse mandamiento de apremio en su contra; costando diligencia de notificación con dichos actuados judiciales mediante cedula de 28 de igual mes y año (Conclusión II.6)
Siguiendo dicha relación de actuaciones, por memorial presentado el 5 de julio del señalado año, María Angélica Ruiz Chávez, solicitó mandamiento de apremio y por Auto Interlocutorio 203/2022 de 8 de julio, ordenó el apremio del solicitante de tutela, disponiendo que el mismo sea conducido a la carceleta pública del municipio de Riberalta, Provincia Vaca Diez del departamento de Beni, hasta que cancele dicha suma de dinero (conclusión II.7).
Ahora bien, conforme se establece de la Conclusión II.8 del presente fallo constitucional, el mandamiento de apremio librado en contra del solicitante de tutela, fue efectivamente ejecutado el 14 de julio de 2022; por lo que, el prenombrado, el 20 de igual mes y año, activó este mecanismo de defensa alegando la trasgresión de sus derechos al debido proceso y a la defensa; empero, de forma anterior y paralela, mediante escrito presentado en la misma fecha -20 de julio de 2022-, formuló incidente de nulidad de obrados por defecto absoluto; ingresando en tal sentido, en una prohibición establecida por la jurisprudencia constitucional; pues, conforme la línea jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, “…respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: ‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…’” (las negrillas nos corresponden); por lo que, en virtud a dicho precedente constitucional, encontrándose aperturada la vía ordinaria de forma paralela a la constitucional, con la misma finalidad; es decir, se disponga su libertad; lo cual, impide a este Tribunal, ingresar al análisis fondo de la cuestión planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada; pues, lo contrario provocaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico y la eventualidad del pronunciamiento de fallos contradictorios, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la jurisdicción constitucional.
Llama la atención el hecho de que el Juez de garantías haya emitido una determinación materialmente contradictoria, concediendo por un lado la tutela impetrada, estableciendo una anómala citación del demandado dentro del proceso familiar; y por otra, disponer que el Juez ordinario -ahora demandado-, continúe la sustanciación del incidente de nulidad formulado, relativo a la situación del accionante en el proceso, generando una suerte de incompatibilidad en dicho fallo; en todo caso, suprimiendo la independencia con la que el Juez ordinario debe actuar a tiempo de resolver un incidente, aspecto que no puede ser tolerado ni considerado por este Tribunal. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 90 a 92 vlta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;
2º Se llama severamente la atención al indicado en Juez de garantías, por las consideraciones expuesta en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0051_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 275745eaebc11df0bbbc84cb779cd443ee9898b425fdcf1bd8a98719cde88e62
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →