B.IA.LEGAL

SCP 0051/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 7 de marzo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de marzo de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
54984-2023-110-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral; toda vez que, personal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz, pretendieron notificarla con el Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022, de desvinculación laboral, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad laboral; en virtud a que, tiene bajo su dependencia a su madre, quien presenta ceguera legal irreversible; motivo por el cual, realizó el reclamo respectivo a través de diversas notas efectuadas por su persona y el IBC; empero, ante la ausencia de pronunciamiento por parte de la entidad demandada, acudió a la Defensoría del Pueblo en resguardo de sus derechos vulnerados, por ello, dicha repartición emitió requerimiento de informes escritos impetrando se explique los motivos por los que se determinó despedir a la prenombrada, sin considerar la situación de inamovilidad laboral que tenía; no obstante de aquello, la institución demandada mantuvo subsistente la negativa de proceder con su reincorporación, refiriendo que era funcionaria provisoria y no presentó el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco acreditó su situación de tutora legal de su madre, tal como lo establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar; criterios considerados restrictivos y transgresores de derechos y garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 070/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo:

a) Que el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud de La Paz, deje sin efecto el Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022; b) Restituir a Carmen Paula Zenteno Mercado al mismo cargo que desempeñaba al momento de su destitución, sea en el plazo de tres días hábiles de notificada la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a casos que involucren a personas con discapacidad
  2. III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad y la acreditación de su condición. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Los derechos y garantías de las personas adultas mayores y su tutela reforzada
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2024-S2 Sucre, 7 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 54984-2023-110-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 070/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Paula Zenteno Mercado contra Prisley Riveros García, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 15 de marzo de 2023, cursantes de fs. 31 a 40 y 43 a 49, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Estando desempeñando funciones como Responsable del Área de Recaudaciones en el SEDES La Paz, el 13 de octubre de 2022, fue sorprendida por personal de Recursos Humanos (RR.HH.) de la prenombrada entidad, quienes pretendieron notificarla con el Memorándum -MR-0208/22 de igual fecha- de destitución, el cual no fue recibido por su persona alegando que gozaba de inamovilidad laboral, aquello en mérito a que tenía bajo su dependencia a Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -su madre-, quien presenta “ceguera legal irreversible”, tal como se evidencia en el carnet de afiliación al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) código 5856 y la Certificación CITE: IBC/DGE/DDLP/216/2022 de 19 de octubre; por tal motivo, en la fecha en la que se pretendía entregar el referido Memorándum, puso en conocimiento de dicha Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. de la mencionada entidad que “…tenía bajo su cuidado a su madre con discapacidad visual…” (sic), situación que posteriormente formalizó mediante Nota CITE: IBC/DGE/413/2022 de 19 de octubre, emitida por el IBC, donde a su vez solicitó su reincorporación inmediata a su fuente laboral.

Posteriormente, ante la ausencia de pronunciamiento por parte del SEDES La Paz, el 10 de noviembre de 2022, presentó nota donde solicitó nuevamente su reincorporación por inamovilidad laboral; empero, al no obtener respuesta alguna, acudió en la misma fecha a la Delegación Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, a efecto de proceder con las medidas respectivas en resguardo de sus derechos vulnerados; motivo por el cual, dicha repartición emitió la Nota CITE: DP/SSP/RIE/LPZ/6550/2022 de 22 de noviembre -requerimiento de informe escrito-, el cual fue reiterado mediante Nota CITE: DP/SSP/RRIE/LPZ/6550-1/2022 de 16 de diciembre, donde solicitó al SEDES La Paz, explique los motivos por los cuales se dispuso la desvinculación laboral sin haber considerado la situación de inamovilidad laboral que gozaba, requerimientos que fueron respondidos, a través del Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H. 0769/2022 de 22 de noviembre, emitido por el Asesor Legal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. de aquella entidad, en el que manifestó la negativa de proceder con la reincorporación laboral refiriendo que: a) Al ser funcionaria de libre nombramiento y provisoria no gozaba de dicho beneficio; b) No procedió con la presentación del Certificado Único de Discapacidad expedido por el Ministerio de Salud y Deportes; y, c) No se acreditó la situación de tutora de su madre, tal como lo establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar; criterios considerados restrictivos y limitativos, los cuales transgredieron sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 14.II, 46.I y II, 48.I, II y III, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Memorándum MR-0208/22; y, 2) Conminar al Director Técnico del SEDES La Paz a restituirla al mismo cargo que desempeñaba al momento de su destitución en atención a la inamovilidad laboral que le asiste.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 85 a 89, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo refirió que: i) El Memorándum que pretende notificar el SEDES La Paz la deja en total desprotección, en el entendido de que dicha acción repercute directamente en los derechos de su madre la cual depende de ella; en mérito a que, la misma presenta una ceguera total irreversible; y, ii) El SEDES La Paz a través de varios informes -tres en total- señaló que no tendría inamovilidad laboral, ya que no habría presentado el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco demostró “…que era tutora de su mamá…” (sic), aspecto que es considerado fuera de contexto, al ser ello discriminatorio, puesto que, se requiere una declaración de interdicción, situación que no puede darse sobre una persona que tiene una discapacidad visual.

I.2.2. Informe del demandado

Prisley Riveros García, Director Técnico del SEDES La Paz, por intermedio de sus abogados en audiencia de garantías solicitó se deniegue tutela argumentando que: a) La inamovilidad laboral impetrada por la accionante no la alcanza; en virtud a que, esta posee la condición de funcionaria provisoria; b) La prenombrada procedió hacer efectivo su reclamo cuando ya no existía una relación laboral con la entidad pública de salud a la que ahora demanda; y, c) Al momento de concretarse con la desvinculación de la peticionante de tutela, esa institución no conocía de que esta tenía bajo su dependencia a una persona con discapacidad, pese a que de forma anual instruye a todos los servidores públicos que hagan conocer ese aspecto, tal como lo establece la norma, sea la misma de manera verbal o escrita.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Giovanni Patzi Salinas, Director Departamental de La Paz del IBC, en audiencia de garantías refirió que: 1) El IBC se encarga específicamente de afiliar a personas con ceguera o discapacidad visual a través de una carnetización de personas que tienen dicha condición; situación diferente que ocurre con el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), en el entendido de que dicha entidad se encarga de afiliar y carnetizar a personas que presentan otros tipos de discapacidad como son la física, intelectual, psíquica, auditiva y otras; y, 2) El CONALPEDIS para calificar el grado de discapacidad utiliza un baremo biopsicosocial que es diferente para establecer una discapacidad visual; toda vez que, esta se realiza mediante estudios clínicos ejecutados por un especialista -médico oftalmólogo- quien determina con base en estudios la existencia de tipos de ceguera. Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno, en audiencia de garantías pidió que su hija -hoy peticionante de tutela- pueda ser reincorporada a su fuente laboral, en virtud de que su persona depende de manera directa de la prenombrada. René Ugarte López, Director General Ejecutivo del IBC, no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 54.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 070/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 90 a 97, denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: Al momento de revisar los antecedentes de la causa, así como, los fundamentos jurídicos expresados por la accionante, se concluyó que no se superó el principio de subsidiariedad, aspecto que incide en el establecimiento de una causal de improcedencia reglada; toda vez que, previamente a acudir a efectuar un reclamo a través de la presente acción de defensa, se debió realizar este ante la Dirección General del Servicio Civil mediante el procedimiento establecido para dicho cometido. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante pidió se aclare los siguientes aspectos: i) Habiéndose superado previamente una fase de admisibilidad, cuál es el criterio a efecto de recapitular la misma; ii) En el entendido de la existencia de una derivación de la causa a la Dirección General del Registro Civil, se estaría aperturando un periodo de tiempo para poder presentar algún recurso o denuncia, aquello en mérito a que el plazo para efectuar una reclamación es de tres meses; y, iii) Teniendo en cuenta lo establecido por una larga tradición jurisprudencial respecto a acudir a la vía constitucional en casos de reincorporación laboral, explique cuál es el motivo por el que la citada Sala Constitucional se estaría apartando de los mismos. En sustanciación y resolución de los puntos planteados, la mencionada Sala Constitucional, refirió lo siguiente: a) El cumplimiento de los requisitos de admisibilidad son analizados previamente al momento de admitir una causa; empero, la jurisprudencia constitucional al margen de aquello señala que la etapa para verificar ese aspecto es en el debate; motivo por el cual, la determinación asumida no se contradice y menos aún retrotrae alguna fase; b) Existe un tiempo para efectuar un reclamo ante la Dirección General del Servicio Civil, que no ha sido roto; por tal situación, el presente caso debe ser derivado a la mencionada repartición pública a efecto de que esta ingrese a analizar y razonar la problemática conforme lo señalado; y, c) No existe ningún apartamiento de la línea juirisprudencial desarrollada, aquello en el entendido de que la jurisprudencia en cuanto a su construcción arquitectónica tiene diferentes fases y momentos, así como, hechos fácticos que de ninguna manera serán similares o iguales unos a otros.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2023 (fs. 105 a 110 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Carmen Paula Zenteno Mercado pidió adelanto de sorteo, argumentando que su madre es su dependiente al ser una persona adulta mayor con ceguera total irreversible perteneciendo a un sector vulnerable; ante lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 0205/2023-CA/S de 6 de diciembre, cursante de fs. 115 a 118, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022, Prisley Riveros García, Director Técnico del SEDES La Paz -demandado-, comunicó a Carmen Paula Zenteno Mercado -impetrante de tutela- que en virtud a lo establecido por el art. 9.k) del Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998, se dio por concluida la relación laboral de la prenombrada con la indicada institución de salud, siendo dicho acto notificado en la fecha supra citada mediante representación al Memorándum (fs. 55 a 56). II.2. Mediante Nota CITE: IBC/DGE/DDLP/216/2022 de 19 de octubre, Giovanni Patzi Salinas, Director Departamental La Paz del IBC, refirió que Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -madre de la peticionante de tutela- se encuentra afiliada a la mencionada entidad “…desde la gestión (2002) y habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por esta Institución, de acuerdo a su formulario IBC-02 (Certificado Médico Oftalmológico – I.B.C.) es considerada Ciega Legal Irreversible, catalogada como persona con discapacidad…” (sic); cursando también el carnet de afiliación -Formulario IBC 04- con código 5856 correspondiente a la prenombrada el cual señala que el grado de ceguera es total (fs. 9 a 10). II.3. Por Nota CITE: IBC/DGE/413/2022 de 19 de octubre, René Ugarte López, Director General del IBC, solicitó al Director Técnico del SEDES La Paz, se proceda con la reincorporación laboral de la impetrante de tutela a su fuente de trabajo; en virtud a que, la misma tiene bajo su dependencia a Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -su madre-, quien presenta ceguera total (fs. 81 a 84). II.4. Cursa misiva de 10 de noviembre de 2022, a través de la cual la accionante solicitó al demandado, su reincorporación por inamovilidad laboral, señalando además que la Defensoría del Pueblo tenía conocimiento del caso (fs. 27 a 28). II.5. Mediante Nota CITE: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-776/2022 de 14 de noviembre, el demandado remitió a René Ugarte López, Director General del IBC, el Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 0741/2022 de 31 de octubre, en el cual, manifestó que la impetrante de tutela al ser funcionaria provisoria, no gozaba de inamovilidad laboral, y que mientras la prenombrada no acredite su situación como tutora de Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -su madre- el indicado Memorándum de desvinculación se mantiene firme y subsistente (fs. 76 a 80).

II.6. Por Nota CITE: DP/SSP/RIE/LPZ/6550/2022 de 22 de noviembre, reiterada por Nota CITE: DP/SSP/RRIE/LPZ/6550-1/2022 de 16 de diciembre, la Delegada Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, solicitó al demandado requerimiento de informe escrito, explicando: 1) Cuáles son los motivos por los que el SEDES La Paz procedió a desvincular de su fuente laboral a la impetrante de tutela sin considerar que tenía inamovilidad laboral; y, 2) Cuando se procedería con la reincorporación laboral de la mencionada (fs. 62 a 63). II.7. A través de Nota CITE: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-799/2022 de 24 de noviembre, el demandado puso en conocimiento de la solicitante de tutela el Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 0769/2022 de 22 de igual mes, en el que se señaló que la mencionada al ser funcionaria provisoria no gozaba de inamovilidad laboral, y que para acogerse a dicho beneficio, debería acreditar aquella dependencia de la persona con discapacidad por medio del Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, siendo este el documento válido, mientras no acredite su situación como tutora de Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -su madre- el Memorándum de desvinculación se mantiene firme y subsistente (fs. 64 a 69). II.8. Por medio de la Nota CITE: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-022/2023 de 12 de enero, el Director Técnico demandado, remitió al Delegado Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo el Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 0808/2022 de 12 de diciembre, y respondiéndose a los puntos solicitados por la citada autoridad manifestó lo siguiente: i) Con relación a los motivos por los que el SEDES La Paz procedió a desvincular de su fuente laboral a la accionante sin considerar que tenía inamovilidad laboral; argumentó que la misma no puede acogerse a dicho beneficio; toda vez que, era funcionaria provisoria, además de que la mencionada no acreditó ese extremo, al no haber presentado el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes y no presentar resolución judicial mediante la cual se la haya designado como tutora de su madre; y, ii) Respecto a la procedencia de la reincorporación laboral de la prenombrada, señaló que ese aspecto no era viable; en mérito a que, la peticionante de tutela no había acompañado documentación idónea requerida; por tal situación, dicha desvinculación laboral se mantiene firme y subsistente, siendo la misma ajena a la responsabilidad del SEDES La Paz (fs. 57 a 61). II.9. Mediante certificado médico de 27 de febrero de 2023, Wilfredo Américo Mercado Quiroga -médico cirujano-, señaló que la paciente Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -madre de la accionante-, fue diagnosticada con gastritis, artritis reumática y ceguera total, por tal aspecto, la mencionada se encuentra con tratamiento médico (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral; toda vez que, personal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz, pretendieron notificarla con el Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022, de desvinculación laboral, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad laboral; en virtud a que, tiene bajo su dependencia a su madre, quien presenta ceguera legal irreversible; motivo por el cual, realizó el reclamo respectivo a través de diversas notas efectuadas por su persona y el IBC; empero, ante la ausencia de pronunciamiento por parte de la entidad demandada, acudió a la Defensoría del Pueblo en resguardo de sus derechos vulnerados, por ello, dicha repartición emitió requerimiento de informes escritos impetrando se explique los motivos por los que se determinó despedir a la prenombrada, sin considerar la situación de inamovilidad laboral que tenía; no obstante de aquello, la institución demandada mantuvo subsistente la negativa de proceder con su reincorporación, refiriendo que era funcionaria provisoria y no presentó el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco acreditó su situación de tutora legal de su madre, tal como lo establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar; criterios considerados restrictivos y transgresores de derechos y garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a casos que involucren a personas con discapacidad

Sobre el tópico, la SCP 0869/2023-S2 de 28 de agosto, citando a la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, en relación a la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con discapacidad, estableció lo siguiente: […«Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: “…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”. En igual sentido el art. 94 de la LTC, establece que: “…la acción procede siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías”, por su parte, el art. 96.3 de la citada Ley, determina que: “…la acción no procederá contra resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno del mismo”; sin embargo, si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: “…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ‘(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’”; Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada»] (las negrillas son nuestras).

III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona mayor de dieciocho años con discapacidad y la acreditación de su condición. Jurisprudencia reiterada

Respecto al tema, la SCP 0329/2023-S2 de 10 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, la cual cita a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, sostuvo que: «…“A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano.

En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”» (énfasis agregado). Ahora, con respecto a la acreditación de la condición de las personas con discapacidad, la SCP 0546/2020-S2 de 13 de octubre, manifestó lo siguiente: “Tomando en cuenta que, las personas con discapacidad, se constituyen en un sector de vulnerabilidad de la sociedad, ampliamente protegido por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales, así como por la normativa vigente en el Estado, la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, emitió una línea jurisprudencial sólida, de protección de los derechos fundamentales de dicho sector, en el ámbito laboral, protegiendo así, su inamovilidad laboral; se entiende claro, si la persona que alegare tener una capacidad diferente, lo debe acreditar a través del carnet de persona con discapacidad pertinente, expedido por los CODEPEDIS; documento que se constituye en el único que acredita una condición de discapacidad en una persona, conforme a lo establecido en los Decretos Supremos (DDSS) 24807 de 4 de agosto de 1997, 1893 de 12 de febrero de 2014, así como en la Resolución Ministerial (RM) 1127, entre otros. Por lo que, la persona que, alegue una discapacidad, a fin de beneficiarse con la inamovilidad aludida, debe presentar el carnet de discapacidad correspondiente; por cuanto, al establecer el ordenamiento jurídico, que la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, se halla ligada a la necesidad que estos cumplan con el ordenamiento jurídico vigente y la inexistencia de causales que justifiquen su despido, establecidas en un proceso previo; resulta claro que, la condición de persona con discapacidad, debe estar debidamente confirmada y documentada -se reitera- mediante el carnet de discapacidad otorgado por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) o, por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). A dicho efecto, se crearon justamente, el IBC y el CONALPEDIS, y en ese marco, igualmente, los CODEPEDIS, con las mismas funciones y atribuciones del CONALPEDIS, en el campo operativo y circunscritos a su ámbito territorial; a fin -se repite- de otorgar el carnet de persona con discapacidad, con la ayuda de un equipo transdisciplinario de acuerdo a criterios técnicos y unificados, a todas las personas de su jurisdicción, para el ejercicio de todos los derechos establecidos en los diferentes Códigos y Leyes del Estado; en esencial, claramente, de las normas promulgadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, en relación a las personas con discapacidad. En ese sentido, los DDSS 24807, 1893, y la RM 1127, establecen que, el Carnet de Discapacidad, es el único documento que confirma dicha condición; resultando de otro lado, evidente que, la Resolución Ministerial nombrada, al aprobar el Reglamento de Operaciones del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUN PCD), estableció expresamente en su art. 28, como restricciones en la carnetización, que: ‘De acuerdo a las normativas establecidas no se podrá otorgar el carnet de discapacidad a las personas con un porcentaje de discapacidad inferior al 30% de acuerdo a la resolución ministerial 130, y a personas con discapacidad degenerativa cumplidos los 60 años’ -RM 0130, que establece dicho porcentaje de 30% para otorgar el carnet de discapacidad-. Finalizando, en ese sentido que, las personas con un porcentaje de calificación por debajo del 30%, no son consideradas como personas con discapacidad, sino con una deficiencia física, no sujetas, por ende, a la inamovilidad laboral” (el resaltado es nuestro).

III.3. Los derechos y garantías de las personas adultas mayores y su tutela reforzada

En relación a este acápite, la SCP 0436/2014 de 25 de febrero, señaló que: «Como lo ha anotado la SCP 2353/2012 de 16 de noviembre, “la dimensión social de Estado impele a que la otrora igualdad formal ante la ley se convierta en una igualdad material considerando las particularidades y situación específica de cada persona. …En este marco, las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y sus particularidades, cuentan con tutela reforzada constitucional, así el art. 67.I de la CPE, establece 'Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana', de donde además y en coherencia con el principio dignidad puede concluirse que en general a mayor edad y situación de abandono de una persona adulta mayor por parte de su familia, la protección por parte de las autoridades públicas y la sociedad debe ser más intensa. Asimismo y de lo anterior, se extrae que la protección que las autoridades deben brindar a las personas adultas mayores, debe traducirse en la formulación de políticas públicas (generales) pero también a momento de tomar decisiones particulares que afecten a dicho grupo social, ello en virtud al efecto normativo de los derechos de las personas adultas mayores reconocidos en el art. 67 de la CPE, y la prohibición de abandono establecido en el art. 68 de la Norma Suprema, que conforme al art. 108.1 de la Ley fundamental, alcanza a las autoridades jurisdiccionales”. Efectivamente, debe considerar que de acuerdo al art. 68 de la CPE, el Estado debe adoptar políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades, señalando en el parágrafo II que “Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”. Debe mencionarse a la Ley General de las Personas Adultas Mayores, que entre sus principios, contempla a los de no discriminación, que “Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores”; no violencia, por el cual se busca “prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores”; solidaridad intergeneracional, que busca “la interdependencia, colaboración y ayuda mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables a la vejez y el envejecimiento”;

protección, que “busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad”» (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar, se tiene que la impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral; toda vez que, personal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz, pretendieron notificarla con el Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022, de desvinculación laboral, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad; en virtud a que, tiene bajo su dependencia a su madre, quien presenta ceguera legal irreversible, motivo por el cual, realizó el reclamo respectivo por medio de notas elaboradas por su persona y el IBC, acudiendo a su vez a la Defensoría del Pueblo, repartición que emitió requerimientos de informes escritos impetrando se explique los motivos que llevaron a la determinación de despedirla de su fuente laboral sin considerar su situación de inamovilidad; no obstante de aquello, la institución demandada respondiendo a lo solicitado, señaló que la reincorporación laboral no sería posible; debido a que, era funcionaria provisoria, además de que no había presentado el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco acreditó su situación de tutora legal con respecto a su madre.

De la compulsa de antecedentes, se tiene Memorándum MR-0208/22 emitido por el Director Técnico del SEDES La Paz, por el que se comunicó a la accionante la conclusión de su relación laboral con la citada institución (Conclusión II.1); así como, la Nota CITE: IBC/DGE/DDLP/216/2022 de 19 de octubre, suscrita por Giovanni Patzi Salinas, Director Departamental La Paz del IBC, en la que se evidencia que Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -madre de la solicitante de tutela-, se encuentra afiliada a la mencionada entidad desde el 2002, debido a que, la misma es considerada persona con discapacidad al padecer de ceguera total irreversible, contando la mencionada con el respectivo carnet de afiliación al IBC que consigna el código 5856 (Conclusión II.2); cursando también la Nota CITE: IBC/DGE/413/2022 de 19 de octubre, mediante la cual, el Director General del IBC, solicitó al Director Técnico del SEDES La Paz, se proceda con la reincorporación laboral de la peticionante de tutela; en virtud a que, la misma tiene bajo su dependencia a su madre quien presenta ceguera total (Conclusión II.3); constando al efecto la misiva de 10 de noviembre de 2022, a través de la cual, la prenombrada impetró al demandado, su reincorporación por inamovilidad laboral, señalando que su caso era de conocimiento de la Defensoría del Pueblo (Conclusión II.4); por tal motivo, por Nota CITE:

GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-776/2022 de 14 de noviembre, el demandado remitió al Director General del IBC el Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 0741/2022 de 31 de octubre, manifestando que la peticionante de tutela no gozaba de inamovilidad laboral; toda vez que, era funcionaria provisoria y no acreditó ser la tutora legal de su madre (Conclusión II.5); cursando a su vez la Nota CITE: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-799/2022 de 24 de noviembre, poniendo en conocimiento de la prenombrada el Informe CITE: GADLP/SEDES/U.G.A.R.R.H.H./ 0769/2022, el cual señaló que la mencionada no gozaba de inamovilidad laboral; en virtud a que, era funcionaria provisoria, aseverando también que no había presentado el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco se acreditó su calidad de tutora legal de su madre, manteniendo en consecuencia subsistente el Memorándum de desvinculación (Conclusión II.7). Asimismo, se tiene la Nota CITE: DP/SSP/RIE/LPZ/6550/2022 de 22 de noviembre, reiterada el 16 de diciembre de 2022, por medio de las cuáles la Delegada Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo, solicitó al demandado informe escrito, en el que explique: a) Los motivos por los que el SEDES La Paz procedió a desvincular de su fuente laboral a la impetrante de tutela sin considerar que aquella tenía inamovilidad; y, b) Cuando se procedería con la reincorporación laboral de la mencionada (Conclusión II.6), siendo aquellos respondidos por el demandado a través de la Nota CITE: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-022/2023 de 12 de enero, en el que manifestó la improcedencia de la restitución laboral de la accionante, debido a que, la misma no tenía dicho beneficio por ser funcionaria provisoria, además, de que la nombrada no acreditó ese extremo al no haber presentado documentación idónea requerida, siendo dicha situación ajena a la responsabilidad del SEDES La Paz (Conclusión II.8); cursando finalmente certificado médico de 27 de febrero de 2023, señalando que Epifanía Mercado Nicolás vda. de Zenteno -madre de la accionante-, fue diagnosticada con gastritis, artritis reumática y ceguera total (Conclusión II.9). Con carácter previo a ingresar a la resolución de la causa, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene presente que la subsidiariedad se constituye en uno de los principios procesales que hacen a la naturaleza jurídica y procedencia de la acción de amparo constitucional, dado su carácter inmediato y sumario en la protección de derechos y garantías constitucionales; por lo que, merced a este se exige que previa a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, habida cuenta que este mecanismo tutelar es concebido como extraordinario, inmediato y de carácter preventivo y reparador, el cual está destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, por tal circunstancia no puede constituirse en una vía alternativa ni supletoria de otros procedimientos idóneos y eficaces; empero, conforme se tiene desarrollado en la jurisprudencia constitucional, existen situaciones especiales que permiten hacer una abstracción al principio de subsidiariedad, situación que sucede en casos donde se encuentran involucrados personas pertenecientes a los grupos vulnerables entre los que se encuentran las personas con discapacidad, oportunidad en la cual, es posible aplicar dicha abstracción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos y garantías; permisión que se hace extensiva a quienes tengan bajo su guarda o custodia a personas con discapacidad.

Bajo ese entendimiento, se debe tomar en cuenta que en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos y garantías de personas con discapacidad o de las que se encuentran a cargo de las primeras, la acción de amparo constitucional, se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues entiende que la problemática planteada adquiere inmediata relevancia al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de vulnerabilidad de sus derechos. Por otra parte, respecto a la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia a una persona mayor de dieciocho años con discapacidad, corresponde señalar que en virtud al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la amplia línea jurisprudencial precisó que la pérdida de la fuente laboral de una persona que tiene bajo su dependencia a otra con discapacidad, incide de manera directa en los derechos de esta última; situación que habilita a esta jurisdicción a ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta sin necesidad de verificar la existencia de medios o mecanismos de impugnación que deban ser agotados con carácter previo a la activación de esta acción de defensa, aquello en armonía con las previsiones constitucionales referidas al desarrollo de acciones para la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad, aspecto que se traduce en el reconocimiento de la garantía de la inamovilidad laboral, misma que incide en la protección a las personas con discapacidad; debido a que, estas se encuentran en situación de vulnerabilidad por las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, las cuales merman determinadas capacidades e impiden que sean ejercidas por sí mismos; circunstancia que demanda acciones por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad; la cual deberá ser alegada o acreditada a través de la sola presentación del carnet de discapacidad correspondiente, otorgado por el CONALPEDIS o por el IBC.

Finalmente de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta menester tener claramente establecido que las personas adultas mayores por su exposición a diferentes riesgos y grado de vulnerabilidad, cuentan con tutela constitucional reforzada, aquello en concordancia además con el principio de dignidad vinculado a una vida digna, aspecto que incide en la protección que las autoridades deben brindar a estas personas adoptando al efecto políticas de protección, atención, recreación, descanso y ocupación social, evitando el maltrato, abandono, violencia y discriminación de las mismas.

Ahora bien, conforme a los antecedentes glosados y las Conclusiones arribadas en este fallo constitucional, se advierte que el 13 de octubre de 2022, personal de la Unidad de Gestión y Administración de RR.HH. del SEDES La Paz pretendieron notificar a la peticionante de tutela con el Memorándum MR-0208/22, emitido por el Director Técnico de la mencionada entidad donde se comunicaba a la prenombrada la conclusión de su la relación laboral; por tal motivo, la citada aduciendo que gozaba de inamovilidad; en virtud a que, tenía bajo su dependencia a una persona con discapacidad -su madre quien tiene ceguera total irreversible-, a través de la misiva de 10 de noviembre de 2022, solicitó su reincorporación a su fuente de trabajo, siendo a su vez la misma impetrada por el IBC mediante la Nota CITE: IBC/DGE/413/2022; empero, ante la falta de respuesta acudió a la Delegación Defensorial Departamental de La Paz de la Defensoría del Pueblo a efectos de hacer su reclamo respectivo, instancia que en mérito a lo argüido solicitó al demandado informes escritos por medio de la Nota CITE: DP/SSP/RIE/LPZ/6550/2022, reiterada a través de la Nota CITE: DP/SSP/RRIE/LPZ/6550-1/2022, donde pidió se explique: 1) Los motivos por los que el SEDES La Paz procedió a desvincular de su fuente laboral a la accionante sin considerar que aquella tenía inamovilidad laboral; y, 2) Cuando se procedería con la reincorporación laboral de la impetrante de tutela.

Ante dichas solicitudes, el SEDES La Paz respondió a las mismas por medio de las Notas CITES: GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-776/2022 al Director General del IBC; GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-799/2022 a la peticionante de tutela; y, GADLP/SEDES/DIRECCION/NEX-022/2023 al Defensor del Pueblo, en las que manifestó la improcedencia de la restitución laboral de la prenombrada, manteniendo firme y subsistente el citado Memorándum de desvinculación, argumentando que la misma no gozaba de inamovilidad laboral; en virtud a que, era funcionaria provisoria, y no había presentado el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, así como, tampoco se acreditó la calidad de tutora legal de su madre.

Bajo el contexto jurisprudencial desarrollado ut supra, se tiene que la protección a las personas con discapacidad encuentra sustento en la situación de especial vulnerabilidad de las mismas, aquello en mérito a que las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman ciertas capacidades e impiden que estas ejerzan por sí mismas, determinados derechos, como el trabajo; por tal situación, el Estado debe prestar una protección al trabajador, aspecto que se traduce en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, circunstancia que a su vez garantiza la inamovilidad de la o el trabajador que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad; la cual a efectos de acreditación requiere solamente la presentación del carnet de discapacidad otorgado en este caso por el IBC, y que en el caso de autos contaba con una certificación emitida por el Director Departamental La Paz de dicho instituto, quien mediante la Nota CITE: IBC/DGE/DDLP/216/2022, aseveró que Epifanía Mercado Nicolas vda. de Zenteno -madre de la peticionante de tutela-, se encontraba afiliada a la mencionada entidad desde el 2002, siendo la misma considerada como persona con discapacidad “…Ciega Legal Irreversible…” (sic); por lo que, no era necesario que a efectos de demostrar dicho extremo, se tenga que acreditar aquello con la presentación del Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, toda vez que, la condición de persona con discapacidad visual se encuentra debidamente confirmada y documentada por el IBC, que fue creado justamente en el marco del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), con las mismas funciones y atribuciones del CONALPEDIS. Asimismo, en relación a la alegada no acreditación por parte de la accionante como tutora legal de su madre, aspecto que el SEDES La Paz refirió debe realizarse con la presentación de la resolución judicial a través de la cual se constate la designación legal en esa calidad a la prenombrada; al respecto, corresponde indicar que en mérito a lo establecido por el art. 59.I y II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) señala que: “ARTICULO 59. (DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN) I. La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de su persona y la administración de sus bienes. II. El estado de interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial, y conlleva el nombramiento de una o un tutor”; dicha disposición no alcanza a la prenombrada, en virtud a que, la declaración de tutela legal debe darse solo en casos de interdicción de una persona mayor de edad o menor emancipada que presente discapacidad mental o psíquica, situación completamente diferente al de la discapacidad visual, toda vez que, esta refiere a un aspecto físico y no así mental o psíquico, hecho que es totalmente diferente, ya que, la calificación de esta discapacidad -la visual- es netamente clínica y realizada por el médico especialista, en este caso el oftalmólogo el cual establece parámetros de ceguera, debiendo a su vez tener presente, que en mérito a lo manifestado en la audiencia de garantías de esta acción de defensa por el Director Departamental La Paz del IBC -tercero interesado-, las personas con discapacidad visual necesitan ayuda de otras personas, solamente para realizar cierto tipo de cosas “…pero no necesitamos que no los hagan las cosas no necesitamos que no los hablen no necesitamos que no los piensen que no los decidan la persona puede decidir puede hablar puede pensar por sí misma…” (sic). A partir de ello, se entiende que la protección laboral invocada por la accionante responde a asegurar su fuente de trabajo que proporciona los recursos necesarios para asegurar la atención y necesidades de su madre, misma que depende de ella al ser adulta mayor con una evidenciada discapacidad, como lo es la ceguera total.

Por todo lo referido, y al haberse constatado que los presupuestos señalados se cumplen para activar la inamovilidad laboral de la ahora accionante, y teniendo en cuenta la situación que debe ser interpretada conforme a los cánones de favorabilidad, y protección especial preferente, establecidos en la normativa nacional respecto a las personas con discapacidad o aquellas que tengan a una bajo su cargo, dentro de una comprensión de resguardo de la inamovilidad laboral como acontece en el caso particular, se entiende que esta no solamente alcanza al trabajador, sino que se extiende a una persona bajo su dependencia comprobada -en el caso concreto a la madre de la accionante calificada con una discapacidad visual de ceguera legal irreversible-; circunstancia por la cual, a efecto de llevar una vida digna y acceder no solo a la atención médica requerida, sino también a otros elementos esenciales que precisa para su subsistencia, y en mérito al criterio de solidaridad intergeneracional, el cual busca la colaboración y ayuda mutua entre generaciones, sobre todo a favor de las personas adultas mayores, corresponde conceder la tutela con relación a los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral demandados como lesionados por parte de la impetrante de tutela.

III.5. Otras consideraciones

Teniendo en cuenta que la acción de amparo constitucional es un medio extraordinario de defensa inmediato y oportuno de derechos y garantías, el cual es utilizado ante actos u omisiones ilegales o indebidos ocasionados por particulares o servidores públicos, que restrinjan, supriman, amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, en el marco de la naturaleza jurídica y alcance de esta acción tutelar prevista y regulada por el Título IV, Sección II del Capítulo Segundo de la Norma Suprema, y el Capítulo Tercero del Título II del Código Procesal Constitucional, así como, en lo dispuesto por el art. 54 del citado Código, concerniente al principio de subsidiariedad, resulta imprescindible que los tribunales de garantías previamente a admitir estas acciones de defensa, analicen los criterios de admisibilidad reglados en la fase respectiva, de manera tal, que una vez realizada la misma, esta deberá ser resuelta en el fondo, no pudiendo posteriormente alegar que los mismos no fueron superados, como ocurrió en el presente caso, aduciendo la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que el principio de subsidiariedad y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad son analizados en el debate, más aun tomando en cuenta que estos fueron observados en un inicio y merced a la subsanación efectuada por la accionante aquellos fueron dados por superados, motivo por el cual, en la presente causa impele llamar la atención a los miembros de la citada Sala Constitucional, instándoles a que en futuras actuaciones analicen los aspectos referidos a los criterios de admisibilidad previo a admitir una acción de amparo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 070/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 90 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo:

a) Que el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud de La Paz, deje sin efecto el Memorándum MR-0208/22 de 13 de octubre de 2022; b) Restituir a Carmen Paula Zenteno Mercado al mismo cargo que desempeñaba al momento de su destitución, sea en el plazo de tres días hábiles de notificada la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Rubén Ramírez Conde y Carmiña Ninoska Vera Márquez, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0051_2024-S2.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 611eb8f093d3ebf6c7d66f42e382a5cdd6246c6db808056a67549f8726d81be4

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