B.IA.LEGAL

SCP 0050/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52796-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 960/2022, que confirma la Resolución de rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, pese a que su persona no fue notificada con el señalamiento de audiencia apelación; omitiendo suspender la audiencia y verificar su presencia o la de su defensa técnica, tampoco requirió informe al Centro Penitenciario en el que se encuentra privada de libertad ya que no contaba con medios propios para conectarse y su defensa técnica no le informó sobre dicho acto procesal, por lo que solicitó: a ) Se deje sin efecto el Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre; y b) Se emita un nuevo Auto de Vista, en el que se ingrese a analizar al fondo de la problemática planteada, restableciendo sus derechos vulnerados por el Juez a quo bajo el principio de favorabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 002/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz;

b) Que la Autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación de la impetrante de tutela hubiere cambiado por el trascurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2026-S3 Sucre, 02 de marzo 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52796-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 002/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriela Melody Alvarado Chiri contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de enero de 2023, cursante a fs. 2 a 5 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto en el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; posteriormente, solicitó la cesación de dicha medida cautelar de acuerdo al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitud rechazada mediante Auto Interlocutorio 457/2022 de 16 de noviembre, contra el que interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del citado Código, mismo que fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual señaló audiencia de consideración de la apelación interpuesta para el 5 de diciembre de 2022.

Mediante Auto de Vista 960/2022 de 5 de noviembre, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado- confirmó la resolución de primera instancia, sin tomar en cuenta que su persona nunca fue notificada personalmente con el señalamiento de la referida audiencia y, al encontrarse privada de libertad, no tenía medios propios para conectarse, por cuanto su anterior abogado tampoco le informó sobre dicho acto procesal; no obstante, pese a esas circunstancias, la autoridad demandada no suspendió la audiencia, ni verificó su presencia o la de su defensa técnica, tampoco solicitó informe al precitado Centro Penitenciario, acto que derivo en la vulneración de su derecho a la defensa al no cumplirse con lo establecido el art. 113.II del CPP; toda vez que, ante la inasistencia tanto de su persona como de su defensor, se debió suspender la audiencia y señalar una nueva fecha a efectos que se fundamenten los agravios contenidos en la resolución recurrida; asimismo, correspondía designar un defensor de oficio con la finalidad de evitar la vulneración de su derecho a la defensa.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y “al principio de seguridad jurídica”, citando al efecto, los arts. 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 960/2022; y, b) Se emita una nueva resolución, en el que se ingrese a analizar al fondo de la problemática planteada, restableciendo sus derechos vulnerados por el Juez a quo bajo el principio de favorabilidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 7.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) Mediante Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre, se determinó confirmar el Auto Interlocutorio 457/”2021” -siendo lo correcto 2022- de 16 de noviembre, en razón a fundamentos de hecho, derecho y jurisprudencia, sin evidenciarse vulneración al debido proceso, al derecho a la locomoción ni al derecho a la defensa; b) En audiencia virtual de apelación ninguna de las partes compareció por el sistema Cisco Webex, impidiendo su realización. La parte apelante -ahora impetrante de tutela-, no se conectó, ni justificó su inasistencia, pese a las normas del protocolo de audiencias virtuales; en consecuencia, no se expusieron agravios ni se ofrecieron elementos de convicción; c) De acuerdo a los principios de inmediación y contradicción la imputada y su defensa debían asistir para sustentar oralmente el recurso de apelación y presentar prueba en audiencia, empero, al no comparecer ni comunicarse con la Secretaria de Cámara, se entendió su ausencia como voluntaria; por lo que, la emisión de la resolución es enteramente responsabilidad de la imputada -ahora accionante- y su abogado defensor, quienes no adjuntaron documental objetiva o algún otro elemento que demuestre que estaban impedidos de asistir a esa audiencia virtual; d) Como Tribunal de alzada no pretenden vulnerar el principio de celeridad previsto en el art. 178.I, 180.I de la CPE, menos ingresar en retardación de justicia al suspender audiencia sin justificación alguna, mas si se considera el plazo previsto en el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, plazos improrrogables; e) La peticionante de tutela no promovió explicación, complementación o enmienda del Auto de Vista conforme al art. 125 del CPP, evidenciándose el incumplimiento del principio de subsidiariedad; f) La accionante no especificó con claridad en que consistía la vulneración de sus derechos, ni acreditó la relación causal respecto al Auto de Vista emitido; y, g) No se dispuso la privación de libertad de la impetrante de tutela, ni rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, debiendo tener en cuenta además que el legajo de apelación ya fue devuelto al Juzgado de origen.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 002/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 29 a 32, denegó la tutela solicitada, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Vocal demandado dispuso la prosecución de la audiencia debido a la inasistencia de la parte apelante en aplicación de la Ley 1173 y el art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, aprobado por Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 12/2019 de 10 de junio, que autoriza la emisión del Auto de Vista aún sin la presencia de las partes, en conformidad con el art. 411 del CPP; 2) Los arts. 161 y 162 de la Ley 1173 establecen la obligación y posibilidad de notificación a los sujetos procesales por medios electrónicos; además, la accionante reconoció que la falta de comparecencia se debía a la negligencia de su anterior abogado, lo cual generó su propia indefensión; en consecuencia, la autoridad demandada actuó conforme a derecho, emitiendo el Auto de Vista 960/2022, que admite el recurso de apelación y confirma el Auto Interlocutorio 457/2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del precitado departamento; y, 3) No se advirtió conculcación de derechos constitucionales; por cuanto, fue la propia peticionante de tutela quien omitió comparecer y sustentar sus agravios, emitiendo en consecuencia el Vocal demandado el Auto Vista referido supra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la CPE y el art. 398 del CPP, en virtud de las competencias atribuidas a los Tribunales de alzada.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco Magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 14 de noviembre de 2022, Gabriela Melody Alvarado Chiri -ahora accionante- solicitó se fije da y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 18). II.2. A través del Auto Interlocutorio 457/2022 de 16 de noviembre, Lorena Maureen Camacho Ramírez -Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz-, determinó la improcedencia de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por la ahora accionante, al encontrarse latentes los riesgos procesales establecidos en el art. 233 del CPP; ante lo cual, el abogado de la imputada interpuso recurso de apelación contra la señalada Resolución conforme al art. 251 del citado Código, solicitando que en el plazo de veinticuatro horas se remita ante el superior en grado, el recurso de apelación (fs. 24 a 27). II.3. Mediante Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre, Henry David Sánchez Camacho -Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, admitió el recurso de apelación cautelar interpuesto por la impetrante de tutela, al haber sido presentado en el plazo de acuerdo al art. 251 del CPP; sin embargo, al no haberse fundamentado agravio alguno por la parte apelante debido a la inasistencia injustificada, no emitió criterio; motivo por el cual, confirmó el Auto Interlocutorio 457/2022 (fs. 12 a 13 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 960/2022, que confirma la Resolución de rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, pese a que su persona no fue notificada con el señalamiento de audiencia apelación; omitiendo suspender la audiencia y verificar su presencia o la de su defensa técnica, tampoco requirió informe al Centro Penitenciario en el que se encuentra privada de libertad ya que no contaba con medios propios para conectarse y su defensa técnica no le informó sobre dicho acto procesal, por lo que solicitó: a ) Se deje sin efecto el Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre; y b) Se emita un nuevo Auto de Vista, en el que se ingrese a analizar al fondo de la problemática planteada, restableciendo sus derechos vulnerados por el Juez a quo bajo el principio de favorabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presencia del imputado detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: Sobre la presencia del detenido en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1491/2003-R de 20 de octubre, estableció que no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el señalamiento de día y hora de la misma; entendimiento que fue reiterado por las SSCC 0220/2004-R de 12 de febrero y 0663/2006-R de 10 de julio; y, por la SCP 0619/2012 de 23 de julio, entre otras. En ese marco, la SC 0220/2004-R de 12 de febrero, sobre la base de la SC 0287/2003-R de 12 de igual mes, señaló que si las partes deciden no hacer el seguimiento al recurso ni asistir a la audiencia, no obstante que fueron legalmente notificadas, con ningún argumento podrán alegar indefensión; pues son ellas, las que provocaron dicha situación. Más tarde, la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, sobre la base de los precedentes recogidos en la jurisprudencia constitucional, en el Fundamento Jurídico III.3, estableció que:

a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa. La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que si bien no es exigible una notificación personal con la audiencia de medidas cautelares en apelación, tratándose de imputados detenidos en recintos carcelarios, se requiere una determinación judicial que autorice su salida; consecuentemente, la autoridad judicial debe emitir la respectiva orden de salida; por cuanto, no depende de la voluntad de la persona detenida preventivamente, asistir o no a la audiencia.

abogado con el Auto de remisión de antecedentes a la Corte Superior de Justicia -extremo que no han negado ni desvirtuado-, momento a partir del cual, de acuerdo a su propio interés debieron hacer el seguimiento del recurso e informe de los actuados de la apelación, pero no lo hicieron, pretendiendo ahora por esta vía subsanar dicha negligencia, que bajo ningún argumento puede ser asumida por este Tribunal como una situación de indefensión, pues ésta según ha entendido la jurisprudencia constitucional en la SC 287/2003-R, no puede ser alegada `(...) cuando ha sido provocada deliberadamente, vale decir, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión, que en los hechos no sería tal, porque en estos casos no existe lesión alguna de tal derecho por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo´”. 3El FJ III.3, precisa que: “Ahora bien, de la línea jurisprudencial citada precedentemente, se establecen los siguientes aspectos: a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

Efectuada esa precisión, debe destacarse que el imputado que sea legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar un estado de indefensión, teniendo en cuenta que así se determinó en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, la que siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su SC 48/1984, determinó que: “`la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)´.

Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: `(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso´; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio”.

Precedente que guarda concordancia con el orden constitucional que surge a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo la primera Sentencia confirmadora de dicho entendimiento, la SCP 0746/2012 de 13 de agosto.

III.2. El derecho a la defensa técnica en la audiencia de apelación de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0138/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0155/2012 14 de mayo, confirmando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, en la que establece que el derecho a la defensa: “…tiene dos dimensiones: a) La defensa material: que reconoce a favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y le faculta a intervenir en toda la actividad procesal -desde el primer acto del procedimiento-… b) La defensa técnica, consiste en el derecho irrenunciable del imputado de contar con asistencia de un abogado desde el inicio del procedimiento hasta el final de la ejecución de la condena…”, señala en el Fundamento Jurídico III.1, que a partir del análisis de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad:

…si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado. En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues 4El FJ III.1, señala: “Al respecto y según la opinión de Jorge Eduardo Vásquez Rossi, se puede decir que si bien es importante la defensa material del imputado, la defensa técnica sigue constituyendo, la más efectiva garantía para el resguardo de sus derechos, sea que se ejerza por el abogado de su confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, sostiene que en el art. 9 del actual Código Adjetivo, le otorga prevalencia a la defensa técnica al declarar su carácter irrenunciable, ya que con similares características se encuentra contenida y regulada en los arts. 92 y 94 del CPP; asimismo afirma que, su inobservancia, conforme a lo establecido por el art. 100 del mismo Código, no sirve para fundar ninguna decisión contra el imputado.

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa”.

nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente, pues el incumplimiento de la parte in fine del art. 94 del CPP, no permite utilizar bajo ninguna circunstancia la información obtenida contra el imputado, situación que conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye actividad procesal defectuosa. Así, la referida SCP 0155/2012, al analizar el problema jurídico planteado, referido a la lesión del derecho a la defensa del accionante, por cuando la audiencia de apelación de medidas cautelares se desarrolló sin presencia de su abogado, concedió la tutela por lesión del derecho a la defensa técnica, toda vez que, los Vocales demandados la instalaron sin tomar en cuenta que el abogado del impetrante de tutela no estaba presente; añadiendo que las autoridades demandadas no podían ingresar a analizar las medidas cautelares en ausencia del abogado, y que en todo caso, debieron nombrar a un defensor de oficio. Posteriormente, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0045/2014-S3 de 14 de octubre y 0068/2015-S3 de 30 de enero, confirmaron el criterio de la SCP 0155/2012, concediendo la tutela, porque los Vocales demandados instalaron la audiencia del recurso de apelación de medida cautelar, sin tomar en cuenta que el abogado del demandante de tutela, no estaba presente. Cabe señalar, que todas las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y la SC 1556/2002-R analizadas precedentemente, fueron pronunciadas en acciones de libertad, al existir una vinculación directa del derecho a la defensa con el de libertad física; por cuanto, la falta de nombramiento de abogado defensor en la audiencia de apelación de medidas cautelares, indudablemente supone una vulneración del derecho a la defensa, que repercute directamente en la imposición o confirmación de la detención preventiva contra el imputado, medida cautelar extrema rodeada de garantías constitucionales, a efecto de no tornarse en ilegal o arbitraria, siendo una de ellas, precisamente, la de ser impuesta previo ejercicio del derecho a la defensa, tanto material como técnica.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal demandado sin precautelar su derecho a la defensa emitió el Auto de Vista 960/2022, que confirma la Resolución de rechazo a su solicitud de cesación a la detención preventiva, sin haberlo escuchado, ni darle la oportunidad de exponer sus agravios de apelación, pese a que su persona no fue notificada con el señalamiento de audiencia de consideración de la apelación interpuesta; omitiendo suspender la audiencia y verificar su presencia o la de su defensa técnica; tampoco solicitó informe al Centro Penitenciario en el que se encuentra privada de libertad ya que no contaba con medios propios para conectarse y su defensa técnica no le informó sobre dicho acto procesal. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del proceso penal seguido contra la impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, el abogado de la ahora accionante apeló el Auto Interlocutorio 457/2022, que dispuso la improcedencia su solicitud de cesación a la detención preventiva, que una vez radicada la causa ante la autoridad demandada, la misma emitió la Resolución 960/2022, en la que en sus fundamentos estableció que tanto la imputada como el abogado defensor no ingresaron a la audiencia virtual pese a que contaban con quince minutos de tolerancia de acuerdo al protocolo de audiencias virtuales; por otro lado, no justificaron su inasistencia a dicho acto procesal, con el añadido de que como Tribunal de alzada no podrían emitir criterio debido a que la parte apelante no fundamentó sus agravios, por lo cual no se suspendió la audiencia en razón al principio de celeridad y a efecto de no incurrir en una retardación de justicia. En ese sentido, en lo que se refiere a la incomparecencia del encausado, cabe precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la asistencia o no del imputado a la audiencia de apelación de medidas cautelares, no depende de su propia voluntad cuando está privado de su libertad, sino de una decisión judicial -orden de traslado o de conducción- que autorice su salida del Centro Penitenciario donde se encuentre detenido preventivamente hacia el lugar donde se llevará a cabo la referida audiencia. Al respecto, el deber de la autoridad judicial no se limita sólo a la emisión de esa orden de salida o de conducción, sino también abarca a su verificación y diligente cumplimiento por parte de las autoridades carcelarias.

En el caso que se examina, de los datos del proceso relacionados precedentemente, se constata que la audiencia virtual fijada para el 5 de diciembre de 2022, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se llevó a cabo en ausencia de la peticionante de tutela, quien no se conectó a la sala virtual, conforme se tiene del registro de audiencia, donde el Secretario informó este aspecto al Vocal demandado, así como que en el actuado referido se encontraba también ausente su abogado; no obstante, se emitió el Auto de Vista por el cual el Vocal demandado confirmó la Resolución del Juez inferior. En ese contexto, si bien se manifestó por la autoridad demandada que se comunique al “Director” del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, el señalamiento de audiencia virtual para que provea y gestione medios tecnológicos para asegurar el desarrollo de la misma, -lo que implicaba el traslado de la procesada apelante, a la sala virtual instalada en el referido Centro Penitenciario-, es lógico que en virtud al derecho a una tutela judicial efectiva, deba velar por la eficacia y correcto cumplimiento de sus órdenes, pues al disponer el traslado de la detenida a su audiencia de apelación, debe cerciorarse de que el Centro Penitenciario haya adoptado todas las previsiones administrativas y técnicas para garantizar la asistencia a la audiencia señalada, en cumplimiento de la orden; pues de lo contrario, se vulnera el derecho a la defensa. En todo caso, ante el informe brindado por el Secretario ante la incomparecencia de la peticionante de tutela a la sala de audiencia virtual, este debió solicitar informe al personal del Centro Penitenciario, sobre las razones sobre la misma, al no haber procedido de forma diligente, para esclarecer si la ausencia de la solicitante se tutela se debía a su decisión personal, algún problema administrativo o técnico del penal, resulta evidente que la autoridad demandada, no garantizó el derecho a la defensa de la ahora demandante; Por consiguiente, el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 960/2022, confirmando el Auto Interlocutorio que rechazó la cesación de la detención preventiva, con el argumento que tanto la imputada -ahora accionante- como el abogado defensor no ingresaron a la audiencia virtual, sin antes efectivizar y procurar la presencia virtual de la mencionada a la audiencia toleró la indefensión a la ahora accionante, soslayando que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el ejercicio del derecho a la defensa reviste trascendental importancia, que en su dimensión material, implica que la imputada tiene derecho a defenderse por sí misma en todos los actos del proceso y a participar de los mismos; de tal manera que su falta de intervención en un acto procesal trascendental como es la audiencia de consideración de apelación sobre el rechazo de la cesación de su detención preventiva, sin que el Tribunal de apelación se hubiera cerciorado que la misma obedecía a la decisión voluntaria de la privada de libertad u otras causas atribuibles a las autoridades que estaban a cargo de su custodia, vulnera el derecho a la defensa material, ya que al no depender exclusivamente de su voluntad la inasistencia a la audiencia virtual, dada las restricciones a las que se halla sometida durante su prisión preventiva, el Vocal accionado, en lugar de efectuar conjeturas señalando que: “voluntariamente decidieron no acudir al presente actuado” (sic), estaba compelido a realizar la verificación señalada, precisamente con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de la accionante.

En cuanto a la defensa técnica, cabe precisar que el art. 113.II del CPP, establece que, si el abogado defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; y, se le sancionará conforme prevé el art. 105 del Código referido; asimismo, la jurisprudencia constitucionalidad en el fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que ante la ausencia de la defensa técnica a la audiencia de apelación; en su caso, el tribunal de alzada debe garantizar ese derecho nombrando defensor de oficio; En el caso examinado, al haberse resuelto la apelación incidental, en ausencia de la defensa técnica, sin que el Vocal accionado haya garantizado el derecho a la defensa técnica de la parte apelante, en su caso con el nombramiento de un defensor de oficio, efectivamente vulneró el derecho al defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, en la dimensión técnica.

En suma, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 960/2022, que confirma el Auto Interlocutorio apelado que declara la improcedencia de la solicitud de cesación a la detención preventiva, con el argumento que tanto la imputada -ahora accionante- como el abogado defensor no ingresaron a la audiencia virtual, sin antes efectivizar y procurar la presencia virtual de la misma a la audiencia, mediante una orden del Vocal demandado al Director del Centro Penitenciario, y procurando además la asistencia legal de un abogado defensor a efectos de que pueda fundamentar la apelación planteada; generó indefensión a la ahora accionante privada de libertad; impidiendo de esa forma la exposición de los agravios de la apelación incidental; con lo cual vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa, y por consiguiente del derecho a la libertad al impedirse la revisión en apelación de la decisión de mantener la vigencia de la prisión preventiva de la peticionante de tutela.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró e forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 002/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Segundo de la Capital del Departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 960/2022 de 5 de diciembre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz;

b) Que la Autoridad demandada o quien ejerza el cargo, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación de la impetrante de tutela hubiere cambiado por el trascurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, manifiesta: “Practicada la notificación legal a las partes, con la resolución que impone la medida cautelar personal, el decreto de remisión de obrados ante el tribunal de alzada y por ende, habiendo sido de conocimiento de los mismos, la existencia del recurso de apelación, no es necesario que las partes sean notificadas personalmente con el decreto de señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación; consecuentemente, ésta debe practicarse en una de las formas señaladas por los arts. 161 y 162 CPP” (las negrillas son añadidas). 2El FJ III.4, establece: “En el caso de autos, los representados del recurrente tuvieron pleno conocimiento de la apelación y de la remisión de los actuados de la misma al tribunal ad-quem, de manera que en ningún momento, los recurridos les causaron indefensión, pues de la parte conclusiva de esta Sentencia se tiene que fueron notificados en la oficina de su

5 El FJ III.3, indica: “Ahora bien es preciso puntualizar que la SCP 0155/2012, a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución interpretó el carácter irrenunciable de la defensa técnica determinando que, las autoridades judiciales no deben permitir durante el desarrollo del proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberán nombrar un defensor de oficio. Ello significa que, la exigencia de la defensa técnica determina las decisiones de las autoridades judiciales durante el desarrollo de una audiencia”. 6El FJ III.2, refiere: “…se hace mención a lo señalado en la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, que dice: `…la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente…´; estableciéndose además en el citado caso, que: `…las autoridades demandadas no deben permitir durante el proceso, que el imputado asista a la audiencia sin la necesaria asistencia técnica, de lo contrario, deberían haber nombrado un defensor de oficio; vulnerándose su derecho a la defensa´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0050_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5499bd370655963a628f7b671098a7abbceeb4fb3cbbc6b9de74162311fc1359

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