Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2024
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la defensa e igualdad, porque se le impuso una sanción disciplinaria que ordenó su baja definitiva sin derecho a reincorporación, a través de un proceso administrativo cuyos actos nunca fueron notificados personalmente generándole absoluta indefensión. Por lo expuesto, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 128/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 310 a 311 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2024-S4 Sucre, 22 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49742-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 128/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 310 a 311 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gary Gonzalo Omonte Vera y Víctor Pavel Aguilar Paredes en representación legal de Evo Umakacho Maras contra Orlando Vladimir Ponce Málaga, Comandante General; Álvaro Marcelo Flores López, Lucio Enrique René Jiménez Vargas y Freddy Rolando Calsina Guachalla, miembros del Tribunal Disciplinario Superior; Limberth Zurita Bustamante, Frank Erwin Ramios Barral, Vidal Gómez Callisaya, miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí; y, Óscar Raúl Choque Ramírez, Secretario General del Tribunal Disciplinario Superior, todos de la Policía Boliviana.
Por memoriales presentados el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 205 a 210; y de subsanación el 12 de julio del Mismo año (fs. 213 y vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Por razones de índole personal superiores a su voluntad se vio compelido a faltar a sus funciones policiales; y, al haber conocido que se habría realizado un proceso disciplinario en su contra, solicitó al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana acceder al expediente correspondiente, petición que fue concedida por Auto de 24 de marzo de 2022.
De esa forma supo que fue dado de baja de la Policía Boliviana, por la comisión de la falta grave incursa en el art. 14 inc. 9) de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana –Ley 101 de 4 de abril de 2011–, como consta en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 de 30 de diciembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Policía de Potosí; decisión que, fue refrendada por el Auto 305/2020 de 30 de septiembre, suscrito por Julio William Cordero Alborta, entonces Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana. Tal proceso sancionatorio, al no ser notificado personalmente con ninguno de sus actuados constituye una vulneración del debido proceso y de su derecho a la defensa, y en su caso, se le prosiguió un proceso sin las garantías constitucionales causándole completa indefensión. Finalmente, señaló que la falta de notificación con acto administrativo alguno lesión igualmente la presunción de inocencia y la prohibición de condena; así como, el debido proceso; dado que, las autoridades del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí dictaron la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 y el Auto Motivado de Ejecutoria de 17 de junio de 2020; y el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, emitió el Decreto 305/2020, remitiendo toda la documentación al Comandante General de la Policía Boliviana, ratificando todo lo actuado.
El accionante denunció la lesión del debido proceso y de sus derechos a la defensa e igualdad; citando al efecto, los arts. 14, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, el Auto Motivado de Ejecutoria de 17 de junio de 2020, y la declaración de ejecutoria de 30 de septiembre de 2020; y, se ordene su reincorporación a la Policía Boliviana.
Celebrada la audiencia pública el 1 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 303 a 309 vta.; presente el impetrante de tutela acompañado de su abogado y la presencia parcial de los demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda de acción de amparo constitucional.
Limbert Zurita Bustamante, Frank Erwin Ramos Barral y Vidal Gómez Calliaya, miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, en audiencia y a través de su abogado, señalaron lo siguiente: a) Emitido el Auto de inicio de procesamiento y conforme a los modos de notificación previstos en el art. 54 de la Ley 101, fue enviado al último domicilio en el que el impetrante de tutela prestaba servicios; es decir, al Comando de Frontera de Uyuni, para que por la vía de la cooperación notifiquen al solicitante de tutela, quien no fue habido, de manera que se efectuó la diligencia de notificación por cédula conforme prevé el art. 54 de la Ley 101; y, b) Al no haberse apersonado al proceso, se designó abogada de oficio para que se encargue de su defensa y tras haberse valorado las pruebas testificales y documentales, se emitió la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, que igualmente, fue notificada mediante cédula en el Comando de Frontera Policial de Uyuni y, posteriormente fue declarada ejecutoriada, remitiéndose antecedentes al Tribunal Disciplinario Superior para que continúe con el trámite correspondiente. Álvaro Marcelo Flores López y Lucio Enrique Jiménez Vargas, miembros del Tribunal Superior Disciplinario de la Policía Nacional, en audiencia y a través de su abogado, en audiencia informaron lo que sigue: 1) La Ley 101, es una norma exclusiva dirigida únicamente a los servidores públicos policiales, de manera que cuando el accionante abandonó el servicio hasta el presente, se abrió el caso 060/2019, cumpliendo todos los actos investigativos buscando al impetrante de tutela para su notificación personal y al no ser habido, fue notificado mediante cédula; 2) Como no se apersonó al proceso ni presentó descargo alguno ni tampoco, realizó ninguna llamada para justificar su inasistencia; luego de tres años, pretende señalar que conoció el proceso recientemente; no obstante, fue un servidor público policial egresado el 2016 de una Unidad de pregrado, de manera que conocía que faltar de uno a tres días, conllevaba la sanción de arresto y si la ausencia era mayor, estaba sujeta a un proceso disciplinario; 3) Todo el procedimiento fue seguido conforme a lo establecido en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y sin vulnerar ningún derecho; puesto que, el impetrante de tutela fue asistido por un abogado de oficio designado por el Tribunal Disciplinario Departamental, como primera instancia como refiere el art. 56 y producto del proceso disciplinario, se emitió la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, al haberse constatado que abandonó sus funciones desde el 4 de agosto de 2019; 4) Posteriormente, el expediente fue remitido al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, con oficio Cite 126/2020; y previa revisión de los antecedentes, se pronunció el Auto Ejecutorial 305/2020, teniendo como ejecutoriada la Resolución Administrativa Disciplinaria Departamental-Potosí 033/2019; y, 5) Luego, con nota Cite: 616/2020 de 2 de octubre, se envió el expediente al Comando General de la Policía para efectuar el corte de haberes.
Se dejó constancia en el acta de audiencia, que el demandado Freddy Rolando Calcina Huachalla, miembro del Tribunal Superior Disciplinario de la Policía Boliviana, había fallecido. Igualmente, que Oscar Choque, Secretario del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, al cumplir funciones de apoyo, carece de legitimación pasiva para ser demandado. Orlando Vladimir Ponce Málaga, Comandante General de la Policía, por memorial de fs. 302 y vta. y, a través de sus representantes legales María Luisa Rojas Quispe y Dery Quispe Chambi, adjuntó documentación y en audiencia indicó lo siguiente: i) Una vez recibidos los antecedentes remitidos por el Tribunal Superior Disciplinario, fueron enviados a la Dirección Nacional de Personal; en la que, el General Superior Marvin Coronado Aguirre, emitió el Memorándum 2783/2020 de 20 de octubre, haciendo conocer a Evo Umakacho Maras, la cesación de sus derechos y obligaciones institucionales; el cual, fue remitido al Comando Departamental de Policía de Potosí, y por ese conducto, al Comando de Policía de Frontera Uyuni, que cumplió con la notificación del accionante por cédula; y, ii) El Comandante General de la Policía Boliviana no emitió ningún tipo de Resolución sancionatoria; toda vez que, los órganos disciplinarios de la Policía Boliviana rigen sus decisiones en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos internos por lo que tienen competencia, independencia e imparcialidad en la decisión. Respondiendo a las preguntas de la Sala Constitucional, formuló las siguientes aclaraciones: a) De acuerdo a los informes sin numeración, elaborados por el Policía Jhonny Callapino Álvarez, quien cumplía funciones con el ahora solicitante de tutela; Aldo Flores Coca, Jefe del Departamento Primero de Personal del Comando Policial de Frontera Uyuni; y del Encargado de la División del Movimiento de Personal, el impetrante de tutela Evo Umakacho Maras, abandonó el servicio el 4 de agosto de 2019; y, b) El 20 de agosto del mismo año, se efectuó el corte de haberes y una vez concluido el proceso disciplinario, se emitió el Memorándum 2783/2020, que fue notificado el 4 de noviembre de 2020. Oscar Choque Ramírez, Secretario General del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional no asistió a la audiencia.
La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 128/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 310 a 311 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Revisados los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte el inicio y tramitación de un proceso disciplinario que concluyó con la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, que determinó la baja definitiva del accionante sin derecho a reincorporación por transgresión del art. 14 inc. 9) de la Ley 101; es decir, por deserción, pues no se presentó en su fuente de trabajo desde el 4 de agosto de 2019; 2) El impetrante de tutela señala que se vio en absoluto estado de indefensión; empero, no activó la justicia constitucional en término de inmediatez; puesto que, si la lógica es que no tuvo conocimiento idóneo del proceso disciplinario, se toma en cuenta que desde el 4 de agosto de 2019, no volvió a constituirse en su fuente laboral, y actualmente alega una razón personal de fuerza mayor que hubiera superado su voluntad; no obstante, no tuvo en cuenta que los actos generados por la autoridad administrativa policial, tanto del Tribunal Departamental Disciplinario de Potosí como del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana concluyeron y se consolidaron con el Memorándum 2783/2020; por el cual, la Dirección Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Policía Boliviana dispuso el cese inmediato de todo tipo de derechos y obligaciones de carácter institucional; 3) Tomando esa fecha como parámetro, a partir del 20 de octubre de 2020, el impetrante de tutela se encontraba plenamente habilitado para activar esta jurisdicción constitucional, denunciando precisamente el estado de indefensión en el que señala que fue puesto; inclusive, a raíz de los informes presentados por los funcionarios policiales, en septiembre de 2019, se suspendió todo tipo de percepción salarial; y, 4) El apersonamiento efectuado el 18 de febrero de 2022, requiriendo fotocopias del proceso disciplinario y el hecho de que tomó conocimiento por presunta información de anteriores compañeros de trabajo de la existencia del proceso disciplinario, carecen de relevancia constitucional a objeto de tener por cierta esa información.
De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Como consta en el Formulario de Apertura del Caso 060/2019 de 26 de agosto, se inició proceso disciplinario de oficio a cargo del Fiscal Rodmy Boriz Gemio Zamora del Departamento de Investigaciones de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna del Distrito de Potosí, en contra del hoy accionante, quien como Policía, cumplía funciones en la localidad de Llica, provincia Daniel Campos del departamento de Potosí, desde el 26 de julio de 2019; las cuales, abandonó a partir del 4 de agosto del mismo año, cuando señaló que se trasladaría a la ciudad de Uyuni para pedir permiso; empero, a partir de esa fecha no fue habido ni en Llica ni en Uyuni (fs. 9). II.2. El 27 de agosto de 2019, se convocó a Evo Umakacho Maras, hoy impetrante de tutela, a presentarse en el indicado Departamento de Investigación Policial Interna, para prestar su declaración informativa policial, proveído que fue notificado por cédula mediante diligencia practicada el 28 de agosto de 2019, en su último domicilio laboral; es decir, en el Comando Frontera Policial de Uyuni (fs. 54). II.3. Concluida la fase investigativa con la acusación formulada el 4 de septiembre de 2019, por el Fiscal Policial asignado al caso, el 10 de septiembre de 2019, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, dictó Auto de Inicio de Procesamiento notificado en la misma fecha, mediante cédula en el Comando Frontera Policial de Uyuni. En la audiencia del proceso oral, público, contradictorio y continúo realizada el 1 de octubre del mismo año, se informó la designación de Tomas Camiño León, como Abogado de Oficio del impetrante de tutela (fs. 126 a 127 vta.; 177 a 279; y, 168 a 178). II.4. Por Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 de 30 de diciembre, integrado por Julio Larrea Moscoso, Presidente y los Vocales Gróver Candi Otondo y Víctor Cárdenas Tapia, se dispuso el retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación de Evo Umakacho Maras, por la comisión de la falta prevista por el art. 14.9) de la Ley 101; es decir, incurrir en deserción; la cual igualmente, fue notificada por cédula al hoy accionante, mediante diligencia practicada el 13 de febrero de 2020 (fs. 186 a 192; y, 195). II.5. Pronunciado el Auto de ejecutoria de 17 de junio de 2020, a través de nota con cite: Stría. Gral. T.D.D.P. 126/2020 de 18 de junio, suscrita por Weimar Dante Ledesma Abastoflor, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, se remitió el cuaderno del proceso al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, señalando que la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, no fue apelada y que debía ser cumplida (fs. 197 a 198). II.6. El 30 de septiembre de 2020, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, Julio William Cordero Alborta, emitió proveído, declarando ejecutoriada la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 y dispuso la remisión de una copia de la misma al Comando General de la Policía Boliviana, disposición cumplida mediante nota Secretaría General 0616/2020 de 2 de octubre (fs. 199 a 200). II.7. Por Memorándum ESC/TR/SSCCPP 2783/20 de 20 de octubre de 2020, suscrito por Marvin Gonzalo Aguirre Romay, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se comunicó a Evo Umakacho Maras, que en atención a lo dispuesto en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 y, al haber cesado en sus derechos y obligaciones con la institución policial, debía presentar certificado de declaración jurada de bienes y rentas, comunicación que fue notificada el 4 de noviembre de 2020, mediante cédula en el Comando de Frontera Policial Uyuni (fs. 299 a 301). II.8. A través de memorial presentado de 2 de febrero de 2022, el impetrante de tutela solicitó conocer la resolución de baja sobre presunto proceso disciplinario, petición que fue deferida por providencia de 24 de marzo del mismo año, presentándose la acción de defensa el 30 de junio de 2022 (fs. 201 a 204).
La parte accionante denuncia la vulneración del debido proceso y de sus derechos a la defensa e igualdad, porque se le impuso una sanción disciplinaria que ordenó su baja definitiva sin derecho a reincorporación, a través de un proceso administrativo cuyos actos nunca fueron notificados personalmente generándole absoluta indefensión. Por lo expuesto, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Esta Sala Cuarta Especializada, ha expresado reiteradamente, como es el caso de las SSCCPP 0640/2022 de 27 de junio y 0813/2020-S4 de 9 de diciembre, que: “‘… este Tribunal dejó establecido en la SCP 2058/2012 de 8 de 7 noviembre, que: ”… al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aun cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘… la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo‴ (las negritas corresponden al texto original).
La parte accionante denuncia la vulneración del debido proceso y los derechos a la defensa e igualdad debido a que se le impuso una sanción disciplinaria que ordenó su baja definitiva sin derecho a reincorporación, a través de un proceso administrativo cuyos actos nunca fueron notificados en forma personal generándole absoluta indefensión. Los antecedentes que cursan en el expediente, informan que el impetrante de tutela ejercía función pública en la Policía Nacional, con asiento en la localidad de Llica, provincia Daniel Campos del departamento de Potosí y que el 4 de agosto de 2019, dejó su puesto laboral sin que se tuviera ninguna noticia de su paradero. Como afirma en su acción de amparo constitucional, fueron razones de índole personal superiores a su voluntad que impidieron su retorno al lugar al que estaba destinado, añadiendo que recién el 2022, tomó conocimiento extraoficial de que se le habría seguido un proceso disciplinario; motivo por el que, se apersonó a la institución policial para solicitar copias del expediente y para conocer el contenido de una eventual resolución sancionatoria. Ambas partes, acompañaron documentación; por la que, se acreditó que ante la ausencia del impetrante de tutela en el lugar en el que prestaba servicio policial, se abrió el Caso 060/2019 de 26 de agosto y se inició un proceso disciplinario de oficio, cuya primera fase estuvo a cargo del Fiscal Rodmy Boriz Gemio Zamora del Departamento de Investigaciones de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna del Distrito de Potosí, quien mediante actuado de 27 de agosto de 2019, convocó a Evo Umakacho Maras, a presentarse en el indicado Departamento de Investigación Policial Interna para prestar su declaración informativa policial, proveído que fue notificado por cédula mediante diligencia practicada el 28 de agosto de 2019, en el último domicilio laboral; es decir, en el Comando de Frontera Policial de Uyuni. Concluida la fase investigativa con la acusación formulada por el Fiscal Policial asignado al caso, el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí mediante providencia de 10 de septiembre de 2019, dictó Auto de Inicio de Procesamiento notificado en la misma fecha, mediante cédula en el Comando Frontera Policial de Uyuni, prosiguiendo el proceso hasta su conclusión con la participación de un abogado defensor de oficio para el accionante; finalmente, se emitió la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 de 30 de diciembre; en la que, se dispuso el retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación por la comisión de la falta prevista por el art. 14 inc. 9) de la Ley 101; es decir, incurrir en deserción, la cual igualmente, fue notificada por cédula al hoy accionante mediante diligencia practicada el 13 de febrero de 2020.
Pronunciado el Auto de ejecutoria de 17 de junio de 2020, a través de nota Cite: Stría. Gral. T.D.D.P. 126/2020 de 18 de junio, suscrita por Weimar Dante Ledesma Abastoflor, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, se remitió el cuaderno del proceso al Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, señalando que la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, no fue apelada y que debía ser cumplida; finalmente, el 30 de septiembre de 2020, el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, Julio William Cordero Alborta, emitió proveído, declarando ejecutoriada la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019 y dispuso la remisión de una copia de la misma al Comando General de la Policía Boliviana, disposición cumplida mediante nota Cite: Secretaría General 0616/2020 de 2 de octubre. Por Memorándum ESC/TR/SSCCPP 2783/20 de 20 de octubre de 2020, suscrito por Marvin Gonzalo Aguirre Román, Director Nacional de Personal de la Policía Boliviana, se comunicó a Evo Umakacho Maras, que al haber cesado sus derechos y obligaciones institucionales como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019, debía presentar certificado de declaración jurada de bienes y rentas, siendo notificado con el mismo, por cédula en su último domicilio laboral, el 4 de noviembre de 2020. A través de memorial presentado de 2 de febrero de 2022, el accionante solicitó conocer la resolución de baja sobre presunto proceso disciplinario, petición que fue deferida por providencia de 24 de marzo del mismo año, presentándose la acción de defensa el 30 de junio de igual año. En la acción tutelar venida en revisión, el impetrante de tutela admitiendo que es evidente que el 4 de agosto de 2019, dejó el servicio policial en la localidad de Llica y que no retornó al mismo por razones de índole personal superiores a su voluntad, pretende que la justicia constitucional considere que fue dejado en estado de indefensión porque no fue notificado personalmente con el inicio del proceso disciplinario ni con los actuados posteriores; y señala que recién conoció de su existencia cuando el 2 de febrero de 2022, solicitó copia legalizada de los mismos y de esa forma, accedió al contenido de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental-Potosí 033/2019; por lo que en su criterio, hubiera cumplido el principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional puesto que considera que a partir de esa fecha deben computarse los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional que fue planteada el 30 de junio de 2022. A efecto de dilucidar dicho aspecto que resulta relevante para determinar si es posible resolver en el fondo la acción de defensa venida en revisión, conforme a los actuados procesales relacionados en forma precedente y los mencionados en la audiencia de la acción de amparo constitucional realizada el 1 de agosto de 2022, resalta que el 4 de agosto de 2019, el solicitante de tutela dejó su puesto de servicio policial en la unidad ubicada en la localidad de Llica del departamento de Potosí sin retornar al mismo; motivo por el cual, a partir del 20 de agosto de 2019, por disposición administrativa de la Policía Boliviana, se dispuso la suspensión del pago de sus haberes, entendiéndose que es a partir de esa fecha, que se inició el cómputo de los seis meses para interponer la presente acción constitucional; debido a que, a partir de ese momento, pudo asumir defensa de sus derechos y presentar los justificativos correspondientes para obtener su reincorporación si así hubiera correspondido; debido a que, por su formación como Técnico Superior en Ciencias Policiales egresado en la gestión 2016, conocía sus derechos y obligaciones; así como, las consecuencias legales que podría acarrear una ausencia sin justificación por el tiempo señalado en las normas internas de la entidad policial, tales como el proceso que fue iniciado el 26 de agosto de 2019, notificado mediante cédula en su último domicilio laboral el 28 del mismo mes y año, resultando evidente que la acción de amparo constitucional con la que pretende impugnar dicho actuado fue planteada extemporáneamente. Inclusive, si se computara el plazo a partir de la notificación con el Memorándum ESC/TR/SSCCPP 2783/20 de 20 de octubre de 2020, efectuada el 4 de noviembre de igual año, la presente acción de amparo constitucional tampoco observa el principio de inmediatez; así resulta inadmisible y sin justificativo legal que el cómputo del plazo para plantear la presente acción tutelar, se haya iniciado cuando el solicitante de tutela solicitó la extensión de fotocopias de los actuados del proceso disciplinario, más de dos años después, alegando que ese fue el momento en el que conoció el resultado del proceso disciplinario y su existencia; consecuentemente, tal argumento resulta inviable e impide efectuar un análisis de fondo de la pretensión de la impetrante d tutela; puesto que, la inmediatez es inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta; de manera que, su activación implica la alteración de su propia naturaleza que exige en su ejercicio, su interposición oportuna. No puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar una protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad negligente procesal por parte del propio accionante, que conlleva la inevitable denegatoria de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 128/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 310 a 311 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0050_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 91615743b7dd6d66049c1493a82ca9eb21a70e2a3b0fb1e918923512ddce1328
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