Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denunciaron como vulnerados su derecho a la libertad, debido proceso y los principios de seguridad jurídica, idoneidad y celeridad; alegando que: 1) El Juez demandado incurrió en motivación arbitraria que generó se disponga su detención preventiva, pues no otorgó valor al registro domiciliario presentado por Elmer Edwin, y con referencia a Erick Marcelo, ambos Sillo Yujra observó que existía contradicción en su “subocupación” que señalaba agricultor y comerciante, y pese a que hicieron énfasis en que el peligro efectivo para la víctima debía ser sostenido en documentación idónea, que demuestre la existencia de sentencia condenatoria anterior, aspecto que de acuerdo a los Certificados del REJAP no acontecían en sus casos, fue dispuesta su detención preventiva; y, 2) El Vocal demandado: i) No expuso la parte dispositiva de su determinación, pues si bien la audiencia virtual se cortó por treinta segundos, justo en el momento en el que daba a conocer esa parte del fallo; no obstante, retomada la conexión pasó directamente a otra audiencia; y, ii) Con relación al peligro efectivo para la víctima, no consideró las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0001/2019-S2 y 0785/2019, bajo el argumento que no fueron presentadas de forma física o en el Sistema Webex, pese a que fueron fundamentadas en audiencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44199-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 119/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elmer y Erik, ambos Sillo Palli contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del mismo departamento.
Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 79 a 80, los accionantes manifestaron lo siguiente:
El 4 de noviembre de 2021, fue llevada a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz −ahora demandado−, mediante Resolución 103/2021, determinó su detención preventiva con base en omisiones expresas, dolosas y falta de idoneidad; por lo que, en dicho acto interpusieron oralmente apelación al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la cual llegó a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz el 8 de igual mes y año; es decir, noventa horas después, misma que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del aludido Tribunal, compuesto por el Vocal hoy codemandado, quién señaló audiencia para el 10 del citado mes y año a las 9:50.
En dicho verificativo la referida autoridad judicial, haciendo una correcta compulsa y valoración de las pruebas para desvirtuar el peligro de fuga en lo que respecta al domicilio, trabajo y familia, dio por desvirtuado el art. 234.1 y 2 del Código adjetivo penal; no obstante, con relación al numeral 7 del citado artículo, indicó que la fundamentación y argumentación de las “Sentencias Constitucionales” (sic), no se tomaría en cuenta porque no fueron presentadas en forma física o el Sistema Webex; asimismo, argumentó que en relación al art. 234 de la norma procesal penal, el Ministerio Público ni la parte víctima aportaron prueba e información idónea, en cuyo efecto declaró la admisibilidad de los agravios planteados; empero, en ese momento de forma extraña se cortó por un momento “(30 segundos) y cuando vuelve se pasa a otra AUDIENCIA QUE ERA LA SIGUIENTE” (sic), olvidándose fundamentar la parte dispositiva del fallo, dejándolos en incertidumbre respecto a su situación jurídica, “PRIVANDONOS DE LA LIBERTAD” (sic), en plena lesión a sus derechos pues en dicha audiencia debió modificarse o revocarse el fallo apelado.
Los accionantes alegaron como lesionados su derecho a la libertad, debido proceso y los principios de seguridad jurídica, idoneidad y celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada “al bien jurídico como es LA LIBERTAD bajo los principios PRO ACTIONE, PROGRESIVIDAD Y JUSTICIABILIDAD” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 16 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 95 a 97 vta., presentes la parte accionante y el Juez demandado y ausente el Vocal codemandado, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliándola refirió que: a) Fueron afectados con la detención preventiva por la errónea aplicación de la norma, habiendo el Juez demandado provocado inseguridad jurídica; puesto que, de manera dolosa y arbitraria señaló que no haría valer el registro domiciliario de Elmer Edwin, con referencia a Erick Marcelo indicó que existía contradicción en su “subocupación” que señalaba agricultor y comerciante, y pese a que se le hizo mención que el peligro efectivo para la víctima debe ser sostenido en documentación idónea conforme las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0001/2019-S2 de 15 de enero, que desglosa el peligro efectivo para la víctima y 0785/2019 de 30 de abril, que establece que el único documento idóneo para desvirtuar el peligro de vida para la víctima sin menoscabar la inocencia es el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), debiendo tener una sentencia condenatoria anterior; b) El Ministerio Público al momento de emitir la imputación formal refirió que los imputados ahora accionantes no cuentan con antecedentes penales con sentencia condenatoria, lo que evidencia que existió una motivación arbitraria que provocó se disponga la medida extrema de última ratio, pues tampoco consideró que se estaría justiciando a dos personas que viven en el campo, aspectos que si hubieran sido considerados debía haberse aplicado medidas sustitutivas bajo el principio pro actione, siempre la norma más beneficiosa para el encausado; c) Con relación al Vocal demandado, refirió que no podía negarse por ética profesional que, “si se ha cortado, tal vez puede ser en mi celular, pero no se ha escuchado la parte dispositiva” (sic), habiéndose escuchado solamente hasta donde declaró la admisibilidad de los agravios “y por tanto se encuentra desvirtuado en esta situación” (sic); d) En cuanto al art. 234.7 del CPP, sostuvo que serían un peligro para la sociedad basado en meras presunciones, apreciación en la que también incurrió el Juez demandado; por lo que, con base al principio pro actione debió darse tiempo para valorar si las sentencias constitucionales invocadas se encuentran de acuerdo a lo solicitado, y no limitarse a señalar que porque no fueron presentadas no serían tomadas en cuenta, ya que por el sentido de constitucionalidad se entiende que todas las autoridades tienen conocimiento de los fallos constitucionales; e) El derecho al debido proceso impone que toda persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo, debiendo en el caso haberse aplicado conforme el art. 233 del adjetivo penal, otros medios para garantizar su sometimiento al proceso, pues al haber demostrado su arraigo natural correspondía se aplique una medida menos gravosa de acuerdo al art. 231 de la citada norma, como la detención domiciliaria con permiso para trabajar, arraigo, firma en libros y la presentación de dos garantes personales; f) El Vocal demandado no consideró que se estaría jugando la libertad de dos personas que tienen trabajo, son padres y el sustento de su familia, porque no se desvirtuó el art. “234 Núm. 10” (sic), por el simple hecho de no presentar sentencias lo cual los deja en incertidumbre y pese a que existen los certificados del REJAP se encuentran privados de libertad; e, g) Interpusieron la acción de libertad para que el Vocal demandado se pronuncie, en esta audiencia conocieron que dispuso mantener su detención preventiva, pero al haberse desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP, debió disponer medidas sustitutivas conforme el art. 231.1 de la norma procesal penal; debido a lo cual, solicitaron se conceda la tutela impetrada y se modifique de oficio la detención preventiva por medidas sustitutivas, otorgándoles detención domiciliaria con salidas laborales, arraigo, firma en el libro, “vamos a presentar dos garantes” (sic), porque no se pueden hacer meras suposiciones y quitar la libertad.
Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante a fs. 84, señaló que: 1) El 4 de noviembre de 2021, se llevó a cabo audiencia cautelar contra los hoy impetrantes de tutela, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público a instancia de Verónico Toro Uscamaita y Herna Gutiérrez Conde, por la presunta comisión de delitos de lesiones graves y leves; y, robo agravado, en la cual se dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses, por existir elementos de participación en el hecho y probabilidad de autoría y riesgos procesales, respecto a los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234; y, 235 todos del CPP; 2) Elmer Edwin Sillo Yujra, no enervó el elemento domicilio, encontrándose concurrente el art. “234.1” y 235 de la norma adjetiva penal; y, para Erick Marcelo Sillo Yujra, no enervó el elemento trabajo, encontrándose concurrente el art. “234.1” y 235 del CPP; y, 3) En audiencia los imputados ahora accionantes interpusieron recurso de apelación, habiéndose remitido el legajo el 8 de noviembre de 2021, “la audiencia de medidas cautelares de llevó el día jueves 4 de noviembre de 2021, “viernes, los días sábado y domingo no se trabaja, de esta manera se cumplió con la remisión se debe tomar en cuenta la distancia (Provincia)” (sic); finalmente, aclaró que a partir de la remisión no tiene conocimiento de la causa. Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 85 a 88 vta., expresó que: i) Respecto a que el legajo de apelación se hubiera remitido en el plazo de noventa días, el Tribunal de alzada no es responsable de hacer la remisión de dichos legajos; por lo que, lo aseverado no se enmarca en derecho; ii) Señalaron los impetrantes de tutela que el sistema se habría cortado extrañamente por treinta segundos, aspecto que resulta falso ya que la audiencia se llevó a cabo con total normalidad, dictándose el fallo correspondiente e incluso posteriormente se dio por notificados a las partes procesales de manera oral, y prueba de ello es el memorial de complementación y enmienda presentado por los ahora accionantes; iii) Con relación a que no se habría considerado los fallos constitucionales presentados por los apelantes, refirió que la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 ‒Ley De Abreviación Procesal Penal Y De Fortalecimiento De La Lucha Integral Contra La Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres‒ por Disposición Décima Tercera creó el Reglamento 12/2019 que es de cumplimiento obligatorio, el cual establece en su art. 29 parágrafo cuarto, que: “Los abogados intervinientes en audiencia, al momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional, deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con fines de generar en la autoridad judicial convicción al emitir la respectiva resolución” (sic), por cuanto la defensa debió ser conocedora de la norma y no pretender suplir su negligencia con la interposición de esta acción tutelar; y, iv) De la lectura del Auto de Vista “308/2021 de 31 de agosto”, se evidencia que no se vulneró derecho alguno; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 119/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 98 a 100 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) No es posible que la jurisdicción constitucional emita pronunciamiento respecto a las reclamaciones efectuadas contra el Juez demandado, debido a que la parte accionante apeló el fallo de primera instancia, en consecuencia, fue emitido el Auto de Vista ahora confutado; b) En cuanto al argumento del presunto corte, queda desvirtuado “por la misma actuación de sus abogados defensores” (sic), pues al retornar después del corte pudieron solicitar al Vocal refiera la última parte del fallo, o consultar al personal de apoyo ante la habilitación de las “TICs” (sic) la determinación asumida pero no lo hicieron, es más solicitaron complementación dentro del plazo, que fue respondida a través del Auto de 15 de noviembre de 2021; por lo que, mal pueden aducir que es en la audiencia de acción de libertad que, recién tomaron conocimiento de la determinación del Vocal hoy demandado; c) En lo que respecta a las sentencias constitucionales, las cuales presuntamente no hubieran sido consideradas, en ningún momento la parte accionante fundamentó de qué manera hubieran producido un cambio en el fondo de la decisión asumida, pues tampoco aludió a los supuestos fácticos similares con el caso que motiva esta acción tutelar para considerar su vinculatoriedad, ya que por el contrario constatados los antecedentes se tiene que mediante el Auto de Vista confutado, el Vocal demandado consideró los agravios expuestos por la parte apelante en el marco de lo establecido en el art. 398 del CPP; y, d) La parte accionante pretende con la presente acción de defensa convertir a la jurisdicción constitucional en una tercera instancia, aspecto que se encuentra prohibido conforme la SCP 0294/2012 de 8 de junio y SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, que entre otras tantas establecieron que toda acción tutelar se activa en todos aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales y garantías constitucionales, no pudiendo ser activada para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas, habiendo además la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, determinado que la vía constitucional no constituye un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces o tribunales ordinarios, debido a lo cual no es posible que pueda inmiscuirse en dicha labor privativa, menos puede convertirse en un Tribunal supra con facultades de revisar lo obrado por las autoridades ordinarias.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto de Vista 826/2021 de 10 de noviembre, por el que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, compuesto por Henry David Sánchez Camacho −Vocal ahora demandado−, declaró la procedencia en parte de las cuestiones propuestas; en consecuencia, confirmó en parte la Resolución 103/2021 de 4 de noviembre, emitida por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del mismo departamento –hoy codemandado− aclarando que quedó desvirtuado el art. 234.1 del CPP, en su vertiente trabajo en favor de Erick Marcelo Sillo Yujra y en la vertiente domicilio para Elmer Edwin Sillo Yujra, y en favor de ambos también el numeral 2 del citado artículo, quedando vigentes los demás riesgos procesales (fs. 89 a 92 vta.). II.2. Mediante Auto de 15 de noviembre de 2021, el referido Vocal declaró NO HA LUGAR los petitorios de complementación y enmienda formulados por los solicitantes de tutela (fs. 93 y vta.)
Los accionantes denunciaron como vulnerados su derecho a la libertad, debido proceso y los principios de seguridad jurídica, idoneidad y celeridad; alegando que: 1) El Juez demandado incurrió en motivación arbitraria que generó se disponga su detención preventiva, pues no otorgó valor al registro domiciliario presentado por Elmer Edwin, y con referencia a Erick Marcelo, ambos Sillo Yujra observó que existía contradicción en su “subocupación” que señalaba agricultor y comerciante, y pese a que hicieron énfasis en que el peligro efectivo para la víctima debía ser sostenido en documentación idónea, que demuestre la existencia de sentencia condenatoria anterior, aspecto que de acuerdo a los Certificados del REJAP no acontecían en sus casos, fue dispuesta su detención preventiva; y, 2) El Vocal demandado: i) No expuso la parte dispositiva de su determinación, pues si bien la audiencia virtual se cortó por treinta segundos, justo en el momento en el que daba a conocer esa parte del fallo; no obstante, retomada la conexión pasó directamente a otra audiencia; y, ii) Con relación al peligro efectivo para la víctima, no consideró las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0001/2019-S2 y 0785/2019, bajo el argumento que no fueron presentadas de forma física o en el Sistema Webex, pese a que fueron fundamentadas en audiencia. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas y elsubrayado son nuestros).
Con carácter previo a ingresar a considerar las problemáticas jurídicas planteadas, es necesario aclarar que si bien los accionantes interponen la presente acción tutelar en contra de Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz y Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, este Tribunal circunscribirá su análisis sólo con relación al pronunciamiento emitido en alzada, instancia que en revisión contaba con las facultades de revisar y modificar lo resuelto por el Juez a quo; en cuyo mérito debe denegarse la tutela impetrada, con relación al prenombrado Juez, aclarando que no se ingresó al fondo de la denuncia deducida contra dicha autoridad por las razones anotadas precedentemente. Puntualizado dicho aspecto, de los antecedentes que cursan en el legajo procesal, consta que mediante Auto de Vista 826/2021, la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, compuesto por el Vocal ahora demandado, declaró la procedencia en parte de las cuestiones propuestas por la parte imputada, en consecuencia, confirmó en parte la Resolución 103/2021, emitida por el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del citado departamento –hoy codemandado‒, aclarando que quedó desvirtuado el art. 234.1 del CPP, en su vertiente trabajo en favor de Erick Marcelo y en la vertiente domicilio para Elmer Edwin, ambos Sillo Yujra, y en favor los dos el numeral 2 del citado artículo, quedando vigentes los demás riesgos procesales (Conclusión II.1.); asimismo, a través de Auto de 15 de igual mes y año, el referido Vocal declaró NO HA LUGAR los petitorios de complementación y enmienda formulados por los solicitantes de tutela (Conclusión II.2.).
Ahora bien, considerando que los accionantes en la primera problemática denuncian que la audiencia virtual se hubiera cortado por treinta segundos, justo en el momento en el que el Vocal demandado daba a conocer la parte resolutiva del fallo; no obstante, retomada la conexión pasó directamente a otra audiencia, sin precisar la determinación de su decisión; al respecto, dicha alegación fue negada por la aludida autoridad en su informe escrito, refiriendo que el citado verificativo fue llevado de forma normal, habiendo pronunciado el fallo correspondiente en el cual además se dio por notificadas a las partes procesales de manera oral, resultando prueba de ello la presentación del memorial de complementación y enmienda por los ahora impetrantes de tutela. En consecuencia con ello, este Tribunal no puede soslayar que los accionantes solicitaron complementación y enmienda del Auto de Vista hoy confutado, memorial que si bien no cursa en obrados, del contenido del Auto Complementario de 15 de noviembre de 2021, se tiene que: “los ahora impetrantes hacen mención a que mi Autoridad no se habría pronunciado con relación a los imputados; sin embargo, en la resolución apelada, mi Autoridad se pronunció cobre cada uno de los imputados, habiendo inclusive desvirtuado los riesgos procesales, por lo que su solicitud no se ajusta a derecho” (sic), aclarando posteriormente que se confirmó en parte la resolución apelada, habiéndose desvirtuado el art. 234.1 y 2 del CPP, continuando vigentes los demás riesgos procesales “233 num.1” (sic), 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal debido a lo cual subsistía su detención preventiva, fallo que era claro y del cual se evidenciaba que daba respuesta a todos los agravios deducidos por los imputados “con nombres y apellidos”; por lo que, deberían encontrarse a la resolución dictada por ese Tribunal de alzada. En ese marco, resulta evidente que los impetrantes de tutela, conocían la decisión a la que arribó el Tribunal superior, no siendo cierto el desconocimiento y la incertidumbre que alegan al respecto, ni tampoco que en audiencia de acción de libertad es que recién se hubieran enterado de aquello, correspondiendo en consecuencia, la denegatoria de la tutela en este punto. En cuanto a la segunda problemática, relativa a que el Vocal demandado con relación al peligro efectivo para la víctima, no consideró las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0001/2019-S2 y 0785/2019, bajo el argumento que no fueron presentadas de forma física o en el Sistema Webex, pese a que fueron fundamentadas en audiencia; al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo al lineamiento constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la valoración probatoria es una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria; no obstante, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese contexto corresponde remitirnos al contenido del Auto de Vista impugnado, para verificar si lo alegado por los accionantes resulta evidente; teniéndose entonces en cuanto a la parte concerniente de lo ahora denunciado, que el Vocal demandado en el apartado IV titulado FUNDAMENTOS DE HECHO, DERECHO Y JURISPRUDENCIALES, en el 7mo punto, refirió que con relación al art. 234.7 del CPP, que la parte apelante manifestó que se les impuso el aludido peligro sin fundamento alguno, sin tomar en consideración las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1/2019-S2, 185/2019 y 56/2014” (sic), a lo cual señaló que revisado minuciosamente el legajo de apelación, los fallos constitucionales a los que hace mención no cursarían en el legajo procesal, tampoco fueron presentados en el Sistema Cisco Webex; por lo que, si se pretendía hacer valer un lineamiento jurisprudencial debía considerarse que la Ley 1173 por Disposición Décima Tercera creó el Reglamento 12/2019, que en su art. 29.IV, establecía lo siguiente: “Los abogados intervinientes en audiencia, al momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria, constitucional o convencional, deberán presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con fines de generar en la autoridad judicial convicción al emitir la respectiva resolución", por cuanto no podían ser consideradas al no cumplirse con la norma desglosada “en consecuencia, en este aspecto no existiría agravio alguno” (sic). Contrastado el fundamento plasmado con la denuncia realizada, se evidencia que la autoridad judicial demandada, de manera fundamentada y motivada, expuso las razones por las cuales los citados fallos constitucionales no merecían ser considerados, al incumplir la parte hoy accionante con su presentación como exige la normativa legal aludida, por cuanto mal podría exigirse su aplicación, no existiendo por tanto falta de consideración de las mismas como denuncian los solicitantes de tutela, debiendo en consecuencia, denegarse la tutela impetrada.
Cabe aclarar que si bien por el principio de informalismo la acción de libertad procede sin exigencias formales; no obstante, en el caso presente debe dejarse constancia que la acción de libertad fue interpuesta en favor de Elmer y Erik, ambos Sillo Palli, quienes si bien no firman el referido memorial, constando sólo las firmas de dos abogados, aclarándose de forma manuscrita “y por los impetrantes momentáneamente impedidos” (sic), revisados los antecedentes procesales se consigna como imputados a Elmer Edwin y Erick Marcelo, ambos Sillo Yujra, aspecto que también llamo la atención en el Auto de Vista Complementario de 15 de noviembre de 2021, donde el Vocal ahora demandado refirió al respecto: “llama la atención el memorial que antecede, ya que los imputados son Elmer Sillo Yujra y Erick Sillo Yujra, sin embargo, los impetrantes de este memorial son Elmer Sillo Palli y Erick Sillo Palli, por lo que existe una contradicción con relación a los datos de los ahora impetrantes” (sic), por cuanto debe quedar claramente establecido que esta acción tutelar fue resuelta con base en los datos consignados en el escrito de acción de libertad y los antecedentes cursantes dentro del proceso penal de referencia, sin que pueda aducirse ningún tipo de error al momento de emitir la merituada resolución. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 119/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 98 a 100 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0050_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 57693bd19ccc89dfd5e0d648b94730facbb0efe9d36846337476dfab50f68c98
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