B.IA.LEGAL

SCP 0050/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44248-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través su representante denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; y, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; así como, de los principios de celeridad, legalidad e inocencia; puesto que, dentro del proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito robo agravado, la Fiscal de Materia presentó imputación formal y luego requirió salida alternativa por conciliación; más adelante, instalada la audiencia, la Jueza demandada suspendió dicho verificativo para el 12 de octubre de 2021, debido a la inasistencia de sus progenitores, momento en el que su defensa técnica solicitó cuarto intermedio para horas de la tarde a efectos de resolver la indicada salida alternativa; empero, tal petición no fue atendida, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas sin que ese acto procesal se lleve adelante a objeto que se resuelva su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución T.G.C. 13/2021 de 12 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/0023-S2 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44248-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución T.G.C. 13/2021 de 12 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de AA y BB contra María Amparo Lira Lino, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2021, cursante de fs. 8 a 9 vta., los accionantes a través de su representante, refirieron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 9 de octubre de 2021 a horas 11:45 aproximadamente, por la zona Aguas de la Vida de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, fueron aprehendidos por efectivos policiales, emitiendo el representante fiscal imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado; posteriormente, pidieron resolución de extinción de la acción penal por conciliación; a cuyo efecto, la autoridad judicial demandada programó audiencia para el 11 de igual mes y año, acto procesal suspendido hasta el 12 del citado mes y año, momento en el que su abogado solicitó cuarto intermedio de una hora a objeto que se resuelva la indica extinción; empero, dicha petición no fue tomada en cuenta; por lo que, “a la fecha” se encuentran detenidos en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones de ese departamento, estando de esa manera ilegalmente privados de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron como lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción y, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, de los principios de celeridad, legalidad e inocencia, citando al efecto los arts. 109.I, 115, 116.I, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se emitan a su favor mandamientos de libertad; y, b) La Jueza demandada pague costas por un monto de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), en razón al perjuicio de privarlos de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de octubre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 13 a 16, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de representante y abogado, ratificaron el contenido de esta acción tutelar y ampliándolo sostuvieron que: 1) La subsidiariedad excepcional de este mecanismo constitucional sería aplicada conforme a la SCP 0894/2017-S2 de 21 de agosto, en vista a que, se encuentran indebidamente detenidos desde horas 11:00 del 11 de octubre de 2021; es decir, no están en celdas judiciales ni en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tampoco fueron asistidos por un psicólogo, quien tiene que proteger sus derechos al no encontrarse con detención preventiva; 2) El 10 de igual mes y año, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó imputación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado, considerado como un ilícito de orden patrimonial; en ese sentido, la Jueza demandada omitió resolver su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas, tal como establece el Código Adjetivo Penal; 3) La representante del Ministerio Público, en apegó a la normativa penal, formuló salida alternativa por reparación integral del daño causado; sin embargo, en la audiencia de medidas cautelares de 11 de octubre de 2021, sus progenitores no pudieron conectarse a la audiencia virtual debido a la mala conexión o desconocimiento de los medios telemáticos; por ello, su abogado solicitó cuarto intermedio; asimismo, que se notifique a la referida Defensoría a objeto que los prenombrados sean representados y asuman defensa; requerimiento que no fue aceptado; y, 4) Cuando los adolescentes infractores son privados de libertad, reciben atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales, en protección de sus derechos y garantías constitucionales.

I.2.2. Informe de la demandada

María Amparo Lira Lino, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: i) De acuerdo a la imputación formal presentada por el Ministerio Público, se convocó audiencia de medidas cautelares para el 11 de octubre de 2021 a horas 11:00, acto procesal que fue suspendió debido a la inasistencia de los padres de familia de los accionantes; razón por la cual, se reprogramó ese verificativo para el 12 de igual mes y año a la misma hora, disponiendo se notifiqué a los progenitores o a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a fin de no lesionar derechos de los accionantes; toda vez que, deben estar asistidos por un abogado defensor junto a sus progenitores o algún familiar; ii) Efectivamente, la defensa técnica de los solicitantes de tutela pidió cuarto intermedio para horas de la tarde a efecto de desarrollarse la extinción de la acción penal por conciliación, solicitud que no pudo ser atendida, debido a la suplencia que su autoridad tenía en otro juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de El Alto; ya que, por las mañanas atendía las causas de su despacho judicial y por las tardes el juzgado en suplencia legal; iii) La suscrita no cometió ninguna irregularidad; al contrario, cumplió el plazo para el señalamiento de audiencia de medidas cautelares conforme al Código Niña, Niño y Adolescente; por ello, no podía aducirse que los prenombrados estaban indebidamente detenidos, en razón a la existencia de la imputación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado; y, iv) A consecuencia de la presente acción tutelar, el indicado acto procesal en el que se debía resolver la salida alternativa por conciliación o la aplicación de medidas cautelares fue suspendido nuevamente; no obstante, la Fiscal de Materia asignada al caso se desconectó para ingresar a esa audiencia, siendo un exceso del abogado defensor platear este mecanismo de defensa; en razón a que, el prenombrado profesional tenía conocimiento del verificativo que se programó para ese efecto y así poder resolver la citada salida alternativa. El Juez de garantías, pidió a la autoridad demandada aclare: a) Qué fecha consignaba el auto de convocatoria a la audiencia de medidas cautelares y la imputación formal; y, b) Si el Ministerio Público hizo conocer nombres de los familiares de los accionantes y efectivamente cursan notificaciones a los nombrados. La autoridad demandada absolvió las preguntas refiriendo que: 1) Probablemente fue domingo -10 de octubre de 2021-, data en la que se elaboró solamente la permanencia; en vista a que, no se sabía dónde serían trasladados los accionantes; se convocó audiencia dentro de las veinticuatro horas para resolver la situación jurídica de los peticionantes de tutela conforme a los arts. “286 287 y 157”; y, 2) En la imputación formal existían números telefónicos de celulares; a razón de ello, se notificó a los abogados defensores que estaban identificados en el referido requerimiento fiscal; sin embargo, en el verificativo de medidas cautelares se presentó otro profesional abogado.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Paulina Lucía Fernández Patsi, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías refirió que: i) El 10 de octubre de 2021, presentó la imputación formal en secretaría del Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; señalándose audiencia de medidas cautelares dentro las veinticuatro horas conforme prevé la norma; y, ii) En el proceso penal la víctima presentó acuerdo transaccional; razón por la cual, velando por el interés superior de los solicitantes de tutela, presentó resolución para una salida alternativa ante la Jueza demandada; además, en audiencia de garantías se hizo conocer ese pedido; mismo que, luego fue suspendido para su consideración.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución T.G.C. 13/2021 de 12 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza demandada convoque a audiencia “el día de hoy” -se entiende 12 de octubre de 2021-, a fin de considerar la aplicación de salida alternativa, o en su defecto, resolver la situación jurídica de los accionantes; asimismo, recomendó a la autoridad judicial demandada observe las asistencias de los sujetos procesales en los verificativos contra menores infractores a objeto de no vulnerar sus derechos; con base en los siguientes fundamentos: a) La imputación formal no consignó los nombres de los progenitores de los solicitantes de tutela; sin embargo, se identificarían números de celulares; empero, no se conocía a quienes pertenecerían, presumiendo que eran de los primeros abogados que asistieron a los accionantes; b) Dicho requerimiento fiscal debía contener datos de los padres de los impetrantes de tutela, a fin de comunicar la celebración de la audiencia para su respectiva participación, y de ese modo resguardar los derechos de los aludidos; situación que, no fue advertida por la autoridad judicial demandada, siendo previsible que los progenitores, al no conocer el verificativo de medidas cautelares o la salida alternativa, difícilmente participarían; y, c) La Jueza demandada sostuvo que no era posible reprogramar el señalado acto procesal para ese mismo día, enunciado que fue de manera verbal sin ser acreditado; la cual, a fin de generar convicción debió presentar una fotocopia del libro de señalamiento o planillas de audiencia de su despacho judicial o del juzgado del cual se encontraba en suplencia legal, concluyendo así que la audiencia programada para el día siguiente -13 de octubre de 2021-, era contrario a lo regulado por el art. 23 de la CPE. Los accionantes a través de su abogado, a tiempo de solicitar copia de la grabación de la audiencia de garantías impetró complementación y enmienda, señalando que ninguna parte de la demanda tutelar deducida se trataba de una acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.

En sustanciación y resolución, el Juez de garantías declaró no ha lugar lo solicitado; toda vez que: 1) Existe un protocolo de audiencia virtuales en procesos penales y en materia constitucional; asimismo, debido a la dilación en la celebración de la audiencia de medidas cautelares, identificó al mecanismo de defensa como una acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 2) La Jueza demandada decidirá la situación jurídica de los accionantes, no pudiendo disponer la libertad de los prenombrados; pues ello, implicaría intromisión en la jurisdicción ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de “1” -lo correcto es 11- de octubre de 2021, llevado a cabo en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; en el cual, María Amparo Lira Lino, Jueza del citado despacho judicial -demandada- suspendió ese verificativo para el 12 de igual mes y año a horas 11:00, debido a la inasistencia de los progenitores de los accionantes; ante esa situación, el abogado defensor de los prenombrados solicitó cuarto intermedio para horas de la tarde en vista que se encuentran privados de libertad; petición que no fue atendida por la autoridad demandada (fs. 3 a 4). II.2. Consta memorial de desistimiento de 11 del citado mes y año; y, Acuerdo Transaccional -no consigna fecha-, suscrito por Fansi Chávez -víctima- y los familiares de los peticionantes de tutela, documentos presentados ante la autoridad judicial demandada (fs. 5 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través su representante denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; y, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; así como, de los principios de celeridad, legalidad e inocencia; puesto que, dentro del proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito robo agravado, la Fiscal de Materia presentó imputación formal y luego requirió salida alternativa por conciliación; más adelante, instalada la audiencia, la Jueza demandada suspendió dicho verificativo para el 12 de octubre de 2021, debido a la inasistencia de sus progenitores, momento en el que su defensa técnica solicitó cuarto intermedio para horas de la tarde a efectos de resolver la indicada salida alternativa; empero, tal petición no fue atendida, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas sin que ese acto procesal se lleve adelante a objeto que se resuelva su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, con relación al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, sostuvo que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). A su vez, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, concluyó que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado nos corresponde). Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó que: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”’ (énfasis añadido).

Asimismo, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esa modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que los accionantes fueron aprehendidos por funcionarios policiales por la zona Aguas de la Vida de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; ante esa situación, el Ministerio Público presentó imputación formal por la presunta comisión del delito de robo agravado y luego requirió salida alternativa por conciliación ante la presentación de desistimiento por parte de la víctima; instalada la audiencia, la misma fue suspendida para el 12 de octubre de 2021 por inasistencia de los progenitores de los prenombrados, momento en el que el abogado defensor solicitó cuarto intermedio para horas de la tarde, a fin de considerar la citada salida alternativa; sin embargo, dicha petición no fue aceptada (Conclusiones II.1 y 2). Bajo ese entendido, la problemática planteada radica en la suspensión de la audiencia para el 12 de octubre de 2021, a razón que los progenitores de los accionantes no se encontraban conectados en la audiencia virtual; por lo que, la Jueza demandada no aceptó un cuarto intermedio para horas de la tarde a efectos de resolver una salida alternativa en favor de los aludidos, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas sin que ese actuado procesal se lleve adelante a objeto de resolver su situación jurídica; por ello, los nombrados alegan lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción; y, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; así como, de los principios de celeridad, legalidad e inocencia. Ahora bien, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se precisa que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. En ese contexto, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de robo agravado seguido contra los solicitantes de tutela, el Ministerio Público presentó imputación formal y luego requirió a la Jueza demandada salida alternativa por conciliación, cuya audiencia fue suspendida para el 12 de octubre de 2021, por inasistencia de los progenitores de los prenombrados; por ello, su abogado solicitó un cuarto intermedio para horas de la tarde a fin de resolver la indicada salida alternativa; pretensión que no fue aceptada por la Jueza demandada; en esa circunstancia, se tiene que en la audiencia de garantías celebrada en la fecha señalada, la autoridad demandada alegó que: “…el abogado efectivamente ha pedido cuarto intermedio para en horas de la tarde pero señor Juez yo estoy supliendo a otro juzgado de la niñez y adolescencia de la ciudad de acá de El Alto en la mañana hago en el juzgado de origen (…) y en la tarde hago las audiencias y atiendo al otro juzgado de la niñez y adolescencia, no puedo estar a disposición del abogado máxime cuando la suscrita autoridad ha cumplido los términos de señalamiento de audiencias…” (sic); afirmación que demuestra la existencia de una petición para llevar adelante un verificativo para horas de la tarde con la finalidad de resolver una salida alternativa en favor de los accionantes; ya que, los aludidos se encontraban privados de libertad; consiguientemente, se advierte que existía una exigencia relativa al derecho a la libertad de los aludidos que no fue atendida de manera diligente por la autoridad judicial demandada, aspecto que permite activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; máxime, si los peticionantes de tutela en el presente mecanismo de defensa son menores de edad, quienes pertenecen a un grupo de atención prioritaria y gozan de la protección del Estado a través de las diferentes instituciones públicas o privadas, encontrándose las mismas con la obligación de precautelar sus derechos y garantías constitucionales; que entre ellos esta, el interés superior de la niña, niño y adolescentes, la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y el acceso a una administración de justicia, pronta y oportuna, entendimiento asumido por la SCP 0129/2012 de 2 de mayo; por tales razones, corresponde conceder la tutela peticionada. Por otro lado, cabe señalar lo argumentado por la Jueza demandada en la audiencia de garantías con referencia a la suplencia que ejercía en otro despacho judicial y que ese accionar impediría llevar adelante la audiencia de salida alternativa en favor de los solicitantes de tutela; sin embargo, es necesario indicar que, ese aspecto no es una situación atribuible a los prenombrados; lo cual, no debe operar en su perjuicio y tampoco constituir de forma alguna un motivo valedero para justificar la dilación en la que incurrió la autoridad demandada, menos en aquellos casos que esté involucrado el derecho a la libertad; por lo que, tales alegaciones no pueden ser asumidas para justificar la demora en la que incurrió la nombrada autoridad. Finalmente, de la previsión contenida en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para la remisión de las acciones de defensa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció un plazo de veinticuatro horas, tiempo que en el caso de análisis se tiene por incumplido; en vista de que, de la revisión del legajo procesal, la autoridad constituida en Juez de garantías emitió la Resolución T.G.C. 13/2021 de 13 de octubre -venida en revisión-; sin embargo, procedió a la remisión del expediente el 24 de noviembre de igual año, según consta en el sello de recepción del courrier (fs. 20), transcurriendo más de un mes después de ser dictado el mencionado fallo, aspecto que constituye un actuar negligente, correspondiendo llamar la atención, por inobservancia de plazos en el trámite procesal del mecanismo de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución T.G.C. 13/2021 de 12 de octubre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0050_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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