Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que: i) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio, sin considerar que correspondía atender su caso al Juez del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en la localidad de Sica Sica; y, ii) De igual forma, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha, les impuso la medida cautelar de detención preventiva, bajo una incorrecta interpretación de la norma sustantiva; puesto que, el art 226.I Bis. del CP, establece que la sanción para la conducta en la que presuntamente incurrieron, sería de un tercio de la pena máxima establecida, lo que implicaría que la sanción máxima por el hecho por el cual se les investigó sería de dos años; por cuyo efecto, la medida cautelar de detención preventiva no era procedente, tal cual lo establece el art 232 inc. 5) del CPP; encontrándose en la actualidad, injusta e ilegalmente privados de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 242/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por el El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 56021-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 242/2023 de 22 de abril, cursante a fs. 23 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilson Kantuta Calle y Yasmani Yamil Villafuerte contra Hector Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 22 de abril de 2023, cursante de fs. 12 a 13, los accionantes manifestaron lo siguiente:
El 19 de abril de 2023, por acción directa de efectivos policiales y el Fiscal de Materia de la localidad de Sica Sica, fueron aprehendidos con el argumentando de que, en su condición de administrador y operador de bomba de la Estación de Servicio Konani S.R.L., respectivamente, ubicada en la localidad de Konani provincia Aroma del departamento de La Paz, habrían comercializado cien litros de gasolina especial a una ambulancia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Inquisivi del referido departamento; adicionalmente, habrían cargado otros cien litros en un tanque azul de doscientos litros que estaba en la parte trasera de dicha ambulancia; asimismo, habrían comercializado gasolina especial en ocho bidones de veinte litros, a personas que descendieron de un camión; vehículos que fueron detenidos posteriormente en Vila Vila para su procesamiento penal.
Refieren que, fueron conducidos a la ciudad de El Alto y puestos a disposición del Fiscal de Materia, Wilson Víctor Medrano Patti y el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, pese a que la acción directa fue dirigida por el Fiscal de Materia de Sica Sica, donde también se cuenta con un juez de la materia. Realizada audiencia de medidas cautelares, el Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril de 2023, declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio y mediante Auto Interlocutorio 195/2023 de la misma fecha mes y año, dispuso su detención preventiva de Wilson Kantuta Calle, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y para Yasmani Yamil Villafuerte, en la Carceleta de Patacamaya del referido departamento. La autoridad demandada, declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio; con el fundamento que, si bien el hecho se habría producido y consumado en la localidad de Konani, el domicilio de los imputados estaría en la ciudad de El Alto y ante esa situación sería competente, conforme lo dispuesto por el art. 49 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP); determinación que contraviene lo establecido en el art. 45 de la norma procesal; toda vez que, a tiempo de su fundamentación, el Ministerio Público aclaró que los choferes y pasajeros de la ambulancia del GAM de Inquisivi y del camión habrían sido aprehendidos y remitidos a Oruro, iniciándose dos procesos por un mismo hecho, extremo que no fue valorado por la autoridad jurisdiccional, contraviniendo con ello el derecho constitucional a un debido proceso. En cuanto a la determinación de las medidas cautelares, el Juez fundamentó su procedencia, en la existencia de elementos de convicción que hacen presumir su autoría por la comisión del tipo penal establecido en el art. 226.IV Bis. del Código Penal (CP); toda vez que, la referida norma sustantiva, según el juzgador sancionaría el indicado ilícito con una pena privativa de libertad de cuatro a ocho años. Efectuando de esa manera una incorrecta interpretación de dicha norma sustantiva, que claramente establece que la sanción para esa conducta será de un tercio de la pena máxima establecido en el art 226.I Bis. del CP, es decir un tercio de la pena de seis años de privación de libertad, lo que implicaría que la sanción máxima por el hecho por el cual se les investigó sería de dos años, por lo cual la medida cautelar de detención preventiva no es procedente tal cual lo establece el art 232 inc. 5) del CPP; encontrándose en la actualidad, injusta e ilegalmente privados de libertad. Asimismo, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, violando lo establecido en los arts. 234 y 235 del CPP, determinó la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 núms. 1, 2 y 7 y 235 núms. 1 y 2 de la misma norma, bajo simples apreciaciones abstractas, violando incluso su derecho de presunción de inocencia al establecer que por el tipo penal imputado serían un peligro efectivo para la víctima o la sociedad, sin considerar que el Ministerio Público presentó un solo elemento de convicción para demostrar la concurrencia de cada uno de los riesgos procesales señalados, violando de esta manera su derecho a la defensa y al debido proceso.
Denuncian la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se les restituya su libertad en el plazo establecido; y, b) Se declare la incompetencia de la autoridad demandada.
Celebrada la audiencia pública el 22 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 19 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) La competencia del juez penal será del lugar donde se hubiera cometido el hecho, aplicándose el “inc. 2” en caso de existir un conflicto para determinar esa competencia; 2) La autoridad demandada no podía asumir competencia, ya que claramente se encuentra establecido que tiene competencia el juez del lugar del hecho; más aún, si no hay un conflicto en relación al lugar del hecho; 3) La autoridad demandada incurrió en una interpretación errónea; ya que, manifestó de que de acuerdo al art. 225.II y IV Bis del CP, la pena privativa de libertad sería agravada, cuando dicho precepto legal en ningún momento hace alusión a tal agravante, no establece que se agravará la pena en un tercio; al contrario, dicho articulado claramente establece que la pena es de un tercio de la pena máxima; es decir, de seis años el tercio sería dos años; por lo que, era inviable la imposición de la medida cautelar de la detención preventiva; y, 4) En cuanto a la motivación de los riesgos procesales, el juzgador solamente se basó en “…artículos de meras posiciones…” (sic), sin haber efectuado ninguna aclaración al respecto.
Hector Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 22 de abril de 2023, cursante de fs. 7 a 8, manifestó lo siguiente: i) Los imputados Wilson Kantuta Calle y Yasmani Yamil Villafuerte no pertenecen a grupos vulnerables, por lo que no se aplica la excepcionalidad del principio subsidiariedad; ii) Los ahora accionante, el 21 de abril de 2023, interpusieron recurso de apelación en contra del Auto Interlocutorio 194/2023 y 195/2023; por lo que, se tiene que en el presente caso, al estar pendientes la determinación de las apelaciones en contra de los autos referidos, se evidenció que no se agotaron los recursos intraprocesales penales ordinarios, antes de acudir a la vía constitucional; iii) En audiencia y respectivo Auto Interlocutorio 194/2023; se ha considerado que, si bien el hecho ocurrió en Konani, los imputados tienen domicilio en la ciudad de El Alto, calle 23 número 5 de la zona Rosas Pampa; por lo que, se configuró la causal de competencia del suscrito juez, prevista en el art. 49 inc. 2) del CPP; en consecuencia, siendo que los ahora accionantes no han demostrado, conforme al art. 314 de la referida norma, que el presente caso sea de conocimiento del Juez Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica, se dio aplicación a lo establecido en el art. 49 inc. 6) del referido código; que señala que, es Juez competente el primero que lo ha conocido o prevenido, argumentos y fundamentos por los cuales se declaró infundada la excepción de incompetencia planteada; iv) Tal decisión no tiene directa ni indirecta vinculación con el derecho a la libertad que protege la acción de libertad; v) El art. 226 Bis del CP, modificado por la Ley 100 de 4 de abril de 2011, sanciona el almacenamiento o comercialización ilegal de diésel, gasolinas o Gas Licuado de Petróleo (GLP) con pena de tres a seis años de prisión, además de la confiscación de bienes; cuando la persona autorizada facilita o realiza esas conductas de forma ilegal, la sanción es agravada y conlleva la revocatoria definitiva de la licencia; en el caso analizado, los ahora impetrantes de tutela, siendo personas autorizadas, comercializaron la gasolina en un litraje mayor al permitido por el Decreto Supremo (DS) 4910 de 12 de abril de 2023, sin autorización; esa conducta se adecuó al art. 226.IV Bis del CP, cuya pena resulta de tres a ocho años de privación de libertad, lo que justificó su detención preventiva; vi) El Auto Interlocutorio 195/2023, cuenta con la debida motivación y fundamentación para acreditar los riesgos procesales de fuga y obstaculización; vii) Los argumentos con los que se planteó la acción de libertad, también fueron expresados como agravios en la apelación ordinaria interpuesta por los peticionarios de tutela; y, viii) De todo lo argumentado, se pudo evidenciar que no se vulneró derechos ni garantías constitucionales; peor aún, cuando las resoluciones emitidas se encuentran en apelación, por lo que solicitó se declare la improcedencia de la acción de libertad y deniegue la tutela solicitada.
Wilson Medrano Patti, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Contra los Auto Interlocutorio cuestionados en esta acción tutelar, los impetrantes de tutela hicieron uso del art. 251 del CPP, apelando las mismas, correspondiendo al tribunal de alzada, resolverlas; b) La pretensión en el fondo, realizada por los ahora accionantes, no se adecúa dentro de los propósitos y requisitos de la presente acción tutelar; ya que, no se puede sustituir aspectos netamente de la jurisdicción ordinaria, tal como mencionó la autoridad demandada; y, c) Antes de acudir a la justicia constitucional, se deberá resolver dichos cuestionamiento en la ordinaria, con relación a los recursos de apelación interpuestos por los ahora impetrantes.
El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 242/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 24, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes argumentos: 1) Que la SCP 340/2016-S2 de 8 de abril, en su parte pertinente; señala que, la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando quien denuncie extremos como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales, cumpla los requisitos previstos; 2) Si bien dentro del presente se tiene de por medio a dos personas privadas de su libertad; empero, se advirtió que la autoridad demandada no vulneró ningún derecho o garantía constitucional con su comportamiento o decisión judicial; más al contrario, dentro de la jurisdicción ordinaria cumplió con sus deberes; 3) Los accionantes al considerarse agraviados con la determinación dada por el juez de instancia, procedieron a interponer el correspondiente recurso de apelación incidental; motivo por el cual, no se ha cumplido con el principio de subsidiariedad; mismas que, se encuentran pendientes de resolver por el tribunal de alzada; Auto Interlocutorio de instancia, cuestionados en esta acción tutelar; y, 4) El Juez de garantías, envestido del poder constitucional, no puede causar caos o disfunción procesal, emitiendo un criterio que puede o no ser contrario al que vaya a emitir el tribunal ad quem.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Compacto (CD), que de su reproducción se advierte que, el 21 de abril de 2023 se desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares a cargo de Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en dicho acto procesal, la autoridad judicial, emitió Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, a través del cual resolvió la excepción de incompetencia interpuesto por Wilson Kantuta Calle y Yasmani Yamil Villafuerte -ahora accionantes-, declarándose infundada la misma; es así que, el abogado de los imputados de forma oral en dicho acto interpuso recurso de apelación incidental contra la referida determinación, misma que fue concedido, disponiéndose que por secretaría se remita ante el tribunal de alzada, los antecedentes pertinentes; seguidamente, mediante Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha, luego de las intervenciones de las partes, la autoridad jurisdiccional, resolvió la solicitud de consideración de aplicación de medidas cautelares contra los ahora accionantes, disponiendo la detención preventiva de los mismos por el plazo de cuatro meses; contra tal determinación, se interpuso recurso de apelación incidental de forma oral en audiencia, por la defensa de los solicitantes de tutela, misma que también fue concedido, disponiéndose que por principio de economía procesal ambas determinaciones sean remitidas ante el mismo tribunal de alzada (fs.1). II.2. De conformidad con lo manifestado en el memorial de acción de libertad, el informe de la autoridad demandada, la intervención del representante del Ministerio Público y la Resolución del Juez de garantías, que realizó una compulsa y revisión del cuaderno de acción de libertad; se advierte que, dentro del proceso penal iniciado contra los ahora accionantes, se emitió Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, que declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio y el Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha; mediante el cual, se les impuso la medida cautelar de detención preventiva, decisiones que fueron objeto de apelación, encontrándose hasta el momento de consideración de la audiencia tutelar, pendientes a resolverse por parte del tribunal de alzada.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que: i) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio, sin considerar que correspondía atender su caso al Juez del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en la localidad de Sica Sica; y, ii) De igual forma, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha, les impuso la medida cautelar de detención preventiva, bajo una incorrecta interpretación de la norma sustantiva; puesto que, el art 226.I Bis. del CP, establece que la sanción para la conducta en la que presuntamente incurrieron, sería de un tercio de la pena máxima establecida, lo que implicaría que la sanción máxima por el hecho por el cual se les investigó sería de dos años; por cuyo efecto, la medida cautelar de detención preventiva no era procedente, tal cual lo establece el art 232 inc. 5) del CPP; encontrándose en la actualidad, injusta e ilegalmente privados de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de 1 El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2 El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal h a previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional. Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que:
[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 3 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
impetrante de tutela activa simultáneamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso; toda vez que: a) El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de El Alto del departamento de La Paz mediante Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio, sin considerar que correspondía atender su caso al Juez del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en la localidad de Sica Sica; y, b) De igual forma, el Juez demandado, por Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha, les impuso la medida cautelar de detención preventiva, bajo una incorrecta interpretación de la norma sustantiva; puesto que, el art 226.I Bis. del CP, establece que la sanción para la conducta en la que presuntamente incurrieron, sería de un tercio de la pena máxima establecida, lo que implicaría que la sanción máxima por el hecho por el cual se les investigó sería de dos años; por cuyo efecto, la medida cautelar de detención preventiva no era procedente, tal cual lo establece el art 232 inc. 5) del CPP; encontrándose en la actualidad, injusta e ilegalmente privados de libertad. De los antecedentes, detallado en la Conclusión II.1, del presente fallo constitucional; y, conforme lo manifestado por el Juez de garantías, quien en previsión del principio de inmediación, tuvo acceso a los datos del proceso, Conclusión II.2; así como lo vertido en el informe de Ley presentado por la autoridad demandada y la intervención del representante del Ministerio Público en audiencia, la cual no fue controvertida por la parte accionante; se advierte que, dentro del proceso penal iniciado en contra de los ahora accionantes, se emitió el Auto Interlocutorio 194/2023 de 21 de abril, que declaró improbada la excepción de incompetencia en razón de territorio y el Auto Interlocutorio 195/2023 de igual fecha; mediante el cual, se les impuso la medida cautelar de detención preventiva a los solicitantes de tutela, decisiones que la objetaron en apelación incidental, encontrándose hasta el momento de consideración de la audiencia tutelar, pendientes a resolverse por parte del tribunal de alzada. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia constitucional reiterada y uniforme, la acción de libertad no resulta procedente cuando el accionante activa de manera simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, respecto de una misma problemática jurídica, ello en aplicación del principio de subsidiariedad. Sumado a ello, es importante resaltar que, si el accionante paralelamente hace uso de un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun cuando dicho recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, la acción de libertad no puede prosperar; toda vez que, su admisión generaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico; por lo que, en tal circunstancia no es posible que esta instancia constitucional ingrese al análisis de fondo del problema venido en revisión. En ese contexto, en el caso que se analiza, se advierte que los accionantes el 21 de abril de 2023, plantearon recurso de apelación contra los Auto Interlocutorio 194/2023 y 195/2023, recurso que no ha sido resuelto hasta la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar, menos se informó lo contrario ni se adjuntó documentación que acredite lo contrario; evidenciándose en consecuencia la activación de forma simultánea de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. En tal sentido, no le es posible a esta jurisdicción constitucional, ingresar al análisis de fondo de los cuestionamientos traídos a colación por los solicitantes de tutela; ello debido a que la apelación interpuesta es un mecanismo idóneo; el cual, si bien no se encuentra resuelto; empero, al haber sido activado, el mismo debe ser agotado en su tramitación, puesto que obrar de manera distinta, ocasionaría un conflicto entre dos jurisdicciones a causa de la posible emisión de resoluciones distintas sobre un mismo asunto, lo que provocaría una disfunción procesal, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 242/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por el El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0049_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6523d1da7fa56912911874645c7cc4f415af127cf65c2533df821342853464cf
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