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SCP 0049/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57832-2023-116-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito del delito de transporte de sustancias controladas, en audiencia de 24 de julio de 2023, la Vocal demandada determinó el desistimiento o abandono del recurso de apelación que planteó contra el Auto Interlocutorio 0189/2023 -que dispuso su detención preventiva-, pese a que debía disponer la continuación de la audiencia con la presencia de su abogado y velar por la eficacia de sus órdenes, cerciorándose que el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -donde se encuentra detenido- adopte las previsiones administrativas y técnicas para garantizar su asistencia a la audiencia de apelación incidental. Ante ello, el Director codemandado refiere que no recibió ninguna notificación de audiencia virtual del accionante, no teniendo registrada ninguna documentación relacionada desde el 21 al 24 de julio de 2023; y, tampoco se evidencia aquello en el buzón de ciudadanía digital proporcionado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, recibió un mensaje extemporáneo el 24 del señalado mes y año a horas 09:10, con un señalamiento de audiencia para el mismo día a horas 08:30, no habiendo sido notificado de manera oportuna conforme el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 29 vta. a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimosexto; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto la audiencia de 24 de julio de 2023 y el Auto de Vista 656/2023 de la misma fecha, disponiendo que la Vocal demandada, o la autoridad que se encuentra en ejercicio de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de forma inmediata señale audiencia para considerar la apelación de medidas cautelares planteada por el accionante, garantizando su presencia en la misma, siempre y cuando la situación jurídica de este último no se hubiese modificado por el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en ausencia del imputado a la audiencia convocada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57832-2023-116-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 36/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 29 vta. a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Alvarado Cáceres contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia; y, Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023, cursante a fs. 2; y, 11 a 16 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 0189/2023 de 1 de junio, determinó su detención preventiva; en tal situación, interpuso recurso de apelación contra dicha decisión judicial a través de su abogado. En ese contexto, el 24 de julio de 2023, en audiencia virtual de recurso de apelación incidental de medida cautelar, la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó que solamente se encontraba presente -se entiende en sala virtual- su abogado; en consecuencia, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la referida Sala Penal -hoy demandada-, mediante el Auto de Vista 656/2023 de 24 de julio dispuso el desistimiento o abandono de su recurso de apelación. Ante ello, su abogado solicitó que se difiera la audiencia para otra fecha o, en su defecto, se declare un cuarto intermedio; no obstante, la Vocal demandada otorgó una tolerancia de quince minutos, sin pedir informe al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, ni tomar en cuenta que la audiencia no podía desarrollarse sin su presencia. Además, en el referido Centro Penitenciario, no tenían conocimiento de la audiencia, pues no existía diligencia alguna para su traslado a la sala virtual.

Por otro lado, conforme el art. 396.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, los recursos pueden ser desistidos, pero no abandonados; por lo que, la autoridad demandada, debía disponer la continuación de la audiencia con la presencia de su abogado; asimismo, en virtud del derecho a una tutela judicial efectiva, la Vocal demandada tenía que velar por la eficacia y correcto cumplimiento de sus órdenes, cerciorándose que el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz adopte las previsiones administrativas y técnicas para garantizar su asistencia a la audiencia de apelación incidental.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga a) Dejar sin efecto la audiencia y el Auto de Vista 656/2023; b) Que la Vocal demandada señale nueva audiencia para considerar y resolver el recurso de apelación incidental formulado por su persona; c) Se inicien las acciones disciplinarias necesarias en contra de los responsables que no efectivizaron su presencia en la audiencia de apelación; y, d) Condenar en costas y responsabilidad a la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 29, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela asistió a la audiencia de garantías sin su abogado defensor; por lo que se procedió a la lectura de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su citación cursante a fs. 18 y vta. Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 24, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Según el Informe 20/2023 de 2 de agosto, emitido por Jhoselin Mercedes Laguna, funcionaria policial; y, de la revisión del número de celular habilitado para la notificación de audiencias virtuales del referido Centro Penitenciario, no se tiene registrada ninguna documentación ni notificación relacionada a la audiencia virtual del accionante desde el 21 al 24 de julio de 2023; 2) Tampoco se evidencia aquello en el buzón de ciudadanía digital proporcionado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 3) De acuerdo al mencionado número de celular, se recibió un mensaje extemporáneo el 24 del señalado mes y año a horas 09:10, con un señalamiento de audiencia para el mismo día a horas 08:30; y, 4) No fue notificado de manera oportuna conforme el art. 110 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS). Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 18 y vta.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimosexto, constituido en Juez de garantías, por Resolución 36/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 29 vta. a 30 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no se encontraba conectado en la audiencia -se entiende de apelación incidental-; sin embargo, se encontraba su abogado, quien podía asumir su defensa técnica; ii) Según la versión del impetrante de tutela, su abogado solicitó al suspensión del acto; empero, no respaldó dicha afirmación con documentos idóneos; y, iii) Se debe tomar en cuenta que el Auto de Vista 656/2023 confirmó el Auto Interlocutorio 0189/2023, mismo que es revocable o modificable aun de oficio conforme al art. 250 del CPP, por lo que, no es una resolución final.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 34); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 38); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 0189/2023 de 1 de junio, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Edwin Alvarado Cáceres -hoy accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz por el plazo de noventa días; ante lo cual, el prenombrado, a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental en audiencia de la misma fecha (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 656/2023 de 24 de julio, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, confirmó el Auto Interlocutorio 0189/2023, argumentando que “…en Sala virtual no se encuentra presente el imputado Edwin Alvarado Cáceres, asimismo el abogado de defensa, no ha justificado debida y objetivamente la inasistencia de su defendido…” (sic) y que “…no se ha expuesto agravio alguno por la parte apelante…” (sic [fs. 21 a 22 vta.]). II.3. Consta Notificación Personal 204102029-2 practicada a la Vocal demandada con la acción tutelar y Auto de admisión el 1 de agosto de 2023 a horas 15:38, en la cual, el Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos del departamento de La Paz refirió que la misma fue realizada “…Por cédula en la sala penal señalada, en presencia de personal que negaron sellar recepción, con testigo” (sic [fs. 18 y vta.]). II.4. A través de Informe A.L.-54/2023 de 2 de agosto, Augusta Castillo Ortiz, Secretaria de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló que la Vocal demandada se encontraba con baja médica desde el 28 de julio de 2023, por lo que no se encontraba en el ejercicio de funciones y “…no tomó conocimiento de la presente Acción de Defensa y tampoco se encuentra presente la Vocal accionada…” (sic); en consecuencia, solicitó la suspensión de la audiencia de garantías (fs. 23 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito del delito de transporte de sustancias controladas, en audiencia de 24 de julio de 2023, la Vocal demandada determinó el desistimiento o abandono del recurso de apelación que planteó contra el Auto Interlocutorio 0189/2023 -que dispuso su detención preventiva-, pese a que debía disponer la continuación de la audiencia con la presencia de su abogado y velar por la eficacia de sus órdenes, cerciorándose que el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -donde se encuentra detenido- adopte las previsiones administrativas y técnicas para garantizar su asistencia a la audiencia de apelación incidental. Ante ello, el Director codemandado refiere que no recibió ninguna notificación de audiencia virtual del accionante, no teniendo registrada ninguna documentación relacionada desde el 21 al 24 de julio de 2023; y, tampoco se evidencia aquello en el buzón de ciudadanía digital proporcionado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; no obstante, recibió un mensaje extemporáneo el 24 del señalado mes y año a horas 09:10, con un señalamiento de audiencia para el mismo día a horas 08:30, no habiendo sido notificado de manera oportuna conforme el art. 110 de la LEPS. Por su parte, la Vocal demandada no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno para rebatir los argumentos del impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en ausencia del imputado a la audiencia convocada

Respecto a la inconcurrencia de las partes o de sus abogados a las audiencias de apelación de medidas cautelares, en un entendimiento coherente con el art. 113 del CPP, modificado mediante el art. 7 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, estableció lo siguiente: “…el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: `I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’. De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte y en la misma línea, la SCP 0525/2023-S4 de 22 de junio, ampliando los criterios jurisprudenciales desarrollados, señaló que “…respecto a la situación de los imputados con detención preventiva se llega a la conclusión de que los mismos merecen un análisis distinto, tomando en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia para el ejercicio del derecho a la defensa material, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia programada, sea o no el apelante” (las negrillas son del texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el objeto de la presente acción de defensa, conocidos los argumentos expuestos y de la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Alvarado Cáceres -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, fue emitido el Auto Interlocutorio 0189/2023 de 1 de junio, por el cual, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, por lo que este último, a través de su abogado, interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1). Posteriormente, por Auto de Vista 656/2023 de 24 de julio de 2023, Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la decisión apelada, bajo el argumento de que no se expusieron agravios en audiencia (Conclusión II.2). En ese contexto, el peticionante de tutela denuncia que la Vocal demandada vulneró su derecho a la defensa y a la libertad personal, ya que, en audiencia de 24 de julio de 2023, determinó el desistimiento o abandono de su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 0189/2023, pese a que se encuentra detenido preventivamente. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 25 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -aprobado por Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 12/2019 de 10 de junio-, establece que la inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada en audiencias de apelación de medidas cautelares no es causal de suspensión, pudiendo el abogado defensor exponer los argumentos que considere pertinentes; sin embargo, dicha disposición debe ser aplicada en correspondencia con el art. 115.II de la CPE, garantizando el derecho a la defensa material del imputado y considerando que su comparecencia -en caso de encontrarse privado de libertad- no depende de su voluntad, sino de una orden judicial para que el centro penitenciario facilite su presencia en las audiencias convocadas. En el presente caso, la Vocal demandada confirmó el Auto Interlocutorio apelado por el impetrante de tutela mediante Auto de Vista 656/2023, argumentando que “…debería haberse hecho presente la parte imputada apelante, con la finalidad de fundamentar la apelación interpuesta (…) sin embargo, tal situación no ocurrió (…) esta situación hace pensar inclusive que el mismo, voluntariamente decidió no acudir al presente actuado” (sic [fs. 21 vta.]); además, señaló que no se justificó objetivamente por el abogado del impetrante de tutela los motivos de su inasistencia, por lo que, no se expusieron agravios en audiencia. Es decir que, la referida autoridad demandada, no consideró que la presencia del imputado en la audiencia de apelación incidental no dependía de su voluntad, sino de una orden judicial que debió ser notificada oportunamente al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, aspecto que no aconteció, según lo informado por Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del mencionado Centro Penitenciario -codemandado-, quien además manifestó que el link para la audiencia de apelación fue remitido al número de celular de dicha institución el 24 de julio de 2023 a horas 9:10; es decir, cuarenta minutos después de la hora programada para la audiencia de apelación -8:30-. Por lo manifestado, la Vocal demandada vulneró el derecho a la libertad del peticionante de tutela vinculado a su derecho a la defensa, pues debió cerciorarse de los motivos que llevaron a la incomparecencia del mismo a la audiencia de apelación, considerando que se encuentra detenido preventivamente; y, a partir de ello, ordenar las diligencias necesarias para garantizar su asistencia a la referida audiencia a efecto de que pueda ejercer su defensa material y que pueda fundamentar los agravios que considere pertinentes, máxime, tomando en cuenta que dicha apelación podría generar una resolución que mantenga o modifique su situación jurídica en relación a su derecho a la libertad; por ello, corresponde conceder la tutela en relación a la mencionada autoridad judicial. Por otro lado, respecto al Director del Centro Penitenciario codemandado, siendo que el mismo no fue notificado oportunamente a efecto de que facilite la concurrencia del accionante a la audiencia de apelación de 24 de julio de 2023, corresponde denegar de tutela impetrada. Finalmente, en relación al Informe A.L.-54/2023 de 2 de agosto, por el cual, la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz solicitó la suspensión de la audiencia, pues refirió que la Vocal demandada desconocería esta acción tutelar por encontrarse con baja médica (Conclusión II.4), se tiene que, considerando el carácter sumarísimo de la acción de libertad, dicha autoridad judicial demandada fue notificada por “…Por cédula (…) en presencia de personal que negaron sellar recepción, con testigo” (sic) en el despacho judicial a su cargo (Conclusión II.3), conforme a lo previsto por los arts. 126.I de la Norma Suprema y 49.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); por otro lado, la imposibilidad de concurrencia de la autoridad demandada no fue acreditada; por lo que, no amerita hacer mayores disquisiciones ni resulta viable anular obrados ante lo referido por la prenombrada Secretaria de Cámara. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 29 vta. a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Decimosexto; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dejar sin efecto la audiencia de 24 de julio de 2023 y el Auto de Vista 656/2023 de la misma fecha, disponiendo que la Vocal demandada, o la autoridad que se encuentra en ejercicio de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de forma inmediata señale audiencia para considerar la apelación de medidas cautelares planteada por el accionante, garantizando su presencia en la misma, siempre y cuando la situación jurídica de este último no se hubiese modificado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0049_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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