Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos y garantías a la libertad, “…SEGURIDAD JURÍDICA, PROBIDAD, CELERIDAD, SERVICIO A LA SOCIEDAD Y EFICACIA JURÍDICA…”; toda vez que, habiendo presentado solicitud de audiencia de cesación de detención preventiva ante la Jueza demandada el 20 de julio de 2023; dicha autoridad no se pronunció al respecto.
Ante ello, la Jueza demandada señaló que perdió competencia sobre el caso cuando este fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba el 13 de julio de 2023. Por lo tanto, no puede pronunciarse sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada por el accionante el 20 de igual mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 37 y 38 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57789-2023-116-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 37 y 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Valdez Gómez, en representación sin mandato de Germán Julio Serrudo Cisneros contra Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 10 a 14, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 309102042300343, se dispuso su detención preventiva por un lapso de cuatro meses. El 20 de julio de 2023, presentó memorial dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy demandada-, solicitando audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, a la fecha -se entiende de la presentación de esta acción tutelar- no tuvo respuesta; y, ante varios reclamos verbales, “…la única explicación que dieron en dicho juzgado es que no existe las actas de apelación de la últimas audiencias de cesación a la detención preventiva y excepción de extinción de conciliación…” (sic), lo que contradice la verdad, ya que las salas penales con antelación a su solicitud emitieron los autos de vista correspondientes.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos y garantías a la libertad, “…SEGURIDAD JURÍDICA, PROBIDAD, CELERIDAD, SERVICIO A LA SOCIEDAD Y EFICACIA JURÍDICA…”, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Jueza demandada señalar día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro del plazo señalado por la ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 36 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 35 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) El Ministerio Público presentó pliego acusatorio el 6 de julio de 2023, por lo que, emitió el Auto de 7 de mismo mes y año, disponiendo su remisión; en ese sentido, el proceso fue sorteado al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la misma localidad y departamento, siendo notificados los sujetos procesales; b) El accionante presentó memorial el 20 de julio de mismo año, por el que solicitó la cesación a la detención preventiva, mismo que motivó la presente acción tutelar; ante lo cual, fue emitido el decreto de 21 de igual mes y año, con el que fue notificado su abogado; y, c) El proceso fue remitido el 13 del mismo mes y año; y, el memorial del impetrante de tutela -se entiende de la audiencia de cesación de la detención preventiva- fue presentado siete días después de la remisión, cuando ya perdió competencia.
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 37 a 38 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En la investigación por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza demandada determinó la detención preventiva del accionante el 14 de marzo de mismo año, trámite en el cual el Ministerio Público presentó pliego acusatorio formal contra el mismo, siendo dicho proceso remitido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la referida localidad y departamento 2) Posteriormente a la remisión del caso y el cuaderno al referido Juzgado de Sentencia, el accionante realizó una petición de audiencia de cesación de su detención preventiva mediante memorial de 20 de julio del citado, mismo que obtuvo proveído de 21 del mismo mes y año, donde se le dio a conocer el Auto de 7 de julio de 2023, en el cual se conoció la acusación formal por parte del Ministerio Público, y que el mismo ya se encontraba en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, 3) No existió desatención al memorial de solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva presentado por el impetrante de tutela, ya que, la competencia de la Jueza demandada concluyó; además, el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de alzada y devuelto al juzgado tras la presentación del memorial de 20 de igual mes y año, quedando habilitada la facultad de sustanciación del trámite principal y sus incidencias en competencia del referido Juzgado de Sentencia a partir del decreto de radicatoria.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 45); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 49); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa requerimiento conclusivo de acusación formal de 6 de julio de 2023, emitido por Nevia Liliana Michel Ovando, Fiscal de Materia contra German Julio Serrudo Cisneros -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 25 a 29). II.2. A través de Auto de 7 de julio de 2023, Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, tomó conocimiento del requerimiento conclusivo referido en la Conclusión II.1, determinando su remisión, en el plazo de veinticuatro horas, ante el “…JUZGADO DE SENTENCIA DE TURNO…” (sic), previo sorteo, con noticia a las partes, aclarando que “…ante la emisión del pliego de acusatorio este juzgado ha perdido competencia…” (sic [fs. 30]). II.3. Por memorial presentado el 20 de julio de 2023, el accionante solicitó a la Jueza demandada señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 2); ante lo cual, mediante decreto de 21 de julio de 2023, la Jueza demandada, estableció que “…de acuerdo a los datos del proceso se tiene AUTO de fecha 7 de julio del 2023, que acuerdo a la cartilla de notificación el PLIEGO DE ACUSACIÓN FUE REMITIDO ANTE EL JUZGADO DE SENTENCIA N°4 de esta ciudad de Quillacollo, debiendo esta parte presentar sus solicitudes ante esa instancia…” (sic [fs. 33]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos y garantías a la libertad, “…SEGURIDAD JURÍDICA, PROBIDAD, CELERIDAD, SERVICIO A LA SOCIEDAD Y EFICACIA JURÍDICA…”; toda vez que, habiendo presentado solicitud de audiencia de cesación de detención preventiva ante la Jueza demandada el 20 de julio de 2023; dicha autoridad no se pronunció al respecto.
Ante ello, la Jueza demandada señaló que perdió competencia sobre el caso cuando este fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba el 13 de julio de 2023. Por lo tanto, no puede pronunciarse sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada por el accionante el 20 de igual mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SC 1584/2005-R de 7 diciembre, determinó que: “… cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…” (énfasis añadido). En ese sentido, la SCP 0416/2020-S1 de 31 de agosto, estableció que: ”…en materia penal, la competencia está determinada de acuerdo a la etapa procesal, los Jueces de Instrucción Penal son competentes para el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos por ley, y los tribunales y Juzgados de sentencia para el desarrollo del Juicio oral como tal; sin embargo, la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es precisamente el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación y esta competencia se mantiene subsistente hasta que la acusación ha sido ya radicada en el Tribunal o Juzgado de Sentencia competente” (las negrillas nos corresponden).
Identificado el objeto procesal que motiva la presente acción de defensa, conforme a los hechos expuestos por los sujetos procesales y a la revisión de antecedentes a los cuales tuvo acceso la Jueza de garantías, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra German Julio Serrudo Cisneros -ahora accionante- por la presunta comisión del violencia familiar o doméstica, el prenombrado se encuentra cumpliendo la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva impuesta por cuatro meses que ya habría cumplido. Asimismo, se evidencia que, el Ministerio Público emitió requerimiento conclusivo de acusación formal de 6 de julio de 2023, contra el accionante (Conclusión II.1); ante lo cual, mediante Auto de 7 de julio de 2023, Ana María Sánchez López, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy demandada-, dispuso que por Secretaría del despacho judicial a su cargo se remita el proceso ante el Juzgado de Sentencia de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo, indicando que perdió competencia respecto al caso (Conclusión II.2). Posteriormente, a través de memorial de 20 de igual mes y año, el impetrante de tutela solicitó se señale audiencia de cesación de la detención preventiva puesto que habría cumplido los cuatro meses solicitados por parte del Ministerio Público para la etapa investigativa; ante ello, la Jueza demandada estableció que el proceso fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba (Conclusión II.3); finalmente, mediante informe escrito, la autoridad demandada señaló que el señalado requerimiento conclusivo de acusación formal fue remitido al mencionado Juzgado de Sentencia, por lo que, la Jueza de garantías refirió que queda “…abierta la facultad de la sustanciación del tramite principal y sus incidencias por el Juzgado de Sentencia N°4 de Quillacollo a partir del Decreto de Radicatoria, conforme fue verificado en el sistema…” (sic), lo cual demuestra la remisión del cuaderno procesal por parte de la Jueza demandada. Conforme a la secuencia de actuaciones desarrolladas en el caso concreto, no se constata una injustificada dilación en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante, cuya petición se suscitó el 20 de julio de 2023, puesto que, al estar el expediente con radicatoria en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, la Jueza demandada perdió la competencia para conocer sobre la mencionada solicitud; es decir, la remisión del expediente se inició una vez presentada la acusación formal por parte del Ministerio Público -el 6 de igual mes y año-; y, tal como se evidencia en el reporte general de notificaciones (fs. 34) y el Auto de 7 del mismo mes y año, el pliego acusatorio fue remitido al Juzgado de Sentencia de Turno del señalado Tribunal Departamental de Justicia, habiendo aclarado la autoridad demandada que perdió la competencia referente al caso; por lo que, ya no le correspondía resolver la solicitud de cesación de la medida de última ratio, aclarando que dicha solicitud se hizo siete días después de la radicatoria del expediente.
Al respecto, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se establece de manera categórica que, aún se haya presentado la acusación formal, siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal o juzgado de sentencia, el juez de instrucción penal es competente para resolver la cesación de la detención preventiva, lo cual no se evidencia en el presente caso. En el marco de lo expuesto, la determinación de la autoridad accionada de no instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso penal se encontraba radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo -hecho que la Jueza de garantías verificó en el sistema-, tiene sustento jurídico y fáctico. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 37 y 38 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0048_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3ee9e2f22f6b6379d3ff5d33deb392295802fa05a01749d60398cc6bb9294039
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