B.IA.LEGAL

SCP 0048/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
49928-2022-100-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; a la defensa, legalidad, libertad, salud, vida e integridad, y a la vejez; toda vez que, la autoridad judicial demandada, al emitir el Auto de Vista 329, incurrió en una serie de vulneraciones, entre ellas: a) Falta de fundamentación, toda vez que acreditó el riesgo efectivo para la víctima a futuro basado en su vínculo de familiaridad con la denunciante y la víctima; sin considerar que esta última no reside en la misma propiedad que él, además que este argumento causa estado, por lo que nunca podría desvirtuarse ese riesgo, tampoco consideró su condición de adulto mayor ni que padece secuelas por COVID-19 y presenta un deterioro en sus pulmones; y, b) La Ley 1443 fue aplicada de manera incorrecta, ya que se estableció un plazo para la detención preventiva, pese a que dicha norma no regula un tiempo específico para esta medida. Ante ello, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 35 vta. pronunciada por la el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El régimen de la detención preventiva con la Ley 1443
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 49928-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Walter Raúl Pedraza Saldaña en representación sin mandato de Enrique Mullisaca Tarqui contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño o adolescente, se dispusieron medidas cautelares personales conforme a los arts. 233.1 y 2, y 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las cuales fueron establecidas mediante Auto Interlocutorio 166/22 de 18 de mayo de 2022 emitido por el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien, pese a la existencia de un solo riesgo procesal, determinó que las medidas cautelares fueran menos gravosas, ordenando su libertad. Esta Resolución fue apelada por los representantes del Ministerio Público, Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la víctima; impugnaciones que merecieron la emisión del Auto de Vista 329/22 de 10 de agosto de 2022 emitido por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandado-, quien revocó parcialmente la decisión inicial, sosteniendo que, si bien no había peligro de obstaculización en el pasado ni en el presente, sí existía un riesgo futuro debido al grado de familiaridad con la víctima y la denunciante, lo que justificaría la vigencia del art. 235.2 de la citada norma; sin embargo, el Auto de Vista no consideró los argumentos presentados durante la audiencia de apelación de medidas cautelares ni la debida fundamentación y motivación del Juez a quo. Tampoco se tuvo en cuenta su condición de adulto mayor y que padece diversas dolencias de salud. Por otro lado, se intenta confundir a su defensa al disponer su detención preventiva por un lapso de "8" días, a pesar de que la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- excluye la aplicación del art. 239.2 del CPP en estos casos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; a la defensa; a la legalidad; a la libertad; a la salud; a la vida e integridad; y a la vejez; citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, mediante su representante, ratificó in extenso los argumentos expuestos en la acción de libertad y, al ampliarlos, indicó que: a) Aunque el Auto de Vista impugnado señaló que la autoridad ad quem no aplicó correctamente el art. 235.2 del CPP respecto al riesgo efectivo para la víctima, al no considerar el peligro futuro derivado del vínculo de familiaridad (debido a que es suegro de la madre de la víctima), dicho razonamiento presenta inconsistencias. En primer lugar, la víctima no reside en la misma propiedad que él, lo que minimiza cualquier riesgo. Además, en la audiencia de medidas cautelares, la madre de la víctima aclaró que no hubo obstaculización ni vejaciones por parte de su persona. Por lo tanto, el argumento basado en la familiaridad no puede considerarse concluyente sin una debida justificación, lo que revela una falta de fundamentación adecuada, ya que no se explicó de manera clara y suficiente el fundamento de la decisión adoptada; b) El Vocal demandado incurrió en una incorrecta interpretación de la Ley 1443, puesto que estableció un plazo de tres meses para el cumplimiento de la detención preventiva, lo cual es inapropiado al no establecer la citada norma un plazo específico para la detención preventiva en este tipo de casos. De este modo, la imposición de dicho plazo constituye una aplicación errónea de la ley; y, c) No se consideró adecuadamente la integridad física del imputado ni su condición de adulto mayor con diversas afecciones de salud. En particular, el imputado padece secuelas de la enfermedad COVID-19 y un notable deterioro en sus pulmones, lo que pone en riesgo su bienestar físico; aspectos que debieron tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas cautelares.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se presentó a la audiencia de la acción de libertad ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 24.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 20/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 36, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Vocal demandado llevó a cabo una fundamentación adecuada al emitir el Auto de Vista 329, considerando tanto la normativa vigente como las circunstancias que aún persistían para modificar el Auto Interlocutorio 166/22. En otras palabras, si bien en dicho Auto se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, basándose en el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, no se consideró adecuadamente el grado de vulnerabilidad de la víctima; y, 2) Se realizó una evaluación exhaustiva de los derechos tanto de la víctima como del imputado, pese a que la salud del accionante podría estar comprometida debido a secuelas del COVID-19, se priorizó la cercanía familiar, ya que el prenombrado forma parte del entorno cercano de la víctima. En consecuencia, la autoridad actuó de manera fundamentada, especialmente al considerar que la víctima es una niña de siete años que fue víctima de violencia sexual. En vía de complementación, la parte accionante solicitó se aclare por qué el Tribunal de garantías ingresó a valorar la prueba, si únicamente tiene competencia para considerar la vulneración de algún derecho fundamental; de ahí que, el Tribunal de garantías declaró no ha lugar la referida solicitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio 166/22 de 18 de mayo de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en contra de Enrique Mullisaca Tarqui (fs. 4 a 14 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de apelación de medida cautelar (fs. 39 a 45) y Auto de Vista 329 de 10 de agosto de 2022, dictado por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado-, por el cual declaró admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la parte civil, revocando parcialmente el Auto 166/22, en cuanto a la medida cautelar personal y, en lo demás, quede incólume y subsistente; asimismo, ordenando la medida excepcional de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz en la sección de detenidos preventivos, debiéndose garantizar los derechos del imputado por ser de la tercera edad y fijándose audiencia para resolver su situación jurídica el 18 de agosto de 2022 a horas 15:00. (fs. 45 vta. a 50 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, fundamentación y motivación; a la defensa, legalidad, libertad, salud, vida e integridad, y a la vejez; toda vez que, la autoridad judicial demandada, al emitir el Auto de Vista 329, incurrió en una serie de vulneraciones, entre ellas: a) Falta de fundamentación, toda vez que acreditó el riesgo efectivo para la víctima a futuro basado en su vínculo de familiaridad con la denunciante y la víctima; sin considerar que esta última no reside en la misma propiedad que él, además que este argumento causa estado, por lo que nunca podría desvirtuarse ese riesgo, tampoco consideró su condición de adulto mayor ni que padece secuelas por COVID-19 y presenta un deterioro en sus pulmones; y, b) La Ley 1443 fue aplicada de manera incorrecta, ya que se estableció un plazo para la detención preventiva, pese a que dicha norma no regula un tiempo específico para esta medida. Ante ello, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El régimen de la detención preventiva con la Ley 1443

El art. 233 de la Ley 1970 de 5 de marzo de 1999 -Código de Procedimiento Penal-, estableció dos condiciones para la procedencia de la detención preventiva: 1) La acreditación de elementos de convicción respecto a la autoría o participación del imputado; y, 2) La existencia de riesgos procesales. En este contexto, si ambos supuestos se presentaban ante el juez o tribunal, la aplicación de la detención preventiva no era potestativa, sino obligatoria. Así lo dispuso, por ejemplo, la SC 0294/2003-R de 10 de marzo, que en su oportunidad sostuvo: “En los casos en que procede la detención preventiva y se llenan los requisitos establecidos por el art. 233, no es posible aplicar las medidas sustitutivas señaladas por el art. 240 CPP (…) el juez recurrido, al haber dispuesto en forma incongruente la sustitución de la detención preventiva a un supuesto en que, conforme a su fundamentación, era procedente la detención, ha hecho una errónea aplicación de las normas procesales antes aludidas”. Ahora bien, debe precisarse que, bajo esta normativa, el plazo de la detención preventiva no era indefinido, sino que respondía a lo que la doctrina denominaba un plazo "tácito". Esto implicaba que su duración dependía de la capacidad del imputado o acusado para demostrar que los presupuestos que justificaban la medida cautelar habían cambiado o se habían desvirtuado, conforme a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 1970. En este caso, era posible aplicar medidas sustitutivas conforme al art. 240 de la misma Ley. Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se introdujo un tercer supuesto al art. 233 de la Ley 1970. Además de los dos elementos previos, se añadió un tercer requisito: La obligación de justificar un plazo para la duración de la detención preventiva, así como los actos investigativos que debían realizarse durante dicho plazo. En consecuencia, una vez radicada la acusación ante un juzgado o tribunal de sentencia, continuaba aplicándose la teoría del plazo "tácito" respecto a la duración de la detención preventiva. Posteriormente, con la promulgación de la Ley 1173 se suprimió la denominación de "medidas sustitutivas" y el anterior deber de aplicar la detención preventiva. En su lugar, el art. 231.I bis del Código de Procedimiento Penal estableció lo siguiente: "Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, y además existan elementos suficientes que indiquen que el imputado no se someterá al proceso ni obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a solicitud del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas cautelares personales: 1) Fianza juratoria, consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2) Obligación de presentarse ante el juez o la autoridad que él designe; 3) Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, bajo las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4) Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5) Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6) Fianza personal o económica, la cual podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante el depósito de dinero, valores o la constitución de prenda o hipoteca; 7) Vigilancia mediante un dispositivo electrónico de rastreo o localización de la ubicación física del imputado, sin costo alguno para éste; 8) Prohibición de salir del país o del ámbito territorial determinado, sin autorización judicial previa, lo que conllevaría su arraigo ante las autoridades competentes; 9) Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. En caso de que el imputado no pudiera cubrir sus necesidades económicas o las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podría autorizar su ausencia durante la jornada laboral; y 10) Detención preventiva, exclusivamente en los casos permitidos por este Código". Ahora bien, la Ley 1443 modificó el régimen de la detención preventiva en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente. En este sentido, el art. 231.II bis del CPP, estableció lo siguiente: “Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente, excepto para las personas procesadas por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente”. Esto significa que, para los delitos mencionados, se restableció la obligación, prevista en la Ley 1970, de aplicar la detención preventiva cuando concurran dos presupuestos: 1) La existencia de elementos de convicción respecto a la autoría o participación del imputado; y, 2) La presencia de riesgos procesales. No obstante, si no se cumplen ambos presupuestos de manera simultánea, no debe entenderse que procede la libertad pura y simple. En lugar de ello, y en atención a los derechos de las víctimas de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se habilita la aplicación de alguna de las medidas establecidas en los numerales 1 al 9 del art. 231.I bis del CPP. Por otro lado, conforme al art. 233 del CPP penúltimo párrafo, modificado por la Ley 1443, se establece lo siguiente: "En los procesos sustanciados por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del presente Artículo, únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo".

Esto implica que estos delitos se rigen por un plazo "tácito"; ya que, de acuerdo con la literalidad del texto, se excluye la necesidad de fundamentar dicho plazo. Es decir, al igual que sucedía antes de la reforma introducida por la Ley 1173, el plazo de la detención preventiva se determina en función de cuando el imputado o acusado logre desvirtuar los presupuestos que la justifican. Lo expuesto concuerda con lo establecido en el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), específicamente en la Observación General 35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señala: “…La reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso… Una vez se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas…” (las negrillas son añadidas); por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en la Sentencia de 30 de octubre de 2008 dentro del caso Bayarri vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció: “Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia que el Vocal demandado, a tiempo de resolver el recurso de apelación a través del Auto de Vista 329: i) Incurrió en falta de fundamentación, toda vez que acreditó el riesgo efectivo para la víctima a futuro basado en su vínculo de familiaridad con la denunciante y la víctima, sin considerar que esta última no reside en la misma propiedad que él, además que este argumento causa estado, por lo que nunca podría desvirtuarse ese riesgo, tampoco consideró su condición física como adulto mayor ni que padece secuelas a causa del COVID-19 y presenta un deterioro en sus pulmones; y, ii) Aplicaron incorrectamente la Ley 1443, pues se estableció un plazo para la detención preventiva, cuando la referida norma no regula un plazo específico para esa medida extrema. En cuanto al primer agravio, el accionante argumentó que el Auto de Vista carece de fundamentación, dado que se basó exclusivamente en el vínculo familiar para establecer un riesgo efectivo para las víctimas, sin tener en cuenta que las mismas no residen con él. Sin embargo, el Vocal demandado concluyó que existía un peligro de obstaculización, fundamentando su decisión en el hecho de que las nombradas menores de edad son las nietas del procesado y la denunciante su nuera. Este vínculo familiar directo podría facilitar la presión o manipulación sobre ellas en caso de que el peticionante de tutela permaneciera en libertad. Así, se determinó que, debido al grado de cercanía y relación entre el impetrante de tutela y las víctimas, existía una probabilidad razonable de que pudiera influir negativamente sobre ellas, configurándose un riesgo procesal de obstaculización. No obstante, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el accionante no logró desvirtuar dicho riesgo procesal mediante la presentación de prueba idónea que desmienta la influencia -potencial- que podría efectuar sobre las víctimas, lo que justifica la decisión del ad quem; en consecuencia, sobre este agravio, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al segundo agravio, el accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en una interpretación errónea de la Ley 1443 al fijar un plazo de tres meses para la detención preventiva, cuando dicha norma no establece de manera expresa un plazo específico para la aplicación de esta medida. En este sentido, es preciso señalar que, efectivamente, el tiempo de duración de la medida extrema en estos casos no está determinado de forma explícita, sino tácita, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, la vigencia de la medida cautelar está sujeta al momento en que el imputado logre desvirtuar los presupuestos que justifican su imposición. No obstante, dado que la interpretación cuestionada benefició al imputado, resulta aplicable el art. 400 del CPP, el cual dispone que: “Cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio”. Por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada a través de la acción de libertad, en la medida en que esta Sala no puede emitir una Resolución que agrave la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 33 a 35 vta. pronunciada por la el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0048_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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