Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa, a la libertad y a la libre locomoción; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso de divorcio que inició contra Epifania Irma Balcera Inca precisó como domicilio procesal la av. del Maestro 273, planta baja interior oficina 4 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, dicha demanda familiar concluyó con la Sentencia 41/2018 de 4 de abril, en la que por concepto de asistencia familiar se determinó la suma de Bs1 200.-; la aludida en tres oportunidades -el 7 de marzo de 2019, 17 de julio de 2020 y 15 de marzo de 2021- presentó planilla de liquidación por dicha obligación; empero, ninguna fue notificada en la dirección procesal que señaló, peor aún la última fue diligencia por edicto; aspecto que, no le permitió tomar conocimiento del mismo, limitando asumir su defensa y teniendo como consecuencia la ejecución del mandamiento de apremio que lo privó de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución ACC.LIB 10/2021 de 25 de diciembre, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0048/2023-S2 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44134-2021-89-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución ACC.LIB 10/2021 de 25 de diciembre, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Primo Velásquez y Omar Ventura Sanga en representación de Gonzalo Limachi Flores contra Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de Sucre del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, cursante de 112 a 119 vta., el accionante a través de sus representantes, refirió que:
El 26 de febrero de 2018, planteó demanda de divorcio en el que señaló como domicilio procesal la av. del Maestro 273, planta baja interior oficina 4 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, de dicho proceso familiar emergió la Sentencia 41/2018 de 4 de abril, en la cual, respecto a la asistencia familiar se dispuso que cancele la suma mensual de Bs1 200.- (un mil doscientos bolivianos), monto económico que depositó en la cuenta bancaria aperturada por Epifania Irma Balcera Inca -madre de sus hijos-; sin embargo, la prenombrada presentó la liquidación de ese beneficio y omitiendo lo determinado por el art. 442 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), solicitó sea notificado en la localidad de Vitichi del departamento de Potosí; mereciendo el decreto de 8 de marzo de 2019, en el que se pidió señalar domicilio donde se pretende realizar la notificación, el cual fue ratificado por la citada; y en consecuencia, por decreto de 15 del mismo mes y año, se dictaminó a notificación por orden instruida, efectuada el 22 del señalado mes y año, a la que no se adjuntó la planilla de liquidación; error que al ser advertido de oficio por la autoridad judicial con el objeto de subsanar el mismo, por providencia de 12 de abril del referido año, dispuso un nuevo diligenciamiento, que no se acató. El 17 de julio de igual año, se expuso nueva planilla de liquidación por la suma de Bs19 000.- (diecinueve mil bolivianos), en la que se mencionó como su domicilio real la calle Uyuni 299 de la citada ciudad, donde fue notificado por cédula constando como testigo Carmen Julia Durán Colque, a quien desconoce; además, Patricia Céspedes Iglesia -propietaria del inmueble-, a través de una Declaración Notarial manifestó que quien firmó la cédula no la conoce ni vive en el lugar; aspecto que le limitó estar al tanto de la tramitación de la referida liquidación, la cual llegó hasta la emisión del Auto de 15 de agosto de 2019, aprobando la referida planilla, con la advertencia de que en caso de no cancelar en el plazo de tres días, será ejecutado el mandamiento de apremio. El 15 de marzo de 2021, la madre de sus hijos presentó planilla de liquidación de la asistencia familiar por la suma de Bs43 000.- (cuarenta y tres mil bolivianos), sin adjuntar el correspondiente extracto bancario y además de forma contradictoria a los anteriores escritos, manifestó desconocer su domicilio; solicitando se realice la notificación por edictos o en su caso en el domicilio procesal fijado por su persona, el cual consta en antecedentes -av. del Maestro 273, planta baja interior oficina 4 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca-; a lo que, la Jueza Pública de Familia Quinta de esa ciudad y departamento -demandada-, desconociendo lo establecido por el art. 442 del CFPF ordenó se oficie al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y al Servicio de Registro Cívico (SERECI) a efecto de que se informe sobre su domicilio, con el resultado que obtuvo dispuso se publique por edicto y señaló una abogada de oficio, quien en el memorial presentado -no precisó la fecha- si bien hizo referencia que a fin de solicitar la aprobación de la planilla de liquidación debió exponerse el extracto bancario en original; de manera negligente no observó la mencionada planilla, aprobándose la misma por Auto 833 de 8 de julio de 2021; es así que, ante una serie de irregularidades culminó en su detención ilegal en el Centro Penitenciario San Roque de dicho departamento.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa, a la libertad y a la libre locomoción; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su inmediata libertad; b) Dejar sin efecto la notificación por edictos y la diligenciada en la calle Uyuni 29 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, ambas con la planilla de liquidación de asistencia familiar y su aprobación; y, c) Se ordene su notificación de acuerdo al art. 442 del CFPF.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 126 a 130, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante sus representantes, ratificó el contenido de la acción de defensa y, ampliándolo manifestó que: 1) En apego a las SSCC 0160/2005-R de 23 de febrero y 0015/2010-R de 12 de abril, no se activaron recursos simultáneos a efectos de no causar una disfunción procesal; además, tomando en cuenta que la acción de libertad es un mecanismo de defensa idóneo para resguardar de forma inmediata el derecho a la libertad cuando este fue ilegalmente restringido; si bien, pudo plantear incidente de nulidad, por la demora de su tramitación no se restablecería rápidamente el derecho lesionado; 2) En la demanda de divorcio que planteó contra Epifania Irma Balsera Inca, le otorgó poder amplio y suficiente a Yuri Arévalo Villarroel -abogado- para la prosecución del trámite, incluyendo entre otros presentar planilla de liquidación de pensiones, observarla, contestar incrementos o modificaciones de ese beneficio, en el mismo escrito en el otrosí quinto “…aunque de manera errónea en cumplimiento a lo previsto en el artículo 72-1 del nuevo Código Procesal Civil señaló a domicilio procesal en la Avenida del Maestro # 273 planta baja interior oficina número 4 de esta ciudad…” (sic); 3) Dicho proceso familiar fue resuelto por la Sentencia 41/2018 en la que se homologó lo referido a la asistencia familiar quedando en la suma de Bs1 200.- para los tres hijos que tiene con la aludida; 4) En el escrito de 15 de marzo de 2021, la madre de sus hijos presentó la planilla de liquidación de la asistencia familiar, se solicitó realizarse la notificación por edictos; a lo que, la Jueza demandada ordenó se oficie al SEGIP y SERECI a efecto de que se informe sobre su domicilio real, al haber obtenido una información genérica e imprecisa, la demandante de dicho beneficio, con base en el art. 309 -se entiende del CFPF-, requirió la notificación por edictos del Órgano Judicial o en su caso en el domicilio procesal que se tenían en obrados; dicha autoridad sin contemplar lo establecido por el art. 308 de la misma norma; es decir, no habiendo una representación del Oficial de Diligencias que indique que ya no cuenta con domicilio procesal; debido a que, transcurrieron tres años desde que planteó la señalada demanda, ordenó se publique el edicto, y peor aún, solo se realizó por una sola vez y no dos conforme a norma; es así que, ante la solicitud de aprobación de planilla de 23 de junio de 2021, se emitió el Auto de 30 de igual mes y año, confirmando dicha diligencia a “fs. 93” y en resguardo de su derecho a la defensa se nombró abogado de oficio, quien de manera negligente no observó la misma, y al haberse aprobado se dio el término de tres días para el cumplimiento o caso contrario se emita el mandamiento de apremio, el cual se ejecutó y lo privó de libertad; y, 5) Por Declaración Notarial de Eva Rosalía Martínez Chura, con quien convive y tiene una hija en común, dio a conocer que residen en la calle Avaroa del municipio de Vitichi del departamento de Potosí, y que nunca vivieron en la ciudad de Sucre; además, de la certificación expedida por la “…empresa constructora y consultora Agacom SRL…” (sic), que desempeña sus actividades en el citado departamento, se manifestó que su persona es trabajador activo -albañil- desde el 2018 hasta el “día de hoy”; datos, que concuerdan a efecto de demostrar que su residencia habitual sería en el referido municipio; lugar donde fue notificado con una comisión instruida.
Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de Sucre del departamento de Chuquisaca, en la audiencia de garantías manifestó que: i) La demandante de asistencia familiar en el pedido de liquidación de planilla, solicitó la notificación al obligado mediante edicto; en tal razón, dispuso se corra en traslado lo impetrado y sea diligenciado al obligado en su domicilio real, precautelando de esta manera el derecho a la defensa; toda vez que, de la revisión de obrados advirtió que el aludido no realizó ningún movimiento procesal en tres años; por ello, requirió informe al SERECI y SEGIP de los que obtuvo domicilios imprecisos; ante ello, la aludida pidió se ordene la notificación por edictos; por lo que, dio procedencia al mismo que se realizó mediante el sistema informático HERMES en apego al art. “4.c” del “Reglamento de Notificaciones”, además nombró una abogada de oficio, quien contestó la planilla de liquidación y al no haber observado esta, el 8 de julio de 2021, aprobó la referida planilla; ii) El peticionante de tutela tenía conocimiento de que mensualmente debe otorgar la asistencia familiar a sus hijos; puesto que, esta emanó de un acuerdo de partes; y, iii) Del extracto de cuenta bancaria expuesto como prueba de cargo se evidenció que no consta algún movimiento de dinero de parte del impetrante de tutela; en tal razón, corresponde emitir el mandamiento de apremio; si bien, el citado señaló haber cancelado esa obligación, debió exhibir los “bauchers” o en su caso solicitar a la entidad financiera un detalle de los montos que depositó.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución ACC.LIB 10/2021 de 25 de diciembre, cursante de fs. 130 a 133, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Como producto de la demanda de divorcio presentada por el accionante, se emitió la Sentencia 41/2018, incluyendo en el segundo punto la homologación de un acuerdo al que arribaron las partes procesales siendo obligado el peticionante de tutela a otorgar mensualmente en beneficio de sus tres hijos la suma de Bs1 200.- por concepto de asistencia familiar; empero, el aludido no cumplió con la misma; por ello, el 7 de marzo de 2019, Epifanía Irma Balsera Inca expuso la planilla de liquidación de ese beneficio, y al tener en ese momento conocimiento del lugar donde residía el nombrado señaló como domicilio la localidad de Vitichi Nor Chichas del departamento de Potosí; en tal razón, se le notificó de forma personal; empero, los actuados procesales que acompañaron a la orden instruida estaban incompletos, sino se hubiera cometido dicho error se encontraba constreñido a cumplir su obligación; b) Se presentó por segunda vez la referida planilla de liquidación, pidiendo se notifique en el “actual” domicilio del accionante, en la calle Uyuni 29 -se entiende de la ciudad de Sucre-; la autoridad demandada pretendiendo sea eficaz la diligencia ordenó se efectúe de forma personal; por ello, se realizó en dicha dirección a través de una cédula, en la que si bien firmó una “señora” que después presentó una Declaración Notarial indicando que no conocía al peticionante de tutela, cabe indicar que esta sería una testigo que dio fe de que se dejaron los actuados procesales y no así a quién se le hubiera entregado la documental; sin embargo, no se tuvo alguna consecuencia jurídica, pese a que se aprobó la referida liquidación y emitió la orden de apremio; c) El 15 de marzo de 2021, nuevamente se exhibió una tercera liquidación solicitando la notificación por edictos o en su caso en el domicilio procesal señalado por el obligado; puesto que, la primera se efectuó en un campamento de personal forastero de ese lugar -Vitichi- la Jueza demandada precautelando que la diligencia sea efectiva y eficaz a efecto de constatar el domicilio conocido ofició al SEGIP y el SERECI; empero, tuvo datos imprecisos; por lo que, a pedido de parte dispuso se practique por edictos; si bien, se realizó la misma por una sola vez, por intermedio del sistema informático HERMES; en tal razón, se advirtió que la señalada autoridad buscó la forma de poner la pretensión bajo su conocimiento, no limitándose a que se desarrollen las diligencias en secretaría del despacho judicial; d) Si en la tramitación desarrollada de dicha liquidación se incurrió en algún error, esta resulta posterior a la demanda de divorcio; por ello, carecería de relevancia; toda vez que, el accionante sabía que debe cumplir con esa obligación; por ello, de acuerdo al art. 117 del CFPF, la asistencia familiar debió entregarla de forma directa o depositada en una cuenta del sistema financiero que hayan acordado las partes; además, el mismo artículo en su parágrafo III precisa que en caso de incumplimiento, el depósito de la asistencia familiar se podrá efectuar a petición de parte o con orden de la autoridad judicial en la cuenta de la entidad financiera a nombre de la o el beneficiario y sino existiere una cuenta el peticionante de tutela podía abrir una, previa comunicación a la juzgadora; y, e) Evidenció que el prenombrado realizó depósitos a una cuenta del “Banco Sol” sin cubrir el monto ordenado por mes, llegando a sumar desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2021, el monto de Bs7 000.-(siete mil bolivianos), cifra que es aproximadamente el 10% de lo que se adeuda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 41/2018 de 4 de abril, Bertha Fabiola Ríos Rodas, Jueza Pública de Familia Quinta de Sucre del departamento de Chuquisaca -ahora demandada-, declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Gonzalo Limachi Flores -hoy accionante- y Epifania Irma Balcera Inca (fs. 52 a 53 vta.). II.2. A través de providencia de 15 de marzo de 2019, la Jueza demandada dispuso notificación al peticionante de tutela mediante comisión instruida con la presencia de un testigo, en la localidad de Vitichi provincia Nor Chichas del departamento de Potosí; efectuada el 22 de igual mes y año, por Daniel Humerez Serrano, funcionario policial (fs. 55 y 56 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2021, ante la autoridad demandada, Epifania Irma Balcera Inca, solicitó liquidación de la asistencia familiar; petición corrida en traslado el 17 de similar mes y año, disponiendo oficiar al SERECI y al SEGIP a efectos de remitir informe sobre el último domicilio del impetrante de tutela (fs. 81 y 82) II.4. Por Nota O.E.P- TSE- SERECI-CH. 1020/2021 de 6 de abril, presentando ante el Juzgado Público de Familia Quinto de Sucre del departamento de Chuquisaca, SERECI “…Consigno informe solicitado” (sic), adjuntando la Certificación Domiciliaria SERECI-CHQ-CERT- 6838-443/2021 del citado mes, perteneciente al accionante (fs. 87 a 88). II.5. Cursa formulario de Convenio Inter - Institucional Certificación de datos, impreso el 12 de abril de 2021, en el que se tiene la información del solicitante de tutela consignando en su información complementaria como domicilio “…B. VILLA PAGADOR S/N - Z. MESA VERDE - SUCRE” (sic [fs. 89]). II.6. A través de memorial presentado el 21 de abril de 2021, Epifania Irma Balcera Inca, en vista que el SEGIP y el SERECI informaron domicilio impreciso y genérico del solicitante de tutela, la aludida pidió que con la planilla de liquidación se lo notifique por edictos; el cual por providencia de 23 de igual mes y año, la Jueza demandada ordenó se efectúe la misma por una sola vez en un periódico de circulación nacional o por el sistema informático HERMES; cumplido por Edicto 52/2021 de 21 de mayo (fs. 91 a 92 y 94). II.7. Mediante escrito expuesto el 28 de junio del señalado año, la demandante del proceso requirió aprobación de planilla de liquidación, intimación de pago y mandamiento de apremio; mediante Auto 796 de 30 del mencionado mes y año, nombrando a Wilma Quispe Camacho, como defensora de oficio, quien el 6 de julio de ese año, respondió a la citada planilla (fs. 95 a 96 y 99 a 100). II.8. Por Auto 833 de 8 de julio de 2021, la autoridad demandada aprobó la planilla de liquidación de asistencia familiar por el monto de Bs43 200.-(cuarenta y tres mil doscientos bolivianos), intimando al accionante a cancelar dentro del tercer día de su notificación, en caso de incumplimiento se proceda al embargo, a la venta de sus bienes o se libre mandamiento de apremio; expidiéndose este último el 23 de igual mes y año (fs. 101 y 104).
El accionante a través de sus representantes, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa, a la libertad y a la libre locomoción; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso de divorcio que inició contra Epifania Irma Balcera Inca precisó como domicilio procesal la av. del Maestro 273, planta baja interior oficina 4 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, dicha demanda familiar concluyó con la Sentencia 41/2018 de 4 de abril, en la que por concepto de asistencia familiar se determinó la suma de Bs1 200.-; la aludida en tres oportunidades -el 7 de marzo de 2019, 17 de julio de 2020 y 15 de marzo de 2021- presentó planilla de liquidación por dicha obligación; empero, ninguna fue notificada en la dirección procesal que señaló, peor aún la última fue diligencia por edicto; aspecto que, no le permitió tomar conocimiento del mismo, limitando asumir su defensa y teniendo como consecuencia la ejecución del mandamiento de apremio que lo privó de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, precisó que: “Del art. 23 de la CPE, se desprenden los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad; pues ésta, únicamente puede ser limitada: a) En los casos previstos por ley; y, b) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y III de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)…” (las negrillas son añadidas). Con relación a la regulación del apremio corporal por asistencia familiar devengada la SCP 1288/2016-S1 de 2 de diciembre, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0800/2017-S1 de 27 de julio y 0758/2018-S3 de 12 de septiembre, indicó que: “La Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, en su Título II, Capítulo I, contiene el marco regulatorio sobre la asistencia familiar, desarrollando en el art. 127 normativa relativa al apremio corporal como un mecanismo de coerción al obligado para que haga efectivo el cumplimiento de esa obligación, bajo el siguiente texto: ‘I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial. II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio’.
Por otra parte, el mencionado cuerpo normativo en el art. 415, regula la ejecución de la asistencia familiar bajo el siguiente tenor: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (…) VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial’. De lo mencionado se advierte que la autoridad judicial en materia de familia, tiene la potestad de emitir mandamiento de apremio en el supuesto de incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte del obligado, mandamiento cuya emisión requiere del cumplimiento previo de los siguientes actuados: i) Presentación de la planilla de liquidación por el o los beneficiarios; ii) La notificación legal al obligado con el contenido de la referida planilla; iii) La aprobación y conminatoria de cumplimiento dentro de tercero día; iv) La comunicación legal al obligado con la conminatoria de pago; y, v) El incumplimiento de la obligación dentro del plazo legal; ahora bien, se entiende que el cumplimiento de esas formalidades procesales otorgan validez legal al mandamiento de apremio, cuya finalidad es que se cumpla la obligación de asistencia familiar para su suministro oportuno” (las negrillas nos corresponden).
De antecedentes de la presente acción tutelar, se tiene la Sentencia 41/2018 de 4 de abril, la cual en la parte dispositiva disolvió el vínculo conyugal entre Epifania Irma Balcera Inca y el peticionante de tutela; asimismo, homologó el acuerdo de fs. “20-21” en la que respecto a la asistencia familiar señala que el obligado -accionante- debe cancelar la suma de Bs1 200.- para sus tres hijos, en una cuenta bancaria exclusiva aperturada para tal efecto, corriendo la misma desde el 1 de marzo de 2018 (Conclusión II.1); mediante providencia de 15 de marzo de 2019, emitida por la Jueza demandada se dispuso la notificación al peticionante de tutela mediante comisión instruida a realizarse por alguna autoridad policial, indígena originaria campesina o administrativa de la localidad de Vitichi provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, con la presencia de un testigo, cumplida el 22 del señalado mes y año, por un funcionario policial (Conclusión II.2). A través del escrito expuesto el 15 de marzo de 2021, Epifania Irma Balcera Inca, presentó la planilla de liquidación de asistencia familiar, requiriendo en el otrosí 1 la notificación del accionante por edictos; que fue atendido el 17 de igual mes y año, ordenando que se corra en traslado, y previamente se oficie al SEGIP y al SERECI a fin que informen sobre el último domicilio del aludido (Conclusión II.3); a través de Nota O.E.P-TSE- SERECI-CH. 1020/2021 de 6 de abril, presentado el 7 del señalado mes y año, por el SERECI, puso a conocimiento de la Jueza demandada Certificación domiciliaria SERECI-CHQ-CERT- 6838-443/2021 de 6 de igual mes constando en la casilla de domicilio electoral “VILLA PAGADOR S/N”, en la localidad Sucre departamento Chuquisaca (Conclusión II.4); cursa formulario de Convenio Inter - Institucional Certificación de datos, impreso el 12 de abril de 2021, en el que se expuso los datos del solicitante de tutela consignando en su información complementaria como domicilio “…B. VILLA PAGADOR S/N - Z. MESA VERDE - SUCRE” (sic [Conclusión II.5]); por memorial presentado el 21 del indicado mes y año, -en razón a que ambas instituciones gubernamentales refirieron datos imprecisos y genéricos-, pidió se efectúe la diligencia por edictos o en el domicilio procesal fijado por la parte contraria a “fs. 11”; resuelto por la citada autoridad, el 23 del citado mes y año, manifestando que en apego al art. 308 del CFPF, se proceda con la notificación al solicitante de tutela “…con ‘la planilla de liquidación’, mediante EDICTO, a ser publicado por una sola vez, en un periódico de circulación nacional o mediante sistema HERMES” (sic), cumplido por el Edicto 52/2021 de 21 de mayo (Conclusión II.6); por escrito desplegado el 28 de junio del señalado año, Epifania Irma Balcera Inca, requirió aprobación de planilla de liquidación, intimación de pago y mandamiento de apremio; que mereció Auto 796 de 30 de igual mes y año, en el que se nombró defensora de oficio a efecto de que asuma la defensa del obligado y observe dicha planilla en el plazo de tres días; respuesta que se exhibió el 6 de julio del señalado año, (Conclusión II.7); por Auto 833 de 8 del mismo mes y año, se aprobó la indicada planilla por la suma de Bs43 200.- desde el 1 de julio de 2019 al 1 de marzo de 2021, intimando al obligado su cancelación dentro del tercer día de su notificación, bajo conminatoria de proceder al embargo, a la venta de sus bienes o se libre mandamiento de apremio conforme los arts. 23.II de la CPE y 127 del CFPF; siendo este último expedido el 23 de igual mes y año (Conclusión II.8). El impetrante de tutela mediante sus representantes alega la lesión de sus derechos, denunciaron en esta acción tutelar refiriendo que se encuentra apremiado ilegalmente a raíz de la ejecución de un mandamiento que emergió de la aprobación de la liquidación de planilla por asistencia familiar, presentada el 15 de marzo de 2021, que al ser notificada por edicto, le limitó que tome conocimiento de la liquidación, se defienda y observe la misma; pese a que el art. 442 del CFPF establece que con la señalada liquidación debe notificarse al obligado en su domicilio procesal, mismo que indicó dentro del proceso de divorcio que instauró contra Epifania Irma Balcera Inca; cabe indicar, que la aludida en dos anteriores oportunidades expuso su pretensión, las que se notificaron en distintos lugares; es decir, la de 7 de marzo de 2019, de forma personal; sin embargo, al no haberse adjuntado la planilla la diligencia fue anulada y la de 17 de julio de 2020, se practicó por cédula en la calle Uyuni 299 de la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca.
De obrados se puede advertir que el 15 de marzo de 2021, Epifania Irma Balcera Inca, presentó nueva planilla de liquidación de asistencia familiar, correspondiente del 1 de julio de 2019 al 1 de marzo de 2021, por la suma de Bs43 000.- solicitando que al impetrante de tutela se le notifique por edictos; ante ello, la Jueza demandada previamente a la notificación por ese medio dispuso que en apego al art. 308.II del CFPF se oficie al SERECI y al SEGIP para que se informe respecto al último domicilio del accionante, habiendo recibido los datos de ambas instituciones indicando que se encuentra registrado como domicilio del aludido “VILLA PAGADOR S/N” de la referida ciudad y departamento; lo que, la llevó a la demandante de la asistencia familiar, a solicitar el 21 de abril de 2021, la notificación mediante el sistema “…‘edictos.órganojudicial.gob.bo’…” (sic) o en el domicilio procesal señalado en antecedentes a “fs. 11”; en consecuencia, la citada autoridad ordenó la notificación al impetrante de tutela en un periódico de circulación nacional o mediante el sistema HERMES, que fue cumplida por Edicto 52/2021 vigente del 23 al 24 de mayo de 2021; el 28 de junio de igual año, la prenombrada “…Solicito Aprobación en el monto que arroja la planilla de liquidación de Bs 43.200 (CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVIANOS), para lo cual intime al obligado al pago dentro del plazo de tres días bajo conminatoria de ley (…) para el caso que no depositare dentro del referido plazo (…) pido a su autoridad por actuaria libre mandamiento de apremio…” (sic). Por lo mencionado, la Jueza demandada por Auto 796, manifestó que al haber sido notificado el peticionante de tutela mediante edicto cursante a “fs. 93” y no haber observado la citada planilla, precautelando su derecho a la defensa en apego al art. 266 del CFPF nombró defensor de oficio a Wilma Quispe Camacho, quien el 6 de junio de 2021, respondió a la planilla de liquidación sin observar la misma; por lo que, el 8 de julio de igual año, se emitió la aprobación de esa planilla intimando al obligado su cancelación dentro del tercer día de su notificación, bajo conminatoria de proceder al embargo, a la venta de sus bienes o se libre mandamiento de apremio conforme los arts. 23.II de la CPE y 127 del citado Código; siendo este último expedido el 23 del referido mes y año, el cual conforme a lo establecido por el último artículo citado se indicó proceda al apremio del accionante y se lo conduzca “…a la cárcel pública de la ciudad de Sucre, hasta que PAGUE LA SUMA DE Bs. 43.200 (…) POR CONCEPTO DE ASISTENCIA FAMILIAR DEVENGADA” (sic). En ese entendido, conforme el desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la tramitación de la solicitud de liquidación de pago de asistencia familiar devengada, señala que esta debe ser puesta a conocimiento del obligado, quien tendrá la posibilidad de observar en el término de tres días; vencido este plazo de oficio o a petición de parte, el juzgador aprobará la referida liquidación e intimará a que se realice la cancelación en el mismo término; esta disposición será notificada al obligado conforme a norma; las medidas asumidas por la autoridad judicial como el embargo de bienes, la emisión de mandamiento de apremio con la facultad de allanar y si corresponde romper candados o chapas de puerta, podrá suspenderse ante el ofrecimiento de pago en el plazo que convengan las partes, que no debe ser mayor a tres meses.
En ese sentido, en el caso de autos cabe considerar que ante la presentación de la planilla de liquidación de asistencia familiar y a objeto de tener certeza respecto al domicilio del obligado, la Jueza demandada en resguardo de sus derechos solicitó al SERECI y al SEGIP informen sobre la dirección del domicilio del accionante; así, en el marco de las atribuciones de dichas instituciones de acuerdo a lo establecido en el art. 71.1 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP) -Ley 018 de 16 de junio de 2010- modificado por la Ley 1066 de 28 de mayo de 2018, las funciones del SERECI que determina “…Establecer un sistema de registro biométrico de las personas naturales que garantice la confiabilidad, autenticidad y actualidad de los datos” y sobre el SEGIP en el art. 2.II de la Ley del Servicio General de Identificación Personal y del Servicio General de Licencias para Conducir -Ley 145 de 27 de junio de 2011-, se indica que es la única entidad pública facultada para otorgar la cédula de identidad, y que además deben administrar, controlar, mantener y precautelar el Registro Único de Identificación (RUI) de las personas naturales a efecto de su identificación y el ejercicio de sus derechos y conteniendo entre los datos de identificación conforme establece el art. 2 inc. h) del Decreto Supremo (DS) 4342 16 de septiembre de 2020, “Datos del domicilio”; es decir, que estas instituciones poseen la información que requiere la Jueza demandada, dato que tenía el fin de que al tomar conocimiento del domicilio del accionante se notifique personalmente; sin embargo, al obtener una dirección imprecisa, a solicitud de la demandante de la liquidación, dispuso sea notificado por edicto una sola vez, misma que fue publicada en el sistema informático HERMES con una vigencia del 23 al 24 de mayo de 2021; y, ante la falta de contestación y con el fin de no dejarlo en indefensión la señalada autoridad designó una abogada de oficio, quien realizó la respuesta a dicha pretensión con base en los antecedentes y la planilla presentada sin observar la misma.
Si bien, el peticionante de tutela en la acción de defensa planteada manifiesta no tener conocimiento de la liquidación de la planilla por concepto de asistencia familiar, cabe señalar que el establecimiento de una asistencia familiar fue producto de un acuerdo llegado con Epifania Irma Balcera Inca -su exesposa-, y homologado a través de la Sentencia 41/2018 dentro del proceso de divorcio que el aludido interpuso; por lo que, cabe referir que el accionante conocía de la obligación que tiene con sus hijos; además, en el memorial de esta acción tutelar presentada señaló que “…se emite un decreto de fecha 15 de marzo de 2019 mediante el cual se ordena que se me notifique mediante comisión instruida, y de la revisión del expediente se tienen constancia que se diligenció la comisión instruida mediante la cual [m]e llegue a notificar de manera personal en fecha 22 de marzo de 2019, con actuados procesales antiguos, pero en ninguna parte se tiene adjunta la planilla de liquidación de fs. 38, que básicamente ese era el objeto de la comisión instruida…” (sic); de lo cual, se puede evidenciar que el impetrante de tutela tomó conocimiento de la presentación en aquella oportunidad de una liquidación para el pago de la asistencia familiar de sus hijos; pese a ello, el prenombrado fue reticente al pago del monto total adeudado, mostrando una actitud pasiva en relación al cumplimiento de sus obligaciones; por lo que, la posterior notificación por edictos de la última liquidación efectuada, no es un actuado que haya sido realizado a espaldas o en desconocimiento de las obligaciones y pretensión de cobro de los beneficiarios, siendo por el contrario de pleno conocimiento del impetrante de tutela la existencia de una liquidación que posteriormente fue notificada a través de edictos, previa constatación de la imprecisión del domicilio real del obligado por parte de la Jueza de la causa. De lo anotado, se puede concluir que la autoridad demandada actuó de forma diligente en la tramitación de la solicitud de liquidación de asistencia familiar, oficiando a las entidades públicas competentes a efecto de tener conocimiento del domicilio del impetrante de tutela para que este sea notificado de forma personal o mediante cédula; además, tuvo el recaudo de designar una abogada de oficio, quien le representó en la demanda; ya que, tuvo la oportunidad de contestar la planilla de liquidación presentada por Epifania Irma Balcera Inca; asimismo, se tiene que dicha autoridad desarrolló el procedimiento de la ejecución de la asistencia familiar conforme a la normativa -art. 415 del CFPF- y con base en los parámetros jurisprudenciales desarrollados en el presente fallo constitucional; lo que, generó la orden de emisión del mandamiento de apremio; es decir, que este fue liberado en apego a dicha normativa; toda vez que, excedió el término que tenía el peticionante de tutela para cancelar u ofrecer el pago de la asistencia familiar, que podía haber suspendido la vigencia del mandamiento de apremio; empero, al no haber acaecido ninguna de las dos circunstancias, conllevó a la ejecución de la referida orden; por lo que, no se advierte que se hayan lesionados los derechos a la defensa y libertad del accionante, máxime considerando que el aludido ya conocía de la pretensión de liquidación de asistencia familiar con antelación por una notificación personal previamente efectuada, aspecto que tampoco fue considerado a objeto de cubrir el pago de lo adeudado, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Finalmente, en lo concerniente a la presunta vulneración de los principios de presunción de legalidad y seguridad jurídica; el accionante se limitó a mencionarlos sin realizar ninguna carga argumentativa que pueda permitir su análisis a partir de su vinculación con la privación de su libertad; por lo que, no corresponde su análisis a través de la presente acción tutelar, que de manera excepcional puede brindar tutela frente al indebido procesamiento, cuando existe una conexión directa con la afectación al derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución ACC.LIB 10/2021 de 25 de diciembre, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Sucre del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0048_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 41c905bc940a950c6604cd5e94b6921dbf5c4a9f3c57d70b4ce6bed0f13f8ab5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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