Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna; señaló que la autoridad demandada suspendió la audiencia donde se iba a considerar la cesación a su detención preventiva, alegando que no se encontraba presente en audiencia virtual el representante del Ministerio Público; sin tomar en cuenta que la jurisprudencia constitucional determina que la ausencia de los sujetos procesales no constituye óbice ni impedimento para llevar a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, siempre y cuando se haya procedido a la notificación de los involucrados; desobedeciendo el principio de celeridad que debe regir las acciones de los funcionarios judiciales. Así también denunció que cuando intento interponer el recurso de reposición, ante el dictamen de la autoridad judicial, solicitó el uso de la palabra en reiteradas ocasiones y la codemandada lo expulsó de la sala virtual.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2022 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez del Tribunal Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia: 1° CONFIRMAR y CONCEDER la tutela, con relación a Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos que el Juez de Garantías; y, 2º CONFIRMAR y DENEGAR con relación a la Secretaria del referido Juzgado, por los fundamentos expresados en el presente fallo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 50026-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Celso Aguirre Ignacio contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez; y, Reina Estela Choque Mendoza Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 2 a 4 vta; la parte accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso seguido a instancia del Ministerio Público, contra Celso Aguirre Ignacio, por delitos vinculados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancia Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- solicitó cesación a la detención preventiva, habiéndose señalado la audiencia de consideración para el 24 de agosto de 2022 a horas 13:00; a pesar que todas las personas notificadas, se encontraban en sala virtual 30 minutos antes, se les indicó que esperen a la convocatoria. Instalada la audiencia por el Juez demandado, solicitó informe a la Secretaria del Juzgado, en ese contexto la aludida, señaló que el “Fiscal no se habría identificado” (sic), siendo ese el motivo para que la autoridad jurisdiccional determine la suspensión de la audiencia fijando nueva fecha y hora. El abogado de la parte accionante, denunció que la información vertida fue errónea puesto que el Fiscal se encontraba conectado en la audiencia. Señaló que el Tribunal Constitucional, sentó línea jurisprudencial que determina que la ausencia de los sujetos procesales no constituye óbice para llevar a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, siempre y cuando se haya procedido a la notificación de los involucrados, reclamó que lo ocurrido en el caso de autos, no correspondía. Asimismo, manifestó que habría solicitado la palabra en reiteradas oportunidades, con la intención de interponer el recurso de reposición; sin embargo, el Juez abandonó la sala virtual y ante sus reclamos la Secretaria expulsó de la audiencia virtual a todos los sujetos procesales finalizando la misma.
Denunció la lesión de sus derechos a una justicia pronta y oportuna, que obedezca a los principios de celeridad y lealtad procesal que deben aplicar los funcionarios judiciales a momento de emitir y realizar sus acciones, sin mencionar normativa alguna.
Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia exhortar al Juez demandado, llevar a cabo la audiencia en próximo señalamiento, sin poner excusas. También solicitó: a) Llamar severamente la atención a la Secretaria codemandada por manipular la plataforma virtual CISCO WEBEX, exhortándole a que en próximas actuaciones tenga respeto por los abogados y sujetos procesales; b) Exhortar al citado Juez a tomar recaudos, a fin de que el comportamiento de su personal subalterno, no lesione derechos o garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 25 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando la misma señaló: que se vulneraron los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con lo establecido en los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en su vertiente de procesamiento indebido y privación de libertad ilegal. Puesto que el Juez demandado, habría dispuesto la medida extrema de detención preventiva y el procesado recurriendo al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la consideración de cesación a la detención preventiva, por memorial “presentado el día viernes de la anterior semana” [sic (fs.22 vta.)]; oportunidad en la que ocurrió la primera vulneración, al no señalarse la audiencia en el plazo de 48 horas conforme lo establecido en la Ley de Abreviación Penal Ley 1173 fijando audiencia recién para el miércoles 23 (siendo lo correcto 24 de agosto), “vale decir, fuera de plazo” (sic); la siguiente vulneración habría ocurrido en la instalación de audiencia para consideración de cesación a la detención preventiva, cuando la autoridad jurisdiccional, a pesar de haberse cumplido con todas las notificaciones previstas por Ley y estando presentes todos los sujetos procesales, suspendió la audiencia, basándose en el informe verbal presentado por la Secretaria que indica que el Fiscal no se habría identificado, no siendo causal para una suspensión, conforme establece la Ley 1173 y la amplia jurisprudencia constitucional; alegó también que no se le permitió solicitar el recurso de reposición conforme establece el art. 401 y 402 del CPP expulsándolo de sala virtual, vulnerando el art. 115 de la CPE, el principio de celeridad de una justicia pronta y oportuna sin dilaciones.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento, remitió informe escrito de 25 de agosto de 2022, cursante a fs. 13, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, argumentando que conforme establece el procedimiento, instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva “la cual a informe de la secretaria se suspendió el acto procesal reprogramándose audiencia para el día de hoy” (sic). También aclaró que la Secretaria del Juzgado es quien se encarga de la organización de la sala virtual. Reina Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, en audiencia desplegó informe mediante el cual pidió que se deniegue la tutela, alegando que: 1) Es atribución del Juez señalar día y hora de audiencia; 2) A momento de convocar a la audiencia, consultó quienes estaban presentes, conectados en la sala virtual de audiencia; se identificaron el imputado y al abogado de defensa, “…no se ha identificado el representante del Ministerio Público para señalar que estaba presente para esa audiencia…” (sic); añadió, que a veces sucede que se quedan conectados de una audiencia anterior y por eso siempre consulta y espera a que se identifiquen, al no haberse identificado el representante del Ministerio Público informó en ese sentido al Juez; 3) Con referencia a la expulsión de la sala virtual, denunciada por la parte accionante, señaló que instaló la audiencia y cuando el Juez suspendió la misma y abandono la sala, de igual forma salió (se entiende que se desconectó de la audiencia virtual).
El Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 19/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 24 a 27, concedió la tutela con relación a Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción en lo Penal Primero de El Alto, disponiendo que, en un futuro, asuma los mecanismos correspondientes y los entendimientos jurisprudenciales, para que conforme a los arts. 113 y 239 del CPP, se efectivicen las audiencias de cesación a la detención preventiva; denegó la tutela con relación a Reina Choque Mendoza, Secretaria del mismo Juzgado; bajo los siguientes argumentos: i) La acción de libertad como medio de defensa se encuentra establecida en los arts. 125 y 126 de la CPE; 46, 47, 48, 49 y 50 del CPCo y conforme a la norma constitucional fundamental citada y las disposiciones legales, la acción de libertad se activa en los siguientes supuestos; a) atentados contra el derecho a la vida, b) afectación a los derechos de la libertad física como a la libertad de locomoción, c) acto y omisión que constituya procesamiento indebido, y d) acto u omisión que implique persecución indebida; ii) Con relación al reclamo, de señalamiento de audiencia por providencia de 22 de agosto, se verifica que el 19 de agosto el accionante presentó a la Oficina Gestora de Procesos memorial de solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, ingresado al Juzgado de Instrucción Penal Primero el día viernes 19 de agosto, providenciado por el Juez el 22 de agosto señalando audiencia para el 24 de agosto. En ese sentido, no se encontró lesión al derecho de la celeridad procesal reclamada por la parte accionante, puesto que la autoridad jurisdiccional fijó audiencia dentro de los parámetros que establece el art 239 del CPP. Tampoco se encuentra ninguna lesión por parte de la Secretaria, dado que puso la documentación a conocimiento del Juez, en el tiempo estipulado y fue la autoridad Judicial quien determinó la fecha de audiencia; iii) Con relación a la indebida suspensión de la audiencia para consideración de cesación a la detención preventiva, revisados los antecedentes remitidos, se tiene que la misma fue instalada el 24 de agosto de 2022, a horas 13:00. El informe de la Secretaria manifestó que estaban legalmente notificados el representante del Ministerio Público y la parte imputada, encontrándose en sala virtual el imputado con su abogado de defensa, “no se identifica el Señor representante del Ministerio Público” (sic), a lo cual el Juez de la causa dispuso que para no causar vicios de nulidad en el presente caso se señala audiencia para el día de mañana, jueves 25 de agosto del 2022 a horas 16:00, ya que el Ministerio Público no se encuentra presente, quedando legalmente notificados todos los sujetos procesales. Aspecto que también se pudo establecer del audio reproducido por la parte accionante en la señalada audiencia; iv) En merito a los arts. 113 y 239 del CPP y la jurisprudencia constitucional, toda autoridad judicial está en la obligación de llevar adelante la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva, es decir no es un óbice, ni causa de suspensión la inasistencia del representante del Ministerio Público; en el presente caso, se puede verificar que la autoridad accionada ha omitido llevar adelante la audiencia, en el entendido de no causar vicios procesales, puesto que el Ministerio Público no se encontraba presente; sin embargo, de acuerdo al protocolo de audiencias virtuales correspondía a la autoridad judicial y a la Secretaria verificar y establecer si se encontraba conectado o no el Fiscal de Materia. Al encontrarse notificado, aún en su ausencia debió continuar con la audiencia, en ese contexto se encuentra una lesión por parte de la autoridad accionada toda vez que con su decisión, ha permitido que se prolongue la consideración de la cesación de la detención preventiva impetrada por el accionante; v) Con relación a la Secretaria, conforme al acta de audiencia, se tiene que quien procedió a la suspensión de la audiencia fue el Juez de la causa, la Secretaria cumplió con su obligación de informar lo efectivamente verificado en el sistema virtual de audiencias. En ese sentido no se le atribuye responsabilidad alguna; vi) En el presente caso se ha podido establecer que la autoridad accionada sin fundamento correspondiente y sustento legal a procedido a suspender la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva del 24 de agosto del 2022 a horas 13:00, con el argumento de que no se encuentra presente el representante del Ministerio Público y conforme se ha referido anteriormente ese aspecto no es causal de suspensión de la audiencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa informe suscrito por Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto -autoridad demandada- (fs. 13). II.2. Consta acta de audiencia de cesación a la detención preventiva (suspendida), que evidencia la instalación de la audiencia, el informe presentado por la Secretaria que indica: “no se identificó el Fiscal”, y la determinación de un nuevo señalamiento de audiencia para el “día de mañana día jueves 25 de agosto del 2022 a horas 16:00” (sic [fs. 20]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna; señaló que la autoridad demandada suspendió la audiencia donde se iba a considerar la cesación a su detención preventiva, alegando que no se encontraba presente en audiencia virtual el representante del Ministerio Público; sin tomar en cuenta que la jurisprudencia constitucional determina que la ausencia de los sujetos procesales no constituye óbice ni impedimento para llevar a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, siempre y cuando se haya procedido a la notificación de los involucrados; desobedeciendo el principio de celeridad que debe regir las acciones de los funcionarios judiciales. Así también denunció que cuando intento interponer el recurso de reposición, ante el dictamen de la autoridad judicial, solicitó el uso de la palabra en reiteradas ocasiones y la codemandada lo expulsó de la sala virtual.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas son añadidas).
Con relación al principio de celeridad la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0208/2020-S3 de 13 de julio, señaló que: «Al respecto, la SCP 0032/2016-S3 de 4 de enero, estableció que: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’.
En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros.
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse al instituto procesal de cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. La citada jurisprudencia constitucional, determinó tres situaciones para considerar acto dilatorio, en el trámite de cesación de la detención preventiva, concluyendo: ‘En consecuencia, se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial… c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas’”» (las negrillas añadidas).
La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna, puesto que dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por delitos vinculados a la Ley 1008, se señaló audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva; sin embargo, la autoridad accionada, alegando que no se encontraba presente en audiencia virtual el representante del Ministerio Público; suspendió la audiencia, señalando nueva fecha y hora; en el mismo sentido denuncia que no se le permitió interponer recurso de reposición, puesto que ante su solicitud de hacer uso de la palabra, indica que fue expulsado de la audiencia virtual por la Secretaria.
De los antecedentes cursantes en obrados, consta acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, donde es evidente la suspensión de la misma ante la supuesta ausencia del Fiscal de Materia representante del Ministerio Público y el señalamiento de nueva audiencia. Al respecto, debe considerarse la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, mediante la cual se determinó que toda autoridad judicial que conozca una solicitud de un privado de libertad debe tramitarla con la mayor celeridad posible, el no hacerlo implica un acto dilatorio, en ese sentido, la supuesta inasistencia del Fiscal de Materia no ameritaba la suspensión de la señalada audiencia. En ese contexto, se advierte que el Juez ahora accionado al haber suspendido la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, ocasionó dilación para definir la situación jurídica del impetrante de tutela. Consecuentemente el hecho de no haber identificado al Fiscal de Materia, en sala virtual, no era causal para la suspensión de la audiencia, incluso en un escenario en el que la autoridad representante del Ministerio Público no hubiese estado presente, la audiencia debía haberse realizado en mérito al principio de celeridad que rige la solicitud a la cesación de la detención preventiva contemplado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que, claramente determina que, si el Ministerio Público fue legalmente notificado a una audiencia donde se definirá la situación jurídica de un privado de libertad, y no asiste, dicho actuado procesal no puede ser diferido de ninguna forma, de donde se concluye que existió dilación indebida en el trámite de cesación de la detención preventiva del accionante puesto que debió llevarse adelante la audiencia programada. En cuanto a la Secretaria codemandada, el hecho que sustenta el accionante relativo a que dicha funcionaria los habría expulsado de la Sala virtual, se tiene que, según el acta de fs. 20, la autoridad jurisdiccional fue quien suspendió el acto, dando por concluido el mismo; en ese sentido, no existía razón alguna para continuar la conexión a internet y ante la determinación de la autoridad correspondía el cierre de la Plataforma, tal como ocurrió, sin que ello sea motivo de reproche alguno.
Por todo lo expuesto se demuestra que el accionado inobservó la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, al suspender la audiencia de 25 de agosto de 2022, provocó una demora injustificada en la tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante; en consecuencia, se vulneró el derecho a una justica pronta y oportuna vinculado al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad; correspondiendo, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 19/2022 de 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez del Tribunal Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de Garantías; y en consecuencia: 1° CONFIRMAR y CONCEDER la tutela, con relación a Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en los mismos términos que el Juez de Garantías; y, 2º CONFIRMAR y DENEGAR con relación a la Secretaria del referido Juzgado, por los fundamentos expresados en el presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0047_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d299e399c89ab554fa8b3594a91a060f6b74136122c0b19a0baf4171f17de1e
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