B.IA.LEGAL

SCP 0047/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49924-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, a las garantías del debido proceso en sus elementos justicia pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y a la igualdad; argumentando que: a) Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero; ambos de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- no cumplió lo ordenado por el Tribunal de alzada, a objeto de que resuelva su situación jurídica por haber vencido el plazo de su detención preventiva; y, b) Tampoco señaló audiencia para resolver su solicitud de cesación de la detención preventiva. La autoridad judicial accionada refirió que: 1) El ad quem ordenó que el juez inferior -en grado- resuelva la situación jurídica del imputado, señalando fecha y hora de audiencia, y no que quien ejerce la suplencia legal lo haga; 2) La solicitud de cesación de la detención preventiva se fundó en el art. 239.2 del CPP; es decir, por el vencimiento de su plazo de duración, cuando por disposición de la SCP 0685/2021-S4, formulada la acusación el Juez de Sentencia no tiene facultades para resolver de oficio la situación jurídica del acusado, correspondiendo la interposición de una solicitud de cesación de la detención preventiva, en el marco del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al debido proceso en su elemento celeridad y una justicia pronta y oportuna, y sin dilaciones; conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que el Juez accionado en suplencia legal o al Juez o Tribunal donde se encuentre radicada la causa, resuelva con celeridad la situación jurídica del accionante en relación al cumplimiento del plazo y/o la solicitud de cesación de la detención preventiva de 15 de agosto de 2022; siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido, o variado dicha situación jurídica por el transcurso del tiempo o el despliegue procesal del caso y sus efectos. 2º DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al debido proceso en sus elementos de justicia gratuita y transparente, así como a la igualdad, conforme las razones expuestas precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del control jurisdiccional de la detención preventiva -y competencia para conocerla- en etapa preparatoria y durante la fase de juicio
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49924-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Farfán López, en representación sin mandato de José Luis Chinche Poma contra Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero; ambos de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante a fs. 1; y, 7 a 8 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 3 de agosto de 2022 solicitó al Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -se entiende dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otro- el cumplimiento de la “Resolución” -Auto de Vista- 416/2022 de 14 de junio, dictada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que estableció la revocatoria de la decisión “primigenia” sobre la concurrencia del riesgo de peligro efectivo para la víctima; y, la obligación del a quo de convocar de oficio a audiencia de “…reconsideración de Situación Jurídica Procesal vencido el plazo…” (sic), dada la temporalidad de la medida cautelar de carácter personal de la detención preventiva por cuatro meses otorgada para que el Ministerio Público realice los actos investigativos pendientes.

No obstante, Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal Sentencia Penal Noveno -hoy accionado-, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el proveído de 4 de agosto de 2022, disponiendo: “Estese a la S.C. 0685/2021-S4 de 12 de octubre…” (sic), razón por la cual mediante memorial de 15 de agosto de 2022, fundamentó las razones de su solicitud de señalamiento de fecha y hora de “…audiencia para la cesación de medidas cautelares…” (sic) de conformidad al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); argumentando que, el principio de temporalidad habría sido cumplido abundantemente y no existen actos investigativos a realizarse, existiendo incluso acusación formal en su contra; sin embargo, nuevamente el “…JUEZ PRIMERO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA PAZ…” (sic) se rehusó a dar cumplimiento a lo ordenado por las autoridades de alzada. Finaliza indicando que, a la fecha -de interposición de la presente acción de defensa- el “…JUEZ PRIMERO DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA PAZ…” (sic), se niega a fijar día y hora de audiencia para la cesación de su detención preventiva, motivo por el cual considera que se encuentra ilegalmente privado de su libertad, pues no existen actos investigativos a realizarse, dado que ya se presentó una acusación en su contra.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; y, a las garantías del debido proceso en sus elementos justicia pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y a la igualdad, citando al efecto los arts. 23, 115 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene inmediatamente su libertad; además de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para que se establezca la responsabilidad de la autoridad accionada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada ratificó el contenido del memorial de acción de libertad; y ampliando en audiencia, señaló que: a) En su momento se presentaron varios memoriales ante el “juzgado de instrucción” “…el 4, el 6 y el 9…” (sic), y se resolvió el “16 de noviembre”, señalando la autoridad judicial que su persona se encontraba detenido por constituir un peligro efectivo para la víctima, pero se apeló dicha decisión y el Tribunal de alzada ordenó que el a quo resuelva inmediatamente su situación jurídica lo cual no ocurrió; y, b) Remitida la causa ante el Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se presentaron los memoriales de 3 y 15 ambos de agosto de 2022, que no han sido resueltos, tampoco puede adjuntar prueba para desvirtuar el riesgo procesal de peligro para la víctima porque el Ministerio Público no fundamentó ni demostró nada en su imputación y tampoco lo ha hecho ante el mencionado Juez de Sentencia, considerando que ya existe acusación formal en su contra.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de acción de libertad manifestó que: 1) La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que el Juez inferior -jerárquico-resuelva, señalando fecha y hora -de audiencia- y no a quien ejerce la suplencia legal; 2) La solicitud de cesación de la detención preventiva se funda en el “art. 239 num.2”; es decir, por el vencimiento del plazo, pretendiendo con ello se resuelva su situación jurídica; 3) La SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, ha establecido que, formulada la acusación por uno o más delitos y remitidos los antecedentes ante el Juez de Sentencia, este no tiene facultades para resolver de oficio “la detención” fijada por un Juez de Instrucción Penal, correspondiendo desvirtuar “los riesgos”, acompañando los elementos que demuestren que es más conveniente una medida de menor rigor conforme al “art. 239 num.1”; por lo que, lo único que habría hecho es dar cumplimiento a la jurisprudencia vinculante; y, 4) Informó que, el proceso habría sido declinado al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, en razón a que la acusación se presentó por el delito de violación para el que no tiene competencia; sin embargo, en lugar de suscitar conflicto de competencias, el citado Tribunal devolvió la causa.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 37/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela, refiriendo además: “Sin embargo al haberse advertido una solicitud de Cesación a la detención preventiva, la autoridad accionada debe efectuar el correspondiente señalamiento dentro de las 24 horas y realizar dicha consideración, previo a la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia” (sic); determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El hecho de que las autoridades judiciales hayan analizado correctamente o no el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y que debido a esta circunstancia el impetrante de tutela se encontraría indebidamente detenido, es un aspecto que no corresponde sea considerado en esta acción de defensa; ii) Sin perjuicio del entendimiento de la SCP 0685/2021-S4, es evidente que en etapa de juicio ya no corresponde revisar la situación jurídica procesal -se entiende del acusado-porque ya se habría cumplido la finalidad del plazo de la detención preventiva establecido en el art. 233.3 del citado Código al existir acusación formal; es decir, que una vez remitidos los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia solo corresponde el tratamiento de la cesación de la detención preventiva en el marco del art. 239.1 del mismo Código; en tal sentido, el proveído en respuesta al memorial de 3 de agosto de 2022 señalando: “…debe estarse a la SC. 685/2021…” (sic), no es una actuación indebida o ilegal; iii) En el memorial de 15 de agosto de 2022, a pesar de su imprecisión, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva, que debió ser resuelta dentro de los plazos establecidos en el art. 239 del CPP; no obstante, la autoridad accionada en su providencia de 16 de igual mes y año, sostuvo que: “…debe estarse a la resolución de declinatoria de competencia…” (sic); al respecto, en observancia del principio de subsidiariedad el impetrante de tutela debió agotar los medios intraprocesales planteando reposición según el art. 401 del adjetivo penal, solicitando se deje sin efecto el proveído y se señale audiencia; y, iv) Independientemente del trámite de declinatoria de la causa, se debe considerar que existe un detenido preventivo que no puede quedar en la incertidumbre y al tratarse de una cuestión accesoria que no afecta al fondo, no existe impedimento para que el Juez de Sentencia del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero, ambos de la Capital del departamento de La Paz ahora accionado considere la cesación de la detención preventiva, pues este tipo de peticiones no pueden estar sujetas a la espera de que se resuelva un conflicto de competencias.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Chinche Poma -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, cursa “Resolución” -Auto de Vista- 416/2022 de 14 de junio, dictado por Félix Orlando Rojas Alcón, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de apelación formulado por los imputados contra la Resolución 110/2022 de 13 de marzo, emitida por Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del indicado departamento, Auto de Vista cuya Conclusión 6 establece que: “…toda Medida Cautelar de carácter personal y en especial la detención preventiva debe regirse bajo el principio de temporalidad, en ese marco, se verifica que la autoridad A quo señala que existen actos de investigación pendientes (…)

estableciendo que un tiempo suficiente es el de cuatro (4) meses (…) por lo que, es su obligación (…) convocar de oficio a la audiencia de reconsideración de Situación Jurídica procesal vencido el plazo…” (sic); asimismo, en la parte dispositiva, declaró admisible y procedente en parte el recurso, confirmando en parte la decisión del a quo y estableciendo la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 235.2 del CPP en el caso del impetrante de tutela, no así respecto del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del mismo Código en relación a ambos imputados, ya que el Ministerio Público no lo estableció en audiencia de medidas cautelares y tampoco en su imputación formal (fs. 3 a 4). II.2. Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, el imputado -hoy peticionante de tutela- solicitó al Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el cumplimiento inmediato de lo resuelto por las autoridades de alzada, al no haber cumplido con esta obligación el Juez de Instrucción Penal ya que, el plazo de los cuatro meses de su detención preventiva se habría cumplido el 16 de julio de 2021, para este efecto pidió se fije fecha y hora de audiencia de reconsideración de su situación jurídica procesal (fs. 5 y vta.). II.3. Consta escrito presentado el 15 de agosto de 2022, ante el Juez de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hora accionado-, por el impetrante de tutela, arguyendo que ni el Ministerio Público ni la parte querellante han acreditado la concurrencia de los riesgos procesales contemplados en “…LOS NUM. 2 Y 7 DEL CPP…” (sic) durante la etapa de investigación; y, que el plazo de los cuatro meses para la realización de los actuados investigativos se habría cumplido, razón por la cual invocando el art. 239.2 del CPP solicitó fije fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 6 y vta.). II.4. Por Resolución 005/2022 de 19 de agosto, emitida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, declinó competencia por razón de materia y devolvió obrados a la autoridad judicial -ahora accionada- (fs. 12 a 13 vta.); en tal virtud, según se tiene de la Resolución 02/2022 de 22 de igual mes, emitida por Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero ambos de la de la Capital del referido departamento -ahora accionado-, el cual suscitó conflicto de competencias, disponiendo se eleven actuados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, a objeto de que se dirima (fs. 14 a 16 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, a las garantías del debido proceso en sus elementos justicia pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y a la igualdad; argumentando que: a) Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno, en suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero; ambos de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- no cumplió lo ordenado por el Tribunal de alzada, a objeto de que resuelva su situación jurídica por haber vencido el plazo de su detención preventiva; y, b) Tampoco señaló audiencia para resolver su solicitud de cesación de la detención preventiva. La autoridad judicial accionada refirió que: 1) El ad quem ordenó que el juez inferior -en grado- resuelva la situación jurídica del imputado, señalando fecha y hora de audiencia, y no que quien ejerce la suplencia legal lo haga; 2) La solicitud de cesación de la detención preventiva se fundó en el art. 239.2 del CPP; es decir, por el vencimiento de su plazo de duración, cuando por disposición de la SCP 0685/2021-S4, formulada la acusación el Juez de Sentencia no tiene facultades para resolver de oficio la situación jurídica del acusado, correspondiendo la interposición de una solicitud de cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239.1 del mencionado Código; y, 3) Se suscitó un conflicto negativo de competencias con el Tribunal de Sentencia respecto de la causa, el cual debe ser resuelto conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. Del control jurisdiccional de la detención preventiva -y competencia para conocerla- en etapa preparatoria y durante la fase de juicio

Todo privado de libertad, desde el inicio mismo del proceso penal, debe contar con el resguardo judicial de sus derechos y garantías; puesto que, conforme lo ha establecido la SCP 1821/2014 de 19 de septiembre: “El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. Así, el art. 226 en su segundo párrafo del CPP, determina que: ‘La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas…’; asimismo, el art. 251 en su segundo párrafo del Código adjetivo penal, respecto de la apelación de medidas cautelares, dispone que: ‘…las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas’. Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos-, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias” (las negrillas son nuestras). En caso de solicitudes de cesación de la detención preventiva, la SCP 0887/2021-S4 de 25 de noviembre, contextualizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, y precisando el alcance del control jurisdiccional, señaló que: ‘“…los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica’. Entendimiento jurisprudencial que también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP –de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Bajo este entendimiento, una vez radicada la causa ante un juez o tribunal de sentencia en virtud de una acusación fiscal -lo cual implica el inicio de la fase de juicio-, la autoridad encargada del control jurisdiccional será el juez o tribunal de sentencia, debiendo esta conocer y resolver los pedidos de los privados de libertad con absoluta celeridad; en su defecto y de no estar radicada la causa la competencia corresponde al Juez de Instrucción Penal que conoció la causa en etapa preparatoria.

III.3. Análisis del caso concreto

Teniendo identificada la problemática que motivó la interposición de esta acción de defensa, a objeto de resolver la misma, resulta pertinente conocer los antecedentes fáctico procesales de origen, así se tiene que dentro del proceso penal seguido contra José Luis Chinche Poma -ahora impetrante de tutela- y otro, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante “Resolución” -Auto de Vista- 416/2022 de 14 de junio, resolvieron la apelación contra la Resolución 110/2022 de 13 de marzo, que dispuso su detención preventiva, declarando admisible el recurso y procedente en parte, concluyendo en la obligación del a quo de convocar de oficio a audiencia de reconsideración de la situación jurídica de los imputados, vencido el plazo de cuatro meses de su detención preventiva; asimismo, establecieron la concurrencia de la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de los arts. 234.2 y 235.2 del CPP, en el caso del accionante, no así respecto del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del mismo Código en relación a ambos imputados, ya que el Ministerio Público no lo habría contemplado en audiencia de medidas cautelares ni en la imputación formal (Conclusión II.1). En este contexto, el peticionante de tutela por memorial de 3 de agosto de 2022, solicitó al Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el cumplimiento de lo resuelto por las autoridades de alzada, al no haberlo hecho así el Juez encargado de la fase de instrucción, alegando que el plazo de los cuatro meses de su detención preventiva se habría cumplido el 16 de julio de 2021, para este efecto pidió se fije fecha y hora de audiencia de reconsideración de su situación jurídica procesal; asimismo, mediante escrito de 15 de agosto de 2022, arguyendo que, ni el Ministerio Público ni la parte querellante acreditaron la concurrencia de los riesgos procesales contemplados en “…LOS NUM. 2 Y 7 DEL CPP…” (sic) y que el plazo de los cuatro meses para la realización de los actuados investigativos se habría cumplido, solicitó se fije fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva invocando el art. 239.2 del CPP (Conclusiones II.2 y II.3). En virtud a lo anterior, se concluye que el accionante se encuentra privado de su libertad y que esta medida cautelar de carácter personal fue dispuesta por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del Departamento de La Paz -que conoció del caso en etapa preparatoria-, pues conforme se explicó ut supra fueron las autoridades de alzada quienes revocaron en parte su decisión, ordenándole que convoque de oficio a audiencia con el fin de reconsiderar la situación jurídica del encausado cumplido el plazo establecido para su detención preventiva -cuatro meses-, que en criterio de este último se habría cumplido el 16 de julio de 2021. En ese sentido, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el control jurisdiccional constituye una garantía de los privados de libertad, no pudiendo prescindirse de este por más de veinticuatro horas y menos que exista un vacío o total ausencia de dicho control por cuestiones atribuibles al sistema judicial. Así, en caso de solicitudes de cesación de la detención preventiva en etapa preparatoria, y la simultánea o cercana formulación de la acusación fiscal o particular tampoco puede generar dilaciones en el ejercicio de este control, dado que al estar facultado el sindicado a presentar su solicitud en cualquier momento -salvo que exista sentencia y esta se encuentre ejecutoriada-, el Juez de Instrucción Penal tiene el deber de resolver el petitorio, no ocurriendo lo mismo cuando la causa ya fue radicada ante el juez o tribunal de sentencia, caso en el que estos últimos deben resolverlo con celeridad y sin dilaciones injustificadas, conforme se tiene explicado en la jurisprudencia glosada precedentemente; extremo que no ha ocurrido en el caso concreto en el que radicada la causa ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el Juez accionado miembro del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital de ese departamento -actuando en suplencia legal del referido Juzgado- no resolvió la solicitud de 3 de agosto de 2022, y tampoco la del 15 de igual mes y año -tal cual informó en audiencia de acción de libertad-, porque en su criterio la pretensión del accionante era que se resuelva su situación jurídica invocando el cumplimiento del plazo de duración de su detención preventiva -art. 239.2 del CPP-, cuando debió plantear cesación de la detención preventiva -art. 239.1 del citado Código-, adjuntando los elementos de prueba que acrediten la conveniencia de una medida menos gravosa; razonamiento contrario a la jurisprudencia de este Tribunal y que generó una dilación innecesaria, pues lo que correspondía era que de considerar la autoridad accionada que la solicitud de cesación no procedía conforme al presupuesto establecido por el art. 239.2 del mencionado Código la etapa procesal en la que se encontraba el encausado -hoy accionante-, debió en su caso celebrar audiencia y emitir resolución de forma fundamentada y motivada, explicando la razón o razones por las que no correspondía conceder la cesación solicitada, para que a partir de dicha actuación, el procesado comprenda las razones de la decisión o en su caso de estar en desacuerdo, haga uso de los medios de impugnación previstos en el procedimiento inherente al régimen de medidas cautelares; despliegue procesal que no ocurrió, porque la autoridad judicial donde radicaba la causa no resolvió la situación jurídica del procesado, afectando así el derecho a la libertad del nombrado quien se encuentra privado de este derecho y en situación de indeterminación de cuándo se resolverá su petitorio, siendo que la jurisprudencia constitucional ha sido clara en el sentido de que radicada la causa en su Juzgado, encontrándose la misma en etapa de juicio oral por existir acusación, tiene plena competencia para resolver con celeridad la solicitud del privado de libertad. Consiguientemente, la afirmación del accionado en sentido que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que el juez inferior -Juez de Instrucción Penal- resuelva la situación jurídica del procesado y no así su autoridad que circunstancialmente ejerce la suplencia legal del Juez de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, bajo el argumento de que, la SCP 0685/2021-S4 razonó que formulada la acusación y remitidos los antecedentes ante el Juez de Sentencia, este no tendría facultades para resolver de oficio lo dispuesto por un Juez de Instrucción Penal, es un entendimiento restrictivo a los derechos del privado de libertad y además es contrario a los principios de provisionalidad y temporalidad que caracterizan a las medidas cautelares. A lo anterior se suma además el hecho de que esa indefinición de la situación jurídica del ahora accionante, se mantuvo persistente dado que, este interpuso solicitud de cesación de la detención preventiva mediante memorial de 15 de agosto de 2022; es decir, el mismo día de interposición de la acusación particular y siendo que el accionado aún se encontraba en conocimiento de la causa, pues declinó competencia el siguiente día -16 del citado mes y año-; por lo que la autoridad accionada debió resolver esta última, lo cual conduce a identificar un segundo acto lesivo y la persistencia de incertidumbre sobre la situación jurídica del procesado, consistente en la decisión del Juez accionado de declinar competencia generando un conflicto negativo de competencias al haber devuelto antecedentes el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, con las razones expresadas en la Resolución 005/2022 de 19 de agosto, para posteriormente remitirse actuados al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de que se dirima el conflicto suscitado en virtud a la Resolución 02/2022 de 22 de agosto, emitida por la autoridad judicial accionada (Conclusión II.4), pero sin resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada el 15 de igual mes y año, por el impetrante de tutela, misma que en razón del trámite del referido conflicto de competencias -que es un tema procesal y sobre el cual no corresponde emitir criterio alguno por este Tribunal- quedó irresoluta. Al respecto, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, citada en la SCP 0283/2017-S3 de 10 de abril, razonó de la siguiente manera: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional”. Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden); entendimiento jurisprudencial que, si bien se refiere a la fase de instrucción o etapa preparatoria del proceso penal, dada la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, también puede ser aplicado a solicitudes de privados de libertad en etapa de juicio oral, debiendo en ese caso el juez o tribunal de sentencia que se considere incompetente, resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva e inmediatamente realizado dicho acto remitir las actuaciones al juez o tribunal de sentencia donde se considere que debe ejercerse el control jurisdiccional, actuación diligente para prever un vacío de control jurisdiccional respecto a las medidas cautelares en trámite e irresolutas, que no fue considerada por el Juez accionado ya sea pronunciándose sobre el alegado vencimiento del plazo de la detención preventiva y/o resolviendo la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante invocando el art. 239.1 del CPP, planteada el 15 de agosto de 2022, mientras la causa estaba radicada en su Juzgado en el primer caso, y antes de declinar competencia en el segundo. Evidenciados los actos lesivos al derecho a la libertad del impetrante de tutela vinculado al debido proceso en su elemento celeridad y una justicia pronta y oportuna, y sin dilaciones; corresponde aplicar los efectos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo y conceder la tutela solicitada, al ser este mecanismo de defensa el medio idóneo para reparar las lesiones advertidas, aclarándose al respecto que el reproche constitucional radica -como ya se tiene explicado- en la omisión/dilación injustificadas en las que incurrió la autoridad judicial accionada, y no en la forma de resolución y definición de la situación jurídica del procesado -ahora peticionante de tutela-, pues ello debe ser determinado conforme corresponda en derecho. Finalmente, respecto al debido proceso en sus elementos de justicia gratuita y transparente, así como a la igualdad -se entiende procesal- invocados por el accionante, no corresponde mayor pronunciamiento, al no exponer el nombrado en su demanda, ni advertirse por este Tribunal de los antecedentes, cuál la actuación ilegal u omisión indebida vinculada a dichos elementos constitutivos del debido proceso que hubiesen sido lesionados, por lo que sobre el particular se debe denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 23 de agosto, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al debido proceso en su elemento celeridad y una justicia pronta y oportuna, y sin dilaciones; conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo que el Juez accionado en suplencia legal o al Juez o Tribunal donde se encuentre radicada la causa, resuelva con celeridad la situación jurídica del accionante en relación al cumplimiento del plazo y/o la solicitud de cesación de la detención preventiva de 15 de agosto de 2022; siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido, o variado dicha situación jurídica por el transcurso del tiempo o el despliegue procesal del caso y sus efectos. 2º DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al debido proceso en sus elementos de justicia gratuita y transparente, así como a la igualdad, conforme las razones expuestas precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0047_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8fd7d75c6f741c07f182135eaa314cc0c556ce7836bce3c62e65f80a293dbc26

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