Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de marzo de 2023
Concede la tutela
El accionante, a sus representantes sin mandato, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad ahora demandada, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar que se revisa, no remitió ante la instancia superior el recurso de apelación formulado por su parte contra la Resolución de 18 de octubre de 2021, por la que se declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva.
En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 36 a 41, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa de acción de libertad; exhortando a la autoridad demandada, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2023-S4 Sucre, 22 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44167-2022-89-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 36 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Fernando Alcón Orocondo y Kamerlingh Ritter Molina Caballero en representación sin mandato de Leo Williams Guzmán Galarza contra Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 6 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la comisión de delitos inmersos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas –Ley 1008 de 19 de julio de 1988–, el 15 de mayo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva; medida que se encuentra cumpliendo en el Centro Penitenciario de El Abra de Cochabamba. Posteriormente, el 18 de octubre del mismo año, se llevó a cabo una audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del mismo departamento, donde actualmente radica la causa, rechazándose su pretensión; por lo que, mediante memorial presentado el 19 de idénticos mes y año, formuló apelación incidental impugnando la antedicha determinación, peticionando se remitan antecedentes al Tribunal de alzada; no obstante y habiendo vencido el plazo de veinticuatro (24) horas que dispone el art. “405” del Código de Procedimiento Penal (CPP), hasta la interposición de la acción tutelar, el cuaderno de apelación no ha sido remitido.
El solicitante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115, 116.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada, remita los actuados al Tribunal de alzada con celeridad y conforme a lo dispuesto por el art. “405” del adjetivo penal.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta cursante a fs. 35 y vta., presentes el solicitante de tutela asistido de su abogado, así como y el Ministerio Público, y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela se ratificó íntegramente en los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
Norma Viviana Arnez Arnez, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 14 a 15 vta., indicó que: a) El 18 de octubre de igual año, se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva, declarándose infundada la pretensión del imputado; decisión contra la que el justiciable formuló recurso de apelación que fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; b) El accionante se limita en la demanda de acción de libertad, a señalar que no se hubiera remitido el proceso ante el Tribunal superior; sin embargo, no toma en cuenta los siguientes factores que inciden en el normal desarrollo de las actividades del despacho judicial: 1) Del 18 al 29 de octubre del mismo año y la semana posterior, el Juzgado a su cargo programó setenta y cinco (75) audiencias que se desarrollaron del 18 de octubre al 12 de noviembre de igual año, incluso en horas extraordinarias, situación que impidió que el acta de audiencia de vista y resolución del hoy solicitante de tutela estén listas; 2) La suscrita se encuentra en suplencia legal de su similar Tercera desde el 12 de noviembre de 2020, resultando en consecuencia humanamente imposible atender dos despachos judiciales con la mayor celeridad y prontitud que establecen las normas; 3) En el marco de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, el labrado de actas constituye una labor específica de los Secretarios de Juzgado; así también lo entendió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1074/2017-S1, habiendo en su condición de titular del despacho judicial a su cargo y conforme consta en el Memorando adjunto, instado al personal de apoyo jurisdiccional a cumplir sus funciones de forma responsable y oportuna; 4) Según certificación que se arrima al presente informe, se explican las razones por las cuales el acta no pudo ser elaborado oportunamente por la Secretaria del referido Juzgado, no habiendo el impetrante de tutela demostrado la legitimación activa suficiente para promover la presente acción de defensa; y, 5) De acuerdo a nota que se apareja al informe, el proceso se encuentra ya en trámite de alzada; c) Los extremos puntualizados previamente, obligan a la justicia constitucional a efectuar un análisis respecto a los factores que no solo alteran el normal desenvolvimiento de las labores jurisdiccionales, sino que inciden en el cumplimiento de los plazos procesales; situación que no puede ser considerada de manera ligera como un acto dilatorio, debiendo considerarse la jurisprudencia constitucional al respecto, que establece que, no se tratará de un acto dilatorio cuando exista justificación razonable y fundada y cuando se tratase de casos de recargadas labores o suplencias debidamente justificadas; aspectos que fueron precisados en la presente causa; y, d) Al margen de lo anotado y de la cantidad de audiencias desarrolladas que impidieron al Secretario labrar el acta correspondiente, no es menos cierto que esa labor fue efectivamente cumplida aunque días después, habiendo elaborado todas las actas en el orden en que se desarrollaron los verificativos, no pudiendo pretender el accionante que, por labrar la suya, el funcionario de apoyo jurisdiccional deje de prestar asistencia al titular del despacho en otros verificativos; máxime si, por disposición legal, los demás procesos también deben ser atendidos, más aun si se trata igualmente de causas con detenidos preventivos. Por todo lo antes señalado, impetró se deniegue la tutela solicitada.
Edwin Incata Janko, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 17 de noviembre de 2021, cursante a fs. 25, manifestó que del 18 de octubre al 12 de noviembre ambos del mismo año, fueron desarrolladas innumerables audiencia en el citado Juzgado donde presta sus servicios, lo que hizo humanamente imposible cumplir los plazos procesales y elaboración de actas de forma oportuna, sumándose a ello además, que tratándose de un Juzgado liquidador de los despachos judiciales prexistentes, se generó una excesiva carga procesal que supera toda capacidad humana, siendo que adicionalmente, se encuentra preparando una lista de expedientes que deberán ser remitidos para su correspondiente archivo.
El Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 36 a 41, concedió la tutela impetrada respecto a Edwin Incata Janko, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del referido departamento, por haber lesionado el derecho a la libertad física del solicitante de tutela, advirtiéndosele de no cometer en el futuro acciones similares; y, denegó la tutela impetrada respecto a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien es evidente que la autoridad ahora demandada, dictó la resolución de 18 de octubre de similar año, la misma se halla contenida en el acta labrada por el Secretario de ese despacho judicial; siendo que, conforme a la nota presentada por el indicado funcionario de apoyo jurisdiccional el 17 de noviembre de igual año, este textualmente reconoce que no logró elaborar el acta debido a innumerables audiencias que se desarrollaron desde el 18 de al 12 de noviembre ambos de 2021, evidenciándose que, pese a sus justificativos, durante el lapso de veintiséis (26) días, computados desde el Decreto que concede la apelación, hasta el 16 de del referido mes y año, los antecedentes del recurso no fueron remitidos sino hasta el 27 de idéntico mes y año, en que se celebró la audiencia de acción de libertad; ii) El incumplimiento antes explicado por parte del Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, repercutió en la dilación de la procesión de actos relativos a la definición de la situación jurídica del justiciable; iii) La no remisión del cuaderno de apelación en el plazo de veinticuatro horas previsto por ley y en su defecto dentro del término de tres días que, según la jurisprudencia constitucional, resulta prudente en el caso de recargadas labores, impidió que la impugnación fuera resuelta, debiendo tenerse presente además, que una vez recibidos los actuados, el Tribunal superior tiene un plazo previsto por ley para tramitar y resolver el recurso, de donde se evidencia que la dilación ocasionada por el indicado Secretario, incidió directamente sobre la determinación de la situación jurídica del imputado que, en su calidad de detenido preventivo, fue afectado en su derecho de acceso a una justicia oportuna; iv) De lo expuesto resulta evidente el incumplimiento de la previsión contenida en el art. 251 del CPP, que dispone que la apelación debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas, siendo que; no obstante, de lo manifestado por el funcionario de apoyo jurisdiccional, no resulta aceptable que se hubiera excedido el plazo legal y espera prudencial establecida por la jurisprudencia constitucional, habiéndose tornado el trámite del recurso en vulneratorio de derechos fundamentales; v) En virtud a las consideraciones expuestas, la autoridad ahora demandada carece de legitimación pasiva, debido que la falta de remisión de la impugnación se debe a las razones expuestas; es decir, la no elaboración del acta; y, vi) A pesar de los argumentos explanados, si bien resulta existente la lesión del derecho a la libertad física del impetrante de tutela y que la omisión fue subsanada al presente, corresponde otorgar la tutela solicitada en el contexto de los lineamiento contenidos en la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, en la modalidad innovativa de la acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorando 2/2021 de 5 de mayo, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, exhortó a Edwin Incata Janko, Secretario de ese despacho judicial, a dar estricto cumplimiento a sus obligaciones establecidas en el art. 95 de la Ley 025, entre ellas informar oportunamente el vencimiento de plazos así como la realización de actas de forma oportuna y remisión de procesos ante instancias jerárquicas y/o autoridades de similar jerarquía, dentro de los procesos que corren bajo su custodia, bajo conminatoria de ley y su estricta responsabilidad (fs. 24). II.2. Consta nota CITE: TDJ-JSJ-064/2021 de 19 de mayo; por medio de la cual, el Jefe de Servicios Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, informa al Presidente de dicha institución que se daría inicio a la recepción de expedientes para archivo (fs. 22 a 23). II.3. En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 18 de octubre de 2021, el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, pronunció Resolución de igual data, rechazando y declarando infundada la pretensión formulada por el imputado –hoy accionante–; determinación que fue recurrida en apelación por el justiciable a través de memorial presentado el 19 de idénticos mes y año, mereciendo providencia de 21 del mismo mes y gestión; por el que, la autoridad ahora demandada, dispuso la remisión de actuados originales ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el marco de lo previsto por el art. “405” del CPP (fs. 26 a 29). II.4. Cursa Oficio de 17 de noviembre de 2021, con sello de recepción a las 10:05 de igual fecha, mediante el cual, Edwin Incata Janko, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, remitió a conocimiento de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, el recurso de apelación formulado por el ahora impetrante de tutela (fs. 16). II.5. Consta fotocopias simples del cuaderno de programación de audiencias –se entiende correspondientes al despacho judicial a cargo de la autoridad hoy demandada–, que dan cuenta de los verificativos programados y realizados del 18 de octubre al 12 de noviembre ambos de 2021 (fs. 17 a 20).
El accionante, a sus representantes sin mandato, denunció como lesionado el debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad ahora demandada, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar que se revisa, no remitió ante la instancia superior el recurso de apelación formulado por su parte contra la Resolución de 18 de octubre de 2021, por la que se declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva.
En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.
Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. del CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
A través de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, este Tribunal, revisó el trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, señalando lo siguiente: “…el art. 251 del CPP vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) dispone que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. En la SC 0213/2010-R de 24 de mayo, este Tribunal determinó que: ˋSe debe considerar que el Código de Procedimiento Penal, adopta el sistema oral acusatorio, que emplaza y orienta a lograr una oportuna y pronta administración de justicia, un proceso con las mismas igualdades tanto para el imputado como para la víctima y sin dilaciones que se desenvuelva y tramite en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido; y en el que las partes del proceso y los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción mediante un resultado que se encuentre dirimido y dictaminado en un tiempo razonable en el marco de la razonabilidad jurídica y el resguardo de los valores supremos y principios que constituyen la base esencial del Estado Social y democrático de derecho, en este caso, acordes a los principios de celeridad e inmediatez establecidos en la Constitución Política del Estado; consecuentemente, la apelación antes referida, tiene que seguir su trámite especifico sin que implique su interposición de forma escrita; y la notificación para dicho planteamiento debe estar acorde al Código de Procedimiento Penal…ˊ. La SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: ‘(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la leyˊ. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: ˋ…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ˊ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ˋ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP)ˊ” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son nuestras).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia como lesionado el debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad ahora demandada, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar que se revisa, no remitió ante la instancia superior el recurso de apelación formulado por su parte contra la Resolución de 18 de octubre de 2021, por la que se declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva. Una vez identificada la problemática planteada y en el marco de los argumentos expuestos por el impetrante de tutela, se advierte que, este fue sometido a proceso penal a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos inmersos en la Ley 1008, encontrándose privado de su libertad en el Centro Penitenciario de El Abra de Cochabamba, en virtud a la Resolución de 15 de mayo de igual año, emitida por la Jueza de Instrucción Penal Primera del referido departamento. Posteriormente y encontrándose radicada la causa ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, el 18 de octubre de 2021, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, fue proferida la correspondiente decisión judicial, a través de la cual, se declaró infundada su pretensión, motivando que el justiciable, el 19 de idéntico mes y año, activase el recurso de apelación en el marco de lo previsto por el art. 251 del CPP, mereciendo providencia de 21 del indicado mes y año; por el que, la autoridad ahora demandada, dispuso la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el plazo de veinticuatro (24) horas previsto por el art. “405” del mismo cuerpo normativo; envió que se produjo el 17 de noviembre de 2021. Por su parte, la autoridad ahora demandada así como el Secretario del despacho judicial a su cargo, mediante los informes presentados ante el Tribunal de garantías, justificaron la dilación en la remisión del cuaderno de apelación, manifestando que la autoridad judicial se encuentra a cargo de dos Juzgados, el propio y el de su similar Tercera en suplencia legal; siendo que, desde el 18 de octubre al 12 de noviembre ambos de 2021, se hubieran llevado a cabo innumerables audiencias, haciéndose humanamente imposible cumplir con los plazos procesales en la elaboración de actas y remisión de actuados a Tribunales superiores, ya que, al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, corresponde considerar aquellos imponderables y consecuentemente denegar la tutela solicitada.
Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 que antecede, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier petición vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud a lo cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. En armonía con lo antedicho, conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la apelación incidental contemplada en el art. 251 del CPP, tiene un procedimiento especial y rápido; por medio del cual, una vez incoada y conocida la apelación incidental, la autoridad judicial tenía la obligación de remitir dentro de las veinticuatro horas, los actuados pertinentes ante el Tribunal de alzada –sin mayor trámite–; en tal virtud, al haberse obrado de manera diferente, se evidencia una actuación dilatoria en la remisión del recurso de apelación, dejando transcurrir sin justificativo prácticamente un mes sin que se hubiera remitido la impugnación de referencia; es decir, desde el 19 de octubre de 2021, en que fue formulada la objeción hasta el 17 de noviembre de igual año, en que se recibió en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el correspondiente legajo; situación que indudablemente lesiona el debido proceso del imputado quien tenía el derecho de que su apelación se tramite dentro de los plazos y conforme al procedimiento especial contemplado en la normativa penal vigente, teniéndose claro que se dejó en total incertidumbre la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, quien no puede realizar una defensa efectiva para desvirtuar su detención preventiva, por no haberse remitido la citada apelación, menos señalado la audiencia oral correspondiente, solo por la desidia y una evidente actuación dilatoria en la que se ha incurrido en el despacho de la Jueza ahora demandada; correspondiendo otorgar la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas. En este punto, es preciso hacer mención a los justificativos presentados por la autoridad demandada y su Secretario, debiendo dejar en claro que, conforme a la jurisprudencia citada por la propia juzgadora, es cierto y evidente que el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, para la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal superior, fue flexibilizado por este Tribunal en los casos en los cuales existan recargadas labores jurisdiccionales o suplencias (que en el presente caso fueron debidamente acreditadas); sin embargo, no menos evidente es que los entendimientos asumidos por esta jurisdicción, son expresos al establecer que en estos casos, el plazo legal y espera prudencial no puede exceder los tres días; dado que lo contrario transforma al procedimiento en dilatorio y el recurso de apelación pierde su esencia como medio idóneo y eficaz. Así, en el caso que se analiza y pese a que fueron presentadas las correspondientes justificaciones debidamente documentadas, el plazo prudencial de ampliación del termino previsto en el art. 251 del adjetivo penal para la remisión del cuaderno de apelación, fue excedido en más de los tres días establecidos como tiempo prudencial por este Tribunal, habiendo transcurrido en realidad, desde la fecha de interposición del recurso impugnativo (19 de octubre de 2021) a la fecha de concesión de lo impetrado (21 de igual mes y año), inicialmente dos días para que emitiera el correspondiente Decreto; y, en segundo lugar, veintiocho (28) días computables desde la formulación de la objeción hasta la fecha de recepción del cuadernillo correspondiente en el Tribunal Superior (17 de noviembre de 2021); en este contexto, no queda duda alguna que tanto los plazos procesales como los términos establecidos jurisprudencialmente y vía flexibilización, fueron groseramente inobservados, habiéndose mantenido al accionante de total incertidumbre respecto a su situación jurídica, vulnerándose en consecuencia el debido proceso en sus elementos de celeridad y tutela judicial efectiva, al impedírsele que de manera oportuna y pronta, el Tribunal de apelación emitiera la correspondiente resolución en análisis de los agravios planteados de su parte contra la Resolución de 18 de octubre de idéntico año, que declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva. Por todo lo relacionado, no puede quedar duda alguna de que evidentemente existió un apartamiento ostensiblemente de lo previsto en la referida disposición legal y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, respecto a la celeridad de todos los trámites relacionados con la libertad de las personas y específicamente a la diligencia que se debe guardar con relación al recurso de apelación de acuerdo al art. 251 de la norma procesal penal, que prevé que, una vez presentado el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.2); empero, en el caso concreto, conforme ya se señaló, la impugnación no fue remitida sino hasta el mismo día en que se celebró la audiencia de acción de libertad y con posterioridad a la notificación a la demandada con la demanda tutelar, lo que hace presumir a este Tribunal que el envió del expediente ante la autoridad superior, se produjo como efecto directo de la interposición de la acción de defensa que se revisa. En este sentido y no obstante que ya se cumplió con la remisión del recurso ante el Tribunal de apelación, por lo que el objeto y finalidad de esta acción tutelar ya habría sido alcanzado; corresponde otorgar la tutela impetrada en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; así como, la innovativa, tipologías de la acción de libertad, que buscan por una parte, acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; y por otra, evitar que tales omisiones se vuelvan a reiterar. Corresponde aclarar sin embargo, que si bien conforme aduce la autoridad demandada, esta dictó providencia de remisión del cuaderno de apelación el 21 de octubre de 2021 y que, habría sido el Secretario del referido Juzgado quien demoró en la elaboración de actas y envío de antecedentes ante el Tribunal superior, ello no libera a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba de ninguna responsabilidad, pues aun cuando la dilación hubiera sido cometida por el indicado funcionario de apoyo jurisdiccional, la hoy demandada, en su condición de titular del despacho judicial, tiene la carga de dirección y control del personal que le asiste, lo que implica que se halla constreñida a cuidar que los inferiores, en el cumplimiento de sus labores, no lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales, más aun en el caso de personas privadas de libertad, recordándole además, que las falencias del sistema de administración de justicia, no pueden ser endilgados y menos tolerados por los justiciables. Con referencia a la supuesta lesión del derecho a la igualdad, el accionante no formuló argumentación alguna que permita a esta jurisdicción evidenciar la existencia o no de su lesión; por lo que, no corresponde emitir criterio alguno al respecto. Finalmente y bajo una óptica de didáctica constitucional, se hace necesario aclarar al Tribunal de garantías que conoció la presente acción tutelar, que la tutela no debió haberse concedido respecto al Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, a cargo de la hoy demandada, pues este, al tenor de los hechos lesivos descritos en la demanda de acción de libertad, carece de legitimación pasiva al no haber sido expresamente demandado; siendo que, la jurisprudencia aplicada por el Tribunal de garantías, con referencia a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, no se halla destinada de ninguna manera a abrir la posibilidad de juzgamiento oficioso de estos cuando no han sido expresamente demandados, sino que, por el contrario, amplía la posibilidad de los solicitantes de tutela de incluir a estos funcionarios en las acciones de defensa, debiendo como en todo caso, demostrar y fundamentar los actos u omisiones en que hubieran incurrido. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, respecto a la autoridad demandada y conceder la tutela solicitada, con referencia al funcionario de apoyo jurisdiccional, evaluó incorrectamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 36 a 41, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa de acción de libertad; exhortando a la autoridad demandada, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0047_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): fcfe211d5ffdce34c55df2b62db5ebf66682880ad12f7bebfd5a08faef49a60c
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