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SCP 0046/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58075-2023-117-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que, la autoridad demandada no resolvió sus solicitudes de libertad de 19 de abril, 26 de julio y 9 agosto de 2023, ignorando que lleva más de seis meses de detención en la Carceleta Las Palmas del departamento de Beni debido a un adeudo de asistencia familiar, conforme la certificación -adjunta en su segunda solicitud- de permanencia y conducta emitida por la dirección de dicha Carceleta. Por ello, la continuidad de su detención es ilegal y vulnera los arts. 127.II y 415.III y IV del CFPF; y, 11.1 de la Ley 1602, que establecen que el apremio por incumplimiento de asistencia familiar no puede exceder los seis meses.

Ante ello, la autoridad demandada señala que: a) La solicitud de mandamiento de libertad presentada por el impetrante de tutela, en la que adjuntó una certificación que acreditaba su permanencia y detención por seis meses y tres días, fue respondida mediante el traslado a Raquel Virginia Rojas Suarez -demandante en la causa familiar- y reiterado por providencia de 9 de mayo del 2023, conminando al cumplimiento de la SC 1806/2004-R; y, b) Aunque el art. 415.4 del CFPF faculta al obligado de la asistencia familiar a solicitar su libertad, la citada jurisprudencia dispone que esta debe otorgarse “…previa presentación de finanzas personal…” (sic), por lo cual, se le instó a cumplir esa exigencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La detención ilegal e indebida en materia de asistencia familiar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58075-2023-117-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 001/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Acuña Coca en representación sin mandato de Stanic Martínez Azucarela contra René Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 61 a 64 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar instaurado por Raquel Virginia Rojas Suarez en su contra, Rene Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil, Comercial y de Familias Primero de Guayaramerin del departamento de Beni -autoridad demandada-, dispuso su apremio por una deuda de Bs1 000.- (mil bolivianos), que la citada demandante de la causa familiar se negó a recibir, motivo por el cual fue detenido en la Carceleta Las Palmas del referido departamento. Transcurridos seis meses desde su privación de libertad, el 19 de abril, 26 de julio y 9 agosto de 2023 -se entiende como fechas de los memoriales-, solicitó su libertad, adjuntando en la segunda de ellas una certificación de permanencia y conducta emitida por la Dirección de la citada Carceleta; no obstante, la autoridad demandada no resolvió el fondo de su petición, limitándose a disponer simples traslados, que le impidieron recurrir en apelación, cuando correspondía adoptar una decisión de fondo, ya sea disponiendo su libertad -convocando a audiencia-, o rechazando su petición mediante auto motivado. En consecuencia, su privación de libertad resulta ilegal, pues el único requisito para disponer su liberación -certificado de permanencia y conducta- ya fue presentado. De ese modo, se vulneraron los arts. 127.II y 415.III y IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) y 11.I de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales -Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994-, que establecen que el apremio por incumplimiento de asistencia familiar no puede exceder seis meses. Por ello, corresponde ordenar su inmediata libertad.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se restituya su libertad; y, b) Conmine a la autoridad demandada a que emita el correspondiente mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 71 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que, se vulneró su derecho a la libertad, toda vez que, la jurisprudencia invocada -se entiende la SC 1806/2004-R de 22 de noviembre-, data de hace veinte años, siendo actualmente modulada a través de la SCP 0023/2017 -se entiende S3 de 8 de febrero-, la cual establece que, en materia de asistencia familiar, el obligado debe ser liberado de forma inmediata una vez cumplidos los seis meses de detención, a fin de que pueda trabajar y cumplir con el pago de asistencia familiar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

René Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, en audiencia sostuvo que, pese a que el accionante no cumplió con la asistencia familiar, solicitó un mandamiento de libertad, adjuntando una certificación emitida por el Director de la Carceleta donde se encuentra detenido, acreditando su permanencia por seis meses y tres días. Ante ello, dispuso el traslado de la petición a Raquel Virginia Rojas Suarez -demandante en la causa familiar-, reiterado por providencia de 9 de mayo de 2023, en cumplimiento a la SC 1806/2004-R. En ese sentido, aun cuando el art. 415.IV del CFPF, faculta al obligado de la asistencia familiar a reclamar su libertad, la sentencia constitucional citada modula que dicha facultad debe entenderse en el sentido de que: “…si bien puede obtener su libertad la misma le sea concedida previa presentación de finanzas personal para que de esta manera se asegure el cumplimiento…” (sic); consecuentemente, no se negó su libertad, pues solo se le conminó a cumplir con la citada sentencia constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, por Resolución 001/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 72 a 76, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo máximo de veinticuatro horas de su legal notificación, resuelva la situación jurídica relativa a la libertad del accionante; con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante Sentencia 05/2021 de 9 de marzo, la autoridad demandada homologó un acuerdo conciliatorio entre Raquel Virginia Rojas Suarez y el peticionante de tutela, disponiendo un monto de asistencia familiar de Bs800.-, en favor de los menores AA y BB, cuyo incumplimiento motivó que se libre mandamiento de apremio el 10 de octubre de 2022, permaneciendo detenido desde entonces. El 19 de abril de 2023 presentó certificación acreditando su permanencia de seis meses y tres días en la Carceleta Las Palmas del departamento de Beni, obteniendo la providencia de 21 de ese mismo mes y año, que no resolvió su libertad. Reiteró la solicitud el 3 de mayo de ese año, recibiendo providencia dos días después, en el que se le requirió cumplir las SSCC 1806/2004-R y 1816/2004-R de 23 de noviembre, sin mayor sustento. El 26 de julio del citado año, volvió a solicitar el mandamiento de libertad, adjuntando una certificación de permanencia y conducta, que evidenciaba nueve meses y tres días de detención, sin que su situación jurídica se resolviera. El 9 de agosto del citado año, presentó nueva solicitud, adjuntando certificación actualizada que acreditaba diez meses de permanencia. No obstante, mediante providencia de 14 de agosto de ese año, la autoridad demandada dispuso su traslado a la demandante de dicha causa familiar y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, ii) Hasta la citación con el Auto de admisión de la presente acción de libertad, los memoriales presentados el 19 de abril, 3 de mayo, 26 de julio y 9 de agosto de 2023, mediante las cuales el accionante solicitó su libertad, no fueron respondidos por la autoridad demandada, pese a que se adjuntaron certificaciones de permanencia y buena conducta, la última de 21 del citado mes y año, que acreditaba su detención por diez meses y diez días, evidenciando el vencimiento del plazo de apremio corporal; de esa manera, no resulta razonable mantener la restricción indefinida de su libertad por incumplimiento en el pago de asistencia familiar, conforme al art. 415.IV del CFPF, por lo que, se vulneró su derecho a la libertad, reconocido en los arts. 22 y 23.I de la CPE, correspondiendo reparar la lesión ocasionada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 81); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 85); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de informe de 21 de septiembre de 2021, Alberto Bautista Alanoca, Director de la Carceleta Las Palmas del departamento de Beni, informó que Stanic Martínez Azucarela -ahora accionante- fue liberado después de cancelar el adeudo de asistencia familiar (fs. 15). II.2. Mediante memoriales presentados el 21 de abril, 4 de mayo, 27 de julio y 11 de julio de 2023, el impetrante de tutela solicitó la extensión de mandamiento de libertad a su favor (fs. 38; 41; 46 y vta.; y, 53 a 54 vta.). II.3. Constan certificados de permanencia y conducta de 14 de abril, 14 de julio, y 11 de agosto de 2023, emitidos por Carlos Vidal Michma Silo, Director de la Carceleta Las Palmas del departamento de Beni -último documento emitido por Favio Quispe Berrios, Director a.i.-, las cuales refieren que el accionante permaneció detenido por periodos de seis meses y tres días; nueve meses y tres días; y, diez meses, respectivamente (fs. 36 y 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que, la autoridad demandada no resolvió sus solicitudes de libertad de 19 de abril, 26 de julio y 9 agosto de 2023, ignorando que lleva más de seis meses de detención en la Carceleta Las Palmas del departamento de Beni debido a un adeudo de asistencia familiar, conforme la certificación -adjunta en su segunda solicitud- de permanencia y conducta emitida por la dirección de dicha Carceleta. Por ello, la continuidad de su detención es ilegal y vulnera los arts. 127.II y 415.III y IV del CFPF; y, 11.1 de la Ley 1602, que establecen que el apremio por incumplimiento de asistencia familiar no puede exceder los seis meses.

Ante ello, la autoridad demandada señala que: a) La solicitud de mandamiento de libertad presentada por el impetrante de tutela, en la que adjuntó una certificación que acreditaba su permanencia y detención por seis meses y tres días, fue respondida mediante el traslado a Raquel Virginia Rojas Suarez -demandante en la causa familiar- y reiterado por providencia de 9 de mayo del 2023, conminando al cumplimiento de la SC 1806/2004-R; y, b) Aunque el art. 415.4 del CFPF faculta al obligado de la asistencia familiar a solicitar su libertad, la citada jurisprudencia dispone que esta debe otorgarse “…previa presentación de finanzas personal…” (sic), por lo cual, se le instó a cumplir esa exigencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La detención ilegal e indebida en materia de asistencia familiar

Al respecto, la SCP 1720/2014 de 5 de septiembre, reiterada por la SCP 0023/2017-S3 de 8 de febrero, en lo concerniente a la tramitación expedita que debe dársele a la solicitud de libertad presentada una vez fenecidos los seis meses del apremio estipulado, sostuvo que: “Debe tenerse presente que la libertad personal es un derecho fundamental cuya limitación en la sustanciación de procesos a cargo de una autoridad jurisdiccional -en las formas reguladas por ley- corresponde sea entendida siempre como un recurso de ultima ratio, esto es, cuando de su sacrificio se prevea la obtención o resguardo de un bien jurídico mayor, generalmente de dimensión colectiva o interés público, en el caso, el derecho del beneficiario o beneficiarios a recibir asistencia económica o material para su manutención (derecho a la vida), que se cree no pueden procurárselas por sí mismos, la cual es de 'interés social' conforme lo reconoce el art. 149 del CF. Sin embargo tal limitación, al igual que el ejercicio de este derecho (a la libertad personal), no puede ser absoluta, por esto es que el legislador ha previsto un término expreso al tiempo de privación de libertad por obligaciones de asistencia familiar impagas (seis meses), de forma que se equilibre la necesidad de suministrar la misma a favor de los beneficiarios y de garantizar materialmente su cumplimiento, entendiendo que el privado de libertad no tendrá iguales condiciones de generar recursos que garanticen su propio sustento y el de sus beneficiarios, que si se encontrara en ejercicio pleno de su libertad personal, considerado un derecho esencial para el goce de los demás derechos que le asisten como persona.

Entonces siendo dos derechos de tan sensible naturaleza los que se involucran en esta materia, cuya ponderación es regulada por la norma jurídica, en este caso el art. 149 del CF, modificado por el art. 11 de la LAPACOP, uno de ellos considerado un derecho fundamental de carácter esencial, y el otro de 'interés social', la autoridad jurisdiccional debe prestar una acuciosa observancia de modo que el equilibrio entre ambos pase por un estricto acatamiento de la referida norma, cuyo efectivo y cabal cumplimiento corresponde ser garantizado por la referida autoridad sin que medie necesariamente un requerimiento de las partes. Así, la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso de asistencia familiar donde impuso el apremio corporal contra el obligado a su suministro, está en el deber de disponer inclusive de oficio la libertad del deudor una vez que se cumplieron los seis meses estipulados en la norma, razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado, y sin haber advertido este extremo, media la solicitud del interesado para restablecer el ejercicio de este derecho, debe proveer su tramitación en forma expedita. En el mismo sentido ya se pronunció la SC 0702/2003-R de 27 de mayo, invocada por la Jueza de garantías” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Mediante proceso de asistencia familiar instaurado por Raquel Virginia Rojas Suarez en su contra, el 21 de septiembre de 2021, el accionante fue detenido y liberado ese mismo día tras cancelar el adeudo de asistencia familiar que motivó dicha detención (Conclusión II.1). Posteriormente, el 11 de octubre de 2022 fue nuevamente detenido y trasladado a la Carceleta Las Palmas del citado departamento debido a un nuevo adeudo de asistencia familiar; por lo cual, el 21 de abril de 2023, solicitó un mandamiento de libertad, adjuntado un certificado de permanencia y conducta de 14 de abril de ese año, que acreditaba seis meses y tres días de detención, la cual fue respondida por la autoridad demandada, disponiendo el traslado a la demandante de la causa familiar. El 4 de mayo del mismo año, reiteró su solitud, que nuevamente fue puesta en traslado, añadiéndose la instrucción de cumplir las SSCC 1806/2004 y 1816/2004. El 27 de julio de ese año, volvió a pedir su libertad, acompañando certificado de 14 de julio de ese año, que acreditaba nueve meses y tres días de detención, la cual fue respondida ordenando cumplir la providencia anterior. Finalmente, el 11 de agosto de ese año reiteró su solicitud, adjuntando certificado de permanencia y conducta de esa misma fecha que acreditaba diez meses de detención, además de la SCP 0023/2017-S3. Esta vez, se dispuso traslado a la demandante y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

En ese sentido, corresponde atender la problemática planteada en cuanto el supuesto tratamiento deficiente de sus solicitudes de expedición de mandamiento de libertad, sustentadas en certificados de permanencia que reflejarían más de seis meses de detención. Respecto a la duración del apremio corporal por incumplimiento de pago de asistencia familiar, el art. 415.IV del CFPF establece que: “El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad”. Asimismo, el art. 11.I de la Ley 1602, dispone que: “El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de la petición de asistencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el solo compromiso juramentado de cumplir la obligación”. De ese marco normativo, y en consonancia con el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se desprende que la privación de libertad no debe exceder el plazo de seis meses; empero, la concesión de libertad está condicionada al compromiso juramentado de pago, que debe ser efectuado como acto procesal previo, en un plazo breve y razonable, considerando la situación de privación de libertad del obligado.

En el presente caso, el accionante solicitó su libertad en diversas oportunidades -21 de abril, 5 de mayo, 27 de julio y 11 de agosto de 2023-, adjuntando certificaciones de permanencia que acreditaban entre seis meses y tres días hasta diez meses de detención, lo cual activaba la aplicación del art. 415.IV del CFPF, para dar tratamiento a sus peticiones. Sin embargo, la autoridad demandada, inobservando el procedimiento legal, se limitó a disponer simples traslados y condicionó el tratamiento de la libertad del accionante a la presentación de una fianza real como requisito previo. Tal actuación resultó arbitraria y restrictiva de la libertad personal, ya que condicionó el trámite del art. 415.IV del CFPF a la aceptación de la demandante en la causa familiar, cuando solo correspondía fijar el momento del juramento y, además, condicionó la libertad a la prestación de fianza personal, a pesar de que la propia SC 1806/2004-R, citada por la autoridad demandada y sustentada en audiencia, no configura un precedente aplicable, dado que el mismo trata de la prestación de fianza desde un segundo apremio, cuando en el primero ya se hubiese beneficiado de la libertad prestando un primer juramento: “…el Tribunal entiende que el sentido de la ley fue ése, por lo que haciendo una interpretación a contrario sensu, se mantiene vigente la necesidad de constituir fianza para que el obligado recupere su libertad en la segunda oportunidad que haya sido aprehendido por incumplimiento en la oportuna cancelación de las pensiones devengadas…”; por el contrario, en el presente caso, aunque el impetrante de tutela estuvo anteriormente detenido, su liberación se debió al pago de un anterior adeudo de asistencia familiar y no a la prestación de juramento ni al cumplimiento del plazo máximo de detención. En ese sentido, la normativa y la jurisprudencia constitucional son claras al establecer que la liberación del deudor de asistencia familiar, una vez cumplido el plazo máximo de detención, se logra con su solo juramento. En consecuencia, la autoridad demandada debió atender la solicitud del accionante y activar, con celeridad, un mecanismo claro, objetivo y expedito que, considerando su condición de persona privada de libertad, le permitiera realizar el juramento necesario, para la pronta resolución de su situación jurídica, pues, al no hacerlo, vulneró su derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 72 a 76, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0046_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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