Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la defensa, y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora coaccionada en audiencia de juicio oral público y contradictorio de 11 de febrero de 2022, declaró su rebeldía y a consecuencia de ello, emitió mandamiento de aprehensión contra su persona, a pesar que de manera documentada justificó su inasistencia a ese acto procesal por motivos de salud; ya que, se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, y el día que se celebró dicha audiencia, se encontraba internado en el Hospital Viedma, estando indebidamente procesado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en la declaratoria de rebeldía; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2026-S1 Sucre, 02 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 45867-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 005/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jhasmani Ramiro Torrico Leclere contra Mónica Patricia Ortuño Escalera, Salomé Guzmán Terán; y, Richard Cruz Vargas; Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo; Mabel Leonor Gutiérrez Vallejos, Jueza; Anabel Ríos Sánchez, Secretaria; ambas del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital todos del departamento de Cochabamba; y, Eliana Juana Colque Rubín de Celis; Limber Gregorio Claure Sandoval; y, Raúl Arce Orellana; Fiscales de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 21 a 27, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra Jhasmani Ramiro Torrico Leclere -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, privación de libertad y extorsión previstos y sancionados por los arts. 132 Bis, 292 y 333 del Código Penal (CP), caso FIS-CBBA1900200, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 30175331, concluida la etapa preparatoria se emitió “ACUSACIÓN FORMAL DE 26/02/2020”, misma que fue remitida al Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba.
En el marco del art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la Jueza ahora coaccionada, mediante Auto de Apertura de Juicio Oral de 22 de octubre de 2020, señaló audiencia de juicio oral, público y contradictorio, la cual fue suspendida en reiteradas oportunidades por causas no atribuibles a su persona, y conforme al Auto Complementario de apertura de juicio oral de 29 de noviembre de 2021, se señaló audiencia de dicho juicio oral para el 11 de febrero de 2022, a las 09:30 horas.
Antes de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio mediante memorial de 24 de enero de 2022, informó que se encontraba con detención preventiva por otro proceso e internado en el Hospital Viedma por motivos de salud, solicitando su conducción a la referida audiencia de juicio oral y, el reconocimiento del impedimento justificado conforme al art. 335.2 del CPP y la designación de defensor de oficio; si bien se le designaron defensores de oficio por decreto de 25 de igual mes y año, estos no tomaron contacto ni asistieron a la mencionada audiencia, situación reiterada y acreditada mediante memorial de 10 de febrero de ese año, con respaldo médico.
A pesar de ello, el 11 de febrero de 2022, la Jueza ahora coaccionada instaló la audiencia de juicio oral, público y contradictorio con base en un informe verbal incompleto de la Secretaria hoy coaccionada, y a solicitud de la Fiscal de Materia ahora coaccionada, la referida Jueza lo declaró rebelde y dispuso mandamiento de aprehensión contra su persona, sin considerar el impedimento justificado, su condición de detenido preventivo, su internación hospitalaria y la ausencia efectiva de defensa técnica.
Posteriormente, se tomó conocimiento de que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante decreto de 7 de febrero de 2022, autorizó la conducción de su persona desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, resultó inejecutable, al no disponer su conducción desde el Hospital Viedma -donde se encontraba-, ni haberse notificado de forma correcta a las autoridades correspondientes. La declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión emitidos contra su persona resultan ilegales e infundados, al haberse dispuesto a pesar de la existencia de un impedimento legítimo oportunamente acreditado. La Jueza hoy coaccionada tenía pleno y previo conocimiento que mi persona se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, dentro de otro proceso penal radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del referido departamento, e internado en el Hospital Viedma por motivos de salud, situación acreditada mediante memoriales, informes y decretos de “enero” y “febrero” de 2022, incluso habiendo ordenado su notificación personal en dicho nosocomio; asimismo, la referida Jueza tenía conocimiento que su persona carecía de abogado defensor, que los defensores de oficio designados no asistieron a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio y que su comparecencia a dicho juicio el 11 de igual mes y año, no dependía de su voluntad sino de una orden judicial de conducción, y a pesar de ello, a solicitud de la Fiscal de Materia ahora accionada y con base en un informe verbal incompleto y malicioso emitido por la Secretaria hoy coaccionada, la Jueza ahora coaccionada emitió el Auto de 11 del citado mes y año, declarando de manera ilegal su rebeldía y ordenando la emisión de mandamiento de aprehensión. La Secretaria hoy coaccionada, tuvo pleno conocimiento de su situación procesal y de salud; ya que, dichas circunstancias fueron oportunamente comunicadas mediante memoriales de 24 de enero y 10 de febrero de 2022, así como por informe de 8 de igual mes y año, siendo además que dicha Secretaria firmó los decretos de 25 de enero y 8 de febrero de igual año; sin embargo, la nombrada al momento de informar en audiencia sobre la presencia de los sujetos procesales, se limitó a señalar la inasistencia de su persona y su abogado, omitiendo deliberadamente informar sobre la notificación de la orden de salida al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, y al Hospital Viedma, la falta de notificación a un defensor de oficio y la existencia del memorial de 10 del mencionado mes y año, que reiteró su estado de salud y procesal, ocultando así información esencial que derivó en la emisión del Auto de 11 de febrero de 2022, mediante el cual se declaró ilegalmente su rebeldía y se dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión. Los Fiscales de Materia hoy coaccionados tenían pleno conocimiento de su situación procesal y estado de salud, situación que fue oportunamente comunicada mediante memorial de 24 de enero de 2022, informe de 8 de febrero de ese año, y memorial de 10 de igual mes y año, actuados que les fueron notificados; sin embargo, los referidos Fiscales actuaron con deslealtad procesal y al margen de los principios de conducta previstos por el art. 5. 1, 3, 4 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, al ampararse en un informe verbal incompleto y sesgado de la Secretaria ahora coaccionada, solicitando indebidamente la aplicación de los arts. 87 inc. 1 y 89 inc. 1 y 3 del CPP, conducta que propició que la Jueza hoy coaccionada emita el Auto de 11 de febrero de 2022, declarando ilegal e infundada su rebeldía y disponiendo la emisión del mandamiento de aprehensión en su contra. Los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo ahora accionados, a pesar de tener pleno conocimiento de su situación jurídica y de su delicado estado de salud -internado en el Hospital Viedma por orden judicial-, emitieron el decreto de 7 de febrero de 2022, autorizando su conducción desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 11 del referido mes y año, decisión que resultó de imposible cumplimiento; puesto que, lo correcto fue ordenar su conducción policial desde ese Hospital, con la debida notificación al Gobernador del citado Centro Penitenciario y al Director del nosocomio; esa omisión impidió su traslado, derivando injustificadamente en la emisión del Auto de 11 de ese mes y año, que lo declaró rebelde y libró mandamiento de aprehensión, perjuicio por el cual son igualmente responsables los Jueces Técnicos hoy accionados.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la defensa y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se anule el Auto de 11 de febrero de 2022; y, b) Se deje sin efecto “la orden de librarse” mandamiento de aprehensión emitida en su contra.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 93 a 94 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Al informe de la Jueza hoy coaccionada, se tiene un informe emitido por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respecto a la imposibilidad de su notificación; ya que, se encontraba en el Hospital Viedma; la Secretaria hoy coaccionada en audiencia de juicio oral, público y contradictorio programada para las 9:00 horas, refirió que su persona y su abogada se encontraban ausentes, y los Fiscales de Materia ahora coaccionados en conocimiento pleno de su situación solicitaron su rebeldía, vulnerando de esa manera el debido proceso; 2) En mérito a esa declaratoria de rebeldía se dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión, citando la SCP 1218/2017-S1 de 17 de noviembre, la cual establece que no podría declararse la rebeldía de un privado de libertad porque su salida para comparecer no depende de su voluntad e indica cuáles son los requisitos que darían lugar a una acción de libertad, cuando las omisiones de la autoridad pública están vinculadas a la libertad, generando un absoluto estado de indefensión, lo cual ocurre con la declaratoria de rebeldía; 3) No existe ningún apersonamiento de los anteriores defensores de oficio; ya que, en la audiencia en la que fue declarado rebelde, no se encontraba presente ningún defensor de oficio, manifestando que puede asumir defensa propia, y que se debe respetar su derecho a la defensa técnica, la Jueza hoy coaccionada designó nuevos defensores; empero, no sancionó a los anteriores que no cumplieron con su defensa técnica; 4) Los Fiscales de Materia ahora coaccionados que asistieron a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, teniendo pleno conocimiento de que se encontraba detenido e internado, “no dijeron nada”, haciendo incurrir en error a la mencionada Jueza, generando la emisión de la declaratoria de rebeldía; 5) Respecto al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del mismo departamento, existe una orden de internación en el Hospital Viedma, y al ser ese Tribunal de Sentencia dependiente del Órgano Judicial debió tener conocimiento para que pueda salir de dicho Hospital; ya que, la orden de salida emitida solo estaba dirigida al Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, y no así al Hospital Viedma; por lo que, los custodios sin una orden expresa no pueden trasladarlo; 6) Se acompañó prueba documental referente a su impedimento a causa de su salud, y señala que se encontraba recibiendo antibióticos de tercera generación y sin orden expresa y conocimiento a su médico, no pudiendo trasladarse del Hospital Viedma; 7) No puede indicarse que no se agotó la subsidiariedad; ya que, ninguno de los defensores de oficio tomó contacto con su persona con la finalidad de asumir defensa; por lo que, pide se determine la “nulidad” del Auto que lo declara rebelde y se conceda la tutela solicitada; 8) La jurisprudencia constitucional establece que es obligación del juez constatar que la incomparecencia del declarado rebelde corresponde a su plena voluntad; y que su persona no pudo asistir a la audiencia debido a que no hubo una orden expresa de salida y la notificación no cumplió con las formalidades, enfatizando que no puede dejar el Hospital Viedma en el que se encuentra recibiendo tratamiento antibiótico y si lo “sacan” sin poner en conocimiento del Director de ese Hospital, implicaría alta implícita; y, 9) En cuanto al informe de la Jueza hoy coaccionada de que su persona debió agotar la subsidiariedad, cuando se encontraba en estado de indefensión absoluta; ya que, le genera perjuicio al ser declarado rebelde de manera infundada y que no se realizó una notificación correcta, lo cual es la excepción a la regla de la subsidiariedad; por lo que, solicita se ordene la “anulación” del Auto con el que se declaró en rebeldía.
Mabel Leonor Gutiérrez Vallejos, Jueza; Anabel Ríos Sánchez, Secretaria; ambas del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 15 de febrero de 2022, cursante de fs. 55 a 57 vta., manifestaron que: i) Se tenía programada la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de manera presencial para el 11 de igual mes y año -dicha audiencia señalada mediante “Auto de Apertura Complementario” de 29 de noviembre de 2021-, en la cual se declaró la rebeldía del accionante; ya que, no existió justificativo alguno sobre su inasistencia; ii) El nombrado al encontrarse detenido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, su autoridad manifestó que es el Juez de la causa el único que puede autorizar su salida y quien ordenó su detención y debido a que el accionante señaló que se encontraba internado en el Hospital Viedma; empero, no existe ninguna certificación del estado de salud del nombrado y si dicha internación es esporádica o temporal, y si existe orden y/o autorización para su internación en un centro médico, y siendo que esos aspectos deben ser de control y responsabilidad de los Jueces Técnicos hoy accionados, ante el estado procesal del accionante; iii) En cuanto a los abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), que fueron debidamente notificados con su designación y con el Auto de esa misma fecha, para que asuman defensa eficaz y eficiente, quienes renunciaron al patrocinio del accionante por el trato que les brindaba; iv) El accionante no cuenta con ciudadanía digital a pesar de que el nombrado es abogado, quien presentó sus propios memoriales y tiene pleno conocimiento de la vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de los medios de notificación, y en resguardo al derecho de defensa eficaz, fue que a pesar de que ya existía la designación de los abogados de oficio, se dispuso la notificación con el decreto de 25 de enero de 2022, de manera personal en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, el cual mereció la representación de 8 de febrero de 2022, emitido por la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, disponiendo la notificación en el Hospital Viedma sección emergencias, notificando de manera personal al accionante con el decreto de 25 de enero de igual año; y, v) Al no existir justificativo sobre la inasistencia del nombrado a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio el 11 de febrero de dicho año, y a lo previsto por los art. 87 y 89 -se entiende del CPP- se le declaró rebelde y habiendo cumplido las formalidades procesales se dispuso la colaboración del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del mencionado departamento, con la finalidad de que el accionante comparezca a la referida audiencia de juicio oral, conforme a la notificación de “04 de febrero de 2022”, se estableció que el Juzgado a su cargo no vulneró ninguna garantía, ni mucho menos hubiese ingresado a un procesamiento indebido. Limber Gregorio Claure Sandoval, Fiscal de Materia mediante informe presentado en audiencia manifestó que: a) Los argumentos del accionante no cumplen los requisitos de procedencia de la acción de libertad; y que en el acta de Audiencia de juicio oral y declaratoria de rebeldía de 11 de febrero de 2022, la Declaratoria de rebeldía al nombrado no se efectuó en base al al informe de la Secretaria hoy coaccionada; ya que, existe notificación personal expresa sin que el accionante hubiese justificado su incomparecencia, correspondiendo por ello la aplicación del art. 87 del CPP; b) Contrariamente a lo alegado por el nombrado, la declaratoria de rebeldía no fue solicitada de manera exclusiva por su autoridad, sino que en la referida Audiencia participaron los otros Fiscales de Materia ahora coaccionados, quienes no evidenciaron que el accionante se encontraba hospitalizado. Asimismo, el accionante no reclamó oportunamente un defecto procesal conforme establece al art. 168 del CPP, interponiendo de manera directa la acción de libertad sin agotar las vías ordinarias disponibles; por lo que, no se configura un estado de indefensión absoluta; y, c) Finalmente, se señala que el Ministerio Público no es responsable por el actuar de los defensores de oficio del SEPDEP y que el accionante no identifica de manera concreta la vulneración de derechos, incumpliendo lo establecido por la SC “044/2010” y SCP “1154/2013”, motivo por el que pide se deniegue la tutela solicitada. Eliana Juana Colque Rubín de Celis, Fiscal de Materia mediante informe presentado en audiencia manifestó que: 1) No tuvo conocimiento del “estado” del accionante con relación a los demás procesos; debido a que, el nombrado se encuentra en libertad bajo medidas cautelares personales y que la notificación se entiende de Auto de Apertura Complementario de 29 de noviembre de 2021-, se realizó al accionante y a los demás imputados; por lo que, Raúl Arce Orellana, Fiscal de Materia hoy coaccionado solicitó la aplicación del art. 87 inc. 1 del CPP; y, 2) La SC 0008/2010-R de 6 de abril, sobre la procedencia de la acción de libertad, opera solo en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de agotarse las vías específicas, el art. 88 del citado Código señala que el imputado podrá justificar su impedimento para que se le otorgue un plazo para que comparezca, conforme a esa disposición legal se debe poner en conocimiento la razón de su inasistencia y no recurrir a la vía constitucional; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Richard Cruz Vargas, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado en audiencia manifestó que el decreto de 7 de febrero de 2022, que autorizó la conducción del accionante del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio no fue emitido por su autoridad, y que solo fue autorizado por la Presidenta de ese Tribunal de Sentencia, dicho decreto fue notificado “el mismo día”; por lo que, el accionante pudo formular un recurso de reposición y solicitar se subsane lo cuestionado en la audiencia de consideración de la acción de libertad y al no haberlo hecho, el nombrado con conocimiento de causa provocó se consolide “…el defecto que está aludiendo…” (sic); por lo que, al no haber participado en la emisión del mencionado decreto, pide se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 005/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 95 a 98, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La problemática radica en la declaratoria de rebeldía al accionante en audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 11 de igual mes de 2022, y como consecuencia de esa declaratoria, se emitió el mandamiento de aprehensión contra el nombrado y “otros” en el proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, privación de libertad y extorsión; el nombrado se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento, por otra causa que se tramita en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del referido departamento, y por problemas de salud fue trasladado al Hospital Viedma hecho que alega vulneró su derecho a la libertad, encontrándose indebidamente procesado; ii) Respecto al primer presupuesto del debido proceso “…que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas a la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión…” (sic), dicha declaratoria de rebeldía y mandamiento de aprehensión son los actos que el accionante considera lesivos; ya que, el nombrado por memorial presentado el 24 de enero de dicho año, refirió que se encontraba en el mencionado Hospital; y, iii) En cuanto al siguiente presupuesto referido “debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (sic), el accionante refiere que no cuenta con abogados defensores, hecho que es responsabilidad de la autoridad jurisdiccional asegurar el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, el nombrado por memorial presentado el 24 de enero de 2022, tuvo la oportunidad y posibilidad de proceder conforme a lo previsto por los arts. 88 y 91 del CPP que establece “…la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza…” (sic), ante lo previsto en el citado Código, ante una declaratoria de rebeldía corresponde justificar la incomparecencia con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional verifique lo mencionado y proceda con la revocatoria de las medidas impuestas y también la declaratoria de rebeldía.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. En consecuencia Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 7 de febrero de 2022, emitido por Mónica Patricia Ortuño Escalera, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy accionada-, por el que autorizó la salida de Jhasmani Ramiro Torrico Leclere -ahora accionante- del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, a efectos de que sea conducido a dependencias del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital de ese departamento, para que participe de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, con escolta y seguridad, bajo responsabilidad funcionaria; asimismo, se tiene la notificación con dicho decreto efectuado en la misma fecha al accionante (fs. 72 a 73 vta.). II.2. Por Acta de Audiencia Pública de Juicio Oral y Declaratoria de Rebeldía de 11 de febrero de 2022, y por Auto de igual fecha, Mabel Leonor Gutiérrez Vallejos, Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy coaccionada- declaró la rebeldía del accionante debido a que no presentó justificativo alguna para la incomparecencia a dicha audiencia en merito a ello se dispuso se libre mandamiento de aprehensión (fs. 18 a 20 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la defensa, y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora coaccionada en audiencia de juicio oral público y contradictorio de 11 de febrero de 2022, declaró su rebeldía y a consecuencia de ello, emitió mandamiento de aprehensión contra su persona, a pesar que de manera documentada justificó su inasistencia a ese acto procesal por motivos de salud; ya que, se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, y el día que se celebró dicha audiencia, se encontraba internado en el Hospital Viedma, estando indebidamente procesado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en la declaratoria de rebeldía; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0267/2018-S2 de 25 de junio, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
(…) Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.2.2, precisa dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal, de acuerdo al art. 91 del CPP, siendo estas: i) La voluntaria, antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, ii) En ejecución del mandamiento de aprehensión. Sobre la primera forma, deja claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, la declaratoria de rebeldía no tendría ninguna razón de persistir; por lo que, debe dejársela sin efecto, así como el mandamiento de aprehensión dispuesto; al haberse cumplido el objetivo del mismo, cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente, caso contrario, se estaría frente a una persecución ilegal. (…) La misma Sentencia Constitucional Plurinacional, aclara que, diferente es la situación de aquella o aquel imputado que a pesar de haber activado el procedimiento que le otorga la ley, apersonándose ante la autoridad judicial a objeto de justificar su incomparecencia y dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando sus derechos y garantías; supuesto en el cual, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, buscando que se reestablezcan los derechos presuntamente lesionados, al no existir medio procesal o norma para el efecto. Conforme a lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde; justificando en su caso, la ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas; aclarando que incluso, a pesar de haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente acudir ante el juez o tribunal, para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión; es decir, cuando estas medidas persistan, a pesar de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, a la defensa, y al debido proceso; puesto que, la Jueza ahora coaccionada en audiencia de juicio oral público y contradictorio 11 de febrero de 2022, declaró su rebeldía y a consecuencia de ello, emitió mandamiento de aprehensión contra su persona, a pesar que de manera documentada justificó su inasistencia a ese acto procesal por motivos de salud; ya que, se encontraba con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, y el día que se celebró dicha audiencia, se encontraba internado en el Hospital Viedma, estando indebidamente procesado. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte por decreto de 7 de febrero de 2022, emitido por la Jueza Técnica hoy accionada, que autorizó la salida del accionante del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, a efectos de su conducción a dependencias del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital de ese departamento, para que participe de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, con escolta y seguridad, bajo responsabilidad funcionaria; asimismo, se tiene notificación con dicho decreto al nombrado (Conclusión II.1.); luego de la mencionada audiencia de 11 de ese mes y año, en la cual por Auto de igual fecha, la Jueza ahora coaccionada emitió el Auto declarando la rebeldía del accionante debido a que no presentó justificativo para la incomparecencia ante dicha audiencia y dispuso se libre mandamiento de aprehensión contra el nombrado (Conclusión II.2.). Precisados los antecedentes y delimitado el objeto procesal de la presente acción de libertad, conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, existe la posibilidad de que el rebelde con la finalidad de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesto en su contra, así como las medidas impuestas para lograr su comparecencia -como el mandamiento de aprehensión- acuda previamente y de manera voluntaria ante la autoridad judicial, compareciendo al proceso penal, a efectos de que se restablezca cualquier amenaza o vulneración del derecho a la libertad; justificando en su caso, los motivos de su ausencia al actuado judicial convocado, siendo esa comparecencia el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión; ya que, agotada esa vía de apersonamiento, recién será viable recurrir a la acción de libertad.
En ese sentido, en el caso en análisis, del petitorio expuesto en la presente acción de libertad se tiene que el accionante pretende que se “anule” el Auto de 11 de febrero de 2022, que dispuso declaratoria de rebeldía, ordenó se libre el mandamiento de aprehensión en su contra, al considerar que justificó su inasistencia a la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de igual fecha, presentando memorial de 24 de enero de ese año, en el cual mencionó que se encontraba internado en el Hospital Viedma por motivos de salud, y no fue considerado por la Jueza ahora coaccionada, quien emitió la resolución de rebeldía; sin embargo, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional correspondía al accionante previamente a interponer la acción de libertad, justificar la incomparecencia y no interponer directamente la citada acción de libertad, lo que evidencia que no agotó el principio de subsidiariedad, para declarar un estado de indefensión absoluta; ya que, existen medios legales para subsanar las actuaciones referidas por el nombrado.
Al respecto el art. 91 del CPP sobre la comparecencia establece que: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia (…) Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada…”; por lo que, resulta aplicable el principio de subsidiaridad excepcional en la acción de libertad; por lo tanto, no se evidencia la vulneración del derecho a la libertad, a la defensa y al debido proceso del accionante; ya que, en virtud a ese análisis corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación a las demás autoridades ahora accionadas: Mónica Patricia Ortuño Escalera, Salomé Guzmán Terán; y, Richard Cruz Vargas; Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo; Anabel Ríos Sánchez, Secretaria; del Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital todos del departamento de Cochabamba; y, Eliana Juana Colque Rubín de Celis; Limber Gregorio Claure Sandoval; y, Raúl Arce Orellana; Fiscales de Materia, se debe tener en cuenta el petitorio descrito en la presente acción de libertad, en la cual el accionante no pretende solicitud alguna contra los nombrados; por ende, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, debiendo denegarse la tutela contra ellos. Ahora bien, respecto a la solicitud de designación de abogado defensor de oficio, debido a no contar con defensa técnica, los abogados del SEPDEP, fueron debidamente notificados con su designación, para que asuman defensa eficaz y eficiente, mismos que renunciaron al patrocinio del accionante por el trato que les brindaba; sin embargo, se debe tomar en cuenta que la acción de libertad, conforme al art. 125 de la CPE y la extensa jurisprudencia constitucional, se activa cuando esta jurisdicción advierte la vulneración de los derechos a la vida y a la libertad física o de locomoción, derechos únicos que se encuentran en el ámbito de su tutela, sea como emergencia de una ilegal persecución, un indebido procesamiento o ante una privación arbitraria de la libertad; empero, dicha labor se inhibe cuando de la situación fáctica no se evidencia de manera objetiva la existencia de actos u omisiones que vulneren o amenacen restringir los mencionados derechos, razón por la que es posible concluir que no se vulneró el derecho a la defensa técnica, más aun cuando el accionante contaba con el asesoramiento de Lilian Nogales Rocha como abogada; ya que, la misma siempre interviene en los actuados, asumiendo la defensa del nombrado, así también lo reafirmó la abogada en la audiencia de consideración de la acción de libertad; por lo que, el accionante estuvo debidamente asistido y tuvo defensa técnica, participando activamente en el proceso penal; por lo que, corresponde ratificar la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 005/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 95 a 98, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0046_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): d7927e15394521f31a7a9b1a924f9b8f62b96652ea3a76cd780f16fb611310ee
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