B.IA.LEGAL

SCP 0046/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de marzo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
46244-2022-93-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia; y, tutela judicial efectiva; alegando que al momento de determinar su detención preventiva, tanto en el fallo de primera instancia como en el Auto de Vista de 32/2021 de 29 de diciembre, las autoridades ahora demandadas incurrieron en: a) Valoración arbitraria de la prueba, ya que se estableció como concurrente el art. 233.1 del CPP, sin que existan elementos probatorios que sustenten dicha decisión, pues el único dato indiciario a criterio de la demandada, fue basado en las presuntas contradicciones existentes en sus declaraciones como testigo e imputada, sobre las cuales no podía ser sostenida, ya que la declaración constituiría una prerrogativa del imputado que no podría usarse en su contra, además un acto investigativo; y, b) No identificaron cuál el comportamiento que entorpecerá la averiguación del proceso e incidirá en la influencia negativa sobre los partícipes, víctimas, testigos y peritos, a fin de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 54 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Johnny German Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, por incumplir la obligación de remitir las piezas pertinentes ante esta instancia constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.
  2. III.2.Análisis en el caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2024-S4 Sucre, 14 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46244-2022-93-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 03/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 54 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diovana Mamani Condori contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Santiago Rebollo Huaylla, Juez Civil y Comercial Segundo de Uyuni del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 37 a 40 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Norma Ocampo Ancasi y otros en contra del autor o autores, por la presunta comisión del delito de asesinato, fue ampliada la investigación en su contra y otro, por el aludido ilícito en grado de complicidad y encubrimiento, el 12 de noviembre de 2021, habiéndose dispuesto su detención preventiva a través de Auto Interlocutorio de 26 de noviembre del mismo año, sin establecerse de forma objetiva en qué elementos de convicción fue sustentada la probabilidad de autoría y la constitución del presupuesto material. Añadió que, el único criterio que fundó su probable participación, se originó en sus dos declaraciones, la primera en calidad de testigo luego del hecho, y la segunda en calidad de imputada, ya que los demás elementos solo acreditaron que se encontraba el día del hecho con la víctima, también secuestrada por una turba de personas entre las Comunidades de Rosario y Cerro Gordo, además de la relación sentimental que tenía con el mismo, sin que se haya aportado ningún otro elemento que acredite su supuesta complicidad. Asimismo, señaló que existe omisión por parte del Juez a quo y la autoridad ahora demandada, pues no determinaron cuales fueron los elementos de convicción que sustentan su participación, ya que no existe ni siquiera la identificación de qué elementos fueron aportados por la parte acusadora, que permitan someter de manera razonada que sea la probable responsable del ilícito que se le atribuye, ya que de la revisión del Auto de Vista emitido en instancia de alzada por la Vocal ahora demandada, se evidencia falta de motivación, al fundar la misma en la existencia de criterios de peligrosidad, gravedad y lesa humanidad de delito de asesinato, haciendo mención a la SCP 394/2018 “criterios prohibidos de peligrosidad que no se puede aplicar o persistir una detención preventiva que no es aplicable al caso presente, así como el hecho que horas antes mi persona se encontraba en el interior del vehículo (radio patrullas) conjuntamente la víctima (+) en manejo de armas de fuego y hubiera procedido a dar dos disparos situación lejos de la realidad a decir originada de una Información imprecisa que le lleve a la construcción de este riesgo, por cuanto quien se encontraba en poder de un arma de fuego por su condición de funcionario policial fue la propia víctima y quien disparo fue este mismo, ello cuando la información o elemento relacionado a este hecho que tiene las autoridades accionadas, existe en la misma imprecisión desprendiéndose de todo ello la falta de fundamentación, motivación, no existiendo lógica en la decisión que debe contener toda resolución, asimismo la congruencia en cuanto a los datos o elementos que proporcionen por las partes y ello con relación a la construcción del riesgo – aspecto vinculado con la libertad de la procesada” (sic). El art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) relacionado al art. 233.2 del mismo cuerpo legal, fue fundado bajo la perspectiva que estando en libertad influiría los testigos Franco Esquivel y demás implicados, utilizándose nuevamente su declaración informativa con relación a Richard Cruz Loza, ante las supuestas contradicciones, pues no se identifica en el Auto de Vista ni en la resolución de primera instancia cuál el comportamiento directo que entorpezca la averiguación del proceso y ello indique la influencia negativa sobre los partícipes, víctimas, testigos y peritos, a fin de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, cuando a “ESTOS DOS CIUDADANOS YA SE LES TOMO SU ENTREVISTA EN CALIDAD DE TESTIGOS Y POSTERIOR COMO IMPUTADOS la inexistencia de información precisa y circunstanciada que fuere aportada y de razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad, este fundamento dentro de la determinación de la autoridad accionada y consiguientemente del A quo es demasiado general y no como la norma lo exige a través de una información precisa y circunstanciada, esto ligado a lo que la norma indica en el art. 235, por peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permite sostener fundamentalmente de que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad (…), así la SC 0782/2005-R de 13 de julio que determina: la existencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de los mismos y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté excepto de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” (sic).

I.1.2. Derechos y supuestamente vulnerados

La accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia; y, tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 23, 114, 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2021, disponiendo que la autoridad demandada pronuncie nueva resolución respetando sus derechos y garantías constitucionales, con las formalidades de ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia el 25 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 53 vta., presentes la parte accionante y la autoridad demandada, ausente el Juez codemandado se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionaria de tutela –a través de su abogado– ratificó los fundamentos de la acción de libertad, y ampliándola señaló que: a) Existió una arbitraria valoración de la prueba, pues la Vocal ahora demandada ingresó a compulsar su declaración informativa para establecer el primer elemento del art. 233 del CPP; es decir, la probabilidad de autoría y existencia del hecho, sin que concurran indicios que acrediten su participación conforme el art. 144 de la CPE y 93 del adjetivo penal, ya que el derecho de declarar es una prerrogativa que posee el imputado, de introducir al proceso información que considere adecuada, conforme la premisa que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, pudiendo hacerlo cuantas veces sea permitido normativamente, constituyendo éste además un acto investigativo, circunstancia que como ya fue referida, para establecer el art. “234.1” del CPP, tomando en cuenta las contradicciones de su declaración, con relación a la entrevista testifical de primera instancia, lo que motivó la vigencia del art. 233 del adjetivo penal, en relación a la probabilidad de autoría y la existencia del hecho; y, b) El Auto de Vista cuestionado carece de fundamentación y motivación, “toda vez que se ha omitido esta especificidad este caso que la misma norma exige la determinación que vaya relacionada a una medida cautelar al no establecer de manera objetiva que elementos de convicción sustentan la probabilidad de autoría y la construcción del presupuesto material, tomando en cuenta señor juez que el único dato indiciario a criterio de los accionados se funda en la probabilidad de fundamentación en la declaración primigenia ella en la declaración informativa que realiza la accionante y la declaración o entrevista que realiza en este caso que se ha realizado dentro del mismo proceso” (sic), habiendo el Ministerio Público solamente acreditado que su persona se encontraba el día del hecho con Vladimir Ocampo Ancasi –víctima– con quién mantenía una relación sentimental, sin existir ningún otro indicio para establecer la complicidad, por lo que al no encontrarse debidamente motivado el fallo de alzada y el primigenio, que dispuso su detención preventiva, solicitaron se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista de 29 de diciembre de 2021, debiendo en un plazo razonable emitirse nuevo fallo “velando en este caso los agravios y de la cual también nos vamos a ratificar de manera íntegra” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia manifestó que: 1) Como punto de agravio la ahora solicitante de tutela, denunció “que faltaban estos elementos objetivos el requisito sustancial al momento de determinar la complicidad ese ha sido su fundamento y así se ha resuelto y en la resolución ya de contexto ha determinado no solo un indicio y se debe entender indicio a aquello que apunta a algo, de la doctrina ya expresada en el grado de complicidad se tiene digno Juez que en la declaración de la señora Diovana no puede ser un elemento único a efectos de tomar como la probabilidad en grado de autoría son que ésta ha sido contrastada con la declaración del otro testigo recordemos de antecedentes que el momento del hecho minutos y antes de hecho la señora Diovana se encontraba con la víctima con el señor Ocampo, con un funcionario policial o con otro amigo que era ex funcionario policial estas personas han estado antes de que estas personas se hayan quedado solo la señora Diovana y el señor Ocampo este otro funcionario se habría bajado minutos antes a efectos de ir a pie o caminando porque ya había advertido que habían algunas personas que habían algunas autoridades en el centro del lugar esa declaración que ha sido tomada no solo como imputada sino una declaración en calidad de testigo y posteriormente como imputada ese indicio de declaración no podía ser usada como único elemento para tomar en cuenta que ella sea i se mire su conducta como la complicidad si no y así refleja la resolución se refiere a que esta declaración y este indicio de declaración de testigo e imputada era contradictorio eran elementos muy puntuales referente incluso de donde se encontraba, pero esa declaración ha sido contrastada como declaración pero es más digno Juez para mi el requisito sustancial en el art. 233 tenemos que tomar en cuenta esta probabilidad la señora Diovana se encontraba en el lugar del hecho donde habría fallecido el señor Ocampo la señora supuestamente fue la que ultimo hubiera ingresado pero es más lo que la señora Diovana no había dado a conocer el fallecimiento inmediato del señor Ocampo si usted revisa los antecedentes de la imputación, se entiende que habían pasado más de 4 a 6 horas para que se haga conocer que el señor Ocampo habría fallecido esos elementos no han sido descritos solo de una declaración sino han sido contrastadas con declaraciones de otros CO-IMPUTADOS otros testigos que han sido citados y que han mencionado donde se encontraba ella en el momento de ese fallecimiento esa contrastación entre las declaraciones de testigo de otros funcionarios testigos que han estado en ese lugar del hecho” (sic), lo que denota que existe un razonamiento claro de la autoría respecto a la complicidad en la participación del hecho, aspecto que fue aclarado en el Auto de Vista confutado, pues conforme puede evidenciarse se tomaron en cuenta tres momentos, antes de la muerte y posteriormente de manera muy confusa se hubiera dado a conocer dicho fallecimiento y el tiempo transcurrido, elementos que fueron tomados en cuenta para determinar el requisito sustancial de riesgos procesales mencionado en audiencia de apelación; 2) En cuanto al numeral 7 –se asume del art. 234 del CPP– y “el numeral del 235” (sic), se denunció la falta de fundamentación; sin embargo, queda claro que en esencia las medidas cautelares si bien fueron modificadas debe entenderse cuál el objeto de los “221 y 221 responde justamente a una probabilidad que en su esencia determina con ciertas circunstancias puedan hacer entender que este riesgo está latente es así en lo que refiere al numeral el art. 234 si bien no ha sido mencionado pero la acción de libertad señala que sería una falta de fundamentación y motivación más allá no se ha escuchado tampoco se ha podido advertir que la acción que nos hayan plasmado que elementos se tenían que no han sido valorados para determinar qué riesgo no estaba latente nos han referido solamente hasta la falta de fundamentación, incluso el peligro para la sociedad no estaba latente pero ya en lo que se refiere para la víctima se ha determinado que incluso la cronología de actitud exhante y exhoste referente a cual sería este defecto se tendría este para la victima si bien a la fecha hay un fallecido. Pero se entiende que esta victima está considerada bajo el procedimiento penal también por los familiares y otras personas entiendo y así entiende la resolución que se ha plasmado que se ha aclarado de forma puntual” (sic); y, 3) Richard Cruz primero declara una cosa y posteriormente otra, lo que hace ver “que estos riesgos nos señala en el fin del 221 y en el complemento de las medidas cautelares estaría vigente por que se ha identificado no solo testigos sino también participes de los cual la señora Diovana tuvo contacto así establecen los informes remitidos en alzada” (sic), evidenciándose que el fallo cuestionado cumplió con los márgenes de fundamentación, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Santiago Rebollo Huaylla, Juez Civil y Comercial Segundo de Uyuni del mismo departamento, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 45.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 54 a 62 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista confutado contiene la suficiente fundamentación, ya que si bien es escueta pero es clara en cuanto a cada punto apelado, motivando punto por punto las razones por las que se mantuvo su detención, ya que para ello no es necesario que las resoluciones sean ampulosas, sino claras y concisas; ii) Con relación a los testigos, debía tomarse en cuenta la SCP 0375/2018-S2, “en la cual establece precisamente sobre los testigos, pese a que los mismos ya declararon, extremo que tiene asidero legal, por cuanto de los hechos acusados, se tendría otras personas y/o participes a quienes faltaría tomas sus declaraciones para llegar a la verdad histórica de los hechos” (sic), aspectos que primaron para que la autoridad ahora demandada mantenga vigente el art. 235.2 del CPP, más aun considerando que de acuerdo al contenido de la acción de libertad, la ahora solicitante de tutela sería una de las personas que estuvo antes, en el momento y después de los hechos luctuosos investigados; y, iii) Se estableció de manera fundada cuáles los riesgos que se encontraban latentes, y por qué razones, lo que denota que no existe vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, tampoco se evidencia que se hubiera restringido su libertad de forma arbitraria “cuando en los hechos, la misma defensa ha consentido actos, de los cuales ahora se pretende que se corrija, cuando la misma ha dejado precluir ese derecho que tenía a momento de las medidas cautelares, sobre alguna vulneración de supuestos derechos y garantías conculcados en la imputación, siendo ese el momento en la cual estaban en la obligación de pronunciarse respecto a la imputación, a efectos de que el Juez Cautelar tome convicción de los mismos, y ante la apelación incidental la Sra. Vocal de igual manera haga un examen somero si verdaderamente se conculcaron dichos derechos, aspecto que no se advierte en el Auto de Vista objeto de la presente Acción de Libertad” (sic).

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 29 de junio de 2023 (fs. 73), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo con la finalidad de obtener documentación complementaria; en consecuencia, al haberse recibido la información solicitada, se ordenó la reanudación del mismo, mediante Decreto Constitucional de 23 de febrero de 2024 (fs. 103); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Auto de Vista 32/2021 de 29 de diciembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –compuesto por la autoridad ahora demandada–, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación planteado por Diovana Mamani Condori –hoy impetrante de tutela–, en lo concerniente a la falta de fundamentación en la resolución y en cuanto a los riesgos procesales mantuvo vigentes los numerales 1, 2 y 7 –sólo para la víctima– del art. 234 del CPP; y, el numeral 2 del art. 235, quedando enervados el numeral 4 y 7 –peligro para la sociedad– del art. 234 y numeral 1 del art. 235 del mismo cuerpo legal, y al existir el requisito sustancial y procesal mantuvo su detención preventiva (fs. 92 a 97).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento fundamentación, motivación y congruencia; y, tutela judicial efectiva; alegando que al momento de determinar su detención preventiva, tanto en el fallo de primera instancia como en el Auto de Vista de 32/2021 de 29 de diciembre, las autoridades ahora demandadas incurrieron en: a) Valoración arbitraria de la prueba, ya que se estableció como concurrente el art. 233.1 del CPP, sin que existan elementos probatorios que sustenten dicha decisión, pues el único dato indiciario a criterio de la demandada, fue basado en las presuntas contradicciones existentes en sus declaraciones como testigo e imputada, sobre las cuales no podía ser sostenida, ya que la declaración constituiría una prerrogativa del imputado que no podría usarse en su contra, además un acto investigativo; y, b) No identificaron cuál el comportamiento que entorpecerá la averiguación del proceso e incidirá en la influencia negativa sobre los partícipes, víctimas, testigos y peritos, a fin de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada

Respecto a la subsidiaridad, la SCP 0779/2020-S4 de 1 de diciembre estableció que: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías” (el resaltado fue añadido). Asimismo, la SCP 1734/2011-R de 7 de noviembre precisó que: “La Constitución Política del Estado garantiza en el art. 180.II, el derecho de impugnación contra las resoluciones judiciales que a criterio del afectado ocasionen agravio a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En materia procesal penal y específicamente para el caso de medidas cautelares el art. 251 del CPP prevé la apelación como un medio de impugnación para que las partes del proceso que consideraren que la decisión del órgano jurisdiccional les ocasiona algún agravio puedan recurrir ante el superior jerárquico a efectos que se reparen los actos ilegales u omisiones indebidas en que incurrió el juez o tribunal de instancia. (…)

El medio idóneo, eficiente y oportuno para impugnar la resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, establecido en el art. 251 del CPP, advierte que contra esa determinación procederá el recurso de apelación incidental para que el Tribunal superior en grado repare las lesiones denunciadas. En concordancia con este precepto, el art. 403 inc.3) del mismo cuerpo legal, establece que el recurso de apelación incidental, procederá contra las resoluciones que resuelvan las medidas cautelares. Bajo ese razonamiento y guardando la armonía que debe existir entre el marco legal y la jurisprudencia constitucional, esta jurisdicción, vía acción de libertad, está impedida de pronunciarse en el fondo del problema jurídico planteado, de advertirse la existencia de medios de impugnación idóneos en la jurisdicción ordinaria que cumplan la misma finalidad y resulten ser inmediatos para el restablecimiento del derecho conculcado” (las negrillas son nuestras).

III.2.Análisis en el caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente acción tutelar, cuestionando aspectos relacionados con el accionar tanto del Juez de primera instancia como del Tribunal de alzada, contra quienes activa la presente acción tutelar; no obstante, resulta menester aclarar que de acuerdo a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, esta jurisdicción debe sujetar su análisis en torno al último fallo emitido en instancia ordinaria, en razón a que, la misma tuvo la posibilidad de corregir, enmendar o subsanar las presuntas vulneraciones en las que incurrieron las autoridades inferiores; entendido bajo el cual, corresponde denegar la tutela impetrada, con relación a Santiago Revollo Huaylla, Juez Civil Comercial Segundo de Uyuni del departamento de Potosí, con la aclaración que no se ingresó al fondo de las denuncias deducidas en su contra.

Bajo esa necesaria puntualización, y considerando el contexto en el que confluyen las problemáticas identificadas precedentemente, corresponde ilustrar los fundamentos en los que fue sostenido el Auto de Vista cuestionado, a objeto de verificar si lo que fue denunciado a través de esta instancia constitucional, resulta ser o no evidente; por lo que remitidos al fallo en cuestión se tiene que la Vocal ahora demandada, en el acápite intitulado “CONSIDERACIONES DE LA SALA” plasmó la expresión de agravios identificada por la parte apelante hoy impetrante de tutela, los cuales versaron en: 1) “La parte imputada hoy recurrente ha señalado que existen agravios como la falta de fundamentación en la resolución, falta de fundamentación jurídica y mala interpretación de la norma y ha desglosado eso en razón a que el requisito sustancial no se habría acreditado porque no hay un análisis de los indicios que habría presentado el ministerio público que si existe levantamiento de cadáver, una autopsia, pero de ninguno de estos actos que se habrían realizado demuestran la participación de la señora Diovana Mamani Condori es más ella es la que había sido también víctima porque habría estado 5 horas en calidad de secuestro y que el ministerio público no habría establecido para determinar que habría complicidad es la promesa que se exige como parte del art. 23 del CP y lo mencionado que esta complicidad que tampoco estaría latente” (sic); 2) En lo que respecta al numeral 1 del art. 234 del CPP, su declaración resultaba coincidente con la imputación formal, por lo que el domicilio que observó la juzgadora se encontraría acreditado “hace mención que el núm. 4 del art. 234 la SSCC 1147/2006 es clara y debe ser interpretada en su magnitud a efectos de considerar si esta u está vigente o no este riesgo procesal” (sic); 3) En los riesgos de obstaculización (numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP), señaló que lo relatado por la Jueza a quo concierne a la ausencia del arma de fuego no era evidente, ya que existiría un acta de secuestro, encontrándose ésta en cadena de custodia, así como los casquillos y la bala usada; 4) En cuanto al numeral 2 del art. 235 del citado cuerpo legal, más allá de señalar jurisprudencia, cuestiona que los testigos a quienes se influirá no fueron individualizados de manera correcta “para decir quienes faltarían”, por lo que al haberse desvirtuado el requisito sustancial correspondería la aplicación de la detención domiciliaria y otras que se vean convenientes; y, 5) “También una causal de reclamo y de agravio es el cumplimiento de esta medida de la detención preventiva que se ha establecido en la ciudad de Tupiza aspecto que señala no está conforme al art. 237 del CPP, también dice que si continúa la detención la misma pueda ser trasladada al centro penitenciario de la ciudad de Uyuni” (sic).

En torno a los cuales el fallo cuestionado precisó que: i) Respecto a los móviles por los cuales se entendió que la hoy impetrante de tutela podría ser cómplice en el asesinato o pérdida de vida de Vladimir Ocampo, hizo cita a la prueba presentada por el Ministerio Público, aclarando que la misma no fue objetada–, identificando al Informe de Moisés Chambi, Sargento –no específica detalles de dónde se habría insertado el nombre de Richard Cruz y la hoy accionante, quienes se habrían encontrado antes del hecho con la víctima; así como otro Informe elaborado por Elías Borja, con la misma condición de Sargento, donde se identifica como persona sospechosa que estuvo horas antes con la víctima a la ahora solicitante de tutela; levantamiento del cadáver y entre los elementos esenciales el arma de fuego se encontró a una distancia de más o menos cinco metros de donde se encontraba la imputada, encontrándose asimismo el cargador del arma de fuego “se habría encontrado un cordón que se encontraba atada y según el Ministerio Público la única persona que se quedó ahí era la ahora imputada, hay informes de testigos, la autopsia, también se ha secuestrado algunos elementos como una mochila de color azul con ropa de mujer características del dormitorio de la víctima, dos flash y básicamente son los elementos que habrían sido presentados por el ministerio público cuyos habrían sido declarados como testigos y posteriormente como imputados, Elementos en torno a los cuales la Jueza determino la existencia de indicios de participación; sin embargo, precisó que si bien de acuerdo al art. 124 del CPP, la imputación formal contiene parámetros enmarcados en el art. 302 del mismo cuerpo legal, también exige que el Ministerio Público demuestre ese nexo de causalidad respecto a los elementos indiciarios que determinan que la hoy solicitante de tutela es participe en grado de complicidad en el hecho, y si bien éstos no fueron identificados o individualizados, existen elementos en torno a las contradicciones sobre los cuales el Ministerio Público sienta convicción que existe participación activa de la imputada, teniéndose además la declaración de Nicomedes Bautista que refirió que: “el día que habría ocurrido los hechos se encontraba a horas 19:20 en la localidad de Mejillones, donde habría ocurrido un incidente con un vehículo acompañado de una mujer de civil, había dos policías y una mujer de civil el comunario paso normal pero la comuna no paro y el policía le disparó es decir que dentro de la investigación esta arma de fuego ya habría sido usada antes del hecho” (sic), la declaración de “Esquivel” señala que: “que después de largo tiempo se escuchó un disparo y bajaron de su vehículo y había gente que estaba alrededor y estaba hablando” (sic), declaración de Hugo Francisco Salvatierra, precisa que: “… después le preguntaron al policía y a la mujer que estaban con ellos, el policía habría indicado que esta con la mujer con mucha insistencia la mujer dijo que el otro policía era un civil vestido de policía de ahí hubo un alboroto la gente le presiono preguntando al policía que quien era esa persona pero no quiso dar el nombre las personas le seguían preguntando y el policía dijo me voya matar después de unos instantes se escuchó un disparo de esa manera todos salimos asustados por ese lugar” (sic), la ahora impetrante de tutela en su declaración testifical, manifestó que: “…Posteriormente me agarraron donde estaban haciendo fogata el señor Vladimir estaba en la patrulla y me decían que yo salía y si les decía a ellos me iban a soltar y al final les dije quién era esa persona dándoles sus apellido porque no sabía su nombre en ese momento fueron a preguntar a Vladimir Ocampo para preguntar quién era realmente esa persona y me estaban alumbrando y me dijo que no nos soltaría hasta que le digamos quien era esa otra persona, y luego de hablar una media hora escuche hablar a Vladimir gritando me voya matar me voya matar, no escuche bien si decía me voya matar o me van a matar porque está en el otro lado y escuche su voz y ese rato reaccione eso yo vi que se estaba jaloneándose con una persona y escuche un disparo luego ellos se alejaron de él y todos se alejaron yo corrí a la patrulla y lo vi que estaba muerto sentado con la cabeza inclinada, no vi sangre porque estaba todo oscuro, en eso yo reclamé que es lo que hicieron, los señores igual le reclamaban dijeron que él se habría matado, yo vi que le jaloneaba y que siempre molestaba con el corregidos de San Cristóbal era una persona mayor pese que me he arrodillado agarre un señor y le dije q me acompañe y vinimos juntos a agarrar algún auto hasta otra camioneta me pidieron la ubicación ya era casi la una de la madrugada yo estaba en la casa donde me dejó el señor” (sic), aspecto que hasta ese momento concordaba con algunas declaraciones de testigos cuyas versiones llegaban a ser relativamente uniformes, como la declaración de Santos Cruz que señaló que: “el señor Vladimir Ocampo se encontraba con su arma diciendo voya matarme”; sin embargo, llamó la atención a la juzgadora que la declaración de la imputada al referirse al hecho concreto, cuando señaló: “yo estaba en la patrulla como unos seis pasos lado derecho del vehículo habrían dentro del vehículo estaban junto a la parte trasera no había nadie al lado derecho de la puerta había dos personas eran personas altas luego escuché el disparo llorando les pedía ayudar” (sic), declaración que si bien no puede ser usada en su contra; no obstante, provoca duda sobre su verdad generando sospecha por las contradicciones existentes, siendo lo que se persigue la averiguación de la verdad, por cuanto al señalar inicialmente que se encontraba lejos y no pudo ver nada, y en la segunda versión refirió que se encontraba a unos seis pasos de la patrulla, indicios sobre los cuales se estableció la participación de la misma, por lo que el Ministerio Público de manera indiciaria la imputó por complicidad, pues los indicios establecieron que la ahora solicitante de tutela se encontraba en el lugar y el momento del hecho donde murió un policía, en cuyo contexto también la parte civil, Ministerio Público y la resolución de primera instancia señala como otro elemento indiciario el no haberse denunciado el hecho, existiendo por otra parte también un informe que indicaba que mantenía una relación sentimental con la víctima, situaciones que no habrían sido desvirtuadas, por lo que constituían indicios conforme el art. 302 del CPP, siendo en la investigación donde seguramente se determinará el grado de participación de la imputada; ii) En cuanto a la riesgo procesal contenido en el numeral 4 del art. 234 del CPP, precisó que el juez a quo determinó su concurrencia en el comportamiento de la imputada; no obstante, no existía prueba dentro del móvil que generó el Ministerio Público para acreditar el mismo, por lo que quedó enervado; iii) Respecto al numeral 7 de la citada norma, el fundamento de la autoridad de primera instancia radicó en que la misma sería un peligro para las víctimas como para la sociedad, ya que a criterio del Ministerio Público se habría realizado delitos en un lugar despoblado, donde se refirió habían de 20 a 25 personas, posteriormente señalaron que eran de 60 a 70, siendo ese el sustento razonado por dicha autoridad, por el cual determinó su concurrencia; no obstante, la autoridad ahora demandada razonó que la no presentación del Certificado REJAP no es un elemento suficiente para acreditar que existe un riesgo efectivo para la sociedad; por otro lado, identificó y fundamentó el comportamiento de la hoy imputada con relación al arma de fuego, haciendo referencia a las declaraciones testificales, donde se advirtieron contradicciones, por lo que determinó que existiría peligro para la parte víctima y civil; iv) Con relación al numeral 1 del art. 235 del adjetivo penal, estableció que el arma de fuego que se extrañaba para el objeto de la investigación que permitiría se llegue a la verdad histórica de los hechos, ya se encontraba secuestrada, mérito por el cual determinó su inconcurrencia; y, v) Finalmente, en torno al numeral 2 del art. 235 del CPP, el sustento del a quo se fundó en: “que se comporte de manera reticente, que estando en libertad pueda influenciar en el Sr. Franco Esquiber, y demás implicados o testigos que estuvieron presentes en el hecho ocurridos” (sic), en cuyo contexto señaló que en el dosier cursaría la declaración de la hoy accionante en calidad de testigo, y posterior como imputada, “se entiende que la declaración del Sr. Richard Cruz en primera instancias tiene cierta coincidencia pero no con la declaración de imputada, esta posible de influencia en participes es posible por la contradicción que existe en las declaraciones de la imputada porque las declaraciones del Sra. Diovana Mamani con las declaración del Sr. Cruz no son coherentes del todo, entiendo la suscrita que con ese fundamento del núm. 2 del art. 235 está latente” (sic); argumentos en base a los cuales declaró parcialmente procedente el recurso de apelación planteado por la hoy impetrante de tutela, en lo concerniente a la falta de fundamentación en la resolución y en cuanto a los riesgos procesales mantuvo vigente los numerales 1, 2 y 7 – sólo para la víctima– del art. 234 del CPP; y, el numeral 2 del art. 235, quedando enervados el numeral 4 y 7 –peligro para la sociedad– del art. 234 y numeral 1 del art. 235 del mismo cuerpo legal, y al existir el requisito sustancial y procesal mantuvo su detención preventiva.

En la vía de complementación y enmienda la defensa de la ahora accionante, solicitó se aclare cómo Richard Cruz podría influenciar si ya declaró como testigo e imputado; máximo, si ya existe una imputación, obteniendo como respuesta que justamente entre los partícipes activos se encontraba el prenombrado, de cuyas declaraciones se advirtió la inconsistencia con la declaración de la ahora impetrante de tutela “lo que infiere que hay una posible comunión, máxime si está siendo investigado, por lo que se entiende que también asumirá defensa dentro del proceso, esto infiere en el accionar de aquí en adelante toda vez que el Sr. Richard Cruz ha estado en el lugar de los hechos y existe una ampliación de investigación en su contra” (sic).

De la contrastación efectuada, se tiene en cuanto al primer problema traducido en una presunta valoración arbitraria de la prueba, ya que se estableció como concurrente el art. 233.1 del CPP, sin que existan elementos probatorios que sustenten dicha decisión, pues el único dato indiciario a criterio de la demandada, fue basado en las presuntas contradicciones existentes en sus declaraciones como testigo e imputada, sobre las cuales no podía ser sostenida ya que la declaración constituiría una prerrogativa del imputado que no podría usarse en su contra, además un acto investigativo; al respecto, remitidos a los agravios glosados precedentemente, cabe resaltar que la problemática traída a materia a través de esta instancia constitucional, diverge con la reclamación efectuada en instancia de alzada, donde se alegó una presunta falta de fundamentación jurídica y mala interpretación de la norma, ya que el requisito sustancial de la probabilidad de autoría, no se habría acreditado, pues no existiría ningún análisis de los indicios presentados por el ministerio público; toda vez, que el levantamiento del cadáver y autopsia, no demostrarían su participación y complicidad; impidiendo con ello que esta jurisdicción ingrese al control tutelar de lo denunciado, pues la autoridad ahora demandada no tuvo la oportunidad de pronunciase en torno a los cuestionamientos traídos a materia a través de esta acción de defensa, pretendiendo equivocadamente que se actúe como una instancia más del proceso, cuando de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales cuando éstos fueron reclamados oportunamente en los recursos pertinentes, dada la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, lo cual conforme lo analizado precedentemente no ocurrió en el presente caso, tornando por ello pertinente la denegatoria de la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Similar defecto procedimental acontece con la segunda problemática, pues la denuncia traída a materia ante esta instancia constitucional relacionada con el riesgo procesal contenido en el numeral 2 del art. 235 del CPP, radicaría en que la Vocal demandada no hubiere establecido cuál el comportamiento que entorpecerá la averiguación del proceso e incidirá en la influencia negativa sobre los partícipes, víctimas, testigos y peritos, a fin de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; no obstante, en los puntos de su apelación, cuestionó la falta de individualización de los testigos a quienes se influiría “para decir quienes faltarían” (sic), denuncias que resultan disímiles al encontrarse enfocadas en diferentes dimensiones, generando con ello la imposibilidad de ingresar a verificar en el fondo el presunto defecto de omisión alegado por el accionante, dado que a este Tribunal, en la revisión de la actividad jurisdiccional ordinaria, solo le está permitido pronunciarse, en lo que a presuntos defectos de fundamentación respecta, sobre aspectos que en su oportunidad fueron debidamente puestos a consideración de la o las autoridades demandadas; quienes en alzada, tendrían la posibilidad de enmendar posibles yerros advertidos en la interpretación y/o aplicación de la ley; no pudiendo exigírsele a través de esta jurisdicción emita un razonamiento más allá, de lo que en su momento fue demandado; en cuyo mérito, corresponde la denegatoria de la tutela impetrada.

III.3. Otras consideraciones

Es necesario puntualizar que el Tribunal o Juez de garantías tiene la obligación de remitir todos los actuados procesales, así como la prueba presentada durante la sustanciación de una acción tutelar, porque dicha documental concierne también ser analizada en esta instancia de revisión; razón por la cual ante la inobservancia de dicha obligación, corresponde llamar la atención a Johnny German Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, por no remitir los actuados que fueron considerados a momento de emitir resolución, pues dicha omisión generó la necesidad de requerir el envío del Auto de Vista 32/2021 de 29 de diciembre, en cuyo efecto se suspendió el plazo de resolución de la causa, con inevitable demora. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 11 de marzo, cursante de fs. 54 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Johnny German Buhezo Choque, Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, por incumplir la obligación de remitir las piezas pertinentes ante esta instancia constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0046_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): fbaf83b093145aeeb880f0a425c57d0859e632fe2fd3412239d329f0026a9092

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