B.IA.LEGAL

SCP 0046/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 28 de febrero de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
28 de febrero de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49754-2022-100-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral como persona con discapacidad, a la seguridad social, a una vida digna, a la “seguridad jurídica”, al trabajo digno sin discriminación y un salario justo; toda vez que, pese a contar con el Memorándum 36/2022 de 3 de enero, de continuidad de funciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año, emitido por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, los demandados ejercieron acoso laboral en su contra, pues el 27 de abril de 2022, la eliminaron de la base de datos del sistema biométrico; asimismo, no le pagaron los sueldos correspondientes a mayo, junio y julio de ese año, los cuales fueron condicionados a su efectivización bajo la condición que firme un contrato en la modalidad de personal eventual, cuya vigencia era solo por tres meses; aspectos que denuncia como una conculcación de sus derechos invocados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 079/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 132 a 143, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a personas con discapacidad
  2. III.2. De la inamovilidad y estabilidad laboral de las personas con discapacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2024-S2 Sucre, 28 de febrero de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 49754-2022-100-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 079/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 132 a 143, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yrma Noe Rodríguez de Banegas contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas; y, Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) Beni, todos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de agosto de 2022, cursante de fs. 59 a 72, la accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de enero de 2020, a través de Memorándum 22/2020, fue designada en el cargo de Auxiliar V CODEPEDIS Beni; posteriormente, por medio de los Memorándums 34/2021 y 36/2022 de 3 y 4 de igual mes, respectivamente, fue designada como Auxiliar IV del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC); por otra parte, de la documentación adjunta a esta acción de amparo constitucional, acreditó que tiene grado de discapacidad de ceguera total (grave); asimismo, al ser Presidenta de la Federación Beniana de Personas con Discapacidad (FEBEPDI), goza de fuero sindical. No obstante lo referido, fue objeto de acoso laboral por parte de Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, quien pretendió que firmara un contrato menor a cuatro meses de vigencia; ante su negativa éste le indicó que no se le pagaría los sueldos devengados de mayo, junio y julio de 2022; y que respecto al sueldo de abril fue borrada de la base de datos del marcador biométrico, siendo el 27 de abril de 2022 comunicada de forma verbal con el cese de sus funciones, lo cual lesiona su derecho a la inamovilidad laboral como persona con discapacidad grave; sin embargo, hasta la fecha de la presente acción tutelar continuaba cumpliendo con sus actividades, impedida de efectuar el marcado biométrico correspondiente. Debido a lo mencionado precedentemente acudió a varias instituciones en procura de la defensa de sus derechos constitucionales -obteniendo respuestas favorables-, entre ellas, el 7 de abril de 2022, concurrió a la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, cuya representante emitió la Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD- 003/2022 de 3 de mayo, disponiendo el cese inmediato del acoso laboral en su contra por parte del Director Departamental codemandado; empero, este hizo caso omiso a dicha determinación, siendo verificado el incumplimiento por el Inspector de la citada Jefatura, que efectuó el Informe de Verificación de Cumplimiento a Conminatoria de Acoso Laboral a Mujeres en el Ámbito Laboral MTEPS/JDT-BE/VAL/LGCC/07/2022 de 18 de mayo, concluyendo que la referida Conminatoria fue inobservada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral como persona con discapacidad, a la seguridad social, a una vida digna, a la “seguridad jurídica”, al trabajo digno sin discriminación y un salario justo, citando al efecto los arts. 14, 45, 49, 72, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su continuidad laboral o contratación como funcionaria del IBC CODEPEDIS Beni; b) El cese inmediato del acoso laboral; c) La habilitación de su marcación biométrica y se ordene la cancelación de sus salarios devengados correspondientes desde el 29 de abril de 2022 y de los meses de mayo, junio y julio de igual año; d) Se garantice su relación y estabilidad laboral, así como el pago de sus salarios futuros; y, e) Quede firme y subsistente el Memorándum 36/2022, ordenando que, si en caso la persona que lo extendió no tenía competencia para ello, sea subsanado y reconducido por la firma de quien corresponda.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 128 a 131 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que: 1) La defensa técnica del Gobernador demandado adujo que, el 3 de enero de 2022, fue contratada mediante el Memorándum 36/2022, el cual hubiera sido emitido de forma irregular; no obstante, le cancelaron los sueldos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril del referido año, y ahora se desconoce dicho documento, vulnerando su derecho a la inamovilidad laboral; 2) El Gobierno Autónomo Departamental de Beni, dejó caer toda la responsabilidad sobre el Director Departamental del CODEPEDIS Beni, quien expidió ese Memorándum supuestamente irregular, pero en su informe señalaron que el mismo “…se realizó con el visto bueno justamente del secretario de finanzas como establece la resolución mencionada por ellos…” (sic); 3) El 11 de mayo de ese año, se puso a conocimiento del aludido Gobernador tanto la Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD-003/2022, como su incumplimiento por parte del citado Director Departamental, aspectos que dieron lugar a que el 18 de igual mes y año, se lleve a cabo la verificación in situ por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, quien instó a su observancia; 4) Del informe escrito presentado por el mencionado Gobernador, se tiene que solicitó a la justicia constitucional deje sin efecto el Memorándum 36/2022, cuando ese documento no conculcó ningún derecho; además dicha jurisdicción no puede declarar la nulidad de un memorándum; y, 5) Acreditó que padece una discapacidad grave -ceguera total- a través del carnet vigente.

I.2.2. Informe de los demandados

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 97 a 99 vta., y en audiencia de garantías manifestó que: i) En ningún momento se desconoció la condición de inamovible por discapacidad de la accionante; ii) El Director Departamental del CODEPEDIS Beni entregó a la impetrante de tutela el Memorándum 36/2022 de continuidad de funciones, cuando según la Resolución de Gobernación 06/2022 -no señaló fecha-, la atribución de entrega de memorándums de designación y/o suscripción de contratos con personal eventual, fue delegada por el Gobernador a Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas de esa entidad departamental; contrato que la solicitante de tutela se rehúsa firmar por supuesta vulneración de derechos; iii) La contratación bajo la modalidad de personal eventual con la partida presupuestaria 12100 se efectúa bajo un contrato, siendo mínimo el porcentaje que no quiso regularizar la firma de sus respectivos contratos como la peticionante de tutela; iv) El Reglamento Interno de Personal de la institución establece que ante cualquier acto de discriminación, maltrato, o acoso laboral debe ser denunciado para el inicio del respectivo proceso administrativo interno, lo cual no fue cumplido por la accionante; v) Respecto al cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD- 003/2022, carece de legitimación pasiva, pues dicha determinación insta a su observancia solo a Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, tal como ocurrió en el caso de “Juan Velasco Cruz”; vi) Para que una relación contractual se formalice debe ser a través de un memorándum, contrato de personal eventual o de consultoría en línea, correspondiendo en el presente caso el contrato de personal eventual, lo cual fue confirmado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante el Oficio MEPP/VPCF/DGPGP/UET/ 357/2022 de 6 de abril, cartera de Estado que respondió en atención a una consulta realizada por su entidad; ya que, si omitían la suscripción de dicha literal estarían ante un incumplimiento de deberes; vii) “…es cierto que finalizado el mes de abril se la retir[ó] del biométrico…” (sic), debido a que no podían seguir cancelando salarios a una persona que no tenía una relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental citado, tampoco podían obligarla a firmar, tal aspecto libera a dicha institución del pago de salarios; viii) Roberto Sandoval Algarañaz, Asesor Legal de Recursos Humanos (RR.HH.) del aludido Gobierno Autónomo, a través del Informe D.RR.HH-LEGAL 02/2022 de 28 de abril, recomendó se procediera a la resolución del contrato por falta de voluntad de la contratada de firmar el mismo; ix) En ningún momento desconocieron la inamovilidad laboral de la peticionante de tutela; y, x) Pidió se deniegue la tutela dejando sin efecto el Memorándum 36/2022; la no cancelación de salarios devengados al no haberse demostrado que no existe relación laboral con la accionante; y, no imponer condenación de costas, daños y perjuicios. Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas de dicha entidad autónoma departamental, por informe escrito presentado el 11 de agosto de 2022, cursante a fs. 83 y vta., y en audiencia de garantías a través de su abogado y apoderado se adhirió al informe del Gobernador, sosteniendo que: a) El 10 de igual mes y año, fue notificado con la presente acción tutelar; y, b) Solicitó se deniegue la tutela pretendida por el accionante y se lo tenga por apersonado. Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por informe escrito presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 126 a 127, y en audiencia de garantías sostuvo que: 1) El 3 de marzo de igual año, el sector de personas con discapacidad en consenso con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni y bajo la mediación del Delegado Defensorial de Beni, establecieron que la contratación sería bajo la modalidad de contrato eventual con la partida 12100, momento en el que, la ahora peticionante de tutela dio su conformidad; 2) El 27 de abril de 2022, la prenombrada acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, denunciando acoso laboral; debido a que, “…nos ha retirado del reloj biométrico por no firmar [su] contrato de la gestión 2022…” (sic); 3) Los referidos contratos se suscriben entre el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través del Secretario Departamental de Administración y Finanzas, y la persona natural, al respecto la Resolución de Gobernación 06/2022 delega dicha tarea al Secretario Departamental de Administración y Finanzas; empero, esa literal no fue firmada por la accionante alegando vulneración de derechos, cuando lo que pretendió fue el cumplimiento de la norma vigente; 4) Hizo prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, a efectos que se les dé continuidad laboral; por tal razón, luego de la socialización del cambio de modalidad de contratación, los servidores con discapacidad procedieron a la firma de sus contratos, excepto la ahora accionante, quien se rehusó a hacerlo; 5) En cuanto al pago de los sueldos, la aludida Jefatura Departamental los obligó a efectivizarlos; no obstante, la impetrante de tutela no firmó el contrato elaborado por el área administrativa; y, 6) Aclaró que no ejerció acoso sobre la nombrada; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 079/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 132 a 143, concedió la tutela solicitada, disponiendo que José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; Geisel Marcelo Oliva Ruiz, Secretario Departamental de Administración y Finanzas; y, Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, todos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, procedan a restituir todos los derechos de la accionante; es decir, su inamovilidad laboral en virtud del Memorándum de continuidad de funciones 36/2022, habilitándole el marcado en el registro biométrico en su fuente laboral, más el pago de sus salarios desde el 30 de abril de 2022 hasta el día en que se regularice su situación laboral; con base en los siguientes fundamentos: i) Evidenció que la accionante continúa ejerciendo funciones en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en el cargo de Auxiliar IV del IBC en atención al Memorándum 36/2022, emitido por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni con el visto bueno de Luis Alberto Suárez Velarde, Secretario Departamental de Desarrollo Humano de la referida entidad departamental que no fue dejado sin efecto por ninguna autoridad, tiene plena vigencia y validez hasta el 31 de diciembre de 2022; aspecto corroborado por los representantes del Gobernador cuando solicitaron que la justicia constitucional deje sin efecto el aludido Memorándum; ii) La peticionante de tutela sostuvo que: a) Las autoridades demandadas pretenden hacerle firmar un contrato de trabajo eventual; b) La retiraron del sistema de registro biométrico; y, c) Retuvieron los salarios correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, aduciendo acoso laboral y discriminación; no obstante ello, solo denunció al Director Departamental del CODEPEDIS Beni, mas no así al Gobernador ni al Secretario de Administración y Finanzas del mencionado Gobierno Autónomo Departamental; iii) No se advirtió la notificación al prenombrado con la Conminatoria; por lo que, ante el desconocimiento no se hubiera producido el incumplimiento; iv) En cuanto a la figura del despido indirecto, la jurisprudencia constitucional estableció, entre otros, que este se efectiviza cuando se cambian las condiciones laborales, como la reducción o falta de pago injustificado de salarios; v) El 15 de junio de 2021, la Central Obrera Departamental (COD), certificó que la solicitante de tutela, Auxiliar IV del IBC – CODEPEDIS Beni, cuenta con inamovilidad laboral por discapacidad y fuero sindical, el cual alcanza hasta un año de concluida la gestión sindical; y, vi) Al estar vigente el mencionado Memorándum de continuidad de funciones, haberse pagado salarios a la accionante por enero, febrero, marzo y abril de 2022, sin suscribir ningún otro documento que se contraponga a dicho Memorándum, además de seguir ejerciendo funciones “hasta el presente”, derivaron en la no cancelación de sueldos correspondientes a mayo, junio y julio de ese año, se consideró como un despido indirecto, teniendo en cuenta que se trata de una persona con discapacidad grave -ceguera- y goza de fuero sindical.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Corre carnet de afiliación al IBC, perteneciente a Yrma Noe Rodríguez de Banegas -accionante-, con Código 2902, que señaló grado de ceguera total (fs. 3). II.2. Cursan Memorándums 22/2020 de 2 de enero, 34/2021 de 4 de enero y 36/2022 de 3 de enero, emitidos a favor de la ahora accionante, este último de continuidad de funciones, describiendo el periodo de vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022, suscrito por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni con el visto bueno de Luis Alberto Suárez Velarde, Secretario Departamental de Desarrollo Humano, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 4 y 55 a 56). II.3. Mediante certificación de 15 de junio de 2021, la COD de Beni, señaló que la peticionante de tutela cuenta con “Fuero Sindical” (fs. 10). II.4. Constan boletas de pago correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2022, cancelados por el mencionado Gobierno Autónomo Departamental a la impetrante de tutela (fs. 5 a 8). II.5. Por Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD- 003/2022 de 3 de mayo, la Jefa Departamental de Trabajo Beni conminó a Rubén Ardaya Chávez, el cese inmediato del acoso laboral ejercido contra la accionante y otras; asimismo, instruyó la rotación del puesto de trabajo de la aludida sin afectar sus derechos laborales (fs. 28 y vta.). II.6. A través de la nota de 10 de mayo de 2022, presentada por la impetrante de tutela a la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de la entidad demandada, solicitó acciones para frenar el acoso laboral y cumplimiento de la mencionada Conminatoria; en atención a ello, la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, luego de la inspección in situ emitió el Informe de Verificación de Cumplimiento a Conminatoria de Acoso Laboral a Mujeres en el Ámbito Laboral MTEPS/JDT-BE/VAL/LGCC/07/2022 de 18 de mayo, señalando que constató que no se dio cumplimiento a la Conminatoria descrita ut supra y que el Director Departamental del CODEPEDIS Beni indicó que no tenía facultades para contratar y retirar o rotar a ningún servidor público (fs. 34 y vta.; y, 40 a 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral como persona con discapacidad, a la seguridad social, a una vida digna, a la “seguridad jurídica”, al trabajo digno sin discriminación y un salario justo; toda vez que, pese a contar con el Memorándum 36/2022 de 3 de enero, de continuidad de funciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año, emitido por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni, los demandados ejercieron acoso laboral en su contra, pues el 27 de abril de 2022, la eliminaron de la base de datos del sistema biométrico; asimismo, no le pagaron los sueldos correspondientes a mayo, junio y julio de ese año, los cuales fueron condicionados a su efectivización bajo la condición que firme un contrato en la modalidad de personal eventual, cuya vigencia era solo por tres meses; aspectos que denuncia como una conculcación de sus derechos invocados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepcionalidad al principio de subsidiariedad respecto a personas con discapacidad

Sobre el particular, la SCP 0925/2016-S2 de 26 de septiembre, indicó que: “La SC 0289/2010 de 7 de junio, ha señalado: ‘Del entendimiento referido por la jurisprudencia glosada, además de inferirse la naturaleza subsidiaria del amparo, también se concluye la existencia de la excepción a la subsidiariedad cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable; empero, cabe advertir que para la aplicación de esta excepción no basta con invocar la existencia de daño irreparable o irremediable, sino que también, la parte accionante debe demostrar en forma fehaciente que los actos que se denuncian como ilegales causarán un daño irreparable que no podrá ser subsanado por otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea al efecto, o que la protección concedida podría resultar ineficaz por tardía, por lo mismo, en caso de presentarse cualquiera de esas circunstancias, quien recurre de amparo no debe limitarse sólo a invocarlas, sino debe demostrarlas y probarlas para que la excepción proceda a su favor”’. Por su parte, la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, al respecto sostuvo que: “Constituyendo la subsidiaridad una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, como son las medidas de hecho, así como de las personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad” (énfasis y subrayado añadidos).

III.2. De la inamovilidad y estabilidad laboral de las personas con discapacidad

Sobre este tópico, la SCP 0732/2022-S2 de 4 de julio, haciendo alusión a la SCP 0499/2019-S2 de 12 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 0556/2011-R de 29 de abril, estableció que: [«“‘…toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano’. Partiendo de esa precisión, se entiende que son aquellas personas que por adolecer de una disfuncionalidad psíquica o física no pueden desenvolverse de forma independiente en distintos ámbitos como las demás personas”. Por su parte, el art. 70.4 de la CPE, prevé que toda persona con discapacidad tiene derecho: “A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna”; en ese sentido la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, señaló que: “…la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, empero que por disposición transitoria se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aun aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta el DS 29608, cuando menciona que se modifica el art. 5 del Decreto Supremo 27477, de la siguiente manera: ‘ARTÍCULO 5.-(INAMOVILIDAD). I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. (…) de conformidad al Decreto Supremo 28521, precepto que si bien modifica algunos aspectos del DS 27477, no cambia en esencia su finalidad, que es el de garantizar la inamovilidad laboral de las personas que tengan discapacidad, y de aquellas que los tengan bajo su dependencia ya sean tutores o progenitores, salvo existan causales que sean contempladas por ley’”.

Con similar razonamiento, la SCP 1088/2015-S1 de 5 de noviembre, señala que: “El derecho del trabajo está protegido en el art. 46 de la CPE, cuando expresa: ‘I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas’; por su parte el art. 70.1 de la citada Norma Suprema, señala: ‘Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: (…) A ser protegido por su familia y por el Estado’. El art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad, señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido’”. De lo cual se deduce que el Estado reconoce el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y aquellos trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad en condiciones adecuadas y con una remuneración justa, estableciendo un marco de protección especial que se traduce en la inamovilidad laboral permitiéndose excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso». Por su lado, la SCP 0321/2021-S4 de 20 de julio, refirió que: «…“Por mandato del art. 14.II de la CPE: ‘El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona’; estableciendo en el art. 71 que: ‘I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad’; postulados que consagran la igualdad de las personas entre sí y proscriben toda posibilidad de discriminación…”.

El reconocimiento de los derechos constitucionales en favor de las personas discapacitadas, ha dado lugar a la emisión de normas convencionales, constitucionales, legales y reglamentarias, entre ellas, el art. 70 de la CPE, que regula el marco de su protección y su derecho al trabajo, así como a recibir la protección de sus familias. Por su parte, el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, cuando cumplan la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido; último supuesto que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 3 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, debe efectuarse previo proceso interno. Por su parte, el art. 5 del referido Decreto Supremo, modificado por disposición del art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008; señala que la inamovilidad beneficiará a los padres o tutores, que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y solo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de 18 años, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad. En caso de vulneración de la inamovilidad funcionaria del padre, madre o tutor que tiene a su cargo una persona con discapacidad, se abre la vía del amparo constitucional para la restitución del derecho vulnerado»] (énfasis corresponde al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

De la documentación aparejada al expediente, se tienen los Memorándums 22/2020 de 2 de enero, 34/2021 de 4 de enero y 36/2022 de 3 de enero, este último de continuidad de funciones, emitido por Rubén Ardaya Chávez, Director Departamental del CODEPEDIS Beni con el visto bueno de Luis Alberto Suárez Velarde, Secretario Departamental de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (Conclusión II.2); asimismo, cursa la certificación de 15 de junio de 2021, emitida por la COD de Beni, certificando que la peticionante de tutela cuenta con “Fuero Sindical” (Conclusión II.3); por otra parte, constan boletas de pago correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2022, cancelados por el mencionado Gobierno Autónomo Departamental a la impetrante de tutela (Conclusión II.4).

A su vez, cursa Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD- 003/2022 de 3 de mayo, emitida por la Jefa Departamental de Trabajo Beni, quien conminó a Rubén Ardaya Chávez, el cese inmediato del acoso laboral en contra de la accionante; así también, instruyó la rotación del puesto de trabajo del aludido sin afectar sus derechos laborales (Conclusión II.5); ante el incumplimiento de dicha determinación, la peticionante de tutela a través de la nota del indicado mes y año, presentada a la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de la entidad demandada, solicitó acciones para frenar el acoso laboral y cumplimiento de la mencionada Conminatoria; en atención a ello, la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo Beni, luego de la inspección in situ emitió el Informe de Verificación de Cumplimiento a Conminatoria de Acoso Laboral a Mujeres en el Ámbito Laboral MTEPS/JDT-BE/VAL/LGCC/07/2022 de 18 de mayo, señalando que constató que no se dio cumplimiento a la Conminatoria descrita ut supra y que el Director Departamental del CODEPEDIS Beni indicó que no tenía facultades para contratar y retirar o rotar a ningún servidor público (Conclusión II.6). En el caso objeto de estudio, la accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral como persona con discapacidad, a la seguridad social, a una vida digna, a la “seguridad jurídica”, al trabajo digno sin discriminación y un salario justo; toda vez que, fue borrada de la base de datos del sistema biométrico, pese a contar con el Memorándum 36/2022, de continuidad de funciones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año, además de gozar de fuero sindical, conculcaron de sobremanera sus derechos invocados, inclusive los demandados condicionaron el pago de sueldos devengados a la firma de un contrato con una vigencia menor a tres meses. De conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la subsidiariedad rige como uno de los principios procesales que hacen a la esencia y naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional que, dado su carácter inmediato y sumario en la protección de los derechos y garantías constitucionales, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; sin embargo, en el caso de grupos vulnerables, se debe hacer abstracción de dicho principio, pues al tratarse el caso concreto de una persona con discapacidad, no se aplicará el enunciado principio. En armonía con lo referido ut supra, y en el marco de los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es importante resaltar que el Estado brinda un trato preferencial a los denominados grupos vulnerables que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad, quienes se encuentran en desventaja frente a los demás; por lo que, merecen la reforzada protección de sus derechos y garantías constitucionales.

En ese contexto jurisprudencial es importante referir que, al tratarse el presente caso de una persona con discapacidad grave, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad, y no proceder como pretenden los demandados, quienes aducen que la peticionante de tutela debió agotar los mecanismos intraprocesales, previamente a acudir a la justicia constitucional, lo cual no condice con la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional en cuanto a la no exigencia del principio de subsidiariedad como ocurre en el presente caso. Ahora bien, en virtud a los antecedentes aparejados a esta acción tutelar, se tiene que, el 2 de enero de 2020, la accionante fue designada como Auxiliar V CODEPEDIS Beni, bajo dependencia del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, recibiendo posteriormente el Memorándum 34/2021 para su designación al mismo cargo; sin embargo, el 3 de enero de 2022, el Director Departamental del CODEPEDIS Beni le entregó el Memorándum 36/2022 para ejercer el cargo de Auxiliar IV del IBC, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Al respecto, la accionante denuncia que, el referido Director quiso forzarla a firmar un contrato menor a cuatro meses, y al rehusarse el nombrado le indicó que no se le pagaría los salarios por mayo, junio y julio de 2022; también fue borrada de la base de datos del sistema biométrico en abril de ese año; pese a ello, continuó asistiendo a su fuente laboral, sin percibir la remuneración por su trabajo. En cuanto a la existencia de la Conminatoria J.D.T.B.N. / VAL / PAD-003/2022, emitida por la Jefa Departamental de Trabajo Beni, cabe señalar que la misma instó al Director Departamental del CODEPEDIS Beni el cese del acoso laboral respecto a la accionante y otras; el cual, no cesó según se advierte del Informe de Verificación de Cumplimiento a Conminatoria de Acoso Laboral a Mujeres en el Ámbito Laboral MTEPS/JDT-BE/VAL/LGCC/07/2022; en el que se advierte que la peticionante de tutela expresó que fue afectada en su ámbito laboral al sufrir presión para la firma del mencionado contrato que reduciría a solo tres meses la vigencia del Memorándum 36/2022 -hasta el 31 de diciembre de ese año-, literal de la que la impetrante de tutela pide su observancia, a fin de precautelar sus derechos. De lo precedentemente expuesto, es evidente que las autoridades demandadas desconocieron la jurisprudencia glosada en el presente fallo constitucional, conculcando los derechos de la impetrante de tutela -persona con discapacidad con ceguera grave- como acredita con el carnet de afiliación al IBC (Conclusión II.1); asimismo, siendo presidenta de la FEBEPDI gozaba de fuero sindical conforme lo certificó la COD (fs. 10); sin embargo, los demandados hicieron caso omiso de ese aspecto importante y trataron de justificar sus acciones, en total desmedro de la accionante, quien a través de notas intentó hacer entrar en razón a la parte demandada para el cese de las medidas asumidas en su contra, pero no mereció respuesta alguna; no obstante, continuó trabajando, sin obtener ninguna remuneración; por tal razón, corresponde el pago de los salarios devengados que reclama. Por su parte, el art. 34 de la Ley General Para Personas con Discapacidad (LGPD), estableció que: “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una

fuente de trabajo” (las negrillas nos pertenecen). Por otra parte, en cuanto a la supuesta ilegalidad del referido Memorándum 36/2022, aducida por la parte demandada, ese aspecto no puede ser dilucidado en la justicia constitucional, máxime si la parte demandada lo consideró válido al cancelar los sueldos correspondientes a los periodos de enero, febrero, marzo y abril de 2022, de los cuales en obrados cursan las boletas de pago correspondientes, entendiéndose de ello que, el aludido Memorándum tiene toda la validez al momento de la interposición de la presente acción de defensa; puesto que, los salarios por los indicados meses le fueron cancelados a la impetrante de tutela. En lo concerniente a la marcación en el sistema biométrico, en virtud a la vigencia del mencionado Memorándum atañe que por la sección que corresponda se realice el registro de los datos de la solicitante de tutela en el mismo, a fin de dar continuidad al desempeño de sus actividades. Bajo ese marco legal, se denota que la parte demandada al no haber considerado que la accionante pertenece a un grupo vulnerable -persona con discapacidad-, lesionó sus derechos al trabajo, a la remuneración justa, lo cual incide directamente en la seguridad social, así como en una vida digna y la “seguridad jurídica”, pues el pretender desconocer el Memorándum 36/2022 después de haber cancelado los sueldos de enero, febrero, marzo y abril de 2022, no tiene lógica y se traduce en una conculcación directa de los mencionados derechos, privándole de una vida digna y acceso a la seguridad social, siendo evidente que los demandados inobservaron la línea jurisprudencial en cuanto a la protección reforzada que merecen las personas con discapacidad; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 079/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 132 a 143, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0046_2024-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): c1c4a05c0283434e8b8e34d01a36a55d2eaae5a95af79c28a6e8676edad88140

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