B.IA.LEGAL

SCP 0046/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
44098-2021-89-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021, por el cual, se dispuso la cesación de su detención preventiva, conforme al art. 239.5 del CPP, al encontrarse con una enfermedad grave, al padecer de cáncer de ovarios y diabetes; extremo acreditado con la respectiva documentación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la denuncia de vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba.

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre.

b) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita un nuevo Auto de Vista, con la debida fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, conforme a lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica de la accionante hubiera variado

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2023-S3 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44098-2021-89-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 103/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nancy Gabriel Guzmán contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 144 a 147 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la supuesta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 -Suministro- de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, el 8 de septiembre de 2021, Luis Fernando Antezana Guzmán, Fiscal de Materia, presentó imputación formal contra su persona y solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, considerando que en la referida fecha, la Jueza de la causa ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro, no obstante que en dicho acto procesal se acreditó su delicado estado de salud, en razón a que se encuentra con cáncer de ovario, enfermedad grave y terminal que debe ser atendida de forma oportuna para evitar su propagación. Por aquello, necesita ser sometida a constantes sesiones de quimioterapia como se tiene demostrado de la documentación presentada en la “audiencia”; empero, bajo el pretexto de que no existía un certificado objetivo que acredite que padece cáncer en el ovario, la Jueza de la causa manifestó que era necesario que esta situación sea corroborada por un médico forense, vulnerando la previsión del art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece el derecho a la vida como un derecho fundamental, y por su parte el derecho a la salud previsto por el art. 18 de la Norma Suprema. Asimismo, en dicho acto procesal de 8 de septiembre de 2021, la Jueza de primera instancia determinó la concurrencia del peligro procesal de fuga, referido en el art. 234.1 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), manifestando que debía ser la parte imputada -accionante- la que acredite o desvirtúe los peligros procesales referidos por el Fiscal de Materia. Posteriormente, conforme al art. 239.5 del CPP, solicitó la cesación de su detención preventiva, en mérito a que padece una enfermedad grave y necesita atención médica, demostrando con documentación su delicado estado de salud y habiendo incluso acreditado mediante historial clínico del Hospital General “San Juan de Dios”, donde se le practicó la quimioterapia. De esa manera, la Jueza de la causa le otorgó la cesación de su detención preventiva, a partir de la valoración de toda la documentación que demostró su delicado estado de salud por la grave enfermedad que padece, debiendo tomarse en cuenta que es una enfermedad terminal que puede acabar con su vida. Ante esa determinación, el Fiscal de Materia formuló recurso de apelación incidental; por lo que, el Vocal ahora accionado revocó la correcta decisión de la Jueza de primera instancia, argumentando de manera equivocada que no se desvirtuaron los riesgos procesales advertidos en primera instancia, como si se tratara de las causales previstas por el art. 239.1 y 2 del CPP, sin tomar en cuenta que el fundamento expuesto en audiencia de cesación de la detención preventiva, se basó en el art. 239.5 del referido Código, que claramente expresa que la cesación de la detención preventiva procede cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal, confundiendo los alcances del Auto Interlocutorio 829/2021 de 14 de octubre, que concede la cesación. En la “…primera audiencia de aplicación de medidas cautelares…” (sic), se consideraron los alcances de la enfermedad terminal; empero, no se puede dejar de lado que en este caso se trata de una “audiencia preventiva”, permitida por el art. 239.5 del CPP, cuyo fundamento es muy diferente a la enfermedad terminal, sin perder de vista que el citado artículo es claro respecto a que la cesación de la detención preventiva procede cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o estado terminal. No obstante lo anterior, a pesar que presentó certificados de médico forense, del especialista y documentación amplia que demostró su enfermedad; el Vocal hoy accionado confundió esos dos requisitos al referir que existía insuficiencia de documentación, cuando presentó todo el historial clínico respecto a su enfermedad; por lo que, el Vocal ahora accionado espera que ingrese a una fase crítica o que se encuentre en terapia intensiva para asumir su responsabilidad y ejercer el control jurisdiccional de manera correcta. Asimismo, el Vocal ahora accionado no tomó en cuenta la prohibición de reforma en perjuicio de una persona que está un paso de la muerte si no es atendido de forma oportuna mediante quimioterapias. Finalmente, el Vocal hoy accionado resolvió el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público, en su ausencia, vulnerando su derecho a ser partícipe de la audiencia de consideración de dicho recurso, siendo que lo más correcto era suspender dicho acto procesal y que se ordene al Gobernador del Centro Penitenciario La Merced de Oruro, su traslado a la audiencia.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I y 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se declare la nulidad del Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre; y, b) Se ordene al Vocal hoy accionado, que emita un nuevo Auto de Vista, realizando la valoración objetiva y razonable de su delicado estado de salud y, principalmente haciendo una valoración objetiva e integral de los elementos de prueba ofrecidos en la audiencia de consideración de su situación jurídica, ordenando la restitución de sus derechos a la vida, a la salud y a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública, el 12 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 174 a 181 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Del cuaderno de apelación, se puede verificar que el Vocal hoy accionado llevó a cabo la audiencia de apelación en ausencia de su persona, al margen de ello se puede verificar que el Auto Interlocutorio 829/2021 emitido por la Jueza de primera instancia concedió la cesación de su detención preventiva con argumentos completamente válidos y analizando objetivamente la prueba aportada; 2) Del informe del Vocal hoy accionado, se tiene que manifestó que no se demostró una enfermedad terminal; sin embargo, tenía la obligación de cumplir lo establecido por el art. 398 del CPP, que obliga a circunscribirse a todo lo que se discutió en la audiencia de cesación de la detención preventiva; 3) El Vocal hoy accionado señaló que debió acreditar que su enfermedad es terminal; empero, ello se cuestionó en la primera audiencia -aplicación de medidas cautelares- donde se consideró su situación procesal, lo cual no es el fondo de la situación; 4) La discusión no era respecto a si su enfermedad está en una etapa terminal o no, sino que se trata de una enfermedad grave, y eso es lo que confundió el Vocal hoy accionado al insistir que acredite que el cáncer es una enfermedad terminal; empero, de forma “mezclada”, indicó una enfermedad grave o terminal; 5) No se estaba tratando el tema de los fundamentos del Ministerio Público expuestos en su imputación formal, sino que se estaba refiriendo a la cesación de la detención preventiva y conforme a la normativa le correspondía la carga de la prueba, es así que adjuntó su historial clínico, acreditando también al extremo con la presentación de un informe y un certificado médico forense que acredita dicha enfermedad, y es eso lo que valoró la Jueza de primera instancia y la misma solicitó que se notifique al Especialista para que certifique si tiene esa enfermedad, y habiéndose notificado al Médico que le asiste, quien expidió una certificación concluyendo que tiene “…un tumor de cedula de la granulosa de ovario derecho, etapa 3C…” (sic) y es lo que consideró el Vocal ahora accionado; 6) Es de conocimiento de todos que el cáncer es una enfermedad grave, y por ello es que tuvo que salir de emergencia en varias ocasiones para ser atendida; por lo que, no se puede vulneran sus derechos, debiéndose tener presente que el Código de Procedimiento Penal señala que la enfermedad debe ser grave o terminal; y, no así grave y terminal; 7) El Vocal hoy accionado espera a que se encuentre en terapia intensiva y recién conceder la cesación de su detención preventiva; asimismo, se debe considerar que el Ministerio Público apeló el Auto Interlocutorio 829/2021; por el cual, la Jueza de primera instancia le concedió la cesación de dicha medida cautelar; 8) Lo que se pretende con esta acción de libertad es que se interprete correctamente la norma, específicamente, el art. 239 del CPP, que señala que la detención preventiva cesará cuando se acredite que el detenido se encuentra con una enfermedad grave siendo ese el fondo de la discusión; 9) El derecho que tiene el Estado del ius puniendi está por debajo de los derechos a la vida y a la salud que tienen todos los ciudadanos; 10) El Auto de Vista 279/2021 vulneró sus derechos, al ser un fallo extra petita, vulnerando incluso el principio de la prohibición de reforma en perjuicio; y, 11) Habiendo agotado todas las instancias, se puede verificar que se encuentra en un delicado estado de salud.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 12 de noviembre de 2021, cursante de fs. 158 a 159, manifestó que: i) Con relación a la cesación de las medidas cautelares personales insertas en el art. 239.5 del CPP, la accionante manifestó que se revocó el correcto Auto Interlocutorio 829/2021 emitido por la Jueza de primera instancia, con el argumento equivocado que no se desvirtuaron los riesgos procesales advertidos en primera instancia, específicamente del art. 239.1 y 2 del citado Código, sin tomar en cuenta el fundamento expuesto en audiencia de cesación de la detención preventiva que radica cuando la persona privada de libertad acredita que se encuentra con enfermedad grave o estado terminal debe conceder la cesación de la detención preventiva; y al respecto, corresponde indicar que conforme al art. 239.5 del CPP, cuando la persona privada de libertad acredita esa enfermedad grave o el estado terminal, considerándose que el Auto Interlocutorio 829/2021 de 14 de octubre, fue el que resolvió la audiencia de cesación a las medidas cautelares personales, y la carga de la prueba se invirtió conforme reconoció la accionante, correspondiendo en ese sentido a la parte impetrante acreditar con documental idóneo lo fundamentado y solicitado en audiencia, lo cual no sucedió; puesto que, como se establece del Auto de Vista 279/2021, si bien se presentó abundante documentación respecto al estado de salud de la víctima; empero, no presentó documentación que acredite que estuviera con una enfermedad grave y mucho menos en estado terminal; ii) Del “testimonio venido en examen”, se pudo constatar la solicitud de certificación realizada por la accionante a Luis Zaca Borda, Médico tratante, Especialista en Oncología del Hospital General “San Juan de Dios”, sobre la enfermedad que padece, si la misma es terminal y en todo caso qué tiempo de vida le queda; en respuesta dicho galeno refirió que: “‘se llevó tratamiento quirúrgico de tumor de ovario derecho más sal pingo -oo forectomía derecha, omentectomia, colicistectomia y lapendisectomia, valorada por la especialidad de oncología, se concluye un tumor de células granulosas en etapa 3C, cirugía su optima, por lo que recibió quimioterapia de régimen Beth’” (sic), de lo cual, se advierte que no se contestó a ninguno de los aspectos solicitados sobre el estado de salud de la accionante, ni mucho menos sobre si tuviera una enfermedad grave o terminal; por consiguiente, existe una falta de documentación que pueda generar convicción en ese Tribunal sobre su enfermedad; iii) Con relación al desarrollo de la audiencia del recurso de apelación incidental en ausencia de la accionante, corresponde aclarar que se encontraban presentes sus abogados, quienes suscribieron la presente acción de libertad, mismos que al momento de la instalación de la audiencia y luego de escuchar el informe de la Secretaria de esa Sala Penal, no presentaron ningún reclamo sobre la incomparecencia a la sala virtual de la accionante, habiendo consentido el desarrollo del mismo, más aun, si los mismos tuvieron la oportunidad de participar activamente dentro de la audiencia de apelación; y, el suscrito se avocó a dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 25.II del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en audiencia de materia Penal, que señala que: “‘…La inexistencia del imputado ante los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’” (sic), y al art. 113 del CPP, no pudiendo diferirse el desarrollo de la audiencia del recurso de apelación incidental, tratándose incluso de una persona que cuenta con detención preventiva, siendo un reclamo que sus autoridades no pueden atender, al no haber sido reclamado en audiencia de apelación; iv) Dichos aspectos fueron debidamente analizados y considerados en el Auto de Vista 279/2021, generando así una respuesta coherente con motivación que expresan las razones y los motivos por los que se decidió la revocatoria del Auto Interlocutorio 829/2021 venido en recurso de apelación; y, v) Por lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 103/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 182 a 187, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, debiendo el Vocal hoy accionado, emitir un nuevo Auto de Vista con la debida fundamentación, motivación y congruencia que debe contener toda resolución en apego del Código de Procedimiento Penal, “…debiendo ser el mismo sin la espera de turno…” (sic), bajo los siguientes argumentos: a) El Auto de Vista 279/2021, contiene la estructura que toda resolución debe tener, y en dicho fallo, se puede advertir en el Considerando I, que hace mención a los antecedentes, respecto a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 14 de octubre de 2021, solicitada por la accionante donde habiéndose escuchado a las partes la Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio 829/2021 de 14 de octubre, por el cual se concedió la cesación de la detención preventiva; b) Posteriormente, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 829/2021, en la audiencia de cesación de la detención preventiva, amparándose en el art. 251 del CPP; c) Más adelante en el Considerando II, el Vocal ahora accionado refirió los fundamentos de la Resolución y la exposición de los agravios; es decir, que con relación al principio de congruencia, ese fallo debe tener relación con los puntos esgrimidos o los agravios reclamados en el recurso de apelación incidental y lo analizado por el Vocal hoy accionado; d) Asimismo, en el Considerando II, en su punto “II.1” hizo mención a los argumentos del recurso de apelación incidental y su contestación, señalando que el Ministerio Público manifestó que el Auto Interlocutorio 829/2021, que concedió la cesación de la detención preventiva de la accionante, mencionó la enfermedad terminal, señalando que los riesgos procesales del art. 234.1, 2 y 7 del CPP están latentes; aspecto que no fue tomado en cuenta al otorgar la cesación de la detención preventiva de la accionante; además, señaló que el documento del Médico que realizó la valoración, mencionando tiene una defectuosa valoración por parte de la Jueza de primera instancia; asimismo, la certificación médica que señala que es lo que tendría la accionante, como la “célula granulosa”, hace referencia a una enfermedad terminal, indicando que es sujeto a un tratamiento quirúrgico, así como el Hospital General “San Juan de Dios” que tampoco mencionó una enfermedad grave o que la imputada -accionante- estaría desahuciada; empero, puede seguir su tratamiento desde el Penal, y en ese entendido, no se cumplirían los requisitos establecidos de una enfermedad terminal, no siendo el caso específico, ya que no se desahució a la accionante; e) Más adelante, sobre los agravios reclamados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, también se identificó que se tiene que responder cuáles fueron las razones que motivaron a la Jueza de primera instancia a conceder la cesación de la detención preventiva, así como desvirtuar los riesgos de fuga latentes; por lo que, señala que faltaría fundamentación en el Auto Interlocutorio 829/2021, mencionando que se tiene una acusación y que se debe proseguir su tramitación en el proceso; f) Más adelante, el Auto de Vista 279/2021, refiere que de la contestación de la parte imputada -accionante- a través de su defensa técnica señaló que el Ministerio Público no indicó los derechos y garantías constitucionales vulnerados, oponiéndose a los términos manifestados por la Fiscalía; g) Es sobre esos agravios denunciados, que el Vocal ahora accionado debió pronunciarse; y al respecto, se tiene que el Auto de Vista 279/2021 impugnado, señaló en su parágrafo “II.2”, en cuanto a la “‘Resolución del caso concreto’” que a efectos de determinar si el Auto Interlocutorio 829/2021 contiene o no agravios respecto a la parte apelante -Misterio Público-, corresponde efectuar el contraste de los fundamentos mencionados, en el Auto Interlocutorio 829/2021 objeto de recurso de apelación incidental, de los argumentos formulados por el Ministerio Público, “…así como los agravios que se esgrimen en el presente recurso de apelación evacuándose las convicciones de orden legal” (sic), entre ellas, el agravio planteado por el Ministerio Público que trata sobre la oposición con relación a la cesación de la detención preventiva otorgada por la Jueza de primera instancia, tomando en cuenta el art. 239.5 del CPP, donde señala que existiría una defectuosa valoración de la certificación del médico, “…lo cual ingresó a un equívoco a la Jueza…” (sic) para poder determinar que dichas documentales presentadas a la cesación de la detención preventiva; además, que están latentes los peligros procesales establecidos por el art. 234.1, 2 y 7 del citado Código; h) En ese entendido, la Jueza de primera instancia al momento de fundamentar su petición en la cesación de la detención preventiva, se amparó en los art. 239.1 y 5 del CPP, y en torno a ello, la referida autoridad judicial analizó los elementos que hacen a la petición de la cesación de la detención preventiva, refiriéndose al art. 234.1 de ese Código, en razón a que la víctima no tendría constituido su domicilio; sin embargo, esos aspectos no fueron cuestionados por parte del Ministerio Público, “…no habiendo muchas incidencias, inclusive en la audiencia como para establecer a dichos elementos” (sic), es así que se puede advertir que aun estarían subsistentes los peligros procesales; i) Respecto al art. 239.5 del CPP, existe la posibilidad de que el detenido preventivo pueda sustentar que padece una enfermedad grave o en estado terminal, y a ese fin se tomaron en cuenta los antecedentes ya que en el primer momento cuando se realizó la audiencia de aplicación de medidas cautelares se postuló dicha situación a efectos de que se pueda otorgar la libertad con relación a la accionante en cuanto a que tenía una enfermedad terminal; situación que fue analizada con base en las documentales que se presentaron, siendo que se consideró la situación del “cuadro canceroso”, y que también ese tipo de enfermedad sería un detrimento en la salud de la imputada -accionante-; j) Tomando en cuenta las previsiones sobre la salud, es importante que el Vocal hoy accionado considere que se presentó documentación sobre la situación de su salud, y en ese entendido, se tiene que en la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 829/2021 emitida por la Jueza de la causa indicó que la notificación del Médico Forense de turno de la Fiscalía se constituyó el día de su legal notificación al Centro Penitenciario La Merced de Oruro para realizar la valoración correspondiente a la imputada -accionante-, sin perjuicio de que se pueda determinar la especialidad correspondiente, y no se efectuó de manera clara y evidente cuál fue la valoración que se dio a la accionante, sino que simplemente se limitó a mencionar que se habría presentado, y no refiere de qué forma ni de qué manera; k) Más adelante, el Vocal hoy accionado declaró procedente el recurso de apelación incidental, concluyendo que dicho recurso interpuesto por el Ministerio Público es procedente, y en mérito a ello, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021; l) Con relación al análisis que se efectúa al Auto de Vista 279/2021 impugnado relacionado al “…derecho vulnerado, en el sentido de que se habría emitido una reforma en perjuicio, el mismo no ha sido debidamente acreditada en sentido de que la apelación ha sido realizada, como bien se ha dado lectura al auto cuestionado y al acta de audiencia que se encuentra en el cuaderno, por parte del Ministerio Público y no por la accionante…” (sic), y en ese entendido, no se habría efectuado la reforma en perjuicio que señaló la accionante; y, m) Con relación al fondo del Auto de Vista 279/2021 emitido por el Vocal ahora accionado, el mismo no contiene los fundamentos de la congruencia conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, siendo que la misma doctrina señaló que esta no necesariamente debe ser amplia o ampulosa, sino que puede ser corta y concisa; empero, debe ser entendida por las partes, debe ser comprendida para que ellos puedan entender por qué y cuál es el motivo de la decisión y cuáles son los fundamentos legales de estos razonamientos que el Vocal ahora accionado asumió; es decir, debió efectuar una resolución adecuada y vinculada al debido proceso en todos sus componentes, sin omitir y sin dar más ni restar argumentos y básicamente sustentándose en una valoración razonable de la prueba, contextualizada porque el referido Vocal persiste en manifestar que efectivamente la prueba analizada por la Jueza de primera instancia no acreditó la concurrencia de una enfermedad terminal, y se estableció también que ese no es el contexto de la petición de la cesación ni de la resolución que otorgó la misma; por lo tanto, al haber fallado contra aquel, lógicamente según el debido proceso en sus elementos, se tiene un Auto de Vista 279/2021 irrazonable e ilógico que emerge de una valoración defectuosa de la prueba y que incide directamente en el derecho a la libertad incluso de la vida de la accionante, porque con el referido Auto se le estaría sometiendo a un indebido procesamiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de registro de audiencia pública de cesación de la detención preventiva de 14 de octubre de 2021, en la cual, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 829/2021 de la misma fecha, por el cual concedió la cesación de dicha medida cautelar en favor de Nancy Gabriel Guzmán -ahora accionante-, por padecer una enfermedad grave, de cáncer de ovarios y diabetes (fs. 166 a 169). II.2. Por Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado- declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021 (fs. 170 a 173 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021, por el cual, se dispuso la cesación de su detención preventiva, conforme al art. 239.5 del CPP, al encontrarse con una enfermedad grave, al padecer de cáncer de ovarios y diabetes; extremo acreditado con la respectiva documentación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, precisó que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021, por el cual, se dispuso la cesación de su detención preventiva, conforme al art. 239.5 del CPP, al encontrarse con una enfermedad grave, al padecer de cáncer de ovarios y diabetes; extremo acreditado con la respectiva documentación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, Cursa acta de registro de audiencia pública de cesación de la detención preventiva de 14 de octubre de 2021, en la cual, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, emitió el Auto Interlocutorio 829/2021, por el cual concedió la cesación de dicha medida cautelar en favor de Nancy Gabriel Guzmán -ahora accionante-, por padecer una enfermedad grave, de cáncer de ovarios y diabetes (Conclusión II.1.).

Asimismo, por Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre, el Vocal hoy accionado declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público; y en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 829/2021 (Conclusión II.2.). Con relación a la fundamentación y motivación Así, precisados los antecedentes del caso, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada por una simple relación de los documentos o requerimientos; exigencia que dentro de esa lógica de observancia del debido proceso abarca también a la emisión de una resolución de medida cautelar, en la cual se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, constituyendo esta una obligación que no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. En ese contexto, considerando que la accionante cuestiona la fundamentación y motivación del Auto de Vista 279/2021, impugnado, con la finalidad de verificar si lo alegado es evidente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional precisar los agravios del recurso apelación incidental expuestos por el Ministerio Público y las respuestas otorgadas por el Vocal ahora accionado. En ese entendido, el Ministerio Público alegó que el Auto Interlocutorio 829/2021, señaló que estarían latentes los riesgos procesales descritos en el art. 234.1, 2 y 7 del CPP; aspecto que no fue tomado en cuenta al momento de otorgar la cesación de la detención preventiva de la accionante; además, sobre el documento del Médico, se advierte una defectuosa valoración por parte de la Jueza de primera instancia, ya que dicha documentación muestra que la accionante tuviese la “célula granulosa”, y ese mismo certificado, no refirió nada sobre una enfermedad terminal, indicando que la enfermedad estaría sujeta a un tratamiento quirúrgico. El historial clínico tampoco señaló una enfermedad grave; empero, también se indicó que puede seguir su tratamiento aun permaneciendo en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro, y en ese entendido, no se cumplen con los requisitos establecidos de una enfermedad terminal no siendo el caso específico ya que no se habría desahuciado a la accionante. Por su parte, la defensa técnica de la accionante, respondiendo al recurso de apelación incidental, indicó que: El Ministerio Público no refirió qué derechos o garantías fueron vulnerados, oponiéndose a los términos manifestados con relación a los argumentos mencionados por la “parte recurrente”, señalando que la autoridad judicial de primera instancia obró con la debida objetividad tomando en cuenta el art. 239.5 del CPP, señalando que se trataría de una enfermedad terminal grave; elemento que fue acreditado, y ello conforme refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) sería un riesgo para la salud de la persona. Cualquier tipo de cáncer reviste una enfermedad grave, lo cual está resguardado y que consta el tratamiento oncológico de su persona -accionante-; además, se presentó el historial clínico donde existen evidencias de las quimioterapias que realizó, señalando que se debe resguardar su vida, “…debido a que en un fin de semana donde podría acudir en auxilio ya que nadie le podría dar en ese momento la salida de la cárcel que ella pueda requerir…” (sic). Los documentos serían contundentes reflejando la enfermedad grave, señalando que se debe proteger su vida al encontrarse en peligro; y además, se cumplió el lineamiento establecido por el art. 239.5 del CPP. Resolviendo lo alegado anteriormente, el Vocal ahora accionado, en el Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre impugnado, refirió que: La Jueza de primera instancia analizó los dos elementos que hacen a la cesación de la detención preventiva, refiriéndose al art. 234.1 del CPP, en razón a que la víctima no tenía constituido su domicilio; sin embargo, por parte del Ministerio Público no fue cuestionado, no haciéndose mucha incidencia incluso en la audiencia, como para poder establecer dicho elemento, en ese sentido, se pudo advertir que concurren riesgos procesales del art. 234.1, 2 y 7 de dicho Código. En cuanto al análisis del art. 239.5 del CPP, la Jueza de primera instancia señaló que cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal, se debe conceder la cesación de la detención preventiva; empero, en el presente caso se indicó que la accionante padece de cáncer de ovario y que está en tratamiento incluso que se realizaron varias quimioterapias, entendiendo de acuerdo a la OMS que el cáncer es una enfermedad grave así como también la “diabetis mellitus tipo dos”, siendo esos argumentos los que la Jueza de la causa consideró para otorgar la cesación de la detención preventiva. En ese entendido, corresponde hacer mención a lo señalado por el art. 239.5 del CPP, con referencia a que existe esa posibilidad de que el detenido preventivo pueda sustentar que se puede encontrar con una enfermedad grave terminal, y a ese fin, se debe tomar en cuenta cada uno de los antecedentes, ya que en un primer momento cuando se realizó la audiencia de aplicación de medidas cautelares; se postuló dicha situación a efectos de que se le pueda otorgar su libertad por tener una enfermedad terminal; situación que fue analizada en base a las documentales que en su momento fueron presentadas y siendo que se tomó en cuenta la situación del cuadro canceroso que presenta la imputada -accionante- y que también ese tipo de enfermedad sería un detrimento de la salud de la misma, a ese efecto no se concedió la cesación de la detención preventiva, también por la falta de documentación que haga entrever que es evidente que la situación de cáncer es una enfermedad terminal; empero, tomando en cuenta las previsiones sobre la salud es importante que toda autoridad tome en cuenta cuando se presenta cierta documentación respecto a la salud en la cual se encuentra la accionante.

En la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 829/2021, emitida por la Jueza de primera instancia, se indicó que se disponía la notificación al Médico Forense de turno de la Fiscalía Departamental de Oruro a objeto de constituirse en el día de su notificación en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro, a efectuar la valoración correspondiente de la accionante, sin perjuicio de que se pueda determinar por la instancia de la especialidad correspondiente con relación al grado de enfermedad que está enfrentando; situación que de acuerdo a los antecedentes, se tiene la existencia de un Certificado médico legal forense, en el cual se estableció que al momento de la valoración médica y con los medios que se cuenta, no se evidenciaron signos de descompensación cardiaca respiratoria neurológica; por lo cual, se encuentra “‘…emodinamicamente estable…’” y en las conclusiones estableció que se examinó “clínicamente estable” al momento de dicha prueba y dentro de la sugerencia y observaciones señaló que se sugiere que la accionante acuda a su control con el Médico Oncólogo tratante para conocer el estado actual de la enfermedad que padece, y que también se debía realizar una tomografía. En ese entendido, conforme señaló el Médico Forense, se tiene la documentación; es decir, la solicitud de la accionante, indicando de manera expresa que se ordene la notificación al especialista en Oncología del Hospital General “San Juan de Dios” para que extienda en su favor un certificado médico sobre la enfermedad que le aflige y si es terminal o no, y en caso de ser terminal el tiempo de vida que le queda, a cuyo efecto protestó cumplir con las formalidades; petición realizada el 13 de septiembre de 2021, ordenando que se notifique al Médico especialista en Oncología de dicho Hospital. Lo relevante en esta audiencia es tomar en cuenta si las apreciaciones efectuadas por la Jueza de primera instancia, conforme a las documentales que se presentaron se encuentran dentro de las previsiones del art. 239.5 del CPP. Así de la documentación presentada, específicamente, las copias de expedientes clínicos adjuntados y un “informe médico original” son importantes para poder establecer que evidentemente la Jueza de la causa realizó la valoración correcta o en su caso incorrecta con la finalidad de determinar la solicitud a través de la cesación de la detención preventiva. En ese entendido, tomando en cuenta los antecedentes referidos se puede establecer que el Certificado médico de 30 de septiembre de 2021, en el cual, Luis Fernando Zaca Borda, Especialista en Oncología acreditó que la paciente -accionante- es atendida en el Hospital General “San Juan de Dios”, por un tumor de células de granulosa del ovario derecho, informando que se llevó a cabo el tratamiento quirúrgico, y así también precisó que se encontraría pendiente la valoración de la respuesta de quimioterapia y posterior referencia a la ciudad de Cochabamba, para ser valorada por el servicio Ginecológico Oncológico para la posibilidad de “completar la cirugía”. En ese sentido, analizando los antecedentes de manera integral, se tiene que existe una falta de documental que se presenta para poder establecer concretamente si la enfermedad es grave o en su caso se encuentra en estado terminal; aspectos que de acuerdo a la revisión de la documentación que se tiene son insuficientes para establecer la enfermedad y el estado de la accionante. Asimismo, la valoración que realizó la Jueza de primera instancia es defectuosa, al no tomar en cuenta aspectos que debió haber analizado de manera más meticulosa, y en ese aspecto, corresponde efectuar la corrección pertinente al Auto Interlocutorio 829/2021, emitido por dicha Jueza, ya que adolece de fundamentación al momento de otorgar la cesación de la detención preventiva de la accionante. En ese entendido, en el presente caso no se explicó de manera clara, concreta y entendible sobre la enfermedad que tuviese la imputada -accionante-; puesto que ello, tiene que ser técnicamente establecido a través de los médicos especialistas en la rama para precisar si es una enfermedad grave en estado terminal o no; aspecto que no se puede entender al momento de realizar la valoración del certificado médico forense. En ese mérito, lo alegado por el Ministerio Público con relación a la cesación de la detención preventiva, tiene el asidero legal correspondiente, ya que la imputada -accionante- cuenta con las salidas correspondientes para efectuar su tratamiento necesario; por lo cual, no se tienen otros documentos para establecer ese peligro inminente en el cual estuviese la vida de la nombrada, inclusive el Régimen penitenciario, tiene médicos que pueden estar al tanto de la salud de la imputada -accionante-. A partir de aquello, se advierte que las respuestas otorgadas por el Vocal ahora accionado resultan insuficientes; puesto que, después de considerar los agravios presentados por el Ministerio Público en su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 829/2021, y la respuesta a dicho recurso otorgada por la defensa de la accionante, se limitó a manifestar que: 1) La valoración de la Jueza de primera instancia es defectuosa, al no tomar en cuenta aspectos que debió haber analizado de manera más meticulosa; puesto que, no se explicó de manera clara, concreta y entendible sobre la enfermedad que tuviese la imputada -accionante- y eso que tiene que ser técnicamente establecido a través de los médicos especialistas en la rama para precisar si es una enfermedad grave en estado terminal o no; aspecto que no se puede entender al momento de realizar la valoración del certificado médico forense; y, 2) Lo alegado por el Ministerio Público con relación a la cesación de la detención preventiva de la accionante, tiene el asidero legal correspondiente, ya que la imputada -accionante- cuenta con la salidas correspondientes para efectuar su tratamiento necesario; por lo cual, no se tienen otros documentos para establecer ese peligro inminente en el cual estuviese la vida de la accionante, inclusive el Régimen Penitenciario tiene médicos que pueden estar al tanto de su salud. Dichos argumentos no presentan razones claras y suficientes para descartar que toda la documentación que presentó la accionante no acredita su estado de salud, dejando en constancia que la nombrada dejó claramente establecido que su solicitud de cesación de la detención preventiva se realizó al amparo del art. 239.5 del CPP, que de manera textual señala que: “Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, (…)” (las negrillas fueron añadidas). De lo cual, se puede concluir, que lo mencionado por el Vocal ahora accionado, respecto a que se debería precisar si la enfermedad se encuentra en estado terminal o no; ya que, no resulta una exigencia para que la accionante pueda ser beneficiada con la cesación de su detención preventiva; puesto que, claramente el citado precepto normativo plantea dos supuestos, el primero, que la persona privada de libertad se encuentre con una enfermedad grave, o, el segundo, que esté en estado terminal, siendo que en el caso concreto se invocó el primero; por lo que, el Vocal hoy accionado no explicó por qué argumentó de manera válida su decisión considerando la concurrencia de ambos supuestos. Asimismo, no se tiene una explicación clara y detallada, producto de un razonamiento intelectivo, respecto a “los documentos” que a criterio del Vocal ahora accionado, no demostraron el delicado estado de salud de la accionante. Ante aquello, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que el Vocal ahora accionado no tomó en cuenta la vinculación del derecho a la salud con el derecho a la vida, debiéndose considerar que como se advierte de lo establecido por la amplia jurisprudencia constitucional “…la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud” (entendimiento asumido en la SCP 0264/2014 de 12 de febrero). En ese marco, el Vocal hoy accionado, incumplió con su obligación inherente al derecho y garantía del debido proceso, de pronunciar un fallo exponiendo motivadamente la justificación razonada de su decisión, emergente de los elementos fácticos vinculados al caso en particular y la aplicación de normas jurídico-legales vigentes que sustentan los motivos de su decisión en cuanto a la indicada situación fáctica; omitiendo considerar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. Con relación a la valoración de la prueba En este punto, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: i) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; puesto que, que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, esa competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esa tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la verdad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material; empero, en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. Ahora bien, en el caso concreto, la accionante denuncia que el Vocal ahora accionado no valoró adecuadamente los certificados del: médico forense y del especialista, “documentación amplia” que demuestra su enfermedad y “…todo el historial clínico respecto a su enfermedad…” (sic); y al respecto, si bien lo referido se encuentra dentro de los tres presupuestos por los que esta jurisdicción puede emitir algún pronunciamiento con relación a la labor valorativa realizada por las autoridades judiciales y administrativas -es decir, respecto a la ausencia de razonabilidad en la valoración total o parcial y la asignación de un valor diferente al medio probatorio-; sin embargo, no debe obviarse que conforme se mencionó anteriormente, para que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie sobre la labor valorativa realizada por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas; además, de especificarse el elemento probatorio, la accionante debe demostrar la incidencia de dicha valoración en la decisión final asumida, ya que no toda irregularidad en la labor valorativa genera por sí misma indefensión material. En ese sentido, lo manifestado por la accionante, resulta suficiente para que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se refiera al valor que el Vocal hoy accionado otorgó a la documentación señalada; puesto que, dicha Vocal se apartó de los marcos legales de razonabilidad respecto a los derechos a la salud y a la vida al valorar la prueba presentada por la accionante; situación que guarda estrecha relación con el análisis precedente que se desplegó respecto a la fundamentación y motivación del Auto de Vista 279/2021 hoy impugnado; puesto que, no se tiene una explicación clara y detallada del valor otorgado a los documentos que a criterio del Vocal ahora accionado no demostraron el delicado estado de salud de la accionante; lo cual, sin duda repercutió en la determinación de revocar el Auto Interlocutorio 829/2021, que concedió la cesación de dicha medida cautelar en favor de la accionante por la causal establecida por el art. 239.5 del CPP, por padecer una enfermedad grave, de cáncer de ovarios y diabetes; por lo que, en este punto, al demostrarse la incidencia de la valoración efectuada en la decisión final asumida, también corresponde conceder la tutela. Por otra parte, independientemente de la concesión de tutela, a modo de aclaración, se recuerda a la accionante respecto a su cuestionamiento de que el Vocal ahora accionado no tomó en cuenta la prohibición de reforma en perjuicio, que conforme al art. 400 del CPP, cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio; y en el presente caso, no corresponde considerar tal extremo ya que la parte apelante fue el Ministerio Público. Finalmente, en cuanto a la denuncia de la accionante respecto a que el Vocal hoy accionado resolvió el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público, en su ausencia, vulnerando su derecho a ser partícipe de la audiencia de consideración de dicho recurso, por la concesión de la tutela, conforme a lo expuesto precedentemente, y por los presupuestos que deben concurrir para conocer vía acción de libertad lesiones del debido proceso, no resulta transcendental efectuar mayor pronunciamiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 182 a 187, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la denuncia de vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba.

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 279/2021 de 27 de octubre.

b) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita un nuevo Auto de Vista, con la debida fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, conforme a lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica de la accionante hubiera variado Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0046_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3303d95337b8b0eae4d853bac437693eee745f961698373c1f26b8527259ad39

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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