Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la “vida”, al debido proceso en sus elementos legalidad y defensa; toda vez que, la autoridad accionada, expidió un mandamiento de apremio para el cumplimiento de la asistencia familiar devengada de Bs57 000.-, en el que no consta su número de cédula de identidad, además sin realizar una correcta valoración de la prueba presentada, consistente en un recibo de Bs“54 000” y un depósito de Bs8 000.-; por lo que, el citado mandamiento no tendría una suma actualizada, lo cual afecta en su acatamiento al no tener certeza de cuánto adeuda en realidad; ante tales actuaciones, se encuentra indebidamente privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. Al respecto, el Juez accionado, alegó que, no existe norma legal familiar que señale que el mandamiento deba contener el carnet de identidad del obligado, quien en ningún momento indicó que él no es la persona obligada a pagar la asistencia familiar; que el citado recibo, no fue deducido del monto adeudado ante el desconocimiento de la parte demandante al referir que la firma de recepción no es la suya, y ante la decisión de rechazo no interpuso ningún recurso, finalmente el depósito realizado fue de manera posterior a la extensión del mandamiento de apremio. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 77 a 80 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0045/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49898-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 013/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 77 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhamil Gustavo Espinoza Arce y Olker Cristian Cossío Fernández en representación sin mandato de Edwin Ángel Quinteros Morales contra Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 5 a 7, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido en su contra, el Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, Teodoro Paúl Molina Salazar, emitió mandamiento de apremio a fin de que sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, hasta que cancele el monto total de Bs57 000.- (cincuenta y siete mil bolivianos), por concepto de asistencia familiar, emergente de la liquidación aprobada por Auto -Interlocutorio de 28 de octubre de 2021-. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2022, la autoridad judicial accionada ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra, el cual fue expedido el 14 de marzo de igual año; por lo que, a la data de interposición de la presente acción tutelar, se encuentra privado de libertad, en total vulneración de su derecho al debido proceso; puesto que en el citado mandamiento no se consignó su número de cédula de identidad; que el recibo existente de Bs“54 000” no fue tomado en cuenta por el Juez accionado; y, pese a que realizó un depósito bancario por la suma de Bs8 000.- (ocho mil bolivianos), posterior a la emisión del mismo, y notificada a la parte demandante con el memorial de oferta de pago de 19 de mayo del mismo año, dicho monto no fue descontado; de manera que, la suma adeudada consignada en el mandamiento de apremio no se encuentra actualizada, acto que le causa indefensión jurídica y lesiona el derecho alegado, al no tener certeza jurídica de cuánto adeuda en realidad.
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la “vida”, y al debido proceso en sus elementos a la legalidad y a la defensa, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23, 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, determinando la responsabilidad que corresponda.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 75 a 76, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 12 a 15, manifestó que: a) El accionante refiere que en el mandamiento de apremio -de 14 de marzo de 2022- no se consignó su número de cédula de identidad; al respecto, ninguna norma legal familiar señala que deba contener esa formalidad, quien además en ningún momento indicó que él no es la persona obligada a pagar la asistencia; b) Se alega que el recibo de Bs“54 000” no fue tomado en cuenta; empero, de acuerdo a los antecedentes se tiene que ese recibo no fue deducido de la liquidación, toda vez que la demandante del proceso de asistencia familiar arguyó que la firma de recepción de esos dineros no era suya; por lo que, al no haber sido aceptado no correspondía su deducción, y “…si el sabe que la firma es de la demandante debe realizar el estudio pericial a objeto de demostrar que quien recibió ese dinero fue la demandante” (sic); decisión contra la cual el obligado no interpuso ningún recurso a fin de que la instancia superior revise tal accionar, ni contra la orden que dispuso se libre el aludido mandamiento; c) En cuanto a que el mandamiento de apremio no tiene el monto adeudado actualizado, pues posterior a su emisión se hubiera realizado depósitos; de la nota marginal se establece que el mismo fue entregado a la demandante para su ejecución el 14 de marzo de “2021”-siendo lo correcto 2022-, y el depósito mencionado fue presentado el 18 de mayo de dicho año; por lo que, no correspondía tomar en cuenta ese depósito, al haber sido presentado de manera posterior; y, d) Sumado a ello, el obligado reconociendo que adeuda la suma de Bs49 250.- (cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta bolivianos), solicitó oferta de pagos que fue rechazada; consiguientemente, una vez se pague el monto adeudado, corresponderá se libre el mandamiento de libertad.
El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 013/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 77 a 80 vta., denegó la tutela solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido mediante la acción de libertad, la jurisprudencia constitucional estableció que se pronunciará cuando los actos procesales denunciados sean de causa directa de la vulneración o de la amenaza de la lesión del derecho a la libertad y que exista un estado absoluto de indefensión, salvo en los casos de las medidas cautelares de carácter personal en las que no sería posible exigir tal estado, conforme así lo estableció la SCP 0037/2012 de 26 de marzo; 2) En ese entendido, se considera que en el caso concreto, no se demostró la concurrencia del absoluto estado de indefensión, ya que el accionante en primera instancia tenía todos los mecanismos ordinarios para poder apelar las respuestas a los recursos de reposición que habría presentado en su oportunidad y que fueron resueltos por la autoridad accionada; 3) Sobre la solicitud específica de que hubiese presentado un depósito de Bs8 000.- y que el mismo no fue diferido del mandamiento de apremio, se tiene que el referido depósito sería de 18 de mayo de 2022 y el señalado mandamiento fue librado el 14 de marzo de igual año; de ahí que, evidentemente la autoridad ahora accionada no podía emitir criterio sobre un hecho posterior; 4) Existen mecanismos idóneos para poder diferir y actualizar el monto actual; por lo que, el Juez accionado, conforme señaló en su informe, el obligado está consiente que a la fecha debe Bs49 000.-(cuarenta y nueve mil bolivianos), y que una vez que el deudor asuma y pague la suma de los “49,500” se librara el correspondiente mandamiento de libertad; 5) El impetrante de tutela adujo que en el mandamiento de apremio debió establecerse el monto específico, a fin de que el Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, tenga presente la suma que tiene que pagar a efectos de su procedencia de su libertad; sin embargo, tal argumento no es vidente, ya que la autoridad accionada conforme expresó en su informe que una vez se realice la cancelación de lo adeudado, emitirá el mandamiento de libertad; y, 6) En ese entendido, se evidencia, primero, que el peticionante de tutela no adoptó los mecanismos intraprocesales oportunos; y, segundo, que la decisión que tomó el Juez de la causa no le dejó en un estado absoluto de indefensión, ya que el mismo puede solicitar en cualquier momento la aclaración del monto de dinero que corresponde a la asistencia familiar y la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse conforme a los antecedentes del proceso.
De la revisión de los antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Verónica Quispe Maquera contra Edwin Ángel Quinteros Morales -ahora accionante-, por memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, la demandante solicitó a Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, liquidación de asistencia familiar determinada en la suma de Bs58 450.-(cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta); mereciendo proveído de 13 de ese mes y año, de conformidad a lo previsto en el art. 415 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar (CFPF)-Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, por el cual ordenó que la liquidación precedente sea puesta en conocimiento del obligado (fs. 22 y vta.). II.2. Se tiene memoriales presentados el 16 de septiembre, 5 y 12 de octubre, todos de 2021; dirigidos a la autoridad accionada; por los que, el ahora accionante, adjuntando descargos -recibos- observó la liquidación de asistencia familiar previamente descrita; corrida en traslado a la demandante, quien por escrito presentado el 26 del indicado mes y año, alegó desconocer el recibo de -Bs54 000.- ya que nunca recibió ese monto, refiriendo además, que tanto la firma y cédula de identidad no le correspondían; por lo que, evidenciando a simple vista la falsificación y mala fe del demandado rechazó el mismo, solicitando en consecuencia, se proceda a la aprobación de la liquidación familiar presentada, descontando los recibos por un monto de “Bs800”, teniendo por consiguiente un monto total de asistencia familiar devengada de Bs57 250.- (cincuenta y siete mil doscientos cincuenta [fs. 24 a 33 vta.]). II.3. Por Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2021, el Juez accionado, en atención al escrito presentado por la demandante -del proceso de homologación de asistencia familiar-, dispuso que, habiendo la parte beneficiaria desconocido el documento de “fs.26” al no corresponderle su firma y carnet; y, al no haberse observado la liquidación de “fs. 19” dentro del término de ley, “APRUEBA la misma”, ordenando que el obligado hoy accionante, cancele la suma Bs57 250.- dentro del tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio; ello, sin perjuicio de que el obligado pueda presentar estudio grafológico sobre el documento de “fs. 26” (fs. 34). II.4. Contra el citado Auto Interlocutorio, a través de memorial presentado el 2 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela formuló recurso de reposición, bajo alternativa de apelación; que mereció el Auto de 6 de igual mes y año, por el que la autoridad accionada, dispuso notificarse nuevamente al demandado a fin de que cancele la suma de Bs57 200.-dentro del término de setenta y dos horas de su legal notificación, bajo alternativa de ley; sin perjuicio de que el obligado, en cualquier momento pueda presentar los descargos correspondientes, a objeto de reconocer justos y legítimos los pagos para su deducción (fs. 38 a 39 vta.). II.5. Mediante Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2022, la autoridad judicial accionada, ante la solicitud de la demandante y considerando que el obligado -ahora accionante- no pagó el monto total adeudado por asistencia familiar; ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra, hasta la cancelación de la suma de Bs57 200.-, por pensiones adeudadas, sea con facultad de allanamiento y ruptura de chapas y candados; decisión que fue notificada al prenombrado, el 22 de dicho mes y año, vía WhatsApp (fs. 49 a 50). II.6. Cursa mandamiento de apremio de 14 de marzo de 2022, expedido por el Juez hoy accionado, contra el hoy impetrante de tutela, a objeto de que sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, hasta que el ahora accionante cancele la suma de Bs57 000.-, por concepto de asistencia familiar, en cumplimiento del Auto Interlocutorio de 17 de febrero de igual año (fs. 58). II.7. Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, ante la señalada autoridad judicial, el impetrante de tutela solicitó plan de pagos para cancelar la deuda de liquidación de asistencia familiar; y corrida en traslado de la demandante en el proceso familiar fue respondida de manera negativa; razón por la que la oferta de pago, fue rechazada por decreto de 10 del referido mes y año. Del mismo modo, el 19 del citado mes y año, el impetrante de tutela adjuntando comprobante de depósito realizado el 18 de igual mes y año, por la suma de Bs8 000.-, a favor de la beneficiaria, presentó oferta de plan de pagos hasta que cancele la suma que adeuda de Bs57 250.- por concepto de asistencia familiar, monto que disminuye con el pago realizado a Bs49 250.-, pidiendo se haga conocer a la precitada. Al efecto, a través de decreto de 23 del indicado mes y año, el Juez accionado, ordenó pase a conocimiento de la parte demandante (fs. 62 a 70).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la “vida”, al debido proceso en sus elementos legalidad y defensa; toda vez que, la autoridad accionada, expidió un mandamiento de apremio para el cumplimiento de la asistencia familiar devengada de Bs57 000.-, en el que no consta su número de cédula de identidad, además sin realizar una correcta valoración de la prueba presentada, consistente en un recibo de Bs“54 000” y un depósito de Bs8 000.-; por lo que, el citado mandamiento no tendría una suma actualizada, lo cual afecta en su acatamiento al no tener certeza de cuánto adeuda en realidad; ante tales actuaciones, se encuentra indebidamente privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. Al respecto, el Juez accionado, alegó que, no existe norma legal familiar que señale que el mandamiento deba contener el carnet de identidad del obligado, quien en ningún momento indicó que él no es la persona obligada a pagar la asistencia familiar; que el citado recibo, no fue deducido del monto adeudado ante el desconocimiento de la parte demandante al referir que la firma de recepción no es la suya, y ante la decisión de rechazo no interpuso ningún recurso, finalmente el depósito realizado fue de manera posterior a la extensión del mandamiento de apremio. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0331/2018-S1 de 16 de julio, en atención a la normativa procesal que establece la finalidad de la asistencia familiar en vinculación al interés superior de la niña, niño y adolescente, sostuvo que: «Con la finalidad de abordar este elemento esencial de materialización de la asistencia familiar, adquiere particular importancia el precisar el marco contextual, contenido y extensivo de la asistencia familiar, en este sentido corresponde remitirnos al art. 109 del CF -Ley 603-, que determina: “ARTÍCULO 109. (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Bajo este marco normativo, el mismo Código, a tiempo de normar el instituto de la asistencia familiar, en cuanto a su cumplimiento -coercitivo- y ejecución, estableció: “ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL).
II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado.
IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio”.
“ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR).
I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad.
IV. El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad.
V. Si la asistencia fijada fuere porcentual, los aumentos de sueldos, salarios y rentas determinarán el reajuste automático de las pensiones de asistencia familiar, de manera que subsista en forma constante el porcentaje fijado.
VI. La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución, regirá desde la fecha de la correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la petición.
responsabilidad de la autoridad judicial” (las negrillas nos corresponden).
Ahora bien, realizando una precisión normativa constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: ‘Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’. ‘Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. (…) La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos:
‘Artículo 3 1.En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’. (...)
‘ARTÍCULO 19 Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’”. Bajo este paraguas jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, que se constituye en principio rector y básico que fue gradualmente incorporado, y que es considerado esencialmente como principio interpretativo de las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas o adolescentes; postulado del cual se denota su prevalencia a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, cuando el mandato constitucional es imperativo al establecer el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que abarca la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE- y la normativa que regula el instituto de la asistencia familiar cuando, taxativamente establece su contenido y garantiza la provisión de este derecho de los niños, niñas y adolescentes, determinando la observancia coercitiva de dicho derecho y obligación, con la posibilidad de que opere el apremio corporal en caso de incumplimiento y precisamente por su trascendencia vital, al comprender los recursos que garanticen lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta del beneficiario -art.109.I del CF-.
A partir de la connotación e importancia social del oportuno suministro de la asistencia familiar, la normativa especial familiar concordante con el plexo jurídico constitucional y convencional, expresamente estableció que el cumplimiento de dicha obligación “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, -arts. 127.I y 415.VII del CF-, razonamiento normativo por el que se afianza el principio del interés superior del niño, a través de esta medida concerniente y atingente a la preminencia y garantía de sus derechos, esencialmente al oportuno suministro de la asistencia familiar, ante la imposibilidad de proveer para sí mismo los medios necesarios para su subsistencia y desarrollo integral» (las negrillas nos pertenecen).
Identificada la problemática planteada y la pretensión del accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, y conforme a las Conclusiones II.1 a II.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se evidencia que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar seguido por Verónica Quispe Maquera contra Edwin Ángel Quinteros Morales -ahora accionante-, a través de memorial presentado el 10 de septiembre de 2021, la actora solicitó a Teodoro Paúl Molina Salazar, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-, la liquidación de asistencia familiar determinada en la suma de Bs58 450.-; mereciendo el proveído de 13 de ese mes y año, dicha autoridad dispuso de conformidad a lo previsto en el art. 415 del CFPF, se ponga a conocimiento del obligado. Ante lo cual, por memoriales presentados el 19 de septiembre, 5 y 12 de octubre, todos de 2021, dirigidos a la autoridad accionada, el impetrante de tutela, adjuntando descargos -recibos- observó la liquidación previamente descrita; corrida en traslado a la demandante, por escrito presentado el 26 del indicado mes y año, alegó desconocer el recibo de -Bs54 000.- ya que nunca recibió ese monto, además tanto la firma y cédula de identidad no le corresponde; por lo que, evidenciando a simple vista la falsificación y mala fe del demandado rechazó el mismo, solicitando se proceda a la aprobación de la liquidación familiar presentada, descontando los recibos por un monto de “Bs800”, teniendo por consiguiente un monto total de asistencia familiar devengada de Bs57 250.-. En efecto, a través de Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2021, el Juez accionado, en atención al escrito presentado por la actora -del proceso de homologación de asistencia familiar-, dispuso que, al no haberse observado la liquidación de “fs. 19” dentro del término de ley, “APRUEBA la misma”, ordenando que el obligado ahora accionante, cancele la suma Bs57 250.- dentro del tercer día de su legal notificación, bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio. Ante ello, el impetrante de tutela formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación; que mereció el Auto de 6 diciembre de 2021, por el que la mencionada autoridad, dispuso notificarse nuevamente al precitado a fin de que cancele la suma de Bs57 200.- dentro del término de setenta y dos horas de su legal notificación, bajo alternativa de ley; sin perjuicio de que el obligado en cualquier momento pueda presentar los descargos correspondientes, a fin de reconocer justos y legítimos los pagos para su deducción. Asimismo, mediante Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2022, ante la solicitud de la demandante y considerando que el obligado ahora impetrante de tutela no pagó el monto total adeudado por asistencia familiar, ordenó se libre mandamiento de apremio hasta la cancelación de la suma de Bs57 200.-, por pensiones adeudadas, sea con facultad de allanamiento y ruptura de chapas y candados; mismo que fue expedido el 14 de marzo del mismo año. Posteriormente, a través de memorial presentado el 18 de abril de 2022, ante la señalada autoridad judicial, el accionante solicitó plan de pagos para cancelar la deuda de liquidación de asistencia familiar; y corrida en traslado de la demandante en el proceso familiar, fue respondida de manera negativa; en efecto, por decreto de 10 de mayo de igual año, fue rechazada; asimismo, el 19 de mayo de dicho año, adjuntando comprobante de depósito de 18 del mismo mes y año, por la suma de Bs8 000.-, a favor de la beneficiaria, reiteró oferta de plan de pagos hasta que cancele la suma que adeuda de Bs57 250.- por concepto de asistencia familiar, reduciendo con el pago realizado a Bs49 250 (Conclusión II.7).
Precisada la relación de antecedentes y en consideración a la problemática planteada por el impetrante de tutela, corresponde señalar que de conformidad al entendimiento jurisprudencial y marco legal desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cumplimiento del pago de asistencia familiar devengada se constituye en una obligación de interés social, por lo que su oportuno suministro no puede diferirse por recurso alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial a cargo, quien tiene la facultad de expedir mandamiento de apremio en el supuesto de incumplimiento del pago de la señalada obligación, siendo que su ejecución únicamente podrá suspenderse cuando el obligado cancele la totalidad del monto reclamado u ofrezca el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, debiendo dicha determinación ser acatada a cabalidad.
Bajo ese marco constitucional, se tiene que el instituto de asistencia familiar por su esencia y finalidad contiene una connotación social de relevancia, en atención al interés de los beneficiarios, en lo esencial niños, niñas y adolescentes, previéndose para su efectivización los mecanismos de cumplimiento coercitivos como el apremio corporal, pues su provisión oportuna resulta trascendental para la satisfacción de las necesidades primordiales y supervivencia de los beneficiarios, particularmente -se reitera- en los casos de menores, en los que debe prevalecer la materialización del principio del interés superior del niño que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, constituyéndose tal principio en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia y de todas las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a sus derechos y que se traduce en la responsabilidad de los administradores de justicia de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. En esa línea de análisis, tomando en cuenta que la finalidad del apremio en materia familiar responde únicamente al cumplimiento del pago de la asistencia familiar devengada, y que el accionante no procedió con el pago total de su obligación no puede cuestionarse la razonabilidad de lo determinado por el Juez accionado; por cuanto el mandamiento de apremio ejecutado en su contra, fue librado legalmente ante el incumplimiento de la obligación de asistencia familiar a favor de su hija menor de edad, no habiendo además acreditado el accionante la aceptación por la demandante del plan de pagos que propuso por memoriales presentados el 18 de abril y 19 de mayo, ambos de 2022, al amparo del art. 127.III del CFPF, este último al haber cancelado una parte de la asistencia familiar adeudada, cuando dicho precepto legal establece que, el apremio corporal podrá suspenderse si el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre partes, aspecto que en el caso no fue demostrado. En ese sentido, conforme a lo expuesto, no se evidencia cuál el acto ilegal u omisión indebida en la actuación del Juez ahora accionado; puesto que, según los procedimientos que rigen en materia familiar y los antecedentes del proceso, el nombrado determinó el monto de Bs57 000.- que debería de cumplir el obligado hoy accionante, por concepto de asistencia familiar devengada, a favor de la beneficiaria y, ante el incumplimiento, ordenó la emisión del mandamiento de apremio, por la citada suma. Por otra parte, es preciso aclarar, si bien se advierte que el impetrante de tutela, hubiera realizado un depósito de Bs8 000.- el 18 de mayo de 2022, y presentado el 19 de igual mes y año, ante el Juez accionado, extremo que alega no fue considerado por la nombrada autoridad; empero, ello carece de relevancia constitucional por cuanto el referido pago de modo alguno constituye cumplimiento de pago de la asistencia familiar determinada por la autoridad judicial ni tampoco un medio para suspender su ejecución. En el mismo sentido, lo referido a que en el mandamiento de apremio no se hizo constar la cédula de identidad del demandado -hoy peticionante de tutela-, se constituye en un aspecto formal que no incide en la ejecución del mandamiento de apremio.
En función a lo analizado, y toda vez que no se advirtió la vulneración de los derechos alegados como lesionados por el impetrante de tutela, que hayan decantado en una ilegal restricción de su libertad o indebido procesamiento, habida cuenta que no se acreditó por el mismo la cancelación de la totalidad de lo adeudado por concepto de asistencia familiar ni la aceptación por parte de la madre de su hija al plan de pagos que ofreció, se tiene que la autoridad accionada obró conforme la jurisprudencia y la normativa que rige en materia familiar; correspondiendo denegar la tutela impetrada, respecto a las actuaciones del Juez accionado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 77 a 80 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0045_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.
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