Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2024
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes incongruencia omisiva y mala valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad; toda vez, que la autoridad demandada al momento de emitir el Auto de Vista 77/2022-SP2 de 4 de abril, se alejó del marco establecido en el art. 398 del CPP, pues inobservó que presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo de la parte in fine del art. 239.1 del CPP, que procede sin necesidad de desvirtuar ningún riesgo procesal, a cuyo efecto presentó como prueba diferentes informes tanto psicológicos como sociales, que demuestran que sus hijos de cinco y quince años la necesitan, pues se encontrarían con grave afectación emocional; por lo que, en atención a dicho contexto debió disponerse medidas menos gravosas a su favor, garantizando con ello el interés superior de sus hijas; no obstante, ingresó a valorar la precitada prueba, estableciendo que no resultaban suficientes para enervar el peligro efectivo para la víctima, cuando ello no fue objeto de reclamación en audiencia, con lo que generó un defecto de “incongruencia omisiva”. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 20, pronunciada por el el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Tarija; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0045/2024-S4 Sucre, 14 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47102-2022-95-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 02/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabricio Elioth Flores Márquez en representación sin mandato de Lizbeth Aldana Gudiño contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 5 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 9 vta., la accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra de oficio por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio, fue dispuesta su detención preventiva ante la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, los cuales en diferentes audiencias fueron desvirtuándose, encontrándose a la fecha vigente únicamente el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Añadió que, el 28 de marzo de 2022, se llevó a cabo audiencia de cesación a su detención preventiva, para lo cual incorporó diferentes elementos de prueba para dar viabilidad a la aplicación de la parte in fine del art. 239.1 del Código Adjetivo Penal; es decir, cuando nuevos elementos de convicción tornen viable o conveniente sustituir la medida más gravosa por una menor aún concurra un riesgo procesal, efecto para el cual se aportó como medios idóneos de prueba diferentes informes sociales realizados a sus hijos menores de edad, que establecen la necesidad que ellos estén cerca de su persona, sobre todo porque su hija de 5 años de edad dejó de hablar, siendo esta afectación muy grave, “y a decir de la autoridad judicial mi hijo de quince años de edad está atravesando por una edad complicada donde requiere mayor cuidado y comprensión, siendo que mi persona como madre tiene el deber de protegerlo de todos estos problemas cotidianos que pueden afectar en su comportamiento y pueden llegar a ser mayores” (sic); por lo que, las recomendaciones que surgieron de las terapias psicológicas es que reciban orientación y apoyo psicológico para estabilizarlos emocionalmente; razón por la cual, debía considerarse el interés superior de los referidos menores de edad, siendo deber del Estado buscar su protección otorgándoles estabilidad, la cual será garantizada si su persona se encuentra al cuidado de los mismos. No obstante, su recurso de apelación fue declarado improcedente por la Vocal ahora demandada, quién confirmó indebidamente su detención preventiva con argumentos infundados y mal argumentados, pues alejándose del marco establecido en el art. 398 del CPP, ingresó a valorar la prueba a fin de desvirtuar el art. 234.7 del citado cuerpo legal, estableciendo que no se hubieran introducido nuevos elementos que sean suficientes para enervar el peligro efectivo para la víctima y así otorgarle la cesación, cuando ello no fue objeto de reclamación en audiencia, “sino la errónea e inobservancia en la aplicación del Art. 234.7 y 233 BIS-II, ASI COMO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, por tanto se vulnera el DEBIDO PROCESO EN SU DIMENSION INCONGRUENCIA omisiva” (sic), soslayando que lo que en esencia se buscaba con la apelación era que se establezca que la vulnerabilidad de sus hijos era mayor, por tanto obtener medidas menos gravosas, pues en audiencia jamás se planteó que se incorporaba nuevos elementos de prueba para modificar su situación actual, sino se buscaba el interés superior de sus hijos menores, los cuales se hallan desprotegidos, dado que su persona se encuentra recluida, por cuanto al ser la afectación de éstos mayor, vulneraron sus derechos al actuarse de manera contraria a la Constitución Política del Estado y las Leyes, pues indiscriminadamente se veló por los hijos de la fallecida y no por los suyos, quienes son víctimas de la injusticia que sufre por las falsas acusaciones vertidas en su contra.
La accionante mediante su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes incongruencia omisiva y mala valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de abril de 2022, disponiendo que la autoridad demandada emita nuevo fallo en estricto apego a la jurisprudencia constitucional sentada al respecto, en base a los argumentos referidos en la presente acción tutelar, limitándose a los agravios fundamentados por las partes conforme el art. 398 del CPP y una correcta aplicación de los arts. 239.1, 231 bis parágrafo II del mismo cuerpo legal y el principio de proporcionalidad.
Celebrada la audiencia pública el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 11, presente la parte accionante y ausente la Vocal demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, señalando que existió una mala valoración de la prueba y una incorrecta aplicación del art. 239.1 del CPP, pues la Vocal ahora demandada advirtió el error del inferior y no lo corrigió, ya que su defensa en ningún momento trató de desvirtuar el art. 234.7 del CPP, habiendo amparado su solicitud en la parte in fine del mismo, cuando nuevos elementos demuestren o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, cita que les apertura la posibilidad de solicitar la cesación a la detención preventiva sin desvirtuar ningún riesgo procesal, siempre y cuando exista una razón de peso para justificar el cambio de medida, para lo cual se acompañaron informes sociales, psicológicos, estado de vulnerabilidad de sus hijos; no obstante, el a quo no realizó una adecuada valoración de los mismos, resultando este el agravio invocado ante el Tribunal de alzada y “lamentablemente ante un desconocimiento del Art. 239, 233 Bis y Art. 1 de la Ley 1173, se va por la tangente y hace referencia a la SCP Nº 394/2018, 01/2019-S2 respecto al enfoque interseccional o la perspectiva de género con la que se debe tratar este tipo de causas y realizando una ponderación de derechos, estamos ante un caso de feminicidio por tanto, por tanto se debe dar la tutela a este derecho, la Vocal en ningún momento realiza en base al informe social, informe psicológico esta ponderación de derechos no se lo hizo, no se consideró que ambas son mujeres, es por eso que denunciamos incongruencia omisiva, puesto que no se han dado respuesta a todos los puntos de agravios, respecto al 239 parte in fine, hemos hecho mención a los derechos de los menores de edad” (sic).
Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, si bien presentó informe escrito, el mismo no fue remitido a este Tribunal; no obstante, del contenido del fallo ahora impugnado, se puede extraer lo siguiente: a) No se cumple ninguna de las situaciones que establece el art. 125 de la CPE, pues de la demanda planteada no se evidencia que la vida de la impetrante de tutela se encuentre en riesgo inminente, se halle perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal; b) Conforme los alcances del art. 398 del CPP, los Tribunales de apelación deben circunscribir sus resoluciones a aspectos identificados como agravios por el recurrente, caso por el cual se hizo referencia a una presunta incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado el Juez de mérito en torno a las sentencias constitucionales que habrían sido el fundamento del ceses de la detención preventiva junto a los elementos aportados consistentes en informes psicológicos sociales de la imputada como de sus hijos; no obstante, del testimonio remitido se puede verificar que la citada autoridad al margen de tomar en cuenta lo extrañado realizó un análisis de lo detallado de los elementos aportados a objeto de pretender la cesación a la detención preventiva, en cuyo contexto debía tenerse como referente lo establecido en el art. 239 del adjetivo penal, que establece que las medidas cautelares cesaran por el cumplimiento de las “siguientes causales y en el caso concreto sometido al análisis se trata del núm. 1 la existencia de nuevos elementos que no concurren los motivos que fundaron la detención o en su caso que hagan conveniente su sustitución por otra medida y en ese contexto se toma en cuenta pues aquellos extremos por parte del Juez de mérito qué estableciendo de inicio el precepto normativo que sustenta la pretensión de la defensa hace referencia a la situación procesal que ha devenido en la detención preventiva por cuatro meses al existir peligros procesales y el elemento material, dejando en claro de que en el devenir del proceso se han desactivado o enervado peligros procesales y a la fecha se mantiene vigente el art. 234.7 del CPP de ahí es que analiza los informes sociales de los tipos de las sindicadas que ponen en manifiesto que viven en la casa de los abuelos maternos están al cuidado además de la hermana mayor y en cuanto a la situación económica, están siendo cubiertas sus necesidades por la familia ampliada en cuanto a línea paterna y materna” (sic), posteriormente compulsó los informes psicológicos que daban cuenta del estado emocional inestable del adolescente y en cuanto a la niña no se hubiera podido realizar pericia alguna debido al lenguaje poco claro y fluido, elementos nuevos en torno a los cuales efectuó un minucioso análisis advirtiendo en el caso su insuficiencia al no lograr enervar el peligro efectivo para la víctima, tampoco la segunda arista del art. 239.1 del CPP, respecto a la modificación de su situación procesal “que al margen de los argumentos sostenidos por el recurrente respecto a la incongruencia omisiva y a la falta de aptitud por parte del Juez aguo empero el mismo analiza en el fondo las circunstancia normativas que devienen en la consideración del acto procesal del cual emerge la decisión apelada qué en el caso en concreto no se advierte que exista agravio alguno en cuando a la determinación sin poder desconocer que al margen de la jurisprudencia constitucional referida por el recurrente que evidentemente es de cumplimiento obligatorio por la vinculatoriedad de los mismos empero a través de la misma sentencia que se hace referencia por la parte recurrente la 1787 se pone en relieve la obligación de la autoridad jurisdiccional de realizar la ponderación de derechos y en el caso en concreto resguardando la seguridad jurídica como derecho fundamental, tales así que el Juez de mérito ha establecido aquel carácter ponderativo teniendo en cuenta el carácter de víctimas dentro de la causa menores de edad que sí de modo alguno se alude por parte del recurrente que las hijas de la victima son menores de edad y requieren protección privilegiada y reforzada, empero no puede desconocerse que desde el otro lado bajo los derechos vulnerados en el caso sometido a investigación se encuentran menores de edad que al tenor del artículo 47 de la ley 348 tienen que tener atención preferente” (sic), conforme determinó la “SCP 0394/2018 y 01/2019”, entre otras que establecen parámetros de protección integral, inmediata y diligente a la víctima, contexto bajo el cual concluyó que la posición del a quo bajo la modulación establecida no fue irregular, teniendo la posibilidad de adscribirse a un fundamento u otro de la jurisprudencia constitucional explicando justamente la razón de su decisión, por lo que declaró sin lugar los agravios del recurrente; c) Respecto a la insuficiencia de los elementos aportados por el Juez de primera instancia, no se demostró un cambio tampoco la conveniencia de establecer otra medida menos gravosa, tal como fue establecido en el fallo confutado, sin que exista la necesidad de complementar aspectos con relación a ello al haber sido clara y precisa la resolución; y, d) Finalmente en cuanto a la ponderación de derechos “según se ha plasmado en la propia resolución es la propia Ley 348 que a través del enfoque Interseccional o perspectiva de género rescatado en la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias 64/2018-S2 interpreta y explica el contexto de los Instrumentos Internacionales y además el artículo 47 de la merituada ley” (sic), que establece que cuando existe colisión de derechos se debe dar preferencia a los derechos de dignidad de las mujeres, por lo que ni puede perderse de vista que se investiga un feminicidio que a diferencia del homicidio, hace necesario juzgar con perspectiva de género, con lo que se tuvo por complementada la resolución en los términos solicitados por la parte ahora solicitante de tutela; argumentos en base a los cuales al no existir vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante, ajustándose el fallo confutado en derecho, solicitó se deniegue la tutela impetrada ante la inexistencia de agravios.
El Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 20, denegó la tutela impetrada; en base a los siguientes fundamentos: 1) Del análisis del Auto Interlocutorio 125/2022, advirtió que el Juez a quo realizó la compulsa de las pruebas “y con relación que necesariamente éstos menores deban ser atendidos por la madre, pues no es evidente puesto que también se ha realizado la fundamentación que ellos estarías siendo protegidos por la familia ampliada” (sic); 2) Con relación a la Vocal demandada, en cuanto a que presuntamente se hubiera extralimitado en sus funciones inobservando los márgenes del art. 398 del CPP, señaló que aplicó correctamente la perspectiva de género, pues de acuerdo a las Sentencias Constitucional Plurinacionales 721/2018-S2 de 31 de octubre y 0017/2019-S2 de 13 de marzo, el hecho trata de un delito que goza de la protección de la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales, en especial de la Ley 348, por cuanto su tratamiento y procesamiento debe ser realizado aplicando la perspectiva de género y los estándares más altos de protección a la víctima mujer en situación de violencia, parámetros que fueron considerados y aplicados correctamente por la autoridad hoy demandada, velando por los derechos de la víctima; y, 3) Con relación a que no se hubiera realizado una valoración integral de las niñas –se entiende hijas de la hoy solicitante de tutela–, estableció que las mismas no están desprotegidas, sino están bajo el cuidado de la familia ampliada.
Por Decreto Constitucional de 7 de julio de 2023 (fs. 24), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de febrero de 2024 (fs. 42 a 43); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto de Vista 77/2022-SP2 de 4 de abril, la autoridad judicial hoy demandada, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por Lizbeth Aldana Gudiño –hoy impetrante de tutela–, en consecuencia confirmó la resolución apelada (fs. 34 a 36 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes incongruencia omisiva y mala valoración de la prueba vinculado con su derecho a la libertad; toda vez, que la autoridad demandada al momento de emitir el Auto de Vista 77/2022-SP2 de 4 de abril, se alejó del marco establecido en el art. 398 del CPP, pues inobservó que presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo de la parte in fine del art. 239.1 del CPP, que procede sin necesidad de desvirtuar ningún riesgo procesal, a cuyo efecto presentó como prueba diferentes informes tanto psicológicos como sociales, que demuestran que sus hijos de cinco y quince años la necesitan, pues se encontrarían con grave afectación emocional; por lo que, en atención a dicho contexto debió disponerse medidas menos gravosas a su favor, garantizando con ello el interés superior de sus hijas; no obstante, ingresó a valorar la precitada prueba, estableciendo que no resultaban suficientes para enervar el peligro efectivo para la víctima, cuando ello no fue objeto de reclamación en audiencia, con lo que generó un defecto de “incongruencia omisiva”. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0674/2020-S4 de 4 de noviembre, señaló que: “La referida norma procesal penal, prevista en la parte general de los Recursos (Libro Tercero), dispone: ‘(Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia en sus vertientes interna y externa, como el: ‘…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentesʼ.
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ʽ…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión‛.
La jurisprudencia precitada, se encuentra íntimamente ligada a lo previsto en el art. 398 del CPP; es decir, que la competencia de los tribunales de alzada está circunscrita a los aspectos cuestionados de la resolución de la autoridad inferior, pues lo contrario, acarrearía una inseguridad jurídica en las partes que acuden a la revisión de sus fallos.
En consecuencia, el defecto o vulneración al principio de congruencia se puede presentar por: 1) Incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, lesionando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también a la defensa; y, 2) Por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar; toda vez, que en la emisión del Auto de Vista 77/2022-SP2, la autoridad ahora demandada incurrió en un defecto de omisión, ya que no se pronunció con relación a los agravios que fueron objeto de su recurso de apelación.
En ese marco, de los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que mediante Auto de Vista 77/2022-SP2, la autoridad judicial hoy demandada, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la hoy impetrante de tutela, en consecuencia confirmó la resolución apelada (Conclusión II.1.).
Ahora bien, considerando el contexto de la problemática expuesta circunscrita en torno a una presunta incongruencia omisiva; corresponde ingresar a conocer la expresión de agravios deducidos por la parte imputada hoy accionante, y posteriormente los fundamentos en los que fue sustentado el Auto de Vista confutado, ello con la finalidad verificar si lo denunciado a través de esta acción de defensa, resulta ser o no evidente; para tal efecto, previamente concierne aclarar que al no contar esta jurisdicción constitucional con el acta de audiencia de apelación, los reclamos efectuados en alzada, serán extractados del fallo cuestionado, contenidos en el CONSIDERANDO I, los cuales versaron en denunciar: i) Incongruencia omisiva, ya que el Juez a quo no habría analizado los elementos probatorios acompañados a solicitud de cesación a la detención preventiva, incurriendo con ello en decisiones arbitrarias que devienen en una incorrecta valoración probatoria que afectan el debido proceso y seguridad jurídica, refiriendo enfáticamente a la no aplicación ni pronunciamiento expreso con relación a las sentencias constitucionales aparejadas para la consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, “teniendo en cuenta en este caso que en virtud a los elementos acompañados únicamente se pronuncia con relación a observaciones respecto a sentencias constitucionales inaplicadas pese a tener el carácter de vinculante y obligatorias, por lo que pide se tome en cuenta la otorgación del cese de la detención bajo medidas cautelares menos lesivas atendiendo además a que según se ha sostenido existiría intromisión de la hermana de la imputada que va a afectar directamente a las víctimas circunstancia que no ha generado ninguna amenaza, por lo que pide se considere todos estos extremos a tiempo de declarar con lugar el recurso determinando el cese de la medida extrema” (sic); y, ii) En la vía de complementación, solicitó que el Auto de Vista emitido sea complementado en los siguientes puntos: Conforme consta del acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, se hizo hincapié que no se solicitó la cesación en base al 239.1 primera parte, pues hicieron más énfasis en el término “torne por conveniente” (sic), y es por eso que citó la SCP 0038/2017-S3 de 17 de febrero, relativa a la ponderación de derechos de los hijos menores de una mujer detenida en relación con la SCP “1787” de 21 de octubre de 2013, que establece que en un caso similar homicidio, los derechos que le asisten a los hijos de la detenida fueron tutelados por “una Corte Superior de Distrito y que frente a un amparo constitucional contra esa resolución se indicó de que esa es la resolución correcta, en ese sentido solicitamos a su autoridad indique o precise este aspecto no hemos pedido el 239 como nuevos elementos por un lado. Por otro lado su autoridad señala de que dentro de esa ponderación que tendría que hacerse de los derechos de los hijos de la persona que ha fallecido con referencia a los derechos de los hijos de quién es sindicada se basa o cite en un caso de jurisprudencia, donde a ustedes los jueces o vocales les faculta el hecho de hacer esta ponderación vale decir tienen más derecho los hijos de la víctima que ha fallecido sobre los derechos de los hijos de la persona que está recluida; porque de ser así existiría implícitamente ese razonamiento una manera de discriminar a los niños y esto no es correcto porque todos los niños tienen un común denominador todos tienen iguales derechos y el hijo de una persona que hubiere fallecido no tiene más derechos que los hijos o niños de una persona que esté viva, en ese sentido solicito se sirva complementar su auto a efectos de que podamos en este caso nosotros ver si existe un respaldo legal independientemente de su voluntad de usted si existe un respaldo legal jurisprudencial o doctrinal al respecto” (sic).
Por otro lado el Auto de Vista cuestionado, fue sustentado en los siguientes fundamentos: a) Conforme los alcances del art. 398 del CPP, los Tribunales de apelación deben circunscribir sus resoluciones a aspectos identificados como agravios por el recurrente, y que son cuestionados a través de la resolución sometida a revisión que en el caso en concreto el apelante denunció incongruencia omisiva, pues el Juez de mérito no se hubiera pronunciado en torno a las sentencias constitucionales que habrían sido el fundamento del cese de la detención preventiva junto a los elementos aportados consistentes en informes psicológicos y sociales de la imputada y de sus hijos; aspecto en torno al cual la Vocal ahora demandada, estableció que, de la verificación de la resolución impugnada, el Juez a quo al margen de tomar en cuenta los fallos constitucionales citados por el recurrente, hizo un análisis detallado de los elementos aportados a objeto de considerar la cesación a la detención preventiva, por cuanto para ello debía tenerse como referente lo previsto en el art. 239 del CPP, que establece que las medidas cautelares cesaran por el cumplimiento de las “siguientes causales y en el caso concreto sometido al análisis se trata del núm. 1 la existencia de nuevos elementos que no concurren los motivos que fundaron la detención o en su caso que hagan conveniente su sustitución por otra medida y en ese contexto se toma en cuenta pues aquellos extremos por parte del Juez de mérito qué estableciendo de inicio el precepto normativo que sustenta la pretensión de la defensa hace referencia a la situación procesal que ha devenido en la detención preventiva por cuatro meses al existir peligros procesales y el elemento material, dejando en claro de que en el devenir del proceso se han desactivado o enervado peligros procesales y a la fecha se mantiene vigente el art. 234.7 del CPP de ahí es que analiza los informes sociales de los tipos de las sindicadas que ponen en manifiesto que viven en la casa de los abuelos maternos están al cuidado además de la hermana mayor y en cuanto a la situación económica, están siendo cubiertas sus necesidades por la familia ampliada en cuanto a línea paterna y materna” (sic), para seguidamente analizar los informes psicológicos que daban cuenta del estado emocional inestable del adolescente y en cuanto a la niña no se hubiera podido realizar pericia alguna debido al lenguaje poco claro y fluido, en ese sentido efectuó un minucioso análisis de los nuevos elementos, advirtiendo en el caso su insuficiencia al no lograr enervar el peligro efectivo para la víctima, y por otro lado tampoco concurriría la segunda arista del art. 239.1 del CPP; es decir, la conveniencia de modificar su situación procesal “que al margen de los argumentos sostenidos por el recurrente respecto a la incongruencia omisiva y a la falta de aptitud por parte del Juez aquo empero el mismo analiza en el fondo las circunstancia normativas que devienen en la consideración del acto procesal del cual emerge la decisión apelada qué en el caso en concreto no se advierte que exista agravio alguno en cuando a la determinación sin poder desconocer que al margen de la jurisprudencia constitucional referida por el recurrente, que evidentemente es de cumplimiento obligatorio por la vinculatoriedad de los mismos empero a través de la misma sentencia que se hace referencia por la parte recurrente la 1787 se pone en relieve la obligación de la autoridad jurisdiccional de realizar la ponderación de derechos y en el caso en concreto resguardando la seguridad jurídica como derecho fundamental, tal es así que el Juez de mérito ha establecido aquel carácter ponderativo teniendo en cuenta el carácter de víctimas dentro de la causa menores de edad que sí de modo alguno se alude por parte del recurrente que las hijas de la víctima son menores de edad y requieren protección privilegiada y reforzada, empero no puede desconocerse que desde el otro lado bajo los derechos vulnerados en el caso sometido a investigación se encuentran menores de edad que al tenor del artículo 47 de la ley 348 tienen que tener atención preferente y bajo esta circunstancia además delimitada enseñan justamente a tener en cuenta aquellos parámetros de la protección integral, inmediata, diligente a la víctima; en ese contexto no se advierte que haya existido irregularidad alguna en la determinación asumida por el Juez aquo que bajo la modulación establecida por el Tribunal Constitucional el Juez tiene la facultad de adscribirse a un fundamento u otro de la jurisprudencia constitucional explicando justamente la razón de la determinación, consecuentemente advirtiendo la inexistencia de agravio alguno conlleva a resolver” (sic); argumentos en base a los cuales se declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por el hoy impetrante de tutela, confirmando el fallo apelado; y, b) En la vía de complementación, señaló que referente a la consideración realizada por el Juez a quo, en cuanto a la insuficiencia de la prueba aportada, se puso de manifiesto que los mismos no demostraron un cambio de la situación procesal y tampoco que sea conveniente cambiar la detención preventiva por otra menos gravosa, tal como fue establecido en instancia de alzada, por lo que no existía la necesidad de complementar ese extremo al haber sido clara y precisa la resolución; en cuanto a la solicitud al amparo normativo para establecer la ponderación de derechos, según fue plasmado, es la propia Ley 348 que a través del enfoque interseccional o perspectiva de género rescatado en la SCP 64/2018-S2, interpreta y explica el contexto de los instrumentos internacionales y además el art. 47 del mismo cuerpo legal, establece que ante la existencia de colisión de derechos debe darse preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, por lo que no debía perderse de vista que en el caso se estaría investigando un feminicidio que a diferencia del homicidio, que hace referencia la jurisprudencia constitucional hace necesario aplicar el enfoque diferencial y el análisis desde la perspectiva de género, que obliga en el caso a la autoridad jurisdiccional, juzgar con perspectiva de género.
De la contrastación de ambos aspectos, no se tiene como evidente lo denunciado por la hoy solicitante de tutela, pues de acuerdo al contenido del fallo confutado, la autoridad ahora demandada emitió pronunciamiento puntual respecto a cada uno de los puntos de agravio precedentemente desglosados, sosteniendo que el Juez a quo al margen de considerar los fallos constitucionales citados por el recurrente, realizó un análisis detallado de los elementos probatorios aparejados a la solicitud de cesación a la detención preventiva, refiriendo que los informes sociales ponían en manifiesto que los hijos de la sindicada vivían en la casa de los abuelos maternos, encontrándose éstos al cuidado de la hermana mayor – se asume de la impetrante de tutela–, y sus necesidades se encontraban siendo cubiertas por la familia ampliada paterna y materna; respecto a los informes psicológicos, se había manifestado que estos daban cuenta del estado emocional inestable del adolescente y en cuanto a la niña no se había podido efectuar ninguna pericia por el lenguaje poco claro, advirtiendo su insuficiencia para enervar el peligro efectivo para la víctima.
Asimismo, fue contundente en manifestar que tampoco concurriría la parte in fine del art. 239.1 del CPP; es decir, la conveniencia de modificar su situación procesal, pues de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1787/2013, citada por la parte recurrente y la cual resultaba vinculante a la causa, se anteponía la obligación de los juzgadores de aplicar la ponderación de derechos y en el caso concreto resguardar el derecho a la seguridad jurídica, en cuyo contexto el Juez de primera instancia había establecido aquel carácter ponderativo teniendo en cuenta la condición de las víctimas, quienes eran menores de edad, en contraposición con lo alegado por la recurrente respecto a que sus hijos se encontraban con problemas emocionales y de igual manera en esa condición de minoridad por cuanto requerían de protección privilegiada y reforzada; labor en la cual estableció que en prevalencia de los instrumentos internacionales y la Ley 348, cuando existía colisión de derechos debía darse preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, por lo que no podía soslayarse que en el caso se investigaba un feminicidio, por cuanto era necesario realizar el análisis desde un enfoque diferencial que obligaba juzgar desde la perspectiva de género.
Determinación que responde a la expresión de agravios ilustrada en acápites anteriores, ya que si bien es evidente que en el marco del análisis del art. 239.1 del CPP, se consideró el riesgo procesal que se encontraba latente –numeral 7 del art. 234 del CPP–; no obstante, también se efectuó una labor ponderativa en torno a la parte in fine extrañada por la accionante, estableciéndose que no era conveniente modificar su detención preventiva por otra medida menos gravosa, ello en preeminencia a los derechos de los hijos de la víctima de feminicidio, aplicando la perspectiva de género y los estándares de protección, por cuanto dicha labor no puede ser reprochada; toda vez que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el alcance del diseño limitativo competencial establecido por el art. 398 del CPP, con relación a la aplicación, modificación o subsistencia de las medidas cautelares de carácter personal, adquiere un enfoque de aplicación que responde a la finalidad y naturaleza jurídica de este instituto procesal, lo cual implica que, en cualquier decisión asumida sobre esta temática, se debe efectuar un examen integral de las circunstancias y de los elementos de convicción aportados.
Por lo expuesto, no se evidencia que la autoridad demandada hubiera incurrido en un defecto de congruencia, en este caso omisiva; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, al verificarse que el Auto de Vista cuestionado, contiene una debida motivación y fundamentación.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 20, pronunciada por el el Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Tarija; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0045_2024-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 02576458948f604abdc350c4d87b51da4e054aa10299f362deade981e6b2be1b
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