Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 14 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso y al principio de legalidad y celeridad; toda vez que, dentro del fenecido proceso penal seguido en su contra por el delito de transporte de sustancias controladas, habiéndose promulgado el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, a efectos de acogerse al beneficio de indulto, presentó su carpeta al Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien por Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio lo declaro procedente; empero, al ser remitida la misma para su homologación, la autoridad ahora demandada mediante Resolución 113/2021 de 28 de junio rechazó la misma, incurriendo en los siguientes agravios: 1) No consideró que se encuentra delicada de salud por el COVID-19, y que para probar tal aspecto presentó un “certificado” médico; y, 2) No se encuentra dentro de las causales de exclusión establecidos en el referido Decreto Presidencial, no existiendo razón para rechazar su solicitud de indulto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) Trámite de solicitud del indulto conforme al Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 88/2021 de 12 de julio, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada por Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0045/2023-S1 Sucre, 14 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 43927-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 88/2021 de 12 de julio, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María de los Ángeles Aguilar Cardona contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de julio de 2021, cursante de fs. 44 a 46, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, fue sentenciada a nueve años de presidió a ser cumplidos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz. Es así, que habiéndose promulgado el Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021 -de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos-, y encontrándose dentro de las causales para recibir dicho beneficio, presentó la correspondiente carpeta al Director Departamental de Régimen Penitenciario, mismo que mediante Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio aprobó el indulto, remitiendo su documentación a la autoridad jurisdiccional correspondiente el 24 de junio de 2021 para su homologación; sin embargo, el Juez ahora demandado emitió la Resolución 113/2021 de 28 de junio rechazando la homologación de la Resolución de Indulto referida; por incumplir con los requisitos exigidos por el señalado Decreto Presidencial; al no haber acreditado su estado de salud terminal o crónica; empero, presentó certificado médico el cual fue rechazado; y, en ninguna parte del Decreto Presidencial menciona que la autoridad judicial tenga la facultad de rechazar la resolución del indulto.
La impetrante de tutela alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso y al principio de legalidad y celeridad, citando al efecto los arts. 109, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene: a) Que en un plazo no superior a las veinticuatro horas se disponga su inmediata libertad, al haber cumplido con los requisitos y no estar en las exclusiones que menciona el Decreto Presidencial 4461; y, b) Se multe a la autoridad demandada con una salario mínimo y “sea en beneficio de los niños del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción tutelar, y ampliándola señaló que: 1) Presentó la carpeta de indulto ante la Dirección Departamental el Régimen Penitenciario, misma que fue aceptada por haber cumplido lo establecido en el art. 9.III inc. c) del Decreto Presidencial 4461, en mérito a que fue respaldada con la certificación del médico del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; en ese orden, se emitió la Resolución de Indulto 068/2021; sin embargo, al ser remitida ante la autoridad judicial ahora demandada, esta rechazó la homologación del indulto a través de la Resolución 113/2021, haciendo omisión el estado de salud de la persona, atentando contra los derechos a la libertad, a la salud y a la vida, sin tomar en cuenta que es de nacionalidad colombiana y no tiene familia en el país, encontrándose en estado de indefensión y tampoco tendría apoyo para sustentar sus medicamentos; 2) Por el hacinamiento en el referido Centro de Orientación Femenina, no puede acceder a insumos médicos para su tratamiento crónico; 3) Conforme establece el Decreto Presidencial 4461 en su art. 11.VIII, recibida la resolución administrativa de concesión de indulto, el Juez de Ejecución Penal en el plazo de tres días hábiles homologara la resolución y emitirá mandamiento de libertad en favor de la o el beneficiario, misma que no refiere que el juez pueda rechazar la resolución de indulto; por lo que, la autoridad demandada atenta contra su libertad; y, 4) El art. 25.I del Pacto de San José de Costa Rica en relación a los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un proceso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado; empero, la autoridad demandada olvido los preceptos establecidos en la Ley del Órgano Judicial, sobre la protección de los derechos de las personas que están en este estado indefensión, al no homologar la resolución del indulto, atentando al derecho a la libertad, por lo que solicita se le conceda la tutela y se expida su mandamiento de libertad en veinticuatro horas.
Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) Si bien no hay una facultad establecida en el art. 11 del Decreto Presidencial 4461 sobre el rechazo de la homologación; sin embargo, la acción de homologar significa corroborar el cumplimiento de los requisitos del beneficio de indulto, es decir que el Juez de Ejecución Penal debe verificar el cumplimiento de los requisitos, bajo el principio de legalidad que debe ser observada por las autoridades jurisdiccionales y velar del cumplimiento de la norma; ii) El art. 4 del Decreto Presidencial 4461 establece que las instituciones públicas entre las cuales se encuentra el Órgano Judicial, son responsables del cumplimiento del decreto, en cuanto a sus requisitos y procedimientos, en sentido procedió a corroborar el cumplimiento de los requisitos para homologar o rechazar; iii) La Dirección Departamental del Régimen Penitenciario remitió la Resolución de Indulto 068/2021, y en su parte pertinente señaló que se acogió este beneficio en aplicación del art. 9.I.2 del Decreto Presidencial 4461, por tratarse de una persona con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal debidamente acreditada mediante certificado médico emitido por José Ignacio Quisbert, Médico del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con un diagnóstico de gastritis aguda, infección vaginal y cistitis crónica; señalando además que la condenada no se encontraría dentro de las exclusiones señaladas en el art. 9 del citado Decreto Presidencial, y de la revisión de obrados se encuentra privada de su libertad en el señalado Centro Penitenciario desde el 13 de noviembre del 2019, con una pena privativa de libertad de nueve años, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas; por lo que, puede acogerse al beneficio del indulto sin necesidad de acudir a otro tipo de medidas, conforme al art. 8.I.2 del Decreto Presidencial 4461 que señala que una persona pueda acceder al indulto siempre y cuando cuente con una pena privativa de libertad igual o menor a diez años en la cual haya cumplido por lo menos una cuarta parte de su condena; en ese entendido se tiene que inicialmente la condenada apenas cumplió un año, siete meses y quince días, siendo que la cuarta parte de su pena, son de dos años y tres meses; por lo que, estaría pendiente de cumplimiento un tiempo prudencial; iv) En relación a la causal de persona con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal debidamente acreditada, está exención de las exclusiones, solamente es aplicable según el art. 9.I.2 del Decreto Presidencial 4461 solo a delitos con pena privativa de libertad cuyo lo máximo legal sea mayor a diez años, y la privada de libertad cumple una condena menor a los diez años; v) Sobre la enfermedad crónica avanzada, en estado terminal debidamente acreditada, el Decreto Presidencial 4461 es claro en señalar en el art. 9.III inc. c), que por razones humanitarias ante el hacinamiento existente en centros penitenciarios y resguardar la vida, la salud e integridad y ante crecimiento de contagio del Coronavirus (Covid-19), quedan exentas la exclusiones establecidas en el numeral 2 del parágrafo I del presente artículo y se requiere un certificado médico para acreditar esa circunstancia; empero, de la revisión de la documentación adjunta para el beneficio de indulto, no cursa certificado médico, sino informe médico del área de salud del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, en el cual se tiene una impresión diagnóstica basada en referencias subjetivas de una enfermedad grave en estado avanzado; de lo cual evidenció que no se cuenta con un diagnóstico objetivo sobre el estado de salud de la interna, prescindiendo de los historiales clínicos que pudiera tener la interna, pruebas de laboratorios o exámenes clínicos para considerar una enfermedad crónica en estado avanzado, conforme estableció la Organización Mundial de la Salud; asimismo, el referido informe recomendó que la paciente se haga una valoración por especialidad de ginecología, debe cumplir tratamiento y dieta indicada; por lo que, dispuso que se cumpla esa valoración médica; y, vi) Cumple una condena de nueve años, en la cual, si podría beneficiarse del indulto siempre y cuando cumpla con los requisitos; y, respecto al derecho a la salud y a la vida, en todo momento se consideró de manera objetiva el estado de salud de la ahora accionante, determinando que se le haga una valoración por especialidad de ginecología para tener certeza sobre el estado de salud y pueda solicitar nuevamente el beneficio de indulto subsanando y cumpliendo los requisitos del Decreto Presidencial 4461.
El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido el Juez de garantías, por Resolución 88/2021 de 12 de julio, cursante de fs. 51 a 52, concedió la tutela solicitada, disponiendo que “…en un plazo no mayor a las 24 horas a partir de su notificación mediante el sistema Cisco Webex al Juez Primero de ejecución penal D.R. MARCO ANTONIO LAURENTI TITIRICO emita una nueva resolución de homologación de indulto establecido en el Decreto Presidencial 4461 concesión de amnistía o indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos a si mismo por razones humanitarias ante el hacinamiento existe los establecimientos penitenciarios que puedan resguardar la vida la salud ante el incremento del COVID-19 podrán beneficiarse del indulto las personas que cuenten con sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea mayor a Diez años que se encuentren en los siguientes grupos vulnerados como es el inciso C) Personas con avanzada con enfermedad crónica avanzada o estado terminal debidamente acreditada, por lo que la accionada no se encuentra dentro de las exclusiones de este decreto más un fue sentenciada a nueve años que a consecuencia de conformidad el art. 38 de la ley 254 del Código Procesal por secretaría, reponiendo esta persona se encuentra delicada de salud, por lo que se le otorgue el mandamiento de libertad correspondiente y con relación a la sanción o multa con el salario mínimo no a lugar con lo solicitado…”
(sic); determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: a) En la presente causa evidentemente existe una vulneración de derechos y garantías constitucionales en razón de los siguientes argumentos de índole legal, que el art. 125 de la CPE y siguientes prevé la protección que debe otorgar cada uno de los operadores de justicia a momento de desarrollar a cabo las diferentes causas y el Juez de Ejecución Penal debe velar por los derechos y garantías de los privados de libertad que se encuentran con condena; entonces, se tiene que la accionante se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y la SCP 0241/2015-S2 de 26 de febrero estableció que dicha autoridad jurisdiccional es competente para proceder a la homologación del indulto debiendo considerar siempre la protección de los derechos y garantías constitucionales que posean las personas; y, b) Se debe tomar en cuenta que la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 001/2020” (sic), la cual de conformidad al art. 410 de la CPE se encuentra dentro los parámetros de bloque de constitucionalidad y estableció lineamiento para que las autoridades jurisdiccionales adopten medidas diferentes a la medida de extrema de la detención preventiva, entonces, los privados de libertad solo tienen restringido su derecho a la libre locomoción; pero, sus demás derechos o garantías constitucionales no se tienen disminuidos, por lo que no se tomó en cuenta esos aspectos vulnerados o los derechos primordiales y fundamentalísimos como es la vida, salud y su vinculación al derecho a la libertad, más aun tomando en cuenta, que la impetrante de tutela es madre de menores de edad, los cuales se encuentran bajo su cargo.
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 04/2021 de 5 de febrero, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de María de los Ángeles Aguilar Cardona -ahora accionante-; por la cual, el Juez de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz declaró autora y culpable a la prenombrada por el delito de transporte de sustancias controladas, ordenando que la misma cumpla la pena privativa de libertad de nueve años en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, pena que será cumplida hasta el 8 de noviembre de 2027, más el pago de diez mil días multa (fs. 9 a 15). II.2. Se tiene Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio, emitida por el Director Departamental de Régimen Penitenciario, por el cual se determinó declarar procedente la solicitud de indulto de la ahora accionante y la remisión de la resolución al Juzgado de turno o de ejecución correspondiente para analizar la solicitud presentada conforme lo señalado por el art. 11.VIII del Decreto Presidencial 4461 (fs. 3 a 6 vta.). II.3. Mediante Resolución 113/2021 de 28 de junio, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, determinó rechazar la homologación de la Resolución de Indulto 068/2021, por no haberse cumplido con los requisitos necesarios para su concesión; asimismo, concedió una salida médica personal a favor de la interna, a efectos de que sea valorada por el servicio de ginecología del Hospital de la Mujer, en razón al “informe del área médica” de 24 de mayo de 2021. Determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:
“Considerando: Que, para determinar la procedencia o improcedencia, de la Resolución Administrativa de Indulto; de la revisión de los antecedentes del Cuaderno de Ejecución radicado en este órgano jurisdiccional y los antecedentes remitidos por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, se establecen los siguientes extremos de orden legal: 1. Que, mediante Resolución de Sentencia Condenatoria ejecutoriada No. 04/2021 de 05 de febrero de 2021 dictada por el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto, la procesada MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA fue sentenciada a la pena privativa de libertad de 9 AÑOS, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, a cumplirse en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. 2. Que, en la ejecución de su condena, la sentenciada MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA se acogió al derecho del indulto, según se desprende de la RESOLUCIÓN DE INDULTO No. 068/2021 de 15 de junio de 2021, al efecto, según la documentación remitida por el Sr. Director Departamental de Régimen Penitenciario, presentando documentación de respaldo conforme la exigencia del Art. 10 del Decreto Presidencial No. 4461 de 02 de febrero de 2021, en virtud a al cual el Director Departamental de Régimen Penitenciario emitió la correspondiente resolución de Indulto de la sentenciada MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA.
CONSIDERANDO: Que el Decreto Presidencial N° 4461 tiene en parte por objeto conceder el indulto por razones humanitarias así como establecer los requisitos y regular su procedimiento, así también entre las finalidades del referido Decreto Presidencial conforme el numeral 1. del Art. 2 del Decreto Presidencial N° 4461 se encuentra la de: 1. Resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad, por el incremento de contagios por la COVID-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país;...". Que, el Art. 8 parágrafo. I, núm. 2 del Decreto Presidencial No. 4461, publicado el día 02 de febrero de 2021, determina que: “...Se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen a las exclusiones establecidas en el Art. 9 y cumplan algunas de las siguientes condiciones:... 2. Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que haya cumplido por lo menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad...", así también el numeral 2 del parágrafo I del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461 establece que: “...I. Se excluyen de la concesión del indulto a las personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada por.... 2. Delitos con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea mayor a diez (10) años...”.
Por otra parte estas exclusiones por razones humanitarias y el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios no son aplicables conforme el inciso c) del parágrafo III del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461 que establece: “...III. Por razones humanitarias, ante el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios y para resguardar la vida, la salud e integridad ante el incremento de contagios por la COVID-19 quedan exentas de las exclusiones establecidas en el numeral 2 del Parágrafo I del presente Artículo, las siguientes personas: c) Personas con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal debidamente acreditada...”, disposición concordante con el numeral 2) del parágrafo II del Art. 10 del Decreto Presidencial N° 4461 que dispone: II. Son requisitos específicos, según corresponda, los siguientes: …2. Certificado Médico original, emitido u homologado por el IDIF o emitido por personal de salud de Régimen Penitenciario, el Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo que acredite la enfermedad crónica avanzada o en estado terminal...”.
De la revisión de la Resolución de Indulto N° 068/2021 se tiene que la interna solicitaría el indulto en aplicación del inciso c) del Art. 3 y el inciso c) del parágrafo III del Art. 9 del Decreto Presidencial N° 4461 III. Por razones humanitarias, ante el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios y para resguardar la vida, la salud e integridad ante el incremento de contagios por la COVID-19, quedan EXENTAS DE LAS EXCLUSIONES establecidas en el numeral 2 del Parágrafo I del presente Artículo, las siguientes: en su Inc. c) PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA O EN ESTADO TERMINAL DEBIDAMENTE ACREDITADA, la que estaría acreditado por el informe médico extendido por el Régimen Penitenciario, documento que en el humeral 8 de la Resolución N° 068/2021 figura como: "... 8. CERTIFICADO MÉDICO ***** emitido por el Dr. José Ignacio Quisbert, Médico de C.O.F. Obrajes, en fecha 24 de mayo de 2021 el cual refiere como diagnóstico lo siguiente GASTRITIS AGUDA, INFECCIÓN VAGINAL, CISTITIS CRÓNICA...", situación de salud que no es referida de manera específica entre los considerandos que fundamentan la otorgación de indulto, limitándose a señalar: Que habiendo realizado la compulsa y valoración de toda la documentación presentada, más la resolución; y en mérito al Decreto Presidencial N° 4461 de Amnistía e Indulto de fecha 18 de febrero de 2021, se determina que la privada de libertad MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA NO se encuentra dentro las EXCLUSIONES señaladas en el Artículo 9 en el Romano, pudiendo acceder a la concesión del indulto establecido en el Decreto Presidencial.
CONSIDERANDO: En atención a la solicitud de indulto por enfermedad crónica avanzada o en estado terminal debidamente acreditada, corresponde establecer inicialmente que una enfermedad en estado terminal según lo establecido en el Art. 113 del D.S. 26715 que reglamenta la Ley N° 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión define que la enfermedad en periodo terminal es aquella que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles no puede interrumpirse o evolucionar de acuerdo a la experiencia técnica que lleve al deceso del interno en el lapso de 12 meses; así también por otra según la OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS), las enfermedades no transmisibles (o crónicas) son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta, son enfermedades para las cuales aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, bajo ese entendido se tiene que se tratan de enfermedades que requieren un grado de precisión médica en cuanto a sus características, duración y tratamiento para atender la enfermedad según corresponda. aspectos que no se encuentran contenidos en el informe médico realizado en fecha 24 de mayo de 2021 emitido por el Dr. José Ignacio Quisbert - Médico del COF Obrajes siendo que el mismo se limita a realizar una IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA de gastritis aguda, infección vaginal, cistitis crónica en base a las REFERENCIAS SUBJETIVAS QUE LE PROPORCIONA A TÍTULO PERSONAL LA INTERNA, prescindiendo de métodos clínicos y médicos pertinentes y verificables, sin tener referencia del historial clínico de la interna o por lo menos exámenes y pruebas de laboratorio realizados por el que se pueda realizar un DIAGNÓSTICO OBJETIVO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LA INTERNA y también el mismo no es un informe conclusivo al tener como recomendación la valoración del paciente por la especialidad de ginecología, por lo que se tiene que el informe médico realizado por el referido médico del COF Obrajes NO ES UNA PRUEBA IDONEA para acreditar el estado de salud por enfermedad crónica avanzada o enfermedad terminal de la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA, máxime cuando se tratarían de enfermedades que requerían la atención de médicos especialistas en el área de gastroenterología (para el caso de la gastritis aguda y cistitis crónica) y el área de ginecología (para el caso de la infección vaginal), que como bien señala el numeral 2) del parágrafo II del Art. 10 del Decreto Presidencial N° 4461 debe encontrarse respaldada por un CERTIFICADO MÉDICO o no as un informe médico; siendo que en virtud a todos los antecedentes expuestos con relación al estado de salud de la interna se evidencia que la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario no realizo una correcta valoración de la prueba médica de la interna a momento de emitir la resolución de Indulto.
Por otra parte, según la documentación adjunta, en especial del certificado de permanencia y conducta de fecha 12 de mayo de 2021 la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA habría ingresado al Centro de Orientación Femenina de Obrajes en fecha 13 de noviembre de 2019 cumpliendo hasta la presente fecha de 28 de junio de 2021 un tiempo de condena de 1 años, 7 meses y 15 días, lo que evidencia que la interna se encuentra a 7 meses y 15 días de cumplir con la cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad considerando que la cuarta parte de 9 años son 2 años y 3 meses, evidenciándose que la interna no ha cumplido aún con la cuarta parte (1/4) de su condena de 9 años; incumpliendo con el Art. 8 parágrafo.. núm. 2 del Decreto Presidencial No. 4461, así también se tiene que la previsión del numeral 2 del parágrafo I del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461, no es aplicable a la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA siendo que la misma tiene una sentencia condenatoria menor a 10 años, aspectos que tampoco fueron considerados por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario a momento de emitirse la Resolución de Indulto N° 068/2021.
Conforme dispone el Art. 4 del Decreto Presidencial N° 4461 las instituciones públicas entre las que se encuentra el Órgano Judicial son responsables del cumplimiento del referido Decreto Presidencial, que respecto a la homologación del beneficio de indulto significa corroborar el cumplimiento de los requisitos del beneficio de indulto, siendo que en el presente caso no se ha evidenciado el cumplimiento de los requisitos previstos en el Art. 8 parágrafo. 1, numeral 2 del Decreto Presidencial No. 4461; Art. 9 parágrafo 1, numeral 2 del Decreto Presidencial No. 446, ni tampoco el inciso c) del parágrafo III del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461 concordante con el numeral 2) del parágrafo II del Art. 10 del Decreto Presidencial N° 4461, por lo que se establece que la RESOLUCIÓN DE INDULTO No. 068/2021 de 15 de junio de 2021, emitida por el Director Departamental de Régimen Penitenciario, no se halla debidamente fundamentada e incumple con los requisitos exigidos por el Decreto Presidencial No. 4461 de 02 de febrero de 2021 (sic [fs. 42 a 43 vta.]).
La accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso y al principio de legalidad y celeridad; toda vez que, dentro del fenecido proceso penal seguido en su contra por el delito de transporte de sustancias controladas, habiéndose promulgado el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, a efectos de acogerse al beneficio de indulto, presentó su carpeta al Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien por Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio lo declaro procedente; empero, al ser remitida la misma para su homologación, la autoridad ahora demandada mediante Resolución 113/2021 de 28 de junio rechazó la misma, incurriendo en los siguientes agravios: 1) No consideró que se encuentra delicada de salud por el COVID-19, y que para probar tal aspecto presentó un “certificado” médico; y, 2) No se encuentra dentro de las causales de exclusión establecidos en el referido Decreto Presidencial, no existiendo razón para rechazar su solicitud de indulto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) Trámite de solicitud del indulto conforme al Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021; y, iii) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Ley Fundamental, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:
“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia…” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está compelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
4461 de 18 de febrero de 2021 Conforme al art. 172.14 de la CPE, es atribución de la Presidenta o Presidente del Estado: “Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, en ese entendido el 18 de febrero de 2021, se promulgó el Decreto Presidencial 4461 con el objeto de “conceder amnistía e indulto por razones humanitarias y regular su procedimiento” y la finalidad de resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad, por el incremento de contagios por el COVID-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país; y, reestablecer los derechos civiles y políticos, en procura de celeridad y debido proceso, para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales, caracterizados por vulneraciones masivas y generalizadas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, suscitadas durante la crisis política institucional del Estado acontecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
En consecuencia, el referido Decreto Supremo sobre el ámbito de aplicación de la concesión de amnistía e indulto señaló que:
Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: a. Detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país; b. Medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso; c. Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto. Respecto a su procedencia, requisitos y tramitación, el Capítulo III bajo el epígrafe Indulto, en sus arts. 8, 9 y 10 expresa que:
Artículo 8°.- (Concesión de indulto)
I. Se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen en las exclusiones establecidas en el Artículo 9 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
1. Persona no reincidente, condenada a pena privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años; sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena;
2. Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10)
años, que haya cumplido al menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad; 3. Personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020. II. Para los casos previstos en el numeral 3 del Parágrafo precedente, no se aplicará el régimen de exclusiones previstas en el Artículo 9 del presente Decreto Presidencial, con excepción del numeral 1 del Parágrafo I del mismo artículo.
Artículo 9°.- (Exclusiones)
Se excluyen de la concesión del indulto a las personas que se I. encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada por: 1. Delitos que, en la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admitan indulto; 2. Delitos con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea mayor a diez (10) años; 3. Delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando; tenencia, porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; delitos financieros; 4. Delitos contra la Libertad Sexual, a excepción de los delitos de Actos Obscenos y Publicaciones y espectáculos obscenos; Delitos previstos en la Ley Nº 004, con 5. excepción del primer párrafo del Artículo 154, Incumplimiento de Deberes y Artículo 149, Omisión de declaración de Bienes y Rentas; 6. Delitos de Violencia contra las mujeres determinados en el Capítulo II del Título V de la Ley Nº 348; 7. Delitos de Acoso Político y Violencia Política contra las Mujeres, incorporados por la Ley Nº 243; 8. Delitos cuya Victima sea niña, niño, adolescente, o persona incapaz; 9. Delitos con Victimas Múltiples;
10. Delito de Homicidio y Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito con la agravante de estar bajo la dependencia de alcohol o estupefaciente, conforme la segunda parte del Parágrafo I del Artículo 261 del Código Penal, salvo que se cuente con acuerdo conciliatorio con la víctima.
II. Tampoco accederán al beneficio del indulto aquellas personas beneficiadas con otros Decretos Presidenciales de amnistía o indulto en los tres (3) años anteriores a la vigencia del presente Decreto Presidencial.
III. Por razones humanitarias, ante el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios y para resguardar la vida, la salud e integridad ante el incremento de contagios por la COVID-19, quedan exentas de las exclusiones establecidas en el numeral 2 del Parágrafo I del presente Artículo, las siguientes personas:
a. Varones mayores de cincuenta y ocho (58) años o mujeres mayores de cincuenta y cinco (55) años; b. Personas con discapacidad grave o muy grave debidamente acreditada;
c. Personas con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal, debidamente acreditada; d. Personas que tengan bajo su cuidado o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad o con discapacidad grave o muy grave; en este último caso, debe acreditarse la tutoría legal; e. Mujeres en estado de gestación a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial.
Artículo 10°.- (Requisitos para solicitar el indulto)
I. Son requisitos generales para solicitar la concesión de indulto:
1. Documento original o fotocopia, que acredite la identidad de la persona solicitante del beneficio; en el caso de ciudadanos bolivianos, cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar; siendo ciudadanos extranjeros, documento nacional de identidad, certificación consular de documento nacional de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar; 2. Fotocopia simple de la Sentencia Condenatoria y del Mandamiento de Condena; 3. Certificación emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia que acredite el detalle de condenas y procesos penales vigentes en su contra, así como el o los delitos por los que se encuentra condenada o procesada; 4. Certificado de Permanencia emitido por la Dirección del Establecimiento Penitenciario; 5. Fotocopia simple del Auto de Radicatoria del Juzgado de Ejecución Penal y Supervisión.
II. Son requisitos específicos, según corresponda, los siguientes:
1. Carnet de Discapacidad registrado en el SIPRUNPCD original o fotocopia legalizada. De manera excepcional y para fines exclusivos del presente Decreto Presidencial se podrá presentar Certificado Médico original que acredite la existencia de una discapacidad grave o muy grave expedido por el Personal de Salud de Régimen Penitenciario, del Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo; 2. Certificado Médico original, emitido u homologado por el IDIF o emitido por personal de salud de Régimen Penitenciario, el Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo que acredite la enfermedad crónica avanzada o en estado terminal;
3. Certificado de Nacimiento original de las o los hijos; en su defecto, Informe del Área Social de Régimen Penitenciario o de los Servicios Municipales que acredite la existencia de hijas o hijos menores de doce (12) años; 4. Certificado Médico original que acredite estado de gestación, Carnet prenatal o registro en el Bono Juana Azurduy; 5. Declaración Judicial de Tutoría, Declaración Judicial de Custodia legal o Declaración Jurada Notariada, previa visita e informe social del o la trabajadora social del ámbito público (el resaltado es ilustrativo). En ese sentido, siendo que el Decreto Presidencial 4461 establece de manera clara las condiciones y el procedimiento para la solicitud de indulto, las personas que se encuentran condenadas a cumplir una pena privativa de libertad, y les es posible ser beneficiados con el mismo, tienen la obligación de cumplir con los requisitos y formalidades exigidas, al igual que las autoridades administrativas y judiciales ante las cuales se realiza esta tramitación, debiendo dar cumplimiento a su procesamiento de manera pronta, bajo el principio constitucional de celeridad.
La accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso y al principio de legalidad y celeridad; toda vez que, dentro del fenecido proceso penal seguido en su contra por el delito de transporte de sustancias controladas, habiéndose promulgado el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, a efectos de acogerse al beneficio de indulto, presentó su carpeta al Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien por Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio lo declaro procedente; empero, al ser remitida la misma para su homologación, la autoridad ahora demandada mediante Resolución 113/2021 de 28 de junio rechazó la misma, incurriendo en los siguientes agravios: a) No consideró que se encuentra delicada de salud por el COVID-19, y que para probar tal aspecto presentó un “certificado” médico; y, b) No se encuentra dentro de las causales de exclusión establecidos en el referido Decreto Presidencial, no existiendo razón para rechazar su solicitud de indulto. De las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, el Juez de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz emitió la Resolución 04/2021 de 5 de febrero, declarando a la ahora accionante autora y culpable del delito de transporte de sustancias controladas, ordenando que la misma cumpla la pena privativa de libertad de nueve años en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz (Conclusión II.1); posteriormente, ante la promulgación del Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”, presentó su solicitud para beneficiarse con el indulto ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, instancia que emitió la Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio, que declaró procedente dicha solicitud, disponiendo la remisión de antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente para su homologación (Conclusión II.2), en respuesta a la señalada Resolución, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Lato del departamento de La Paz -ahora demandado- emitió la Resolución 113/2021 de 28 de junio, que determinó rechazar la homologación, por no cumplirse los requisitos necesarios para su concesión, concediendo una salida médica a favor de la interna al servicio de ginecología del Hospital de la Mujer, en razón al “informe del área médica” de 24 de mayo de 2021 (Conclusión II.3). Bajo esos antecedentes, se llega a establecer que las problemáticas traídas en revisión a esta instancia constitucional versan sobre la emisión de la Resolución de Indulto 068/2021, que declaró procedente dicho beneficio en favor de la ahora impetrante de tutela; sin embargo, la misma fue rechazada en su homologación por la autoridad ahora demandada, a través de la Resolución 113/2021, por lo que se ingresara al análisis de las problemáticas planteadas a fin de verificar si son evidentes o no las vulneraciones denunciadas por la accionante, bajo el siguiente orden:
La impetrante de tutela refiere que la autoridad demandada al emitir la Resolución 113/2021 de 28 de junio no consideró que se encuentra delicada de salud, por la situación del COVID-19; y, que para probar tal aspecto presentó un “certificado” médico, el cual fue rechazado.
Ahora bien, ante las vulneraciones alegadas y que las mismas presuntamente hubiesen sido incurridas por el Juez demandado, de la presente acción tutelar al no estar identificado con precisión el derecho transgredido que se vincule a los actos que se denuncian como lesivos; en aplicación del principio general del derecho iura novit curia -el juez conoce el derecho- citado en la SCP 0996/2017-S2 de 25 de septiembre, este Tribunal se encuentra plenamente facultado para precisarlo; consecuentemente, es posible reconducir el acto vulneratorio que alega el accionante en el presente caso; ingresando al análisis del debido proceso respecto a los elementos de fundamentación y motivación que debe regir toda resolución emitida en la vía jurisdiccional o administrativa; por lo que, se ingresara al análisis de la Resolución 113/2021 emitida por la autoridad ahora demandada. En ese marco, es pertinente remitirnos a la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se estableció la necesidad de que toda resolución judicial se encuentre debidamente fundamentada y motivada, señalando que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
Con esos parámetros jurisprudenciales, se ingresará al análisis de la Resolución cuestionada, respecto a la situación de salud de la accionante, en la cual señaló que:
“CONSIDERANDO: En atención a la solicitud de indulto por enfermedad crónica avanzada o en estado terminal debidamente acreditada, corresponde establecer inicialmente que una enfermedad en estado terminal según lo establecido en el Art. 113 del D.S. 26715 que reglamenta la Ley N° 2298 Ley de Ejecución Penal y Supervisión define que la enfermedad en periodo terminal es aquella que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles no puede interrumpirse o evolucionar de acuerdo a la experiencia técnica que lleve al deceso del interno en el lapso de 12 meses; así también por otra según la OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS), las enfermedades no transmisibles (o crónicas) son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta, son enfermedades para las cuales aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, bajo ese entendido se tiene que se tratan de enfermedades que requieren un grado de precisión médica en cuanto a sus características, duración y tratamiento para atender la enfermedad según corresponda. aspectos que no se encuentran contenidos en el informe médico realizado en fecha 24 de mayo de 2021 emitido por el Dr. José Ignacio Quisbert - Médico del COF Obrajes siendo que el mismo se limita a realizar una IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA de gastritis aguda, infección vaginal, cistitis crónica en base a las REFERENCIAS SUBJETIVAS QUE LE PROPORCIONA A TÍTULO PERSONAL LA INTERNA, prescindiendo de métodos clínicos y médicos pertinentes y verificables, sin tener referencia del historial clínico de la interna o por lo menos exámenes y pruebas de laboratorio realizados por el que se pueda realizar un DIAGNÓSTICO OBJETIVO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LA INTERNA y también el mismo no es un informe conclusivo al tener como recomendación la valoración del paciente por la especialidad de ginecología, por lo que se tiene que el informe médico realizado por el referido médico del COF Obrajes NO ES UNA PRUEBA IDONEA para acreditar el estado de salud por enfermedad crónica avanzada o enfermedad terminal de la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA, máxime cuando se tratarían de enfermedades que requerían la atención de médicos especialistas en el área de gastroenterología (para el caso de la gastritis aguda y cistitis crónica) y el área de ginecología (para el caso de la infección vaginal), que como bien señala el numeral 2) del parágrafo II del Art. 10 del Decreto Presidencial N° 4461 debe encontrarse respaldada por un CERTIFICADO MÉDICO o no as un informe médico; siendo que en virtud a todos los antecedentes expuestos con relación al estado de salud de la interna se evidencia que la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario no realizo una correcta valoración de la prueba médica de la interna a momento de emitir la resolución de Indulto. (…)
Conforme dispone el Art. 4 del Decreto Presidencial N° 4461 las instituciones públicas entre las que se encuentra el Órgano Judicial son responsables del cumplimiento del referido Decreto Presidencial, que respecto a la homologación del beneficio de indulto significa corroborar el cumplimiento de los requisitos del beneficio de indulto, siendo que en el presente caso no se ha evidenciado el cumplimiento de los requisitos previstos en el Art. 8 parágrafo. 1, numeral 2 del Decreto Presidencial No. 4461; Art. 9 parágrafo 1, numeral 2 del Decreto Presidencial No. 446, ni tampoco el inciso c) del parágrafo III del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461 concordante con el numeral 2) del parágrafo II del Art. 10 del Decreto Presidencial N° 4461, por lo que se establece que la RESOLUCIÓN DE INDULTO No. 068/2021 de 15 de junio de 2021, emitida por el Director Departamental de Régimen Penitenciario, no se halla debidamente fundamentada e incumple con los requisitos exigidos por el Decreto Presidencial No. 4461 de 02 de febrero de 2021” (sic). Conforme a los antecedentes descritos en la referida Resolución 113/2021, se establece que el Juez demandado sustentó su fallo en lo dispuesto por el art. 113 del DS 26715 que reglamenta la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021- a fines de determinar la definición de “enfermedad en periodo terminal” precisando que es aquella que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles no puede interrumpirse o evolucionar de acuerdo a la experiencia técnica que lleve al deceso del interno en el lapso de doce meses; y en apego a lo dispuesto por el numeral 2 del parágrafo II del art. 10 del Decreto Presidencial 4461, refirió que la enfermedad de la impetrante de tutela debe encontrarse respaldada por un certificado médico y no así por un informe médico, como aconteció en el presente caso; y, finalmente sustentando lo dispuesto por el art. 4 del citado Decreto Presidencial concluyo que las instituciones públicas entre las que se encuentra el Órgano Judicial son responsables del cumplimiento del Decreto Presidencial 4461, y que dentro el presente caso no se evidenció el cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 8.I.2; 9.I.2 y III inc. c); y, 10.II.2 del referido Decreto Presidencial, razón por la cual determino que la Resolución de Indulto 068/2021 de 15 de junio, emitida por el Director Departamental de Régimen Penitenciario, no se halla debidamente fundamentada e incumple con los requisitos exigidos por el señalado Decreto Presidencial. De lo descrito supra, se establece que la autoridad demandada, aplicó los preceptos normativos de la materia, interpretándola y subsumiéndola al caso concreto, y determinar en ese orden que el trámite de indulto, materializado en la Resolución de Indulto 068/2021, incumple los requisitos exigidos por el Decreto Presidencial 4461; en consecuencia, queda claro que dicha autoridad desplego una labor argumentativa desarrollada en el conocimiento y resolución del presente caso, en el que citó disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; asimismo, conforme se lo preciso líneas arriba realizó una interpretación normativa de los alcances del citado Decreto Presidencial, reforzándolo con los alcances ya establecidos en el art. 113 del DS 26715 que reglamenta la Ley 2298 a fines de determinar la definición de “enfermedad en periodo terminal”, por lo que en ese marco, se llega a colegir que la Resolución cuestionada cuenta con la debida fundamentación. Con referencia a la motivación, cabe resaltar que lo denunciado en la presente problemática, precisamente se encuentra enmarcado bajo dicho elemento, ya que la denuncia de la impetrante de tutela con relación a la autoridad demandada se centra en que esta por Resolución 113/2021 no consideró que se encuentra delicada de salud, por la situación del COVID-19; y, que para probar su estado de salud presentó un “certificado” médico, el cual fue rechazado; en ese contexto, del examen de la Resolución supra, se llega a precisar que dicha autoridad a efectos de valorar la salud de la accionante y si esta se enmarcaba dentro los alcances del Decreto Presidencial 4461, argumentó como punto de partida, definiendo lo que significa “enfermedad en periodo terminal” y remitiéndose a lo vertido por la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud, refirió que las enfermedades no transmisibles (o crónicas) son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta, son enfermedades para las cuales aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, y que bajo ese entendido dichas enfermedades requieren un grado de precisión médica en cuanto a sus características, duración y tratamiento para atender la enfermedad según corresponda, mismos que no se encuentran contenidos en el Informe Médico de 24 de mayo de 2021, emitido por José Ignacio Quisbert, Médico del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, siendo que el mismo se limita a realizar una IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA de gastritis aguda, infección vaginal, cistitis crónica en base a las REFERENCIAS SUBJETIVAS QUE LE PROPORCIONA A TÍTULO PERSONAL LA INTERNA, asimismo que dicho informe médico no es una prueba idónea para acreditar el estado de salud por enfermedad crónica avanzada o enfermedad terminal de la ahora accionante. Del extracto precedentemente descrito, claramente se establece que el Juez demandado, a fines de justificar el rechazo de homologación de la Resolución de Indulto 068/2021, valoró el estado de salud de la ahora impetrante de tutela y que conforme al Informe Médico de 24 de mayo de 2021, esta resultaba una impresión diagnostica de “gastritis aguda, infección vaginal y cistitis crónica”; asimismo a efectos de establecer si la ahora peticionante de tutela se encontraba dentro los alcances del Decreto Presidencial 4461, se remitió a establecer a la definición de lo que se entendía por “enfermedad en periodo terminal”, ya que en aplicación del contenido normativo del citado Decreto Presidencial, esta se aplica solo a sentenciados que se encuentran bajo dicha condición, por lo que bajo esos antecedentes concluyó que el referido Informe Médico no acreditaba la enfermedad crónica avanzada o enfermedad terminal de la ahora accionante; en ese orden se llega a establecer que la autoridad demandada en la emisión de la Resolución ahora cuestionada desarrolló los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y el informe medico que fue aportado por la ahora impetrante de tutela, los cuales conforme se advierte mantienen una coherencia e interdependencia con las premisas normativas descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo con referencia a que no se consideró la situación del COVID-19, dicha aseveración tampoco resulta evidente, toda vez que la autoridad demandada en el Tercer CONSIDERANDO, resaltó que el Decreto Presidencial 4461 justamente tiene como objeto conceder el indulto por razones humanitarias, así como establecer los requisitos y regular su procedimiento, y que dentro los requisitos específicos para acceder a dicho beneficio se encuentran el “Certificado Médico original (…) que acredite la enfermedad crónica avanzada o en estado terminal”(sic); por lo que en ese marco, se llega a establecer que la Resolución cuestionada cuenta con la debida motivación en todo su contexto, y en particular a las problemáticas identificadas.
La accionante refiere que no se encuentra dentro de las causales de exclusión establecidas dentro del Decreto Presidencial 4461, no existiendo razón para rechazar su solicitud de indulto. Con relación a esta segunda problemática, en la misma se advierte dos aspectos; la primera, que la impetrante de tutela no se encontraría dentro de las causales de exclusión; y, la segunda que no existe razón para ser rechazado el indulto por la autoridad jurisdiccional. 1) Sobre el primer aspecto, referido a que la accionante no se encontraría dentro de las causales de exclusión.
Con relación a esta denuncia es pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el cual se tiene que el Decreto Supremo 4461 estableció como requisitos para acceder al indulto entre otros que la “Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que haya cumplido al menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad”; es así, que la autoridad demandada mediante Resolución 113/2021 en consideración a este requisito, estableció que:
“Por otra parte, según la documentación adjunta, en especial del certificado de permanencia y conducta de fecha 12 de mayo de 2021 la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA habría ingresado al Centro de Orientación Femenina de Obrajes en fecha 13 de noviembre de 2019 cumpliendo hasta la presente fecha de 28 de junio de 2021 un tiempo de condena de 1 años, 7 meses y 15 días, lo que evidencia que la interna se encuentra a 7 meses y 15 días de cumplir con la cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad considerando que la cuarta parte de 9 años son 2 años y 3 meses, evidenciándose que la interna no ha cumplido aún con la cuarta parte (1/4) de su condena de 9 años; incumpliendo con el Art. 8 parágrafo.. núm. 2 del Decreto Presidencial No. 4461, así también se tiene que la previsión del numeral 2 del parágrafo I del Art. 9 del Decreto Presidencial No. 4461, no es aplicable a la interna MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR CARDONA siendo que la misma tiene una sentencia condenatoria menor a 10 años, aspectos que tampoco fueron considerados por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario a momento de emitirse la Resolución de Indulto N° 068/2021” (sic). Entonces, se tiene que la Resolución cuestionada de forma adecuada y realizando un cómputo correcto, estableció que la Resolución de Indulto 068/2021, no cumplió con un cuarto de la pena establecida como para pretender acogerse al indulto, siendo este un requisito esencial conforme lo regulado por el art. 8.2 del Decreto Presidencial 4461; razón por el cual, no puede alegar la accionante haber cumplido con todos los requisitos exigidos por dicha norma, y por ende corresponde denegar la tutela respecto también a esta segunda problemática. 2) Con relación al segundo aspecto, sobre la inexistencia de una razón para ser rechazado el indulto.
La accionante denuncia que el Decreto Presidencial 4461 no establece o menciona que la autoridad judicial pueda rechazar la Resolución de Indulto 068/2021 emitida por el Director Departamental del Régimen Penitenciario, en ese orden, resulta pertinente remitirnos al contenido del referido Decreto Presidencial, que en su art. 11.VIII estableció lo siguiente:
Recibida la Resolución Administrativa de Concesión de Indulto, el Juez de Ejecución Penal y Supervisión, en el plazo de tres (3)
días hábiles, homologará la Resolución y emitirá el Mandamiento de Libertad en favor de la o el beneficiario. La normativa descrita precedentemente, si bien no establece específicamente sobre el rechazo del indulto; empero, de forma clara dispone que la autoridad llamada por ley para homologar la Resolución Administrativa de Concesión de Indulto es el Juez de Ejecución Penal; y en ese marco normativo, es quien se encuentra facultado para el ejercer control jurisdiccional en este tipo de tramites, observando los derechos y garantías constitucionales, conforme a lo dispuesto en los arts. 18 y 19.7 de la Ley 2298; en ese contexto dicha autoridad compulsando el cumplimiento de los requisitos y exclusiones que se debe cumplir para acceder al beneficio del indulto, dentro el marco de las atribuciones conferidas por la citada norma, homologara o rechazara la Resolución Administrativa de Concesión de Indulto, como aconteció en el presente caso, ya que la autoridad demandada verificando los requisitos y exclusiones establecidos en el Decreto Presidencial 4461, rechazó la homologación de la Resolución de Indulto 068/2021; en consecuencia, bajo dichos argumentos, y conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se debe tomar en cuenta que el Decreto Presidencial 4461 establece de manera clara las condiciones y el procedimiento para la solicitud y tramitación del indulto, debiendo las personas que se encuentran condenadas y cumpliendo una pena privativa de libertad, para acceder a ese beneficio, tienen la obligación de cumplir los requisitos y formalidades exigidas, al igual que las autoridades administrativas y judiciales ante las cuales se realiza esta tramitación; en tal sentido, siendo que lo denunciado carece de sustento factico y legal, corresponde denegar la tutela con relación a este punto. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 88/2021 de 12 de julio, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada por Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su Fundamento Jurídico III.3.2 refirió: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’".
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
3 “…los derechos aludidos como lesionados en las acciones tutelares, no pueden ser interpretados restrictivamente, exigiendo al accionante invocarlos con precisión, que conforme a los supuestos fácticos se identifiquen como vulnerados; ya que, mientras se expliquen los hechos y en qué consiste el acto lesivo, con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la acción planteada por esta falta de fundamentación…”.
4 ARTÍCULO 18. (Control Jurisdiccional).- El Juez de Ejecución Penal y, en su caso, el Juez de la causa, garantizarán a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, en favor de toda persona privada de libertad. ARTÍCULO 19. (Competencia del Juez de Ejecución Penal (…) 7. Otras atribuciones establecidas por Ley.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0045_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 679f146f8520e0c09e1cc9b95a144e7d91a7e29298f3a9427902e558bc1074c7
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