B.IA.LEGAL

SCP 0044/2026-O

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 23 de febrero de 2026

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
48114-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Siendo que Kieferth Vinique Chávez -tercero interesado-, fue el que impugnó la Resolución del Tribunal de garantías, se tiene entre los antecedentes que este recurre de queja por incumplimiento, al considerar que YPFB no cumplió con la reincorporación que ya fue dispuesta en la SCP 0705/2023-S4, teniendo a la RM 553/21; subsistente y determinando su reincorporación, sin embargo, hasta la fecha no se hizo efectiva esa obligación por la parte accionante, incumpliéndose la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, arguyendo que la señalada sentencia no dispondría expresamente que retorne a la fuente laboral, comprometiendo de esa manera sus beneficios sociales y otros derechos; asimismo, señaló que al haberse dirigido al Presidente Ejecutivo de YPFB solicitando su reincorporación con Nota 69/2023 de 15 de agosto, la misma fue respondida por nota 583/2023 de 11 de septiembre haciendo alusión a la SCP 0224/2022-S2; de 3 de mayo que denegó la tutela impetrada, cuando en realidad la misma no tiene relación con la presente causa por tratarse de objetos distintos con mismos sujetos procesales. En consecuencia, pasando a revisar los argumentos expuestos en la queja por incumplimiento del tercero interesado, corresponde definir si dichas invocaciones son legítimas y que, en contrario, el supuesto incumplimiento genere una continua vulneración de derechos que desconoce la cosa juzgada constitucional y la obligatoriedad inmediata de aplicación los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional en revision resuelve: CONFIRMAR el Auto Constitucional de 26 de julio de 2024, cursante de fs. 537 a 540, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, declarar NO HA LUGAR la queja por incumplimiento presentada por Kieferth Vinique Chávez.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación activa en quejas por incumplimiento
  2. III.2. El derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, atendiendo la naturaleza jurídica, ámbito de protección u objeto procesal del recurso o acción de defensa
  3. III.3. Análisis de la queja por incumplimiento

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AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 044/2026-O Sucre, 23 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 48114-2022-97-AAC Departamento: La Paz En la queja por sobrecumplimiento e incumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0705/2023-S4 de 8 de agosto, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Helen Lourdes Gutierrez Miranda, Elizabeth Yolanda Pozo Humerez y Daniel Alejandro Aguilar Lara en representación legal de Armin Ludwing Dorgathen Tapia, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. CONTENIDO DE LA QUEJA

I.1. Queja por sobrecumplimiento presentada por YPFB

I.1.1. Hechos que motivan la queja

Por memoriales de 6 de octubre y 17 de noviembre, ambos de 2024, cursantes de fs. 453 a 456 vta. y 506 vta., el accionante refirió lo siguiente: Dentro del proceso laboral seguido por YPFB contra Kieferth Vinique Chávez, -tercero interesado-, se emitió la Sentencia 315/016 de 25 de octubre de 2016, que declaró improbada tanto la demanda principal como la demanda reconvencional. Dicha determinación fue confirmada mediante Auto de Vista 351/2016 de 29 de noviembre del mismo año; no obstante, interpuesto el recurso de casación, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 201 de 7 de mayo de 2018, casó el Auto de Vista recurrido; y, resolviendo en el fondo, declaró probada la demanda de desafuero sindical promovida por YPFB contra el referido tercero interesado, disponiendo su retiro inmediato de la fuente laboral.

Posteriormente, presentó acción de acción de amparo constitucional, contra del Auto Supremo 201 del referido mes y año; sin embargo, la tutela le fue denegada por Resolución de 1 de noviembre de 2018 del Tribunal de garantías y confirmada por la SCP 0271/2019-S2 de 24 de mayo. Posteriormente, Kieferth Vinique Chávez, al ser notificado con su destitución, interpuso nuevamente acción de amparo constitucional, cuya tutela, si bien fue inicialmente concedida por el Juez de garantías, mediante la emisión de las Resolución de 23 de julio de 2020; sin embargo, tal resolución fue posteriormente revocada en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional por la emisión de la SCP 0318/2021-S3 de 23 de junio, por la que se denegó la tutela impetrada. Posteriormente, el mencionado tercero interesado interpuso denuncia de reincorporación laboral ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, instancia que emitió la Conminatoria MTEPS-JDTP 009/21 de 5 de febrero de 2021; disponiendo, la reincorporación inmediata por estabilidad laboral del trabajador Kieferth Vinique Chávez. Solicitando el cumplimiento de la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Pando; el tercero interesado, presentó otra acción de amparo constitucional, mismo que fue denegado la tutela solicitada, mediante Resolución emitida por la Sala Constitucional de Pando y confirmada por la SCP 0224/2022-S2 de 3 de mayo; no obstante a todos los fallos emitidos, la Resolución Ministerial (RM) 553/21 de 2 de junio emitida por la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -accionada- ordena la restitución del demandado, y, al amparo de dicha determinación y aludiendo los demás fallos, solicitó ante el Ministerio ya nombrado, la ejecución de la conminatoria de reincorporación MTEPS-JDTP 009/21; en el plazo de 3 días. De lo señalado, advirtió que las acciones realizadas por el tercero interesado, son totalmente opuestas al A.S. 201/2018 y a las SCP 0271/2019-S2 y SCP 0224/2022-S2 que determinaron su destitución, por incurrir en la causal del art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), conforme se demostró en el proceso judicial de desafuero y que la conminatoria de reincorporación MTEPS-JDTP 009/21 es ilegal, porque su destitución tiene relación con su fuero sindical; por lo que, al haberse presentado la acción de amparo constitucional contra la RM 553/21, se concedió la misma en Sala Constitucional, revocándose dicho decisorio con la SCP 0705/2023-S4, por no ingresar a analizar fundamentos de la resolución impugnada en función a la teoría de las restricciones. Aclaró que esta sentencia constitucional, en ninguno de sus apartados dispuso la reincorporación laboral del tercero interesado y tampoco instruye a YPFB a proceder con ello, ya que no dispuso la anulación o dejar sin efecto el AS 201 y que la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión social esté habilitada a dictaminar en contra de lo determinado por las SCP 0271/2019-S2 y SCP 0224/2022-S2, siendo la queja por sobrecumplimiento planteada precisamente por esa ilegal pretensión de dicha cartera de Estado de llevar adelante la reincorporación, sin que exista un correcto dimensionamiento de la SCP 0705/2023-S4, actuando en contra de las anteriores sentencias constitucionales rebasando las competencias que la Constitución le otorgaron.

I.1.2. Petitorio

Se solicitó que se conmine la autoridad demandada al cese de acciones conducentes a obtener el cumplimento coactivo de la conminatoria de reincorporación laboral, bajo alternativa de remitir antecedentes al Ministerio Público.

I.1.3. Respuesta a la queja por sobrecumplimiento

Por memorial de 19 de octubre de 2023; cursante a fs.479 y vta., Roger Lidio Chuquimia Mamani, representante legal del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, respondió al memorial de queja por sobrecumplimiento, formulado por el accionante, argumentando que no existe ningún sobrecumplimiento a la SCP 0705/2023-S4; toda vez que, al haberse determinado dejar sin efecto la RM 533/2021, mediante la Resolución Constitucional 070/2022 de 8 de abril pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; se dio cumplimiento a esta determinación, máxime de que la nueva denuncia presentada por Kieferth Vinique Chavez, se determinó la declinación de competencia por parte del Ministerio de Trabajo ante la judicatura laboral.

I.2. Queja por incumplimiento presentada por Kieferth Vinique

Chávez -tercero interesado-

I.2.1. Hechos que motivan la queja

Por memorial de 14 de mayo de 2024; cursante de fs. a 520 a 525, Kieferth Vinique Chávez -tercero interesado- presentó memorial de queja por incumplimiento, señalando que el Ministerio de Trabajo obró con objetividad respecto a sus derechos laborales; ya que, la SCP 0705/2023-S4; dispuso la revocatoria de la Resolución Constitucional 070/2022, protegiendo los cánones del debido proceso y garantías procesales, estableciendo que YPFB no cumplió con las exigencias jurisprudenciales para su pretensión, logrando únicamente dilatar la reincorporación que ya fue dispuesta; pues, de conformidad al razonamiento de la SCP 0705/2023-S4 que declaró revocar la decisión inicial, la situación vuelve a su estado original; es decir, antes de la interposición de la acción, teniendo a la RM 553/21; subsistente y determinando la reincorporación de Kieferth Vinique Chávez a su fuente laboral.

Sin embargo, hasta la fecha no se hizo efectiva esa obligación por la parte accionante, incumpliéndose la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, arguyendo que la señalada sentencia no dispondría expresamente que retorne a la fuente laboral, cuando aquello no era necesario; ya que, dispuso dejar sin efecto las resoluciones que defenestraban su derecho al trabajo y beneficiario del fuero sindical; sin embargo, la posición de YPFB, compromete seriamente sus beneficios sociales y otros derechos, con la serie de errores que cometió en su pretensión jurídica constitucional; pues, al haberle desvinculado ilegalmente, la orden de reincorporación RM 553/21; continua vigente y por lógica consecuencia, debe cumplirse la reincorporación laboral 009/21; reclamo realizado en calidad de tercero interesado en la acción constitucional y directo afectado. Presentó nota a instancias de YPFB con CITE COD PANDO 069/2023 de 15 de agosto, solicitando reincorporación a su fuente laboral en función a la SCP 0705/2023, recibiendo como respuesta mediante Nota YPFB-PRS/GLC-1374/DLGPC-583/2023 de 11 de septiembre, haciendo alusión a la SCP 0224/2022-S2 de 3 de mayo, que denegó la tutela impetrada, cuando en realidad no tiene relación con la presente causa, por tratarse de objetos distintos con mismos sujetos procesales, resistiéndose a dar cumplimiento a la sentencia constitucional, objeto de la presente queja.

I.2.2. Petitorio

Solicitó se ordene a la parte accionante, cumpla la SCP 0705/2023-S4, respetando los derechos y garantías vulneradas haciéndose efectiva la conminatoria de Reincorporación Laboral 009/2021; para que su persona retorne a su fuente laboral, más los pagos de salarios devengados desde su desvinculación hasta la fecha y demás derechos laborales correspondientes.

I.2.3. Respuesta a la queja por incumplimiento

Por memorial de 27 de junio de 2024; cursante de fs. 531 a 533, Roger Lidio Chuquimia Mamani y Norah Isabel Castro Álvarez, en representación legal de Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, arguyendo que, habiéndose emitido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0271/2019-S2, 0224/2022-S2; y, 705/2023-S4, esa cartera de Estado está imposibilitada de efectuar una inclinación a algún fallo constitucional en particular que interdependientemente otorgaron y denegaron la tutela impetrada a los solicitantes de tutela, encontrándose diametralmente opuestas unas de otras; por lo que las autoridades de Sala y del tribunal Constitucional Plurinacional deberán pronunciarse expresamente

I.3. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto Constitucional de 26 de julio de 2024, cursante de fs. 537 a 540, resolvió declarar: NO HA LUGAR a la queja por sobrecumplimiento; y, NO HA LUGAR a la queja por incumplimiento, ambas sobre la SCP 0705/2023-S4 de 8 de agosto, con base en los siguientes fundamentos: en relación a la queja por sobrecumplimiento señaló que: a) Al haberse emitido la SCP 0705/2023-S4, tal sentencia revoca la tutela solicitada; por lo que, los actos subsecuentes producto de la concesión de la tutela no tendrían ningún efecto; ya que, la denegatoria de la tutela por ausencia de reglas establecidas, no permitía ingresar a revisar excepcionalmente los extremos denunciados; b) No corresponde la interposición de este tipo de recursos; toda vez que, la concesión de la tutela establecida por el tribunal de garantías fue revocada en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, volviendo todo al estado en el que se encontraba la causa antes de la concesión de tutela al accionante, no existiendo nada que pueda “sobrecumplirse”; c) Conforme el ACP 009/2018-O de 12 de marzo ambas partes no pueden interponer queja, al ser esta una facultad del demandado, a fin de impedir la consecución excesiva de un fallo; y, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al revocar y consecuentemente denegar la tutela solicitada, el accionante cuenta con la legitimación pasiva para interponer la queja por sobrecumplimiento; y, d) Sin embargo, de lo referido cabe señalar que el peticionante de tutela, no puede acoger el criterio de sobrecumplimiento, en razón a que no cursa antecedentes que aquello haya ocurrido ya que se revoca y deniega la tutela impetrada; por lo que, la Sala Constitucional no puede continuar con los efectos anteriores a la concesión, que de lo contrario sería actuar en contra del SCP 0705/2023-S4. Respecto a la queja por incumplimiento presentado por Kieferth Vinique Chávez, tercero interesado, señaló que: 1) La pretensión de tutela mediante la acción de amparo, no tuvo como objeto el resguardo de derechos del tercero interesado, pues al denegarse la tutela no significa que la Sala Constitucional de forma extrapetita, proceda a emitir disposiciones que no fueron el objeto de la pretensión de la acción tutelar interpuesta, o actuar igualmente en contrario, ya que ello sería ilógico e incongruente, máxime al no haberse ingresado al fondo por ausencia de cumplimiento de requisitos; 2) El tercero interesado, en todo caso deberá de recurrir al Ministerio de Trabajo para hacer prevalecer sus derechos laborales, siendo esa la vía pertinente, antes de acudir a este tipo de reclamos; y, 3) No cursa en antecedentes un posible incumplimiento a la SCP 0705/2023-S4, sentencia que simplemente revocó la resolución del tribunal de garantías y denegó la tutela, sin disponer la tutela para los sujetos procesales.

I.4. Impugnación a la Resolución de la Sala Constitucional

Mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2024, cursante de fs. 553 a 558 vta., Kieferth Vinique Chávez, tercero interesado, expresó lo siguiente: i) YPFB no cumplió con las exigencias jurisprudenciales para su pretensión, dilatando la reincorporación que ya fue dispuesta por el tribunal de garantías, pues de conformidad al razonamiento de la SCP 0705/2023-S4, determinó el revocar la decisión inicial, entonces la situación vuelve a su estado original; es decir, antes de la interposición de la acción tutelar, teniendo a la RM 553/21 subsistente y determinando la reincorporación a su fuente laboral; sin embargo, hasta la fecha no se hizo efectiva esa obligación por parte del solicitante de tutela, incumpliéndose la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional; arguyendo que la señalada sentencia no dispondría expresamente que retorne a la fuente laboral, cuando aquello no era necesario, ya que dispuso dejar sin efecto las resoluciones que defenestraban su derecho al trabajo y beneficiario del fuero sindical; ii) Refiere que la posición de YPFB compromete seriamente sus beneficios sociales y otros derechos, con la serie de errores que cometió en su pretensión jurídica constitucional, pues al haberle desvinculado ilegalmente, la Orden de Reincorporación 553/21; continua vigente y por lógica consecuencia, debe cumplirse la reincorporación laboral 009/21; reclamo realizado en calidad de tercero interesado en la acción constitucional y directo afectado; iii) Afirma que presentó nota a instancias de YPFB con CITE COD PANDO 069/2023; de 15 de agosto, solicitando reincorporación a su fuente laboral en función a la SCP 0705/2023, recibiendo como respuesta, mediante nota YPFB-PRS/GLC-1374/DLGPC-583/2023; de 11 de septiembre, haciendo alusión a la SCP 0224/2022-S2; de 3 de mayo, que denegó la tutela impetrada, cuando en realidad tal Resolución no tiene relación con la presente causa, por tratarse de objetos distintos, pero con los mismos sujetos procesales, resistiéndose a dar cumplimiento a la sentencia constitucional, objeto de la presente queja.

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Debido al cese de funciones de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y ante la imposibilidad de remitir la causa a la Sala que emitió la decisión, se dispuso su remisión a Sala Plena, para que se defina su correspondiente tratamiento. En ese sentido, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 001/2026 de 5 de enero, se dispuso que, en atención al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-009/2025 de 21 de octubre, se ratifica que lo recursos de queja por demora, incumplimiento y sobrecumplimiento de resoluciones constitucionales; así como las solicitudes de aclaración, enmienda y complementación, y otras incidencias posteriores al fallo, que emerjan de causas resueltas por la Sala Primera, Sala Segunda y Sala Tercera; o fueron devueltas conforme al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, serán remitidas y atendidas por sus respectivas Salas, conforme a la estructura dispuesta en el Acuerdo de Sala Plena TCP-SP 003/2025.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Resolución Ministerial 416/22 de “12 de abril”, Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió revocar la conminatoria la Conminatoria MTEPS-JDTP 009/21 de 5 de febrero de 2021, disponiendo la declinatoria de competencia por ante la judicatura laboral para que dicha instancia se pronuncie respecto a los derechos que pueda asistir al denunciante (fs.469 a 474). II.2. Cursa SCP 0705/2023-S4 de 8 de agosto de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristobal Torrico Camacho, Elizabeth Yolanda Pozo Humerez y Daniel Alejandro Aguilar Lara en representación legal de Wilson Felipe Zelaya Prudencio, Presidente Ejecutivo a.i. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que determinó:

"REVOCAR” la Resolución 070/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 364 a 367 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional" (fs. 409 a 422).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Siendo que Kieferth Vinique Chávez -tercero interesado-, fue el que impugnó la Resolución del Tribunal de garantías, se tiene entre los antecedentes que este recurre de queja por incumplimiento, al considerar que YPFB no cumplió con la reincorporación que ya fue dispuesta en la SCP 0705/2023-S4, teniendo a la RM 553/21; subsistente y determinando su reincorporación, sin embargo, hasta la fecha no se hizo efectiva esa obligación por la parte accionante, incumpliéndose la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, arguyendo que la señalada sentencia no dispondría expresamente que retorne a la fuente laboral, comprometiendo de esa manera sus beneficios sociales y otros derechos; asimismo, señaló que al haberse dirigido al Presidente Ejecutivo de YPFB solicitando su reincorporación con Nota 69/2023 de 15 de agosto, la misma fue respondida por nota 583/2023 de 11 de septiembre haciendo alusión a la SCP 0224/2022-S2; de 3 de mayo que denegó la tutela impetrada, cuando en realidad la misma no tiene relación con la presente causa por tratarse de objetos distintos con mismos sujetos procesales. En consecuencia, pasando a revisar los argumentos expuestos en la queja por incumplimiento del tercero interesado, corresponde definir si dichas invocaciones son legítimas y que, en contrario, el supuesto incumplimiento genere una continua vulneración de derechos que desconoce la cosa juzgada constitucional y la obligatoriedad inmediata de aplicación los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.1. La legitimación activa en quejas por incumplimiento

El ACP 0018/2015-O de 9 de septiembre, al respecto señala lo siguiente:

“La legitimación activa para formular quejas y/o denuncias de incumplimientos, no está reservada única y exclusivamente para sujetos procesales intervinientes en el trámite de la acción de amparo constitucional -accionante y demandado-; es decir, entre tanto la decisión emergente de este Tribunal tenga repercusión directa en derechos de terceros, estos tienen la facultad de apersonarse a este Tribunal para formular las respetivas quejas y/o denuncias de incumplimiento, acreditando interés para tal efecto”.

Entendimiento reiterado por el ACP 0003/2018-O de 9 de marzo, que agrega lo siguiente:

“En ese sentido, si la jurisprudencia constitucional reconoce legitimación al tercero interesado para interponer quejas o denuncias de incumplimiento de Resoluciones constitucionales; se tiene que en observancia del principio pro actione, esa facultad también alcanza a los casos en que se tenga que impugnar una Resolución que resuelva dichas denuncias, claro está, siempre y cuando la misma le resulte agraviante por tener repercusión directa sobre sus derechos...”. De lo señalado precedentemente, se tiene que, al existir un interés legítimo, se puede plantear una queja respecto a la decisión de una acción constitucional, para lo cual, aun tratándose del tercero interesado, queda abierta plenamente la señalada facultad.

III.2. El derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, atendiendo la naturaleza jurídica, ámbito de protección u objeto procesal del recurso o acción de defensa

Con relación a este acápite el ACP 0039/2019-O de 2 de octubre, estableció lo siguiente: “El carácter obligatorio de las sentencias constitucionales y su ejecución compulsiva; es decir, su cumplimiento en la medida de lo determinado, se encuentra en las normas contenidas en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 15, 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En ese orden, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, señaló que una resolución constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que se produzca un cumplimiento inferior o sobrecumplimiento de lo dispuesto, abriéndose la posibilidad que las partes procesales denuncien tales situaciones jurídicas que se presenten en ejecución de sentencia. Del mismo modo, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero en su Fundamento Jurídico III.2, entendió que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado es un derecho fundamental que emerge del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional consagrado en los arts. 115.I de la CPE; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que se constituye en el derecho protector de los demás derechos, que implica, no solamente el acceso propiamente a la justicia constitucional sin obstáculos ni limitaciones carentes de justificación racional y razonable y lograr un pronunciamiento judicial, sino también ‘…Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’ -SCP 1478/2012 de 24 de septiembre-. En ese sentido, la SCP 0015/2018-S2, citando a las SSCC 0944/2001, 0125/2003-R, 1206/2010-R, y a la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, subrayó que el cumplimiento y ejecución de una resolución judicial proveniente de cualquier jurisdicción, incluida de la justicia constitucional, debe ser en la medida de lo determinado, caso contrario, se lesiona el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales, violación que se produce cuando las mismas son total o parcialmente incumplidas o cuando se les da un alcance diferente o distorsionado al establecido en el fallo o cuando su cumplimiento es tardío. En ese orden, la citada SCP 0015/2018-S2, precisó que: Consiguientemente, las sentencias constitucionales emitidas por los jueces o tribunales de garantías en acciones de defensas o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, también en otro tipo de procesos constitucionales, deben ser ejecutadas y cumplidas en los términos expresados en la parte resolutiva, es decir, en la medida de lo determinado. Ahora bien, el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, implica que el cumplimiento de una sentencia constitucional emitida por los jueces o tribunales de garantías en acciones de defensa o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe ser ejecutado, conforme a lo dispuesto en dichos fallos constitucionales” (énfasis añadido)

III.3. Análisis de la queja por incumplimiento

Kieferth Vinique Chávez –tercero interesado–, recurre de queja por incumplimiento, al considerar que YPFB no cumplió con la reincorporación que ya fue dispuesta en la SCP 0705/2023-S4, teniendo la RM 553/21 subsistente y determinando su reincorporación; sin embargo, hasta la fecha no se hizo efectiva la obligación por la parte accionante, incumpliéndose la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, arguyendo este último, que la señalada sentencia no dispondría expresamente que retorne a la fuente laboral, comprometiendo de esa manera sus beneficios sociales y otros derechos. Asimismo, señaló, que al haberse dirigido al Presidente Ejecutivo de YPFB solicitando su reincorporación con Nota 69/2023; la misma fue respondida por Nota 583/2023; haciendo alusión a la SCP 0224/2022-S2; que denegó la tutela impetrada, cuando en realidad la misma no tiene relación con la presente causa por tratarse de objetos distintos con mismos sujetos procesales. Con carácter previo, es pertinente aclarar que el presente análisis a realizarse, versará sobre la impugnación presentada por el tercero interesado, tomando en cuenta que fue en tal calidad que presentó la queja por incumplimiento y al no haberse dado lugar al señalado recurso, presentó el señalado memorial, para luego, ser remitido a este Tribunal, de conformidad al art. 16.II del Código Procesal Constitucional (CPCo). Asimismo, la facultad para presentar la queja, queda justificada, en razón que, al tener un interés legítimo como consta en obrados en el transcurso de la acción de amparo constitucional presentado, pues repercute directamente en relación a sus derechos; dicho entendimiento tiene su base en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del Auto Constitucional Plurinacional. Ahora bien, de antecedentes que se acompañan, se evidenció que el impetrante de tutela, presentó la acción de amparo constitucional con la intención de dejar sin efecto la RM 553/221; que fue producto del recurso jerárquico presentado en etapa recursiva ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, habiéndose emitido la Resolución Constitucional inicialmente concediéndole la tutela solicitada; sin embargo, la SCP 0705/2023-S4; resolvió REVOCAR la Resolución emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada. En tal sentido, la impugnación de la queja por incumplimiento presentada por el tercero interesado, se centra principalmente en que, hasta la fecha no se hizo efectiva esa obligación por la parte accionante, siendo que la RM 553/21; mantiene subsistente la reincorporación del tercero interesado y que no obstante a la nota presentada solicitando su reincorporación, la misma no tuvo la respuesta pretendida; y, en consecuencia, no fue aun restituido a su fuente laboral. Es importante precisar, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional, al ser de carácter obligatorio, vinculante e inexcusable, deben ser cumplidas en los términos expresados en la parte resolutiva y en la medida de lo determinado, comprendiendo aquello el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, enfatizando que dichos fallos debe ejecutarse en los términos exactos de su parte resolutiva. De la lectura y análisis de la SCP 0705/2023-S4, se advierte que la parte considerativa de la misma, refiere a que, el impetrante de tutela no precisó en su acción tutelar las razones jurídicas del porqué la RM 553/21; afectaría el derecho al debido proceso y que sus derechos fundamentales estarían comprometidos con tal decisión. Señaló también que dicha Resolución Ministerial, hizo referencia al Auto Supremo 201 sobre la causal de desvinculación laboral, señalando que los efectos de la demanda de desafuero sindical solo alcanzarían al periodo 2015-2017, cuando el trabajador tenía el cargo de Secretario de Conflictos de la Central Obrera Departamental (COD) y no así por el periodo siguiente 2017-2019; por el cual, fue reelegido como Secretario de Organizaciones de la COD, extremo plasmado en la RM 553/21, y que no habría sido objeto de reclamo por YPFB en este amparo, quien se limitó a observar la falta de consideración y valoración de los fundamentos expresados en el recurso jerárquico en cuanto se refiere al Auto Supremo 201 y la SCP 0271/2019-S2. En atención a lo precedentemente señalado, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que no se debe analizar el fondo del planteamiento de una problemática en una acción de amparo constitucional, cuando el peticionante de tutela incurra en la inobservancia de las reglas establecidas para que la jurisdicción constitucional pueda excepcionalmente verificar lo denunciado, en tal sentido, es lógico que al denegar la tutela solicitada por el accionante, los actos y hechos acontecidos con anterioridad a dicha acción, quedan incólumes; sin embargo, aquello no significa que la SCP 0705/2023-S4, habría dispuesto lo que el tercero interesado solicita en el presente recurso, precisamente, porque dicha fallo constitucional no ingresó a analizar el fondo de la acción y en consecuencia, no definió respecto a la protección de derechos fundamentales del impetrante de tutela, no atribuyó las vulneraciones a derechos y garantías constitucionales a la parte demandada y menos instruyó el restablecimiento de derechos al tercero interesado.

En ese entendido, la solicitud de incumplimiento en relación a lo dispuesto por la SCP 0705/2023-S4; no puede ser atendida a través de este recurso de queja, al no ser el mecanismo idóneo para resolverlo; pues, no condice con su propia naturaleza jurídica; existiendo además el antecedente de la SCP 0224/2022-S2; que al haber denegado la tutela solicitada, a raíz de la destitución conforme al Auto Supremo 201 de 7 de mayo de 2018, concierne, en todo caso, dilucidar dicho asunto por la vía contenciosa o laboral a efectos de determinar el alcance del fallo emitido por Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al declarar NO HA LUGAR a la queja por incumplimiento de la SCP 0705/2023-S4 planteada por el tercero interesado, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional en revision resuelve: CONFIRMAR el Auto Constitucional de 26 de julio de 2024, cursante de fs. 537 a 540, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, declarar NO HA LUGAR la queja por incumplimiento presentada por Kieferth Vinique Chávez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2026-O.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): e53b3f39b03c127198cbcf1589ba5dea2df03327a5bf0fc8773322278a01dda1

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