B.IA.LEGAL

SCP 0044/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53222-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad social y al salario; toda vez que, fue despedida de su fuente laboral a la conclusión de su segundo contrato, sin considerar que su persona tiene bajo su dependencia una hija menor de edad con discapacidad; por tal motivo acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo la Paz, instancia que emitió en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, ordenando su inmediata reincorporación laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta la efectiva reincorporación; sin embargo, la CNS -entidad demandada-, habría dado cumplimiento parcial a lo determinado en dicha Conminatoria; ya que, procedió a contratarla nuevamente, pero no dio observancia al pago de los sueldos devengados dispuesto en dicha determinación administrativa; por tal motivo acude ante la jurisdicción constitucional solicitando la concesión de la tutela impetrada y en consecuencia el cumplimiento integral de la Conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, debiendo la parte demandada cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022 de fecha 13 de septiembre en su integridad sin omitir ninguna de sus determinaciones dispuestas, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53222-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 013/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Tatiana Huanca Tunquipa contra Rubén Richard Mamani Condori, Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 de noviembre de 2022 y de subsanación el 10 de igual mes y año, cursantes de fs. 9 a 19 vta. y 23 a 27, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar a la CNS el 5 de octubre de 2021, a través de un contrato de trabajo a plazo fijo, hasta el 31 de diciembre del mismo año, como Licenciada en Enfermería, manteniendo la continuidad laboral se le otorgó un nuevo contrato a plazo fijo, desde el 14 de enero de 2022 hasta el 30 de junio del mismo año. Durante ese periodo de dependencia laboral, la CNS tenía conocimiento de la discapacidad de su hija, quien se encontraba como su beneficiaria dependiente de dicha institución; al haber concluido el primer contrato el 31 de diciembre de 2021, continuaba desarrollando sus actividades laborales hasta el 13 de enero de 2022, entendiendo que se habría activado la tácita reconducción, de conformidad a lo dispuesto por el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT), ante la inexistencia de alguna instrucción u orden para que no desarrolle actividades laborales encomendadas, hasta que el 14 del citado mes y año, suscribió un nuevo contrato.

Asimismo, señaló que, pese haber suscrito dos contratos a plazo fijo con la entidad ahora demandada, estos no fueron refrendados por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, obligación incumplida por el ahora demandado, conforme señala el art. 22 de la LGT. Sostiene que, las funciones de Enfermera, son tareas propias y permanentes del giro habitual de la CNS, de conformidad a la Resolución Administrativa (RA) 650/07 de 27 de abril de 2007, en concordancia con el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 16187 de 16 de febrero de 1979. Posteriormente, el 1 de julio de 2022, fue desvinculada laboralmente, con el argumento de la conclusión del contrato de trabajo a plazo fijo, situación por la que acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, a objeto de denunciar el despido sin causa justa y solicitar su reincorporación laboral, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, dando lugar a que la indicada Jefatura, emita, la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022 de 13 de septiembre, por la que se conminó a la CNS a su inmediata reincorporación, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación laboral; es decir, como Licenciada en Enfermería en el Centro Integral Medicina Familiar (CIMFA) de El Alto, dependiente de la Administración Regional de la CNS, más el pago de beneficios sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación. Notificada la entidad empleadora con la mencionada Conminatoria en fecha 29 de septiembre de 2022; esta presentó recurso de revocatoria, emitiendo la Jefatura de Trabajo La Paz, la Resolución Administrativa (RA) 789-22 de 3 de noviembre de 2022; por la cual, confirmó dicha Conminatoria. Denuncia que la autoridad administrativa demandada, no cumplió con lo determinado en la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, extremo que fue verificado mediante la Inspectora de Trabajo de La Paz, misma que emitió el Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR-338/2022 de 14 de octubre, evidenciando que la CNS, no cumplió con la referida Conminatoria, tampoco canceló los salarios devengados y beneficios sociales, vulnerando la normativa vigente que garantiza una fuente laboral estable sin discriminación hacia el trabajador.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la estabilidad laboral, la seguridad social y al salario, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 46.I,1 y 2, 48.I, II y III; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P/CMAR/355/2022, en su integridad y se garantice la estabilidad laboral, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 89, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó los argumentos expuestos en el memorial de su acción tutelar y haciendo conocer hechos nuevos, manifestó lo siguiente: a) El 14 de noviembre de 2022, la demandada suscribió contrato laboral de trabajo con la ahora peticionante de tutela -hasta el 31 de diciembre de 2022-, consecuentemente se procedió a la firma de un segundo contrato de trabajo con las mismas características, desde el 3 de enero de 2023 hasta el 30 de diciembre de igual año, con lo que se habría dado observancia de forma parcial con la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022; por lo que solicitó el cumplimiento íntegro de la misma.

I.2.2. Informe del demandado

Carlos Álvarez Córdova, Administrador Regional La Paz de la CNS, a través de su representante, mediante informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2024, cursante de fs. 74 a 77 y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: 1) La impetrante de tutela inició su relación laboral a través de la suscripción de dos contratos temporales; el primero con fecha de inicio el 5 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y la segunda del 14 de enero al 30 de junio de 2022; por lo que, la relación laboral con la ahora peticionante de tutela con referencia al primer contrato de trabajo fue por ochenta y siete días y el segundo por el tiempo de ciento sesenta y siete días, en el puesto de Licenciada en Enfermería, con cargo a la Partida 12100, bajo el Programa 72-02 (necesidad de servicio); por lo que, la CNS no habría contravenido con lo dispuesto por el art. 2 del Decreto Ley 16187, en razón de que no se habría suscrito más de dos contratos con la ahora peticionante de tutela; 2) Con relación a la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, notificada a la Administración Regional del citado departamento, en fecha 29 de septiembre de 2022; la Unidad de Asesoría Legal emitió el Informe Legal AL-I-1619/2022 de 4 de noviembre, mismo que recomendó dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto en la citada Conminatoria; 3) La Jefatura de Recursos Humanos de la Administradora Regional La Paz, mediante Memorándum 2072/2022 de 10 de noviembre, procedió a la suscripción del contrato de prestación de servicios C-4311/2022 de 8 de noviembre, en la que se estableció una fecha de inicio y finalización, ello debido a la certificación presupuestaria asignada a dicha Institución, debiendo la misma, no solo enmarcarse a lo dispuesto por la LGT y su Decreto Reglamentario, sino también a los lineamientos de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y sus subsistemas, motivo por el que se veían obligados a elaborar contratos por tiempo limitado y conforme al presupuesto asignado; moción por la cual, se procedió a dar cumplimiento a la referida Conminatoria, disponiendo la reincorporación de la hoy peticionante de tutela en el CIMFA El Alto de la Administradora Regional La Paz de la CNS; por lo que, ese punto de la Conminatoria se cumplió; es así que, no vulneró el derecho al trabajo; y, 4) A través de la vía constitucional no podía solicitarse el cambio de la condición de trabajo y menos el pago de salarios devengados cuando estos aspectos debieron ser dilucidados por la jurisdicción laboral, considerando que el cancelarlos, generaría un daño económico para el Estado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, por informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2024, cursante de fs. 40 y vta., ratificó inextenso el contenido de la RA 789-22; en la que, rechazó el recurso de revocatoria presentado por la CNS, Regional La Paz y confirmó la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, emitida por la mencionada autoridad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 013/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 90 a 94 vta., denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: i) La entidad demandada emitió dos contratos temporales, uno desde el 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 y un segundo del 3 de enero al 30 de diciembre de 2023; por lo que, conforme al trámite desarrollado en el presente caso de conminatoria de reincorporación dicho punto se habría cumplido de manera parcial, bajo una modalidad distinta emergente de sus partidas presupuestarias; y, ii) En cuanto a los salarios devengados, la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, a través de su inspectoría, deberá ser quien establezca y calcule cuanto le corresponde a la ahora peticionante de tutela, misma que se hace emergente de la emisión de la Ley de Procedimiento Especial Para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022- y su Resolución Ministerial 1377/2022 de 1 de noviembre, que establece el protocolo señalado de adecuación de las denuncias, así como el procedimiento establecido en el DS 28699 y su modificación bajo el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010, lo que hace que esa Sala Constitucional ingresaría en una causal de improcedencia establecida en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por lo cual debió observarse y cumplir la citada Ley, así como la Resolución Ministerial mencionada anteriormente; por lo que, no acogieron la acción tutelar como se pide, disponiendo denegar la misma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022 de 13 de septiembre, Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental de Trabajo La Paz, conminó a Rubén Richard Mamani Condori, en su condición de Administrador de la CNS Regional La Paz, proceda a la inmediata reincorporación de Tatiana Huanca Tunquipa -ahora accionante-, al mismo puesto que al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación; dicha determinación se dio entre otros argumentos, por ser la solicitante de tutela madre de una niña con discapacidad, como lo acredita el carnet emitido por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), lo que implica que ésta tiene inamovilidad laboral al estar protegida por los arts. 46, 48, 49, 70, 71 y 72 de la CPE; los Decretos Supremos (DDSS) 28699, 0495 y, 3437 de 26 de septiembre de 2017, que garantiza la inamovilidad funcionaria a personas con discapacidad (fs. 4 a 7 vta.). II.2. A través de nota presentada el 10 de octubre de 2022, ante el Jefe Departamental de Trabajo La Paz -Carlos Michel Andrade Ramos a.i-, la accionante solicitó la verificación de conminatoria de reincorporación (fs. 3). II.3. Consta Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR-338/2022 de 14 de octubre, sobre verificación de cumplimiento de Conminatoria, emitido por Sonia Raquel Vargas Sillo -Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz-(fs. 8 y vta.). II.4. Por Resolución Administrativa 789-22 de 3 de noviembre de 2022, emitido por Julia Elena Condori Montevilla -Jefa Departamental de Trabajo La Paz-, en la cual, confirmó en su totalidad la Conminatoria J.D.T-.L.P./CMAR/355/2022 de 13 de septiembre (fs. 37 a 39 vta). II.5. Según Informe Legal AL-I-1619/2022 de 4 de noviembre, de Asesoría Legal, de la CNS Regional La Paz, se recomendó el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-LP./CMAR/355/2022, de reincorporación laboral (fs. 52 a 61). II.6. Cursa Contrato de Prestación de Servicio C-4311/2022 de 8 de noviembre, Trabajador Eventual, Reincorporación por orden del Ministerio de Trabajo, Programa 72-02 (necesidad de servicio), suscrito entre la CNS y la accionante (fs. 64 a 65).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, seguridad social y al salario; toda vez que, fue despedida de su fuente laboral a la conclusión de su segundo contrato, sin considerar que su persona tiene bajo su dependencia una hija menor de edad con discapacidad; por tal motivo acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo la Paz, instancia que emitió en su favor la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, ordenando su inmediata reincorporación laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta la efectiva reincorporación; sin embargo, la CNS -entidad demandada-, habría dado cumplimiento parcial a lo determinado en dicha Conminatoria; ya que, procedió a contratarla nuevamente, pero no dio observancia al pago de los sueldos devengados dispuesto en dicha determinación administrativa; por tal motivo acude ante la jurisdicción constitucional solicitando la concesión de la tutela impetrada y en consecuencia el cumplimiento integral de la Conminatoria. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional

Conforme a la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se unificó la línea jurisprudencial de los precedentes emitidos por las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuanto al incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

“1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. (…) A partir de los precedentes establecidos ut supra y, con la facultad prevista en la norma procesal constitucional, este Tribunal en la parte resolutiva de dicho fallo de doctrina constitucional, dispuso (…) UNIFICAR la línea jurisprudencia relativa al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada a través de la acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:

1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; 2° Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuera sindical, se dispone la aplicación del razonamiento establecido en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre, la cual, considerando al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleados, ordenó el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, 3° Debiendo tener presente que, si la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico–laboral que se extingue conforme a los fundamentos expresados en la presente Resolución de Doctrina Constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso en concreto

La peticionante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, la estabilidad laboral, la seguridad social y al salario, toda vez que, fue despedida de su fuente laboral injustificadamente a la conclusión de su contrato, sin considerar que tenía bajo su dependencia una hija menor de edad con discapacidad y ante ello, denunciando este hecho ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz; instancia que emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, disponiendo la reincorporación inmediata a su fuente laboral, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales hasta su efectiva reincorporación; sin embargo, una vez notificada la entidad empleadora con la citada Conminatoria, presentó recurso de revocatoria en su contra, que fue resuelta por la mencionada Jefatura, mediante RA 789-22, confirmando dicha determinación; asimismo, se emitió el Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR-338/2022, de verificación de reincorporación emitido por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, señalando que no se dio cumplimiento con el mencionado Informe, vulnerando la normativa que garantiza una fuente laboral estable y sin discriminación hacia el trabajador.

Previamente a resolver la problemática planteada, corresponde aclarar a la parte demandada que respecto a la aplicación de la Ley 1468, que reclama su aplicación para determinar la improcedencia de lo solicitado en el presente caso, tenemos que en referencia al procedimiento especial para la restitución de derechos laborales, siendo analizada por el Tribunal de garantías; la jurisprudencia sentada por la SCP 0835/2023-S3 de 1 de agosto, modulando el entendimiento asumido en la SCP 0090/2023-S4 de 6 de abril, en lo que respecta a la fecha de vigencia de la citada Ley, estableció el siguiente entendimiento:

[C]orresponde modular el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0090/2023-S4 y asumidos en otros fallos posteriores, simplemente en lo que respecta a la determinación de la fecha de vigencia de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que corresponde al 3 de noviembre de 2022. En consecuencia, el entendimiento asumido por el citado fallo constitucional, en lo relativo a que la citada Ley no puede ser aplicada de manera retroactiva a las conminatorias que ya fueron emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, queda subsistente; por lo que, las acciones de amparo constitucional en las que se denuncie el incumplimiento de esas conminatorias y que fueren presentadas antes de su vigencia -3 de noviembre de 2022- y dentro del plazo de la inmediatez deberán resolverse conforme lo establecido por el DS 28699 y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021” (las negrillas nos corresponden).

Conforme a lo señalado, si bien la Ley 1468, se encuentra vigente a la emisión de este fallo constitucional; no amerita su aplicación, considerando que el hecho que origino la acción tutelar, fue el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, estando regida por el anterior procedimiento determinado por el DS 28699 modificado por el DS 0495, por ello, son aplicables los alcances de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.

Analizando la problemática planteada, es importante resaltar que, los derechos fundamentales previstos en la CPE por disposición del art. 109 son directamente aplicables, lo que implica que todos los derechos reconocidos en la Norma Suprema, se aplican de manera directa y gozan de iguales garantías para su protección, y se constituye en una concreción del carácter normativo de la CPE; en ese contexto, el principio de aplicación directa de los derechos, supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de dicha Constitución; así la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, sostuvo que: “…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales”; en ese entendido, para lograr esa materialización de los derechos fundamentales, incumbe tanto, para las autoridades jurisdiccionales, como para este Tribunal en su labor de interpretación constitucional, la aplicación del principio de progresividad de los derechos que se desprende del art. 13 de la CPE, a efectos de aplicar una interpretación más favorable y extensiva para la protección de los derechos.

Es así que, en casos como el presente, en el que se demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, que no supone análisis alguno sobre la relación laboral en sí; corresponde tutelar de manera pura y llana dicho incumplimiento, en cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales; se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la Conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones.

Ahora bien; de los antecedentes puestos a consideración de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que por Contrato de Trabajo de 5 de octubre de 2021, la Administradora Regional La Paz, dependiente de la CNS, contrató los servicios de la ahora accionante, como Licenciada en Enfermería en el CIMFA El Alto, desde el 05 de octubre al 31 de diciembre de 2021, asimismo, se suscribió un segundo contrato de trabajo entre las partes señaladas supra, de fecha 14 de enero al 30 de junio de 2022, en el mismo cargo que ocupaba. Sin embargo, el 1 de julio de 2022, la ahora accionante fue desvinculada de su fuente laboral, bajo el argumento de la conclusión de su contrato de trabajo a plazo fijo, sin considerar que bajo su dependencia cuenta con una hija con discapacidad; por lo que, ante el supuesto despido sin causa justa alegado por la solicitante de tutela, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, quien emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022 por inamovilidad laboral, que conmina la reincorporación inmediata de impetrante de tutela, al mismo cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales (fs. 4 a 7 vta. [Conclusión II.1]). Contra esta determinación administrativa, la parte demandada interpuso recurso de revocatoria, mereciendo la RA 789-22; por la cual, la indicada Jefatura Departamental, confirmó dicha Conminatoria (fs. 37 a 39 vta.); por lo que mediante Informe J.D.T.L.P.-JECM-VR-338/2022 emitido por la Inspectora de la Jefatura de Trabajo La Paz, se verificó el incumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022; autoridad administrativa que en fecha 14 de octubre de 2022, se constituyó en instalaciones de la CNS y previa entrevista con personal de Recursos Humanos, concluyó que la impetrante de tutela no fue reincorporada a su puesto de trabajo (Conclusión II.3). En descargo, la entidad demandada señaló, que la relación laboral con la ahora accionante de tutela, derivaba de la suscripción de dos contratos temporales, el primero por el tiempo de ochenta y siete días y el segundo por el tiempo de ciento sesenta y siete días, contratos con fecha de inicio y conclusión; asimismo, señaló que la parte ahora demandada habría cumplido con la Conminatoria en cuanto a la reincorporación de la peticionarte de tutela, sin embargo, manifestó que con relación al pago de salarios devengados y demás derechos, se debería acudir a la judicatura laboral, instancia que sería la competente para determinar dichos montos (Conclusiones II. 5 y 6). Se advierte que la ahora accionante aduce que es madre de una hija menor de edad con discapacidad, bajo el diagnóstico médico de discapacidad física motora, emitida por el CODEPEDIS La Paz, carnet de discapacidad correspondiente a la niña AA, en ese sentido la impetrante de tutela mediante nota, puso en conocimiento de la Administradora Regional La Paz, su situación de madre progenitora de la menor con discapacidad. De lo previamente detallado, se concluye que la entidad demandada, al no haber procedido con el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, en su totalidad, efectivamente incumplió la indicada Resolución laboral omitiendo su ejecución de manera integral, lo que afectó no solo los derechos de la accionante, sino también el de su hija menor con discapacidad, motivo por el que, en aplicación al razonamiento jurisprudencial y la sistematización mencionadas en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, permiten a la instancia constitucional, la concesión provisional de tutela, y en consecuencia disponga el cumplimiento a la citada Conminatoria de reincorporación laboral por inamovilidad laboral, en su integridad sin omitir ninguna de sus determinaciones; ello en consideración a que pese, que la parte ahora demandada adjunta Contrato de Prestación de Servicio C-4311/2022 (Conclusión II.6), la misma no cumple con lo dispuesto en la Conminatoria señala supra. En ese sentido, el Contrato detallado en el párrafo anterior, emitido por la autoridad demandada, por el que suscribió un nuevo contrato de trabajo con la peticionante de tutela, incumplieron lo dispuesto en la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, en cuanto al pago de los sueldos devengados, constituyéndose en un acto ilegal que lesionó el derecho al salario de la impetrante de tutela; debido a que, no se consideró que al ser madre de una hija menor de edad con discapacidad acreditada, gozaba de protección reforzada en su fuente de trabajo, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente; corresponde disponer el cumplimiento total de la citada Conminatoria laboral. Por otra parte, si bien la autoridad demandada alega en su Informe escrito -que fue ratificado en audiencia- que la designación de la ahora accionante fue fruto de un proceso de contratación temporal, con fecha de inicio y conclusión de actividades laborales; no es menos evidente que dicho argumento no contempla el análisis de la protección reforzada de la que goza la solicitante de tutela, por ser madre de una hija menor de edad con discapacidad, cuestión que resulta determinante para la decisión del caso concreto, conforme al entendimiento precisado anteriormente. Con relación al pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que debieron ser cancelados hasta su efectiva reincorporación, se tiene de los datos de la acción de amparo constitucional, no se evidencia que se haya realizado la cancelación de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que les corresponda siendo que ello era un componente de la Conminatoria, que si bien la parte ahora demandada solicita que sea la judicatura laboral y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quienes determinen el monto que se debería cancelar a la accionante de tutela, al ser el mismo un hecho controversial; por lo tanto, pese a lo manifestado por la parte demandada, en virtud a lo acontecido, se constata que el demandado lesionó el derecho a la remuneración justa invocado por la peticionante de tutela; debido a que, actuó en franca contradicción a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al no cumplir de manera íntegra lo dispuesto en la Conminatoria de reincorporación; por tal razón, impele conceder la tutela solicitada, solamente en cuanto al pago de salarios devengados, demás derechos sociales y laborales que le corresponda a la prenombrada; en virtud al fiel y estricto cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, aclarando que la justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar analizar si en las mencionadas determinaciones laborales se efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación de la solicitante de tutela y el pago de salarios devengados de la misma; ya que, teniendo en cuenta que a la vía constitucional solamente le corresponde velar por el cumplimiento integral de las conminatorias, sin omitir ninguna de sus determinaciones alegadas en las mismas. Finalmente, en cuanto a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la seguridad social invocados, no corresponde efectuar mayor pronunciamiento, concediéndose la tutela respecto al pago de salarios devengados de la forma dispuesta por la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022.

Por lo expuesto, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, como de los antecedentes del caso, resulta claro que los requisitos para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y empleo de la accionante son: En primer lugar, el demostrar la existencia de la Conminatoria de reincorporación laboral, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que en este caso se trata de la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022, cuyo cumplimiento debe de ser integral según la jurisprudencia precitada; en segundo lugar, debe de demostrarse el incumplimiento a dicha Conminatoria (total o parcial) por parte del empleador; ya que tal omisión implica una directa vulneración a los derechos al trabajo y conexos (derechos sociales) de la parte accionante, conforme a lo establecido en la SCP 0795/2019-S3; ambos requisitos han sido cumplidos dentro del presente caso.

Por otro lado, corresponde aclarar a la parte demandada, que el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación es ejecutable de manera inmediata, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad; y, debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas; debiendo la entidad accionada, de forma rápida e inmediata, proceder al pago de los salarios devengados por la instancia que corresponda, sea bajo responsabilidad.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2023 de 19 de enero, cursante de fs. 90 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela impetrada, debiendo la parte demandada cumplir la Conminatoria J.D.T.-L.P./CMAR/355/2022 de fecha 13 de septiembre en su integridad sin omitir ninguna de sus determinaciones dispuestas, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): c549c736b093980453f0d3a9fdf9be83626ce4623fd80c6122a711e0dd15b27a

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