Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al desarrollo integral e interés superior del niño; toda vez que: i) El exrepresentante del Ministerio Público presentó una acusación fiscal sin la debida fundamentación y motivación, y que en el juicio oral, público y contradictorio no expuso su acusación de forma oral, sino que se limitó a leer sus apuntes desde una computadora portátil; ii) Las autoridades judiciales ahora demandadas, incurrieron en irregularidades al no exigir el cumplimiento del art. 344 del CPP, ya que tanto el Ministerio Público como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no fundamentaron oralmente sus argumentos, lo que considera necesario debido a la naturaleza distinta de ambas instituciones; iii) Se le restringió sus derechos a ser oído y a ejercer su defensa material, pues no se le explicó los hechos y solo tomaron nota de sus datos personales; asimismo, afirma que, tras manifestar que el proceso era "un circo", los mencionados Jueces se sintieron ofendidos; y en consecuencia, limitaron su derecho a la defensa material, transgrediendo lo establecido en el art. 346 del indicado Código, asegurando encontrarse en estado de indefensión, ya que no cuenta con defensa técnica y no ha podido presentar excepciones ni incidentes sobre su situación procesal; y, iv) Finalmente, denuncia actos dilatorios, pues los Jueces ahora demandados no declararon el abandono de la acusación particular, a pesar de la inasistencia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a su última audiencia.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 29 de octubre, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas planteadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2025-S1 Sucre, 7 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 68628-2024-138-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 16/2024 de 29 de octubre, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Alejandro Rocha Brun por sí y en representación sin mandato del menor de edad AA contra Claudia López Mendieta, Fidel Alavia Arteaga y Ananías Gonzales Ibañez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro; y, Miguel Ángel Ventura Chaure, ex Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2024, cursante de fs. 1 a 10, la parte accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ricardo Alejandro Rocha Brun -ahora accionante- y de otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, robo, robo agravado y secuestro, Miguel Ángel Ventura Chaure, ex Fiscal de Materia -ahora demandado-, el 9 de abril de 2024, emitió acusación fiscal sin la debida fundamentación y congruencia; no obstante que el proceso desde su inicio tuvo defectos absolutos; sin embargo, por la falta de un abogado de confianza no se plantearon incidentes o excepciones en su momento. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, el referido proceso fue radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, después que el “juez de instrucción” y el ex Fiscal de Materia ahora demandado lograran subsanar el hecho que había un coimputado más en la causa.
Argumenta que se suspendieron cinco audiencias de juicio, de tal manera que recién en “septiembre” se inició el juicio oral, público y contradictorio, donde lamentablemente se produjeron más irregularidades, puesto que: a) El representante del Ministerio Público no fundamentó de forma oral su acusación, solo dio lectura a sus apuntes contenidos en su computadora portátil, tampoco la Defensoría de la Niñez y Adolescencia cumplió con la fundamentación oral correspondiente, es decir, no se observó lo establecido en el art. 344 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, b) Se le restringió el derecho a ser oído y asumir defensa material; debido a que solo se le tomó sus datos personales, y por decir que todo es un “circo”, las autoridades judiciales ahora demandadas se sintieron ofendidos, restringiéndole su derecho a la defensa material, tal como expresa el art. 346 del referido Código, siendo que su persona en ningún momento insultó de manera alguna a nadie, y si los precitados se sintieron agraviados es porque deben sentirse identificados. Por las normas de ética, los Jueces no pueden sentirse ofendidos, discutir o provocar efectos similares, pero, en su caso, le han coartado su derecho, ya que sólo le preguntaron lo establecido en el art. 95.1 y 2 del CPP. Desde entonces se encuentra sin defensa técnica, ya que en esa oportunidad su defensa incurrió en patrocinio infiel y para presentar algún memorial le piden firma de abogado, dejándolo en completa indefensión, ya que incluso en la audiencia de inicio de juicio oral debió haberse formulado el “…incidente de situación procesal…” (sic); sin embargo, no se le permite asumir defensa material, así, en la última audiencia desarrollada el 24 de octubre de 2024, solo le concedieron la palabra a la defensa técnica, sin tomar en cuenta que la defensa material y la técnica son derechos inviolables. Finalmente señaló que, debido a la situación actual que viene atravesando a consecuencia que un Fiscal de Materia mitómano le acusó de cometer supuestos delitos sin pruebas o fundamentos congruentes, el interés superior de su hijo menor de edad AA, no fue tomado en cuenta por los operadores de justicia, como tampoco su derecho a un desarrollo integral, pese a lo previsto en el art. 1 el CPP y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que nadie puede ser condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Norma Suprema, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes.
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa y al desarrollo integral e interés superior del niño; citando al efecto, los arts. 58.I, 60, 115.II, 117.I y 119.II de la CPE.
La parte accionante solicitó se le conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: 1) La anulación del acta de inicio de audiencia de juicio oral correspondiente a la causa penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 40157911 y todo lo inherente a lo denunciado; 2) El reinicio del juicio oral ordenando que preste su declaración conforme lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal; y, 3) Que se le permita asumir su defensa material durante el desarrollo del proceso penal.
Celebrada la audiencia pública el 29 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 71 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Ricardo Alejandro Rocha Brun, por sí y en representación sin mandato de su hijo menor de edad AA, ratificó el contenido íntegro de la presente acción de libertad y ampliándolo, refirió que: i) Ante la falta de presentación de informe del Fiscal de Materia ahora demandado, pide se aplique el principio de veracidad de los hechos denunciados; ii) La presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, ahora demandada, no dio aplicación al art. 346 del CPP, solo le preguntó sus datos personales, ni siquiera le dijo cuál el hecho que se le imputa y por qué “estoy aquí”, aspecto muy importante porque entre la acusación del Ministerio Público y la de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia hay incongruencia; en el primero, se le acusa por los delitos de asesinato, robo, robo agravado y secuestro; para luego identificar que es asesinato, robo y secuestro, y por último retractarse indicando que es asesinato, robo, robo agravado y secuestro; y en el segundo -de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia- señaló otro delito más como es el de violación; iii) La imputación y la acusación fiscal son lo mismo, un copia y pega, no se añadió ninguna prueba; iv) A la fecha de la celebración de la audiencia de juicio oral, su defensa técnica ya no cumplía ese rol, porque el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, con anterioridad ya le designó un abogado defensor de oficio; v) La acción de libertad está vinculada con su derecho a la libertad, puesto que ni siquiera pudo interponer el incidente vinculado a su situación procesal; vi) En la última audiencia de 24 de octubre de 2024, las autoridades judiciales ahora demandadas, le concedieron la palabra para que se pronuncie sobre su defensa técnica, cuando ellos ya sabían que ahí tenía que estar un abogado defensor de oficio; vii) No tiene otro medio procesal idóneo para la reparación de sus derechos, porque está privado de libertad y no puede moverse, menos ir al referido Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata que lo juzga; viii) A la última audiencia no asistieron el Ministerio Público ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y aunque la norma dice que cuando no asisten se declarará el abandono de la acusación particular, las autoridades ahora demandadas no dispusieron aquello, permitiendo que las “autoridades no vengan”, pese que en relación al Ministerio Público podía mandarse “otro fiscal de aquí” y declarar un receso; ix) En cuanto a su petición que se reinicie el juicio oral, público y contradictorio, es sobre todo por su declaración, ya que en esa oportunidad fue intimado a no declarar; x) La o el presidente del mencionado Tribunal que resuelve su caso, no conoce la norma, por eso a veces hojean el Código, incluso duda y pregunta a su secretario si está bien; xi) En cuanto a su hijo menor de edad AA, refiere que su pareja se encuentra también privada de libertad en el Centro Penitenciario La Merced del referido departamento, a quien quisieron imponerle una sanción administrativa; y “tuvieron” que interponer una acción de libertad en su modelo “consecutiva”, concediéndole la tutela; pero el problema es que continúan con este proceso penal y es un sufrimiento porque no se puede dilucidar por los actos dilatorios en los que incurren las autoridades, como la falta de remisión del recurso de apelación de su pareja en el plazo de veinticuatro horas, lo cual también fue objeto de una acción de defensa; y, xii) Finalmente, menciona que espera se tome en cuenta el interés superior de su hijo menor de edad, que es de vital importancia para la tutela impetrada, ya que no se puede condenar a una persona sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.
Claudia López Mendieta, Fidel Alavia Arteaga y Ananías Gonzales Ibañez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 29 de octubre de 2024, cursante a fs. 28 y vta., señalaron que: a) El accionante es quien incurre en actos dilatorios, amedrentando e intimidando a su Tribunal con calumnias y difamaciones, actuando con temeridad y mala fe; b) Los fundamentos que expone el impetrante de tutela son imprecisos, confusos e incongruentes; y no son tutelables vía acción de libertad, c) El acusado puede hacer uso de los medios legales que le franquea la ley y rebatir los fundamentos de las resoluciones e impugnar, conforme lo establece la norma, pero no lo hizo en el momento procesal oportuno; y, d) En ningún momento restringieron la defensa material del ahora demandante de tutela y además, ellos le designaron un abogado defensor de oficio como establece la norma. Miguel Angel Ventura Chaure, ex Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 13.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 16/2024 de 29 de octubre, cursante de fs. 72 a 74, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del cuaderno procesal se observa que en la audiencia de 12 de julio de 2024, el ahora accionante se encontraba con defensa técnica y que no asistió a las audiencias de 9, 13 y 21 de agosto de ese año; asimismo, en la audiencia de 13 de septiembre de igual año, se inicia el juicio oral, llegándose a constatar que no era cierto que el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, estaban dilatando el proceso; 2) Advierte que hay un Auto de apertura de juicio oral que establece con claridad la base del referido juicio, los hechos y los delitos atribuidos, y con este actuado fueron notificadas las partes, oportunidad en la cual ya se advirtió que en caso de no estar asistido por su defensa, se le asignaría un defensor de oficio, disposición que fue cumplida; 3) En lo que respecta a la defensa material, el acusado ahora accionante ejerció plenamente ese derecho; así también, el Tribunal de Sentencia Penal ahora demandado concedió la palabra al abogado defensor para que presente alguna excepción o incidente; sin embargo, no ejercitó aquel derecho; tampoco el impetrante de tutela hubiera “…ejercitado su reclamo” sobre la interposición de algún mecanismo de defensa; 4) En cuanto a que se le habría restringido su defensa material o haber sido intimidado; consta en acta que la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal de Challapata de ese departamento, le hizo conocer los hechos atribuidos y el derecho que le asiste, le preguntó sus generales de ley, a lo que el acusado señaló: “…Voy a ser breve y cortó, que pueden continuar con este circo para mí es un circo, lo que está haciendo el Ministerio Público, puede hacerlo eso es todo no voy a decir nada más…” (sic); de lo que se evidencia que es el propio accionante, quien renuncia a su defensa material; por lo que, no se puede alegar la lesión del derecho a la defensa; al margen de ello, conforme establecen las líneas jurisprudenciales y el procedimiento adjetivo penal, el impetrante de tutela tiene los mecanismos intraprocesales para efectuar su reclamo, ya que los recursos de reposición, de apelación incidental y restringida, pueden ser planteados en cualquiera de sus fases, luego de agotadas esas instancias recién corresponde interponer la acción de libertad, siempre y cuando esté vinculado al derecho a la vida o a la libertad, o en su caso, la acción de amparo constitucional; por lo que, no pueden resolver cuestiones que se van dilucidando en la vía ordinaria; y, 5) Respecto al interés superior del niño, los padres son los que cumplen detención preventiva, no así su hijo menor de edad; al respecto, el mismo accionante señala haber interpuesto otra acción de libertad a favor de su hijo y que se le ha concedido la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de Registro de Audiencia Pública de Continuación de Juicio Oral de 13 de septiembre de 2024, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ricardo Alejandro Rocha Brun -ahora accionante-, Zunilda Jiménez Flores y José César Torrico Flores, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, robo, robo agravado y secuestro, que registra la presencia del accionante y su defensa técnica. En dicha audiencia se desarrolló desde la apertura del juicio oral hasta la declaración del ahora impetrante de tutela y José César Torrico Flores. Respecto a la coimputada Zunilda Jiménez Flores, se solicitó la suspensión de su declaración debido a su extensión, reprogramándose la audiencia para el 3 de octubre del mismo año (fs. 53 a 63 vta.). II.2. Cursa Acta de Registro de Audiencia Pública de Continuación de Juicio Oral de 3 de octubre de 2024, la cual fue suspendida debido a la inasistencia de la defensa técnica del acusado, ahora accionante, quien, al concederle la palabra, refirió: “Buenas tardes a todos en general estoy sin defensa técnica privada, seria que pongan un abogado de oficio ya como quedaron en audiencias pasadas es todo lo que puede decir, y que continúe el show, gracias” (sic), se convocó al abogado de Defensa Pública y después de un receso se informó que el mismo se encontraba en otro actuado procesal; por lo que, dicha audiencia fue reprogramada para el 9 de igual mes y año, a horas 15:30 (fs. 64 a 65 vta.). II.3. Se tiene Acta de suspensión de audiencia de 9 de octubre de 2024, por inasistencia de los acusados, quienes según informe de la Secretaria del Tribunal se rehusaron a trasladarse de los Centros Penitenciarios en los que se encuentran recluidos, reprogramándose la audiencia para el 24 de igual mes y año (fs. 66 a 67 vta.). II.4. Según Acta de audiencia de 24 de octubre de 2024, la misma fue suspendida para el 31 del ese mes y año, debido a la ausencia del representante del Ministerio Público, del abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la defensa técnica de los acusados (fs. 68 a 69).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al desarrollo integral e interés superior del niño; toda vez que: i) El exrepresentante del Ministerio Público presentó una acusación fiscal sin la debida fundamentación y motivación, y que en el juicio oral, público y contradictorio no expuso su acusación de forma oral, sino que se limitó a leer sus apuntes desde una computadora portátil; ii) Las autoridades judiciales ahora demandadas, incurrieron en irregularidades al no exigir el cumplimiento del art. 344 del CPP, ya que tanto el Ministerio Público como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no fundamentaron oralmente sus argumentos, lo que considera necesario debido a la naturaleza distinta de ambas instituciones; iii) Se le restringió sus derechos a ser oído y a ejercer su defensa material, pues no se le explicó los hechos y solo tomaron nota de sus datos personales; asimismo, afirma que, tras manifestar que el proceso era "un circo", los mencionados Jueces se sintieron ofendidos; y en consecuencia, limitaron su derecho a la defensa material, transgrediendo lo establecido en el art. 346 del indicado Código, asegurando encontrarse en estado de indefensión, ya que no cuenta con defensa técnica y no ha podido presentar excepciones ni incidentes sobre su situación procesal; y, iv) Finalmente, denuncia actos dilatorios, pues los Jueces ahora demandados no declararon el abandono de la acusación particular, a pesar de la inasistencia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a su última audiencia.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales - posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.
(…)
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al desarrollo integral e interés superior del niño; toda vez que: 1) El exrepresentante del Ministerio Público presentó una acusación fiscal sin la debida fundamentación y motivación, y que en el juicio oral, público y contradictorio no expuso su acusación de forma oral, sino que se limitó a leer sus apuntes desde una computadora portátil; 2) Las autoridades judiciales ahora demandadas, incurrieron en irregularidades al no exigir el cumplimiento del art. 344 del CPP, ya que tanto el Ministerio Público como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no fundamentaron oralmente sus argumentos, lo que considera necesario debido a la naturaleza distinta de ambas instituciones; 3) Se le restringió sus derechos a ser oído y a ejercer su defensa material, pues no se le explicó los hechos y solo tomaron nota de sus datos personales; asimismo, afirma que, tras manifestar que el proceso era "un circo", los mencionados Jueces se sintieron ofendidos; y en consecuencia, limitaron su derecho a la defensa material, transgrediendo lo establecido en el art. 346 del indicado Código, asegurando encontrarse en estado de indefensión, ya que no cuenta con defensa técnica y no ha podido presentar excepciones ni incidentes sobre su situación procesal; y, 4) Finalmente, denuncia actos dilatorios, pues los Jueces ahora demandados no declararon el abandono de la acusación particular, a pesar de la inasistencia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a su última audiencia.
De los antecedentes contenidos en el expediente, se tiene que Ricardo Alejandro Rocha Brun -ahora accionante- y otros, están siendo procesados por la presunta comisión de los delitos de asesinato, robo, robo agravado y secuestro, proceso radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, y que al momento de la interposición de la presente acción tutelar, se encontraba en la fase del desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, precisamente en la declaración de los acusados (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Con carácter previo, es necesario señalar que Ricardo Alejandro Rocha Brun -ahora accionante- alega que no se aplicó el principio de subsidiariedad, al estar actuando en representación de su hijo de once meses; empero, a lo largo de la demanda tutelar y de las alocuciones del prenombrado en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, no se observa que el mismo hubiera fundamentado cómo se estarían vulnerando los derechos del menor AA, de qué forma el exrepresentante del Ministerio Público y los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro lesionaron sus derechos; sólo se hace referencia a que éste estaría junto a su madre, quien es coprocesada y detenida preventiva en el Centro Penitenciario de la Merced del citado departamento, a quien se hubiera intentado imponerle una sanción, pero él mismo impetrante de tutela reconoce que este hecho ya fue objeto de otra acción tutelar donde incluso, conforme señala, se le hubiera concedido la tutela contra la Jueza de Ejecución Penal; por esta razón, en el presente caso no se analiza ese aspecto y al no evidenciarse ninguna transgresión a los derechos del indicado menor de edad, no corresponde aplicar excepcionalidad alguna al principio de subsidiariedad, que es de exclusiva aplicación cuando hay una lesión o amenaza directa a los niños, niñas y adolescentes u otro grupo vulnerable. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional estableció que si existe norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional. Así, con relación a las denuncias de vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando que la acusación fiscal careció de fundamentación, que en juicio oral solo se leyeron apuntes, y que los Jueces ahora demandados no exigieron la exposición oral del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además que se le restringió su defensa material, quedando en indefensión tras manifestar que el proceso era "un circo", generándose actos dilatorios por la inasistencia de la acusación particular, sin que se declare su abandono, estas supuestas irregularidades son reclamables ya sea en el momento procesal previsto en el art. 345 del CPP, mediante el incidente correspondiente y/o por medio del recurso de apelación restringida de la sentencia, previa reserva de recurrir, conforme establece el art. 407 del indicado Código. Consecuentemente, al haber activado directamente la vía constitucional, no es posible ingresar al examen de fondo, razón por la cual corresponde denegar la tutela por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional. Por lo expuesto, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 29 de octubre, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): f05a88320fef17e11bbf338f81878ade8dbb15223f624d0ee8acd0dd435346ee
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